Desde 2006
Bolivia es líder en la defensa y reivindicación de los pueblos y las culturas
indígenas en su territorio y en el mundo. Fue uno de los grandes impulsores del
Año Internacional de las Lenguas Indígenas y actualmente busca que el año se
convierta en década. Además, trabaja en la creación de un instituto de lenguas indígenas
y, a nivel nacional, ha lanzado una aplicación móvil de sus idiomas
originarios.
“En aquellos
tiempos no eran reconocidas las naciones indígenas originarias como tal, más
bien estaba prohibido que habláramos la lengua e
inclusive que fuéramos a la escuela. Era un sufrimiento en Bolivia, nos habían
discriminado tanto hasta que nos hicieron avergonzar de nuestro propio idioma,
de nuestra vestimenta y de nuestra forma de ser. Nos alienaban a un sistema
distinto de vivir que venía de las costumbres españolas, no sé de qué parte.”
Así recuerda
su infancia y adolescencia Félix Ajpi, boliviano aymara de 63 años.
Sus padres
eran de la provincia Ingavi, en el altiplano boliviano, pero debieron migrar
por motivos políticos y de sequías en su región a zonas bajas del país, donde
tuvieron que convivir con otras lenguas, por lo que el idioma de comunicación era el español. Cuando Félix
tenía 9 años, la familia regresó al pueblo de origen y Félix empezó a ir a la
escuela. Ahí aprendió aymara, pero no porque se lo enseñaran en clases ya que los maestros generalmente no pertenecían a los pueblos originarios
y no les interesaba que los niños no entendieran o que hablaran sus lenguas,
sólo imponían el español con libros y otros materiales que no eran adecuados
para las comunidades donde enseñaban.
“Por
ejemplo, en nuestras comunidades no sabíamos del pastel y nos enseñaban ´comer
pastel´, no teníamos la menor idea de lo que era un pastel”, dice.
Cambios radicales
Actualmente,
esta situación ha cambiado… “Radicalmente, sobre todo a partir de 2005. Hemos
batallado tanto para tener el poder político. Las 36 naciones ahora nos
concentramos en cinco grandes organizaciones en un pacto de unidad que controla
el poder político, obviamente con la participación de los obreros y de la clase
media. Son 13 años de batalla,
ahora es obligación saber necesariamente por lo menos un idioma originario para
estar en la función pública. Un ministro, un viceministro tiene que saber
aunque no tenga un origen indígena, tiene que saber”, subraya.
Félix Ajpi
es hoy secretario de Desarrollo Productivo de la Confederación Sindical de
Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia y observa con satisfacción
los cambios en marcha en su país.
“Hoy en día,
las 36 lenguas originarias en Bolivia son idiomas oficiales. En Bolivia se tiene que hablar y enseñar inicialmente en la lengua originaria.”
Félix tiene
hijos que, al igual que él, aprendieron el aymara después del español, cuando
ya habían crecido. En cambio, sus nietas sí hablan esa lengua porque se les
enseña en la escuela.
Esta
reivindicación es motivo de orgullo,
pero Félix aclara que las lenguas originarias se hablan para la identificación
de los valores culturales, mientras que la comunicación a nivel
intercomunitario es en español.
Presidente indígena
Con la
llegada de Evo Morales, un indígena aymara a la presidencia en 2006, Bolivia transformó su constitución republicana en un Estado Plurinacional
y asumió un papel de liderazgo en la defensa y reivindicación de los pueblos y
las culturas indígenas, comenzando por los 36 pueblos originarios que viven en
su territorio, que empezaron a ejercer sus derechos, entre ellos a hablar sus
lenguas con libertad.
Bolivia es
el país de América Latina con mayor proporción de población
indígena. Según el censo de 2001, el 62% de los bolivianos era
parte de algún pueblo originario; sin embargo, para 2012 sólo el 41% de la
población mayor de 15 años se autoidentificó como indígena, una cifra que
suscitó dudas debido a la gran disminución con respecto a la registrada apenas
un decenio antes. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno podría ser
la migración a las ciudades y la pérdida de la lengua,
señalan los expertos.
Para
proteger a las naciones indígenas, Bolivia ha implementado en los últimos 13
años una serie de transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales,
ambientales, jurídicas y normativas que, entre otras medidas, incorporaron las 36 lenguas originarias a la Constitución Política
del país, lo que implicó una reforma de las leyes educativas y la creación del
Instituto Plurinacional de las Lenguas Indígenas.
Freddy
Mamani Machaca, jefe de la Unidad de Coordinación para la Diplomacia de los
Pueblos y los Pueblos Indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Bolivia, considera, sin embargo, que el trabajo apenas comienza.
“Cuando
muere un idioma indígena, lamentablemente mueren los saberes, conocimientos, la
cultura, las formas de organización, las formas de transición, los conocimientos
sobre semillas, que son fundamentales para los pueblos indígenas. En ese
sentido, estamos trabajando intensamente con todas las instituciones del
Estado, con las organizaciones del Pacto de Unidad, que son cinco
organizaciones a nivel nacional que reúnen a las 36 naciones indígenas
originarias, campesinos interculturales de nuestro país, trabajando fuertemente
para conservar a través de planes, programas y proyectos sobre la
institucionalidad de las lenguas indígenas”, apunta.
En Bolivia
viven 36 pueblos indígenas, cada uno
con su idioma propio, aunque tres de ellos están en peligro de
extinción y forman parte de programas especiales de rescate. Las lenguas más
habladas son el quechua, el aymara y el guaraní.
La tecnología al servicio de las lenguas indígenas
A la par de
los cambios superestructurales, la reivindicación y protección de los idiomas
originarios utiliza métodos innovadores,
como una aplicación para teléfonos móviles de
lanzamiento reciente.
“Esta
aplicación es inicialmente para idiomas que tienen que ver con la cantidad de
integrantes de los pueblos indígenas: el aymara, el quechua, el guaraní y el
mojeño trinitario, además del uru, cinco lenguas que están incorporadas en esta
aplicación móvil para seguir contribuyendo a la riqueza, a las formas de
hablar, de escribir y de interpretar las cosas. No es lo mismo hablar en
quechua, en aymara, en guaraní o en uru que en español. Una palabra tiene un montón
de sentidos, de acuerdo con la significancia del tiempo y del lugar”, apunta.
Mamani
agrega que la intención es que para fin de año la aplicación
comprenda unas 20 lenguas indígenas.
Por el
momento, la están utilizando los funcionarios servidores públicos de las
instituciones que tienen que ver con la educación, después se ampliará a las
academias y más tarde se aplicará en los centros de formación de docentes y con
los estudiantes.
“Avanzaremos
poco a poco con los estudiantes, con los maestros, con los padres de familia
para que sea integral la comprensión y la importancia de esta aplicación móvil
de lenguas.”
Esto no
quiere decir que la aplicación esté restringida, “está abierta incluso para
médicos que entran a las comunidades para hacer algunas preguntas básicas, para
el turismo, va a servir para todas las
instancias que así lo requieran para comunicarse con los
pueblos indígenas.”
Por un decenio internacional
Pero el país
andino no ha detenido su labor a favor de los pueblos autóctonos en el plano nacional,
sino que la ha llevado a la esfera mundial. Junto con Ecuador, Bolivia fue uno
de los grandes impulsores del proyecto que culminó con la proclamación del Año
Internacional de las Lenguas Indígenas en la Asamblea General de la ONU y ahora
aboga por una extensión de la iniciativa.
