En
Bolivia, la infame “activista de derechos humanos” Amparo Carvajal, que salió
en defensa de los golpistas, ha sido recientemente nombrada Personalidad del
Año por Radio Fides, dominada por la derecha, financiada por el Fondo Nacional
para la Democracia. Antes del golpe de noviembre de 2019, Carvajal apoyó a los
"cabildos" organizados por la
extrema derecha contra el gobierno democráticamente electo de Evo Morales,
marchando codo con codo con ellos.
NO
POR primera vez, y ciertamente no es la última, podemos presenciar en esta
época del año cómo la clase dominante entrega “honores” a quienes consideran
dignos de su reconocimiento.
Siempre
hay un elemento de servicios prestados, y este año no es una excepción. Ya sea
que provenga de una de las economías más pequeñas del mundo o de una de las más
grandes, todo lo que necesita hacer es su oferta y su recompensa llegará.
Eso
es lo que pasó con el título de caballero de Tony Blair, un belicista
responsable de cientos de miles de personas asesinadas en Oriente Medio bajo el
falso pretexto de las “armas de destrucción masiva” y por haber convertido a
tanta gente en refugiados.
Ahora
Keir Starmer lo aclama como uno de los "grandes pensadores"
laboristas. Mientras tanto, Julian Assange languidece en una prisión de máxima
seguridad, su único pecado, habiendo dicho al mundo entero la verdad.
En
Bolivia, la infame “activista de derechos humanos” Amparo Carvajal, que salió
en defensa de los golpistas, ha sido recientemente nombrada Personalidad del
Año por Radio Fides, dominada por la derecha, financiada por el Fondo Nacional
para la Democracia.
Antes
del golpe de noviembre de 2019, Carvajal apoyó a los "cabildos"
("consejos municipales") organizados por la extrema derecha contra el
gobierno democráticamente electo de Evo Morales, marchando codo con codo con
ellos.
Cuando
ocurrieron las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, como
activista de derechos humanos, Carvajal nunca brindó ningún apoyo a los
familiares de los 38 indígenas asesinados, ni visitó a los más de 800 heridos
ni a los más de 1.500 torturados y presos que fueron privados. de sus derechos
humanos básicos.
Incluso
algunos profesionales de la salud torturaron a los heridos, vertiendo espíritu
blanco en sus heridas abiertas, sometiéndolos a comentarios racistas y
humillando a los indígenas.
Carvajal
nunca denunció a militares, policías o paramilitares por su participación en
estos crímenes, y nunca denunció las atrocidades cometidas por algunos
profesionales de la salud.
En
cambio, defendió con fiereza a Jeanine Anez, la golpista que usurpó la
presidencia, y a sus secuaces asesinos en masa, y elogió públicamente al
paramilitar RJC (Resistencia Juvenil Cochala), diciendo que, para ella, “eran
una resistencia esencial”, promoviendo así este grupo criminal.
Carvajal
es una ex monja española y durante muchos años fue presidenta de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia - APDHB.
Recientemente,
en un congreso nacional fue repudiada y destituida de la asamblea permanente
por haber apoyado a los golpistas.
Es
imposible creer que un admirador de Franco pudo infiltrarse en el movimiento de
derechos humanos durante tantos años en Bolivia.
El
pueblo boliviano busca justicia por la estela de crímenes que dejó el régimen
de Anez y sus secuaces. La impunidad nunca será una opción y este año esperamos
que se haga justicia. No olvidamos ni perdonamos. Morning Star de Londres
(https://bit.ly/3mXLM4c)
EL
GOBIERNO DEL MAS ADOPTA EL PUNITIVISMO SANITARIO ANTE UN NUEVO REBROTE DE LA
PANDEMIA EN BOLIVIA
Izquierda
Diario de Argentina (https://bit.ly/3n1bMLW)
El
gobierno de Luis Arce Catacora, el 22 de diciembre del 2021, mediante los
Decretos Supremos 4640 y 4641, ha dictaminado la obligatoriedad de la
vacunación contra el COVID-19 por medio de exigir la portación del Carnet de
Vacunación y para quiénes no quieran o no puedan vacunarse se exige la
presentación de la prueba RT-PCR negativa con una antigüedad máxima de 48
horas. Esta situación se da en medio de una nueva ola de contagios que según
indican los expertos alcanzaría su pico en 3 semanas. Lo cierto es que las
cifras de contagios, cuyo epicentro es en Santa Cruz, han superado por lejos
los récords que se vieron en las 3 olas anteriores. Aunque señalan que por el
momento no se habría registrado la presencia de la variante Omicrón en el país
la situación nuevamente es bastante delicada. Además, recién se informó que un
médico en Santa Cruz aseguró que se habría registrado el primer caso de flurona
[1] en Bolivia.
Con
los decretos señalados el gobierno de Arce adopta una política y medidas
punitivistas, es decir comienza aplicar sanciones a la gente de a pie para
enfrentar la pandemia. Cabe recordar que la obligatoriedad de las vacunas fue
planteada por el acalde de La Paz y ex ministro del gobierno golpista, Iván
Arias, así como por “Creemos”, el partido del golpista Luis Fernando Camacho y
finalmente ha sido adoptada por el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo,
la sola exigencia de la vacunas o de las pruebas PCR están lejos de resolver el
problema (como tampoco lo estuvo en su momento el confinamiento militarizado)
ya que sigue soslayando la urgencia de hacer frente al problema estructural del
sistema de salud.
Esto
no niega la importancia de las vacunas. De hecho por eso mismo desde La
Izquierda Diario iniciamos y mantenemos una campaña por la anulación de las
patentes de las vacunas para no depender de los miserables mecanismos de
donación de vacunas y menos pagar sumas millonarias para conseguir dosis de las
grandes transnacionales lucradores de la pandemia. La liberación de las
patentes permitiría producir vacunas sin estar atados a los negocios de los
laboratorios y así empezar un plan real y efectivo e informado de vacunación
masiva. Si bien la vacuna no frena la pandemia, es una herramienta de
prevención dirigida a reducir las formas graves y complicaciones del Covid-19 y
esto se ha demostrado. No por nada según fuentes recientes la letalidad en el país
habría bajado de más de un 6% en la primera ola a un 0,8% actualmente. Así
también, según información oficial, de las muertes por Covid en esta nueva ola
al menos el 80% son personas que no fueron vacunadas y también los escasos
espacios de terapia intensiva están ocupados casi en su totalidad por personas
no vacunadas. Esto incluso llevó a que en Francia un grupo de médicos empiece a
“preguntarse” si las personas no vacunadas debieran poder acceder a una UTI,
brutal.
El
punitivismo sanitario, impulsado con estos decretos, se expresa en la
imposibilidad de acceder a derechos básicos, supuestamente garantizados por la
Constitución Política del Estado (CPE). Quiénes no cumplan no podrán ingresar a
las instituciones públicas, privadas, ni entidades financieras lo que significa
que las personas no podrán pagar servicios básicos ni tampoco cobrar sueldos,
ni rentas o bonos entre otras vitales transacciones bancarias. Esto por ejemplo
se vio en el caso de un jubilado que no pudo cobrar su jubilación ni pagar sus
deudas iniciando una huelga de hambre en la puerta de un banco en Santa Cruz.
Tampoco se puede acceder a servicios de justicia, incluso a servicios de salud
ni a los centros de trabajo como por ejemplo el caso de los cargadores que
fueron impedidos de ingresar a la terminal de buses de Cochabamba para
trabajar. No se podrá ingresar a centros comerciales, mercados, supermercados,
unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones
educativas en general, lugares de entretenimiento y esparcimiento, entre otros.
Así mismo se restringe el uso del transporte público para viajes
interprovinciales e interdepartamentales lo que afecta principalmente a
sectores populares que realizan sus actividades económicas desplazándose
permanentemente de un lugar a otro.
Ahora
bien, con los decretos, el gobierno estaría dando a elegir que aquellas
personas que no se vacunen tendrían la opción de presentar una prueba de PCR
que por ejemplo para el ámbito laboral implica una prueba casi cada 3 días.
Esto sin dudas es una locura que es rechazada por toda la población y por lo
tanto casi ni se toma en cuenta. Sin embargo, es lo que establece la norma. La
opción por lo tanto es falsa. No solamente porque como ya dijimos significaría
que una persona tendría que hacerse dicha prueba prácticamente cada 3 días!
