EL GAS BOLIVIANO HUELE A CONMOCIÓN SOCIAL
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com)
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, pero tiene vastas reservas de gas natural, objeto de una eterna polémica. En el 2003, los planes para exportar gas a Estados Unidos y México a través de Chile, adversario tradicional de Bolivia, desataron una revuelta que obligó a dejar el cargo al entonces presidente, Gonzalo Sánchez deLozada.
El actual mandatario de Bolivia, Carlos Mesa, quiere que el Congreso regule la venta de gas natural. Una alianza de partidos de izquierda, sindicatos comerciales y grupos indígenas ha obstruido la circulación de camiones en algunas ciudades para exigir que las empresas extranjeras dedicadas a la explotación de gas natural paguen hasta el 50 por ciento de impuestos sobre el gas que extraigan y vendan.
Mesa amenazó con dimitir hace unas cuantas semanas luego de que algunos legisladores se negaron a aprobar dicha regulación, pero el Congreso boliviano rechazó su renuncia.
Laura Neuman, directora de programas en el Centro Carter, trabaja frecuentemente en Bolivia.
La pasada semana habló en Atlanta con el periodista Mark Bixler del Atlanta Journal-Constitution acerca de la situación en esa nación.
¿Cuál es la situación en Bolivia?
Es muy tensa. En estos momentos es sumamente difícil. Existe mucha incertidumbre. Ahora se percibe un sentir de que el presidente permanecerá en su cargo hasta que concluya su mandato, pero nadie lo sabe realmente.
Grupos de manifestantes han bloqueado ciudades. Donde hay bloqueos, la gente ha estado acumulando reservas de comida.
Además, se han producido huelgas de hambre y marchas. Las protestas violentas dejaron 60 muertos el año pasado.
¿Con qué se relaciona toda esa tensión?
La tensión es entre el poder ejecutivo y el Congreso y los movimientos sociales.
El Congreso no ha logrado aprobar una ley con respecto a los hidrocarburos, o el gas natural.
No existe una relación muy buena entre la rama ejecutiva y el Congreso.
La ley en cuestión afectaría lo concerniente a cuánto pagan las empresas extranjeras de petróleo por la explotación del gas natural.
El presidente ya propuso pedirles que paguen una tasa del 18 por ciento en regalías. Dirigentes de la oposición quieren que paguen el 50 por ciento.
¿Acaso la inquietud radica en que empresas extranjeras estén cosechando los beneficios económicos de los recursos naturales de Bolivia al tiempo que las personas comunes en Bolivia siguen atrapadas en la pobreza?
Correcto. Algunos buscan nacionalizar las empresas dedicadas al gas.
Este es el segundo o tercer país más pobre del hemisferio occidental.
Estados Unidos ya agregó a Bolivia a una lista que lleva de países con tendencia a sufrir conflictos, junto con naciones como Irak, Irán y Sudán.
Ciertamente se trata de un conflicto diferente al de Irak. Creo, en lo personal, que pusieron al presidente Mesa en una difícil posición.
Las presiones sobre él son inmensas. . . Hay un movimiento muy fuerte contra el imperialismo y Estados Unidos en Bolivia.
Muchos ciudadanos bolivianos están confundidos, ya que no hay un marco libre de información confiable.
¿Preocupa a la población la posibilidad de una mayor violencia?
Absolutamente. Muchos ciudadanos se sintieron frustrados después que grupos de manifestantes obstruyeron las carreteras que conducen hacia algunas ciudades.
Todos estaban a favor de emplear mano dura. Mesa dijo: ''No, nosotros vamos a tener una mano justa''. El mandatario boliviano les dijo a las autoridades que arrestaran y enjuiciaran a quienes obstruían el tránsito vehicular, pero los fiscales se negaron a hacerlo.
CAPTURAN A SEIS ILEGALES EN LA FRONTERA
La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)
Seis ciudadanos bolivianos fueron detenidos por carabineros de la Subcomisaría de Colchane en la frontera con el país altiplánico durante la madrugada de ayer. Los hechos ocurrieron en un patrullaje preventivo y de soberanía que los uniformados realizaron en el sector del complejo aduanero, oportunidad en que fiscalizaron un bus de la empresa Kantaty, placa patente SN-5333, conducido por José Vilca, y que venía en dirección a Iquique.
DETENIDOS
En la oportunidad fueron detenidos los ciudadanos bolivianos identificados como Pascuala Lukas de Cocarico de 34 años (comerciante de La Paz), Mery Ely Alanoca Mollo de 37 (comerciante de Oruro), Ignacio Cocarico Mollericona de 48 años (chofer de Santa Cruz), Marco Mariscal Castellón de 49 años (transportista de Oruro), Juan Miranda Vásquez de 23 años (transportista de Cochabamba) y Felipe Mamani Patty de 36 años (chofer de La Paz).
PASO
La ser consultado sobre como ingresaron al país, los ciudadanos altiplánicos manifestaron que llegaron en horas de la madrugada por el paso no habilitado de Vegas de Pisiga.
Agregaron que su idea era internarse en el país con el objetivo de buscar alguna fuente laboral, debido a que en Bolivia la situación económica está muy mala. Los antecedentes fueron puestos a disposición de Extranjería de la Policía de Investigaciones.
SE NORMALIZÓ EL TRÁNSITO EN EL PUENTE FRONTERIZO
Los bagayeros bolivianos levantaron la protesta luego de varios días.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)
Los bagayeros bolivianos que bloqueaban la cabecera Norte del puente internacional que une Salvador Mazza con San José de Pocitos levantaron la protesta el viernes último, luego de gestiones febriles realizadas por autoridades nacionales y aduaneras de ese país para cumplir los pedidos de los pasadores. En rigor, la protesta se levantó cuando los bagayeros tuvieron certeza de la aprobación en su país del régimen simplificado para importaciones de granos a Bolivia, compatible con el que rige en Argentina desde hace un par de meses.
Cabe recordar que los pasadores exigían la aprobación de ese régimen en Bolivia, dado que a partir de la aplicación del mismo en Argentina mermaron considerablemente las cargas de granos introducidas a hombro al país altiplánico, lo que les impedía lograr el sustento diario.
Representantes de la delegación de la Aduana de Salvador Mazza se reunieron el viernes con sus pares bolivianos y delegados de los sectores vinculados a la comercialización de cereales, para estudiar las vías que conduzcan a la efectiva aplicación del régimen simplificado y la inserción de los distintos sectores en la nueva operatoria.
BRITISH GAS EN CONTRA DE LEY DE HIDROCARBUROS BOLIVIANA
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
La empresa British Gas aseguró que la Ley de Hidrocarburos que aprobó en primera instancia la Cámara de diputados de Bolivia puede llegar a violar un tratado suscrito con el Reino Unido y desalentar las futuras inversiones en el sector.
"El proyecto de ley violaría no sólo los términos de los contratos de riesgo compartido, sino también determinadas obligaciones internacionales vinculantes para Bolivia bajo el tratado bilateral de inversión suscrito con Gran Bretaña e Irlanda del Norte", señaló un documento reseñado por el diario La Prensa, en La Paz. La petrolera, que opera en Bolivia a través de asociaciones con otras empresas del sector para la producción de gas y petróleo, manifestó su inquietud por los cambios que contempla la norma energética, que actualmente analiza la Cámara de Senadores.
Se refiere, en ese contexto, al Tratado Bilateral de Inversiones que Bolivia suscribió en 1990 con el Reino Unido. "Somos profundamente respetuosos del proceso legislativo (...) Reconociendo la soberanía del Estado boliviano, les rogamos tener en cuenta que esperaríamos que cualquier cambio introducido a la Ley de Hidrocarburos, actualmente vigente, se ajuste a la Constitución, a los contratos de riesgo compartido celebrados y a las obligaciones internacionales", dijo el gerente de la compañía, Leduvy Gouvea. Entre las observaciones que hizo llegar a los senadores, la BG asegura que los "cambios que se proponen son unilaterales y confiscatorios al régimen tributario, mediante la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos" de 32%, que se suma a las regalías actuales.
