“Llegó la hora de acabar con una justicia deslegitimada, que no goza de credibilidad entre la población”, dijo el Presidente Evo Morales, al dar posesión a 18 magistrados interinos. “Que el pueblo no diga en la calle que la justicia es para quien tiene dinero; eso hizo mucho daño no sólo al Estado, sino a la dignidad de los abogados”, agregó. “Ahora es el día que empieza la descolonización de la justicia boliviana, ese resabio que tenemos en la estructura del Estado”, señaló.
“No se puede perdonar a separatistas de nuestra querida Bolivia, no es una cuestión política, ni ideológica, ni programática, la unidad de la Patria es algo sagrado para todos y todas. Yo quisiera ver esa justicia desde la Fiscalía, jueces, magistrados, a ver cómo se defiende la patria”, afirmó.
-------------------------
Al posesionar a 18 magistrados interinos en el Poder Judicial, el presidente Evo Morales inició el jueves una revolución estructural de la justicia boliviana en democracia.
En un acto celebrado en la Corte Suprema de Justicia, que funciona en esta ciudad ubicada a 760 kilómetros al sud de La Paz, el Jefe de Estado dijo que había llegado la hora de cambiar la justicia para que sea más justa y beneficie a todos los bolivianos.
El Jefe de Estado subrayó que la decisión forma parte del proceso de “transformaciones en democracia que se ha puesto en marcha en enero de 2006 y que en esta coyuntura ha alcanzado un momento histórico e inédito para todos los bolivianos”.
Morales dijo que era hora de acabar con una justicia deslegitimada y que no goza de credibilidad en la población debido a los males endémicos que la aqueja, entre ellos la corrupción, la retardación y el cuoteo político.
Señalo que, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional existen 5.691 causas pendientes de resolución, en especial por la presentación de Amparos y Hábeas Corpus, mientras que en la población carcelaria, que suma 8.073 privados de libertad, solamente cinco de cada 100 casos tienen sentencias ejecutoriadas.
Morales se refirió igualmente a las encuestas que muestran el grado de desconfianza que existe en la población sobre la administración de justicia que creció en algunas coyunturas de 60 o 70 por ciento a 90 por ciento.
El Primer Mandatario aseveró que, por ello, es necesario introducir modificaciones cualitativas que permitan a los bolivianos contar con una justicia que goce de credibilidad.
Dijo que hubo etapas en que el propio gobierno de Estados Unidos, a través de sus embajadores, buscó entrometerse en la justicia nacional, pero el resultado fue un mayor desprestigio y un sentimiento de que es necesario descolonizar este Poder del Estado.
El Primer Mandatario indicó que si la justicia oficial tuviera credibilidad no existiría la justicia comunitaria, donde una mayoría de casos procesados son solucionados con medidas que benefician a la población.
Al referirse a la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de otorgarle la prerrogativa de designar en forma provisoria a magistrados del Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, manifestó que “fue una tarea difícil porque debía elegir no solamente a los mejores abogados, sino que, además, tengan conciencia social”.
Agradeció a los organismos colegiados y a los movimientos sociales por haberle presentado sugerencias para las designaciones, al aclarar que a la mayoría de los abogados postulados y elegidos para las Magistraturas no los conocía.
Instó a los nuevos magistrados interinos, que ejercerán sus cargos hasta la posesión de los titulares que serán elegidos por el voto del pueblo en diciembre de este año, a desempeñar sus cargos con responsabilidad y con una vocación sin par al servicio de la nación.
“Debemos acabar con el manejo oscuro de la justicia y con esa creencia de que la justicia es solamente para los que tienen dinero”, anotó.
El Presidente les instó igualmente a dignificar su profesión con un trabajo transparente en cumplimiento de las leyes.
Agregó que Bolivia “necesita de buenos abogados, que no solamente defiendan las causas personales, sino los intereses de la patria.
Subrayó que, después de 184 años de vida, Bolivia recién pudo contar con un Ministerio de Defensa Legal y ahora encamina la creación de la Procuraduría General del Estado “para la defensa de la patria, de los recursos naturales y del patrimonio estatal”.
Anotó que los jueces también deben contribuir con la estricta aplicación de la Ley a erradicar el narcotráfico y el separatismo que ha amenazado a la institucionalidad “porque cuando conspiran contra la Patria, la justicia debe actuar con decisión”.
Morales designó como magistrados interinos en la Corte Suprema a los juristas Ana Maria Forest Cors, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Ramiro Guerrero Peñaranda, Esteban Miranda Terán y Jorge Monasterio Franco, quienes se sumarán a otros siete que ejercen esos cargos.
Para el Tribunal Constitucional, el jefe de Estado nombró a los abogados Fausto Juan Lanchipa Ponce, Abigail Burgoa Ordóñez, Ernesto Félix Mur, Ligia Mónica Velásquez y Marco Antonio Baldivieso. Igualmente designó a los suplentes Lily Marciana Tarquino, Agapito Alpire Pérez, Carmen Mamani Roldán, Magali Calderón Maldonado y Melma Tito Araujo.
Finalmente en el Consejo de la Judicatura, que administra e imparte disciplina en la judicatura boliviana, posesionó a Amalia Morales Rondón, Lindo Fernández, Freddy Torrico Zambrana que se sumaron a Rodolfo Mérida que dirigió solo esa institución varios meses.
Los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura ejercerán esos cargos hasta la posesión de los titulares que serán elegidos con el voto del pueblo el cinco de diciembre de este año.
Hasta entonces, su misión es resolver la mayor cantidad de millares de causas pendientes que están archivadas en sus anaqueles.
TEMOR OPOSITOR POR PODER JUDICIAL DE PRESIDENTE
Agencia IPS de México (www.ipsnoticias.net)
La facultad del presidente Evo Morales de designar jueces transitorios en los altos órganos de la justicia de Bolivia despierta el temor en la oposición de una concentración de atribuciones en el Ejecutivo y una ruptura en el equilibrio de los poderes.
"Quiero sentar las bases de la revolución en el órgano judicial, ahora comienza el proceso de descolonización de la justicia boliviana", dijo Morales este jueves en Sucre, la capital constitucional del país y sede del Poder Judicial, situada a 760 kilómetros al sureste de La Paz.
El presidente izquierdista nombró a ocho mujeres y 10 hombres para ocupar cinco vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia, 10 en el Tribunal Constitucional y tres en el Consejo de la Judicatura, cuyo mandato durará hasta diciembre.
Pidió, además, a los nuevos altos jueces que su prioridad sea agilizar los casos pendientes, eliminar la impunidad y luchar contra la corrupción, para cumplir con las aspiraciones populares de justicia.
La Asamblea Legislativa Plurinacional entregó al gobernante la facultad de nombrar 18 altos cargos en el Poder Judicial, para evitar la parálisis en el sector, hasta que los bolivianos elijan el 5 de diciembre a todos los cargos judiciales, tal como establece la nueva Constitución.
La decisión de la Asamblea, donde tiene cómoda mayoría el partido oficial, el Movimiento al Socialismo (MAS), se produjo el día 12, antes que el país entrase en cuatro días de asueto, con el argumento rellenar el vacío constitucional sobre los nombramientos judiciales hasta diciembre.
Morales está detrás del "sueño del poder total" dijo a IPS el dirigente del opositor Frente de Unidad Nacional (UN), Carlos Laruta, mientras que el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja, consideró que hubo una cesión de poderes del legislativo al ejecutivo.
La forma de operar en la transición no está precisada en la Constitución que rige Bolivia desde hace un año y deja a la iniciativa de la Asamblea el trámite para sortear el camino a la nueva institucionalidad, expresó el presidente interino de la Cámara del Senado, René Martínez.
Con esa base, la Asamblea aprobó una Ley de Transición para el nombramiento directo por el presidente de los 18 magistrados transitorios, con el fin declarado de evitar el colapso de la administración de justicia. El Tribunal Supremo tiene 5.000 casos pendientes y el Constitucional 5.640.
Entre las novedades de la Constitución que refundó políticamente este país sudamericano está la inédita selección popular de todos los jueces, después que la Asamblea defina su número, de acuerdo a la densidad demográfica y la demanda de justicia en cada región del país.
Con estas elecciones de los operadores de la justicia en Bolivia se pondrá fin al ajuste de los poderes del Estado a la nueva Constitución, que suma el Poder Electoral a los tres tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El 10 de diciembre, los bolivianos reeligieron como presidente con amplia mayoría a Morales, un líder indígena de 50 años, y a la Asamblea que sustituyó al anterior Congreso. Morales gobierna el país desde 2006 e inicio su nuevo mandato el 22 de enero.
El profundo cambio en la justicia trazado por la Constitución y promovido por el gobierno es cuestionado por la oposición, que ha tratado sin éxito de revertir las medidas adoptadas en la Asamblea, donde el MAS cuenta con 115 de los 166 integrantes de las dos cámaras legislativas. Para el politólogo Pareja, la manera de conducirse de la Asamblea es muy particular "porque en un régimen democrático y en un estado de derecho no existe la cesión o concesión de atribuciones y competencias entre poderes".
"Cada poder es independiente y tiene atribuciones, competencias y facultades y no puede cederlas a otro poder", explicó.
El artículo 12 de la nueva Constitución fija y organiza los cuatro poderes del Estado, proclama la independencia, separación, coordinación y cooperación entre ellos y señala que "las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí".
El extinguido Congreso Nacional elegía ternas y titulares para los cargos importantes del Poder Judicial, además de vigilar su buen desempeño.
"Lo paradójico es que un poder declina facultades a otro poder, un poder decide dar atribuciones y eso no ha sucedido en ninguna legislación. Se asemeja al reinado de Luis XIV en Francia (1643-1715) cuando el monarca decía ‘el Estado soy yo’ y tomaba todas las decisiones", reflexionó Pareja.
"El MAS tiene una tendencia a monopolizar el poder porque es una organización compuesta por personas no plenamente democráticas y por ello Evo Morales pretende continuar con la concentración de poder", afirmó Laruta. Laruta es candidato a gobernador del nororiental departamento de La Paz en los comicios de abril, con el respaldo del frente de Concertación Nacional y el Plan Progreso, con lo que aglutina a la derecha opositora a Morales.
A su juicio, el presidente emplea el argumento de aplicar medidas para alcanzar un proceso de cambio, pero en el fondo "busca una ampliación ilimitada de concentración de poder", reiteró.
"Se trata de una susceptibilidad política", replicó el senador Martínez a éstas y otras críticas a la delegación al presidente para que elija directamente los cargos acéfalos en la justicia, aunque sean transitorios.
El Senado aseguró que el presidente elegirá a los funcionarios judiciales transitorios previa evaluación de su perfil profesional y la capacidad probada de los aspirantes.