Sino porque además como sabemos las pruebas PCR son caras (su costo oscila
entre 70 a 100 dólares) y únicamente son gratuitas en casos de sospecha de
Covid o en aeropuertos por motivos de viaje; solo las pruebas de antígeno nasal
son gratuitas pero la norma exige PCR. En todo caso aunque esta opción queda en
el papel por ser imposible, refleja en última instancia que quienes saldrían
beneficiados con la misma son los laboratorios privados que no dejaron de hacer
grandes negocios con la pandemia.
El
problema de querer resolver una situación tan crítica como la que se viene
atravesando con esta política, es que tiende justamente a reforzar el carácter
punitivo del Estado. Todo lo que no se hizo, como por ejemplo, impulsar
campañas masivas de información para que se comprenda la importancia de las
vacunas y que se conozca de manera científica su valor en la prevención del
virus, pretende hoy ser simplificado vía la obligatoriedad. El problema de esto
es, como estamos viendo, que al tratar de imponer una medida en contra de la
voluntad de grandes sectores populares solo genera el rechazo masivo con
respuestas combinadas. Por un lado, quiénes por desesperación terminan
vacunándose y eso está haciendo que se desborden los puntos de vacunación con
filas infinitas, y por otro lado, quiénes lejos de aceptar están radicalizando
su rechazo para no vacunarse amenazando con movilizarse y exigiendo que se
anule la medida.
Esta
situación puede transformarse en un boomerang que puede terminar fortaleciendo
a la derecha y al reaccionario movimiento antivacunas.
Lo
dicho recién lo vimos por ejemplo ayer en conferencia de prensa, cuando
sectores de El Alto y el Magisterio Rural dieron un plazo de 24 horas al
Gobierno para que derogue el decreto que exige el carnet de vacunación o la
prueba PCR. Días antes, el 31 de diciembre, la Federación de Campesinos Tupac
Katari, la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, y las federaciones
de La Paz de Interculturales, ayllus y markas y Cofecay sacaron un comunicado
conjunto que en sus partes principales indica: “Por unanimidad, del acuerdo
interinstitucional del departamento de La Paz exigimos la derogación del
Decreto Supremo 4640 y 4641, que son decretos inconstitucionales por haberse
dictado sin consulta previa o socialización del pueblo boliviano”. Además, el
documento también establece exigir la destitución del ministro de Salud, Jeyson
Auza, por no socializar la Ley, ya que califican que es una decisión
arbitraria. En la misma línea, el Comité Cívico de El Alto, a la cabeza de
Gregorio Gómez, exigió la derogación de ambos decretos y la destitución del
ministro de Salud. Por su parte los gremiales y fabriles hablan de un plazo de
72 horas para que el gobierno derogue estas medidas. Y más recientemente la
federación juvenil campesina de las 20 provincias del Departamento de La Paz
también se suma a la exigencia de derogación y anunciaron medidas.
¿Quiénes
no se vacunan?
Partiendo
del hecho de que la vacunación masiva reduce significativamente las
consecuencias del Covid. Y eso es un hecho científico comprobado por las
centenas de millones de dosis ya colocadas que han tenido por efecto el reducir
notablemente la mortandad y las complicaciones. Y de que es necesario e
imprescindible para acabar con esta pandemia el llegar a vacunar a la mayor
cantidad de personas posibles. Sin embargo vemos que en la realidad un
importante sector de la población se niega a vacunarse.
Este
es un conglomerado altamente heterogéneo. Algunas voces que se escuchan desde
el inicio de la crisis sanitaria y la aparición de la vacuna, en particular en
relación con su posible obligatoriedad, reivindican la libertad individual,
rechazando por principio cualquier reflexión colectiva sobre la crisis
sanitaria. Otros, tienden a rechazar toda vacunación, en un contexto de
desconfianza antivacunas que viene de lejos, debido a los escándalos sanitarios
que existen desde hace varias décadas, acentuados por la gestión catastrófica y
errática de la crisis sanitaria. Tendencias que pueden llevar a soluciones
individuales que solo pueden ser contraproducentes para resolver la crisis
sanitaria.
Es
decir, se encuentran desde marginales y reducidos grupos del movimiento antivacunas
y terraplanistas, siguiendo por las iglesias evangélicas y grupos católicos que
formaron parte del golpismo. Pero también existen amplísimos sectores populares
en el campo o en barriadas obreras o ciudades intermedias que expresan
desconocimiento o una sana y legítima desconfianza de las políticas del Estado
y de los mercaderes de la salud. Ya que existe una larguísima historia de casos
de personas e incluso niños que han sido utilizados como conejillos de indias.
Solo recordemos la “Alianza para el Progreso” de Kennedy que esterilizó a miles
de campesinas en Perú y Bolivia sin su consentimiento. O la discriminación que
sufren las personas de origen indígena y de sectores humildes cuando acuden a
un centro de salud. Por lo que la desconfianza en la vacuna de amplios sectores
populares está por demás justificada.
El
carácter imperativo de estos decretos tuvo que ser levemente matizado, el día
de hoy, mediante la Resolución N° 001/2022 del ministerio de Trabajo que aclara
que ningún trabajador puede ser despedido por no presentar el carnet de
vacunación al ingreso de su fuente laboral. Sin embargo, no aclara que sucederá
con aquellos trabajadores y trabajadoras que no están en condiciones de
presentar la prueba PCR cada 3 o 4 días.
Toda
esta situación da cuenta que el gobierno de Arce, asustado por el crecimiento
geométrico de los contagios, ha optado como política descargar la
responsabilidad de la lucha contra la pandemia en las espaldas del pueblo
trabajador. Es decir, que se continúa con la política de echar la culpa a la
población sin reconocer que la verdadera solución pasa por llevar adelante una
transformación integral de todo el sistema de salud ya que debido a su
precariedad corre el riesgo de colapsar nuevamente por falta de personal,
insumos, infraestructura, medicamentos, etc. Y tengamos en cuenta que todo esto
está pasando antes de que ingrese la variante Omicrón.
Por
una respuesta obrera y popular para hacer frente a la pandemia
Desde
la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI),
organización que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia, ya cuando iniciaba la
pandemia hemos planteado la necesidad de un cambio profundo en todo el sistema
de salud al mismo tiempo que actuar frente a las necesidades inmediatas que
exige la pandemia como ser la distribución masiva de medidas de bioseguridad
para las y los trabajadores de salud, pero también para la población de
conjunto, los test masivos para la prevención y detección de contagios, entre
otros. Es por eso que estamos en las antípodas de los antivacunas o las
iglesias que solo quieren que se eliminen estos decretos pero quieren seguir
haciendo negocios con las clínicas privadas que controlan.
Por
otro lado, el rechazo a los decretos por parte de las organizaciones
campesinas, de trabajadores y populares, no avanza más allá de exigir la
derogación de estos decretos sin discutir una salida de fondo a la crisis del
sistema de salud y sin siquiera cuestionar el negocio de los laboratorios
privados con las pruebas PCR. Esto se expresa por ejemplo en la posición de la
federación juvenil campesina del departamento de La Paz que al tiempo de exigir
la renuncia del ministro y la derogación de los decretos piden también que se
certifique la medicina tradicional, ya que si certifican las vacunas
“occidentales” se debería certificar también la medicina tradicional. Estas
visiones además del peligro que significa subestimar la pandemia, tienen en
común que preservan el “sistema mixto de salud” impulsado por el MAS que ha
permitido el enriquecimiento del sector privado de salud, la decadencia de las
cajas y seguros, y el desmantelamiento del mal llamado sistema público de salud
que en los hechos está semi-privatizado porque básicamente hay que pagar todo
cuando se trata de exámenes, estudios, incluso medicamentos.
Ante
este escenario queremos plantear a las organizaciones de trabajadores y
trabajadoras, del campo y de la ciudad, vecinales y populares, de mujeres y de
las disidencias y diversidades sexo-genéricas, a las asociaciones de enfermos
de cáncer, de personas con discapacidad, entre otros, los siguientes puntos
para empezar a discutir enserio una salida de fondo a la profunda crisis de la
salud en el país y a la amenaza que significa la cuarta ola de la pandemia:
• En primer lugar llamamos a las
organizaciones obreras, campesinas y populares a alentar la vacunación masiva
junto a la exigencia de gratuidad de las pruebas PCR para impedir la
vulneración de derechos.
• Necesitamos nacionalizar, sin indemnizar,
todo el sistema de salud privado, empezando por los laboratorios, clínicas y
farmacéuticas que no han dejado de lucrar y lo siguen haciendo a expensas de
las vidas y las necesidades del pueblo. Esta medida permitirá garantizar
pruebas PCR gratuitas para toda la población, además de terminar con el lucro
que estos decretos les está facilitando hacer a estos mercaderes de la salud.
