Monday, September 15, 2014

CARLOS MESA: "DEMANDA MARÍTIMA DE BOLIVIA NO AFECTARÁ NADA ESENCIAL EN CHILE”

Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y portavoz internacional de la demanda marítima boliviana, realiza una gira internacional para explicar las razones y los objetivos que tiene su país para llevar hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el caso de la demanda en contra de Chile. A su paso por Holanda conversó con Radio Media Naranja.
Radio Media Naranja (RMN).- Ha llamado la atención, en el ámbito internacional, esta gira que usted está realizando para puntualizar la posición boliviana sobre su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La más importante de las entrevistas que ha tenido ha sido con el Secretario General de Naciones Unidas. ¿Cuál es el resultado?
Carlos Mesa (CM).- La idea básica, esto es muy importante subrayarlo, es explicar la naturaleza, el contenido y los objetivos de nuestra demanda. No buscamos adhesiones porque Bolivia ha escogido el camino de la Corte Internacional, lo que implica que respetaremos en plenitud y nos someteremos a lo que la Corte decida.
La reunión con el Secretario Ban Ki-moon ha sido en ese contexto. Él ha escuchado con mucho interés y creo que ha entendido muy bien la lógica jurídica sobre la que Bolivia se maneja y los argumentos fundamentales que son claves. El más importante, no estamos demandando ni directa ni indirectamente nada vinculado al Tratado de 1904. Bolivia respeta rigurosamente el cumplimiento de los tratados internacionales. Tampoco buscamos una modificación unilateral y coercitiva, por decirlo de alguna manera de fronteras sino, por el contrario, el objetivo es un diálogo con Chile que sea el resultado del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Además nuestra demanda no es un problema de fronteras, no es un tema de reivindicación geográfica frente a la Corte.
Eso no es fácil de comprender, quien no está al tanto, no me refiero al Secretario General de la ONU, pero hay jefes de Estado de América Latina que no están, no tienen por qué, empapados en el detalle de la naturaleza del juicio y en qué consiste. He allí la importancia de mi trabajo.
RMN.- Chile cuestiona la competencia de la Corte Internacional para juzgar este tema,  entre otras razones porque es una materia que ha sido sancionada antes de la creación del organismo.
CM.- Primer elemento, nos sorprende que Chile cuestione la competencia de la Corte en la medida en que no hizo absolutamente nada parecido en el juicio que desarrollo con el Perú y aceptó el fallo que la Corte dictó, ya que es uno de los suscriptores del Pacto de Bogotá (30 de abril de 1948).
Usted hace referencia específica a que el tema ya ha sido resuelto antes de la firma del Tratado de Bogotá y este es precisamente el punto nodal de conflicto. Bolivia no está poniendo en tela de juicio, en absoluto, el Tratado de 1904. No es sujeto directo ni indirecto de nuestra demanda. En consecuencia, lo que Bolivia plantea es que Chile le hizo a Bolivia, después del Tratado de 1904, tanto antes de 1948 como después, promesas formales y concretas a nivel de Presidente, ministros de Relaciones Exteriores o embajadores plenipotenciarios ofertas específicas, no solamente de negociar, sino de entregarle soberanía, sea en un puerto, sea en un corredor, sean otras modalidades.
Es en función de esos compromisos que Bolivia plantea su demanda.
RMN.- La reivindicación boliviana se basa en lo que conoce como derechos expectaticios, que son esperanzas que aún no están catalogados como derechos en sí. ¿No teme Ud. que la Corte no pueda pronunciarse porque debe juzgar solo con razones jurídicas?
CM.- La respuesta categórica es NO. Bolivia no basa su juicio en derechos expectaticios. Esta es otra interpretación equivocada, para decirlo elegantemente, por parte de las autoridades chilenas. Nosotros estamos basados en una jurisprudencia existente, en varios casos en lo que la Corte Internacional de Justicia ha fallado sobre la base jurídica boliviana.
¿En qué consiste nuestro fundamento jurídico? Las obligaciones unilateralmente asumidas por un Estado para con otro Estado, los compromisos formales, son jurídicamente exigibles.
Tenemos el juicio de Australia contra Francia en el caso de las pruebas nucleares (Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de diciembre de 1974); el de Dinamarca contra Noruega por el caso de Groenlandia (Fallo de 14 de junio de 1993); el de Camerún Septentrional (Fallo de 2 de diciembre de 1963); el caso de Hungría y República Checa (Fallo de 25 de septiembre de 1997), para mencionar algunos ejemplos específicos.
En consecuencia en absoluto estamos hablando de derechos expectaticios. Hablamos de jurisprudencia con una lógica jurídica y con antecedentes en los que la Corte falló en la forma en que Bolivia lo está planteando.
RMN.- No creo exagerar si le digo, ya que no existen cifras oficiales, que hay aproximádamente un 20% de chilenos partidarios de una solución de salida al mar para Bolivia. Pero hay un 80% duro que tiene expresión popular y política, que se niega terminantemente. ¿Cómo revertir una situación de esa naturaleza para alcanzar una solución?