Pareja consideró innecesaria la transferencia de competencias del Poder Legislativo al Ejecutivo, porque el MAS posee holgadamente la mayoría para haber hecho los nombramientos, en acuerdo con el presidente, pero sin abjurar de sus atribuciones.
"Esperamos que en este corto tiempo prime la cordura, la independencia de los poderes y que la elección de estos magistrados (por el presidente) sea orientada a agilizar los trámites en mora y no para acciones corporativas partidarias", dijo el analista. Laruta observó en la actuación del MAS un deseo de dominio absoluto de la política, excluyendo a la oposición y afectando al equilibrio que preserva los principios democráticos. "Se busca monopolizar la política y alcanzar el sueño del poder total", advirtió.
Laruta considera quebrada la promesa de la ex defensora del Pueblo y actual presidenta del Senado, Ana María Romero, quien ofreció concertación a los opositores. En cambio, lo esperable ahora es "un torrente de leyes hechas al arbitrio del MAS y de Evo Morales", afirmó.
Romero estuvo ausente de los debates y aprobación de la Ley de Transición, por problemas de salud que la obligaron a internarse en un centro hospitalario.
En opinión de Laruta, la siguiente iniciativa de la Asamblea será la aprobación de una ley marco para las autonomías departamentales, pero con una limitación en las competencias y mayor presencia del Estado central en las decisiones regionales.
MORALES EMPRENDE LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL CON 18 NOMBRAMIENTOS
El presidente boliviano hace un llamamiento a "descolonizar la justicia".
El País de España (www.elpais.com)
El poder judicial boliviano comenzó ayer un "proceso de descolonización" y una "etapa revolucionaria" con la designación presidencial de casi una veintena de magistrados interinos, encargados de la transformación de sus estructuras y cambios profundos en la administración de justicia.
En una ceremonia celebrada en Sucre, la capital constitucional del país, el presidente Evo Morales designó y tomó el juramento de rigor a 18 magistrados que asumen funciones en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Judicatura. El pasado fin de semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley transitoria que otorgó a Morales la facultad de nombrar a los magistrados de estas instituciones, que ejercerán hasta diciembre de este año, cuando los jueces titulares se elegirán por voto popular en las urnas. Antes de esta reforma, los miembros del poder judicial eran designados por el Congreso, donde debían obtener los votos de dos tercios de la cámara.
Con estas designaciones presidenciales, el poder judicial podrá reanudar sus funciones en plenitud, después de casi tres años de crisis por la renuncia o suspensión por juicios en el Congreso de un buen número de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia -cuyo presidente, Eddy Fernández, continúa suspendido mientras se resuelve un juicio político iniciado en la anterior legislatura-, como del Tribunal Constitucional -virtualmente paralizado por la suspensión de su presupuesto desde el Tesoro General-, y del Consejo de la Judicatura.
Morales comenzó su discurso expresando su nerviosismo al ver "tantas corbatas que son como un castigo" entre los asistentes al solemne acto de posesión de magistrados -en una de las ciudades más conservadoras y elegantes del país-, y recordó inmediatamente después algunas cifras que reflejan el gran problema de la justicia boliviana: los retrasos en todos los procesos, que dan paso a la corrupción.
"El reto es cómo descolonizar la justicia para nacionalizar el derecho", dijo Morales, quien pidió a los nuevos magistrados "acabar con ese manejo oscuro de la justicia, pues la justicia no es para quien paga, quien invierte; acabar con el trípode de la corrupción y aquí hablo de que no puede seguir eso de llamar al juez o al fiscal para arreglar un asunto a favor del defensor o el acusador".
Morales advirtió a los nuevos administradores de justicia que afrontan un gran desafío: apoyar la lucha contra el narcotráfico, tras criticar a aquellos jueces que en el pasado otorgaron la libertad a sospechosos detenidos por la policía.
Puso énfasis también en "la enorme responsabilidad de velar por la unidad de la patria", en clara alusión a varios líderes regionales de los departamentos que han exigido autonomía, a los que el Gobierno acusa de encabezar movimientos separatistas. "Quiero ver cómo se defiende a la patria cuando internamente se conspira contra su unidad, cómo actúa la justicia", dijo Morales.
El presidente pidió además una mayor coordinación, "que no es intromisión en ningún órgano del Estado", para profundizar la revolución en el área judicial con una redefinición de la ideología jurídica con el objetivo de servir al pueblo. "Ustedes tienen que sentar las bases de una gran revolución en el poder judicial", afirmó.
En representación de los nuevos magistrados, la abogada Ana María Forest Cors comprometió todos sus esfuerzos para que, en los 10 meses de gestión que quedan por delante, se acabe en lo posible con los retrasos en la justicia y se logre una administración imparcial, proba, justa y libre de corrupción hasta que el pueblo boliviano elija a un nuevo poder judicial, por primera vez en la historia del país.
OPOSICIÓN BOLIVIANA PIDE "NO CONTAMINAR" LA JUSTICIA CON IDEOLOGÍA POLÍTICA
ADN de España (www.adn.es)
La principal fuerza opositora al Gobierno de Evo Morales, Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), pidió hoy a los nuevos magistrados designados por el presidente Evo Morales "no contaminen" la justicia con la ideología política de quien los ha nombrado.
El senador de PPB-CN, German Antelo, ratificó en declaraciones a Efe las críticas de la oposición al procedimiento aplicado para que Morales asuma la potestad de realizar esas designaciones mediante una ley aprobada la semana pasada en la Asamblea Legislativa por la mayoría oficialista.
"Esperemos que estas autoridades cumplan a cabalidad la función para la cual han sido elegidas y que superen las expectativas que tiene la gente de tener una justicia adecuada y que no esté contaminada por la ideología política de quien los nombra", sostuvo Antelo.
Morales tomó juramento hoy a 18 autoridades interinas que él mismo eligió para ocupar igual número de vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, donde existen en total 26 puestos.
Los magistrados nombrados por el presidente ocuparán estos cargos hasta fines de este año, cuando asumirán las autoridades elegidas por voto popular en unos comicios previstos para el 5 de diciembre próximo. Antelo explicó que la oposición ha cuestionado que se haya dado potestad a una sola persona, en este caso al presidente Morales, para llenar las vacantes ocupar vacantes de las máximas instancias judiciales del país.
Agregó que "la principal preocupación que deberíamos tener todos" es que estas nuevas autoridades "tengan la suficiente entereza moral para ser independientes en sus decisiones y que no obedezcan a aquel que los ha nombrado".
De su lado, Morales defendió hoy la legalidad de los nombramientos y justificó la norma al señalar que "no se puede permitir que la justicia siga parada", mientras el Congreso convoca las elecciones para designar por voto popular a las nuevas autoridades judiciales, según recoge la nueva Constitución.
BOLIVIA: EVO MORALES DA OTRO PASO HACIA EL CONTROL TOTAL DEL ESTADO
El presidente Evo Morales recompuso el diezmado Poder Judicial con la designación de 18 magistrados, cinco de ellos suplentes, lo que le dará el control pleno del Estado tras su abrumadora victoria electoral para un segundo mandato.
Impulso Baires de Argentina (www.impulsobaires.com.ar)
Cinco de los nombrados son magistrados del Tribunal Constitucional, que estuvo paralizado por casi dos años debido a la renuncia de sus miembros, varios de los cuales alegaron presiones desde el Ejecutivo para dejar sus cargos.
También el presidente y otra magistrada de la Corte Suprema fueron enjuiciados por el Ejecutivo el año pasado y obligados a renunciar.
Cinco de los designados completarán la Corte Suprema de 10 miembros y otros tres el Consejo de la Judicatura. Todos los designados cesarán en diciembre cuando se elegirá por voto ciudadano a los magistrados tal como dispone la nueva Constitución.
Nueve de los designados son mujeres, una de ellas es indígena, la primera que llega a ese alto cargo.
Morales envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional dominada por el oficialismo una "ley corta" que le permite transitoriamente designar a los magistrados hasta la elección de los mismos en las urnas.La oposición se opuso sin éxito a la iniciativa y adujo que Morales tendrá el control absoluto del Estado. "Este abuso de poder debe parar, todas las instancias nacionales están en manos del gobierno", declaró la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales.
Para el gobernador opositor de la provincia de Santa Cruz, Rolando Aguilera, la designación de magistrados "rompe la independencia de poderes que es fundamental para la democracia".
Morales dijo que no conocía sino a "cuatro o cinco" de los designados y reconoció que para elegirlos consultó a colegiaturas y "organizaciones sociales". Algunos de los designados fueron asambleístas del oficialismo pero la mayoría no tiene militancia conocida.
En su discurso, instó a los magistrados a "acabar con el manejo oscuro de la justicia". "El pueblo no puede decir en las calles que la justicia es para el que tiene plata, ese debe acabar", dijo y pidió a los jueces aplicar la ley fuera de toda influencia política.
"Si cometo un error métanme a la cárcel; si algún ministro (del Ejecutivo) comete errores, métanle a la cárcel; estamos hablado de una justicia transparente", dijo.
La justicia boliviana es una de las instituciones más cuestionadas en el país y desde siempre ha sido permeable a la influencias políticas. En las pasada gestión de Morales fue el escenario donde el gobierno y la oposición midieron fuerzas. La crisis devino en una paralización de los órganos judiciales que ahora el gobierno buscar recomponer.
Las elecciones de diciembre dirimieron la disputa a favor de Morales y hoy una veintena de líderes opositores están sometidos a proceso judicial.
Los resultados de esa administración de justicia fueron descritos por el propio mandatario. Dijo que 5.691 causas están pendientes en el Tribunal Constitucional; 5 de cada 100 casos penales logran sentencia condenatoria y 8.073 personas están presos en las cárceles de los que 1.999 tienen sentencia.
A DEDO, EVO YA CONTROLA LA JUSTICIA EN BOLIVIA
Por decreto, el cocalero nombró a 18 magistrados que ocuparán las acefalías en la Corte, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Opositores al gobierno denuncian que "los jueces responderá al amo que los puso".
Infobae de Argentina (www.infobae.com/mundo)
El cocalero Evo Morales llamó a la "revolución" del Poder Judicial en Bolivia tras nombrar vía decreto a 18 magistrados, entre las críticas de opositores y analistas por el riesgo que esa fórmula supone para la independencia de poderes y la democracia.
Las polémicas designaciones se producen gracias a la "Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del órgano judicial y del Ministerio Público" (o "Ley Corta" como se conoce en Bolivia) que otorga al presidente la facultad de realizar directamente esos nombramientos.
Esa ley fue aprobada la semana pasada en la Asamblea Legislativa de Bolivia, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla tanto la Cámara de Diputados como el Senado.
En principio, se trata de una ley para nombrar magistrados interinos hasta que el 5 de diciembre próximo se aplique la novedosa fórmula que establece la nueva Constitución del país para designar a las autoridades del Poder Judicial mediante el voto popular.