LOS FACTORES CLIMÁTICOS COMPLICAN EL CUADRO ENERGÉTICO Y PODRÍA HABER PROBLEMAS
PARA GENERAR ELECTRICIDAD PORQUE CON ESCASEZ DE GAS, LLEGA EL INVIERNO MÁS TEMIDO
Si persiste la sequía en el sur de Brasil, no se podría importarenergía desde allí para paliar la crisis local; el Gobierno no quiere ni oír hablar de cortes programados, en medio de un año electoral crucial
La Nación Argentina (www.lanacion.com.ar)
Hay, de entre todas las preocupaciones oficiales, una que se ha convertido casi en un desvelo de los funcionarios de la Secretaría de Energía: que llueva pronto en el sur de Brasil.
Si eso ocurre como la mayoría de los años desde mediados de abril, por tratarse de un área tropical, la Argentina podrá olvidarse de algo que no pasó de un susto el año pasado: la posibilidad de tener cortes programados de energía eléctrica.
Pero la actual sequía en el sur brasileño es ambivalente aquí: vuelve eufóricos a los productores de soja, que ven recuperarse el precio del cereal, y espanta a las empresas eléctricas, que advierten que, sin lluvias, la Argentina no podrá importar electricidad de Brasil y verá complicarse su escenario energético. El año pasado, 500 megavatios/hora llegaron a tiempo desde esa zona para evitar problemas mayores.
En estos momentos, el cuadro es el inverso: es nuestro país el que le está vendiendo 660 megavatios/hora constantes a Brasil y 150 a Uruguay, según los contratos pactados, lo que causa inquietud entre los analistas.
Así está el panorama energético nacional. La escasez de gas provocada por el crecimiento de la economía y la falta de inversión -que las empresas petroleras justifican en los precios poco atractivos después de la pesificación- pone en peligro también el abastecimiento eléctrico, porque las usinas emplean gas para funcionar.
"Si llueve en Brasil, vamos a tener un año superable", intentó tranquilizar un funcionario del Gobierno que conoce bien el sector, destacando el término "superable", para insistir en que el paraíso energético está todavía lejos de la Argentina. "Tenemos que cumplir con Brasil, para que Brasil cumpla con nosotros después", agregó.
Otro funcionario que ha seguido muy de cerca el comportamiento energético enumeró las razones por las que cree que este año la Argentina está más preparada para evitar complicaciones. "Hay mucho más gas y las industrias tienen más ordenado su abastecimiento. El aumento del precio en boca de pozo sirvió como señal para que muchas empresas empezaran a armar su rompecabezas."
Con todo, en algunas firmas del sector no son muy optimistas. Luis El Halli Obeid, interventor en la Empresa Provincial de Energía (EPE), de Santa Fe, busca no alarmar, pero está seguro de que no tendremos un invierno fácil. "Va a ser más crítico que el año pasado -dijo a LA NACION-. Probablemente estemos algunos días con situación de cortes de gas, como ocurrió el año pasado. Me parece que esta vez serán más."
Obeid está convencido de que la Argentina debería aplicar un programa de racionamiento mucho más fuerte que el que aplicó el año pasado, con premios para quienes ahorren energía y castigos para los más gastadores. "Necesitamos un plan de mucha firmeza, como el que aplicó Brasil hace unos años. Creo que deberíamos aprovechar el ejemplo de la crisis que vivieron ellos".
La crisis energética obligó el año pasado a cortarles el suministro de gas a las empresas que tienen servicio interrumpible -pagan una tarifa menor y se exponen al racionamiento en caso de necesidad- durante los días de calor o frío intenso, en épocas que nunca antes habían estado expuestas a esos ajustes. Por primera vez desde la privatización del sistema, las interrupciones se desencadenaron como consecuencia de falta de gas en los pozos, no por saturación en los gasoductos. Por esta razón, aunque lo pidan, muchas industrias ya no pueden acceder a contratos de gas firme, que consiste en pagar una reserva de capacidad y asegurarse el suministro.
Sin embargo, no ha habido este año interrupciones de gas de gran magnitud en la Argentina. Sí, se cortaron bastante los envíos a Chile.
Tarifas e ideología
La cuestión es ardua en un año electoral, en parte porque el debate ha tomado color ideológico. Así, en medio de recurrentes cuestionamientos del presidente Néstor Kirchner hacia las empresas de servicios públicos privatizados, son muy pocos los consultores que se atreven a hablar en voz alta de tarifas sin temor a ser acusados de jugar en favor de las empresas y en contra del país.
Pero los precios bajos, justos o injustos, han contribuido a la crisis por doble vía el año pasado: las empresas no invertían en perforación de pozos y crecía la demanda del gas barato. De este modo, las tarifas han quedado en el centro del problema, pocos días antes de que empiecen las audiencias para la renegociación de los contratos de servicios públicos. Con pedido expreso de que su nombre no fuera consignado, un ex presidente de Gas del Estado hizo el siguiente cálculo a LA NACION: "Si la Argentina duplicara el precio del gas en boca de pozo y lo trasladara a todos los usuarios, incluidos los residenciales, las casas de familia pagarían 2,40 pesos más de factura de gas por mes. Sería un pequeño aumento, pero resolveríamos el problema para siempre".
Algo de esto ha interpretado el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, que dispuso la semana pasada un incremento de hasta el 10% en las tarifas eléctricas residenciales con el argumento de que había subido el costo de la generación por el alza en los precios internacionales.
Algunos sí prefieren hablar de la escasez a viva voz. Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y actual presidente del Instituto Argentino Gral. Mosconi, cree que no se está haciendo lo suficiente. "El sistema está en piloto automático. Nosotros les pagamos sueldos a los funcionarios para que sean los primeros en enterarse de los problemas. Pero acá pasa al revés: primero ocurren los hechos, y los que se enteran son los usuarios y las empresas. El Estado es el último en enterarse, siempre llega tarde. Supongamos que el Gobierno asumió sin un plan energético: bueno, desde el año pasado hasta hoy, ya podría haber diseñado uno." Lapeña cree que hay riesgo de interrupciones. "Hasta ahora, es un año hidrológico muy pobre, más pobre que el pasado."
Desde el Servicio Meteorológico Nacional confirman que los pronósticos indican que el otoño será menos frío que el de 2004, lo que reduciría el consumo domiciliario de gas y aliviaría la situación. Pero, por otro lado, también tendrá menos lluvias, lo que dificulta la generación hídrica. El año pasado, para evitar cortes de energía eléctrica, el Gobierno decidió importar fuel oil y gasoil desde Venezuela para reemplazar al gas en las usinas. El costo fue, en todo el año, de unos 2000 millones de pesos, parte de los cuales provino de los fondos asignados al sistema previsional.
Como se estima que esos costos se mantendrán este año, algunos analistas objetan que, por menos dinero, se podría haber construido un gasoducto que solucione definitivamente la crisis para el futuro. De hecho, el gasoducto del Nordeste, la obra que Techint y Repsol YPF suspendieron por la crisis boliviana, que se proyecta para importar 20 millones de metros cúbicos desde Bolivia, costaría 3000 millones de pesos.
"Estamos tirando la plata -insiste Lapeña-. Y los costos van a ser mayores este año. Si hubiera habido una oficina de planificación en la Secretaria de Energía, estos gastos se podrían haber evitado."
Enarsa, una empresa K
Apenas se empezaba a especular con la posibilidad de cortes de energía, el Gobierno anunció, el 11 de mayo del año pasado, un amplio plan para aportar soluciones y, así, creó Enarsa, la petrolera estatal.
Lapeña afirma que es muy poco lo que se ha hecho desde entonces. "Desde ese momento, de todo lo que se hizo, lo único que puede aportar a los problemas energéticos fueron las ampliaciones en el Norte y en el Sur, por cinco millones de metros cúbicos diarios de gas. Porque el gasoducto Patagónico sólo aporta gas para Chubut. El haber creado o no Enarsa no mueve la aguja."