CM.- Permítame dos consideraciones. Una preliminar y otra de fondo sobre la pregunta.
La preliminar, que es la más importante. Estoy convencido que lo que Bolivia está buscando es una solución definitiva, sobre bases razonables, que en ningún caso afectarían un contexto geográfico, geopolítico vital para Chile. Estoy convencido que esa solución debe cerrar una página histórica para poder encarar el siglo XXI de manera positiva, con una gran potencialidad de complementariedad económica y de otras naturaleza entre Chile y Bolivia. No solamente vinculada a la energía, el agua, el territorio, sino sobre todo el desarrollo mutuo más dinámico del norte de Chile y el oeste de Bolivia.
Dado que lo que Bolivia plantea es razonable y en los términos de la proporción correcta, que no afectaría, en nuestro criterio, nada esencial en Chile, habría que reformular muchos de los razonamientos de una opinión pública que, yo entiendo, tiene por supuesto un sentido nacionalista pero que podría tener un sentido integracionista también.
Dicho lo cual, es cierto, en este momento hay una mayoría de chilenos que no son favorables a una solución de la naturaleza que Bolivia está buscando. Pero yo quiero recordarle algo, Cuando comenzó el  gobierno del Presidente Morales, el 2006, tuvo una extraordinaria relación con la Presidente Bachelet. La mejor que haya tenido Bolivia después del conflicto histórico entre ambos países, la opinión pública tuvo una actitud  muy favorable a un arreglo entre Bolivia y Chile cuando todavía se estaba planteando La Agenda de los 13 Puntos sin nada en concreto. Ese nivel favorable superó el 60% de mirada positiva hacia Bolivia.
¿Qué quiero decir con esto? La opinión pública bien explicada, bien orientada, puede cambiar su punto de vista. Es una alimentación mutua. Las élites alimentan a la opinión pública y la opinión pública a las élites. En ese contexto una lógica positiva de las élites chilenas podría variar el manejo o la opinión general del país.
RMN.- Dice usted "nuestro planteamiento no afectaría nada fundamental para los chilenos". ¿Significa entonces que hay un cambio en la mirada boliviana?
CM.- No. Lo que nosotros creemos es que si la Corte Internacional de Justicia falla en favor de Bolivia y obliga a Chile a sentarse a dialogar con nosotros la agenda de ese diálogo debe ser muy abierta, basada, como no puede ser de otra manera, en las siete oportunidades en que Chile negoció con Bolivia, una salida soberana al mar. Ahora, la posibilidad de plantear soluciones imaginativas y nuevas, debiera ser posible. Por supuesto el acceso soberano al mar es el objetivo final, de lo contrario no tendría sentido el juicio.
Cuando digo “no afectaría de una forma significativa” me refiero a una nación que tiene más de cuatro mil kilómetros de costa, a la que no le estamos pidiendo, ni muchísimo menos, la restitución de 120 mil kilómetros ni 400 kilómetros lineales de costa y que eventualmente podríamos encontrar una solución en la que el concepto de soberanía plena y útil para Bolivia no afectará, en el sentido que hago referencia, a aspectos esenciales de lo que Chile considera su heredad.
RMN.- Y en ese sentido, porque no lo he encontrado en el planteamiento boliviano, ¿existe el criterio en La Paz que una solución cualquiera requiere compensación para Chile?
CM.- Existe el criterio que tenemos que generar una negociación en la que la mente de ambos negociadores esté abierta. Eso implica la posibilidad de considerar cualquier opción, cualquier camino, en la que el resultado final sea soberanía para Bolivia.
Mencionar una respuesta directa o indirecta sobre la pregunta no sería pertinente porque uno de los aspectos que Bolivia subraya, para evitar un contexto complejo de interpretaciones, es que nuestra lógica es que el diálogo de buena fe, sobre bases razonables, en un tiempo determinado, no se vea entorpecido por preconceptos que den lugar a interpretaciones de qué queremos. Lo que queremos es acceso soberano y eso tiene múltiples posibilidades.
RMN.- Se insiste permanentemente que es un tema bilateral entre Bolivia y Chile. Sin embargo, ¿no tiene la impresión que toda solución pasa necesariamente por ese tercer país que es Perú, en donde existe, por lo menos, un sector político importante que no es partidario de una frontera común con Bolivia.
CM.- Sería interesante ver cómo desemboca el problema del triángulo que enfrentan Chile y Perú hoy día. Es decir, ese entusiasmo de la relación bilateral, de alguna manera está en entredicho porque estamos hablando de un triángulo de pocas hectáreas que ha convertido  el tema en una cuestión nacional para ambos países. Ojalá que el resultado sea positivo.
La pregunta incluye el término, toda solución. La respuesta dice, no toda solución. Estamos perfectamente conscientes de que entre las soluciones posibles podría ser que haya un tercer países involucrado, pero no el concepto de toda solución.