El Gobierno y el MAS justifican la medida en la necesidad de cubrir las vacantes de los máximos órganos del Poder Judicial, prácticamente inoperativo en los últimos años por las sucesivas dimisiones de sus miembros debido a denuncias promovidas en su contra por parte del oficialismo.
Con el argumento de que la Justicia no puede seguir parada, Evo Morales nombró a cinco ministros de la Corte Suprema, cinco magistrados del Tribunal Constitucional más otros cinco suplentes, así como tres miembros del Consejo de la Judicatura.
Se trata de 18 cargos de los 26 que integran las principales instituciones del Poder Judicial en Bolivia.
El cocalero encomendó a los nuevos magistrados que sienten las bases de una "revolución en el Poder Judicial" donde es necesario, dijo, "redefinir la ideología jurídica y la administración de justicia".
La designación "presidencial" de magistrados del Poder Judicial en Bolivia ha desatado en los últimos días un aluvión de críticas desde sectores de la oposición y analistas.
Recientemente el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) denunció en un artículo "la vulneración de principios democráticos esenciales como la independencia de poderes" y "la entrega del Poder Judicial por casi un año al arbitrio, discrecionalidad y decisión subjetiva e interesada del Presidente".
"La justifican como una forma de llenar el vacío de un poder ¡que el mismo Morales destruyó sin pudor en sus anteriores cuatro años de Gobierno!", destacó Mesa, quien critica que el "culto a la personalidad" del presidente "ha llevado a la concentración total de poderes en su mano".
También ha reaccionado la oposición de Santa Cruz (este), donde el secretario de Autonomía de la Prefectura, Gabriel Dabdoub, advirtió el lunes que esas designaciones son "un golpe mortal" para la democracia y para el proceso autonómico emprendido por su región donde vaticinó "una cacería de brujas". Analistas como el politólogo Carlos Cordero han reprochado que la Asamblea Legislativa se haya despojado de sus atribuciones (el nombramiento de autoridades judiciales) para traspasarlas al presidente, lo que, a su juicio, viola el precepto constitucional de que nadie puede concentrar todos los poderes.
El sociólogo y ex constituyente Jorge Lazarte opinó en un artículo difundido ayer que presentar estas designaciones conforme al estado de derecho "sólo subraya el profundo desprecio que (el Gobierno y el oficialismo) sienten por el imperio de las leyes".
En las últimas horas, la principal fuerza opositora al Gobierno de Morales, Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), pidió a los nuevos magistrados que "no contaminen" la justicia con la ideología política de quien los ha nombrado, según dijo el senador Germán Antelo.
Morales, por su parte, defendió la legalidad y la constitucionalidad del nombramiento de los nuevos magistrados y les advirtió: "No los estoy designando para que defiendan a Evo Morales, si cometo un error, métanme a la cárcel".
RIGE LA JUSTICIA POPULAR EN SUBURBIOS DE BOLIVIA
La Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar)
En incidentes separados, dos presuntos delincuentes, un hombre y una mujer, fueron linchados el miércoles a la noche por turbas de vecinos en Bolivia. En la ciudad andina de El Alto, vecina de La Paz, Rosa Huanca Mamaní, de 38 años y con seis hijos, fue acusada de robar una casa. "La amarraron en la malla del arco de la cancha de fútbol, la golpearon y luego encendieron unas llantas a su alrededor y causaron su muerte por asfixia", informó el jefe de la policía de El Alto, coronel Ramiro Cossío. El segundo caso ocurrió en un barrio alejado de la ciudad de Cochabamba, 400 km al este de la sede de Gobierno. Un hombre identificado como Eduardo Ibarra, de 30 años, murió golpeado por vecinos que lo sorprendieron robando en un domicilio. La policía no detuvo a nadie en El Alto, pero sí a seis vecinos en Cochabamba como instigadores del crimen. La justicia por mano propia se ha hecho común en barrios marginales y en poblados indígenas de Bolivia.
GAS NATURAL
PETROLERAS BOLIVIANAS AVANZAN CON PERFORACIONES PARA ABASTECER AL NORDESTE
Las petroleras nacionalizadas YPFB Chaco, YPFB Andina y las transnacionales Total y Repsol Bolivia se encuentran perforando nuevos pozos y también están en actividades de exploración con el fin de incrementar la producción y las reservas de hidrocarburos de Bolivia para asegurar compromisos como el del GENA.
El Momarandu de Argentina (www.momarandu.com)
En el caso de YPFB Chaco este año tiene previsto ejecutar una inversión de $us 65,7 millones; trabajará en 13 pozos, de los cuales ocho son nuevas perforaciones. En exploración, YPFB Chaco intervendrá en el pozo Carrasco Este, en Cochabamba; Vuelta Grande en Chuquisaca; Percheles en Santa Cruz y Katari en la zona de Chimoré también en Cochabamba.
Asimismo, esta compañía está interviniendo en tres pozos en la zona de Palometas, para incorporarlos a la producción de la planta de Santa Rosa en Santa Cruz.
A su vez, YPFB Andina proyecta para 2010 una inversión global de $us 208 millones. Perforará seis nuevos pozos e intervendrá en otros cinco. YPFB Andina considera que los primeros resultados de sus nuevos pozos perforados se conocerán a partir de este 15 de febrero.
Repsol Bolivia planea una inversión para el quinquenio 2010-2015 de $us 1.500 millones, que permitirá concretar el desarrollo de los campos Margarita en Tarija y Huacaya en Chuquisaca. Las actividades hidrocarburíferas de Repsol Bolivia estarán enfocadas en el área de Caipipendi que agrupa Margarita, Huacaya, Itaú e Incahuasi.
Repsol Bolivia ya inició los trámites de licitación para ampliar su planta de procesamiento y en los próximos meses hará una gestión similar para la perforación de nuevos pozos.
En el caso de la francesa Total, tiene previsto iniciar de forma oficial la perforación exploratoria del pozo Aquio X-1001, en la localidad de Caparicito, Repsol Bolivia pretende incrementar su actual producción de dos millones de metros cúbicos diarios de gas (MMmcd) a 14 millones.
El ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, sostuvo que estas inversiones están contempladas dentro de los contratos suscritos con el Estado boliviano. Vincenti afirmó que en la medida que se desarrollan los campos, las reservas de gas se incrementan y se cuantifican de mejor manera.
El más importante compromiso del gobierno boliviano es lograr el fluido de gas suficiente para abastecer al futuro gasoducto del nordeste que alimentará en futuro próximo a Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe.
RSF APOYA A MORALES Y PIDE DESCLASIFICAR DOCUMENTOS DE DICTADURA EN BOLIVIA
ABC de España (www.abc.es)
"El Ejército debe someterse a las exigencias del acceso a la información", destaca RSF en un comunicado, en el que indica que rechazar "la petición realizada por un fiscal para acceder a parte de los archivos de las dictaduras militares constituye una escandalosa denegación de acceso a la información pública" La organización por la libertad de prensa afirma que apoya la iniciativa de Morales anunciada esta semana "para desclasificar los documentos del Ejército relativos a una época que se debe esclarecer y de la que periodistas y ciudadanos tienen derecho a enterarse".
RSF precisa que el fiscal Milton Mendoza declaró que se produjo una "obstaculización al proceso de investigación" durante su visita a los locales del Estado Mayor del Ejército en La Paz, en el curso de sus pesquisas sobre las 156 desapariciones ocurridas durante los regímenes militares del general Hugo Banzer (1971-1978) y el coronel Luis García Meza (1980-1981).
"Es imperativo que todos los países antes oprimidos por el Plan Cóndor (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) se doten de una legislación de acceso a la información, obligando así a sus instituciones militares a responder a las peticiones de la prensa, la justicia y las organizaciones de la sociedad civil", agrega RSF.
BOLIVIA EVALÚA CON DIRIGENTES POTOSINOS UN PREACUERDO CON CHILE SOBRE RECURSOS DE EL SILALA
Agencia EFE de España (www.google.com/hostednews)
El ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, se reunió hoy con dirigentes de la región de Potosí para discutir una nueva versión del preacuerdo que quiere firmar con el Gobierno de Chile sobre el uso de las aguas de la zona del Silala.
El ministerio de Exteriores informó en un comunicado que la reunión, que es la primera del año para tratar el asunto, se realizó en la localidad de Alota, en una provincia del departamento de Potosí, a invitación a la federación campesina regional.
El Silala es una región del suroeste de Bolivia, fronteriza con Chile, donde existen recursos hídricos que según el Gobierno de La Paz fluyen artificialmente a Chile, en tanto que la administración de Santiago sostiene que se trata de un río de curso internacional.
En las negociaciones realizadas el año pasado, ambos Gobiernos acordaron que las empresas de Chile paguen por el 50 por ciento del consumo de esas aguas, en tanto se aclare si son manantiales como sostiene Bolivia o un río como defienden las autoridades chilenas.
Sin embargo, los dirigentes de Potosí se han opuesto a la firma de un acuerdo en esos términos porque exigen que Chile reconozca que las aguas son exclusivamente bolivianas y las empresas de ese país paguen la deuda histórica acumulada desde 1908.
Según el comunicado de la cancillería boliviana, en la reunión de hoy se hizo "una explicación detallada de los alcances de la nueva versión preliminar" del preacuerdo que se pretende suscribir con Chile, si bien aún no ha difundido su contenido.
"Los movimientos sociales reunidos en esa comunidad prosiguieron con el análisis del mencionado documento y acordaron que en los próximos días harán conocer las determinaciones a las que hubieran arribado sobre el particular", agrega la nota.
La negociación sobre el Silala es uno de los asuntos establecidos en una agenda de trece puntos fijada en 2006 por los Gobiernos de los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Michelle Bachelet, de Chile, para mejorar las relaciones bilaterales.
BOLIVIA: DERECHOS INDÍGENAS Y LA CARRETERA VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE MOXOS
"La carretera que se pretende construir está ubicada en la parte central de Bolivia, atravesando y dividiendo el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro – Sécure TIPNIS y obviamente convirtiéndose en la forma de acceso al área, profundizando las posibilidades de mayor presión sobre el territorio que causaría la explotación indiscriminada de recursos naturales por parte de diferentes intereses".
Biodiversidad de Colombia (www.biodiversidadla.org)
La carretera que se pretende construir entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos de aproximadamente 306 kilómetros, forma parte del Corredor Este – Oeste de la Red Fundamental de Carreteras. La ruta está ubicada en la parte central de Bolivia, vincularía los departamentos de Cochabamba y Beni, atravesando y dividiendo el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro – Sécure TIPNIS y obviamente convirtiéndose en la forma de acceso al área, profundizando las posibilidades de mayor presión sobre el territorio que causaría la explotación indiscriminada de recursos naturales por parte de diferentes intereses a los que desde hace mucho tiempo estuvo sometido el Parque (petroleras, madereros, colonos del Chapare).
