El salar de Uyuni es, con sus 12.000 kilómetros
cuadrados, el mayor desierto de sal del mundo. Está situado a unos 3.650 metros
de altura en el Departamento de Potosí, en el Altiplano de Bolivia, sobre la
Cordillera de los Andes. El Salar de Uyuni es la mayor reserva mundial de
litio, una materia prima que será fundamental para la producción de baterías
destinadas a abastecer los nuevos modelos de autos híbridos y los futuros
vehículos totalmente eléctricos. “Bolivia puede convertirse en la Arabia Saudí
del litio para las baterías eléctricas”, afirmó Jerome Clayton Glenn, director
del Proyecto Millennium de Naciones Unidas
Según el mandatario, esa producción
será la base para proyectar la instalación de la planta industrializadora de
litio donde se produzcan incluso baterías de litio. Las instalaciones están en
la localidad de Lipi, ubicada cerca en el salar de Uyuni, al sudoeste del país.
"Son pasos importantes y por
supuesto hay que ampliar. De laboratorio pasamos a planta piloto. Ahora nos
toca la gran industria y ahí queremos contar con expertos", dijo el
mandatario en un acto público realizado en la nueva planta industrial.
"Nos juntamos, Japón y Bolivia,
para hacer un Toyota japonés a litio, pero hecho en Bolivia. Eso he
planteado", dijo el presidente Morales durante su discurso, retransmitido
por la cadena de medios oficiales.
En agosto de 2012, una misión de la
compañía estatal japonesa de Petróleo, Minerales y Gas (Jogmec, por sus siglas
en inglés) visitó Bolivia y halló dificultades para extraer el litio que posee
el país en el salar de Uyuni.
El director del Departamento de
Tecnología de Minería y Metalurgia de Jogmec, Hideya Metsugia, dijo entonces
que hay "dificultad para separar el litio de los demás elementos" que
existen en el reservorio de Uyuni, uno de los mayores del planeta.
De acuerdo con el experto, el litio
que se extrae de las reservas que existen en el mar no tiene asociados otros
minerales como ocurre con la reserva de Bolivia. "Aquí es más concentrado
y hay que hacer más pruebas y más estudios para dividirlo (el litio) y
separarlo de otros elementos (químicos)", dijo el pasado año.
En marzo de 2012, la multinacional
japonesa Sumitomo expresó en La Paz su interés por desarrollar nuevos proyectos
mineros en Bolivia, incluyendo una eventual explotación de las ricas reservas
de litio que existen en la región andina.
La estatal japonesa había llegado en
noviembre de 2010 a un acuerdo con el gobierno de Bolivia para el desarrollo
conjunto de la extracción comercial de litio.
No obstante, el gobierno de Evo Morales,
que desarrollará las primeras fases de extracción del litio, mantiene en
carpeta propuestas de empresas surcoreanas, japonesas, chinas, brasileñas,
iraníes y venezolanas para un programa de industrialización del litio.
El litio es un cotizado metal que se
utiliza para la industria electrónica y la energía limpia. Bolivia posee un 70
por ciento de las reservas mundiales de litio con 100 millones de toneladas
métricas que se encuentran en 17.000 kilómetros cuadrados de los salares de
Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Chiguana, Empexa, Capina, Challviri y otros que
están en los departamentos de Potosí y Oruro, en el sudoeste de Bolivia.
BRUSELAS
ESPERA DE BOLIVIA UNA COMPENSACIÓN «IMPARCIAL Y JUSTA» A IBERDROLA «LO ANTES
POSIBLE»
Advierte
de que nacionalizaciones "frecuentes" de inversiones europeas en el
país andino "podrían dañar seriamente la percepción de las compañías de la
UE de Bolivia como destino de inversión".
La Razón de España
(www.larazon.com.es)
"El Gobierno boliviano tiene el
derecho a proceder a nacionalizaciones si lo desea. Pero recordamos la
necesidad de que Bolivia ofrezca una compensación imparcial y justa lo antes
posible en virtud del tratado de inversión bilateral firmado entre España y
Bolivia", ha explicado el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario,
John Clancy.
"Esperamos que haya una
solución acordada", ha insistido el portavoz comunitario, que ha admitido
que desde el punto de vista legal la disputa "es una cuestión entre una
compañía privada y el Gobierno boliviano".
El portavoz comunitario ha recordado
que "la UE está a favor de aumentar el comercio y la inversión con
Bolivia" pero ha dejado claro que "las frecuentes nacionalizaciones o
expropiaciones de compañías europeas envía una señal muy negativa a la
comunidad empresarial internacional, que busca estabilidad y predictibilidad
para sus inversiones en tiempos de incertidumbre económica".
"La última decisión del
Gobierno boliviano de nacionalizar inversiones europeas sigue a un número de
otras nacionalizaciones de compañías europeas en Bolivia en años
recientes", ha recordado Clancy.
El Ejecutivo comunitario ha
advertido por ello al Gobierno de La Paz de que estas nacionalizaciones
"podrían dañar seriamente la percepción de las compañías de la UE de Bolivia
como destino de inversión y lugar donde hacer negocios", ha explicado el
portavoz.
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, promulgó el pasado 29 de diciembre un decreto supremo por el que
nacionaliza las cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia "para que las
tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y
Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el
área urbana".
El propio decreto supremo que supone
la nacionalización contempla que un organismo independiente contará con 180
días para realizar una tasación del valor de la participación de Iberdrola en
las cuatro empresas nacionalizadas y determinar así la cantidad que deberá
abonar el Estado a Iberdrola a través de Ende.
El presidente de Bolivia ya
nacionalizó el pasado 1 de mayo las acciones que Red Eléctrica Internacional,
filial de Red Eléctrica Española, poseía en la empresa Transportadora de
Electricidad (TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de
compensación económica entre el Gobierno boliviano y la empresa española.
El Gobierno español lamentó la
nacionalización de las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola en un comunicado
del Ministerio de Exteriores el pasado 29 de diciembre y reclamó una
"justa" indemnización para los accionistas de las compañías
nacionalizadas.
La eléctrica española también espera
obtener "el valor real" de sus filiales en Bolivia, según explicaron
fuentes de Iberdrola a Europa Press cuando se anunció la nacionalización.