Enarsa fue una creación de Kirchner en el momento en que Cammesa, la entidad que administra el sistema eléctrico argentino, ya había diseñado un programa de cortes de electricidad y baja de tensión. La utilización del fuel oil y la importación de Brasil lograron evitar ese racionamiento y redujeron a sólo un día la disminución de tensión, de 220 a 209 voltios en promedio.
Sin embargo, hay quienes aún siguen esperando el ingreso de Enarsa de lleno en el escenario nacional. Daniel Montamat, ex presidente de YPF y ex secretario de Energía, advierte que el único paso significativo de la petrolera estatal ha sido dado, hasta ahora, en el único lugar del espectro energético nacional que no necesita inversión: el de estaciones de servicio, un mercado sobredimensionado, que ha visto cerrar unas 1500 bocas de expendio en los últimos años. "Yo no le recomendaría a nadie meterse en el negocio de la comercialización de combustibles", dice Montamat. En una alianza con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Enarsa inauguró hace dos meses dos estaciones de servicio en la Argentina.
No hay mucho tiempo
Los empresarios, la mayoría de los cuales habla con pedido de reserva de su nombre, advierten que las medidas deberían tomarse con urgencia. "Desde que se encuentra gas hasta que se pone en venta pasan entre tres y cinco años -explicó a LA NACION el presidente de una petrolera norteamericana que tiene una buena relación con el gobierno argentino-. Cualquier paso que tomemos, hay que empezarlo cuanto antes." En el Gobierno confían en que las ampliaciones en el gasoducto San Martín II, que aumentará la capacidad de transporte en tres millones de metros cúbicos este año y en cinco millones más para 2008, alivianen las cosas. "Vamos a saturar los gasoductos, algo que, a principios del año pasado, no estaba tan claro", dijeron en el Gobierno.
Otra medida importante para mejorar el panorama en los yacimientos será una inversión de 440 millones de dólares que las petroleras Total, Pan American Energy y Wintershall han hecho en el yacimiento Carina y Aries, en Tierra del Fuego, que agregará cuatro millones de metros cúbicos desde junio.
Pero asoma aquí otro inconveniente. Ante la incertidumbre reinante en Bolivia por la crisis política, el gobierno argentino confía en las cuencas del Sur como nuevos aportantes de gas. Pero las previsiones empresarias no son tan benévolas. "Si lo de Bolivia se pincha, el Gobierno va a mirar la cuenca Austral -dijo un director de una de las petroleras con inversiones en la Patagonia-. La gran diferencia es que la cuenca boliviana ya está descubierta. Nosotros hemos explorado en el Sur, pero no hay demasiado. No estamos seguros. Puede haber, pero se necesita mucho dinero y mucha exploración."
Los últimos hechos fueron en ese sentido. Una inversión de 10 millones de dólares en el yacimiento Géminis, a la altura del cabo San Pablo, en Tierra del Fuego, a cargo de Repsol YPF, Wintershall y Total, terminó hace 45 días en un manifiesto fracaso. En las empresas del sector creen que, incluso contando el gas de Bolivia, la Argentina padecerá un faltante que los cálculos optimistas fijan en tres millones de metros cúbicos por día. Y los pesimistas lo elevan a cinco millones.
UN INFORME DE MERRILL LYNCH ADVIERTE SOBRE LA CRISIS ENERGETICA
OJALÁ QUE EL INVIERNO SEA TEMPLADO
Página 12 de Argentina (www.pagina12web.com.ar)
“Una nueva crisis energética es el riesgo más grande que enfrenta nuestra visión positiva de la economía argentina en el 2005”, dice un informe de Merrill Lynch, uno de los bancos extranjeros que asesoró al Gobierno en el canje de la deuda. El documento, que circula por despachos del Ministerio de Economía, afirma además que “los proyectos de inversión clave en infraestructura vienen atrasados”, mientras que la demanda de energía sigue creciendo. Y advierte que si este invierno el clima no fuera tan templado como el pasado, la crisis sería mucho más grave.
Merrill Lynch todavía no cobró su tajada de los 200 millones de dólares que prometió el gobierno a los tres bancos extranjeros que lo asesoraron en el canje de la deuda. Pero al parecer ya no pesa sobre la entidad la veda que se autoimpuso para opinar sobre la situación de la economía argentina. Los analistas del banco acaban de distribuir entre sus clientes un estudio que en Economía examinan con atención. Sin eufemismos, se titula: “¿Cuán cerca está una nueva crisis energética en la Argentina?”.
En el 2004, explica el paper, la crisis no fue tan profunda porque el gobierno tomó una serie de medidas para paliarla: importaciones de gas de Bolivia; importación de electricidad de Brasil; y compras de fuel oil a Venezuela para abastecer a las centrales termoeléctricas. Según cifras oficiales, esas medidas implicaron un costo fiscal superior a los 1400 millones de pesos. Pero el país se salvó de una crisis de mayores proporciones no tanto por obra del Estado sino de la naturaleza: “temperaturas de invierno más altas de lo normal” evitaron que un salto del consumo hiciera colapsar al sistema. “Para el 2005, las cosas lucen bastante duras”, alerta el informe. Por varios motivos: “La demanda de energía continúa creciendo” y “los proyectos de inversión clave en infraestructura (transporte de gas y generación eléctrica) vienen atrasados”. En este punto, la impresión del banco norteamericano coincide con los comentarios que, en privado, deslizan en el equipo económico, apuntando la responsabilidad en el Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido: “Las condiciones hidrológicas se anuncian desfavorables”, con poca agua en ríos y represas; “Las reservas hidroeléctricas del Sur de Brasil son bajas”, por lo que este año no se podría importar electricidad; “La capacidad de transporte y almacenamiento de combustibles alternativos para las centrales eléctricas (fuel oil/gasoil) es limitada”.
Así las cosas, “el clima será el factor clave para este año: si durante este invierno las temperaturas son más frías de lo normal en los principales centros urbanos, las interrupciones en el suministro de gas para la industria serían mucho más importantes que durante el año pasado”. También deja entrever que serían necesarias más restricciones para los consumos de familia. De hecho, el gobierno ya anunció que extendería a todo el país el PURE (Plan de Uso Racional de la Energía), que dispone premios a los ahorros y multas a los gastos en exceso.
“La oferta eléctrica se presenta todavía más incierta”, asegura el banco. Y aunque no habla explícitamente de apagones, da a entender que podrían ocurrir, de haber picos extraordinarios de consumo.
Por supuesto, los economistas de Merrill Lynch creen que más temprano que tarde el Gobierno deberá ajustar las tarifas domiciliarias. “La ausencia de aumentos tarifarios para financiar nuevas inversiones podría continuar limitando la inversión en proyectos fundamentales en el sector privado”, argumenta. Sin embargo, la entidad reconoce que la administración Kirchner ya adoptó “medidas correctivas” como el ajuste del precio de gas a grandes usuarios y a usuarios industriales. En mayo del 2004, el precio del gas subió 35 por ciento y volvió a escalar otro 16 en octubre último. De hecho, los aumentos previstos, del 16 por ciento en mayo próximo y otro tanto en julio, “llevarían los precios esencialmente a niveles pre-devaluación”. Después de encender tantas luces amarillas, Merrill Lynch confirma que este año su pronóstico de crecimiento para la economía argentina es del 6,8 por ciento, “de no ocurrir una escasez importante de energía”.
Opinión:
LA ASIGNATURA PENDIENTE
Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)
Todo indica que el proyecto de Ley de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados -salvo sorpresas de último momento- no sufrirá modificaciones sensibles en su etapa de revisión por la Cámara de Senadores. El texto está a pocos pasos de ser aprobado. Parece cerrarse, así, un ciclo tormentoso y de graves desencuentros en que los bolivianos, aún antes de alcanzar algún beneficio notable de su riqueza gasífera, se enfrentaron casi inconciliablemente. De hecho, la primera de las confrontaciones dolorosas ocurrió en el luctuoso Octubre de 2003.