La ejecución de este proyecto está relacionada con la presencia en el pasado de actividades petroleras, ya que el recorrido de la ruta sería paralelo al límite oeste del Bloque petrolero SECURÉ sobre el cual el año 1994 el gobierno de Bolivia firmó un contrato con la empresa petrolera REPSOL otorgándole los derechos de explotación durante 30 años. Después de que REPSOL realizó la actividad sísmica de exploración, no continuó con la explotación y actualmente no hay actividad petrolera. Sin embargo, tal como lo señala la empresa Consultora Nacional – CONNAL – encargada de los estudios y diseños, entre los objetivos de la carretera se encuentra el “facilitar los estudios para la exploración y explotación de yacimientos petroleros y de otros recursos minerales”.
El TIPNIS está poblado por pueblos indígenas Moxeños, Yuracarés, Chimanes quienes viven en pequeños asentamientos vinculados a través de los ríos de la región y existen indicios de la presencia de pueblos indígenas aislados posiblemente Yuracarés y Yuquis. Estos territorios se mantienen desde la década del 90 a las presiones de asentamientos de colonizadores de la región del Chapare de Cochabamba que conformaron las Centrales de Colonizadores del Parque Isiboro Sécure. Pero en particular fueron afectados por las actividades de REPSOL a partir de 1994, que además de los impactos de la exploración petrolera (deforestación, contaminación por vertido de lodos y crudo, presencia y ruidos de maquinaria, …) cometieron infracciones a la legislación ambiental que afectaron los ríos, el bosque, las actividades económicas y culturales, y en general la vida de los pueblos indígenas y algunas poblaciones campesinas e incumplieron los mínimos compromisos ambientales y sociales acordados.
Durante el gobierno del presidente Evo Morales, en septiembre del 2006 mediante ley se declara de prioridad nacional y departamental la elaboración de estudios y construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. En agosto del 2008 se adjudican los estudios y construcción a la empresa brasileña OAS Ltda. y el 22 de agosto del 2009 se firma el Protocolo de Financiamiento del BNDES con la República Federativa del Brasil, en un acto realizado en la población de Villa Tunari en el Chapare con amplia participación de las Federaciones Campesinas del Trópico de Cochabamba
Con estas acciones el gobierno indígena del Presidente Morales, continuando con el modelo económico basado en la extracción de grandes volúmes de recursos naturales para la exportación y la construcción de megaobras de infraestructura (carretereras, hidroeléctricas) que faciliten e impulsen ese modelo extractivista, adopta la decisión de construir esta carretera y realiza acciones para llevarla a cabo. Sin embargo sólo al haberse anunciado que ya se cuenta con todo el financiamiento (préstamo del BNDES del Brasil que significa crecimiento de la deuda externa y la obligación de someternos a condicionamientos que favorecen a empresas constructoras e industriales brasileñas), se produjo la invasión del TIPNIS por parte de colonos quienes se enfrentaron con los pueblos indígenas, obligando a la participación policial, “El sábado 26 de septiembre un cultivador de coca perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas por armas de fuego en un enfrentamiento entre indígenas y campesinos asentados ilegalmente en el parque nacional Isiboro Sécure, un área protegida y una tierra comunitaria de pueblos indígenas Mojeños, Yuracares y Chimanes legalmente constituida”, “Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Policía incineraron cultivos de coca y más de 100 viviendas precarias de colonizadores asentados ilegalmente a lo largo de 40 o 50 kilómetros dentro del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en la provincia Moxos del departamento de Beni”.
A medida que avanza el proyecto los riesgos son crecientes, y es evidente que lo que hasta ahora se ha hecho desde las instituciones del estado es dar el mayor impulso a la ejecución de la carretera sin la participación de los pueblos indígenas del TIPNIS quienes serán los principales afectados por las decisiones que el gobierno boliviano va tomando sobre su vida, sin considerarlos. Sin que se realice la consulta previa e informada a los pueblos del TIPNIS el gobierno ha emitido la ley de declaración de prioridad nacional de construcción de esta carretera y se ha contratado el préstamo para realizar la construcción y a la empresa encargada de realizarla, vulnerando el derecho de los pueblos indígenas a conocer y decidir sobre su vida y las acciones que se realicen en su territorio y más aún cuando el objetivo principal de esta ruta es generar el desarrollo de actividades petrolera y minera.
Las estrategias de presión a los pobladores del TIPNIS para aceptar el proyecto y seguramente forzarlos a llegar a negociaciones en las que se ofrezcan compensaciones mínimas serán crecientes, es por eso que los estudios de factibilidad, evaluación de impacto ambiental y diseño final han sido divididos en tres tramos. De acuerdo a la Administradora Boliviana de Carreteras, la consulta pública establecida por ley se ha realizado en los dos tramos que llegan hasta los límites del parque y aún no se conoce sobre la consulta en la zona crítica que corresponde principalmente al TIPNIS. Entonces, ¿se pretende forzar la aceptación de los pueblos del TIPNIS con la presión por la inminente construcción de los tramos que llegan hasta los límites de su territorio?.
Nuevamente, los derechos de los pueblos indígenas y en particular de los pueblos del TIPNIS están siendo vulnerados, no sólo por el avasallamiento de su territorio, invasión y amenazas permanentes de penetración de colonos de la zona del Chapare y valles cercanos para asentarse en el TIPNIS, con los posibles riesgos de enfrentamientos entre colonos e indígenas, quienes se encuentran alertas y preocupados por la seguridad de su territorio y su vida, sino también por la voracidad de los capitales petroleros, mineros, madereros y de quienes comercian con la biodiversidad, que son quienes están detrás de que en Bolivia se continúe con un modelo de subdesarrollo excluyente, depredador de la naturaleza, vulnerable a las crisis económicas, generador de concentración de riqueza y generalización de pobreza.
En este modelo extractivista del siglo XXI que el “proceso de cambio” ha decidido seguir, es decir, continuar con las prácticas en la economía del país de vivir de la renta y de acostumbrar a la sociedad a un modelo clientelar, viviendo de bonos, la construcción de infraestructura de carreteras es una de las formas más efectivas para incorporar los territorios al modelo y de abrir paso al extractivismo. Y, parece que también se ha definido, más allá de los discursos de los derechos de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas sean las víctimas y sufran todos los daños económicos, sociales y culturales sin contar con el derecho a la vida y a la existencia.
i El Corredor Este – Oeste de la Red Fundamental de Carreteras establecida mediante D.S. 25134 del 21 de agosto de 1999 forma parte del Eje Bioceánico del IIRSA, pero hasta ahora la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no es parte de la cartera de proyectos IIRSA. El Programa de gobierno 2010-2015 del MAS ratifica los Corredores de Integración del D.S.24135 como parte de su plan.
ii El TIPNIS fue creado el 22 de noviembre de 1965, y el 24 de septiembre de 1990 fue declarado Territorio Indígena mediante Decreto Supremo No. 2260 como resultado de las reivindicaciones logradas después de movilizaciones de Pueblos Indígenas de la Amazonía boliviana.
UE PIDE A BOLIVIA APROBAR LEY QUE IMPIDA USO DE RECURSOS PÚBLICOS EN PROCESOS ELECTORALES
Misión de observadores presentó en La Paz informe de conclusiones sobre comicios del 6 de diciembre.
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
La misión de observadores electorales de la Unión Europea (UE) recomendó hoy a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobar una ley que impida el uso de recursos públicos en los procesos electorales del país.
La rumana Renate Weber y el español José Antonio de Gabriel, presentaron hoy -en La Paz- un informe de conclusiones del trabajo que realizaron un centenar de observadores electorales que siguieron el proceso del domingo 6 de diciembre pasado.
Por otra parte, “es importante que exista una norma que prohíba difundir en los medios de comunicación cualquier tipo de propaganda institucional durante la campaña electoral", destaca el informe de la Unión Europea.
Otro elemento sugerido es la modernización del registro civil y que ingrese en vigor un documento único de identidad personal.
DETENIDO EL MARIDO DE UNA JOVEN DE 26 AÑOS DEGOLLADA EN ALMERÍA
Una mujer de 26 años de edad, que responde a las iniciales M.R.E., de origen boliviano, falleció hoy en su domicilio, en Almería capital, supuestamente a manos de su marido, J.S.I.M., de 31 años.
ABC de España (www.abc.es)
Una mujer de 26 años de edad, que responde a las iniciales M.R.E., de origen boliviano, falleció hoy en su domicilio, en Almería capital, supuestamente a manos de su marido, J.S.I.M., de 31 años, que fue detenido en el lugar de los hechos y que finalmente confesó ser autor de la muerte.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, sobre las 2.40 horas de hoy los servicios del 112 avisaron de la muerte de una mujer, cuyo cuerpo presentaba una herida inciso cortante en el cuello realizada por arma blanca, además de otras heridas inciso contusas en frente y cuero cabelludo.
Efectivos de la Policía Nacional y del Grupo de Homicidios, desplazados al lugar, encontraron en este domicilio de la calle Gonzalo de Berceo el cuerpo sin vida de la joven en el dormitorio conyugal, además de al marido y una hermana de éste, que fue la encargada de avisar y que advirtió de que los hechos habían sido producto de una riña familiar.
Testimonio escrito Tras hallar una carta manuscrita haciendo alusión a problemas de pareja, que podrían deberse a celos del marido, éste fue detenido y posteriormente reconoció los hechos. La pareja, sobre la que no constan denuncias previas por violencia se encontraba tramitando su situación regular en España. El subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés Heras, ha confirmado que la pareja tenía dos hijos pequeños , una niña de cinco años y un hijo de siete, que no se encontraban en el lugar del crimen cuando tuvieron lugar los hechos. Ambos se han quedado al cuidado de sus familiares, tras el arresto del padre.
Habría avisado a su hermana Según explicó, la mujer originaria de Pando, una región situada al norte de Bolivia, falleció pasadas las 02.40 horas por una herida inciso cortante en el cuello que le ocasionó su marido con una navaja tipo mariposa. Su cuerpo presentaba además, otras lesiones realizadas, al parecer, con una piqueta en la frente y el cuero cabelludo y heridas defensivas en la mano. Efectivos de la Policía Nacional y del Grupo de Homicidios, desplazados al lugar, encontraron en este domicilio de la calle Poeta Gonzalo de Berceo el cuerpo sin vida de la joven en el dormitorio conyugal junto al asesino confeso y su hermana. Conforme el relato del subdelegado del Gobierno, el asesino podría haber avisado a su hermana después de cometer el crimen. Ella habría alertado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras llegar al lugar de los hechos.
«Absoluta repulsa»
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL), junto con los miembros de la oposición, Subdelegación de Gobierno y la Diputación Provincial (PSOE) guardaron hoy un minuto de silencio a las puertas de Alcaldía en la capital para mostrar su más "absoluta repulsa", tal y como pronunció el regidor, por la muerte de la joven, la primera de la provincia fallecida en un caso de violencia de género este año y la segunda de Andalucía.