  



USAN TECNOLOGÍA MEXICANA EN CENTRO DE MINERÍA SUSTENTABLE

En el proyecto ecológico de las universidades de San Luis Potosí y de Arizona participan la Minera San Cristóbal y expertos de Bolivia.

Milenio de México (www.milenio.com)
                                      
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de Desarrollo en Ciencias médicas de la Universidad de Arizona de Estados Unidos inaugurarán el Centro de Investigación sobre Minería Compatible.
Para ello solicitaron apoyo de expertos de Bolivia que han implementado con tecnología de vanguardia mexicana modelos de explotación con los que han reducido materiales tóxicos hacia la población y el medio ambiente.
Javier Díaz de Medina, gerente de responsabilidad social corporativa de Minera San Cristóbal, en Bolivia, explicó que no solo aportarán tecnología sino también sus modelos de prácticas elaborados desde hace siete años, con lo que el centro de investigación podrá generar los contenidos necesarios para que académicos, legisladores y el gobierno federal efectúen las modificaciones y reformas legales sin entrar en conflicto con la inversión y desarrollo económico trazados por las empresas.
Y es que Bolivia, agregó, ha logrado mediante este tipo de gestión empresarial reducir a más de 50 por ciento los contaminantes que afectan tanto a los trabajadores, a las comunidades cercanas y al medio ambiente, causando desastres naturales irreparables y afectaciones graves a la salud.
A ello se suma que aumentó la competitividad dentro de la empresa a escala internacional.
 “Se instaló, por ejemplo, un domo en Minera San Cristóbal, que tuvo una inversión de 10 millones de dólares y que se ha convertido en el más grande de América Latina, con lo que se ha evitado que la generación de polvo llegue a afectar a trabajadoras y pobladores”, dijo tras referir que dicho centro se inaugurará en tres meses creando una red de investigación con otras universidades latinoamericanas y con fuertes lazos gubernamentales.
La tecnología, que ahora quieren aportar a México, fue diseñada por especialistas mexicanos y consiste en evitar que los trabajadores y los pobladores respiren diversos polvos en los denominados tiraderos y que adquieran enfermedades pulmonares.
También han reducido el uso de agua, de 52 mil toneladas cúbicas a 25 mil, mediante el recirculamiento de líquido. “Son eficiencias sencillas que deben ser aplicadas en estos procesos”, agregó.
El domo, aclaró, es una tecnología mexicana, la cual por ahora no genera ganancias, pero sí va a contribuir a prevenir la contaminación.
“Es preciso acabar con los pasivos ambientales y, en ese sentido, Bolivia ha logrado erigirse con una propuesta viable de minería del siglo XXI aun cuando hace tres meses se registró un derrame en cuencas, con contaminación focalizada que ya está siendo atendida ”, explicó Díaz de Medina.
La capacitación es elemental. “Se han otorgado más de 70 mil horas hombre en un año, lo que se traduce en mayor preparación para evitar siniestros que pongan en riesgo la integridad y vida de los mineros.
“Estamos creando programas de desarrollo sostenibles con las comunidades, siendo facilitadores de crecimiento en caso de que la mina desaparezca; en nuestro caso, es esencial dado que 29% de la fuerza laboral es femenina y son madres de familia”, precisó.