• Para que la nacionalización se ponga al
servicio de las grandes mayorías populares y no al servicio de la corrupción y
los negocios de una burocracia estatal, ya sea oficialista u opositora, que se
enriquece como en el sonado caso de los "ítems fantasma", es
necesario que esté bajo gestión y control colectivo de las y los trabajadores
de base quiénes podrán distribuir los recursos de acuerdo a las necesidades sociales
y al servicio de salvar vidas y no del lucro privado.
• Es urgente la entrega generalizada de ítems,
y el pase a la Ley General del Trabajo para terminar con todas las normas y
leyes que han precarizado y flexibilizado el trabajo en el sector de salud y
que tanto golpistas, liberales y masistas han establecido y están empecinados
en defender con la colaboración de la burocracia de la Central Obrera Boliviana
(COB) y de los colegios médicos.
• Solo bajo la dirección de las enfermeras y
enfermeros, de las y los trabajadores manuales, de la limpieza y de la
alimentación, y de los y las profesionales honestos se pueden dar pasos en esta
dirección. Hoy los sindicatos avalados por la burocracia de la COB solo
reconocen a las y los trabajadores de la salud con ítems olvidándose de las
decenas de miles de trabajadoras precarizadas o sin trabajo. La dirección
colectiva de un nuevo sistema de salud por parte de sus trabajadoras y
trabajadores junto a comisiones de familiares y pacientes permitirá establecer
un sistema democrático de la salud y al servicio de satisfacer las necesidades
sociales y no el lucro empresarial con la vida.
• Dirán que no hay re cursos, sin embargo, ya
hemos planteado en diversos encuentros de salud, la necesidad de luchar por un
aumento sustantivo del presupuesto para la salud y educación reduciendo los
recursos destinados a la represión, es decir, de las fuerzas armadas y la
Policía agentes centrales del golpismo y de las masacres a obreros y campesinos
durante el 2019. Solo con una profunda transformación de todo el sistema de
salud se puede avanzar en convencer a los sectores que aún desconfían de las
vacunas, y no con el punitivismo liberal-estalinista del gobierno del MAS.
NARDI
SUXO: 'CUANDO EL PUEBLO SABE LO QUE QUIERE Y LUCHA POR ELLO LO CONSIGUE'
“Hasta que
llegó Evo nos gobernaban desde los Estados Unidos. Allí se decía quién iba a
gobernar y cómo iba a hacerlo”
Mundo Obrero
de España (https://bit.ly/3JJuTE3)
En
la embajada de Bolivia en Madrid, el latir del tiempo se reconcilia con el de
la vida. También el trato. La embajadora, Nardi Suxo me da la bienvenida, me
atiende sin prisa, con ternura. No la conozco, pero me trata con el mismo
cariño con que lo hacen mis buenas amigas. Y con un té de coca: “Si no lo
conoces, pruébalo, te va a venir bien…ya verás. Y si te gusta vuelves otro
día”. Es al escribir esta entrevista cuando encuentro, por fin, el nombre a
esta forma de ser y estar: es “la diplomacia de los pueblos” de la que nos
habla en estas páginas.
Nardi
es abogada. Siempre ha trabajado en Derechos Humanos, atendiendo mujeres, y
presos, sobre todo presas. También ha trabajado mucho con indígenas y con la
Central Obrera Boliviana. Era adjunta primera de la Defensoría del Pueblo
cuando conoció a Evo Morales, o mejor dicho, cuando Evo conoció a Nardi. Porque
fue Evo, cuando el pueblo le convirtió en el primer presidente indígena del
país, quien llamó a esta mujer para que formara parte de su gobierno. Hizo falta
un “Te necesito” para que renunciara a su trabajo y asumiera, con Evo, una
responsabilidad tan necesaria como dura y peligrosa: luchar contra la
corrupción. Durante nueve años, Nardi Suxo fue la ministra de Transparencia
Institucional y Lucha contra la Corrupción. Y lo dirigió, sin temblarle el
pulso, a costa de sembrar y sumar odio a medida que iba abriendo procesos
judiciales a políticos, jueces, fiscales, miembros del ejército y de la
policía, anteriores gobernantes... Señaló lo que siempre había sido intocable,
más aún, impune. Su marido, sus hijos y sus hermanos sufrieron las represalias.
Fueron amenazados. Sus hijos tenían que llevar seguridad todo el tiempo. Un día
dijo: hasta aquí hemos llegado. Y entonces Evo le pidió que se fuera de
embajadora a Ginebra. Bolivia formaba parte del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU y ese era precisamente el área en que Nardi Suxo había centrado su vida
profesional. Pasó 3 años en Ginebra y consiguió que la Asamblea de la ONU
aprobara una declaración a favor de los campesinos, y al recordarlo le sonríen
los ojos. Su siguiente destino fue la Embajada de Viena. Sólo duró 4 meses.
Cuando dieron el golpe de Estado y le cerraron las puertas de su país,
acusándola de sedición y terrorismo, vino a España a pedir asilo. Lo hizo con
una mano delante y otra detrás, y arrastrando la decepción de ver la inacción
de este gobierno amigo ante el golpe de Estado de Añez. Si la vida da muchas
vueltas, las vueltas en la vida de esta extraordinaria mujer han sido casi
orbitales. Ahora, como embajadora, una de sus misiones es restaurar unas
relaciones resentidas con un país, el nuestro, con el que siempre han tenido
buenas relaciones.
Le
gusta empezar las cosas por el principio. Saber de dónde venimos para entender
dónde estamos y tener claro a dónde ir. Hace un repaso por la historia, que se
hace paso a paso pero nunca es lineal. Da giros. A veces de 180 grados, como
sucedió en Bolivia en enero de 2006: “Cambiamos la historia con la llegada del
primer presidente indígena, Evo Morales”. Ahí comienza esta entrevista para
comprender dónde estamos hoy.
GEMA
DELGADO: ¿Qué cambió con la victoria de Evo hace 15 años?
NARDI
SUXO: Hasta que llegó Evo nos gobernaban desde los Estados Unidos. Allí se
decía quién iba a gobernar y cómo iba a hacerlo. Los ministros se decidían en
los Departamentos de Estado y los nombres de los altos mandos del Ejército y de
la Policía se dictaban en la embajada de Estados Unidos.
Evo
Morales ya era diputado y había ganado unas elecciones que no reconocieron. Se
vuelve a presentar en 2005 y gana con más del 50%. Hasta entonces habíamos
tenido una democracia pactada, pero Evo Morales llega con un mandato muy claro:
una constituyente. Queríamos una constitución que reflejara la realidad
boliviana desde la pluriculturalidad y la plurinacionalidad, que nos
reconociera a todos: hombres, mujeres, indígenas, campesinos, originarios,
absolutamente a todos. Evo Morales nos ha devuelto la dignidad y la esperanza.
Llegamos
con diez puntos, que llamábamos mandamientos, que consistían básicamente en la
recuperación de los recursos naturales; la Constituyente; la lucha contra la
corrupción, que para nosotros era muy importante; la lucha contra el racismo y
contra la discriminación; era fundamentalmente la redistribución de las riquezas
del país para todos; la industrialización de nuestros recursos naturales... Evo
entra con nuestro mandato y lo hace con mucha fuerza, pero con mucho miedo
también porque a los grupos de la derecha, los neoliberales, no les gustó que
un indígena llegara al gobierno y menos con ese respaldo. Al principio decían
que ese indio no iba a durar ni seis meses, que no sabía nada y que le iban a
sacar. Desde el primer día en que Evo Morales toma posesión, el 22 de enero de
2006, empezaron a preparar golpes de Estado contra él. En 2008 organizaron el
golpe cívico-prefectural en el que toda la llamada “Media Luna” se une contra
nosotros. No podíamos aterrizar en sus aeropuertos. Estábamos acorralados. Y le
plantean el revocatorio, que yo llamo el reafirmatorio porque ganamos por más
del 73%. A partir de ahí se inicia la reconstrucción política en la que todas
las fuerzas productivas y todos los sectores de la sociedad nos vemos
representados. El resultado es una Constitución incluyente, en la que se
respetan todos los derechos humanos, en la que se dice todo lo que vamos a
hacer con nuestros recursos naturales, y en la que se habla de la lucha contra
la corrupción. Pero a la oligarquía no le gusta y la Constituyente sufre muchos
ataques, hasta el punto de que hay que trasladarla de Sucre a la ciudad de
Oruro para concluirla allí con protección policial.