De esta forma, Rodríguez-Comendador «condenó» este tipo de actos y abogó por seguir «concienciando» a la población para denunciar los posibles casos de violencia de género así como a «seguir luchando y trabajando para acabar con este tipo de actos».
El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el crimen de Almería es un nuevo caso de violencia de género, por lo que ya suman cinco las víctimas mortales de esta lacra social en lo que va de año.
En un acto celebrado en la Corte Suprema de Justicia, que funciona en esta ciudad ubicada a 760 kilómetros al sud de La Paz, el Jefe de Estado dijo que había llegado la hora de cambiar la justicia para que sea más justa y beneficie a todos los bolivianos.
El Jefe de Estado subrayó que la decisión forma parte del proceso de “transformaciones en democracia que se ha puesto en marcha en enero de 2006 y que en esta coyuntura ha alcanzado un momento histórico e inédito para todos los bolivianos”.
Morales dijo que era hora de acabar con una justicia deslegitimada y que no goza de credibilidad en la población debido a los males endémicos que la aqueja, entre ellos la corrupción, la retardación y el cuoteo político.
Señalo que, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional existen 5.691 causas pendientes de resolución, en especial por la presentación de Amparos y Hábeas Corpus, mientras que en la población carcelaria, que suma 8.073 privados de libertad, solamente cinco de cada 100 casos tienen sentencias ejecutoriadas.
Morales se refirió igualmente a las encuestas que muestran el grado de desconfianza que existe en la población sobre la administración de justicia que creció en algunas coyunturas de 60 o 70 por ciento a 90 por ciento.
El Primer Mandatario aseveró que, por ello, es necesario introducir modificaciones cualitativas que permitan a los bolivianos contar con una justicia que goce de credibilidad.
Dijo que hubo etapas en que el propio gobierno de Estados Unidos, a través de sus embajadores, buscó entrometerse en la justicia nacional, pero el resultado fue un mayor desprestigio y un sentimiento de que es necesario descolonizar este Poder del Estado.
El Primer Mandatario indicó que si la justicia oficial tuviera credibilidad no existiría la justicia comunitaria, donde una mayoría de casos procesados son solucionados con medidas que benefician a la población.
Al referirse a la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de otorgarle la prerrogativa de designar en forma provisoria a magistrados del Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, manifestó que “fue una tarea difícil porque debía elegir no solamente a los mejores abogados, sino que, además, tengan conciencia social”.
Agradeció a los organismos colegiados y a los movimientos sociales por haberle presentado sugerencias para las designaciones, al aclarar que a la mayoría de los abogados postulados y elegidos para las Magistraturas no los conocía.
Instó a los nuevos magistrados interinos, que ejercerán sus cargos hasta la posesión de los titulares que serán elegidos por el voto del pueblo en diciembre de este año, a desempeñar sus cargos con responsabilidad y con una vocación sin par al servicio de la nación.
“Debemos acabar con el manejo oscuro de la justicia y con esa creencia de que la justicia es solamente para los que tienen dinero”, anotó.
El Presidente les instó igualmente a dignificar su profesión con un trabajo transparente en cumplimiento de las leyes.
Agregó que Bolivia “necesita de buenos abogados, que no solamente defiendan las causas personales, sino los intereses de la patria.
Subrayó que, después de 184 años de vida, Bolivia recién pudo contar con un Ministerio de Defensa Legal y ahora encamina la creación de la Procuraduría General del Estado “para la defensa de la patria, de los recursos naturales y del patrimonio estatal”.
Anotó que los jueces también deben contribuir con la estricta aplicación de la Ley a erradicar el narcotráfico y el separatismo que ha amenazado a la institucionalidad “porque cuando conspiran contra la Patria, la justicia debe actuar con decisión”.
Morales designó como magistrados interinos en la Corte Suprema a los juristas Ana Maria Forest Cors, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Ramiro Guerrero Peñaranda, Esteban Miranda Terán y Jorge Monasterio Franco, quienes se sumarán a otros siete que ejercen esos cargos.
Para el Tribunal Constitucional, el jefe de Estado nombró a los abogados Fausto Juan Lanchipa Ponce, Abigail Burgoa Ordóñez, Ernesto Félix Mur, Ligia Mónica Velásquez y Marco Antonio Baldivieso. Igualmente designó a los suplentes Lily Marciana Tarquino, Agapito Alpire Pérez, Carmen Mamani Roldán, Magali Calderón Maldonado y Melma Tito Araujo.
Finalmente en el Consejo de la Judicatura, que administra e imparte disciplina en la judicatura boliviana, posesionó a Amalia Morales Rondón, Lindo Fernández, Freddy Torrico Zambrana que se sumaron a Rodolfo Mérida que dirigió solo esa institución varios meses.
Los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura ejercerán esos cargos hasta la posesión de los titulares que serán elegidos con el voto del pueblo el cinco de diciembre de este año.
Hasta entonces, su misión es resolver la mayor cantidad de millares de causas pendientes que están archivadas en sus anaqueles.
TEMOR OPOSITOR POR PODER JUDICIAL DE PRESIDENTE
Agencia IPS de México (www.ipsnoticias.net)
La facultad del presidente Evo Morales de designar jueces transitorios en los altos órganos de la justicia de Bolivia despierta el temor en la oposición de una concentración de atribuciones en el Ejecutivo y una ruptura en el equilibrio de los poderes.
"Quiero sentar las bases de la revolución en el órgano judicial, ahora comienza el proceso de descolonización de la justicia boliviana", dijo Morales este jueves en Sucre, la capital constitucional del país y sede del Poder Judicial, situada a 760 kilómetros al sureste de La Paz.
El presidente izquierdista nombró a ocho mujeres y 10 hombres para ocupar cinco vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia, 10 en el Tribunal Constitucional y tres en el Consejo de la Judicatura, cuyo mandato durará hasta diciembre.
Pidió, además, a los nuevos altos jueces que su prioridad sea agilizar los casos pendientes, eliminar la impunidad y luchar contra la corrupción, para cumplir con las aspiraciones populares de justicia.
La Asamblea Legislativa Plurinacional entregó al gobernante la facultad de nombrar 18 altos cargos en el Poder Judicial, para evitar la parálisis en el sector, hasta que los bolivianos elijan el 5 de diciembre a todos los cargos judiciales, tal como establece la nueva Constitución.
La decisión de la Asamblea, donde tiene cómoda mayoría el partido oficial, el Movimiento al Socialismo (MAS), se produjo el día 12, antes que el país entrase en cuatro días de asueto, con el argumento rellenar el vacío constitucional sobre los nombramientos judiciales hasta diciembre.
Morales está detrás del "sueño del poder total" dijo a IPS el dirigente del opositor Frente de Unidad Nacional (UN), Carlos Laruta, mientras que el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja, consideró que hubo una cesión de poderes del legislativo al ejecutivo.
La forma de operar en la transición no está precisada en la Constitución que rige Bolivia desde hace un año y deja a la iniciativa de la Asamblea el trámite para sortear el camino a la nueva institucionalidad, expresó el presidente interino de la Cámara del Senado, René Martínez.
Con esa base, la Asamblea aprobó una Ley de Transición para el nombramiento directo por el presidente de los 18 magistrados transitorios, con el fin declarado de evitar el colapso de la administración de justicia. El Tribunal Supremo tiene 5.000 casos pendientes y el Constitucional 5.640.
Entre las novedades de la Constitución que refundó políticamente este país sudamericano está la inédita selección popular de todos los jueces, después que la Asamblea defina su número, de acuerdo a la densidad demográfica y la demanda de justicia en cada región del país.
Con estas elecciones de los operadores de la justicia en Bolivia se pondrá fin al ajuste de los poderes del Estado a la nueva Constitución, que suma el Poder Electoral a los tres tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El 10 de diciembre, los bolivianos reeligieron como presidente con amplia mayoría a Morales, un líder indígena de 50 años, y a la Asamblea que sustituyó al anterior Congreso. Morales gobierna el país desde 2006 e inicio su nuevo mandato el 22 de enero.
El profundo cambio en la justicia trazado por la Constitución y promovido por el gobierno es cuestionado por la oposición, que ha tratado sin éxito de revertir las medidas adoptadas en la Asamblea, donde el MAS cuenta con 115 de los 166 integrantes de las dos cámaras legislativas. Para el politólogo Pareja, la manera de conducirse de la Asamblea es muy particular "porque en un régimen democrático y en un estado de derecho no existe la cesión o concesión de atribuciones y competencias entre poderes".
"Cada poder es independiente y tiene atribuciones, competencias y facultades y no puede cederlas a otro poder", explicó.
El artículo 12 de la nueva Constitución fija y organiza los cuatro poderes del Estado, proclama la independencia, separación, coordinación y cooperación entre ellos y señala que "las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí".
El extinguido Congreso Nacional elegía ternas y titulares para los cargos importantes del Poder Judicial, además de vigilar su buen desempeño.
"Lo paradójico es que un poder declina facultades a otro poder, un poder decide dar atribuciones y eso no ha sucedido en ninguna legislación. Se asemeja al reinado de Luis XIV en Francia (1643-1715) cuando el monarca decía ‘el Estado soy yo’ y tomaba todas las decisiones", reflexionó Pareja.
"El MAS tiene una tendencia a monopolizar el poder porque es una organización compuesta por personas no plenamente democráticas y por ello Evo Morales pretende continuar con la concentración de poder", afirmó Laruta. Laruta es candidato a gobernador del nororiental departamento de La Paz en los comicios de abril, con el respaldo del frente de Concertación Nacional y el Plan Progreso, con lo que aglutina a la derecha opositora a Morales.
A su juicio, el presidente emplea el argumento de aplicar medidas para alcanzar un proceso de cambio, pero en el fondo "busca una ampliación ilimitada de concentración de poder", reiteró.
"Se trata de una susceptibilidad política", replicó el senador Martínez a éstas y otras críticas a la delegación al presidente para que elija directamente los cargos acéfalos en la justicia, aunque sean transitorios.
El Senado aseguró que el presidente elegirá a los funcionarios judiciales transitorios previa evaluación de su perfil profesional y la capacidad probada de los aspirantes.
Pareja consideró innecesaria la transferencia de competencias del Poder Legislativo al Ejecutivo, porque el MAS posee holgadamente la mayoría para haber hecho los nombramientos, en acuerdo con el presidente, pero sin abjurar de sus atribuciones.
"Esperamos que en este corto tiempo prime la cordura, la independencia de los poderes y que la elección de estos magistrados (por el presidente) sea orientada a agilizar los trámites en mora y no para acciones corporativas partidarias", dijo el analista. Laruta observó en la actuación del MAS un deseo de dominio absoluto de la política, excluyendo a la oposición y afectando al equilibrio que preserva los principios democráticos. "Se busca monopolizar la política y alcanzar el sueño del poder total", advirtió.