UE
RESPETA NACIONALIZACIONES EN BOLIVIA Y PIDE INDEMNIZACIÓN "JUSTA"
Spanish People de China
(www.spanish.people.com.cn)
El embajador de la Unión Europea
(UE) en Bolivia expresó hoy su respeto por las nacionalizaciones que ejecuta el
gobierno del presidente Evo Morales, pero consideró que lo más importante es
una "justa" compensación para las empresas inversoras.
El embajador de la UE en Bolivia,
Timothy Torlot, manifestó en declaraciones a la radio católica Erbol que la
nacionalización de las empresas de electricidad, Elfeo y Electropaz, de
capitales de la española Iberdrola, forman parte de la política del gobierno
boliviano.
Sin embargo, consideró importante
negociar con los inversionistas afectados.
"Sobre todas las
consideraciones es dar a las empresas españolas sus derecho de acuerdo a ley y
tomando en cuenta el ambiente económico del país, sabemos que esto forma parte
de la política del gobierno, pero insisto que lo importante es que la empresa
reciba su indemnización", señaló Torlot.
De acuerdo a datos preliminares
publicados en medios españoles, a Bolivia le costará cerca de 100 millones de
dólares la nacionalización de ambas empresa distribuidoras de electricidad,
donde Iberdrola tiene 89,5 por ciento del paquete accionario de Electropaz y
92,8 por ciento de Elfeo de Oruro.
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, decretó el 29 de diciembre la nacionalización de dos empresas de
energía eléctrica que eran administradas por IberBolivia, filial de la española
Iberdrola SA; Electropaz SA, de la ciudad de La Paz y Elfeo SA de la ciudad de
Oruro.
Además decretó la nacionalización de
la Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB) y la empresa de
servicios eléctricos denominada EDESER.
Según Morales, la nueva disposición
instruye a ENDE pagar el "monto correspondiente" a la empresa
IberBolivia de Inversiones por el paquete accionario que tiene en Electropaz,
ELFEO S.A., CADEB y EDESER.
El valor de las acciones a pagar
como forma de indemnización a IberBolivia de Inversiones será establecido en un
plazo de 180 días hábiles, a partir de la emisión del decreto, en el que
participará una empresa independiente que será contratada por ENDE.
De acuerdo con el decreto de
nacionalización, el pago será efectuado en territorio del Estado boliviano en
moneda nacional, al tipo de cambio oficial. El mandatario en mayo de 2012
expropió las acciones de la Red Eléctrica Española (REE) y de la Transportadora
de Electricidad (TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo
sobre su compensación económica.
La estatal Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) asumió el control de las cuatro empresas nacionalizadas en
representación del Estado boliviano.
Opinión
BOLIVIA
VA POR SU DÉCADA GANADA
Página 12 de Argentina
(www.pagina12.com.ar/diario/elmundo)
El mandato constitucional del “Vivir
Bien en Bolivia” tiene prisa. El gobierno de Evo Morales no ha esperado al
Primero de Mayo como viene siendo habitual en los últimos años para comunicar
una nueva nacionalización. La electricidad es un bien básico en el vivir bien
del pueblo, y como tal es tratada por la revolución democrática y cultural que
experimenta el país. Esta disposición no es ni mucho menos un acto aislado,
sino que conforma una estrategia estructural de responsabilidad a favor del
pueblo boliviano y de apropiación de los recursos propios. Hace unos meses fue
el turno de la Red Eléctrica Internacional SAU, subsidiaria de la Red Eléctrica
Española, en la Empresa Transportadora de Electricidad. Y esta vez le tocó a
cuatro filiales de Iberdrola: dos distribuidoras, una de servicios y un fondo
de inversión. De esta manera, Bolivia sigue en su política de apropiarse de
aquello que el pueblo necesita y que le fue expropiado en las décadas sufridas
neoliberales. En los años ’90, como fruto del Disenso de Washington, en pleno
apogeo de política monopolizada bajo el objetivo del pago de la deuda ilegítima
financiera a costa de mayor deuda social, los programas de desajuste y los
planes de desestabilización se dedicaron a “capitalizar” empresas públicas en
un modo bien perverso: las empresas públicas eran pseudo privatizadas a favor
de intereses particulares que sólo tenían que firmar una promesa de un futuro
aporte (50 por ciento) en una ampliación de capital. Así, en la cresta de esas
décadas perdidas, la transnacional española (completa contradicción) compró la
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, controlando los mercados y su
distribución en muchas ciudades importantes del país.
Esta política económica suena a
música lejana en tierras españolas porque su gobierno no concibe ninguna
decisión que repercuta a favor de las grandes mayorías. Mientras el eje de la
política implementada en la periferia europea es seguir pagando la deuda con la
imposición de un déficit mínimo en detrimento de la sanidad, la educación y de
cualquier servicio básico, el gobierno boliviano no se aleja de los problemas
de su pueblo y se ha dedicado a reducir pobreza y desigualdad, a controlar los
sectores estratégicos, a redistribuir el incrementado excedente económico y a
tener una política de precios justos con todos aquellos bienes que son
consumidos predominantemente por la mayoría de la población. Un ejemplo
categórico es el caso de la leche que, gracias a una política productiva
creativa y justa, ha conseguido aumentar el pago a los pequeños productores
reduciendo el margen de ganancia del monopsonio de la translatina peruana Pil y
manteniendo un precio estable fijo por litro de leche para el consumidor final.
Esto es una clara muestra del “sí se puede” siempre y cuando se desee
políticamente garantizar que el pueblo viva bien, buscando así los instrumentos
técnicos más factibles para ello. En el caso de la electricidad, el motivo de
la nacionalización era obvio: las empresas privadas poco se han preocupado de
las zonas rurales con población dispersa porque esto iría en contra de su única
obsesión, la obtención de una alta tasa de beneficio. Evo Morales no hace
Patria defendiendo los intereses de diez familias, sino que no le tiembla el
pulso si ha de acometer una nacionalización de esta envergadura a pesar de
pagar el alto peaje de tener en contra el eco mediático internacional. Los
tiempos son otros; Bolivia continúa el camino de su década ganada en un marco
regional favorable no sintiéndose solitaria frente a los poderes económicos
internacionales puesto que posee buenos y sólidos aliados en el progresista
continente sudamericano.
