Los
“cívicos cruceños” preparan actos más violentos que los causados hasta hoy por
el paro iniciado el lunes, para provocar una represión con muertos y heridos en
busca de apoyo popular, advirtió el analista Reymi Ferreira.
Opositores
de ese departamento que organizaron el cese de actividades intentan despertar
la solidaridad del pueblo con actos como esos, que también persiguen impunidad
para los actores del golpe de Estado de 2019, añadió el experto.
Ferreira
denunció acciones de esos sectores como el cierre de movimientos hacia su
actividad normal de personas opuestas al paro y el ataque a pobladores de
Puerto Suárez, Abapó y Camiri.
Esos
«civicos» –reveló- se muestran como víctimas cuando existe algún exceso
policial aislado, como cuando un uniformado apuntó con un lanza-gases a un
joven y esa imagen la hicieron “viral” en las redes sociales digitales con el
rótulo de “abuso policial”.
Según el
analista, para esa estrategia de victimización los bloqueadores tienen el apoyo
de medios de difusión como la televisión, la radio, y los periódicos privados
“que amplifican su presunta denuncia”.
Ferreira
recordó que entre los llamados “cívicos cruceños” que convocaron al paro figuró
el político derechista Luis Fernando Camacho, cuyas movilizaciones pretenden
desestabilizar al Ejecutivo y evitar que la justicia actúe contra los actores
de 2019.
El
«cívico» y actual gobernador de Santa Cruz fue entonces “el principal impulsor
del golpe de Estado que obligó al entonces presidente Evo Morales a dejar el
cargo y llevó a Jeanine Áñez a tomar el poder”.
Las
acciones violentas provocadas por el paro iniciado este lunes ya causaron, por
lo menos, un muerto y varios heridos en el suroccidental departamento de
Potosí, donde los ejecutores del receso laboral atacaron la gobernación.
Ferreira
insto al gobierno, no obstante, a actuar con prudencia, evitando excesos
policiales que pueden servir de bandera para alimentar las protestas, y también
con firmeza frente a las agresiones de los bloqueadores de actividades.
“Ellos
buscan muertos y heridos para cobrar fuerza”, pero el paro se caerá solo, si no
hay excesos en las intervenciones policiales”, sentenció el analista. Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/3HaABxu)
PARO
OPOSITOR EN BOLIVIA COMPROMETE LA VIDA DE TRABAJADORES
Prensa Latina de Cuba
(https://bit.ly/3F2mXKV)
La vida
de trabajadores, campesinos y de otros sectores en Bolivia corre peligro ante
la violencia del paro de la oposición que continúa hoy y ya causó un muerto y
varios heridos.
El
fallecido fue un campesino del departamento suroriental de Potosí, víctima de
agresiones provocadas por el llamado Comité Cívico de esa localidad durante el
cese laboral iniciado el lunes, informó el gobernador departamental Jhonny
Mamani.
Grupos de
seguidores de la protesta se enfrentaron a trabajadores que persisten en continuar
sus labores, y asaltaron la gobernación departamental y tomaron una plaza
ocupada por organizaciones sociales.
Los
atacantes, identificados como miembros del Comité Cívico de Potosí, tomaron
también la plaza 10 de Noviembre, tras expulsar por la fuerza a representantes
de organizaciones sociales que permanecían en ella en rechazo al paro
indefinido.
Un fuerte
contingente policial reforzó la custodia de la Gobernación, en respuesta la
acción de los agresores, que ingresaron al lugar armados de palos, luego de
dejar llantas quemadas en las calles aledañas, según Bolivia Tv.
Esa
fuerza desplegada en la ciudad se apostó alrededor de la Gobernación para
proteger sus instalaciones, mientras defensores del cese de actividades
instalaron una vigilia a pocos metros del edificio.
Por su
parte, el analista Reymi Ferreira advirtió que otro “Comité Cívico”, el del
departamento oriental de Santa Cruz prepara otros actos violentos, a fin de
provocar una represión que cause muertos y heridos y les reporte apoyo popular.
Opositores
de ese departamento involucrados en la protesta intentan despertar la
solidaridad del pueblo con actos como esos, que también persiguen impunidad
para los actores del golpe de Estado de 2019, añadió el experto.
Ferreira
recordó que entre los llamados “cívicos cruceños” que convocaron al paro figuró
el político derechista Luis Fernando Camacho, cuyas movilizaciones pretenden
desestabilizar al Ejecutivo y evitar que la justicia actúe contra los actores
de 2019.
El
«cívico» y actual gobernador de Santa Cruz fue entonces “el principal impulsor
del golpe de Estado que obligó al entonces presidente Evo Morales a dejar el
cargo y llevó a Jeanine Áñez a tomar el poder”.
Las
autoridades denuncian desde hace varios días que la paralización laboral desde
este lunes revela las intenciones de la derecha opositora de desestabilizar al
país y propiciar un golpe de Estado como el de noviembre de 2019. Prensa Latina
de Cuba (https://bit.ly/3F2mXKV)
BOLIVIA:
LAS CONFRONTACIONES MARCAN EL SEGUNDO DÍA DE PARO PARCIAL DE LA OPOSICIÓN POR
LA POLÉMICA "LEY MADRE"
BBC de Londres
(https://bbc.in/3knZ5th)
Bolivia
tuvo el martes un segundo día de confrontaciones en las calles por el paro
convocado por organizaciones de la oposición al presidente Luis Arce ante la
controvertida ley 1386, también conocida como "ley madre".
Luego de
que el lunes las protestas terminaran con más de un centenar de detenidos, este
martes la presencia de manifestantes en las calles de varias ciudades del país
fue menor.
Sin
embargo, nuevamente ocurrieron confrontaciones en marchas y bloqueos entre
opositores, simpatizantes del oficialismo y la policía.
Los
convocantes del paro rechazan la llamada Estrategia Nacional Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, llamada
"ley madre", que fue aprobada en agosto.
Le ley
1386 causa polémica en Bolivia específicamente dentro de los sectores del
transporte, de la salud y de la economía informal por el contenido que prevé
ajustes en el Código Penal y medidas contra la informalidad.
Sus
detractores consideran que con ella el gobierno busca "imponer" un
"totalitarismo económico y financiero" en contra del pueblo
boliviano, dando facultades discrecionales al gobierno.
De los
siete artículos que tiene la cuestionada ley, tres generan preocupación. Uno de
ellos abre la posibilidad de hacer ajustes "mediante decreto" a una
estrategia que está detallada en un anexo de 53 páginas.
"El
paro durará lo que tenga que durar", aseguró el jueves el vicepresidente
del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, la institución que lideró las
movilizaciones contra Evo Morales en 2019.
Por su
parte la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, acusó que era
un "paro sin argumentos" y añadió que todas las demandas están siendo
atendidas por el gobierno.
Algunos
sectores que rechazan la ley, como los transportistas y los comerciantes, no se
sumaron al paro de actividades convocado de manera "indefinida".
Las
protestas y bloqueos más numerosos fueron vistos en las regiones de Santa Cruz,
Cochabamba, La Paz, Tarija, Potosí, Oruro y Beni.