Laruta considera quebrada la promesa de la ex defensora del Pueblo y actual presidenta del Senado, Ana María Romero, quien ofreció concertación a los opositores. En cambio, lo esperable ahora es "un torrente de leyes hechas al arbitrio del MAS y de Evo Morales", afirmó.
Romero estuvo ausente de los debates y aprobación de la Ley de Transición, por problemas de salud que la obligaron a internarse en un centro hospitalario.
En opinión de Laruta, la siguiente iniciativa de la Asamblea será la aprobación de una ley marco para las autonomías departamentales, pero con una limitación en las competencias y mayor presencia del Estado central en las decisiones regionales.
MORALES EMPRENDE LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL CON 18 NOMBRAMIENTOS
El presidente boliviano hace un llamamiento a "descolonizar la justicia".
El País de España (www.elpais.com)
El poder judicial boliviano comenzó ayer un "proceso de descolonización" y una "etapa revolucionaria" con la designación presidencial de casi una veintena de magistrados interinos, encargados de la transformación de sus estructuras y cambios profundos en la administración de justicia.
En una ceremonia celebrada en Sucre, la capital constitucional del país, el presidente Evo Morales designó y tomó el juramento de rigor a 18 magistrados que asumen funciones en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Judicatura. El pasado fin de semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley transitoria que otorgó a Morales la facultad de nombrar a los magistrados de estas instituciones, que ejercerán hasta diciembre de este año, cuando los jueces titulares se elegirán por voto popular en las urnas. Antes de esta reforma, los miembros del poder judicial eran designados por el Congreso, donde debían obtener los votos de dos tercios de la cámara.
Con estas designaciones presidenciales, el poder judicial podrá reanudar sus funciones en plenitud, después de casi tres años de crisis por la renuncia o suspensión por juicios en el Congreso de un buen número de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia -cuyo presidente, Eddy Fernández, continúa suspendido mientras se resuelve un juicio político iniciado en la anterior legislatura-, como del Tribunal Constitucional -virtualmente paralizado por la suspensión de su presupuesto desde el Tesoro General-, y del Consejo de la Judicatura.
Morales comenzó su discurso expresando su nerviosismo al ver "tantas corbatas que son como un castigo" entre los asistentes al solemne acto de posesión de magistrados -en una de las ciudades más conservadoras y elegantes del país-, y recordó inmediatamente después algunas cifras que reflejan el gran problema de la justicia boliviana: los retrasos en todos los procesos, que dan paso a la corrupción.
"El reto es cómo descolonizar la justicia para nacionalizar el derecho", dijo Morales, quien pidió a los nuevos magistrados "acabar con ese manejo oscuro de la justicia, pues la justicia no es para quien paga, quien invierte; acabar con el trípode de la corrupción y aquí hablo de que no puede seguir eso de llamar al juez o al fiscal para arreglar un asunto a favor del defensor o el acusador".
Morales advirtió a los nuevos administradores de justicia que afrontan un gran desafío: apoyar la lucha contra el narcotráfico, tras criticar a aquellos jueces que en el pasado otorgaron la libertad a sospechosos detenidos por la policía.
Puso énfasis también en "la enorme responsabilidad de velar por la unidad de la patria", en clara alusión a varios líderes regionales de los departamentos que han exigido autonomía, a los que el Gobierno acusa de encabezar movimientos separatistas. "Quiero ver cómo se defiende a la patria cuando internamente se conspira contra su unidad, cómo actúa la justicia", dijo Morales.
El presidente pidió además una mayor coordinación, "que no es intromisión en ningún órgano del Estado", para profundizar la revolución en el área judicial con una redefinición de la ideología jurídica con el objetivo de servir al pueblo. "Ustedes tienen que sentar las bases de una gran revolución en el poder judicial", afirmó.
En representación de los nuevos magistrados, la abogada Ana María Forest Cors comprometió todos sus esfuerzos para que, en los 10 meses de gestión que quedan por delante, se acabe en lo posible con los retrasos en la justicia y se logre una administración imparcial, proba, justa y libre de corrupción hasta que el pueblo boliviano elija a un nuevo poder judicial, por primera vez en la historia del país.
OPOSICIÓN BOLIVIANA PIDE "NO CONTAMINAR" LA JUSTICIA CON IDEOLOGÍA POLÍTICA
ADN de España (www.adn.es)
La principal fuerza opositora al Gobierno de Evo Morales, Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), pidió hoy a los nuevos magistrados designados por el presidente Evo Morales "no contaminen" la justicia con la ideología política de quien los ha nombrado.
El senador de PPB-CN, German Antelo, ratificó en declaraciones a Efe las críticas de la oposición al procedimiento aplicado para que Morales asuma la potestad de realizar esas designaciones mediante una ley aprobada la semana pasada en la Asamblea Legislativa por la mayoría oficialista.
"Esperemos que estas autoridades cumplan a cabalidad la función para la cual han sido elegidas y que superen las expectativas que tiene la gente de tener una justicia adecuada y que no esté contaminada por la ideología política de quien los nombra", sostuvo Antelo.
Morales tomó juramento hoy a 18 autoridades interinas que él mismo eligió para ocupar igual número de vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, donde existen en total 26 puestos.
Los magistrados nombrados por el presidente ocuparán estos cargos hasta fines de este año, cuando asumirán las autoridades elegidas por voto popular en unos comicios previstos para el 5 de diciembre próximo. Antelo explicó que la oposición ha cuestionado que se haya dado potestad a una sola persona, en este caso al presidente Morales, para llenar las vacantes ocupar vacantes de las máximas instancias judiciales del país.
Agregó que "la principal preocupación que deberíamos tener todos" es que estas nuevas autoridades "tengan la suficiente entereza moral para ser independientes en sus decisiones y que no obedezcan a aquel que los ha nombrado".
De su lado, Morales defendió hoy la legalidad de los nombramientos y justificó la norma al señalar que "no se puede permitir que la justicia siga parada", mientras el Congreso convoca las elecciones para designar por voto popular a las nuevas autoridades judiciales, según recoge la nueva Constitución.
BOLIVIA: EVO MORALES DA OTRO PASO HACIA EL CONTROL TOTAL DEL ESTADO
El presidente Evo Morales recompuso el diezmado Poder Judicial con la designación de 18 magistrados, cinco de ellos suplentes, lo que le dará el control pleno del Estado tras su abrumadora victoria electoral para un segundo mandato.
Impulso Baires de Argentina (www.impulsobaires.com.ar)
Cinco de los nombrados son magistrados del Tribunal Constitucional, que estuvo paralizado por casi dos años debido a la renuncia de sus miembros, varios de los cuales alegaron presiones desde el Ejecutivo para dejar sus cargos.
También el presidente y otra magistrada de la Corte Suprema fueron enjuiciados por el Ejecutivo el año pasado y obligados a renunciar.
Cinco de los designados completarán la Corte Suprema de 10 miembros y otros tres el Consejo de la Judicatura. Todos los designados cesarán en diciembre cuando se elegirá por voto ciudadano a los magistrados tal como dispone la nueva Constitución.
Nueve de los designados son mujeres, una de ellas es indígena, la primera que llega a ese alto cargo.
Morales envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional dominada por el oficialismo una "ley corta" que le permite transitoriamente designar a los magistrados hasta la elección de los mismos en las urnas.La oposición se opuso sin éxito a la iniciativa y adujo que Morales tendrá el control absoluto del Estado. "Este abuso de poder debe parar, todas las instancias nacionales están en manos del gobierno", declaró la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales.
Para el gobernador opositor de la provincia de Santa Cruz, Rolando Aguilera, la designación de magistrados "rompe la independencia de poderes que es fundamental para la democracia".
Morales dijo que no conocía sino a "cuatro o cinco" de los designados y reconoció que para elegirlos consultó a colegiaturas y "organizaciones sociales". Algunos de los designados fueron asambleístas del oficialismo pero la mayoría no tiene militancia conocida.
En su discurso, instó a los magistrados a "acabar con el manejo oscuro de la justicia". "El pueblo no puede decir en las calles que la justicia es para el que tiene plata, ese debe acabar", dijo y pidió a los jueces aplicar la ley fuera de toda influencia política.
"Si cometo un error métanme a la cárcel; si algún ministro (del Ejecutivo) comete errores, métanle a la cárcel; estamos hablado de una justicia transparente", dijo.
La justicia boliviana es una de las instituciones más cuestionadas en el país y desde siempre ha sido permeable a la influencias políticas. En las pasada gestión de Morales fue el escenario donde el gobierno y la oposición midieron fuerzas. La crisis devino en una paralización de los órganos judiciales que ahora el gobierno buscar recomponer.
Las elecciones de diciembre dirimieron la disputa a favor de Morales y hoy una veintena de líderes opositores están sometidos a proceso judicial.
Los resultados de esa administración de justicia fueron descritos por el propio mandatario. Dijo que 5.691 causas están pendientes en el Tribunal Constitucional; 5 de cada 100 casos penales logran sentencia condenatoria y 8.073 personas están presos en las cárceles de los que 1.999 tienen sentencia.
A DEDO, EVO YA CONTROLA LA JUSTICIA EN BOLIVIA
Por decreto, el cocalero nombró a 18 magistrados que ocuparán las acefalías en la Corte, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Opositores al gobierno denuncian que "los jueces responderá al amo que los puso".
Infobae de Argentina (www.infobae.com/mundo)
El cocalero Evo Morales llamó a la "revolución" del Poder Judicial en Bolivia tras nombrar vía decreto a 18 magistrados, entre las críticas de opositores y analistas por el riesgo que esa fórmula supone para la independencia de poderes y la democracia.
Las polémicas designaciones se producen gracias a la "Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del órgano judicial y del Ministerio Público" (o "Ley Corta" como se conoce en Bolivia) que otorga al presidente la facultad de realizar directamente esos nombramientos.
Esa ley fue aprobada la semana pasada en la Asamblea Legislativa de Bolivia, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla tanto la Cámara de Diputados como el Senado.
En principio, se trata de una ley para nombrar magistrados interinos hasta que el 5 de diciembre próximo se aplique la novedosa fórmula que establece la nueva Constitución del país para designar a las autoridades del Poder Judicial mediante el voto popular.
El Gobierno y el MAS justifican la medida en la necesidad de cubrir las vacantes de los máximos órganos del Poder Judicial, prácticamente inoperativo en los últimos años por las sucesivas dimisiones de sus miembros debido a denuncias promovidas en su contra por parte del oficialismo.
Con el argumento de que la Justicia no puede seguir parada, Evo Morales nombró a cinco ministros de la Corte Suprema, cinco magistrados del Tribunal Constitucional más otros cinco suplentes, así como tres miembros del Consejo de la Judicatura.