Por todo ello, no resulta anómalo
que en Bolivia, presidente y vicepresidente sigan teniendo una aprobación por
encima del 50 por ciento, mientras que en España, el último dato de Metroscopia
presenta un máximo de desaprobación para el gobierno y su casta política.
Menospreciar, desatender, no representar y divorciarse de su pueblo es lo que
tiene.
BOLIVIA
BUSCA EQUILIBRAR VENTAJAS Y BENEFICIOS CON LEY DE BANCOS
Radio
Internacional de China (www.espanol.cri.cn)
El gobierno de Bolivia espera
equilibrar los beneficios y las ventajas para bancos y clientes con la
iniciativa de la Ley de Bancos, denominada Ley de Servicios Financieros,
enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate
el año próximo.
El ministro boliviano de Economía,
Luis Arce, dijo que debe acabarse el "sometimiento" de bancos y
entidades financieras contra los ciudadanos, quienes al necesitar los servicios
financieros se ven forzados a aceptar las condiciones que imponen los
prestadores de estos servicios.
"Lo que se busca con esta nueva
Ley de Bancos es equilibrar el favoritismo en la vieja ley neoliberal que
favorece al oferente de servicios financieros en detrimento del que utiliza
esos servicios", agregó.
Recordó que la vigente Ley de
Bancos, todavía "neoliberal", tiene un sesgo hacia el cliente que
tenía que someterse prácticamente hacia la "dictadura" de quienes
ofrecen los servicios financieros.
Según el titular de Economía, la
medida legal busca otorgar todos los derechos del consumidor contemplados de
servicios financieros y ponerlos en la nueva ley.
"Esta nueva Ley de Bancos tiene
dos características fundamentales, una preservar la estabilidad macrofinanciera,
macroeconómica que tenemos y, en segundo lugar, mejorar los derechos de quienes
utilizan los servicios financieros en todas las instancias en nuestro
país", puntualizó Arce.
Dentro los principales pilares de
esta nueva medida legal que se encuentra en consideración de los banqueros y
empresarios, está el otorgarle al Estado la decisión de fijar tasas de interés
para créditos y depósitos.
Con esto se pretende obligar a los
banqueros a ofrecer un premio a los clientes que cumplen puntualmente sus
obligaciones de pagos de créditos.
También se establece que los Fondos
Financieros Privados (FFP) deberán convertirse en bancos múltiples, cuya
constitución jurídica será la de una sociedad anónima.
La Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (Asfi) reglamentará el proceso y plazo de adecuación a la
que deberán acogerse estas entidades.
Las entidades financieras deberán
destinar una parte de sus ganancias que obtengan cada año para tareas sociales,
principalmente para el desarrollo productivo en el área rural.
El gobierno emitirá un decreto para
que esta actividad sea cumplida por el sistema financiero.
Para que la gente tenga acceso a un
crédito en mejores condiciones de las entidades financieras, la Asfi
establecerá formatos y modelos de contratos para todas las operaciones que se
realicen.
REACCIONES
Analistas económicos están de
acuerdo en que se transparenten los contratos de crédito, con la finalidad de
evitar abusos por parte de las entidades financieras, ya que muchos ciudadanos
desconocen los alcances de las cláusulas en la "letra chica" de los
contratos al adquirir un crédito.
Pero también ven con cierta cautela
y susceptibilidad el hecho de que el Estado, a través de la Asfi, fije las
tasas de interés de créditos y depósitos, porque afecta a la competitividad.
Sobre estos temas, el presidente de
la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Kurt Koenigsfest, aclaró
que no conoce de forma oficial la norma y por ello no emitirá ningún criterio.
Señalo sin embargo que su sector
confía en el compromiso del Ejecutivo de que una vez que "exista un
proyecto perfilado y oficial, el mismo será de conocimiento del sector para
realizar un análisis".
El analista Armando Méndez manifestó
que los modelos y formatos de contratos que fije la Asfi en las entidades
financieras son una "buena idea".
Por su parte el economista Luis
Ballivián manifestó que los modelos de contratos que se vayan a aplicar
protegerán a los usuarios y planteó trabajar en la difusión de información
sobre sus derechos para los clientes.
AHORRISTAS
El proyecto de Ley de Servicios
Financieros establece la creación del Fondo de Protección al Ahorrista con el
objetivo de proteger a los clientes de las entidades de intermediación
financiera (bancos, financieras, cooperativas y mutuales) ante eventuales
quiebras.
Según la media legal, la entidad
estará financiada con recursos acumulados en el Fondo de Reestructuración
Financiera; los aportes de bancos, fondos financieros, cooperativas y mutuales;
el rendimiento neto de las inversiones del Fondo de Protección al Ahorrista; y
otros recursos provenientes de donaciones o transferencias definitivas
realizadas por organismos e instituciones privadas o públicas, nacionales o
extranjeras.
EX
ALCALDE DE HUANCANÉ, ULISES BIZARRO ESTÁ SE ENCUENTRA EN BOLIVIA
Los Andes de Perú
(www.losandes.com.pe/Politica)
“El ex alcalde de la Municipalidad
Provincial de Huancané, se encuentra en Bolivia, por invitación del Presidente
Evo Morales,” manifestaron los abogados defensores Edwin Quispe Vargas y Ronald
Lanza Valdivia; ambos, ex magistrados chiriwanos.
La versión de los colegiados
defensores del cuestionado ex alcalde, Ulises Bizarro Chipana, sustentaron que
la invitación del mandatario boliviano fue aprobada en Concejo Municipal y
desde el pasado 25 de julio, seguiría residiendo en el país altiplánico.
La coartada era motivo para
solicitar el cambio de Cesación de Prisión Preventiva y desestimar la orden de
detención y encarcelamiento que tiene a la fecha el entonces alcalde
huancaneño, dictaminada por las autoridades judiciales.
Como se sabe, el 25 de julio del año
2012, el Poder Judicial dictó prisión preventiva de 9 meses en contra del
alcalde por supuestamente haberse apropiado bienes donados por ADUANAS; desde
aquella fecha el alcalde se encuentra no habido.