Freddy
Mamani explica que la proclamación el Año ha sido positiva, pero advierte su
insuficiencia.
“Bolivia y
el grupo de países amigos de los pueblos indígenas en la Asamblea General de la
ONU, vemos la necesidad de plantear un decenio internacional de las lenguas
indígenas en razón de que el año es insuficiente
para la recuperación, la preservación, la revitalización, para el fomento y
desarrollo de las lenguas indígenas. Necesitamos más tiempo, pero hemos tenido
una resistencia de los países fundamentalmente, entre comillas, desarrollados a
esta iniciativa, pero hemos visto tangiblemente que el Año Internacional de las
Lenguas Indígenas es insuficiente para cumplir los retos que nos hemos fijado.”
Un instituto de lenguas indígenas
Además, en
conjunto con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe, la Secretaría General Iberoamericana y los organismos de
cooperación, Bolivia impulsa la creación del
Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas.
“Lo
fundamental es que en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas tengamos
una instancia intergubernamental para la conservación, preservación, protección
y desarrollo de las lenguas indígenas en nuestra región de América Latina y el
Caribe”, enfatiza.
El mandato
es que el año concluya con una propuesta tangible y viable
para la implementación del Instituto, motivo por el cual la ciudad boliviana de
Santa Cruz es sede este 13 y 14 de junio de una reunión de alto nivel en la que
participarán representantes de gobiernos, instituciones, centros académicos y
de investigación y organizaciones de los pueblos indígenas de la región para
analizar políticas, programas y experiencias innovadoras, así como el uso de
los idiomas indígenas en medios de comunicación y tecnologías de la
información.
Con estas
discusiones, los países elaborarán el plan de acción para crear el Instituto,
que se presentará a los Estados y las instancias pertinentes antes de que
concluya el 2019.
Compromiso firme
De acuerdo con
datos de 2014 de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, en la región habitan más de 800 pueblos
indígenas y al menos la quinta parte de ellos ha dejado de usar activamente su
lengua. Más de 200 idiomas son hablados por menos de 10.000 personas y una gran
cantidad de ellos está en peligro de desaparecer, e incluso algunos idiomas
originarios con un número importante de hablantes están en proceso moderado de
reemplazo por un idioma europeo, además de que aumenta la interrupción de la
transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas.
El
compromiso de Bolivia con los idiomas vernáculos es muy sólido e involucra a
todas las instancias del Gobierno, pero también a la sociedad, como lo hizo
patente durante el acto de inauguración formal del Año Internacional de las
Lenguas Indígenas en la Asamblea General de la ONU el presidente Evo Morales.
En esa
ocasión, el mandatario boliviano pugnó por preservar la sabiduría y el
conocimiento ancestral de los pueblos originarios.
“Preservemos,
conservemos, revitalicemos y promovamos los idiomas indígenas existentes en el
mundo. Ellos son patrimonio de la humanidad”, puntualizó Evo Morales. (www.news.un.org/es/story)
PARAGUAY Y BOLIVIA FIRMAN LOS ACUERDOS PARA EL
GASODUCTO
En la instalación del Primer Gabinete Binacional
presidido por los mandatarios de Paraguay, Mario Abdo Benítez y Bolivia, Evo
Morales, se firmaron ayer en La Paz 15 acuerdos bilaterales, entre ellos, uno
para el gasoducto.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
En
coincidencia con el 84° aniversario del cese de hostilidades de la Guerra del
Chaco, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, visitó ayer la ciudad
de La Paz junto con sus 11 ministros, donde se conformó el Primer Gabinete
Binacional con Bolivia.
En el
encuentro se suscribieron 15 acuerdos oficiales bilaterales entre ambos países,
una declaración conjunta, así como la firma de seis acuerdos entre sectores
empresariales privados.
Entre los
convenios se destacan aquellos referentes a la construcción del gasoducto entre
Bolivia y Paraguay, así como acuerdos relacionados a infraestructura,
conectividad, seguridad, comercio fronterizo e integración regional.
Con relación
al gasoducto, el acuerdo establece la realización del estudio de
prefactibilidad para que en ocho meses esté el resultado, y entre ambos países
puedan buscar los inversores para su construcción, y que este concluya para el
2024.
En su
discurso, el presidente Abdo Benítez resaltó que esta es una semana histórica,
ya que nunca antes se había dado este trabajo entre secretarios de Estados,
ministros y el sector privado para avanzar hacia acuerdos de cooperación en
diferentes áreas, como medio ambiente, seguridad y defensa, conectividad, no
solamente física y de infraestructura, sino también tecnológica.
“Ese es el
mejor homenaje que vamos a dar a aquellos que dieron todo por defender a
nuestras naciones”, expresó Abdo Benítez.
Destacó
también la participación en La Paz de 47 empresarios paraguayos, que en la
rueda de comercio bilateral realizada este martes último alcanzó intenciones de
negocios por más de US$ 18 millones de dólares.
Por su
parte, Evo Morales expresó que la Guerra del Chaco se dio por “la codicia y la
ambición de intereses extranjeros que no dudaron de sacrificarnos”. Manifestó
que “fuerzas extranjeras nos arrojaron a una guerra estúpida, siendo ambos
países pobres y desvertebrados por entonces”.
En paralelo
a la Transchaco
El ministro
de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, informó que en Paraguay se
están haciendo grandes inversiones en la reconstrucción total de la Ruta
Transchaco, “que va a ser seguramente el espacio sobre el cual, en la franja de
dominio, iría ese gasoducto hasta las cercanías de Asunción”. Agregó que con el
resultado de los estudios en ocho meses, se puede hacer el llamado a licitación
y conseguir los inversores. “La capacidad del gasoducto es algo que se sabrá
recién luego de los estudios del potencial en el consumo del gas natural de
Bolivia”, expresó.
CANCILLER DESTACA BENEFICIOSOS ACUERDOS LOGRADOS
ENTRE PARAGUAY BOLIVIA
Agencia de Información Paraguaya (www.ip.gov.py)
El canciller
nacional, Luis Castiglioni calificó de histórica y muy beneficiosa la primera
reunión del Gabinete Binacional Paraguay-Bolivia y destacó los importantes
acuerdos rubricados tanto con el sector público como el sector empresarial.
El
presidente de la República, Mario Abdo Benítez arribó en la noche de este
miércoles a Asunción proveniente de La Paz, donde participó de la Reunión
Presidencial y primera sesión del Gabinete Binacional junto a su homólogo Evo
Morales.
En la
oportunidad, Castiglioni señaló que Paraguay y Bolivia cambiaron la historia y
decidieron estrechar la mano y caminar juntos a partir de ahora.
“Ustedes
saben que históricamente Paraguay y Bolivia siempre estuvieron espalda contra
espalda, pero a partir de nuestro acceso al Gobierno y la decisión del
presidente Evo Morales hemos decidido cambiar la historia. Los dos países hemos
resuelto decidido mirarnos cara a cara, estrechar la mano y caminar juntos”,
expresó.
Asimismo
remarcó que Paraguay y Bolivia establecieron una fuerte alianza estratégica
para aprovechar lo mejor que tiene cada país y caminar juntos a beneficio de
ambos pueblos.