Nos
vuelven a poner trabas en la Asamblea Legislativa, donde no teníamos los dos
tercios necesarios. Entonces el presidente Evo Morales, conjuntamente con las
organizaciones sociales, se pone en huelga de hambre hasta que se aprobó la
Constitución. Con ella llegó el reconocimiento de nuestras nacionalidades, de
nuestros idiomas y de los derechos de todos los bolivianos y bolivianas.
Ya
habíamos avanzado también en la recuperación de nuestros recursos naturales con
la nacionalización de empresas tan importantes que tienen que ver con el gas.
Hemos tenido la economía más fuerte en la región y una recuperación económica
realmente de primera. Lo llamaron “el milagro económico boliviano”. Su ideólogo
es el presidente Luis Arce, que en aquellos momentos era ministro de Economía.
El PIB tenía un crecimiento anual del 5%. Para nosotros era muy importante la
lucha implacable contra la pobreza y la pobreza extrema, y conseguimos que ésta
bajara del 36% al 16%. Y en sólo dos años la UNESCO declaró a Bolivia país
libre de analfabetismo.
También
hubo muchos avances en temas sociales como la lucha por la madre Tierra. Se
pasó de una “diplomacia señorial” a una “diplomacia de los pueblos”, y eso
tiene que ver mucho también con nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Son
cambios trascendentales que nuestro pueblo ha ido realizando en esos 14 años.
Fueron
hitos muy importantes que había que hacer. Si no hubiéramos tenido la fuerza
del pueblo boliviano no se hubiera logrado. Por primera vez tenemos una ley
para luchar contra la corrupción, la Ley 004, tan importante, que nos permite
la recuperación de más de 120 millones de dólares para el Estado boliviano.
Aunque también nos trae un sin número de problemas y enemigos: quienes habían
cometido los delitos de corrupción eran personas que habían estado en
anteriores gobiernos y no nos perdonaban que les hubiéramos quitado sus
antiguos privilegios.
En
2019 empieza una nueva etapa. Hay elecciones. Las gana Evo Morales pero los
grupos de la oligarquía boliviana, en complicidad con la alta jerarquía de la
iglesia católica boliviana y también de miembros de la Unión Europea y gente de
Brasil, Estados Unidos y todos aquellos que no desean que Bolivia pueda seguir
avanzando, no lo aceptan y provocan el golpe de Estado del noviembre de 2019.
UN
GOLPE TRASNACIONAL Y UN PUEBLO QUE RESPONDE
G.D.:
¿Cuando hablas de “gente”, quieres decir representantes del gobierno?
N.S.:
Sí. El embajador de Brasil participa en las reuniones donde deciden quién va a
suceder al presidente Evo Morales. Acuerdan que sea Jeanine Añez la que se haga
cargo del gobierno cuando no tenía ningún valor legal y mucho menos
constitucional.
G.D.:
El golpe no fue militar pero fue muy violento reprimiendo al pueblo que salió a
defender la democracia.
N.S.:
Muchas personas fueron encarceladas, perseguidas, exiliadas, procesadas.
Tenemos 37 víctimas masacradas en Sacaba, Senkata, Montero y Pedregal… gente
del pueblo, campesinos. Algunos compañeros estuvieron en la embajada de México
sin poder abandonarla porque durante esos once meses fue hostigada por grupos
parapoliciales y paramilitares. Había mucha gente también en Argentina. Evo
Morales, con nuestro vicepresidente García Linera y nuestra entonces ministra
de Salud, Gabriela Montaño, tuvieron que salir en las peores condiciones,
primero a México y luego a Argentina, porque corría peligro su vida y había que
salvarla.
Algunos
critican que Evo se fuera en lugar de haberse quedado a resistir. Era imposible;
en ese momento no queríamos un mártir, queríamos recuperar nuestra democracia.
El
pueblo boliviano, con toda su sabiduría, es el pueblo más combativo que existe.
Es un pueblo que no se rinde. Sin armas, sin nada, sólo con su palabra, su fe,
su voluntad y su amor a la patria ha recuperado la democracia. La hemos
recuperado en las urnas que dieron a Arce más del 50% de los votos. Cuando el
pueblo sabe lo que quiere y lucha por ello lo consigue. Pero el pueblo es tan
sabio que aunque nos ha elegido no nos ha dado los dos tercios para que se
aprenda a gobernar buscando el diálogo. Lamentablemente el diálogo de la
derecha en Bolivia no existe. Es una oposición que maneja el odio, el racismo,
sobre todo el rechazo hacia nosotros.
G.D.:
En noviembre hubo un paro nacional con intención de deslegitimar al gobierno. Y
en diciembre la Marcha por la Patria, en apoyo al gobierno, sumó más de un
millón de personas. ¿En qué situación está el gobierno y el país?
N.S.:
Hay pequeños grupos que han perdido no sólo su poder político sino su poder
económico, que es lo que más les duele, y siempre van a crear malestar contra
un gobierno del pueblo. Y esa es la razón por la cual la Marcha por la Patria
quiso demostrar que el pueblo boliviano sigue unido respecto de esos pequeños
grupos.
En
estos últimos días se ha descubierto un millonario acto de corrupción de las
logias cruceñas, lo que demuestra que a ellos no les interesa para nada
preservar las instituciones públicas sino enriquecerse de ellas y utilizar esos
recursos para tratar de socavar la legitimidad de nuestro gobierno. Ellos
mismos se denunciaron. También se ha sabido de una carta que un ex viceministro
de los golpistas habría enviado tanto al gobierno británico como al americano
pidiendo armas para la represión en Bolivia. Y cuántas más cosas no saldrán a
flote. Así es como actúan y así es como van a actuar. Y eso lo sabemos.
JUSTICIA
PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD
G.D.:
Y ¿qué va a pasar con estos grupos de ultraderecha cruceños que actuaron
brutalmente e impunemente con los golpistas?
N.S.:
Eso le corresponde a la Administración de Justicia. Tanto el Ministerio Público
como los operadores de justicia tienen la obligación de dar una respuesta al
gobierno y al pueblo boliviano que reclama justicia, reparación, pero sobre
todo que haya una sanción para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y lo ha
dejado muy claro en la Marcha por la Patria. Todos exigimos que se haga
justicia y que los jueces y los fiscales actúen escuchando al pueblo boliviano.
No
entendemos por qué durante los once meses del golpe de Estado sí actuaron con
mucha fuerza, sí metieron en la cárcel, sí nos procesaron, sí nos siguieron, sí
nos congelaron cuentas, sí nos atacaron de manera realmente muy dura y lo
hicieron en poco tiempo. Ha habido casos de torturas, de mujeres que han
perdido incluso a sus hijos debido a las torturas... Y sin embargo ahora
muestran debilidad para actuar.
G.D.:
¿Cómo se va a actuar contra los excesos de la policía y el Ejército durante el
golpe?
N.S.:
Los grupos parapoliciales, que son la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia
Juvenil Cochala, actuaron en completa coordinación con la policía. Y los altos
mandos de la policía tienen que responder ante la justicia. De acuerdo a la
Constitución, la policía tiene que defender la constitución política del Estado
y no lo hicieron. Ellos dicen que se trata de persecución política y no, nadie
les está persiguiendo por su manera de pensar. Lo que sí tiene que haber es una
persecución penal porque se han cometido delitos, tanto en los altos mandos de
la policía como en los altos mandos del Ejército. El comandante general del
Ejército en ese momento, Kalimán, fue uno de los que le pidió la renuncia al
presidente Evo Morales. Eso es una clara muestra de insubordinación al capitán de
las Fuerzas Armadas que era el presidente Evo.
Por
todo eso el pueblo boliviano pide que se haga justicia y que se sancione. No se
puede volver a permitir esto. Y no nos vamos a sentar de brazos cruzados ante
una interrupción del proceso constitucional que estamos viviendo en este
momentos.
G.D.:
¿En qué situación están esos altos mandos ahora?
N.S.:
Muchos ya están procesados. Algunos están detenidos domiciliariamente. Todos
ellos con defensas penales amplias, que no tuvimos nosotros. La propia Jeanine
Añez, que se autoproclamó como presidenta, tiene como cinco o seis abogados, la
hija viaja por todas partes para contar lo que quieren.... Nosotros, en cambio,
no pudimos ni contar con abogados para asumir nuestra defensa.
EL
LEGADO DEL GOLPE DE ESTADO DE 2019
G.D.:
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha
documentado todas estas violaciones y masacres y ha dejado una serie de
recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones y cómo se está trabajando con
ellas?