Es posible que, en la intención de proveer mayor 'viabilidad' al texto propuesto, la Cámara de Senadores, y eventualmente el mismo Congreso si las modificaciones resultaran substanciales, conceda, todavía, alguna ventaja a las empresas transnacionales. En especial, en el régimen impositivo. Como se sabe, el techo en la participación estatal del valor de lo producido se encuentra en el 50%, sumadas las regalías (18%) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (32%).
Este impuesto, conforme previeron los diputados, no es deducible, ni acreditable. Es decir, su monto es fijo e inamovible, no pudiendo ser reducido presentando constancia de pago de otros impuestos o descargado con notas fiscales. Acaso los senadores resignen en algo esta regla absoluta ya sea autorizando deducir parcialmente el mismo o estableciendo criterios adicionales de discriminación impositiva en unos campos con respecto a otros, tal como ha sugerido reiteradamente el Poder Ejecutivo con la tesis que los campos gasíferos menores -en rigor, las empresas que los explotan- no están en posibilidades de soportar semejante carga tributaria.
Descontando otras modificaciones menores (supresión del proyectado veto indígena a las operaciones en territorios históricos a ellos atribuidos, o la dirección y no fiscalización en las tareas de riesgo en la exploración), no parece probable que el tema de fondo cual es la propiedad del gas en boca de pozo, sea motivo de cambio. Es, verdaderamente, un tema en extremo sensible para el boliviano medio, y aunque las petroleras han ratificado que el gas, en boca de pozo, es de libre disponibilidad para ellas, el proyecto de ley ahora atribuye propiedad al Estado boliviano incluso en este punto técnico de medición del volumen de gas extraído. Se ha alcanzado, pues, un punto delicado de equilibrio en el proyecto que ahora discuten los senadores, incluso admitidas estas posibles variaciones. Es también, si se quiere, un reflejo del empate técnico entre las fuerzas y actores del escenario político boliviano. Pero la ausencia de conflictos sociales no implica, necesariamente, la ausencia de problemas, mejor aún, de temas pendientes de solución.
Y los hay, de innegable trascendencia. La política legislativa que conlleva la nueva Ley de Hidrocarburos, admitido que haya alguna, sólo atiende a la necesidad de establecer renovadas reglas en lo tocante a la propiedad de los hidrocarburos, al régimen de regalías y de tributos o a la refundación de YPFB como una entidad que se pretende sea protagónica en el negocio del gas boliviano. ¿Y el anhelo de la industrialización de esta riqueza providencial? ¿Y la satisfacción del ciudadano medio que no entiende cómo un país que se precia de tener una de las mayores reservas del continente, tenga que pagar, a precios internacionales, el carburante que consume?
De manera intuitiva los bolivianos que concurrieron a las urnas en el referendo del 18 de julio, advirtieron que, con el gas, podría inaugurarse una nueva y singular etapa histórica. El ciclo del gas -como lo fueron anteriormente el de la plata, o el estaño- esta vez podría ser más favorable a las expectativas de un mejor destino para el país. Frustrar este anhelo seria un gravísimo error histórico. En lo concreto, el objetivo claro e inequívoco es que los beneficios del gas deben impulsar el crecimiento notable de una economía alicaída y estancada a pesar del modelo económico adoptado.
Si el modelo no varía sustancialmente, a pesar de los emprendimientos estatales que ahora se confiarán a YPFB, la visión meramente exportadora del gas boliviano, sin una política que aliente la sola producción sin valor agregado es un franco despropósito nacional. Chile, sin tener yacimientos hidrocarburíferos, es el mayor productor mundial de metanol, es decir, un producto obtenido a partir del gas natural. Y vender metanol es harto diferente a exportar y vender, simplemente, el gas extraído. Es la diferencia entre la prosperidad y la mera subsistencia.
Y es que Chile ha establecido una industria petroquímica a partir de los energéticos adquiridos a sus vecinos, entre ellos Argentina a quien también proveemos de gas en una exportación creciente al igual que con el Brasil. El gas es imprescindible para su industria y, en un afán de presionar a este país a resolver la cuestión pendiente del acceso marítimo boliviano, se ha estipulado con la Argentina que el gas boliviano exportado a dicho país no puede ser reenviado a Chile.
Pero, oponerse a la venta de gas a Chile no significa crecer ni desarrollarse. Vale, únicamente, como medio de presión diplomática. De hecho, la quinta respuesta a la última pregunta del referendo del 18 de julio, abrumadoramente mayoritaria por el 'sí', autorizó implícitamente esta instrumentalización del gas. En otros términos, más importante que impedir insumos para la petroquímica chilena -que, reiteramos, se explica como estrategia internacional- es la creación de la propia industria petroquímica boliviana cuyo principal insumo sea producido en el mismo país.
Hoy pareciera que la tesis meramente exportadora ha ganado prevalencia en los textos de la nueva ley. Acaso primero tenga que extraerse gas, y en volúmenes apreciables, para establecer una plataforma sustentable en la petroquímica. Al menos así opinan algunos especialistas (2). Pero también urge, y con carácter imperativo, sentar las bases de una industria que provea valor agregado a nuestras riquezas hidrocarburíferas (3). Es, no cabe duda, un nuevo objetivo nacional que podría proclamarse en la nueva norma constitucional.
Pasada la durísima hora del desencuentro en trance de revertirse en un acuerdo nacional o varios de ellos en temas singulares de potencial conflictividad, se abre un período de reconstrucción cuyo mayor punto de inflexión se alcanzará en la Asamblea Constituyente. En la discusión preconstituyente se puede y se debe anticipar la propuesta de solución a este problema de fondo, la petroquímica nacional, sin conflicto social visible. Es la asignatura pendiente de la Ley de Hidrocarburos.
NOTAS:- 1) El término 'boca de pozo' es el punto en el que se cuantifica y se valora el volumen de gas extraído no importando la distancia desde el yacimiento donde se encontraba la riqueza en su estado original. La posible extensión del alcance propietario estatal del gas -si llegaba hasta dicho punto o se circunscribía a los depósitos hidrocarburíferos- fue dilucidado por el Tribunal Constitucional afirmando que la propiedad estatal sólo alcanzaba, con arreglo a la Constitución y la anterior legislación (Ley Nº 1689 de Sánchez de Lozada), al yacimiento y no a este lugar de medición.
Esta célebre sentencia funda la proclama empresarial que el gas les 'pertenece' en boca de pozo. En un intento desesperado de enervar esta afirmación, así como restar argumentos a las transnacionales en un escenario de controversia arbitral poco probable, un grupo de abogados ha planteado, recientemente, ante el Tribunal Constitucional, la nulidad de los contratos de riesgo compartido. Aducen los demandantes que los contratos no fueron aprobados por el Legislativo, según exige la Constitución boliviana en los acuerdos que versen sobre las riquezas naturales.
No es probable que el Tribunal cambie una posición ya asumida y, posiblemente, encuentre algún defecto de forma en la demanda a fin de evitar ingresar al fondo de la cuestión planteada. En el ínterin, sin embargo, la nueva Ley de Hidrocarburos será un hecho real y políticamente consumado. Incluso el presidente Mesa, cuya conocida renuencia a un proyecto legislativo distinto al suyo amenazó no promulgar el texto ahora propuesto, es posible que vuelva sobre sus pasos si los senadores -y eventualmente el Congreso- optan por las concesiones menores ya señaladas.
El recurso referido llega tarde a la escena de los acontecimientos. Desde otra óptica, revela la carencia de reflejos y de una política coherente en los sectores sociales que propician mayores espacios para el Estado en el negocio del gas. Y, finalmente, el agotamiento social en larguísimas jornadas de enfrentamiento, será también un factor decisivo a la hora de pensar si vale la pena promover nuevas movilizaciones contra las modificaciones probables. Es el cálculo que se hace en la Cámara de Senadores.