El canciller
destacó además los 16 acuerdos firmados por el Gobierno paraguayo y boliviano y
otros seis documentos rubricados por el sector privado de ambos países. “Hemos
hecho un trabajo muy riguroso para que el sector privado de ambos países
acompañen esta iniciativa que hemos tenido”, agregó.
Entre los
acuerdos formalizados se destacan lo referente a la construcción del gasoducto
entre los dos países, así como los relacionados a infraestructura,
conectividad, seguridad, comercio fronterizo e integración regional, para
contribuir a potenciar el comercio y el desarrollo entre Bolivia y Paraguay.
En ese
sentido hizo hincapié en la presencia de 47 líderes empresariales paraguayos de
diferentes rubros que viajaron a La Paz para participar del Primer Foro
Empresarial Boliviano- Paraguayo, quienes coincidieron en el planteamiento de
los Gobiernos para crear una Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y
Relaciones Económicas que sirva de plataforma para una mayor complementariedad
de ambas economías.
“A partir de
ahora se acordó que tanto sector público como privado coadyuvarán para que esta
historia sea positiva para ambos pueblos”, añadió al tiempo de manifestar
finalmente que se trata de un auspicioso inicio en el relacionamiento que puede
dar muchos beneficios tanto a Paraguay como Bolivia, en todas las áreas.
PARAGUAY Y BOLIVIA SELLAN AMBICIOSA ALIANZA CON
VARIOS ACUERDOS
Paraguay y Bolivia pusieron en marcha un
ambicioso proceso de integración con la firma de 22 acuerdos -15 entre los
gobiernos y seis entre empresarios- y múltiples gestos de amistad, en el marco
del primer gabinete binacional realizado en La Paz.
Radio Ñanduty de Paraguay (www.nanduti.com.py)
“Demostramos
la voluntad de nuestros gobiernos de profundizar los vínculos de amistad,
integración mediante la cooperación y la alianza en los sectores estratégicos
de nuestros países”, dijo el presidente Abdo Benítez, dirigiéndose al anfitrión
Evo Morales.
El presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia habló tras la firma de los acuerdos en
el cierre de la reunión sin precedentes que había comenzado a primera hora con
una sobria conmemoración conjunta del final de la Guerra del Chaco de la década
de 1930, entre ambos países.
Por su
parte, Morales definió como “histórico, inédito y ejemplar” el conjunto de
acuerdos, entre los que destacó las alianzas gobiernos-empresarios de los dos
países más pobres de la región, aunque líderes en crecimiento económico en la
última década.
“Antes
Paraguay y Bolivia eran vistos como países pequeños, países sin integración,
hasta países pobres. Y las nuevas generaciones tienen que saber que esos países
(…) ahora encabezamos el desarrollo económico” en Sudamérica, dijo Morales.
El impulso
al proyecto de corredor ferroviario sudamericano y a un mejor aprovechamiento
de la hidrovía Paraguay-Paraná se destaca entre los acuerdos gubernamentales
que, en forma de convenios y memorandos de entendimiento, abarcan desde la
economía hasta la seguridad y la justicia.
En materia
energética, un acuerdo fijó un plazo de ocho meses para la conclusión de los
estudios de diseño final de un gasoducto entre la ciudad boliviana de
Villamontes y la capital paraguaya, Asunción, que convertirá a Paraguay en el
tercer comprador del gas natural boliviano, después de Argentina y Brasil.
Otros
convenios establecieron alianzas para el desarrollo de las telecomunicaciones,
las tecnologías digitales, la persecución a las bandas dedicadas al comercio de
teléfonos móviles robados y el eventual acceso de Paraguay al satélite
boliviano Tupac Katari.
Se firmaron también acuerdos para el mejoramiento de la justicia, migración, cooperación militar y policial y colaboración en acciones contra la trata y el tráfico de personas.
Se firmaron también acuerdos para el mejoramiento de la justicia, migración, cooperación militar y policial y colaboración en acciones contra la trata y el tráfico de personas.
Entre los
acuerdos privados, se destacan los de cooperación institucional suscritos por
la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia y la Unión Industrial Paraguaya y la
Cámara de Exportadores de Paraguay.
“AUSPICIOSO INICIO DE RELACIONES” CON BOLIVIA,
SEGÚN CASTIGLIONI
El canciller Luis Alberto Castiglioni dijo este
miércoles a su vuelta de Bolivia, que la primera cumbre de gabinetes entre los
dos países supone un “auspicioso inicio” en nuevas relaciones, que van a
proporcionar “mucho beneficio a uno y otro país”.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Los
Ejecutivos de ambos países firmaron en este encuentro 15 acuerdos bilaterales,
a los que se suman otros seis entre el sector privado, con un cierre de
negocios entre empresarios de ambas partes por 18 millones de dólares.
Castiglioni
señaló que los documentos rubricados abordaban “todas las áreas” pero insistió
en los relativos a las cuestiones logísticas y a la hidrovía Paraguay-Paraná,
que se presenta como la salida de Bolivia al Atlántico. “Bolivia nos necesita
mucho ahora que han decidido virar hacia el Atlántico, luego del revés en La
Haya” , comentó el canciller paraguayo, en alusión a la sentencia adversa en su
demanda ante Chile de un acceso soberano al Pacífico.
El país
andino apostó entonces por el Atlántico y Paraguay, conocedor de esa intención,
espera aprovechar la ocasión y ofrecer su “industria naval, puertos,
experiencia, navegantes...”.
Las
reuniones entre ministros también abordaron la cuestión de la seguridad en la
región del Chaco paraguayo, frontera natural entre ambos países y punto por el
que transita la droga. Por esta cuestión, se avanzó en trabajar en información,
intercambio de inteligencia y operativos conjuntos para combatir esta amenaza,
como informó el canciller.
Paraguay,
por su parte, espera que este afianzamiento de los lazos con Bolivia les
beneficie en su acceso a mercados a los que llegue el estado plurinacional pero
a los que Paraguay aún no tiene acceso, según las declaraciones de Castiglioni
hoy a los medios.
Esta primera
cumbre coincidió con la conmemoración del 84 aniversario de la firma del
acuerdo que puso fin a la Guerra del Chaco, que enfrentó a los dos países entre
1932 y 1935 por el dominio del Chaco Boreal. Más de ocho décadas después, el
encuentro entre el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, y el boliviano,
Evo Morales, con sus respectivos gabinetes, representó un paso para “cambiar la
historia” de enfrentamientos que arrastran ambos países en su pasado común.
Espera que
Brasil ya no refugie a Arrom y Martí
Castiglioni
informó que ya volvieron a enviar a Brasil “todos los antecedentes”
sobre el caso de los activistas de izquierda Juan Arrom y Anuncio Martí,
imputados por la Justicia en un delito de secuestro. El canciller manifestó que
el Gobierno se muestra más confiado después de que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CorteIDH) absolviera la semana pasada a Paraguay de toda
responsabilidad, por falta de pruebas, en las supuestas torturas a Arrom y
Martí, entre el 17 y el 30 de enero de 2002.
Ambos
huyeron a Brasil antes de comparecer ante la Justicia paraguaya por su presunta
participación en el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de
Hacienda Enzo Debernardi, y ese país les concedió el estatus de refugiados en
2003.