N.S.:
Una de las primeras recomendaciones es que se desmonten los grupos
parapoliciales y paramilitares, y hay algunos que ya están con procesos y con
detención preventiva. Otra es llevar a la justicia a los responsables de todos
estos hechos luctuosos que sufrimos en 2019. También la reparación a las
víctimas. En este punto, el gobierno acaba de firmar un acuerdo con todas las
asociaciones de víctimas para poder apoyarlas. Todos los casos ya han sido
presentados ante el Ministerio Público y esperamos que éste y los jueces puedan
actuar de manera pronta, oportuna y transparente.
G.D.:
Los golpes blandos son más sibilinos y ahora derrocar gobiernos parece que no
resulta muy caro para sus autores, que además apenas encuentran repulsa
internacional. ¿Cómo ha actuado Europa y la comunidad internacional ante el
golpe de Estado en Bolivia?
N.S.:
Creo que siempre actúan con un mismo libreto. No ha habido un pronunciamiento
de rechazo al golpe de Estado por parte de ningún gobierno europeo. Nos
sorprende mucho porque, por ejemplo, en el caso de España expulsaron a sus
diplomáticos. Lo que sí tuvimos fue el apoyo de varios partidos de izquierda,
sobre todo en Europa, que han tenido posiciones muy muy claras de rechazo al
golpe, tanto en España, como en Italia, Reino Unido, Francia, Suiza... y eso lo
agradecemos infinitamente.
G.D.:
¿Cómo recibieron que la presidenta golpista Añez haya sido una de los tres
finalistas en los premios Sajarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a
la misma altura que las mujeres afganas?
N.S.:
Nos pareció muy llamativo… por decirlo de alguna manera. No sé si ellos son
conscientes de las masacres y persecuciones que hubo. Yo estoy encantadísima de
pasarles el informe de la GIEI, que no es un informe del gobierno sino de
expertos completamente independientes, es más, son de la OEA, que fue parte del
golpe de Estado. En el informe podrán ver y verificar que durante los once mese
del gobierno de facto de Jeanine Añez se cometieron las vulneraciones de
Derechos Humanos más atroces que se pueden hacer. No sé si no leen, no saben o
no conocen. Sería importante que conocieran un poco más la realidad
latinoamericana.
RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO ECONÓMICO
G.D.:
Es inevitable hablar de geopolítica cuando se habla de recursos. Tenéis la
mayor reserva de litio en el mundo y, en este momento de transición energética,
es una materia imprescindible y muy codiciada para el desarrollo tecnológico.
Luis Arce ya ha dicho que se industrializará y se fabricarán baterías de litio
en el país.
N.S.:
Estamos trabajando ya en la industrialización tanto del gas como del litio.
Para nosotros es muy importante. Pero no sólo el litio. Bolivia es un país
riquísimo; tenemos los humedales más grandes del mundo y los recursos minerales
más importantes. Y por esa razón es un país al que siempre van a estar
acechando los intereses de las trasnacionales. Eso también lo conocemos. Nos
pueden hacer retroceder, pero de rodillas nunca más. Ahí va a estar también el
pueblo boliviano para defender sus recursos.
G.D.:
Un país se puede destruir muy rápidamente, se pueden vender sus recursos y sus
servicios en pocos meses, pero cuesta mucho volver a reconstruirlo. ¿Cómo
encontraron la economía tras los once meses del gobierno de facto de Añez?
N.S.:
Desbarataron por completo la economía de nuestro país. Hubo mucha corrupción.
La legitimización de ganancias ilícitas fue pan de cada día, y hasta el ex
ministro de Gobierno, que fue el más activo durante el golpe de Estado, va a
ser juzgado en Estados Unidos por legitimación de ganancias ilícitas.
La
corrupción nos dejó en muy mala situación. Incluso esta embajada estaba en
ruinas, no hemos encontrado archivos, ni información. En 11 meses destruyeron
todo lo que han podido: nuestras empresas públicas, nuestras instituciones
públicas. Cuesta, pero lo estamos reconstruyendo poco a poco.
G.D.:
Los datos económicos de este último año han sido buenos: crecimiento económico,
reducción del paro, superávit, una redistribución de recursos.... ¿Cómo ha sido
este primer año de gobierno de Arce?
N.S.:
Muy complicado. Muy duro. Además del golpe de Estado está la pandemia. Bolivia
tiene una economía informal bastante importante. Nuestra gente vive del día al
día y la pandemia, como nos han encapsulado y no había ninguna ayuda social,
afectó de manera importante al pequeño empresario. Pero también se han tomado
inmediatamente medidas para reactivar la economía, y sobre todo el tema de la
redistribución.
Tenemos
que recuperar toda la confianza de la cooperación internacional, que para
nosotros es vital. Tenemos que recuperar todo el tiempo perdido en la
industrialización de nuestros recursos naturales. También en la
comercialización. Estamos saliendo adelante.
G.D.:
Y todo en medio de la pandemia. Pero afortunadamente tenéis un alto porcentaje
de población vacunada.
N.S.:
Más del 60% de la población, a pesar de que hay un grupo muy fuerte de
negacionistas que, a través del evangelio, van sobre todo al área rural a
evitar que se vacunen. Somos 11 millones de personas y hemos comprado más de 8
millones de vacunas. Hemos recibido donaciones, también de España, a través del
Covax. Y acabamos de recibir una importante donación de China.
G.D.:
Una de las autocríticas que se planteó el MAS fue haberse alejado del pueblo y
se impuso el reto de repararlo y acelerar la democracia participativa, ¿cómo se
trabaja en este tema?
N.S.:
Como ha dicho el presidente Luis Arce: trabajar escuchando al pueblo. Él tiene
reuniones permanentes con nuestras organizaciones sociales, tiene un
acercamiento a la gente de manera muy directa, todo el tiempo está visitando
pueblos por lejos que estén, ciudades intermedias, las ciudades capitales,
porque esa es la manera: escuchar, escuchar y escuchar para tratar de resolver
las necesidades de la gente.
Ahora
lo principal es atender la recuperación económica y salir de la crisis que han
dejado los golpistas y la pandemia, pero hay que hacerlo atendiendo y
escuchando a la gente, estando ahí con ella.
Cometimos
un error y nunca va a volver a suceder. El presidente del Movimiento al
Socialismo y presidente del partido del gobierno, que es Evo Morales, está en
ello, haciendo todo el tiempo asambleas y reuniones a nivel nacional para poder
trabajar con la gente, con la militancia, que eso es muy importante.
G.D.:
Hablando de Evo. Ha estado en la cabecera de las marcha de estos diez días.
¿Cuál es papel de Evo Morales ahora?
N.S.:
Es el presidente del Movimiento al Socialismo y como tal está cumpliendo la
tarea que tiene que cumplir, es decir, organizando el MAS a nivel nacional. Por
otra parte, es un líder histórico que tiene su lugar dentro del MAS, pero quien
gobierna es Luis Arce, acompañado de David Choquehuanca, y eso está muy claro
para nosotros.
FACUNDO
MOLARES, 'EL ARGENTINO' QUE COMBATIÓ CON LAS FARC Y AHORA PODRÍA SER
EXTRADITADO A COLOMBIA POR EL CASO DE UN SECUESTRO
El militante
revolucionario había sido detenido en Bolivia por el Gobierno de facto, pero
logró regresar a Argentina. Ahora, está preso en el Cono Sur por un pedido de
la Justicia colombiana.
RT de Rusia
(https://bit.ly/3n3P4Tv)
Facundo
Molares (46) quería ser como el 'Che' Guevara. En sus inicios, ya militaba en
la Juventud Comunista. "Siempre se caracterizó por ser muy vehemente y
claro con sus ideas", le dice a RT Mónica Glomba, su compañera desde los
14 años.
A
fines del 2001, cuando estalló la crisis económica y social de Argentina, este
nacido en el populoso conurbano bonaerense participó de las manifestaciones, y
vio cómo la tensión en las calles motivó la renuncia del presidente, Fernando
de la Rúa. En ese entonces, su sensación fue que de haber tenido un movimiento
armado y organizado, los revolucionarios podrían haber ocupado ese vacío de
poder, algo que la extrema izquierda se lamenta hasta hoy. "Decía que era
algo bisagra, que no iba a haber otro momento así en el país", recuerda
Glomba.
Su
padre, el juez Hugo Molares, cuenta que de niño Facundo era "muy dinámico,
cuidadoso de sus amigos y aplicado en la escuela". Estaba, "como
tantos chicos argentinos, siempre corriendo detrás de una pelota, con una
sonrisa".