Para
contrarrestar el paro, el gobierno del presidente Arce -quien el lunes cumplió
un año en el poder- desplegó a la policía y advirtió que habrá sanciones a las
trabajadores de la salud que suspendan sus labores en medio de la cuarta ola de
la pandemia en el país.
El
viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Nelson Cox, informó que el lunes
hubo 125 detenidos en todo el país.
Desde el
paro cívico del pasado 11 de octubre y las movilizaciones del día 21, los
líderes sindicales ya habían advertido con tomar nuevas medidas de fuerza si el
gobierno no los escuchaba o derogaba completamente la "ley madre".
"La
Policía no hace nada cuando los masistas [simpatizantes del gobierno] bloquean,
pero cuando el verdadero pueblo está en las calles de manera brutal han
agarrado y nos han gasificado", dijo en la protesta del martes un
manifestante en Cochabamba.
Sectores
oficialistas han rechazado esta medida que consideran busca
"desestabilizar" al gobierno y advirtieron que harán lo propio para
defender la "democracia" y el gobierno de Arce.
Según el
viceministro Cox, varios detenidos tenían en su poder armas punzocortantes y
gases lacrimógenos.
"Lamentamos
que hubo puntos de bloqueo con actitudes beligerantes, hay un nivel de
violencia en personas que han estado en puntos de bloqueo", sostuvo Cox.
DIPUTADA
BOLIVIANA DENUNCIA “SHOW” DE PARTIDO DERECHISTA
Prensa Latina de Cuba
(https://bit.ly/3wvRiP0)
La
diputada boliviana Sandra Paz reveló hoy que la bancada parlamentaria del
partido Creemos al que pertenece, dirigido por el derechista Luis Fernando
Camacho, "se interesa más por hacer un show que trabajar por
Bolivia".
La
legisladora por esa formación opositora declaró al canal cristiano Xto Tv que
el también gobernador de Santa Cruz busca, además, “el enfrentamiento, mentirle
al país y expulsar a quien expresa alguna opinión diferente”.
Los
diputados de Camacho en Creemos –subrayó- acostumbran a definir los temas “a
dedo”, sin la presencia de todos los asambleístas de su agrupación y sin avisar
de sus decisiones a todos los integrantes de su bancada.
Según
Paz, existe una “pelea interna” mediante la que “las decisiones son impuestas
en ese partido», en representación del cual Camacho perdió como candidato las
elecciones de 2020 frente a Luis Arce y el Movimiento al Socialismo.
“Hay una
gran mentira en Creemos, especialmente en (Erwin) Bazán, en Walthy Eguez.
Mienten a Santa Cruz y a Bolivia, porque a nosotros nunca nos llamaron para
consensos democráticos, pero nos separaron y nos quitaron nuestras oficinas”.
De
acuerdo con la diputada, «el (gobernante) Movimiento al Socialismo no tiene
nada que ver, es una pelea que hay entre la bancada de nuestro partido, porque
nosotros no tenemos un líder”.
Paz
aseguró que, “por tener una postura democrática», ella fue difamada por sus
colegas de Creemos, «que decidieron asumir una postura de enfrentamiento”.
“Lo que
les gusta a ellos (los legisladores de Camacho) es la prensa para mentir. No
quieren trabajar por Bolivia, sino seguir provocando enfrentamientos”,
sentenció la parlamentaria.
¿QUÉ
SIGNIFICA LA LEY DE GANANCIAS ILÍCITAS EN BOLIVIA?
Rebelión de España
(https://bit.ly/3wBoYuG)
Durante
las últimas semanas el país ha estado sometido a la violencia de grupos de
oposición al gobierno del MAS que amenazaron con llevar al país a un paro
cívico y a la convulsión social si el gobierno aprobaba el Proyecto de Ley N°
218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
o no Convencionales”, a pesar que algunas autoridades del Ejecutivo aclararon
que la propuesta de este Proyecto de Ley no afectaría a gremiales, ni a
periodistas ya que lo único que pretendía la norma era compilar de forma
coherente y ordenada lo que ya estaba establecido en varias normativas sobre el
tema a nivel mundial. Pero aún más el conflicto en nuestro país no solamente
consiguió que el gobierno anunciara que no se iba a tratar esta ley más a lo
largo de su gestión gubernamental, sino que además los sectores de oposición intentaron
avanzar en el proyecto de desestabilización del gobierno exigiendo que se
anulara también la ley 1389 en el objetivo de mantener un sistema jurídico
laxo, impune y permisivo, ausente de control y de presencia de Estado acorde
con sus intereses políticos y económicos como se gobernara en el pasado cuando
el aparato público era detentado por estas élites de rancia oligarquía. No
obstante, llama la atención como la población de sectores sociales oprimidos a
través de sus dirigentes gremiales pudo ser partícipe de este auto atentado a
la democracia saliendo a las calles para pedir la derogación de una ley que
demandaba al sistema institucional no tolerar más la impunidad de estos grupos
criminales hoy representantes máximos de partidos de oposición al gobierno del
MAS.
La Ley
218 era ciertamente parte de una estrategia nacional de lucha contra la
legitimación de ganancias ilícitas y el Financiamiento al terrorismo que se
habría aprobado en la ley 108 cuyo anexo de Estrategia Nacional de Lucha contra
la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo
plantea un conjunto de medidas, y acciones orientados a resolver las
situaciones de vulnerabilidad que se habrían identificado en el informe de
evaluación mutua que se realizó a Bolivia el año 2011 por el Grupo de Acción
Financiera de LatinoAmérica GAFILAT. Una organización intergubernamental de
base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centro América, Caribe
y América del Norte para combatir la Ley de Ganancias ilícitas y el
Financiamiento al Terrorismo LGI/FT; y en el que Bolivia asumió la
Vicepresidencia el año 2015 y la Presidencia el año 2016.
La
Estrategia Nacional en cuestión anexada a la Ley N° 108 se ampara en la
ratificación de leyes internacionales para la prevención, detección, mitigación
y superación de la vulnerabilidad de las naciones de la región frente a las
actividades ilícitas, estas recomendaciones se habrían efectuado en el marco de
las convenciones internacionales (Convención de Viena 1988, Convención de
Palermo 2000, Convención de Mérida 2003, entre otras) que habrían sido
ratificadas por varios países preocupados por la multiplicidad y expansión de
los mecanismos de LGI/FT y la magnitud del daño económico que provoca a la
economía principalmente de los países en vías de desarrollo, también
denominados economías emergentes.
Si bien
en el área de la prevención el sistema nacional contra la LGI/FT cuenta con
disposiciones normativas y mecanismos de control para el movimiento
transfronterizo de internación y salida física de dinero, las entidades de
supervisión y control del sistema financiero, mercado de valores y seguro, así
como también las entidades reguladas por la ley N° 393 de servicios
financieros, Ley N°1834 de Mercado de valores y ley N°1883 de Seguros incluidas
la Aduana Nacional de Bolivia y la Autoridad de Fiscalización del Juego, son
las entidades actoras en las que se concentran las acciones de prevención, sin
embargo con la ley de LGI/FT se pretendía otorgar a estas entidades una función
no solamente de supervisión sino también de sanción ante el tratamiento de
estos delitos. Por lo que sobre el área de detección e inteligencia, el Sistema
Nacional contra la LGI/FT establecido en el anexo de la Ley N° 108, cuenta con
la Unidad de Investigaciones Financieras para el Reporte de Operaciones
Sospechosas y/o delitos precedentes y a nivel de la justicia penal se establece
la necesidad de fortalecer las agencias de investigación y de fortalecer
también la capacidad del Estado para despojar a los criminales de sus bienes.