2) Como el ex Superintendente boliviano de Hidrocarburos, Carlos Miranda.
3) Hay dos profesores universitarios bolivianos de prestigio y solvencia académica que, desde hace un par de años, a la manera de San Juan Bautista en el desierto, vienen clamando por el establecimiento de la industria petroquímica boliviana. Incluso, manifiestan, ya sería posible materializar este ansiado proyecto. Uno de ellos, Saúl Escalera (skalera@pino.cbb.entelnet.bo) llegó a entregar sus proyectos al presidente Mesa, aunque sin resultado positivo inmediato. Richard Iván Medina (rimh7@hotmail.com), el otro patriota, alienta la emisión de una norma especial que siente, con carácter jurídico, una plan boliviano de producción, pero con valor agregado y un programa que fije límites racionales a la sola exportación de gas.
Opinión:
AUTOGOLPE EN BOLIVIA
Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)
Con la pseudo-renuncia del presidente Carlos Mesa, rechazada por el Congreso Nacional, y la firma, en el mismo Congreso, del pacto de Unidad Nacional, se ha consumado un autogolpe de estado en Bolivia. El presidente y el parlamento han substraído al debate, inclusive institucional, los dos temas clave de la nación boliviana: la aprobación de la entreguista Ley de Hidrocarburos, “aprobada” en un fraudulento plebiscito en julio pasado, previendo la continuidad de la propiedad y explotación imperialistas del gas y el petróleo, y la aprobación, fuera y antes de la Asamblea Constituyente, de la autonomía de los departamentos de Tarija y Santa Cruz de la Sierra, en cuyo subsuelo se localizan la mayor parte de las reservas de hidrocarburos.
Detalle fundamental: la renuncia fue rechazada por la totalidad de los congresistas, incluidos los del MIP de Felipe Quispe y del MAS de Evo Morales, que tiene 27 de los 130 diputados y 8 de los 27 senadores (un tercio de la cámara alta. Pero eran justamente las direcciones sindicales y sociales (COB, CSTUCB, juntas vecinales) vinculadas a esos partidos, las que dirigían los bloqueos de caminos y ocupaciones de predios que sacudieron a Bolivia desde final de febrero y primera semana de marzo. Morales –que declaró que Mesa debe gobernar hasta final de mandato (junio de 2007)- tuvo inclusive que frenar a sus congresistas, que querían firmar el Pacto.
La “oposición” impulsaba una ley que previa la retención de 50% de los royalties de las multinacionales (Repsol, Petrobrás, British Gas y Total) contra los 18% (más 32% de impuestos) aprobados en el fraudo-plebiscito de Mesa. Como se ve, sólo una divergencia de porcentajes dentro de una política entreguista. La operación de las multis arroja beneficios declarados (debajo de la realidad) de 1500 millones de dólares.
Con todo el aparato gubernamental, Mesa convocó a una manifestación “popular” de apoyo, de gran eco en la prensa internacional, y que reclamó “mano dura” contra las movilizaciones con...7000 manifestantes (cualquier manifestación popular de masas en la capital reúne de cinco a diez veces esa cifra).
El operativo de salvataje de Mesa, jaqueado por las movilizaciones, estuvo encabezado por el gobierno y la embajada yanquis –que pidieron oficialmente “consenso” (fueron atendidos)-, las FFAA –que amenazaron a las movilizaciones con la represión- y, decisivo, los gobiernos de “izquierda” y “antiimperialistas” de la región, que se pronunciaron “en defensa de las instituciones” (contra el pueblo en lucha), que acababan de ser “puenteadas” por la presidencia y la mayoría parlamentaria derechista. En eso estuvieron Kirchner, Lula (cuya Petrobrás envía diariamente al Brasil 24 millones de m3 de gas, usando casi toda su capacidad instalada) y hasta el venezolano Hugo Chávez, que declaró públicamente apoyo a Mesa.
Pero Lula también presionó a Evo Morales, del MAS, cuyo líder parlamentario declaró que ahora hay que trabajar con la ley de Mesa (al final 18+32=50%, lo que pedía la oposición, en un país donde la evasión fiscal es regla). El Pacto por la Defensa de la Dignidad y la Soberanía Nacional, firmado por MAS, MIP, COB, organizaciones campesinas y “sociales”, con un programa muy por debajo del nacionalismo burgués de los años 50, es un aborto, incapaz de impulsar o coordinar cualquier movilización real.
Es preciso superar el programa “opositor”, con un programa transitorio que, partiendo de la nacionalización sin pago de las riquezas del subsuelo y de las empresas imperialistas (que se han beneficiado de subsidios monumentales desde la década del 80), y de la defensa de la unidad nacional del país, plantee la lucha por el poder obrero y campesino y la unidad revolucionaria continental. Con esa plataforma, es posible construir una organización revolucionaria en Bolivia. Osvaldo Coggiola.
LOS PRECIOS DEL GAS
Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)
En el Semanario “Pulso”, del 24 al 31 de marzo último, el periodista Fernando Molina criticó mi nota “El Fraude en la Ley de Hidrocarburos”, publicada en “La Epoca”, del domingo pasado, en la que opiné el Estado debía fijar los precios de exportación del gas, tomando, como parámetro, los precios de venta de gas norteamericano a México y Canadá. Su crítica fue la siguiente: “Soliz no sólo quiere que la nueva ley transgreda la seguridad jurídica –a lo que finalmente ya estamos acostumbrados--, sino que trastorne las leyes de la economía y, aún más, el sentido común, logrando que el costo de vida en el Brasil o en la Argentina se convierta por decisión del todopoderoso Estado boliviano, en el costo de vida de EEUU. Además, pasa por alto las diferencias de costo que DEBE DE HABER (sic) entre la producción de un millón de pies cúbicos de gas en EEUU y en Bolivia.”. Estas mis respuestas:
1.- A Molina le parece una herejía sugerir que el precio de exportación del gas de EEUU sea un parámetro para la venta del gas de Bolivia, ya que lo anterior vulneraría las leyes de la economía y del sentido común, al no tomar en cuenta los costos de vida existentes entre ambos países. Con relación al costo de vida, ¿no es un atentado a las leyes de la economía y del sentido común que los bolivianos recibamos de la Argentina $US 0.18 por Millar de Pies Cúbicos (MPC) y paguemos en el mercado interno $US 6.2 por el mismo volumen? Para evitar la acusación de “medias verdades”, incluyo el cálculo pertinente: Desde el punto de vista químico, no hay diferencias entre el gas natural comprimido (GNC) y el gas natural (gas seco o pobre). El metro cúbico de GNC se vende en las refinerías de Repsol o ERB a 1.77 bolivianos el metro cúbico, lo que equivale a $US 6,24 el MPC. 1.77 bolivianos equivale a $US 0,219. Un millar de pies cúbicos contiene 28.32 metros cúbicos de 35.31 pies cúbicos. 28.32 metros cúbicos, volumen equivalente a 1 MPC, cuesta a los bolivianos $US 0.219 X 28.32, lo que da como resultado $US 6.2. Si el costo de vida de un país influye de manera decisiva en el precio interno de los hidrocarburos, ¿por qué el precio de la gasolina en EEUU, que tiene un costo de vida más alto que el de Argentina, Brasil y Chile, llega a $US 0.53 el litro, en tanto que en la Argentina es de $US. 0.57, en el Brasil de $US 0.71 y en Chile de $US 0.81?