Ayer, la Audiencia de Cesación
Preventiva, realizada en la Sala de Investigación Preparatoria de Huancané, se
realizó con más de 20 efectivos policiales. Allí, participaron los fiscales
Reynaldo Pandia Mendoza y Wilson Quispe Calla; el juez Nemecio Valdivia
Valdivia y la Procuradora Anticorrupción Marcia Candida Carreño. También
estuvieron los familiares de Bizarro Chipana.
No bastó el sustento de la defensa,
pues los magistrados, determinaron declarar infundada la petición de cambio a precautelatoria
por prevención preventiva y de esa manera, Bizarro Chipana, deberá ponerse a
derecho.
BOLIVIA,
ÚLTIMA CITA DE IBIZA AL DESARROLLO
Los
integrantes de esta entidad viajan a Atocha y a la Paz durante las fiestas de
Navidad
Ultima Hora de España
(www.ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias)
Varios socios de la entidad Ibiza al
Desarrollo viajaron durante estas fiestas de Navidad a la localidad boliviana
de Atocha ubicada en la región occidental del departamento de Potosí. Después
de recorrer 2.000 kilómetros, los integrantes de Ibiza al Desarrollo llegaron a
la localidad donde celebraron la fiesta de Navidad con los hijos de los mineros
de esta población, en la que conviven unas 5.000 personas.
En este encuentro, la organización
Ibiza al Desarrollo repartió regalos a los más pequeños, quienes mostraron su
infinito agradecimiento, según apuntaron desde la entidad.
Tras visitar Atocha, se dirigieron a
la Paz, localidad situada a 4.000 metros de altura, donde se reunieron con
varios integrantes de la Fundación Ichuri, organización con la que están
colaborando en varios proyectos y para tratar futuras ayudas.
Nuevos proyectos
Desde Ibiza al Desarrollo explicaron
que la Fundación Ichuri cuenta ahora con un restaurante cuyo personal estaba en
riesgo de exclusión social por motivos de drogadicción o abandono. Con el fin
de ayudar a niños, Ibiza al Desarrollo se trasladó a un barrio muy conflictivo
donde los más pequeños reciben maltrato, abusos y son obligados a trabajar a
una edad muy temprana. Por ello, en su visita, los integrantes de Ibiza al
Desarrollo organizaron una nueva fiesta donde repartieron más regalos y fueron
compensados con bailes típicos de la zona así como la interpretación de
numerosos villancicos.
Desde Ibiza al Desarrollo quisieron
mostrar su agradecimiento a todas las personas que colaboran en la causa «y que
están trabajando por hacer un mundo más justo» y destacaron de su viaje el
haber sido recibidos con «tanta alegría y entusiasmo».
«A pesar de la crisis seguimos con
más fuerza si cabe para ayudar a los más necesitados», sentenciaron desde Ibiza
al Desarrollo.
ABC de España
(www.abc.es/local-comunidad-valenciana)
El Instituto
Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC) presenta el
próximo lunes el largometraje documental "Tierra sin mal-Ivi Imarae" en el que la doctora
valenciana Pilar Mateo aborda el "Mal de Chagas", una enfermedad endémica que afecta a más de
diez millones de personas.
El documental sigue las investigaciones de Mateo en el Chaco
boliviano con su tecnología de micro encapsulación bio polimérica en
forma de pintura capaz de erradicar la Vinchuca, una chinche que transmite la
enfermedad, conocida como "Mal de Chagas".
Se trata de una enfermedad que diezma cada año a la población indígena
guaraní, en un entorno amenazado por el desarrollo de la industria
energética.
La producción ha sido dirigida por
Ricardo Macián y producida por General Video Productions, TV ON PRODUCCIONES y
Tarannà Films y su preestreno tendrá lugar en la sala García Berlanga del
Rialto a las 20:00 horas el próximo día 7 de enero.
El "Mal de Chagas", cuyo nombre proviene del médico brasileño que
la descubrió, Carlos Chagas, es una enfermedad parasitaria, causada por
la chinche llamada Vinchuca (Triatoma infestans), que afecta a más de diez
millones de personas, especialmente en las zonas pobres de Bolivia, Argentina y Paraguay, pero que también se ha extendido por diversos países
desarrollados, incluido España.
LA
INCÓGNITA DEL 10 DE ENERO
La
ausencia de Chávez en la toma de posesión dispara las dudas sobre si se
celebrarán o no nuevas elecciones. Los jueces serán los encargados de decidir
el régimen de sustitución ante la falta temporal del presidente electo
La Razón de España
(www.larazon.com.es)
Mientras el presidente Hugo Chávez
lucha por su vida, muchos ya empiezan a mirar al 10 de enero. Si el mandatario
no toma posesión en esa fecha, la fijada oficialmente, el paso normal sería que
el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, asumiera la presidencia de la
República y convocara enseguida elecciones. Pero si -como ya ha sugerido el
mismo Cabello- se aplazara la posesión del presidente en contra de la
Constitución, según la interpretación de muchos analistas, se ahondaría en una
situación de incertidumbre jurídica que podría dar pie a escenarios poco
tranquilizadores para Venezuela y, como consecuencia, para la estabilidad de
Iberoamérica. A partir del análisis que la ausencia del presidente Hugo Chávez
por razones de salud plantea, el abogado venezolano Manuel Rachadell explica a
LA RAZÓN que hay dos posible situaciones. La primera es la falta absoluta del
presidente. En este caso, la Constitución establece una nueva elección universal
a los 30 días siguientes y la asunción del presidente de la Asamblea Nacional
mientras se realiza la elección. La segunda opción es que el presidente electo
se encuentre imposibilitado de ser juramentado para el nuevo periodo, sin que
se haya producido o declarado la falta absoluta. En este supuesto «hay un vacío
normativo en la Constitución, en la cual no se prevé la situación de falta
temporal del presidente electo». El abogado explica que «como el Derecho no
admite vacíos, la Sala Constitucional del TSJ debe interpretar el régimen de la
sustitución en este supuesto y tendría dos vías de interpretación. Sería este
Tribunal el que declare si asume el vicepresidente Nicolás Maduro o Cabello».
Con la previsión de que esto ocurriría, el chavismo ya allanó el camino para
esta toma de decisión, purgando del tribunal a los jueces que les pudieran
resultar incómodos.