La
información de inteligencia financiera que maneja la UIF, según el anexo de
esta Ley, es de carácter reservado y confidencial y solo puede ser utilizada
como un componente más para orientar una investigación determinada sin que
dicha información pueda ser usada como prueba dentro del proceso penal. En ese
sentido, la Estrategia Nacional describe la complejidad del proceso de LGI a
través de las etapas a través de las cuales se realiza: Estas son la colocación
de los fondos de origen ilegal, sea a través de la apertura de cuentas, emisión
de instrumentos electrónicos de pago, transacciones con divisas, compra de
instrumentos financieros, y otros intentando utilizar a las entidades
financieras para introducir montos por lo general en sumas pequeñas. La fase de
ocultamiento, conocida como la fase de estratificación, intercalación o
diversificación, en donde el dinero es convertido en instrumentos de pago a
través de la compra de valores, transferencias entre jurisdicciones no muy
estrictas con un sistema judicial deficiente o realizando pagos por bienes o
servicios real o supuestamente adquiridos para luego invertir el dinero ya
aparentemente limpio.
Por lo
que además de ratificar lo que establece el Código Penal en su artículo 185 de
legitimación de ganancias ilícitas, así como el artículo 133 de Financiamiento
al Terrorismo en donde se estipula como principales delitos de la legitimación
de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo LGI/FT las actividades
relacionadas al narcotráfico, la corrupción, la trata y tráfico de personas y
el contrabando, en tanto comprometen la paz y estabilidad de naciones en una
región determinada. Asimismo, se detalla en el anexo, como desde la primera
gestión del presidente Evo Morales se desarrollaron acciones como la elaboración
de la estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de
coca desde el año 2007 al año 2010 y cuya implementación sirvió de base para la
estrategia de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos
excedentarios de coca y lo cual sirvió a su vez de base para elaborar una
estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas basado en la reducción
de la oferta a través de un mayor control y fiscalización de las sustancias
controladas, bienes incautados y control de la legitimación de ganancias
ilícitas; además de trabajar en la reducción de la demanda a través de
programas de prevención, tratamiento y reintegración y la reducción de cultivos
excedentarios de coca, mitigación del impacto y control social, además de resaltar
la firma de acuerdos entre el gobierno Boliviano y UNASUR para la lucha contra
el narcotráfico.
A nivel
de la lucha contra la corrupción en el anexo de la Ley N° 108 también se
destaca la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra
la Corrupción en Febrero del 2009 y el establecimiento de 38 artículos en la
Nueva Constitución Política del Estado, destinados a fortalecer la
transparencia institucional. De igual manera se remarca en el anexo, la
necesidad de luchar contra la trata y tráfico de personas como el tercer
negocio más rentable a nivel mundial después del tráfico de armas y el
narcotráfico; siendo otro de los negocios ilícitos más rentables, el
contrabando y la corrupción frente a lo cual durante el gobierno del MAS se promulgaron
leyes y decretos dirigidos a fortalecer la prevención y penalización del mismo.
Por otro
lado, se remarca que como resultado de la Ley de servicios financieros, se
fortaleció la Unidad de Investigaciones Financieras convirtiéndola en una
entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y se “aclaró las competencias en materia de supervisión
otorgándole a la ASFI, APS y AJ la vigilancia de sus respectivos sectores y
asignándole a la UIF la vigilancia de aquellos sujetos obligados que no se
encuentren bajo supervisión de una entidad que ejerza de manera específica esa
atribución” lo cual permite una mayor regulación y control de estas entidades.
Ello
permitió disminuir las distorsiones en la actividad financiera y económica que
ocasiona la LGI /FT, siendo una de las distorsiones mayores, la ausencia de
competencia del mercado en los sectores donde hubo dinero mal habido ya que el
sector industrial y pequeño y micro empresario no puede competir con los precios
de una empresa de fachada a la que no le interesa generar utilidades sino
simplemente legitimar el dinero que resulta de una actividad ilícita. Esta
dinámica genera un impacto negativo en la economía del país al provocar el
cierre y la quiebra de empresas legales que incide a su vez negativamente en el
incremento del desempleo.
Esto
significa que el problema que genera la LGI/FT es a escala global con efectos
perniciosos en la estabilidad e integridad financiera de los países y de la
región, debido a que las organizaciones criminales aprovechan las diferentes
legislaciones y sistemas nacionales de prevención, detección y represión de la
criminalidad, optando por jurisdicciones con controles más débiles o ineficaces
y en las que pueden mover sus fondos con menor riesgo de ser descubiertos y
sancionados.
Por lo
que la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo
LGI/FT favorece directamente al crecimiento de la criminalidad, considerando
que las consecuencias directas apuntan al crecimiento de la corrupción, el
deterioro moral de la sociedad y aunque la LGI no se considera un delito por sí
mismo violento, es muchas veces la última fase de una cadena de delitos
violentos y altamente rentables.
Y aquí no
sólo se habla a nivel de país sino aún más aún como se mencionaba líneas
arriba, se habla de una estrategia coordinada a nivel de la región que permita
actualizar el sistema jurídico de los países latinoamericanos a través de las
diferentes organizaciones como en el caso del GAFILAT, en concordancia con el
sistema jurídico internacional de los países desarrollados mucho más estricto
que el sistema jurídico laxo de Panamá con los Panama papers y otros en los que
estos paraísos fiscales permiten el lavado de dinero que resulta de la criminalidad
y en las que el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata y tráfico de
personas, que tanto dolor han causado en nuestra sociedad, son la base de las
empresas fantasma y que sólo son posibles de conocerse, en tanto se penetra el
sistema de seguridad cibernético y se filtra información que permite a las
sociedades del primer mundo conocer de este circuito criminal y denunciarlo.
Lamentablemente
este no es el caso de las economías emergentes de la región debido a
principalmente el nivel de desarrollo científico tecnológico que no nos permite
penetrar en estos niveles de corrupción y en los que los grupos de poder son
los que se articulan en torno al aparato público y mantienen el sistema
jurídico laxo o inoperante como para lidiar con estos círculos de criminalidad
retroalimentando la postergación y el subdesarrollo de las naciones y
aumentando la brecha económica entre ricos y pobres dramáticamente.