Se trata de 18 cargos de los 26 que integran las principales instituciones del Poder Judicial en Bolivia.
El cocalero encomendó a los nuevos magistrados que sienten las bases de una "revolución en el Poder Judicial" donde es necesario, dijo, "redefinir la ideología jurídica y la administración de justicia".
La designación "presidencial" de magistrados del Poder Judicial en Bolivia ha desatado en los últimos días un aluvión de críticas desde sectores de la oposición y analistas.
Recientemente el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) denunció en un artículo "la vulneración de principios democráticos esenciales como la independencia de poderes" y "la entrega del Poder Judicial por casi un año al arbitrio, discrecionalidad y decisión subjetiva e interesada del Presidente".
"La justifican como una forma de llenar el vacío de un poder ¡que el mismo Morales destruyó sin pudor en sus anteriores cuatro años de Gobierno!", destacó Mesa, quien critica que el "culto a la personalidad" del presidente "ha llevado a la concentración total de poderes en su mano".
También ha reaccionado la oposición de Santa Cruz (este), donde el secretario de Autonomía de la Prefectura, Gabriel Dabdoub, advirtió el lunes que esas designaciones son "un golpe mortal" para la democracia y para el proceso autonómico emprendido por su región donde vaticinó "una cacería de brujas". Analistas como el politólogo Carlos Cordero han reprochado que la Asamblea Legislativa se haya despojado de sus atribuciones (el nombramiento de autoridades judiciales) para traspasarlas al presidente, lo que, a su juicio, viola el precepto constitucional de que nadie puede concentrar todos los poderes.
El sociólogo y ex constituyente Jorge Lazarte opinó en un artículo difundido ayer que presentar estas designaciones conforme al estado de derecho "sólo subraya el profundo desprecio que (el Gobierno y el oficialismo) sienten por el imperio de las leyes".
En las últimas horas, la principal fuerza opositora al Gobierno de Morales, Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), pidió a los nuevos magistrados que "no contaminen" la justicia con la ideología política de quien los ha nombrado, según dijo el senador Germán Antelo.
Morales, por su parte, defendió la legalidad y la constitucionalidad del nombramiento de los nuevos magistrados y les advirtió: "No los estoy designando para que defiendan a Evo Morales, si cometo un error, métanme a la cárcel".
RIGE LA JUSTICIA POPULAR EN SUBURBIOS DE BOLIVIA
La Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar)
En incidentes separados, dos presuntos delincuentes, un hombre y una mujer, fueron linchados el miércoles a la noche por turbas de vecinos en Bolivia. En la ciudad andina de El Alto, vecina de La Paz, Rosa Huanca Mamaní, de 38 años y con seis hijos, fue acusada de robar una casa. "La amarraron en la malla del arco de la cancha de fútbol, la golpearon y luego encendieron unas llantas a su alrededor y causaron su muerte por asfixia", informó el jefe de la policía de El Alto, coronel Ramiro Cossío. El segundo caso ocurrió en un barrio alejado de la ciudad de Cochabamba, 400 km al este de la sede de Gobierno. Un hombre identificado como Eduardo Ibarra, de 30 años, murió golpeado por vecinos que lo sorprendieron robando en un domicilio. La policía no detuvo a nadie en El Alto, pero sí a seis vecinos en Cochabamba como instigadores del crimen. La justicia por mano propia se ha hecho común en barrios marginales y en poblados indígenas de Bolivia.
GAS NATURAL
PETROLERAS BOLIVIANAS AVANZAN CON PERFORACIONES PARA ABASTECER AL NORDESTE
Las petroleras nacionalizadas YPFB Chaco, YPFB Andina y las transnacionales Total y Repsol Bolivia se encuentran perforando nuevos pozos y también están en actividades de exploración con el fin de incrementar la producción y las reservas de hidrocarburos de Bolivia para asegurar compromisos como el del GENA.
El Momarandu de Argentina (www.momarandu.com)
En el caso de YPFB Chaco este año tiene previsto ejecutar una inversión de $us 65,7 millones; trabajará en 13 pozos, de los cuales ocho son nuevas perforaciones. En exploración, YPFB Chaco intervendrá en el pozo Carrasco Este, en Cochabamba; Vuelta Grande en Chuquisaca; Percheles en Santa Cruz y Katari en la zona de Chimoré también en Cochabamba.
Asimismo, esta compañía está interviniendo en tres pozos en la zona de Palometas, para incorporarlos a la producción de la planta de Santa Rosa en Santa Cruz.
A su vez, YPFB Andina proyecta para 2010 una inversión global de $us 208 millones. Perforará seis nuevos pozos e intervendrá en otros cinco. YPFB Andina considera que los primeros resultados de sus nuevos pozos perforados se conocerán a partir de este 15 de febrero.
Repsol Bolivia planea una inversión para el quinquenio 2010-2015 de $us 1.500 millones, que permitirá concretar el desarrollo de los campos Margarita en Tarija y Huacaya en Chuquisaca. Las actividades hidrocarburíferas de Repsol Bolivia estarán enfocadas en el área de Caipipendi que agrupa Margarita, Huacaya, Itaú e Incahuasi.
Repsol Bolivia ya inició los trámites de licitación para ampliar su planta de procesamiento y en los próximos meses hará una gestión similar para la perforación de nuevos pozos.
En el caso de la francesa Total, tiene previsto iniciar de forma oficial la perforación exploratoria del pozo Aquio X-1001, en la localidad de Caparicito, Repsol Bolivia pretende incrementar su actual producción de dos millones de metros cúbicos diarios de gas (MMmcd) a 14 millones.
El ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, sostuvo que estas inversiones están contempladas dentro de los contratos suscritos con el Estado boliviano. Vincenti afirmó que en la medida que se desarrollan los campos, las reservas de gas se incrementan y se cuantifican de mejor manera.
El más importante compromiso del gobierno boliviano es lograr el fluido de gas suficiente para abastecer al futuro gasoducto del nordeste que alimentará en futuro próximo a Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe.
RSF APOYA A MORALES Y PIDE DESCLASIFICAR DOCUMENTOS DE DICTADURA EN BOLIVIA
ABC de España (www.abc.es)
"El Ejército debe someterse a las exigencias del acceso a la información", destaca RSF en un comunicado, en el que indica que rechazar "la petición realizada por un fiscal para acceder a parte de los archivos de las dictaduras militares constituye una escandalosa denegación de acceso a la información pública" La organización por la libertad de prensa afirma que apoya la iniciativa de Morales anunciada esta semana "para desclasificar los documentos del Ejército relativos a una época que se debe esclarecer y de la que periodistas y ciudadanos tienen derecho a enterarse".
RSF precisa que el fiscal Milton Mendoza declaró que se produjo una "obstaculización al proceso de investigación" durante su visita a los locales del Estado Mayor del Ejército en La Paz, en el curso de sus pesquisas sobre las 156 desapariciones ocurridas durante los regímenes militares del general Hugo Banzer (1971-1978) y el coronel Luis García Meza (1980-1981).
"Es imperativo que todos los países antes oprimidos por el Plan Cóndor (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) se doten de una legislación de acceso a la información, obligando así a sus instituciones militares a responder a las peticiones de la prensa, la justicia y las organizaciones de la sociedad civil", agrega RSF.
BOLIVIA EVALÚA CON DIRIGENTES POTOSINOS UN PREACUERDO CON CHILE SOBRE RECURSOS DE EL SILALA
Agencia EFE de España (www.google.com/hostednews)
El ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, se reunió hoy con dirigentes de la región de Potosí para discutir una nueva versión del preacuerdo que quiere firmar con el Gobierno de Chile sobre el uso de las aguas de la zona del Silala.
El ministerio de Exteriores informó en un comunicado que la reunión, que es la primera del año para tratar el asunto, se realizó en la localidad de Alota, en una provincia del departamento de Potosí, a invitación a la federación campesina regional.
El Silala es una región del suroeste de Bolivia, fronteriza con Chile, donde existen recursos hídricos que según el Gobierno de La Paz fluyen artificialmente a Chile, en tanto que la administración de Santiago sostiene que se trata de un río de curso internacional.
En las negociaciones realizadas el año pasado, ambos Gobiernos acordaron que las empresas de Chile paguen por el 50 por ciento del consumo de esas aguas, en tanto se aclare si son manantiales como sostiene Bolivia o un río como defienden las autoridades chilenas.
Sin embargo, los dirigentes de Potosí se han opuesto a la firma de un acuerdo en esos términos porque exigen que Chile reconozca que las aguas son exclusivamente bolivianas y las empresas de ese país paguen la deuda histórica acumulada desde 1908.
Según el comunicado de la cancillería boliviana, en la reunión de hoy se hizo "una explicación detallada de los alcances de la nueva versión preliminar" del preacuerdo que se pretende suscribir con Chile, si bien aún no ha difundido su contenido.
"Los movimientos sociales reunidos en esa comunidad prosiguieron con el análisis del mencionado documento y acordaron que en los próximos días harán conocer las determinaciones a las que hubieran arribado sobre el particular", agrega la nota.
La negociación sobre el Silala es uno de los asuntos establecidos en una agenda de trece puntos fijada en 2006 por los Gobiernos de los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Michelle Bachelet, de Chile, para mejorar las relaciones bilaterales.
BOLIVIA: DERECHOS INDÍGENAS Y LA CARRETERA VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE MOXOS
"La carretera que se pretende construir está ubicada en la parte central de Bolivia, atravesando y dividiendo el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro – Sécure TIPNIS y obviamente convirtiéndose en la forma de acceso al área, profundizando las posibilidades de mayor presión sobre el territorio que causaría la explotación indiscriminada de recursos naturales por parte de diferentes intereses".
Biodiversidad de Colombia (www.biodiversidadla.org)
La carretera que se pretende construir entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos de aproximadamente 306 kilómetros, forma parte del Corredor Este – Oeste de la Red Fundamental de Carreteras. La ruta está ubicada en la parte central de Bolivia, vincularía los departamentos de Cochabamba y Beni, atravesando y dividiendo el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro – Sécure TIPNIS y obviamente convirtiéndose en la forma de acceso al área, profundizando las posibilidades de mayor presión sobre el territorio que causaría la explotación indiscriminada de recursos naturales por parte de diferentes intereses a los que desde hace mucho tiempo estuvo sometido el Parque (petroleras, madereros, colonos del Chapare).
La ejecución de este proyecto está relacionada con la presencia en el pasado de actividades petroleras, ya que el recorrido de la ruta sería paralelo al límite oeste del Bloque petrolero SECURÉ sobre el cual el año 1994 el gobierno de Bolivia firmó un contrato con la empresa petrolera REPSOL otorgándole los derechos de explotación durante 30 años. Después de que REPSOL realizó la actividad sísmica de exploración, no continuó con la explotación y actualmente no hay actividad petrolera. Sin embargo, tal como lo señala la empresa Consultora Nacional – CONNAL – encargada de los estudios y diseños, entre los objetivos de la carretera se encuentra el “facilitar los estudios para la exploración y explotación de yacimientos petroleros y de otros recursos minerales”.