Con estas perspectivas, la gran
pregunta es: ¿hasta cuándo podría durar el retraso en la toma de posesión del
cargo? La respuesta jurídica es que la espera será «hasta que se produzca la
muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del TSJ o incapacidad
física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el
TSJ». En otras palabras, el poder quedaría en manos de estos jueces chavistas,
que pueden decretar que Maduro o Cabello gobiernen de forma indefinida, hasta
que oficialmente se inhabilite a Chávez.
A este respecto, la tensión crece
según se acerca el 10-E. Enfática fue la posición que asumió la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD). El secretario Ejecutivo de La Mesa, Ramón Guillermo
Aveledo, aseguró que «la Constitución establece un periodo constitucional de
seis años con posibilidad de reelección y no una presidencia por tiempo
indefinido. En caso de que el presidente electo no pueda acudir para la
juramentación por razones relacionadas con su enfermedad, se debe asumir lo
establecido en la Carta Magna con respecto a las faltas temporales». «Hacer
creer al país que el presidente está gobernando es una falta de seriedad que
alcanza niveles de irresponsabilidad, de abuso de su persona, de su nombre, así
como de todos los venezolanos (...) Los venezolanos necesitan tener la certeza
de que el Estado no está paralizado», sostuvo.
En el otro bando se encuentra uno de
los aspirantes a la sucesión, Diosdado Cabello, que afirmaba ayer, a través de
su cuenta de Twitter, que la oposición no puede hacer exigencias al pueblo
chavista. «@dcabellor Parte de los dragones de komodo creen que pueden hacerle
exigencias al pueblo chavista, ojalá no se equivoquen. Tristeza no es
debilidad», sentenció. Además, el presidente de la Asamblea Nacional aseveró
que el chavismo «tiene muy claro qué hacer», e instó a la oposición a centrarse
en sus propios planes. Los mensajes a través de las redes sociales están siendo
una de las claves para conocer cómo se posicionan los chavistas y su postura
respecto a la crítica situación que atraviesa Venezuela. Así, @dcabellor
asegura: «Información para los jefes de la oposición venezolana, los chavistas
tenemos muy claro lo que haremos, ocúpense de lo que harían ustedes», expresó
en otro mensaje difundido en la red social. La hoja de ruta ya está escrita y
para muchos podría ser interpretada como un golpe de Estado encubierto.
En este caso, existe el riesgo de
que la oposición salga a las calles, los chavistas también y el ejército quede
como mediador. El temor a los días de inestabilidad que se avecinan ha llevado
a la oposición venezolana a salir del segundo plano en el que se mantenía desde
que se conociera la operación de Chávez y ayer mismo el secretario ejecutivo de
la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo
Aveledo, tachó de «irresponsabilidad descomunal» los intentos del Gobierno por
defender que Chávez sigue en pleno ejercicio de sus funciones y ha exigido al
Ejecutivo que esté «a la altura» y «diga la verdad» sobre la salud del
mandatario.
La preocupación por la verdadera
situación excede las fronteras de Venezuela y llega hasta EE UU. En la primera
rueda de prensa del año, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria
Nuland, dijo que «si se da la circunstancia en la que él (Chávez) no puede
ejercer como presidente, queremos ver un proceso de transición acorde con la
Constitución de Venezuela».
VERSIONES CONTRADICTORIAS
Maduro asegura que ha visto a Chávez
con «la misma fortaleza de siempre»...
Las voces más autorizadas del
chavismo se empeñan en transmitir normalidad y tranquilidad sobre el estado de
salud de Chávez. En este sentido, El vicepresidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, afirmó ayer en una entrevista concedida a la cadena de televisión
panamericana TeleSur que ha visto en el mandatario «una fuerza gigantesca», al
tiempo que ha resaltado que ha afrontado su enfermedad «con la fortaleza de
siempre». Tras su visita a La Habana, aseguró que «he podido verlo en dos
oportunidades, conversar con él, y es consciente absolutamente del complejo
proceso posoperatorio. Además, nos pidió que mantuviéramos al pueblo informado
siempre con la verdad, por dura que fuera en determinadas circunstancias».
...mientras Evo Morales reconoce que
su estado es «muy preocupante»
Tal y como ha ocurrido desde que se
conociera que Chávez debía ser intervenido de nuevo del cáncer que padece, los
mensajes de apoyo del resto de mandatarios de Iberoamérica han sido constante
en los últimos días. El de ayer del presidente de Bolivia, Evo Morales,
resultó, en cambio, más preocupante que tranquilizador ya que aseguró que la
salud de su homólogo venezolano, Chávez, «es muy preocupante». El presidente
boliviano explicó en una rueda de prensa que ha hablado por teléfono con la
familia de Chávez, aunque matizó que por el momento no ha mantenido ninguna
conversación con Maduro. Además, fue más allá al añadir que «ojalá nuestras
oraciones, nuestros ritos puedan ser efectivos para salvar la vida del hermano
Chávez».
La
portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, los inscribió en un
acercamiento muto, impulsado por ambas partes, con el fin de recuperar la
normalidad diplomática entre los dos países
ABC de España (www.abc.com.es)
Estados Unidos confirmó este jueves
los contactos mantenidos por altos funcionarios de la Administración Obama con
el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro. La portavoz del
Departamento de Estado, Victoria Nuland, los inscribió en un
acercamiento muto, impulsado por ambas partes, con el fin de recuperar la
normalidad diplomática entre los dos países.
Nuland descartó que haya un interés
estadounidense en un particular traspaso de poder en el caso de incapacidad o
muerte de Hugo Chávez, pero advirtió que toda transición debería ser
constitucional. «No creemos que hay una solución made in USA para la
transición de Venezuela. Solo los venezolanos pueden tomar ese tipo de
decisiones», declaró. «Seguimos dispuestos a dialogar sobre varios temas de
interés mutuo, pero cualquier transición o sucesión deben ser constitucional y
decidida por los venezolanos».