Ahora, la
Conare deberá decidir este viernes si se lo mantiene o si, por el contrario,
les revoca esa condición y abre la puerta a Paraguay para solicitar su
extradición. “Creemos que el viernes se va a dar la decisión y tenemos mucha
fe, por todo lo que hemos hecho y por todas las pruebas que hemos acercado, más
los antecedentes de lo que ocurrió en la CorteIDH” , manifestó Castiglioni.
El
canciller, al igual que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y otros
ministros, regresó hoy de La Paz, donde participó durante el día en una cumbre
entre gabinetes ministeriales de Bolivia y Paraguay. Castiglioni aseguró que el
caso de Arrom y Martí no tuvo espacio en las conversaciones entre los dos
países, al tiempo que se mostró confiado en que Bolivia no aceptaría acogerles
en su territorio. “Veo muy pocas posibilidades de que una democracia
latinoamericana les pueda dar acogida” , zanjó al ser preguntado al respecto.
Si Brasil revoca la condición de refugiados a Arrom y Martí, Paraguay procederá
entonces a solicitar su extradición para que los dos comparezcan ante la
justicia de nuestro país.
EN PUNO SE EFECTUARÁ EL LANZAMIENTO DE UN
PROYECTO INTERNACIONAL QUE AYUDARÁ A ENFRENTAR LAS SEQUÍAS EN BOLIVIA Y PERÚ
Radio Pachamama de Perú (www.pachamamaradio.org)
El titular
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Puno, Sixto Flores,
anunció a que los primeros días del mes de julio efectuarán el lanzamiento de
un proyecto de cooperación internacional entre Perú y Bolivia para combatir las
sequías a consecuencia del cambio climático y mitigar sus efectos especialmente
en el sector agropecuario.
Dijo, que
este proyecto se ejecutará en el altiplano puneño, y tiene la finalidad de
hacer estudios y propuestas de mitigación de las sequías y/o inundaciones que
puedan producirse en los próximos años y que actualmente los habitantes no
están preparados como en los años ochenta.
Informó que
el financiamiento es de la Unión Europea y con el apoyo de cooperación
internacional de España, Francia y Suiza, por 30 meses. Cabe indicar, que el
proyecto está enmarcado en el programa europeo Euroclima Gestión del Riesgo
busca reducir el riesgo de pérdidas agropecuarias por la sequía en los
municipios bolivianos de Achacachi, Calacoto y Sica Sica y en Perú en distritos
de las provincias de Huancané, El Collao y Puno, según datos del Gobierno
boliviano y la Unión Europea.
Trabajando
con los Comunes
E - Flux de Taiwan (www.e-flux.com)
En Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia, el agua y su escasez están en el centro de la vida cotidiana. El agua es tanto una fuente productiva de salud como un fuerte indicador de poder en la sociedad boliviana. Como punto de referencia material, cultural y simbólico, también se ha convertido en un foco tangible para las promesas electorales y las manipulaciones políticas.
Por lo
tanto, el agua es también un tema de interés público. Es muy importante para
los individuos por su cuenta y para aquellos que actúan colectivamente en
asociaciones, vecindarios y comunidades por igual. En el campo alrededor de
Cochabamba, las familias generalmente dependen de la agricultura, y como uno de
los insumos de larga data para la mano de obra, la distribución, el acceso y la
gestión del agua se organizan cuidadosamente en complejos sistemas ancestrales.
Pero dentro de la ciudad y dentro de sus periferias suburbanas, donde la
migración a fines de los años ochenta llevó a un crecimiento acelerado y
desorganizado, las autoridades no lograron organizar una solución centralizada.
Por lo tanto, el acceso urbano al agua ha llevado a una multiplicidad de
acciones individuales y colectivas, algunas de las cuales se basan en la
comunidad, mientras que otras son de naturaleza comercial. Este es el entorno
en el que el gobierno boliviano lanzó un importante programa de privatización a
fines de la década de 1990 que culminó en lo que se conoce como la Guerra del
Agua de Cochabamba.
La guerra
del agua
A partir de
mediados de la década de 1980, los programas de ajuste estructural dominaron
las políticas económicas y políticas en toda América del Sur. Impulsado por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1985 el gobierno
boliviano emitió DS21060, un decreto presidencial que promulga una serie de
políticas que diezmaron los servicios sociales y abrieron el camino para
privatizar las instituciones públicas. Estas privatizaciones no fueron simples
transferencias de propiedad del estado a manos privadas, sino que fueron
acompañadas por ajustes estructurales dirigidos a facilitar y alentar la
inversión extranjera.
En 1999,
como continuación de las mismas políticas, el gobierno boliviano privatizó el
suministro de agua a la ciudad de Cochabamba con la aprobación de la Ley 2029,
que eliminó cualquier garantía de distribución de agua a las áreas rurales y
permitió a las empresas extranjeras arrendar un acceso exclusivo a agua.
Hasta
entonces, los regadíos de agricultores, comunidades y vecindarios en la
periferia de la ciudad habían construido y dependían de servicios de agua
autónomos. Es decir, no estaban conectados al sistema municipal de agua. Pero
con la aprobación de la Ley 2029, perdieron sus derechos para administrar sus
propias fuentes de agua y se vieron obligados a confiar en la infraestructura
pública. Con esta disposición legal vigente, la empresa pública de agua,
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), se incorporó al
consorcio Aguas del Tunari, cuyo accionista mayoritario era la empresa
multinacional Bechtel. Por lo tanto, SEMAPA renunció a su derecho de
administrar el suministro de agua de la región. Como la Ley 2029 colocó a los
sistemas autónomos de agua en la posición de administrar el servicio de agua
sin una concesión estatal, Aguas del Tunari podría demandarlos por competencia
ilegal y pedirles que les quiten sus sistemas existentes, de propiedad
comunitaria, y que estén diseñados para atender las necesidades de la empresa.
Mientras tanto, en la ciudad, las personas enfrentaron aumentos exorbitantes en
sus tarifas de agua, con algunos proyectos de ley que aumentaron en un 200%.
Este escenario dio origen a la Coalición para la Defensa del Agua y la Vida
(Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida), una plataforma que reunió a
trabajadores de fábricas, campesinos, asociaciones de vecinos, académicos e
individuos sin una organización definida. La Coordinadora permitió que personas
en áreas urbanas y rurales se movilizaran con un grado de unidad que había
estado ausente por casi veinte años.
Miles de personas
respondieron a su llamado inicial de movilización el 11 de enero de 2000. El
gobierno los recibió con gases lacrimógenos.
Cuatro días
después, se firmó un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno, en el cual
el gobierno se comprometió a revisar la Ley 2029 y su contrato con Aguas del
Tunari.
Pero el
gobierno se negó a bajar las tarifas del agua. La gente comenzó a negarse a
pagar sus facturas de agua, y en febrero, la Coordinadora se dio cuenta de que
el acuerdo para revisar tanto la ley como el contrato no se estaba cumpliendo.
En respuesta, pidió una toma pacífica y simbólica de la plaza central de la
ciudad, demostrando la unidad y la legitimidad de las demandas del pueblo para
presionar al gobierno para que actúe. El gobierno prohibió la protesta y trajo
policías de otras partes del país para ayudar a reprimir a los manifestantes.