2.- El Estado debe fijar los precios de exportación por ser inadmisible que las compañías que compran y venden nuestro gas pasando la frontera sean las mismas. Esta relación incestuosa les permite exhibir precios ficticios que causan inmensos perjuicios al país. Veamos el fundamento de esta observación: Bolivia exporta diariamente alrededor de 31 millones de metros cúbicos de gas, o sea cerca de 1.100 millones de pies cúbicos, lo cual equivale a 1.1 millón de MPC. Este volumen se comercializa en $US 7 millones como GNC (100 % metano) en Argentina. Cuando nuestras exportaciones suban, como ya se anunció, a 30 millones de metros cúbicos a la Argentina y 70 millones de metros cúbicos al Brasil, o sea 2,5 veces más que los volúmenes actuales, las compañías obtendrán una ganancia bruta de 7 X 2.5 X 365, lo que significa 5.475 millones de dólares, sólo por el gas seco. Los expertos del CEDIB estiman que las utilidades por la comercialización del etano, del GLP (butano y propano) y de los condensados (gasolinas), las transnacionales obtendrán por cada TCF (y exportaremos un TCF al año), una ganancia anual superior a $US 12.000 millones.
El ingreso fiscal de Bolivia por esa exportación llegará al 8 % de las mencionadas ganancias brutas sobre compuestos no industrializados de gas natural “boliviano”. El robo a Bolivia es tan escandaloso que a principios de esta década, en Madrejones, Pluspetrol (subsidiaria de Repsol), exportaba el gas boliviano a su refinería en la Argentina a $US 0.7 el MPC. Lo anterior seguirá ocurriendo mientras Repsol filial Bolivia le venda el gas a Repsol Argentina, Pluspetrol Bolivia a Pluspetrol Argentina y Petrobrás Bolivia a Petrobrás Brasil. Para Molina denunciar estos hechos implica una violación a las leyes de la economía y al sentido común. ¿Será otra violación mostrar el absurdo que significa exportar 15.000 barriles diarios de crudo a Chile, en lugar de producir diesel en las refinerías que operan en Bolivia con capacidad ociosa?
3.- No es evidente que YPFB, al ser “agregador”, en la exportación de gas, intervenga en la fijación de precios. Todo lo contrario. Solo recordemos que Pluspetrol Bolivia, con la complicidad del gobierno de Mesa y del MAS, vendió a Pluspetrol Argentina, al precio “solidario” de $US 0.98 el MPC de metano y de $US 1.20 el gas húmedo. ¿Dónde estuvo el papel de “agregador” de YPFB en esta transacción abusiva? Andrés Soliz Rada
La venta del gas, la soberanía en peligro, la xenofobia de las clases pudientes ¿Financiado y alimentado por quiénes? ¿Una nueva amenaza en perspectiva?
¿ASESINATO DE UNA NACIÓN?
Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)
Probablemente estemos asistiendo ya, al preludio de una guerra civil fratricida que provocaría la muerte del país. Y esto comporta gravedad. Lo que hasta ahora fue una agonía más o menos encubierta por los poderes del Estado; de un tiempo a esta parte, se acelera brutalmente la destrucción de lo poco que nos queda de soberanía nacional.
En los últimos meses se extendió la arremetida ultra-conservadora de los privilegiados del país. La embestida de las transnacionales de petróleo y del gas no se dejó esperar. En las ciudades de Santa Cruz y El Alto, el alza de los carburantes decretada en diciembre pasado por el gobierno de Mesa, provocó olas de protesta generalizada. La indignación bien fundada, por cierto, fue rápidamente aprovechada por las elites de Santa Cruz. En lugar de exigir la derogación inmediata de éste decreto leonino, revindicaron "autonomía cruceña", que en lenguaje claro quería significar secesión de Santa Cruz del resto del país.
Mientras tanto, en una coyuntura inquietante, alianzas y disputas hegemónicas se entretejen sordamente entre grupos de poder económicos, nacionales y regionales para desestabilizar el país. El desmesurado interés por apropiarse de las riquezas naturales es tan grande, que el contubernio que se organiza tiene características de conspiración. La propaganda rinde sus frutos. Programas televisivos de inspiración fascista concebidos en los EE.UU. machacan la conciencia ciudadana. Estas campañas de alienación, buscan lo esencial: formatear los cerebros del pueblo boliviano, así la ofensiva ultraliberal podrá tener mayor eficacia.
El desastre económico y cultural de muchas regiones del país son hechos dramáticos irreversibles, nos muestra el papel destructor de los medios de producción y de comunicación en manos de los poderosos. La incapacidad del gobierno para crear mecanismos de control, es prueba clara de su negligencia. Según informes oficiales del Ministerio de Finanzas las compañías petroleras se dedican al contrabando de carburantes. Desde hace 5 años atrás, no pagan o nunca pagaron impuestos al Estado boliviano, esto a vista y paciencia de quienes correspondería exigirla.
Al mismo tiempo, las argumentaciones ambivalentes de los directivos del Comité Pro Santa Cruz y Tarija, dejan entrever designios separatistas bajo el epígrafe hipócrita de la palabra “autonomía”. La connivencia con sectores neo-nazis de la mal llamada “Nación Camba” y las castas dominantes de Santa Cruz adquiere dimensiones de complot, todos ellos escarban rencores gratuitos para atizar la discriminación y la xenofobia entre bolivianos.
Se abren espacios de proselitismo reaccionario, intentan vender una ideología de usura; utilizan todos los recursos “técnicos” a fin de engatusar a incautos. Los medios audiovisuales patrocinados por ciertas sectas religiosas y empresarios privados, inculcan en la conciencia colectiva la superioridad “blanca” como prototipo racial, en un país donde paradójicamente solo existen morenos. Los concursos de belleza son caricaturas torpes que se ajustan invariablemente a patrones gringos de belleza. Se desdeña sistemáticamente a las mujeres del país. Solo dudosas rubias platinadas u oxigenadas entran a las bufonadas. Los ultrajes de contenido racista contra el pueblo boliviano son el pan de cada día. En un país donde casi todos tienen ascendencia indígena, “cambas” y “collas” confundidos, los discursos retrógrados publicados por la prensa reaccionaria llenan páginas enteras. Esta propaganda que proviene de círculos los más obcecados del mundo occidental y nacional, es el alimento diario que se mastica hasta el cansancio para quebrantar la resistencia del pueblo boliviano.
El afán de liquidar en dos zancadas a todo un pueblo, se acomoda perfectamente a la ideología de los dominadores del siglo XXI. El lucro determina el tipo de sociedad que merece beneficiarse de las migajas que dejan los Dueños del Mundo. La sociedad que no corresponda al perfil concebido por planificadores de alto vuelo en asuntos de mercadotecnia, debe desaparecer. La doctrina ultra-liberalista, por lo que va de Bolivia, en este momento acomete contra todo aquello que represente diversidad, contra todo aquello que implique oposición al saqueo de riquezas, contra todo aquello que encarne respeto por el hombre y el medio ambiente.
La tarea prioritaria de los que ven el mundo cuadrado — tal como si fuera una simple mercancía —, es la de acelerar la destrucción de sociedades heterogéneas, ricas en sabiduría, valiosas en experiencia pero que incomodan terriblemente al abrumado mundillo planetario de negocios y comisiones. En otras palabras, el propósito fundamental de los que acaparan el mundo, es la de remplazarla por otra: postiza, dependiente, uniforme, manipulable, sumisa, corrompible a las componendas y señuelos pecuniarios.
La entrega concreta del país ya se ha iniciado. La oligarquía cruceña levanta banderas separatistas y acude a los medios de comunicación para tergiversar la realidad histórica de Santa Cruz. Aquellos “guardianes de la cruceñidad” de origen europeo, esencialmente racistas, no llegan ni siquiera al 0.5% de la población, sin embargo, se autoproclaman “genuinos representantes” sin que nadie los haya elegido en elecciones democráticas.
Desde hace dos años atrás, diplomáticos, economistas, consejeros, expertos, empleados, informadores de firmas estadounidenses y españolas, llegan al país en inusitado ajetreo, motivados por el brillo del dinero que les ofrecerá a raudales el gas descubierto en la región del Chaco, considerado como los más importantes de toda América. El interés por explotar estos yacimientos es enorme. Gigantescas compañías transnacionales ponen al país al borde del precipicio. Este descubrimiento debería producir alegría en los hogares bolivianos, pero como era de esperar, — exactamente como en el pasado con el descubrimiento de riquezas minerales — se torna en pesadilla.