ABC desveló que el embajador
venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton,
enviado por Maduro, llegó a visitar la Casa Blanca en diciembre para reunirse
con Ricardo Zúñiga, responsable para América Latina en el Consejo Nacional de
Seguridad. Por su parte, el propio Maduro conversó por teléfono en noviembre
con la subsecretaria para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado,
Roberta Jacobson, como ella misma después ha confirmado. En esos contactos, en
los que también ha participado Kevin Whitaker, «número dos» de Jacobson, se ha
tratado entre otros asuntos del regreso a Venezuela de la DEA, agencia
estadounidense de lucha contra la droga. Ambos países confían con llegar al
intercambio de embajadores.
Nuland no quiso entrar en detalles.
«Obviamente conversamos con venezolanos a lo largo del espectro político, como
lo hacemos en todos los países del mundo», indicó. Con ello intentaba quedar al
margen de cualquier lucha interna en el seno del chavismo, las gestiones hechas
ante Washington tanto por Maduro como, de modo indirecto, Diosdado Cabello,
presidente de la Asamblea Nacional.
La posición oficial estadounidense,
en cualquier caso, es de favorecer que la Constitución venezolana sea
respetada, ante posibles intentos del oficialismo chavista de utilizar la Corte
Suprema para aplazar la fecha en la que Chávez debería tomar posesión, ya que
el texto constitucional menciona expresemante el 10 de enero.
Se trataba de la segunda jornada
consecutiva que en la diaria rueda de prensa del Departamento de Estado las
autoridades estadounidenses se referían a las relaciones con Venezuela y
abordaban un próximo futuro sin Hugo Chávez al frente de ese país.
LOS
RIESGOS DE "DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA"
Aunque
la consigna fue lanzada de manera confusa e imprecisa, las reformas sobre el
sistema judicial que alienta el Gobierno amenazan con someter a los jueces al
poder político
La Nación de Argentina
(www.lanacion.com.ar)
Al arrojar al ruedo políticola idea de "democratización de la Justicia", el
Gobierno volvió a jugar a su juego favorito: apropiarse de un ideal
atractivo (como lo fuera, en su momento, el de "democratizar la
palabra"), para luego acometer una reforma que amenaza al mismo ideal
invocado.
En el caso de la democracia
judicial, dados todos los gestos que siguieron a aquella invocación, el riesgo
parece obvio: impulsar reformas destinadas a someter a la Justicia al poder
político. De todos modos, en este caso más que en otros, la postura del
Gobierno aparece especialmente confusa y poco articulada. Por la tanto, tiene
especial sentido examinar críticamente algunos de los caminos y riesgos que el
Gobierno tiene abiertos frente a sí en la materia, ya sea que
"democratizar la Justicia" signifique impulsar la elección popular de
los jueces, asegurar la diversidad judicial, organizar el juicio por jurados o
fomentar el populismo penal.
Impulsar la elección popular de los
jueces. Tal como se la ha presentado, esta idea (duramente criticada por el
juez Zaffaroni) resulta dependiente de la misma y conservadora concepción de la
democracia defendida por el Gobierno en otros frentes. Según esta concepción,
la legitimidad democrática depende exclusivamente de la victoria electoral. Por
eso, en la esfera política, exige a los que tienen quejas que esperen su turno
hasta las próximas elecciones; o que organicen su propio partido político, si
es que no lo tienen, para ganarlas entonces. La democracia, según el relato
oficial, es un hecho episódico, que depende de elecciones que se celebran cada
cuatro años. Esta pobre idea de la democracia es la misma que ha utilizado el
Gobierno para sugerir una primera aproximación a la idea de "democratizar
la Justicia". Se debe lograr, entonces, "que los jueces también se
sometan a elecciones". Otra vez, para el oficialismo, democracia es igual
a elecciones. Para quienes partimos de una visión diferente de la democracia
-por caso, una visión más dialógica- la postura oficial sobre el tema nos deja
apenas en la puerta de entrada del problema. Y es que, si existe una
desvinculación entre ciudadanos y jueces, la elección inicial de los jueces
poco se ocupa del problema real. Lo que importa, en verdad, es qué hacer el día
después -y todos los días que siguen al día después- de que los jueces son (por
quien sea) elegidos. ¿Cómo hace el ciudadano para dialogar con sus jueces?
¿Cómo se les hace saber el peso de ciertos reclamos? ¿Cómo les reprocha su
conducta y se les sugiere caminos de decisión alternativos? ¿Cómo establece
puentes de comunicación con ellos?
La elección de los jueces no sólo
agrava ciertos problemas (la protección de las minorías impopulares), sino que
no resuelve los más importantes (suturar la distancia que suele existir entre
jueces y ciudadanía desde el momento en que los jueces son designados), a la
vez que genera riesgos inaceptables: piénsese en lo que ocurrió en Bolivia
luego de que la nueva Constitución de 2009 estableciera la elección de los
jueces por el pueblo; hoy, los bolivianos pueden elegir. sólo entre los
candidatos a jueces que el partido dominante les ofrece. La minoría no puede
ofrecer como candidato ni siquiera a uno.
Asegurar la diversidad judicial. Una
mirada más interesante sobre la democratización judicial es la que exige que se
incluyan en la Justicia la misma diversidad de voces, miradas y concepciones
ideológicas que distinguen a la sociedad toda. Quienes defendemos esta postura
celebramos en su momento el famoso decreto 222 (destinado a promover la
diversidad dentro del Poder Judicial), como repudiamos luego que el Gobierno lo
dejara de lado para tomar como regla la defensa de jueces de vergüenza (¿hace
falta dar nombres?), el ansioso intento de imponer a candidatos impensables
(como el firme candidato oficial para el cargo de procurador) o la descarada
impugnación de cualquier juez que no apareciera como defensor del oficialismo
en sus fallos.
Es demasiado largo el camino que se
recorrió desde entonces: de la promesa de diversidad inicial a la acusación de
"golpismo" o de "alzamiento", lanzada frente a cualquier tribunal
capaz de opinar de modo distinto del Gobierno. Quienes, críticos del
oficialismo, estamos preocupados por la exclusión en todos los niveles (también
en el nivel judicial) y valoramos la protesta en las calles, se trate de los
marginados o de los caceroleros más acomodados (del mismo modo en que no
pensaríamos nunca a los "saqueadores" como "delincuentes que
roban plasmas"), la pregunta que nos hacemos es otra, vinculada con las
razones de la exclusión social, o lo que es lo mismo, las razones por las
cuales el poder sigue concentrado en una minoría.