Durante los dos días siguientes, el centro de Cochabamba se convirtió en una
zona de guerra, donde resultaron heridos más de cien manifestantes. Se llegó a
un acuerdo cuarenta y ocho horas después, que congeló las tarifas de agua de la
ciudad en los niveles de noviembre de 1999 y obligó al gobierno a formar una
comisión para revisar los artículos de la ley y los términos y condiciones del
contrato.
Las
movilizaciones populares lograron avances significativos ese mes. La gente ganó
el respeto por sus métodos tradicionales de gestión del agua; Se eliminó la
indexación de los precios del agua al dólar; la participación municipal en la
gestión del agua fue obligatoria; y el estado reconoció formalmente la
existencia legal de los sistemas de agua de las comunidades autónomas. Todo
esto se había ganado mediante la protesta y la movilización. Estas fueron
victorias importantes, pero el contrato con Aguas del Tunari se mantuvo intacto.
Como
resultado, se organizó un proceso de consulta popular y una serie de asambleas
para formular demandas específicas. Más de 50,000 personas participaron. Cuando
estas demandas, que incluían la ruptura del contrato con Aguas del Tunari, no
fueron reconocidas por las autoridades, la gente respondió formando bloqueos de
calles. Durante los días siguientes, el número de personas en las calles se
hizo más grande y los bloqueos se generalizaron. A pesar de las acusaciones de
que habían decidido romper el contrato, unas horas más tarde, el gobierno
anunció que el contrato no se rompería y declaró un estado de emergencia. Los
vendedores ocuparon las calles. La violencia empeoró. Los portavoces de la
coordinadora fueron atacados y hostigados. Un militar de 17 años disparó y fue
asesinado. La gente planteó sus demandas y pidió que la empresa y el presidente
del país, Hugo Banzer Suárez, se retiren y que se forme una asamblea
constitucional popular.
Finalmente,
tras días de enfrentamientos, la empresa fue expulsada. Para Bolivia, esta fue
la primera victoria popular en casi dos décadas de gobierno neoliberal bajo
programas de reajuste estructural. Cambió la historia.
La Guerra
del Agua de Cochabamba marcó el punto de partida de una ola de luchas por el
agua en América Latina. Ha desempeñado un papel importante al inspirar a los
movimientos y organizaciones del agua a colaborar a escala global, y ha ayudado
a impedir el impulso de los esfuerzos de privatización del agua en todo el
mundo. También sirvió para motivar al electorado en varios países
latinoamericanos para avanzar hacia gobiernos más progresistas y democráticos.
Sin embargo, al mismo tiempo, ha demostrado cuán difíciles son los desafíos
resultantes para la gestión pública del agua.
Diecinueve
años después
Desde la
perspectiva del estado, la Guerra del Agua de Cochabamba del 2000 se describe
como una lucha dirigida por los ciudadanos en la que las personas tomaron las
calles para exigir la aplicación del derecho humano al agua. Pero no es así
como se siente en el suelo.
La base
organizativa que se movilizó contra la mercantilización del agua y la
privatización de su suministro consistió en una variedad de asociaciones
comunitarias y de vecinos que, antes de la llegada de Bechtel, construyeron y
mantuvieron los sistemas que proporcionaban tanto el riego en las zonas rurales
y provinciales como el agua potable en el ciudad. Había una gran diversidad en
estos colectivos, pero uno de ellos era que todos, en mayor o menor medida,
empleaban procesos de toma de decisiones colectivos para determinar el acceso,
la administración y la disponibilidad de agua. Se decidieron por los servicios
prestados; los estándares de diseño de los sistemas de distribución utilizados;
y sus propias formas organizativas, estructurales y de gestión. Desarrollaron
sus propios métodos para resolver conflictos, generalmente bajo un marco
conocido como usos y costumbres (usos y costumbres).
Estas
organizaciones tomaron decisiones con y dentro de sus comunidades. No dependían
del estado.
Fue solo en
2010 que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el
derecho humano al agua y al saneamiento y reconoció que el agua potable y el
saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
En ese momento, hizo un llamado a los estados y organizaciones internacionales para que proporcionen recursos financieros y ayuden con el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología para ayudar a los países a proporcionar agua potable y saneamiento seguros, limpios, accesibles y asequibles para todos.
En ese momento, hizo un llamado a los estados y organizaciones internacionales para que proporcionen recursos financieros y ayuden con el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología para ayudar a los países a proporcionar agua potable y saneamiento seguros, limpios, accesibles y asequibles para todos.
También en
2010, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los
Derechos de la Madre Tierra se celebró en Cochabamba, donde se formuló una
Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, que luego se incorporó al
estado boliviano como Ley 071. La Ley de los Derechos de la Madre Tierra define
a la Madre Tierra como "un sujeto colectivo de interés público".
Por muy
positivas que puedan parecer estas dos iniciativas, actualmente están siendo
utilizadas por el gobierno boliviano para quitarle la autoridad a la gente para
administrar su propia agua. En varias intervenciones y escritos públicos, tanto
Evo Morales como Álvaro García, presidente y vicepresidente del país, han
declarado que la capacidad para satisfacer las necesidades de la gente debe ser
asumida por el estado. Sin tener en cuenta la historia de la gestión autónoma
del agua, aquellos que buscan acceder al agua ahora deben apelar al estado, la
legislatura y los tribunales.
Las cosmologías
andinas consideran en gran medida el agua como un ser vivo y como un ser
divino. El agua en los Andes es la base de la reciprocidad y la
complementariedad; Ayuda a resolver problemas y establecer relaciones. El agua
es de todos y de nadie. Es el elemento que ayuda a la naturaleza a crear,
transformar la vida y permitir la reproducción social. El actual gobierno
boliviano bajo Evo Morales está tratando de socavar esta relación fundamental
entre las personas y el agua mediante la cooptación, el control y la
unificación paternalista de los sistemas hídricos.
Antes de la
privatización en el año 2000, el agua en Cochabamba se proporcionaba por
diversos medios. SEMAPA, la empresa municipal de agua, era el proveedor más
grande y más visible, pero había muchos otros: había ríos, pozos y sistemas de
captación de lluvia, así como también camiones privados. Muchos barrios y
comunidades accedieron a su agua desde una variedad de estas fuentes. En
resumen, existía un sistema complejo de suministro de agua que servía bien a
las comunidades. Algunos vecindarios juntaron su dinero para construir un
sistema que entregaba agua directamente a sus casas y pagaría colectivamente el
mantenimiento y las facturas de electricidad. Otros accedieron a él a través de
casas de agua, cisternas o entregas por camión. La toma de decisiones sobre el
acceso al agua fue parte de la construcción de los bienes comunes.
El actual
gobierno boliviano, que llegó al poder en la plataforma retórica de otorgar a
las personas la capacidad de decidir, ha debilitado de hecho el ejercicio del
poder autónomo en áreas de influencia expandidas. La nueva legislación y la
burocracia le han dado poder al estado en áreas que tradicionalmente han caído
fuera de su alcance. Afirma que los problemas que el país ha enfrentado en las
últimas décadas, incluidos los relacionados con el acceso y la gestión del
agua, se deben a la mala gestión del estado. Pero, la lógica continúa, ahora
que el estado ha sido redefinido y reconstituido, ya no es necesario abordar las
preocupaciones sociales a nivel comunitario.
Desde
entonces, según el gobierno, las movilizaciones solo se han preocupado por
quejarse de la mala distribución de los fondos estatales. Desde este punto de
vista limitado, el colectivo solo se organiza para exigir cosas al estado.