En el
caso de Bolivia no es de extrañarse al menos 275 empresarios de los más
importantes del país en la agroindustria, minería y comercio estuvieran
vinculados a los Panama papers bajo el discurso de proteger su dinero y con la
potestad de moverlo libremente a otros países donde la jurisdicción fuera más
favorable a sus intereses. Sin embargo, con el escándalo de la firma de
abogados Mossack y Fonseca el año 2016 que reveló 11,5 millones de documentos
entre firmas y contratos en 2.6 terabites de datos filtrados, de más de 26 mil
compañías a nivel mundial y operaciones en más de 30 países, quedó en evidencia
que lo que se hacía en estos paraísos fiscales era un centro de lavado de
dinero resultado de los crímenes ya mencionados, y que involucró a
personalidades políticas y financieras a nivel mundial.
En el
caso de Bolivia no solo quedaba en evidencia ante la comunidad internacional
que gobernaba una presidenta de facto con una notoria parentela vinculada al
narcotráfico en la región; sino que por lo mismo tampoco es de extrañarse el
rechazo de los grupos de oposición al gobierno del MAS al Proyecto de Ley N° 218/2020-2021,
Comunidad Ciudadana y Creemos, que aprovechando de su plataforma política
intentaron generar desestabilización al gobierno a través de un paro cívico
pidiendo también posteriormente la anulación de la ley 1386. Lo que si extraña
es que incluso la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia,
el 17 de Octubre del año en curso confirmara dar un plazo de 72 horas para que
el Gobierno retire la norma 1386 a pesar que el 15 de Octubre el gobierno ya
habría señalado que se iba retirar el proyecto de ley 218 y que no se iba a
tratar en el resto de su gestión gubernamental; todo ello debido a los paros y
movilizaciones en los que los gremiales se sumaron, validando el discurso
distorsionado de estos grupos políticos y en los que lograron engañar al pueblo
para que saliera a las calles pensando que defendía su derecho y no el de
grupos de criminales de cuello blanco.
Por lo
que si asumimos también como establece el anexo que “la riqueza en manos de
delincuentes constituye un factor multiplicador de la violencia pues permite
financiar actividades que atentan directamente contra la estabilidad social y
el sistema de justicia, poniendo en riesgo incluso la capacidad del Estado para
dar respuesta a los problemas de seguridad ciudadana y a la estabilidad de los
sistemas políticos” Coincidiremos en que estos grupos vinculados a la trata y
tráfico de personas ante la ausencia de un marco jurídico sólido podrán seguir
alimentando círculos viciosos de criminalidad en los que el negocio de armas y
el narcotráfico se retroalimenten y se financien mutuamente.
Por lo
tanto, con la Ley N° 218 en su artículo 3, inciso a, se establece en el ámbito
de aplicación que la Ley es aplicable a “Instituciones públicas y privadas,
incluidas las instancias competentes encargadas de efectuar labores de
prevención, investigación, procesamiento y sanción de la Legitimación de
Ganancias Ilícitas”. Por lo que se terminaba de reglamentar lo expuesto en el
anexo de la Ley N° 108 estableciendo protocolos y reglamentos para que estas
entidades lograran desempeñar un trabajo efectivo de control y supervisión así
como de sanción, no solamente en las entidades que ya por ley supervisa, sino
también en aquellas entidades públicas y privadas en las que no tenía mayor
control y/o supervisión, delimitando nuevas funciones en la coordinación
interinstitucional, algo que brilla por su ausencia en nuestro sistema jurídico
generando mayores posibilidades para que estos grupos criminales hoy
enquistados en la palestra política tengan voz y voto para impedir que se
aprueben este tipo de leyes, pero aún más con la propiedad del 85% de los
medios de comunicación y la impunidad de las redes sociales carentes de
normativa a nivel nacional, tenga incidencia en las clases medias desinformadas
y en los grupos de sindicalizados y en esos 275 empresarios bolivianos que por
ausencia de normativas y la presencia de sistemas jurídicos laxos como el de
Panamá inviertan su capital en empresas que bajo el discurso de protegerlo en
realidad protegen el negociado y la identidad de representantes políticos y
financieros vinculados a la red criminal global de narcotráfico venta de armas
y trata y tráfico de personas, atentando además contra la democracia en nuestra
querida Bolivia y el interés de la nación.
Por su parte
la Ley 1389 que en su artículo 1°, tiene por objetivo autorizar la constitución
del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública – FARIP, que
estaba “destinado a financiar proyectos de inversión pública de las Entidades
Territoriales Autónomas y autorizar al Banco Central de Bolivia – BCB, y
otorgar un crédito extraordinario en favor del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN”, y que ha
sido ampliamente criticado por la oposición ahora que pide su derogación a
través de un paro cívico, señalando que atenta contra la autonomía a pesar de
haberse demostrado la amplia capacidad del gobierno del MAS para lograr un
repunte de la economía a pesar del desfalco a las arcas del Estado que ocasión
el gobierno de facto.
Por lo
que si analizamos el artículo 2° inciso I, donde se establece que “Se autoriza
al Ministerio de Planificación del Desarrollo para que, en su condición de
fideicomitente, constituya con recursos del TGN el FARIP a ser administrado por
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, por un monto de hasta
Bs2.000.000.000.- (Dos Mil Millones 00/100 Bolivianos), con la finalidad de
otorgar créditos a las Entidades Territoriales Autónomas para financiar
contrapartes locales de proyectos de inversión pública que cuenten con
financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes con el nivel central
del Estado”. Se puede entender el porqué de esta medida extrema de la oposición
y la denuncia que hace sobre el conjunto de leyes que afectan a su sector, cabe
destacar a esa élite que se oculta tras la fachada de los 275 empresarios que
fuera de marco normativo que regule su accionar y bajo el pretexto de cuidar su
dinero que invirtió su capital en la firma Mossack y Fonseca y que ahora luego
del escándalo del 2016 con lo Panama Papers pretende seguir operando en la
impunidad con la mismo organización criminal hoy bajo otros nombres
aprovechando su representación política su control de los medios para que en el
nombre de la libertad “individual” y la democracia de la “rancia oligarquía”
pretenda seguir azuzando al pueblo contra el gobierno del MAS al establecer un
mayor control sobre el dinero de los Bolivianos que se destina a las
gobernaciones del país y sobre el cual se debe rendir cuentas al Estado y al
pueblo y que contribuye al fortalecimiento de un Estado capaz de regular la
economía del país más allá del gobierno que se encuentre de turno.
Finalmente,
cabe destacar también que el daño económico se traslada también al tejido social
fragmentando economías, sociedades y familias en la mayor impunidad con
secuelas que inciden a su vez en el desarrollo social político y económico de
nuestras sociedades dificultando un crecimiento económico sostenido, ya que
esta impunidad no solamente recrea sociedades postergadas económicamente sino
que además las fragmenta psicológica y emocionalmente en la impunidad que
reproduce una colonización mental con la aceptación pasiva de la subversión del
discurso, merced al interés corporativo de grupos de una élite criminal que
pretenden volver a detentar el aparato público en lo que se conoce como la
inquisición de los Estados criminales.