Organizar el juicio por jurados.
Otra visión de la democracia judicial es la que impulsa el juicios por jurados.
Se trata, en este caso, de un mandato constitucional incumplido desde hace más
de 200 años, que sólo por esa razón merece ser honrado. De todos modos, sobre
la materia convendría evitar indebidos entusiasmos: tal como la concibe el
poder, esta reforma resulta algo insulsa. Se trata de autorizar a la ciudadanía
a decir "sí" o "no" frente a las pruebas reunidas contra
algún acusado, pero nunca de permitirle al pueblo que reflexione en torno al
derecho de fondo. La mayoría de los que proponen esta reforma asumen que la
ciudadanía no está capacitada para pensar sobre el derecho sustantivo, que sugieren
dejar exclusivamente en manos de lejanos "especialistas".
Fomentar el populismo penal. Para
muchos oficialistas, democratizar la Justicia significa convertirla al
populismo penal, populismo con el cual el kirchnerismo ha coqueteado en un
primer momento. El populismo penal es la concepción que propone subir las penas
"porque lo pide la gente"; el que mantiene a los procesados presos
"porque es el reclamo de la gente"; el que se queja -como lo hiciera
la Presidenta, justo el día de los derechos humanos y a propósito del fallo del
caso Marita Verón- porque "jueces sin responsabilidad dejan en libertad a
personas que vuelven a delinquir". Este populismo penal es repudiable,
entre otras cosas (otra vez) por la conservadora visión de la democracia de la
que parte. Es curioso, porque apela todo el tiempo a "lo que quiere la
gente", pero nunca le pregunta nada a "la gente" a la que
invoca, ni acepta ser interpelado, ni admite ser cuestionado por "la
gente" en nombre de la que habla. Quienes vemos a la democracia como
diálogo, jamás aceptaríamos posturas semejantes, sobre todo porque no
llamaríamos "democrático" a lo que claman las víctimas luego de un
crimen; o a lo que prefieren muchas personas indignadas, según los resultados
de alguna encuesta.
La democracia es otra cosa: la
democracia no debe confundirse con el mercado, ni las cuestiones de justicia
con los resultados de una encuesta, como si se pudiera hablar de justicia como
hablamos de marcas de jabones. Tomar la democracia en serio requiere dejar de
lado el marketing, la propaganda y las encuestas de mercado, para optar, de una
vez, por la inclusión de los oprimidos y el diálogo (también judicial) con los
que piensan diferente.
Ecuador, en la ruta para el paso de
cocaína hacia EE.UU y Europa
El narco vivía en una zona exclusiva
en el Valle de Cumbayá (afueras de Quito) y para capturarlo actuaron 60
policías de cuerpos élite. Juan Carlos Calle Serna fue arrestado el 15 de marzo
y deportado a su país al siguiente día. No es el único cabecilla de organizaciones
criminales detenidos en el Ecuador. También se apresó, por ejemplo, a John
Jairo Vasco, uno de los más buscados de Colombia. Pero ¿quién era Calle Serna?
Pertenecía a Los Rastrojos, una mafia que en Colombia controla las dos terceras
partes de la droga que se produce allí y se exporta a los mercados de consumo
de EE.UU. y Europa. Informes de Inteligencia señalan que desde ese país las
mafias usan al menos ocho pasos ilegales en Esmeraldas y que a través de estos
trafican drogas y armas. El propio Gobierno reconoció que en la frontera entre
Ecuador y Colombia operan mafias identificadas con el crimen organizado,
narcotráfico, paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). Allí
está “el más grave problema de seguridad que tiene el país; es una frontera
caliente”, dijo el presidente Rafael Correa. Hasta inicios de diciembre, la
Policía Antinarcóticos había capturado 42 toneladas de droga. Es decir, 16 más
que en el 2011. El ministro del Interior, José Serrano, señaló que el
cargamento ilegal incautado en el 2012, las capturas de supuestos
narcotraficantes y las intercepciones aéreas son “ejemplos de la efectividad de
la lucha contra el delito”. Pero en el caso de la aeronave que el 13 de mayo se
accidentara en Pedernales (Manabí) con USD 1,3 millones en su interior, la
alerta la dieron radares militares de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). En
Ecuador, hasta el cierre de esta edición, los radares comprados a China aún no
funcionaban. Esto ocurría pese a que el contrato para la compra, que se formalizó
el 8 de junio del 2009, se hizo por emergencia. Es más, la Fiscalía sostuvo que
la Fuerza Aérea no permitió ver estos aparatos, que sirven para detectar
aviones ilegales como el que aterrizó en noviembre en la vía Santa
Elena-Guayaquil. Ese aparato, supuestamente, llegaba para llevarse alcaloides
que se encontraba por la zona. En el caso de Pedernales, la nave tenía
matrícula mexicana y los tripulantes portaban documentos que indicaban ser de
Sinaloa. Sin embargo, altos oficiales de la Policía señalaron que en el país no
existen estructuras establecidas de ese cartel del narcotráfico. Pero un
informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que ese grupo
delictivo tiene influencia en al menos 15 países de América. Y en el mapa aparece
Ecuador. A finales de diciembre, el Gobierno publicó el último estudio de la
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) en el que se
señala que aquí existe menos del 0,04% de cultivos de coca, de 51 100 hectáreas
registradas en la región. Según el oficialismo, esas cifras ubican al país en
el “tercer lugar en cuanto a efectividad en la lucha contra el comercio
ilegal”. El documento revela además que en el mundo existen 18 890 laboratorios
de procesamiento de hoja de coca y pasta base de cocaína. De esa cifra, el
97,5% está en Latinoamérica y el 0,03% en Ecuador: 13 centros. Pero Naciones
Unidas también indica que Ecuador se encuentra en medio de la ruta de la
cocaína. Estados Unidos, Europa y Oceanía son los principales mercados de este
narcótico, según el Informe Mundial de Drogas 2012, revelado por la ONU en
junio. El mapa del desplazamiento de esta droga ilegal muestra que el mercado
de Estados Unidos se provee “casi exclusivamente de cocaína producida en
Colombia”, mientras que el de Europa “compensó la escasez” de la coca de
Colombia con la “fabricada en Bolivia y el Perú”, dice el informe. ¿Eso libera
al Ecuador del tráfico de cocaína? El Director del Centro de Estudios de
América Latina de la U. de Miami, Bruce Bagley, sostiene que la ubicación
geográfica involucra al país en el fenómeno. Y asegura que los carteles
mexicanos compran droga directamente de los productores. “Lo que sale por
Ecuador es la cocaína colombiana. Compran los cargamentos ilegales a los grupos
colombianos que negocian en el país, a las Águilas Negras, a Los Rastrojos y a
las FARC”. En el caso Resurgir, en donde un coronel de la Policía está
sentenciado por drogas, quien estuvo como cabecilla fue un mexicano a quien lo
conocían con el alias de ‘El Charro’. En Ecuador se movía con la fachada de
comerciante de mariscos y usó tres nombres. En la audiencia de sustentación y
formulación de dictamen de este caso, la Fiscalía lo ubicó como el “financista
extranjero” de una red de narcotráfico. Dos ecuatorianos que presuntamente
están vinculados a esta red están detenidos y sus casos siguen en los juzgados.