Poseer riquezas naturales, hoy en día, es una cruel adversidad porque amenazan las estructuras económicas, sociales y culturales de los pueblos. La codicia de EE.UU. es ejemplo claro de lo que pasa en el mundo, basta mencionar a Irak que fue destruido en un abrir y cerrar de ojos con el argumento inverosímil de instalar “paz y democracia”. La economía local fue paralizada. El terror, los crímenes y el odio provocado por los agresores hoy se campean impunemente. Las esperanzas de mejores días de aquel pueblo mártir se esfuman. Criminales modernos de cuello blanco y corbata, en una cadena macabra de consignas, tienen el propósito de fundir al país, pretenden romper la base social y cultural que aún queda en pie, después de la noche trágica del colonialismo. Las polémicas contradictorias sobre el gas son fabricadas por consejeros en comunicación venidos del Norte. Acuerdan por adelantado enemistar, dividir a las regiones y a sus pobladores según sus proyectos. Elaboran estrategias de vocabulario ideadas por expertos en lingüística y propaganda comercial para confundir a los ciudadanos. Suministran argumentos y conceptos para que todos debatan en torno a reglas que ellos mismos crean. Urden tácticas y maniobras para demoler a los que incomodan. Instalan una atmósfera de desconfianza para sacar ventajas. En fin, la eficiencia empresarial, la competencia profesional, la mentira organizada y la persuasión bien estructurada al servicio de los dominadores se aplican para destruir a toda una sociedad.
Mientras las transnacionales confabulan, los argumentos del “desarrollo boliviano” llenan los discursos oficiales, pero ya no doran la píldora a nadie. El pueblo conoce de sobra el siniestro significado de la palabra “desarrollo”. En diferentes épocas de la infausta historia boliviana, trajo dolor, luto y miseria. Solo sirvió para alimentar la dominación colonialista, en la que murieron 8 millones de indígenas durante siglos de trabajo forzado en las minas de plata de Potosí. Basta dar una vuelta por las regiones saqueadas para darse cuenta de la infamia.
Las minas de Potosí y Oruro son testimonios visibles del desvalijamiento de nuestros recursos naturales. Una vez que se agotaron sus riquezas, en los años 80 más de 70.000 trabajadores mineros con sus familias fueron arrojados al Chapare en la más completa miseria; hoy estos mismos mineros reconvertidos en campesinos cocaleros nuevamente cargan las consecuencias de la política de agresión de los EE.UU. En este momento, Santa Cruz y Tarija están en la mira de los asaltantes del mundo. Las consecuencias se tornarán funestas si no se toma partido en la defensa de los recursos del gas que pertenecen a los bolivianos, — caso contrario —, se repetirá el mismo sombrío circuito de agresión que el país sufrió en el pasado; añadiendo otros componentes perversos como la desaparición pura y simple del país.
Seamos honestos: hasta ahora el pueblo boliviano ha vivido bajo una economía clandestina, independiente de los delirios progresistas de los representantes del Estado y las burguesías locales, fuera del alcance de un estrambótico desarrollo que aniquiló y dejó en la miseria a decenas de miles de bolivianos. Esta economía arrinconada, ha servido para solucionar en cierta medida, el hambre provocada por los modernizadores de pacotilla. Pese a los esfuerzos suicidas del Estado para hacerla desaparecer, el circuito económico de la agricultura “tradicional” sin intermediarios, fue siempre una realidad palpable e inédita. La “economía campesina” modelada por la tradición ancestral, está presente en todas partes de Bolivia, es una evidencia indiscutible. Su magnitud y originalidad proviene de las estructuras socioeconómicas, basadas en la solidaridad, la reciprocidad y el trabajo comunitario de la tierra. La producción, la distribución y el consumo en la mayor parte de las regiones del país, están aseguradas gracias a este equilibrio único en el continente americano. Los campesinos bolivianos desde hace siglos han cimentado apropiadamente, una organización recurrente de producción y de administración, inversamente a la postura oficial por desarrollar la llamada “nueva economía de mercado” sustentada en la injusticia y la desigualdad. Los gobiernos bolivianos — dictaduras y “democracias” involucradas — no obstante estas contribuciones “caídas del cielo”, siempre la combatieron duramente. Este aporte generoso y original a la economía nacional es el fundamento económico y social del país.
A pesar de la proverbial oposición de los responsables del Estado por estimular la agricultura comunitaria, ésta “economía subterránea y escondida” ha limitado, en tiempos de crisis, las fluctuaciones inflacionarias de productos alimenticios; en tiempos normales, ha auxiliado a la población de escasos recursos económicos con suministros de calidad a precios accesibles y, sobre todo, ha contribuido de manera determinante a evitar la hambruna.
En estas condiciones absurdas y aberrantes de parte del poder central y de las clases dominantes, — pese a todo — fue y es una repuesta formidable a la crisis económica originada por la mundialización. Esta economía relegada, ha permitido dar un permanente respiro a la gente empobrecida, huérfana de la protección de las instituciones del Estado; y desde el punto de vista dinámico, ha servido siempre como catalizador de las actividades económicas. El fin de ésta estructura económica milenaria, ocasionaría consecuencias incalculables para el país. Los campesinos “cambas” y “collas” en la hora actual, juegan un papel determinante en la defensa de la soberanía nacional. La tierra en manos de los campesinos es la sola alternativa realista para alimentar y desarrollar el país. El progreso auténtico se hará sobre ésta base. O no se hará. El pueblo boliviano no se beneficiará de las riquezas que explotan las transnacionales. Los recursos no renovables, solo son negocios de los poderosos y de las clases pudientes. La historia boliviana de agresiones y saqueos lo testimonia. Fernando Quirós.
Evo Morales, líder cocalero del Movimiento al Socialismo
"TODAVÍA LA CLASE DOMINANTE NO ENTIENDE ESTA SITUACIÓN, POR ESO SIGUE LA LUCHA"
Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org)
Después de las tres semanas de tensión política y social a consecuencia de las tentativas de renuncia del presidente Carlos D. Mesa, Bolivia formó parte de los titulares mundiales no como un país bloqueado, sino fundamentalmente como un país que experimenta una peligrosa fragmentación social, alentada por los discursos separatistas cruceños basados en ideologías racistas. “Hay evidentemente en este nuevo milenio mensajes fascistas y racistas contra las mayorías nacionales. No vienen necesariamente del Comité Cívico Cruceño ni tampoco vienen de todo el sector oligárquico, sino sobre todo de “un” grupo oligárquico. Esa mafia política lo único que quiere es seguir viviendo del estado, como parásito del estado, como parásito del pueblo. Son banqueros que quiebran sus bancos pero jamás quiebra su economía; son terratenientes que solamente quieren tierras, no para trabajar sino para negociar. Esa gente cuando se siente afectada en sus intereses pues automáticamente se vuelca con mensajes racistas de división. Estas actitudes conservadoras son las que paralizan hoy las actitudes altruistas, aunque parezca lo contrario bajo todos los disfraces de la modernidad. Aparentemente las ideas estaban mucho más claras hace veinte o treinta años. "Qué dijeron en Santa Cruz: ¡antes de que nos gobierne un indio, mejor nos dividiremos!. No es una cuestión netamente política, sino una cuestión de transformación del país. Son los del sector conservador que condena al movimiento campesino”, opina Evo Morales.
Y es que también la globalización y el sistema económico neoliberal nos entrega a un fascismo mucho más elaborado, que conserva elementos de aquél – de Hitler o Mussolini – y lo supera en ambición, destrucción de la naturaleza y opresión de los pueblos, dado su ilimitado carácter global y su correspondencia con el desarrollo tecnológico de la época en que vivimos. Éste es o pudiera ser un fascismo corporativo y fanáticamente ideológico, que se gesta en una sociedad dizque democrática, pero que se comporta aún peor que la peor de las totalitarias conocidas; una nación multi-étnica aunque con espacios para el racismo y la xenofobia. “La lucha contra el neoliberalismo es luchar contra el bloqueo económico. La lucha contra el sistema capitalista, es lucha para que Bolivia se desbloquee. La lucha por recuperar nuestros recursos naturales, es luchar contra el bloqueo a la esperanza y al desarrollo económico de nuestros pueblos. Entonces, quien bloquea el desarrollo del pueblo es el modelo económico, es el sistema capitalista, especialmente el saqueo permanente de nuestros recursos naturales, sean estos minerales, forestales o como el tema de los hidrocarburos”, apunta Evo Molares.