En general,
una fortaleza importante de las comunidades autónomas de agua es su capacidad
para colaborar con los sistemas públicos de agua.
Estas
comunidades no compiten con las redes públicas, sino que deciden cómo y hasta
qué punto se conectan a ellas. El estado promueve sus proyectos como activos
públicos, pero los ciudadanos deberían cuestionarse si algo es realmente
público simplemente porque pertenece al estado, particularmente cuando excluye
las prácticas autónomas de toma de decisiones para las comunidades y entornos
locales. La Guerra del Agua de Cochabamba fue una victoria contra la
privatización, pero no fue simplemente una lucha para restaurar a SEMAPA como
la empresa pública de agua. Fue una lucha para ampliar la participación en la
determinación de las condiciones de vida de las personas. Esta lucha vive hoy.
LA SALUD DE LOS PUEBLOS, LA PRINCIPAL VÍCTIMA
DEL VACIAMIENTO DE LA UNASUR
Sputink News
de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
El Instituto
Suramericano de Gobierno de la Salud (Isags) de la Unasur debió suspender sus
actividades a comienzos de junio, debido a la falta de presupuesto. Su
directora, Carina Vance, dijo a Sputnik que la situación interrumpe avances en
varios campos y debilita la postura de los países a nivel global.
En abril de
2018, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú
anunciaron la decisión de "suspender" su participación en la Unasur (Unión de Naciones
Suramericanas), debido a diferencias con el funcionamiento del bloque regional
fundado en 2008 por los doce países de Suramérica.
La decisión
terminó de confirmarse en abril de 2019, cuando Ecuador, país donde se
encuentra la sede del organismo, se plegó al grupo de naciones que suspendieron
su participación. Un comunicado de la Cancillería argentina cuestionaba la
"acefalía" y "desorden administrativo" de la Secretaría
General de la organización y denunciaba la existencia de una "agenda con
alto contenido ideológico y muy alejada de sus objetivos iniciales".
El retiro de
siete de los doce países miembro provocó, en la práctica, el cese de
actividades del bloque que tuvo al expresidente argentino Néstor Kirchner como
primer secretario general. En efecto, Bolivia, que ejerció la presidencia pro
témpore hasta abril de 2019 no pudo convocar al Consejo de jefes de Estado,
instancia que se reunió por última vez en Guayaquil, Ecuador.
El bloqueo
repercutió pronto en el presupuesto de la Unasur, que comenzó a enfrentar dificultades
para continuar convocando a sus consejos ministeriales y sectoriales, así como
para mantener en funcionamiento a varios de sus institutos.
Es el caso
del Instituto Suramericano de Gobierno de la Salud (Isags), que el 6 de junio
realizó en su sede de Río de Janeiro una "ceremonia de suspensión de
actividades" para recopilar el trabajo hecho en sus ocho años de vida.
En
conversación con Sputnik, la directora de la Isags Carina Vance explicó que la
coyuntura política actual del bloque ya había obligado a la entidad a adaptarse
a una dinámica más "compleja". El final llegó con una comunicación de
la Secretaría General: la falta de presupuesto obligaba a dejar de funcionar en
este mes de junio.
Creado en
2009 por el Consejo de Salud de la Unasur, el instituto se instaló en Brasil
con el objetivo de promover intercambios entre referentes políticos y técnicos
en materia de salud de los Gobiernos de la región. Según Vance, uno de los ejes
del instituto fue "generar conocimiento y fortalecer capacidades" de
los gobiernos a través de estudios, seminarios y conferencias.
Vance valoró
que jerarcas y técnicos de las carteras de salud de los doce países han
continuado participando de algunas instancias, incluso a pesar de las
decisiones de sus naciones. Al mismo tiempo, lamentó que la suspensión dejará
inconcluso gran parte del trabajo hecho por el Isags en campos como el acceso a
medicamentos, vigilancia epidemiológica, cambio climático, gestión de riesgo en
desastres y servicios de salud, entre otros.
"Por un
lado queda suspendida la posibilidad de seguir generando conocimiento y
entender mejor la situación regional y por otro tenemos casos en que
literalmente quedan contratos a medio camino", advirtió Vance.
En efecto,
el instituto debió cancelar de forma prematura un contrato firmado para la
realización de un estudio sobre "capacidades de producción de medicamentos
a nivel regional", una investigación que permitiría analizar la capacidad
de los países suramericanos de producir los medicamentos que necesita su población.
"Sería
un insumo absolutamente valioso en la toma de decisiones para la producción
regional de medicamentos y eso literalmente queda a medio camino", comentó
la directora del Isags.
Lo mismo
sucederá, indicó, con el 'Banco de medicamentos', un proyecto coordinado por el
instituto que facilitaba el intercambio de información sobre precios de
medicamentos entre los estados parte.
El banco
consistió en una plataforma informática con los precios abonados por cada
Gobierno para 34 medicamentos. La herramienta permitía que cada ministerio de
Salud conociera el menor precio que un país suramericano había pagado por el
producto, mejorando su capacidad de negociación frente al fabricante.
Según Vance,
la plataforma permitió concluir que "si los 12 países compraran esos 34
medicamentos al precio más bajo que algún país de la región consiguió, el
ahorro anual llegaría a los 1.000 millones de dólares".
La lista de
medicamentos incluidos en el banco prometía ampliarse, pero la suspensión de
actividades del instituto impedirá que el proyecto avance a sus próximas
etapas.
El ahorro de
dinero no es la única ventaja de la coordinación entre países, asegura Vance.
En una región con desafíos similares pero con "brechas muy grandes",
que los países que avanzaron más en algunos campos aconsejen a otros más
rezagados se vuelve fundamental.
El
etiquetado de alimentos con exceso de grasas, azúcares y sal, una política
aplicada primero por Ecuador, es para Vance un ejemplo claro de la utilidad de
la coordinación de políticas, ya que Uruguay y Perú lograron "avanzar
mucho más rápido" al basar su etiquetado en el diseño aplicado
anteriormente por Chile.
Para Vance,
el final de la Unasur traerá consigo un debilitamiento de las posiciones de los
países en el ámbito internacional. En ese sentido, señaló que los países de la
Unasur presentaron 35 "posiciones comunes" ante la Asamblea Mundial
de la Salud entre 2011 y 2016.
"No es
que cada país fue a decir 'yo pienso esto'. Fueron los doce países a decir esta
es nuestra postura como Unasur y cuando estás lidiando como un bloque tan
importante como el de Suramérica, y tiene un posicionamiento fuerte sobre un
tema, la postura se potencia", explicó.
Para la
directora del Isags, otras instancias regionales que permanecen no lograrán
tener el éxito que la Unasur tuvo en coordinación de políticas de salud. En ese
sentido, mencionó que el ámbito sobre salud del Mercosur, por ejemplo, está
"enfocado sobre todo en lo comercial, un sector que muchas veces genera
resistencia a las decisiones de salud".
Vance
enfatizó que la Unasur logró "romper un poco la tradición de tener un
enfoque hacia lo comercial" y, en materia de salud, puso en un lugar
central al "derecho a la salud". Asimismo, promovió un
"fortalecimiento de los gobiernos" frente al sector privado.