El ex secretario de Energía cuestionala ley corta de Kirchner que benefició a las provincias y la nueva norma de Galuccio.
                                                                                                                                    
“HAY QUE ESTATIZAR TODO EL PETRÓLEO Y TERMINAR CON JEQUES PROVINCIALES COMO LOS KIRCHNER O LOS SAPAG”

Política Online de Argentina (www.lapoliticaonline.com)
                                
Cuando Repsol era el dueño de la principal petrolera del país, Gustavo Calleja era el aguafiestas de las asambleas de accionistas de YPF. “Tenía 60 acciones. Las compré cuando las vendieron en 1995, a 19 dólares. Yo estudiaba los balances, iba, me sentaba en primera fila y hacía preguntas por escrito. El Estado nacional tenía el 20 por ciento del paquete hasta 1999 y después vendió todo y le quedaron mil acciones de un total de 353 millones de acciones. Las provincias vendieron casi todo porque Cavallo las apretaba”, recuerda. Ahora, con la empresa parcialmente estatizada, Calleja sigue opinando a contramano de la mayoría de los especialistas. Ex subsecretario de Combustibles de Alfonsín, presidente del Instituto de Energía de la Fundación Illia y fundador y vicepresidente del Grupo Moreno, afirma que es imprescindible recuperar el monopolio de la explotación de YPF y terminar con las provincias petroleras. Además, dice que Miguel Galuccio es neomenemista y sostiene que Argentina debe dejar de exportar combustible ya mismo.
El borrador de la nueva ley de hidrocarburos autoriza a exportar hasta el 20 por ciento de la producción sin retenciones y con libre disponibilidad de las reservas. ¿Qué opina?
La libre disponibilidad en un país que está en emergencia y no tiene el autoabastecimiento es impermitible. Acá no hay que exportar un solo metro cúbico de gas y un solo metro cúbico de petróleo.
¿Usted prefiere que siga vigente la ley actual, de la época de Onganía?
Si, la 17.319, pero que la cumplan. Yo quiero una YPF cien por ciento estatal y que el subsuelo sea estatal y no quiero más concesiones. La actual ley está hecha por un señor Walter James Levy, que era de la CIA, que las conocía todas. Lo trae Krieger Vasena. Hace una ley para Estados Unidos, que da para todo, para hacer todo estatal o todo privado o algo mixto.
¿Por qué la nueva ley enfrentó a los gobernadores, que apoyaron la expropiación parcial de YPF, con el poder central?
Porque las empresas le pagan a los gobernadores beneficios más grandes. Kirchner les regaló el subsuelo a los gobernadores con la ley corta (de hidrocarburos, en 2006). Menem ya les había regalado gran parte del impuesto a los combustibles, al crudo procesado, los fondos viales y energéticos. Ahí se para la construcción de caminos y se paran las represas. Les libera los precios y les libera la exportación y los gobernadores se dedican a recontraexplotar. Exportaron a precios lamentables sin reposición de reservas. Los yacimientos se hicieron mierda y se acabó el gas y el petróleo: no exploraron más.
¿Pero el gobierno nacional no aparece aliado con las empresas frente a los gobernadores?
Las empresas son equilibristas porque arreglan cualquier cosa para que no los controlen. Si el gobierno nacional se aviva, tiene la herramienta para controlar, que es YPF. Galuccio los puede controlar.
Pero Galuccio cree que sacar Vaca Muerta adelante es inviable sin asociarse con Chevron y otras grandes.