AGENDA DE OCTUBRE Y ACERCAMIENTOS FALLIDOS
Después de la insurrección de Octubre de 2003, las dos fuerzas opositoras mas importantes –el MAS de Evo Morales y el MIP de Felipe Quispe– y en general todo el movimiento social, hacen a Mesa el portador y ejecutor de la llamada “agenda de octubre”: nueva Ley de hidrocarburos, referéndum sobre el gas y la asamblea constituyente. Pero poco a poco los movimientos sociales empiezan a desconfiar del gobierno de Carlos Mesa, en principio por los hombres que había reunido en su gabinete. Sin embargo el MAS, decidido a conquistar las clases medias se convierte en un sostén del gobierno de Carlos Mesa. La idea central que posibilitaba este apoyo tenia que ver con la intención del MAS de mostrarse “políticamente razonable” y creando espacios moderados. Lamentablemente ese acercamiento al gobierno de Mesa se va desgastando hasta que llega el 6 de marzo pasado, cuando el Presidente culpa a Evo Morales y al MAS de incentivar una inestabilidad política presionando al Congreso para aprobar una Ley nacionalista: “Lo que plantea la Ley del señor Evo Morales, es una Ley que la comunidad internacional no acepta, y que las empresas trasnacionales van a llevar al arbitraje”, acusa Carlos D. Mesa. En ese momento se da el quiebre total de las relaciones entre el Gobierno y el MAS, y Evo Morales contesta a Mesa: “Mesa se ha revelado como un defensor de los poderes que siempre han estado en contra de Bolivia, ahora que lo tenemos claro no hay posibilidades de ningún diálogo. No puede insultar al pueblo y luego pedir dialogo, eso se acabó”.
LA PIEDRA DE TOQUE
Es claro, la piedra de toque de ésta crisis es la Ley de hidrocarburos. Desde el referéndum de julio que definió los puntos centrales de esa ley, el presidente Mesa y sus ministros han estado en constante ambivalencia. El resultado: una lenta y trabajosa aprobación de la Ley que, ahora en la Cámara de Senadores, analizan 18 puntos concretos de la Ley de Hidrocarburos aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados. Entre los 18 puntos que el Gobierno observa se encuentra el capítulo relativo a los pueblos indígenas y propone la necesidad de flexibilizar el veto indígena para cualquier proyecto hidrocarburífero. “No quieren que los pueblos indígenas decidan sobre un recurso natural. Y nosotros tenemos derecho a decidir sobre esos temas porque son nuestros recursos y son nuestras tierras. Y esta propuesta es parte de un acuerdo internacional con la OIT”, asegura Morales, añadiendo: “todavía la clase dominante no entiende esta situación, por eso sigue la lucha.”
El tema de Hidrocarburos sin duda se ha convertido en la bandera de los movimientos sociales, siendo que no es la única meta de reivindicación. Evo Morales nos explica que las demandas son muchas e importantes, pero no se pueden tomar todas al mismo tiempo. “Son procesos pues. Yo no estoy de acuerdo por ejemplo, en hacer un chorizo con montón de reivindicaciones que finalmente no resuelven nada. Hay que agarrar un tema hasta ganarlo. Y esa es nuestra experiencia. Queremos ganar la guerra del agua: ganamos en Cochabamba; queremos ganar la guerra de la Coca y la ganamos. Ahora viene el tema de los hidrocarburos, y habrá también el tema de la libre contratación, el tema de tierras, de los TLC’s. Es un proceso que hay que avanzar paso a paso.”
AMENAZAS CONTINUAS
Los movimientos sociales han encontrado una representación importante a través del MAS y del MIP en un ambiente que por tradición siempre les ha sido negado: Diputados y Senadores. Al constituirse como la primera fuerza política de Bolivia, el MAS de Evo Morales se convierte, para los sectores conservadores y el gobierno norteamericano, como una seria amenaza a la estabilidad democrática boliviana y de la región. “Es el movimiento campesino el que más practica la democracia. ¿Qué es la democracia?: donde las mayorías gobiernen y no las minorías. Aquí en Bolivia son un puñado de familias que gobiernan, que ganan las elecciones en base a prebendas, con compra de conciencias. Y el MAS apuesta por la conciencia antes que las prebendas, es por eso que somos la primera fuerza política.”. Y añade Morales: “Pensar la otra forma de lucha, que nos vamos a armar para acabar con este modelo, sería antidemocrático. Nosotros no tenemos miedo a este modelo a este sistema, para combatirlo y tumbarlo desde adentro. La prueba es que cuando avanzamos reaccionan, eso nos consolida.
Las “advertencias” de la Casa Blanca, principalmente contra Venezuela y Bolivia son persistentes. Acompañadas por acusaciones como las del alto funcionario del Comando de las Fuerzas Armadas para el Cono Sur de Estados Unidos, Jimmy Hill, cuando acusó a Morales de recibir ayuda financiera de Venezuela. En tanto que el periódico colombiano Semana aseguro que Rodrigo Granda tenía el teléfono de Evo Morales en una agenda que le fue decomisada tras su secuestro en Venezuela. A esto debemos sumar el uso de “la lucha contra el narcotráfico” como excusa para la intervención militar dentro de la región, cargada de acusaciones como las lanzadas el 8 de mayo de 2003 contra el MAS asegurando que este partido forma parte de una “mafia cocalera”. "A eso se debe también la presencia de los mercenarios de Colombia en Bolivia. Ya el año pasado los hermanos indígenas del oriente denunciaron la presencia de mercenarios o sicarios armados para defender las tierras de los terratenientes. Ya no solamente están organizados armándose, sino que contratan mercenarios expertos para atentar contra la vida de los dirigentes campesinos”, advierte Morales.
LOS TLC’s y ALCA
Tenemos que entender que la ratificación del TLC es cuestión de tiempo debido a la inconveniente decisión de los gobiernos de la región por negociar bilateralmente los temas más vitales y sensibles. Los movimientos sociales comprenden eso, y es por ellos que en Perú, Ecuador y Colombia se están tomando acciones para comprometer a la población civil en el debate. “Mira, tiene que haber comercio. Un comercio de pueblo a pueblo, un comercio justo. Donde las mayorías se beneficien y no las transnacionales; el TLC y ALCA son proyectos para radicalizar el neoliberalismo, el capitalismo y por tanto no es ninguna solución para la humanidad ni para los movimientos sociales.
La visión optimista de la globalización de los mercados se encuentra cuestionada y el pensamiento único controvertido a consecuencia del fracaso de las políticas neoliberales y de las reacciones de resistencia que se producen en diferentes países del mundo y particularmente en América Latina. Es evidente que hay que tener comercio entre nuestros países, pero un comercio que no sea asfixiante, un comercio en el que las partes comprometidas puedan ser beneficiaras de forma recíproca. Y a estas iniciativas sociales que pretenden un ambiente mas justo son víctimas de una ofensiva verbal peligrosa de parte de las grandes potencias, hostigando a los movimientos sociales, aplicando el poder con la intención de silenciar y ocultar lo que ocurre, imponiendo el silencio de la desmemoria. El principio y la práctica de la convivencia y la igualdad parecen tan distantes como para ser utópicos hasta el ridículo. Los movimientos sociales pretenden contribuir a un debate urgente sobre la situación boliviana. Porque, a pesar de la globalización cruel, “otro mundo es posible". Diego A. Mondaca.
9 years ago