Sin
dudas, el punto de inflexión entre ese estudiante y el insurgente que se
inmiscuyó en la guerrilla fue el estallido social: "Los sucesos del 2001
lo impresionaron mucho y lo motivaron a viajar por el país, y luego más al
norte, por Latinoamérica. Así llegó a Colombia, con 'veintipico' de años, y se
unió a las FARC", relata. Su nuevo nombre pasaría a ser 'Camilo', o 'El
Argentino', convirtiéndose en uno de los pocos extranjeros que tomó
protagonismo en el grupo, junto a la holandesa Tanja Nijmeijer, alias
'Alexandra Nariño', y el chileno Manuel Olate Céspedes, apodado 'Roque'.
"Bienvenido
a la libertad, concejal"
Este
guerrillero se destacó bajo el frente Teófilo Forero, perteneciente a las
extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su rostro tomó
conocimiento público en febrero del 2011, cuando miembros de esa guerrilla
liberaron al concejal Armando Acuña, a quien habían secuestrado en 2009.
El
comandante 'Camilo', con su uniforme verde y una boina bordó, estaba a cargo de
la entrega. "Es un gesto humanitario de las FARC, un gesto por la
paz", decía ante el micrófono, en medio de la selva. Y añadía: "Que
la libertad de todos los que la han perdido, sea la insignia que se abra para
Colombia en el próximo año. Bienvenido a la libertad, concejal".
En
noviembre de este año, la propia víctima confirmó que 'El Argentino' lideró la
liberación y que incluso le ordenó colocarse un traje para su reaparición.
Los
listados
En
2016 se firmó el acuerdo de paz entre ese movimiento guerrillero y el Gobierno
de Juan Manuel Santos, lo que le permitió a las FARC conformarse como un
partido político legalizado: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
El
pacto fue suscrito a cambio de que la insurgencia depusiera sus armas, aunque
algunos grupos se negaron a suscribir el acuerdo y todavía escogen la vía
armada desde la clandestinidad. En los medios de comunicación, les llaman las
"disidencias" de las FARC. Entre tanto, muchas voces denuncian que el
tratado no se cumple: cientos de exguerrilleros que sí firmaron la paz han sido
asesinados.
El
acuerdo ocupa un rol central en la historia de Facundo Molares. Mientras la
Fiscalía colombiana afirma que no figura en los registros de los excombatientes
firmantes de paz, su abogado, Gustavo Franquet, le dice a este medio que sí se
plegó al pacto, aunque por un problema de documentos no aparece en las actas
oficiales. El dato no es menor: solo pueden lograr la amnistía por hechos
cometidos durante los enfrentamientos aquellos que hayan estampado su firma,
según los fiscales.
Para
el letrado, esto puede generar que, ante un mismo delito que tenga varios
acusados, solo se procese a quien no figure en los listados de paz,
presuntamente confeccionados por la insurgencia: "Nos llama muchísimo la
atención que haya quedado un margen tan grande de decisión en manos de las
FARC. Da lugar a innumerables arbitrariedades", señala.
Sobre
ello, surgen varios interrogantes. ¿Hubo discrepancias entre Molares y las
FARC? ¿'Camilo' se apartó del proceso de paz? ¿La guerrilla lo excluyó del
pacto? O, como sostiene el entrevistado, ¿Facundo aceptó el tratado con el
Gobierno pero no figura por no tener su documentación? De una u otra forma, lo
cierto es que 'El Argentino' regresó a su país natal tan solo unos meses
después. Dicen que dejó su arma y el uniforme en los campamentos antes de
partir.
Viaje
a Bolivia y resistencia al golpe
"Facundo
es un fotorreportero, un comunicador popular", sostiene el papá. Tras su
agitada estadía en Colombia, pasó sus días en la Argentina de Mauricio Macri,
con la misma convicción de querer cambiar el mundo. Según su familia, ahora
desde otro lugar: el periodismo.
Lejos
de las balas y los fusiles, su camarada, Glomba, destaca más aspectos de la
personalidad, incluyendo su costado sensible: "Es de esos que escuchan una
canción o algún poema que se arraiga en el pueblo, y se le llenan los ojos de
lágrimas". En su tierra, Molares estableció vínculos con distintos
movimientos sociales, siendo bastante respetado. "Si hay algo que
sostienen todas y todos sus compañeros es que es un tipo genuino, solidario.
Dice lo que piensa, y hace lo que siente".
Después
de meses sin grandes sobresaltos, este romántico de la revolución, en todas sus
formas, se marchó a Bolivia. El 2019 lo encontró en el departamento de Santa
Cruz apoyando al Gobierno de Evo Morales, en medio de la tensión suscitada por
su triunfo electoral, cuando se disponía a tener un cuarto mandato consecutivo.
Entre
denuncias de fraude avaladas por la OEA, y acusaciones de que el Movimiento al
Socialismo (MAS) violó la Constitución para permanecer en el poder, en las
calles reinaban las protestas y los enfrentamientos. Así, Facundo resultó
herido a fines de octubre en la localidad de Montero, donde también murieron
dos personas vinculadas a los denominados 'cívicos', de la ultraderecha.
La
detención: "Es evidente que no vino a pasear"
En
noviembre de ese año, con el golpe de Estado consumado y Jeanine Áñez
autoproclamada como presidenta interina, las fuerzas de seguridad bolivianas
anunciaron la aprehensión de Facundo, acusándolo de ser "un instructor"
de las FARC. "Es evidente que no vino a pasear", dijeron desde la
Policía departamental. Mientras, el argentino permanecía internado "con un
diagnóstico grave" por una herida de bala y problemas renales. Sin
embargo, a diferencia del 'Che', Molares no murió en Bolivia, y el resto de su
reclusión lo pasó con un crítico estado de salud.
En
su entorno cercano, sostienen que estaba en el país vecino cubriendo los
sucesos electorales para la Revista Centenario, ligada al comunismo argentino,
aunque no se conocen publicaciones suyas. El director de ese medio, Leonardo
Juárez, le explica a RT que "de Bolivia no escribió nada porque estuvo
preso en pésimas condiciones, y también más de 20 días en terapia
intensiva".
Antes,
indica Juárez, había publicado algunos artículos de opinión bajo la firma de
"Julián Katari", en honor a Tupac Katari, referente del último
levantamiento en el alto Perú contra el imperio español.
Igualmente,
los uniformados bolivianos insistieron con su versión, basados en la revisión
de mensajes telefónicos con Hugo, el padre: "Le indicaba que ya habían
tomado el puente y que avanzarían ayudando al Gobierno", relató en ese
entonces el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (EFLCC),
haciendo alusión al Puente de la Amistad, entre las jurisdicciones de Montero y
Yapacaní. Así, Facundo Molares, 'Camilo', 'El Argentino' o 'Julián Katari', fue
señalado por los presuntos delitos de "homicidio, asociación delictuosa e
instigación pública a delinquir", y permaneció un año privado de su
libertad.
De
liberarlo como política de Estado a volver a encerrarlo sin reparos
Con
el regreso del progresismo en Argentina y el ascenso de Luis Arce en Bolivia,
el Gobierno de Alberto Fernández se puso como objetivo hacer las gestiones
diplomáticas para liberar a Facundo, en prisión preventiva. ¿El argumento? Su
delicada situación clínica ameritaba un traslado para ser atendido en su país
de origen.
"Fue
detenido de manera irregular por el Gobierno de facto de Jeanine Añez",
dijo la Cancillería argentina en un comunicado. Para el Ejecutivo peronista,
Facundo recibió "acusaciones que el Ministerio Público Fiscal nunca
acompañó de cargos concretos en su contra". Ello, sumado a las dilaciones
de por lo menos cuatro audiencias y los traslados de cárceles, mientras su
salud seguía crítica.
En
diciembre del 2020, el Tribunal de Montero aceptó el pedido, tras la
intermediación del Ministerio de Justicia boliviano. De hecho, Molares fue
regresado a Argentina como si fuese un político de primera línea, a bordo del
avión Tango 11 de la Fuerza Aérea, el mismo que fue usado por el presidente en
alguna ocasión.
Así,
el año pasado, este exguerrillero residió en la casa de su padre, en la sureña
provincia de Chubut, mientras se recuperaba de las secuelas físicas de los
enfrentamientos y el encierro. El domingo 7 de noviembre, cuando Facundo y Hugo
regresaban de un almuerzo, fueron sorprendidos por un operativo de la Policía
Federal, que detuvo al militante por un pedido de extradición emitido por la
Justicia colombiana.
Hoy,
el excombatiente está encerrado en un penal de máxima seguridad en la ciudad de
Rawson, el mismo del cual se fugó un grupo de guerrilleros en la dictadura de
1972, concluyendo con el asesinato de 16 de ellos, en la conocida Masacre de
Trelew.