La salud no
es la única área que resentirá el vaciamiento de la Unasur. Durante su tiempo
de funcionamiento, este proceso de integración fue el principal foro de
coordinación de políticas públicas y diálogo entre los Gobiernos de los países
de América del Sur.
Además de
los avances en el ámbito de la salud, la Unasur logró mediar efectivamente y
propiciar la resolución de conflictos entre los países que la integraban, sin
la participación de otras potencias extrarregionales.
Entre las
crisis que se diluyeron o eliminaron por mediación de la Unasur, se pueden
enumerar los conflictos fronterizos entre Venezuela y Colombia en 2010, las
pretensiones secesionistas del oriente boliviano contra el Gobierno de Evo
Morales en 2008 o el fin negociado de la huelga policial contra el Gobierno de
Rafael Correa en 2012.
También la
coordinación de los países en materia militar a través del Consejo de Defensa
Suramericano (CDS) desembocó en una declaración conjunta de los países en 2009,
que designaba a la región como 'zona de paz', evitando la instalación de bases
de países que pudieran intervenir en la zona.
Este punto
tuvo en su momento un especial peso simbólico, pues se planteó luego de la
firma de un acuerdo entre Colombia y EEUU para que el Pentágono utilizara las
instalaciones militares del país suramericano, un hecho que generó
resistencias.
Los países
que se retiraron de la Unasur criticaron la supuesta ideologización del
organismo, y han abogado —liderados por Colombia y Chile— por la creación del
Prosur, un nuevo proceso de integración regional para coordinar políticas
públicas. Sin embargo, no queda muy claro de qué manera lo hará y cuáles de los
avances de la Unasur logrará mantener.
LA OTRA COPA TAMBIÉN SE JUEGA EN BRASIL
“El futuro de la región, sobre todo de
Argentina, Venezuela, Bolivia y Cuba, por lo menos en parte, puede estar
jugándose, como la Copa América,
también en cancha brasileña”.
La República de Perú (www.larepublica.pe)
La realidad
sombría de la región en la cual campeaba una derecha reaccionaria y neoliberal,
un sector progresista a la defensiva y una “diplomacia bélica, arrogante,
indocta y muy peligrosa” como ha dicho Eduardo Febbre (Página 12: 08/06/19) que
se expresaba en nuevos organismos de integración de un solo color ideológico,
subordinados al sistema internacional y acoplados a los intereses de EEUU (Alejandro Frenkel),
como PROSUR, podría cambiar.
Y ello por
un hecho político, cuyas consecuencias nacionales y regionales son aún
difíciles de prever. Me refiero al caso de Lula, en el cual han
participado actores tanto internos como extranjeros y que nos muestra que las
conspiraciones existen. Ahora sabemos que el juicio y la prisión del
expresidente de Brasil ha sido parte de una conspiración política y un atentado
a la democracia, que ha tenido como cabeza visible al famoso juez Sergio Moro,
hoy ministro de Bolsonaro
como “premio” por su “trabajo”.
Las pruebas
de esta conspiración las ha publicado la revista web The Intercept, donde se muestran las conversaciones privadas entre
el juez Moro y el fiscal Felton Dallagnol, que investigaron el caso Lava Jato
en Brasil, en las que “acuerdan” una estrategia para perjudicar al expresidente
Lula. Una primera pieza de esta conspiración fue la destitución (o golpe) de la
presidenta Dilma Rousseff por Michel Temer, continuó con el juicio y luego la
prisión de Lula con el objetivo de sacarlo de la carrera presidencial, ya que
iba primero en las encuestas, para crear así, finalmente, las condiciones para
que el candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro asumiera la presidencia en
enero de este año. Lula, como sabemos, fue condenado sin pruebas, en medio de
una gigantesca y millonaria campaña mediática y de movilizaciones callejeras.
Y si bien el
caso Lava Jato mostró una corrupción extendida en Brasil y en toda la región,
el caso Lula, en particular, probaría cómo la derecha internacional y mediática
han intentado liquidar a la izquierda en ese país y poner fin al ciclo
progresista en la región, mediante el uso político de la judicatura y con
campañas mediáticas para perseguir y destruir a los adversarios políticos,
provocar golpes parlamentarios y ganar elecciones de manera fraudulenta.
También, como dijo el propio Lula, estos hechos probarían la participación de
los Estados Unidos y su interés por las riquezas naturales como el petróleo, de
ahí su necesidad de un gobierno de ultraderecha y neoliberal dispuesto a “vender”, como lo está haciendo el ministro
de Economía de Bolsonaro,
las riquezas del país.
Hoy Brasil
es una bomba de tiempo donde todo es posible, nuevas elecciones, un golpe
militar para derrocar a Bolsonaro e impedir un levantamiento popular, como
también un enfrentamiento violento con una derecha que habla de que es
necesario un baño de sangre como solución a la crisis. A ello habría que
sumarle que las relaciones entre Bolsonaro y el vicepresidente, el general
Hamilton Mourao, no son tan cordiales al tener grandes diferencias en varios
puntos importantes como las relaciones con EEUU,
con la China y la crisis de Venezuela. Hoy el futuro de la región, sobre todo
de Argentina, Venezuela, Bolivia y Cuba, por lo menos en parte, puede estar
jugándose, como la Copa América,
también en cancha brasileña.
EL PRESENTE DE LAS CRIPTOMONEDAS EN
LATINOAMÉRICA
Ante el crecimiento de las criptomonedas los
gobiernos de América Latina han comenzado a trabajar para añadirlas a sus
sistemas tributarios. Algunos países como Brasil, Bolivia y Ecuador aún se
encuentran renuentes a aceptar este tipo de activos.
Bitcoin de México (www.bitcoin.com.mx)
Si bien el boom de las criptomonedas fue en diciembre de
2017, el auge todavía se mantiene. A partir del crecimiento exponencial,
la mayoría de los gobiernos de América
Latina empezaron a trabajar en ellas para añadirlas a sus sistemas tributarios.
Ante el
desconocimiento, el debate comenzó desde lo más básico: ¿qué es una
criptomoneda? ¿Realmente es una moneda, un activo? A partir de estas
conversaciones, los países se esfuerzan para su mejor implemento.
Bitcoin.com.mx hace un recorrido sobre el
presente en algunos de los territorios de la región analizando el ambiente
respecto a las criptomonedas en Latinoamérica.
México
A través de
la Ley Fintech,
expedida en 2018, el país marcó una
regulación para las instituciones tecnológicas en el que se establece la
creación de un comité interinstitucional para atender los temas relacionados
con la tecnología financiera.
El comité
tendrá la responsabilidad de intervenir
en la toma de decisiones, hacer autorizaciones, imposiciones en todo lo
relacionado con las ITS (Instituciones de Tecnología Financiera). Estará
integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), el Banco de
Mexico (Banxico) y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La ley propone considerar el uso de activos virtuales con previa
autorización del Banco de México. Dentro de la ley se define activo
virtual como:
"La
representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el
público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya
transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios
electrónicos", señala el artículo 30.
Los
objetivos de la creación de la ley son: evitar
el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México
es uno de los países a la vanguardia, reconoce la existencia de las
criptomonedas y se tomará en cuenta el valor que el público establezca para
ellas como moneda de cambio.
Venezuela
A partir de
la crisis que vive el país, el gobierno
local decidió apostar en las criptomonedas como una salida. Hoy la
relación con ellas es valiosa pero tuvo sus tropiezos durante la implementación
de su token “petro”.