No
obstante en Bolivia, con la recuperación de la democracia no sólo se devolvió
al país la legitimidad a la institucionalidad pública, sino que además se logró
dar voz a las víctimas de Senkata y de Sacaba que clamaban por Justicia, pero
aún más cuando se pretendió dar una acción real a la institucionalidad pública
en tanto se le atribuyó con la ley 1389 capacidad de sancionar y no simplemente
de ser testigo incólume de los crímenes que atentan contra la economía Estatal
y el proyecto de desarrollo país para todos los Bolivianos, se generan estos
paros y movilizaciones que desde ya generan una pérdida para el país en millones
de dólares y en los que una ciudadanía consciente juega un rol fundamental y
decisivo en este juego de poder.
En suma
la no aprobación del proyecto de ley 218, solo retardó más la modernización de
un sistema judicial que debería ser más estricto en la penalización de estos
delitos LGI/FT que permiten a los grupos criminales de cuello blanco seguir
lucrando con el dolor de su propia gente en una suerte de visión caníbal,
racista y salvaje de la economía y la sociedad de su propio país, merced a un
nuevo neoliberalismo salvaje que ahora arremete contra la ley 1389
distorsionando el discurso través de herramientas científicas tecnológicas que
permiten la colonización mental de nuestras sociedades a través de la mass
media. Hoy como ayer 11 de Octubre que se convoca a un paro cívico de la
ciudadanía en defensa de los derechos de unos cuantos criminales a seguir
lucrando sobre el dolor y la sangre de nuestros seres queridos, la oposición
vuelve a declarar otro paro cívico para el 8 de noviembre en la que líderes
sindicales y gremiales se vuelven a sumar esta vez para pedir la abrogación de
la ley 1386 y el anexo de la Estrategia Nacional de Lucha contra la
legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo y aún más
no falta quien pide la liberación de Añez.
"BOLIVIA
Y ARGENTINA DEBEN INDUSTRIALIZARSE Y UNIRSE PARA SER POTENCIAS CON EL
LITIO"
La Voz de San Justo, Argentina
(https://bit.ly/3n3ORji)
El
expresidente boliviano, Evo Morales, calificó este martes de
"excelente" el primer año de gestión presidencial de Luis Arce,
"en pandemia y economía", y afirmó que el desafío actual es
"cómo ser primeros en crecimiento económico en Sudamérica", a la vez
que destacó la importancia de la explotación conjunta del litio entre su país y
Argentina para ser quienes fijen el precio internacional de ese mineral.
En el
acto en la sede de Ctera, Morales fue homenajeado al cumplirse un año de su
regreso a Bolivia tras el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder y
estuvieron presentes los dirigentes Sonia Alesso, Roberto Baradel, Hugo Yasky y
Edgardo Depetri.
¿Cómo
evalúa el primer año de Gobierno de Arce?
En tema
de pandemia y economía, excelente. Hasta sobraron vacunas. Aunque también hay
una mala campaña para que no se vacune. No hemos estado encerrados como el año
pasado, no hubo una cuarentena rígida que haga daño a la economía. Ese encierro
produjo que los pobres estén más pobres y los ricos más ricos. En tema
economía, para el 2019 estaba planificado un crecimiento de más de 4%, pero con
tanto conflicto acabamos con 2%. Y si no hubiera habido tantos conflictos otra
vez Bolivia hubiera sido la primera en crecimiento económico de Sudamérica en
2019. Y ahora (por el 2021) estamos, según el Banco Central de Bolivia, con más
del 4%. Según Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), más
del 5%. La tarea es ver cómo podemos ser primeros en crecimiento económico en
Sudamérica, estamos mejor que antes.
¿Qué hay
que hacer con el litio?
EM:
Nuestro delito fue haber empezado la industrialización. Argentina y Bolivia
impulsaron la industrialización en base a los estados. Empezamos con nuestras
reservas. El 18 de septiembre de 2018 entregamos la primera planta, cloruro de
potasio. En diciembre exportamos 15 mil toneladas de cloruro de potasio a
Brasil. El año pasado entregamos la primera planta mediana de carbonato de
litio. Pero es importante trabajar conjuntamente Argentina y Bolivia. Si nos
industrializamos como Estado, de acá a poco tiempo vamos a ser potencia.
Nosotros podemos poner el precio del litio para todo el mundo.
Teniendo
en cuenta el golpe de Estado de 2019, ¿Qué rol deben cumplir las Fuerzas
Armadas?
Hay que
hacer un profundo cambio con la doctrina militar. Dejamos que las fuerzas
armadas sigan dedicadas a la Escuela de las Américas. Lamento mucho lo de
algunos comandantes. Después de las elecciones ganamos y pidieron de rodillas
un gobierno militar, una junta militar. Los subalternos no nos vencieron. Hay
militares patriotas. Casi todos los comandantes y subcomandantes.
¿Cuál es
el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la estructura de deuda de los
países de la región?
Hay casos en que la deuda es ilegal, tomando en cuenta las normas nacionales, en los que quienes llevaron al endeudamiento debieran ser juzgados e investigados. Pero el FMI es el máximo representante del imperio, son usureros. Nosotros nunca acudimos al FMI, que antes tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Técnicos del Fondo participaban en el Gabinete para aprobar las privatizaciones. Pero nosotros los botamos e impulsamos la reforma. Y repito nuevamente, nuestras políticas económicas económicas, que vienen de los movimientos sociales, son tan importantes porque son un instrumento político que garantiza la liberación del pueblo con un programa económico que viene de los movimientos sociales, que su base es la nacionalización. En ese punto estamos enfrentados con la derecha, los privatizadores versus los nacionalizadores. Y los nacionalizadores siempre les vamos a ganar, y como saben que no nos van a ganar electoralmente, democráticamente, entonces golpe de Estado.
¿Cómo
fue, desde lo humano, su exilio en Argentina?
Estoy muy
contento de estar otra vez en Argentina acompañado por el amigo Hugo Yasky, de
CTA, Roberto Baradel de CTERA y Sonia Alesso. Exactamente, el año pasado como
hoy, estaba retornando a Bolivia de La Quiaca a Villazón, acompañado por el
hermano presidente Alberto Fernández.
Me hace
recordar cuando era niño, cuatro o cinco años entraba en Villazón con mi padre,
mi primera escuela la hice en Calilegua (sudeste de Jujuy). No entendía
castellano. Eso me hace pensar que mi segunda nación es Argentina, aquí recibí
todo el apoyo, apoyo social y sindical, tanta solidaridad, gracias a decisión
política del hermano Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.
También recibí apoyo jurídico. Adolfo Perez Esquivel y las Madres de Plaza de
Mayo me recomendaron que me defienda el doctor Eugenio Zaffaroni y ganamos los
29 procesos. Hace 4 o 5 cinco meses salió una noticia que la CIA contrató a la
Inteligencia argentina durante la gestión de Mauricio Macri, cuatro años me
investigó. La CIA no encontró nada.
En los momentos difíciles que hemos vivido, presidentes de Argentina, México, Nicolás Maduro de Venezuela, de Cuba, ex presidente como José Luis Zapatero, todos movilizados para salvarme. El 11 de noviembre de 2019 es el día de la maldad, pero el 11 de noviembre de 2020 es el día de la felicidad. Retornamos a la democracia.
¿Qué es
hacer política para usted?