El TIPNIS está poblado por pueblos indígenas Moxeños, Yuracarés, Chimanes quienes viven en pequeños asentamientos vinculados a través de los ríos de la región y existen indicios de la presencia de pueblos indígenas aislados posiblemente Yuracarés y Yuquis. Estos territorios se mantienen desde la década del 90 a las presiones de asentamientos de colonizadores de la región del Chapare de Cochabamba que conformaron las Centrales de Colonizadores del Parque Isiboro Sécure. Pero en particular fueron afectados por las actividades de REPSOL a partir de 1994, que además de los impactos de la exploración petrolera (deforestación, contaminación por vertido de lodos y crudo, presencia y ruidos de maquinaria, …) cometieron infracciones a la legislación ambiental que afectaron los ríos, el bosque, las actividades económicas y culturales, y en general la vida de los pueblos indígenas y algunas poblaciones campesinas e incumplieron los mínimos compromisos ambientales y sociales acordados.
Durante el gobierno del presidente Evo Morales, en septiembre del 2006 mediante ley se declara de prioridad nacional y departamental la elaboración de estudios y construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. En agosto del 2008 se adjudican los estudios y construcción a la empresa brasileña OAS Ltda. y el 22 de agosto del 2009 se firma el Protocolo de Financiamiento del BNDES con la República Federativa del Brasil, en un acto realizado en la población de Villa Tunari en el Chapare con amplia participación de las Federaciones Campesinas del Trópico de Cochabamba
Con estas acciones el gobierno indígena del Presidente Morales, continuando con el modelo económico basado en la extracción de grandes volúmes de recursos naturales para la exportación y la construcción de megaobras de infraestructura (carretereras, hidroeléctricas) que faciliten e impulsen ese modelo extractivista, adopta la decisión de construir esta carretera y realiza acciones para llevarla a cabo. Sin embargo sólo al haberse anunciado que ya se cuenta con todo el financiamiento (préstamo del BNDES del Brasil que significa crecimiento de la deuda externa y la obligación de someternos a condicionamientos que favorecen a empresas constructoras e industriales brasileñas), se produjo la invasión del TIPNIS por parte de colonos quienes se enfrentaron con los pueblos indígenas, obligando a la participación policial, “El sábado 26 de septiembre un cultivador de coca perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas por armas de fuego en un enfrentamiento entre indígenas y campesinos asentados ilegalmente en el parque nacional Isiboro Sécure, un área protegida y una tierra comunitaria de pueblos indígenas Mojeños, Yuracares y Chimanes legalmente constituida”, “Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Policía incineraron cultivos de coca y más de 100 viviendas precarias de colonizadores asentados ilegalmente a lo largo de 40 o 50 kilómetros dentro del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en la provincia Moxos del departamento de Beni”.
A medida que avanza el proyecto los riesgos son crecientes, y es evidente que lo que hasta ahora se ha hecho desde las instituciones del estado es dar el mayor impulso a la ejecución de la carretera sin la participación de los pueblos indígenas del TIPNIS quienes serán los principales afectados por las decisiones que el gobierno boliviano va tomando sobre su vida, sin considerarlos. Sin que se realice la consulta previa e informada a los pueblos del TIPNIS el gobierno ha emitido la ley de declaración de prioridad nacional de construcción de esta carretera y se ha contratado el préstamo para realizar la construcción y a la empresa encargada de realizarla, vulnerando el derecho de los pueblos indígenas a conocer y decidir sobre su vida y las acciones que se realicen en su territorio y más aún cuando el objetivo principal de esta ruta es generar el desarrollo de actividades petrolera y minera.
Las estrategias de presión a los pobladores del TIPNIS para aceptar el proyecto y seguramente forzarlos a llegar a negociaciones en las que se ofrezcan compensaciones mínimas serán crecientes, es por eso que los estudios de factibilidad, evaluación de impacto ambiental y diseño final han sido divididos en tres tramos. De acuerdo a la Administradora Boliviana de Carreteras, la consulta pública establecida por ley se ha realizado en los dos tramos que llegan hasta los límites del parque y aún no se conoce sobre la consulta en la zona crítica que corresponde principalmente al TIPNIS. Entonces, ¿se pretende forzar la aceptación de los pueblos del TIPNIS con la presión por la inminente construcción de los tramos que llegan hasta los límites de su territorio?.
Nuevamente, los derechos de los pueblos indígenas y en particular de los pueblos del TIPNIS están siendo vulnerados, no sólo por el avasallamiento de su territorio, invasión y amenazas permanentes de penetración de colonos de la zona del Chapare y valles cercanos para asentarse en el TIPNIS, con los posibles riesgos de enfrentamientos entre colonos e indígenas, quienes se encuentran alertas y preocupados por la seguridad de su territorio y su vida, sino también por la voracidad de los capitales petroleros, mineros, madereros y de quienes comercian con la biodiversidad, que son quienes están detrás de que en Bolivia se continúe con un modelo de subdesarrollo excluyente, depredador de la naturaleza, vulnerable a las crisis económicas, generador de concentración de riqueza y generalización de pobreza.
En este modelo extractivista del siglo XXI que el “proceso de cambio” ha decidido seguir, es decir, continuar con las prácticas en la economía del país de vivir de la renta y de acostumbrar a la sociedad a un modelo clientelar, viviendo de bonos, la construcción de infraestructura de carreteras es una de las formas más efectivas para incorporar los territorios al modelo y de abrir paso al extractivismo. Y, parece que también se ha definido, más allá de los discursos de los derechos de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas sean las víctimas y sufran todos los daños económicos, sociales y culturales sin contar con el derecho a la vida y a la existencia.
i El Corredor Este – Oeste de la Red Fundamental de Carreteras establecida mediante D.S. 25134 del 21 de agosto de 1999 forma parte del Eje Bioceánico del IIRSA, pero hasta ahora la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no es parte de la cartera de proyectos IIRSA. El Programa de gobierno 2010-2015 del MAS ratifica los Corredores de Integración del D.S.24135 como parte de su plan.
ii El TIPNIS fue creado el 22 de noviembre de 1965, y el 24 de septiembre de 1990 fue declarado Territorio Indígena mediante Decreto Supremo No. 2260 como resultado de las reivindicaciones logradas después de movilizaciones de Pueblos Indígenas de la Amazonía boliviana.
UE PIDE A BOLIVIA APROBAR LEY QUE IMPIDA USO DE RECURSOS PÚBLICOS EN PROCESOS ELECTORALES
Misión de observadores presentó en La Paz informe de conclusiones sobre comicios del 6 de diciembre.
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
La misión de observadores electorales de la Unión Europea (UE) recomendó hoy a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobar una ley que impida el uso de recursos públicos en los procesos electorales del país.
La rumana Renate Weber y el español José Antonio de Gabriel, presentaron hoy -en La Paz- un informe de conclusiones del trabajo que realizaron un centenar de observadores electorales que siguieron el proceso del domingo 6 de diciembre pasado.
Por otra parte, “es importante que exista una norma que prohíba difundir en los medios de comunicación cualquier tipo de propaganda institucional durante la campaña electoral", destaca el informe de la Unión Europea.
Otro elemento sugerido es la modernización del registro civil y que ingrese en vigor un documento único de identidad personal.
DETENIDO EL MARIDO DE UNA JOVEN DE 26 AÑOS DEGOLLADA EN ALMERÍA
Una mujer de 26 años de edad, que responde a las iniciales M.R.E., de origen boliviano, falleció hoy en su domicilio, en Almería capital, supuestamente a manos de su marido, J.S.I.M., de 31 años.
ABC de España (www.abc.es)
Una mujer de 26 años de edad, que responde a las iniciales M.R.E., de origen boliviano, falleció hoy en su domicilio, en Almería capital, supuestamente a manos de su marido, J.S.I.M., de 31 años, que fue detenido en el lugar de los hechos y que finalmente confesó ser autor de la muerte.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, sobre las 2.40 horas de hoy los servicios del 112 avisaron de la muerte de una mujer, cuyo cuerpo presentaba una herida inciso cortante en el cuello realizada por arma blanca, además de otras heridas inciso contusas en frente y cuero cabelludo.
Efectivos de la Policía Nacional y del Grupo de Homicidios, desplazados al lugar, encontraron en este domicilio de la calle Gonzalo de Berceo el cuerpo sin vida de la joven en el dormitorio conyugal, además de al marido y una hermana de éste, que fue la encargada de avisar y que advirtió de que los hechos habían sido producto de una riña familiar.
Testimonio escrito Tras hallar una carta manuscrita haciendo alusión a problemas de pareja, que podrían deberse a celos del marido, éste fue detenido y posteriormente reconoció los hechos. La pareja, sobre la que no constan denuncias previas por violencia se encontraba tramitando su situación regular en España. El subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés Heras, ha confirmado que la pareja tenía dos hijos pequeños , una niña de cinco años y un hijo de siete, que no se encontraban en el lugar del crimen cuando tuvieron lugar los hechos. Ambos se han quedado al cuidado de sus familiares, tras el arresto del padre.
Habría avisado a su hermana Según explicó, la mujer originaria de Pando, una región situada al norte de Bolivia, falleció pasadas las 02.40 horas por una herida inciso cortante en el cuello que le ocasionó su marido con una navaja tipo mariposa. Su cuerpo presentaba además, otras lesiones realizadas, al parecer, con una piqueta en la frente y el cuero cabelludo y heridas defensivas en la mano. Efectivos de la Policía Nacional y del Grupo de Homicidios, desplazados al lugar, encontraron en este domicilio de la calle Poeta Gonzalo de Berceo el cuerpo sin vida de la joven en el dormitorio conyugal junto al asesino confeso y su hermana. Conforme el relato del subdelegado del Gobierno, el asesino podría haber avisado a su hermana después de cometer el crimen. Ella habría alertado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras llegar al lugar de los hechos.
«Absoluta repulsa»
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL), junto con los miembros de la oposición, Subdelegación de Gobierno y la Diputación Provincial (PSOE) guardaron hoy un minuto de silencio a las puertas de Alcaldía en la capital para mostrar su más "absoluta repulsa", tal y como pronunció el regidor, por la muerte de la joven, la primera de la provincia fallecida en un caso de violencia de género este año y la segunda de Andalucía.
De esta forma, Rodríguez-Comendador «condenó» este tipo de actos y abogó por seguir «concienciando» a la población para denunciar los posibles casos de violencia de género así como a «seguir luchando y trabajando para acabar con este tipo de actos».
El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el crimen de Almería es un nuevo caso de violencia de género, por lo que ya suman cinco las víctimas mortales de esta lacra social en lo que va de año.
No comments:
Post a Comment