La
circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)
que pesa sobre Molares se corresponde al viejo caso del secuestro del concejal.
Así, el Gobierno argentino pasó de abogar por su liberación a anunciar
públicamente su apresamiento: "Era buscado a nivel mundial", dijo el
actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien asumió el cargo hace
pocos meses, luego de que el Ejecutivo se viera obligado a modificar casi todo
el Gabinete tras la derrota en las elecciones de medio término.
La
respuesta de las agrupaciones de izquierda en Argentina no se hizo esperar, y
de forma reciente protagonizaron algunas protestas para exigir que no se
extradite a Facundo, afirmando que allí no está garantizada su seguridad.
"El
tratado de paz en Colombia no significa garantía de vida para los y las
militantes de las FARC. Sabemos que el Gobierno de Iván Duque lo que ha hecho
sistemáticamente es destruir ese proceso, y muchos de los amnistiados han sido
asesinados a diario", alerta Mónica, la camarada de Molares.
En
las movilizaciones, dijeron que la extradición equivaldría "a una pena de
muerte", y responsabilizaron al Estado argentino por su seguridad.
Igualmente, el pedido de la Justicia colombiana no fue rechazado por la
Cancillería, conducida por Santiago Cafiero hace pocos meses.
La
trinchera judicial
En
el plano jurídico, el abogado defensor dice que harán todo lo posible para que
el asunto sea dirimido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de
Colombia, como cualquier otro firmante del tratado, con amnistía.
Sobre
los hechos concretos que se le imputan, el letrado indica: "Por todo lo
que se muestra en el expediente que se envió, y por la declaración del propio
concejal secuestrado, la participación de Facundo en el secuestro se redujo al
momento de la entrega". Según Franquet, la principal hipótesis contra su
cliente se basa en comentarios de arrepentidos, que tienen sus propios
intereses. "También se le adjudica la participación de un combate entre
las FARC y la Policía, donde murieron efectivos", agrega.
Entre
tanto, la extradición se demora por motivos burocráticos: la solicitud de
Colombia no cumple con los requisitos de la legislación argentina y los
convenios existentes, y los defensores de Molares plantearon su impugnación.
Frente a ello, el juez de Esquel no anuló el procedimiento, pero le pidió a
Bogotá que realizara otra solicitud acorde, con un plazo de 30 días.
Si
el asunto avanza, se haría una audiencia del juicio, con testigos y alegatos.
La defensa planea pedir pruebas documentales y testimoniales, y hasta
solicitará la participación de peritos. El magistrado podrá aceptar o rechazar
los planteos, y después resolver la extradición de Molares, cuyo procedimiento
puede tardar algunos meses.
"Es
imposible negar el contenido político de los delitos que se le imputan a
Facundo. La ley argentina y los convenios de extradición dicen que en esos
casos no se puede extraditar a la persona. Es lo que diremos ante al juez
cuando llegue al momento", anticipa Franquet. "También hay cuestiones
humanitarias, el proceso de paz se ha convertido en un exterminio",
concluye.
Con
este escenario, 'El Argentino' sigue recluido en la cárcel sureña. Tal vez
leyendo textos de la causa revolucionaria, planeando un escape como sus
predecesores de los 70 o simplemente tachando palitos en la pared, contando los
días que faltan para conocer su suerte.
"Así
funcionan las cosas para los perseguidos políticos", lamenta su padre. En
las calles, sus compañeros lo recuerdan con más entusiasmo: "Es un
internacionalista".
Todo listo
para la cumbre de cancilleres de la Celac
LA
ARGENTINA ASPIRA A CONDUCIR LA ORGANIZACIÓN REGIONAL ALTERNATIVA A LA OEA
Página 12 de
Argentina (https://bit.ly/3eSCimi)
Este
jueves la Argentina será sede de la XXII cumbre de Cancilleres de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En un panorama marcado por el
avance de los gobiernos progresistas en la región, Alberto Fernández aspira a
que la Argentina adquiera un rol más protagónico y funcione como articulador
entre los distintos países latinoamericanos y del Caribe. Es por eso que fruto
de largas negociaciones y con el respaldo principal de México, la Argentina
tiene todo acordado para asumir la presidencia pro tempore de la organización
regional. En la Rosada afirman que se trata de una importante victoria en
materia de política exterior para Fernández. Les cancilleres irán arribando a
lo largo del día y participarán, por la noche, de un evento en el Centro
Cultural Kirchner en el que participarán el Presidente y el canciller Santiago
Cafiero.
La
reunión de canciller es la etapa previa a la reunión de jefes de Estado de la
Celac que se realizará también en la Argentina. El organismo, creado en el 2010,
está compuesto por todos los países americanos salvo Estados Unidos y Canadá
--y, desde el 2020, tampoco está Brasil que se autoexcluyó-- y funciona como un
mecanismo de integración regional alternativo a la Organización de Estados
Americanos (OEA). Desde hace un tiempo que Alberto Fernández, junto a su par
mexicano Andrés Manuel López Obrador, busca reflotar la relevancia política de
la Celac, especialmente luego del papel que desempeñó la OEA de Luis Almagro en
el golpe de Estado a Evo Morales. El objetivo de ambos mandatarios, que son
aliados estratégicos en la región, consiste en relanzar el organismo en tanto
una unidad concreta que trabaje para mejorar el diálogo político entre los
países que la integran y que le escape a "la agenda que dictan desde Washington
y que poco tiene que ver con los intereses de la región", tal como
definieron desde la Cancillería argentina. En este sentido, la presencia de
gobiernos progresistas como el de Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú
y Gabriel Boric en Chile, así como el muy posible retorno de Lula en Brasil,
fomentan las expectativas de poder dar un giro en la política regional luego de
varios años de predominancia de gobiernos de derecha.
Las
negociaciones para que la Argentina quedara como única candidata para la
presidencia pro tempore de la Celac comenzaron durante la gestión del
excanciller Felipe Solá, quien encabezó parte de las conversaciones que
permitieron bajar la postulación de San Vicente y las Granadinas (nación
ubicada al sur del Caribe y al norte de Venezuela). Tras ello, fue Santiago
Cafiero quien retomó las gestiones. El cargo lo ocupa hoy AMLO, quien debió
extender un año la presidencia de la Celac por la pandemia. La Argentina
cuenta, de momento, con el aval de 31 de los 32 países que conforman el
organismo. Solo persiste la duda de Nicaragua, que el año pasado se opuso a la
candidatura de la Argentina debido a la postura de la Casa Rosada frente a las
detenciones a dirigentes políticos por parte del gobierno de Daniel Ortega. Si
bien en el gobierno se muestran confiados en que Nicaragua también terminará
acompañando, de momento prefieren ser cautos.
"La
propuesta argentina viene suscitando un apoyo mayoritario de todos los países y
eso puede hacer que el presidente Fernández presida este mecanismo a partir del
año 2022, pero hay que esperar al plenario del 7 de enero y escuchar a todas
las voces", advirtió Cafiero a
Télam, en donde destacó la importancia de la Celac "como un mecanismo que
no excluye a nadie, donde todas las voces sean tenidas en cuenta". "Para nosotros haber logrado que la
cumbre se haga aquí en la Argentina ya es un logro importante. Y más allá de si
el proyecto que la Argentina va a presentar es el elegido o no, lo importante
es seguir sosteniendo mecanismos de integración que no excluyan a nadie",
agregó.
La
agenda, mientras tanto, comenzará este jueves por la noche en el CCK, en donde
el presidente encabezará una cena de honor para les 31 cancilleres. Debido a
las condiciones de la pandemia, la cumbre será mixta (virtual y presencial),
pero en Cancillería esperan la asistencia de representantes diplomáticos de 30
países, entre los que se encuentran desde Marcelo Ebrard (canciller mexicano y
futuro postulante a la presidencia para suceder a AMLO) hasta el nicaragüense
Denis Moncada. Será una cena de alto voltaje político en la que se planteará la
agenda de la región para la pospandemia, así como las diferentes estrategias
para enfrentar la desigualdad en el continente.
Al
día siguiente, el viernes, se llevará a cabo el plenario de cancilleres en el
que se definirá oficialmente qué país asumirá la presidencia. La reunión será a
las 10 de la mañana en el Palacio San Martín y, si todo sale como el gobierno
espera, Alberto Fernández será ratificado como el nuevo secretario general de
la CELAC, posicionando a la Argentina como una voz protagonista en esta nueva
región.