En estos
momentos para mi hacer política es hacer patria. Es servicio, esfuerzo y
sacrificio por la gente más humilde. Con las políticas económicas que vienen de
los movimientos sociales y no del FMI. La nacionalización viene de los
movimientos sociales, de los campesinos, maestros y mineros. Desde la fundación
de la república en 1825 hasta el 2005, en 180 años nos dejaron con 9.000
millones de dólares del PIB, pero en trece años llegamos a 42.000 millones,
récord histórico. Cambiamos esa estructura colonial, esas privatizaciones.
EVO
MORALES: “EL FMI ES EL MÁXIMO SUSTENTO DEL IMPERIO”
Radio Gráfica de Argentina
(https://bit.ly/3bVS6Dp)
El ex
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia estuvo este mediodía en la sede
de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina,
donde se descubrió una placa que conmemora el trabajo realizado por él en esa
casa sindical, durante su exilio tras el golpe de estado, para la recuperación
de la democracia boliviana.
Acompañado
por la secretaria general de CTERA Sonia Alesso, el diputado nacional Hugo
Yasky, el titular de SUTEBA Roberto Baradel y otros referentes de la CTA, Evo
Morales Ayma brindó una rueda de prensa en la que dio importantes definiciones
respecto a los recursos naturales, las elecciones en Nicaragua y la deuda
contraída por el gobierno de Mauricio Macri.
Litio
“Nuestro
delito ha sido empezar la industrialización del litio. Argentina y Bolivia
deberían impulsar la industrialización en base a los estados. Nosotros
empezamos con nuestras reservas, no con créditos y en septiembre de 2018
llegamos a la primera planta. De septiembre a diciembre del mismo año, exportamos
15 mil toneladas de cloruro de potasio a Brasil. Es importante trabajar
conjuntamente. Si Argentina y Bolivia industrializamos como Estado, de acá a
poco tiempo vamos a ser potencia en litio. ¿Qué significa? Nosotros podemos
fijar el precio del litio para todo el mundo.
Nicaragua
“Yo no
entiendo ‘régimen’. Es un término colonial, un término impuesto. ¿Qué país no
tiene problemas? Todos tenemos problemas como políticos, como gobiernos. Los
tienen que resolver con soberanía, en democracia, los pueblos de cada país.
Rechazamos cualquier intromisión extranjera. Cada país tiene su propia
particularidad. Saludamos el triunfo de Daniel. Cuestionó el presidente de
Estados Unidos, que era ‘una falsa democracia’. La falsa democracia está en
Estados Unidos. En Estados Unidos votan, sea para los republicanos o para los
demócratas, pero ninguno gobierna. ¿Quién gobierna? Las transnacionales, la
industria armamentista y la CIA gobiernan. En tiempos de Donald Trump, Hillary
ganó en votos pero el presidente era Trump. Ahí sí no hay democracia. ¿Qué
moral tienen para cuestionar la democracia de Nicaragua, Cuba o Venezuela? Yo
soy muy sincero y directo: más Cuba, más Venezuela y más Nicaragua. Ahí sí los
pueblos van a estar liberados”.
FMI
“La deuda
es ilegal. Tomando en cuenta las normas nacionales, quienes llevaron al
endeudamiento deberían ser juzgados e investigados. El Fondo es el máximo
sustentante del imperio. Son usureros. Nosotros jamás acudimos al Fondo
Monetario Internacional, aunque antes el FMI tenía su oficina en el Banco
Central de Bolivia. Técnicos del Fondo participaban del Gabinete para aprobar
las privatizaciones. Le expulsamos al Fondo. Nuestras políticas económicas son
tan importantes porque Bolivia tiene un instrumento político que garantiza la
liberación del pueblo y un programa económico, que viene de los movimientos
sociales, que su base es la nacionalización. Estamos enfrentados: los
privatizadores versus los nacionalizadores. Los nacionalizadores siempre vamos
a ganar. Como saben que no nos van a ganar electoral y democráticamente, golpe
de estado”.
POR LAS
CONTUNDENTES PRUEBAS, LA CAUSA POR EL ENVÍO DE ARMAS A BOLIVIA "AVANZARÁ
RÁPIDO"
Radio AM 750 de Argentina
(https://bit.ly/3F1VmJH)
El
embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, afirmó que la causa por el
envío de armas de parte del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia para apoyar el
golpe de Estado al presidente destituido Evo Morales está "avanzada"
y resaltó que la operación fue "secreta" para los gendarmes que viajaron
en el avión con las municiones.
El juez
Alejandro Catania, a cargo de la investigación, "hizo varios reclamos a la
embajada para que enviáramos información y documentación que estaba aquí en
Bolivia, e hizo pedidos a los ministerio de Defensa y Seguridad locales para
pasar las declaraciones", contó el representante argentino en diálogo con
La García por AM750.
Según
Basteira, es probable que la causa avance "rápido", ya que "es
un proceso que tiene muchos testigos, mucha documentación que respalda lo que
se denunció y está la prueba del delito". También aseguró que el contacto
de la Gendarmería es "muy fuerte" y coincidió con las declaraciones
del ministro de Justicia, Martín Soria, quien consideró que se utilizó a los
efectivos como "mulas" para contrabandear las armas.
"Fue
en secreto, los gendarmes dicen que cuando suben al Hércules ven dos bultos muy
grandes, de dimensiones muy importantes en la empalizada del avión. Nadie sabía
qué eran y quién los había subido. Por eso cuando bajan en La Paz, dejan esos
bultos y el testigo referenciado aquí en Bolivia, una persona que vio todo el
procedimiento, comenta que le piden ayuda a dos o tres gendarmes para que
posteriormente un montacargas se lo pudiera llevar", contó el embajador.
El estado
de la causa
En la
actualidad, la investigación por contrabando agravado al entonces comandante de
esa fuerza, Gerardo Otero, quien dio las órdenes de desplegar a los alacranes
en La Paz y de sacar los proyectiles que terminaron en poder de las fuerzas que
apoyaron el golpe contra Morales.
Otero es
uno de los imputados en la causa junto con Macri, la exministra de Seguridad
Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge
Faurie y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros. Las pruebas y la
información recaudada apuntan a confirmar la colaboración de la gestión de
Cambiemos con el proceso antidemocrático y las consecuencias que trajo para el
país vecino.
En este
sentido, Soria resaltó: “Las declaraciones de los gendarmes confirman cómo bajo
el pretexto de custodiar la embajada Argentina en La Paz, Macri y Bullrich los
utilizaron como mulas para contrabandear un arsenal para apoyar el golpe de
estado en Bolivia"
Y agregó:
“El avance de la causa vuelve a mostrar lo que son, cínicos y peligrosos que se
llenan la boca hablando de la república, pero cuando no estaban espiando gente
o endeudándonos a todos, estaban apoyando militares golpistas”.
La causa
se inició en julio de este año con una denuncia que presentaron Soria, la
entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.
Junto a Catania, la investigación está a cargo de la causa junto con el fiscal
Claudio Navas Rial. Ahora se espera que llegue información que requirieron a Bolivia
para avanzar con el expediente que no solo tiene a Otero y a otros gendarmes
entre los imputados, sino que también alcanza a Macri y a gran parte de su
gabinete.