En marzo de 2018, el gobierno venezolano lanzó a
la venta pública su token petro para apoyar la economía del país.
El proceso de venta directa duró quince días y se podía adquirir solo con
yuanes, rublos, liras turcas y euros. El
token también podía comprarse con criptomonedas como bitcoin y ethereum.
El petro
está respaldado por las reservas de varios recursos naturales como petróleo,
oro, diamantes y gas. El gobierno
reconoció al petro como un criptoactivo para el intercambio de bienes y
servicios, inversión y comercialización nacional e internacional y su
funcionamiento real empezó en octubre del mismo año.
Tres meses
después del anuncio de la venta pública del petro, Tareck El Aissami, Ministro
del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, anunció que se iniciará un seguimiento de las cuentas
bancarias a través de las cuales se estén negociando criptomonedas a precios
especulativos para tomar las acciones legales necesarias contra estos sitios.
El gobierno consideró que la venta de criptomonedas a precios especulativos
atentaban contra el token nacional.
En tanto, Venezuela evalúa incorporar mecanismos a
escala internacional para las transacciones de la criptomoneda petro en los
próximos meses, anunció el titular de la Superintendencia Nacional de
Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Joselito
Ramírez, durante el Foro Económico Internacional de San
Petersburgo
"Durante
todo este año hemos avanzado de forma acelerada con la finalidad de consolidar
el proyecto y brindarle una herramienta útil al país y al mundo", recalcó
el superintendente.
A la vez que
agregó:
"En
este último mes estamos incorporando los servicios por parte del Estado, por lo
menos para que algunas instituciones
acepten el petro como forma de pago, como, por ejemplo, de pasaportes y algunos
bienes que sean de uso exclusivo para la población".
Argentina
El país sureño, más allá de que todavía no tiene reconocimiento legal,
está avanzado en la materia. Cuenta con cajeros
comerciales en Buenos Aires, mucho movimiento de bitcoins y la
comunidad de los adeptos a la criptomoneda crece de manera acelerada, lo que
obligó al gobierno a trabajar en crear una ley. Desde el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera
(UIF) y la Comisión Nacional de Valores
(CNV) están observando el tema.
"Estamos intentando ayudar al ecosistema
cripto, que en Argentina es muy fuerte. Tratamos de dar un esquema de
regulación que convenga a las compañías que están en el mundo cripto. Algo que
no está regulado no puede tener un valor económico y financiero en los mercados",
dijo Alberto Echegaray Guevara, asesor del presidente de la UIF, Mariano
Federici, al medio local El Cronista.
Desde la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos) se esfuerzan para regular el
protocolo bitcoin como un activo financiero. En Argentina, la moneda no es
considerada dinero, ya que la carta orgánica del BCRA no la incluye, sin
embargo no es ilegal.
Chile
En mayo, el Servicio de Impuestos Interno (SII) anunció
una serie de cambios en las definiciones tributarias aplicables para la
industria de las criptomonedas, con la intención de regular aún más el funcionamiento de las empresas que ofrecen servicios
para billeteras digitales e intercambio de monedas.
Con esta
nueva medida, el SII establece, en su comunicado, que toda operación realizada
a través de una compañía que gestiona este tipo de servicios debe especificar
el hecho económico bajo el cual se emite la factura, y detallar si se trata de
una compra, envio u otro servicio asociado con el uso de monedas digitales. Además, los operadores tendrán que presentar
declaraciones juradas.
En tanto, el
ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó en diálogo con la prensa que
durante este año se enviará al Congreso un proyecto de ley para regular las
operaciones con criptoactivos:
"Una regulación a estas plataformas mitigaría
algunos de estos riesgos, como el lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo, y aumentaría la certeza jurídica con que ellas operan.
Queremos resguardar de manera adecuada los riesgos asociados a esta actividad".
La
prohibición en América Latina
Brasil
Pese a que
la población muestra cada vez mayor interés en las criptodivisas, la Comisión de Valores Mobiliarios (CMVM) prohibió, en enero de 2018, que los fondos de
inversiones realicen operaciones con bitcoin u otras criptomonedas. A su vez, el Banco Central de Brasil, más allá del
cambio de presidente (Roberto Campos Neto reemplazó a Ilan Goldfajn), por el
momento no ha hecho modificaciones frente a estas monedas.
"El bitcoin es un activo riesgoso con una tecnología
innovadora",
había dicho Goldfajn en un evento de la Federación Brasileña de Bancos. Al
parecer, Campos Neto sí sería más cercano al blockchain y las criptomonedas,
aunque aún no trabajó en el tema.
“He
estudiado y dedicado intensamente al diseño de cómo será el sistema financiero
del futuro. Es una de las contribuciones que quiero traer”, indicó en Investing
previo a asumir en el cargo.
En la página
del Banco Central, está clara la postura:
"Las llamadas monedas virtuales o monedas criptográficas son
representaciones digitales de valor que no son emitidas por el Banco Central u otra
autoridad monetaria. Su valor se deriva de la confianza depositada en sus
reglas de funcionamiento y en la cadena de participantes. El Banco Central no
autoriza a las empresas a negociar con este tipo de monedas".
Bolivia y
Ecuador
El país presidido por Evo Morales prohibió el uso del bitcoin el 6 de mayo de
2014. Con ello se convirtió en la primera nación de toda
Latinoamérica en desterrar las criptomonedas y se sumó a la lista de países del
mundo que han hecho lo mismo como Tailandia, Vietnam e Islandia. Desde
entonces, hacer transacciones con
criptomonedas o cualquier operación referida a ellas es ilegal en Bolivia.
Ecuador,
en tanto, también se mostró restrictivo con la criptomoneda. El Banco Central del Ecuador (BCE), en su
web, comunicó que “el bitcoin no es un
medio de pago autorizado para su uso en el país, ya que no tiene respaldo”.
Lenín Moreno, desde su asunción como presidente en 2017, no ha vuelto a hablar
del tema.
¿Y en
Estados Unidos?
El
presidente de la Comisión de
Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, Jay Clayton, señaló en Cointelegraph que el regulador necesita sentirse
cómodo con la custodia de la criptomoneda y asegurarse de que no se pueda
realizar ninguna manipulación en el mercado antes de aprobar un fondo
cotizado en bolsa (ETF). A la vez que dijo que la SEC está trabajando para que
eso sea posible, que el gobierno está abierto a colaborar. Hoy, las monedas no
son consideradas ilegales.
"Tenemos
reglas sofisticadas y vigilancia para asegurarnos de que las personas no
manipulen el mercado de valores. Los mercados de criptomonedas en general no
tienen eso. Estamos trabajando para ver si podemos llegar allí, pero no sólo
voy a presionar un interruptor y decir que esto es como las acciones y los
bonos, porque no lo es", manifestó ante el mismo medio.
En estados como Ohio o Nueva York las leyes son más flexibles y el
bitcoin se utiliza como el dólar. Son aceptados para el pago de
distintos productos, más allá de que su curso no está extendido.
A la hora
que los criptoactivos crecen y se establecen como competencia de las monedas
tradicionales, los países se incorporan a la materia. En sus agendas es un
punto infaltable. Con México a la cabeza, con una ley ya desarrollada, la
mayoría de los países de América Latina caminan en el mismo rumbo creando
incluso sus propios criptoactivos.
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