BOLIVIA
DICE QUE EXTRACCIÓN DIRECTA DEL LITIO AGILIZARÁ SU INDUSTRIALIZACIÓN
Las empresas
“no están autorizadas para explotar el litio de los salares del país”,
solamente se les entregó “determinadas cantidades de salmueras para que
realicen sus demostraciones y hasta abril” presenten los resultados obtenidos,
aclaró la autoridad.
Radio
Cooperativa de Chile ( 0https://bit.ly/3n0TYRf)
El
Gobierno de Bolivia defendió este miércoles que la aplicación de la tecnología
de extracción directa del litio (EDL) le permitirá acelerar el proceso de
industrialización de ese recurso y alcanzar la ansiada producción de derivados
a escala industrial hacia el 2025.
El
viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, sostuvo que con la
EDL se puede “apresurar el aprovechamiento” del litio y darle un valor agregado
mediante la industrialización.
“Esto
nos permitirá dar un salto cualitativo y llegar a finales del 2024 o inicios
del 2025 con la producción a escala industrial de hidróxido de litio y cátodos
de baterías”, sostuvo Arnez citado en un comunicado de prensa del Ministerio de
Hidrocarburos y Energías.
El
viceministro recordó que en noviembre pasado se firmaron memorandos de
“entendimiento y de confidencialidad” con ocho compañías para que realicen
pruebas piloto con tecnologías EDL en las salmueras de los salares bolivianos
de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa.
Estas
firmas son CATL BRUNP & CMOC, Fusion Enertech, EnergyX, Tecpetrol, Lilac
Solutions, Citic Guoan/CRIG, TBEA Group y Uranium One Group, de Estados Unidos,
China, Rusia y Argentina.
Las
empresas “no están autorizadas para explotar el litio de los salares del país”,
solamente se les entregó “determinadas cantidades de salmueras para que
realicen sus demostraciones y hasta abril” presenten los resultados obtenidos,
aclaró la autoridad.
Las
organizaciones cívicas de Potosí, la región donde está el salar de Uyuni, han
expresado rechazo a lo que consideran una supuesta entrega de los recursos
naturales de ese departamento a empresas transnacionales.
Arnez
remarcó que se optó por analizar el uso de la tecnología EDL para acelerar la
industrialización del litio, ya que la misma permite disminuir el tiempo para
la separación del elemento y otros metales que se encuentran en las salmueras,
así como reducir gastos y también el impacto ambiental, según el comunicado.
“Yacimientos
de Litio Bolivianos (YLB) evaluará cuál es la mejor tecnología, es decir la que
nos cuesta menos, que nos dé mejor rendimiento en menor tiempo y que sea menos
contaminante, y recién pasaremos al siguiente paso que es adquirir la patente
de la o las empresas que cumplan estos indicadores”, afirmó.
También
agregó que el país no está erogando recursos para estas pruebas y que son las
empresas las que asumen estos costos.
Bolivia
posee unas reservas de 21 millones de toneladas de litio, unas de las mayores
de todo el mundo, la mayor parte en el salar de Uyuni en Potosí.
El
litio estuvo en el foco tras la salida de Evo Morales de la Presidencia en
noviembre del 2019, pues el exmandatario ha asegurado varias veces que se vio
obligado a renunciar por un supuesto golpe de Estado en su contra promovido por
intereses como los de Estados Unidos sobre este recurso boliviano.
Una
denuncia que ha sido negada por las partes aludidas y por las autoridades del
Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez que se limitó a mantener
los proyectos iniciados por Morales y no tomó decisiones sobre posibles
alianzas con inversionistas extranjeros.
MARSIA
TAHA, UNA CHEF CAUTIVADA POR LA DIVERSIDAD ALIMENTARIA DE BOLIVIA
Taha, de 32
años, fue nombrada la 'chef revelación de América Latina' por la prestigiosa
lista 50 Best Restaurants, un reconocimiento que recibe con mucho 'orgullo' y
compromiso a seguir poniendo los sabores y colores de Bolivia en el mapa
gastronómico de la región y el mundo
La Estrella
de Panamá (https://bit.ly/3eVIWIp)
El
objetivo de Marsia Taha, la chef revelación de América Latina, es brindar al
comensal comida sabrosa que “haga feliz a la gente”, pero además que se levante
de la mesa con mayor conocimiento de la diversidad de técnicas y alimentos que
tiene Bolivia y que están reflejados en los platillos que ella y su equipo
prepara en Gustu.
“El
objetivo más grande es hacer feliz a la gente, que todos salgan contentos del
restaurante, pero por sobre todo transmitirles algo más que el sabor y la
felicidad de comer algo rico, poder transmitirles algo de conocimiento de la
diversidad que tiene el país”, expresó la chef.
Taha,
de 32 años, fue nombrada la 'chef revelación de América Latina' por la
prestigiosa lista 50 Best Restaurants, un reconocimiento que recibe con mucho
“orgullo” y compromiso a seguir poniendo los sabores y colores de Bolivia en el
mapa gastronómico de la región y el mundo.
Cada
plato que Taha prepara junto a su equipo de cocineros del restaurante Gustu,
que también figura en el puesto 36 de la lista de los 100 mejores restaurantes
de la región, es una mezcla de colores y texturas que despiertan la curiosidad
y el asombro de propios y extraños.
Es
que cada platillo se vuelve una especie de ventana del patrimonio alimentario
que tiene Bolivia en sus diversas regiones, desde la Amazonia hasta el
Altiplano, sin miedo a utilizar ingredientes como larvas de escarabajos,
hormigas o flores comestibles.
“Hay
un trabajo muy grande detrás de cada plato, hacemos mucha investigación,
también hacemos mucha recolección, nos gusta que el equipo esté en contacto con
la naturaleza, creo que es algo importante”, remarcó Taha.
Es
por ello que una de sus prioridades es continuar con el proyecto Sabores
Silvestres que junto con biólogos de Wild Conservation Society recorren
distintas regiones bolivianas descubriendo y “redescubriendo” algunos alimentos
y técnicas que están siendo olvidados.
“Estamos
cuatro años con el proyecto y no hemos recorrido ni un 5% de Bolivia, nos falta
un montón, consolidar y hacer un libro, plasmar en imágenes y letras la investigación
y compartir la información con Bolivia y el mundo”, indicó Taha.
En
esos viajes ella conoce a la gente local, sus costumbres, sus tradiciones, la
diversidad de ingredientes y productos, cocina con ellos, observa las técnicas
utilizadas, prueba los alimentos, aprende, enseña, experimenta y se inspira
para crear menús que reflejen toda esa experiencia.
Es
esa “megadiversidad” la que está llamando la atención del mundo hacia la
gastronomía boliviana que cuenta con una variedad de, por ejemplo, papas nativas
o de ajíes, y de técnicas como la cocción de alimentos en piedras calientes, la
“liofilización” de tubérculos o las “lacto-fermentaciones”, indicó la chef.
“Yo
pienso que Bolivia es como un dragón dormido, como muchos países
latinoamericanos, somos países con diversidad cultural, con una inmensa
diversidad biológica y creo que eso nos hace especiales”, remarcó.
Es
por ello que es necesario el apoyo tanto de cocineros, como de instituciones y
los comensales para “reivindicar” la gastronomía boliviana, tanto la más
tradicional como la más innovadora, ante los ojos del mundo, prosiguió Taha.
Trayectoria
La
chef nació en Bulgaria, pero desde sus cinco años vive en Bolivia, su abuela
fue clave para que ella probara las comidas callejeras bolivianas y a sus 12
años empezó su curiosidad por la cocina al ser la “ayudante” de su padrastro en
su hogar.
Ella
no tenía en mente ser chef, Taha quería ser odontóloga, pero con los años
cambió de parecer y por recomendación de su madre entró a estudiar gastronomía
a nivel técnico y desde un inicio se apasionó por la cocina, luego se fue a
España a trabajar y volvió al país.
Taha
tiene 15 años de experiencia en los fogones y alrededor de nueve en Gustu; ella
constantemente está investigando los alimentos, lo que incluso la llevó hasta
Harvard para exponer el proyecto de Sabores Silvestres.
Ahora
ella se ha vuelto un referente, en varias ocasiones niñas van a su restaurante
a conversar con ella, abrazarla y decirle que la admiran, algo que a ella le
“llena el pecho de orgullo” para que en los próximos años haya más mujeres
dirigiendo cocinas.
“Yo
creo que las mujeres tenemos que ser un buen ejemplo para otras mujeres y sobre
todo incentivarlas a dar ese pasito que a veces nos cuesta”, finalizó.
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