EL
VICECÓNSUL DE BOLIVIA EN LA MATANZA RECORDÓ A RENÉ MENDOZA: “SIEMPRE SE OCUPÓ
DE LAS NECESIDADES DE LA COLECTIVIDAD Y DEL BARRIO”
Así se
refirió Mauricio Pinaya Peñaranda al referente social del barrio San Cayetano,
quien murió asesinado el último domingo. También, el funcionario rememoró parte
del trabajo que compartieron en la zona cuando llevaron adelante los
"consulados móviles".
El 1 Digital de Argentina
(https://bit.ly/31DLNSQ)
Más allá
de ser matancero por elección, con una labor social clave en el Barrio San
Cayetano de González Catán, René Mendoza, el referente que fue asesinado este
domingo, también llevó adelante una intensa obra en la zona para ayudar a los
integrantes de la comunidad de su Bolivia natal, en conjunto con diversas
autoridades. Este trabajo dejó una huella imborrable en el recuerdo de los
funcionarios que compartieron esas tareas con él, quienes expresaron su
agradecimiento a este abnegado vecino.
Consultado
por El1 Digital, el vicecónsul de Bolivia en La Matanza, Mauricio Pinaya
Peñaranda, expresó su reconocimiento a Mendoza y, al mismo tiempo, el dolor por
la noticia de su fallecimiento: "Para nosotros, Don René ha sido un
referente que vivió en la Argentina muchos años, un hombre trabajador. Ni bien
llegó a Argentina, siempre se ocupó de la comunidad boliviana, como así también
de las problemáticas que había en el barrio, por ejemplo (de problemas que
ocurrían con) la luz, el gas, cosas así”.
“Recibimos
con mucho dolor lo que significa esta noticia, y lo que nosotros hicimos, en un
principio, es acercarnos a la familia. Hemos estado, junto con el embajador, el
cónsul general, acercándonos a la familia, en principio, haciéndoles llegar
nuestro sentimiento de condolencia y de pesar. En este momento tan dificultoso,
con mucho dolor de la familia, vamos a estar siempre para ellos, pero
respetando su dolor”, detalló.
En este
marco de respeto y acompañamiento, el funcionario también dejó la opción
abierta a ayudar a la familia a impulsar el reclamo para que se esclarezca y
brinde justicia ante el crimen. “Vamos a hacer la presentación donde la
tengamos que hacer, para pedir Justicia por este hermano boliviano”, remarcó el
funcionario.
Trabajo
conjunto
Pinaya
Peñaranda también recordó el trabajo conjunto que llevaron a cabo con Mendoza:
“Lo que habíamos estado haciendo, junto a Don René, era ver lo de los
consulados móviles. Por supuesto que Don René era un hombre preocupado por las
necesidades de la colectividad boliviana y, a través nuestro y de una
coordinación, desde hace unos meses atrás, ya trabajaba incluso con otros
vicecónsules que estaban en La Matanza. En nuestro caso, estábamos planificando
ayudar a estos sectores con su apoyo y ver lo que significa la legalidad,
especialmente la doble nacionalidad, para los hermanos bolivianos”.
En esta
línea, el funcionario insistió: “Era un hombre siempre muy preocupado de la
necesidad de los bolivianos acá en la Argentina. Estamos muy apenados por su
fallecimiento, especialmente por la forma en que lo han asesinado”.
Por
último, el funcionario dejó un mensaje para los allegados a la víctimas y su
comunidad: “A la colectividad boliviana, a la familia, que está pasando por un
amargo momento, queremos decirles que estamos con ellos, con una representación
importante, que es el embajador, su cónsul general y el vicecónsul de La
Matanza, para cualquier tipo de situación y para el pedido de Justicia”.
“LA
BOLIVIANA”, EMPRENDIMIENTO GASTRONÓMICO QUILANGUENSE
Crónica de Ecuador
(https://bit.ly/3kqO0HR)
En la
ciudad de Quilanga, nació el emprendimiento gastronómico “La Boliviana Grill
Steak”, sitio que muestra comidas típicas de Bolivia y Ecuador. Su mentora
Yessica Soruco Salces es quien decidió arriesgarse y emprender.
Trayectoria
Yessica
es oriunda de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia. Varios años atrás por la
situación económica que atravesaba su país tuvo que emigrar para apoyar a sus
padres y llegó a Londres con tan solo 21 años de edad.
La vida
le sonrió y pudo encontrar una fuente de trabajo en una cafetería, donde
trabajó por 6 años. Durante ese tiempo conoció a su pareja que resultó ser de
Quilanga y en 2007 arribó a la “tierra con aroma y sabor a café” y su gente la
acogió como una más de su pueblo.
“Siempre
me ha gustado servir y decidí abrir un restaurante con comidas típicas de los
dos países. Los platos más degustados son el Piquemacho que es una carne de
res, preparada con cerveza, chorizo y picante; y, el Falso Conejo, carne con diversos
sabores”.
Su
fortaleza de salir adelante continúa y en la actualidad presenta la primera
cerveza artesanal que lleva el nombre de Quilanga, sus ingredientes son el café
y está en dos presentaciones: la negra y la rubia.
Consejo
Yessica
Soruco Salces aconseja a sus coterráneos a trabajar e invertir en su propia
tierra con el único objetivo de que su pueblo salga adelante y siga creciendo.
INCENDIOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO DESTRUYEN BOSQUES DE BOLIVIA A PASO DE GIGANTE
France 24 de Francia (https://bit.ly/3ocZ5O0)
La ruta
que atraviesa San Matías es tierra de nadie. Cientos de miles de hectáreas de
lo que hace años eran bosques, sabanas tropicales y pantanales hoy son una
maraña gris de árboles calcinados que flanquean caminos de ceniza en esta área
protegida del este de Bolivia.
"¡Entró
hasta este monte, entró ahí!", comenta Antonio Tacuchavá, de 76 años,
señalando una arboleda devastada por el último incendio, que se extendió de
julio a septiembre. Las llamas llegaron a menos de un kilómetro de su casa.
Las 130
familias de Comunidad Candelaria, un caserío principalmente agricultor a las
puertas del parque San Matías, en el corazón de Sudamérica y lindero con el
pantanal brasileño, temen que el fuego arrase con todo lo que tienen.
"Una
chispa, aquí en estas casas, es un fósforo", advierte este excampesino de
pulcro bigote blanco y rostro curtido por el sol, que ahora vive de los
animales de granja que cría en su jardín.
Margarita
Chuvé, su esposa, tampoco esconde el miedo.
"Mi
casita todavía es de paja. Peligroso estaba. ¡Parecía que estaba cerquinga el
fuego!", recuerda la mujer de 69 años, mientras llena unos cuantos baldes
durante uno de los tres momentos del día en que hay agua debido a las
restricciones por la falta de lluvia.
Bolivia,
uno de los países con más biodiversidad, ascendió en 2020 al número tres en la
lista de países con la mayor pérdida de bosques vírgenes, solo detrás de Brasil
y la República Democrática del Congo, según Global Forest Watch.