FF.AA. Cambio en las tareas de los soldados Este año, los militares recibieron
pedidos directos del Gobierno para que combatan el narcotráfico y el crimen
organizado. Pero, por ejemplo, el ex juez español Baltasar Garzón, que en el
país vigila la reforma judicial, no aconsejó esa medida. La Constitución (art.
158) señala que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa
de la soberanía y la integridad territorial. Mientras que para la protección
interna y el mantenimiento del orden público se determina como responsable a la
Policía. A finales de año, el Gobierno presentó un informe del 2011 que fue
levantado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y
señaló que en el país existe menos del 0,04% de cultivos de coca. Droga Las
incautaciones aumentan en el país El Gobierno habla de efectividad de la
Policía y que por eso en los últimos cinco años, los agentes se han incautado 211
toneladas de droga a escala nacional. Sin embargo, investigadores encubiertos
señalan que los decomisos han aumentado porque los narcos también buscan más
rutas para sacar la droga por Ecuador. El fiscal general, Galo Chiriboga,
incluso dijo que varios descubrimientos (de droga) obedecen a ‘chivatazos’, a
datos que vienen de grupos contrarios (a los investigados) y que no tienen
necesariamente un proceso de investigación. Pero Javier Córdova, viceministro
de Seguridad Interna, indicó que los logros en temas de droga se deben, “en
gran medida, a políticas públicas adecuadas”.
ENTREVISTA
Carteles querían instalarse en el
país
¿Cómo está el Ecuador en el tema de
lavado? Ya denuncié en su momento cómo miembros de carteles mexicanos,
especialmente el de Sinaloa, habían hecho intentos de armar una estructura que
les sirva para, desde aquí, proyectar cargamentos de cocaína hacia Estados
Unidos y Europa. Uno de los mecanismos de esos carteles es penetrar los
gobiernos y las entidades policiales. Luego de que en mayo pasado se estrellara
una avioneta en Pedernales (Manabí) usted habló de un incremento de la
actividad del narcotráfico, ¿en qué se basó para decir eso? Lo hice por lo que
mencioné antes de los carteles y la proximidad con Colombia y Perú. Pero hay otro
elemento. En estos momentos América Latina ha pasado a ser la tercera zona del
mundo que más consume droga. Después de la avioneta de Pedernales se
presentaron otros hechos
¿Cómo interpretar aquello?
El caso de la avioneta encontrada en
Santa Elena debió investigarse más a fondo, porque ese es un hangar con una
infraestructura más o menos costosa que no estaba bajo la custodia ni siquiera
de un guardián y que pertenece a una familia de empresarios de Guayaquil.
¿No se ha investigado?
Debían investigarse posibles vinculaciones.
Creo que si la población no es incorporada a la lucha contra la droga y lavado
es muy difícil que solo con medidas policiales se pueda resolver estos
problemas agudos.
¿Cómo se puede controlar y prevenir
el lavado?
Se debe mantener una vigilancia más
efectiva sobre las empresas que existen en el país y determinadas áreas de la
economía que, de mi experiencia, resultan ser, en estos momentos, más proclives
a ser utilizadas para el lavado de dinero. Allí están, por ejemplo, los sectores
de la construcción y el de comercialización de vehículos.
Punto de Vista
John Marulanda Experto colombiano
Las FARC tejieron redes para
traficar Ecuador, al estar flanqueado por los dos principales productores de
cocaína del mundo, Colombia y Perú, tiene que jugar necesariamente un papel en
la dinámica delincuencial. Así el Gobierno ecuatoriano trate de minimizar este
hecho, la realidad es que las diferentes agencias de Inteligencia dedicadas al
monitoreo de los asuntos del narcotráfico, en los últimos tres años han venido
señalando al Ecuador como un punto de encuentro y un sitio del lavado de
dinero. De modo que es imposible tratar de negar lo que está sucediendo en el
Ecuador con el narcotráfico. El principal factor para que se llegue a este escenario
es, sin duda, la presencia de la guerrilla de las FARC en la frontera común.
Aunque en los 11 años que llevo visitando la zona, es la primera vez que veo
realmente una presencia militar ecuatoriana, la realidad es que el Gobierno
ecuatoriano llegó tarde a la frontera. Allí, las FARC han colonizado y creado
redes de apoyo, de logística, de simpatizantes, de Inteligencia, que les
permiten traficar la cocaína que se produce en el Cauca, Nariño, Putumayo y
Amazonas. Otro factor es que se trata de un país con una economía dolarizada,
lo que facilita mucho el lavado de activos. Y esto lleva a un tercer factor: ha
sido un Estado con una generosidad migratoria muy grande, que ha permitido la
llegada de los colombianos y, en especial, de los carteles mexicanos, que han
convertido al Ecuador en su centro de negocios. Los mexicanos, con el apoyo de
las FARC, son los que controlan la actividad de la droga. Los propios altos
mandos de la Fuerza Pública ecuatoriana han declarado sus temores porque el
tráfico de drogas pudiera rebasarlos. Considero que esto se puede superar con
la cooperación internacional. Y creo que con la decisión gubernamental de
cerrar la Base de Manta se quitó un frente muy importante.
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