En lo que
va de 2021, ya se quemaron al menos 34.000 km2. En los dos años anteriores,
fueron más de 50.000.
"Recuperarse
de los incendios puede llevar décadas", asegura el biólogo Juan Carlos
Catari. "Hay lugares que perdieron más de la mitad de su riqueza de
flora". Añade que el fuego ha diezmado especies como el copaibo y algunas
variedades de tajibo, árbol icónico de la región.
Los
incendios de esta temporada están controlados, pero la sequía, una de sus
causas y también consecuencia, permanece.
"La
vegetación sirve de esponja y activa el ciclo hídrico, especialmente en un
lugar que es todo arena", explica Catari.
La falta
de vegetación, más los gases de efecto invernadero que incendios recurrentes en
todo el mundo y otros contaminantes aportan año a año, generan más calor y una
estación lluviosa cada vez más corta.
La sequía
también se hace sentir en Santo Corazón, 200 km al sur, pero aún dentro del
gigantesco parque.
"Mucho
nos ha afectado", lamenta Jorge Suárez, el cacique de este pueblo fundado
en 1760 como una misión jesuita, donde construcciones de madera y chozas con
techo de hoja de palmera dominan el paisaje.
"Este
año no tuvimos primavera", agrega, y agradece a Dios por la lluvia de hace
unos días; la primera en meses.
Pero la
población no es la única afectada por el fuego y la falta de agua.
"Peor
los animales, que están acostumbrados a vivir en el bosque. Eso me preocupa
mucho", dice el cacique de 54 años y ojos celestes.
"Muerte
masiva"
Al
adentrarse en el parque de casi 30.000 km2 –la superficie de Bélgica– el camino
revela suelos resecos y agrietados bajo miles de palmeras a medio quemar.
"El
fuego, aparte de matar el tronco, mata las propiedades del suelo", lamenta
la geógrafa y bióloga Carla Ramírez, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(Sernap).
Entre
2001 y 2020, Bolivia perdió más de 60.000 km2 de cobertura arbórea. Eso
equivale a una disminución del 9,5% desde el año 2000 y 1,5% del total mundial,
de acuerdo con Global Forest Watch.
Ya en
2009, un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua presagiaba: "Con
este ritmo de deforestación, habrán desaparecido los bosques en Bolivia en el
año 2100".
Una de
las causas son los incendios, que además propician el calentamiento global por
sus emisiones de dióxido de carbono. Es una fórmula letal: las emisiones se
disparan por el humo y hay cada vez menos árboles para absorber ese exceso,
porque se quemaron o fueron talados.
Un
documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cita
estudios que prevén un aumento de la temperatura en Bolivia "en un rango
de 1,3 a 1,6°C para el año 2030 y entre 4,8 a 6°C para el año 2100, en
comparación con la temperatura media de 1961-1990".
Algún
tajibo todavía florido en rosa o amarillo es de los pocos resquicios de vida
que resaltan en el paisaje desolador.
Otro son
las parabas azules, emblema de la fauna de San Matías.
Según
organismos internacionales, quedan en el mundo no más de 4.500 ejemplares de
esta ave azul cobalto que puede alcanzar el metro de longitud. Algunas de las
300 que todavía habitan el parque, por estar empollando, no abandonaron sus
nidos a pesar de los incendios a su alrededor.
"El
fuego afecta la reproducción de la especie", porque los árboles donde
viven se van quemando y cayendo, explica el biólogo Mauricio Herrera, experto
en esta ave.
Además,
la escasez de alimento agrava la situación para las parabas: la palmera de
motacú, de cuyo fruto se alimentan, es igualmente víctima de los incendios.
Considerada
"vulnerable" por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN), la paraba azul figura en la Lista Roja de Especies
Amenazadas.
Otros
animales también sufren: lagartos flacos y sedientos languidecen alrededor de
los estanques en reservas naturales afectadas por los incendios.
"La
mayoría de los animales grandes pueden escapar del fuego porque se desplazan
rápidamente, pero reptiles como los lagartos y serpientes quedan atrapados en
el fuego y se intoxican con el humo porque no se desplazan rápido",
explica Catari.
Los
caimanes del pantanal "se están salvando porque viven en el pantano donde
hay agua", afirmó a la AFP el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos
Calvimontes, a cargo del operativo militar contra el fuego.
Pero
biólogos señalan que la supervivencia no es segura porque varios cuerpos de
agua están secándose. A ello se suma que las cenizas se acumulan allí y matan a
los peces y crustáceos, alimento de los lagartos.
"El
probable desenlace es una muerte masiva" del reptil, asevera el
veterinario Félix Rivas, del santuario animal Senda Verde, que asistió a
animales afectados en el parque.
¿Solo
pastizales?
"Las
áreas protegidas no son necesariamente ricas en biodiversidad" fue la
primera respuesta del viceministro al ser consultado sobre el desastre
ambiental provocado por los incendios.
Calvimontes
asegura que "la mayor parte de lo que se está quemando son los pantanales,
son pastizales".
Pero hay
grandes extensiones de bosque arrasadas y, de acuerdo con varios científicos,
el daño a pastizales y matorrales es igual de grave.
"Hierbas
y pastos tienen el mismo valor en términos de biodiversidad y conservación que
los árboles", aclara Catari.
"Cuando
alguien le resta importancia a la quema de pastizales, le está restando
importancia a la biodiversidad como tal. Es una aberración".
"Volverá
a pasar"
"Es
muy difícil el trabajo de rehabilitación porque sabemos que, al año, esto va a
volver a pasar", se queja Ramírez.
Lo que no
es ningún secreto es que los incendios son provocados. Como es tradición, las
quemas se inician para transformar bosques en áreas agropecuarias o limpiar el
terreno de cara a la próxima siembra.
La
práctica, conocida como "chaqueo", es legal en Bolivia durante mayo y
junio, una vez finalizada la estación húmeda. Este año, no obstante, la
autorización se extendió hasta el 31 de julio.
La ley
permite "chaquear" hasta 20 hectáreas, pero hay quienes incumplen los
plazos o queman más superficie.
Para
ellos, las sanciones son débiles.
En los
gobiernos de Evo Morales (2006-2019), del oficialista Movimiento al Socialismo
(MAS), se impulsaron numerosas normas que favorecieron la quema y deforestación
para ampliar la frontera agropecuaria, en nombre de la "seguridad
alimentaria".
En Santo
Corazón, Dalcy Cabrera abre el grifo, pero no sale nada.
"En
este tiempo de seca es donde a nosotros nos afecta (...) El agua no nos
llega", dice esta ama de casa de 36 años.
Sin
embargo, agradece que aún corre un río cerca de su casa. Otras comunidades no
tienen la misma suerte y dependen de camiones cisterna para subsistir.
"Dios
quiera que ya no continúe esta sequía", comenta Froilán Silva, de 59 años
y vecino del mismo pueblo.
Pese a
que llovizna y la gente se alegra, los expertos dicen que el daño ya está
hecho.
"Que
la vegetación se ponga verde cuando venga la primera lluvia no quiere decir que
(el bosque) se ha recuperado", dice Catari.