¡Si, pero se le asocian sin poner guita!
La nueva ley de hidrocarburos coincide con el vencimiento de las concesiones.
Las concesiones están todas vencidas, vencen ahora en 2016 y 2017 pero sobre prórrogas mal dadas. Loma de la Lata vencía en el 95. Cavallo por decreto las prorroga. Su origen se empieza a contar desde que se entrega YPF. Les regalaste 20 años.
¿Qué hay que hacer con Vaca Muerta?
Seguir explorando pero llamando a técnicos independientes. Por ejemplo, al Instituto de Energía que tiene la Facultad de Ingeniería de la UBA y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Porque Galuccio anda dando vueltas por el mundo y nadie le cree porque lleva los papeles de YPF que no son creíbles. Porque no tiene técnicos del nivel que tenía la YPF estatal.
¿Usted sostiene que hay que terminar con las provincias petroleras?
Por supuesto. Con el esquema actual se benefician ocho millones de argentinos que viven arriba de los yacimientos contra 32 millones que entregan todo. De provincias parasitarias inviables, aparecen los jeques, aparece Sobisch, Kirchner. Son los dueños de la jurisdicción. Las regalías de las provincias, que es baja, tienen que ser invertidas en lo que el petróleo y el gas destruyen. No para financiar la campaña de Sapag.
Volver a Estenssoro
¿Galuccio quiere volver al modelo que creó Estenssoro durante el gobierno de Menem?
Si, Galuccio es un estenssorista, es neomenemista. Estenssoro no era un petrolero, era un hombre de negocios, con gran empuje. Cavallo lo elije porque era el único que podía privatizar la empresa. Echó 50 mil tipos a la calle y metió 50 mil tipos NN que eran las consultoras, Andersen Consulting y otras, que firmaban los balances, eran los mismos que después fueron contadores de Enron. Como son los de Galuccio, Haliburton y Chevron, los de la guerra del Golfo.
Hoy nadie hace cuestionamientos de fondo a ese modelo.
No lo cuestionan porque, aunque invierte a costos desconocidos, aumenta la producción. No se conocen los costos, pero con lo que cuesta importar se supone que lo que paga Galuccio es menor. No da información, aprueban los contratos sin mirarlos aunque la ley de hidrocarburos dice que deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo.
¿Cómo era el proyecto Estenssoro?
Venden las acciones, queda el 20 por ciento para el Estado, 10 por ciento para las provincias y el resto privado. ¿Quién compra la mayoría? Los fondos de pensión de los Estados Unidos. Estenssoro y sus amigos compran un 3 por ciento y Oscar Vicente con Pérez Companc compran otro 3 por ciento. Ese es el modelo Estenssoro: él era el dueño de todo.
Se había quedado con el managment.
El managment de Estenssoro era muy capaz, muy capaz de cosas muy buenas y muy capaz de cosas muy malas. Estenssoro perforaba, pero también vendía al exterior. Él estaba de acuerdo con los decretos desreguladores de Dromi, Aráoz y Menem que tiraron por la borda todo el concepto vigente hasta Alfonsín de que no había que exportar sino acumular reservas. Manejaba una empresa que daba grandes utilidades y el Estado cobraba el 20 por ciento. Tenía un muy buen gerente financiero, Carlos Olivieri, liberal pero muy honesto y capaz. Yo le decía a Estenssoro: “Mire yo a la empresa la quiero cuidar porque esta empresa se va a volver a estatizar, no tenga duda. Por eso, me preocupan las macanas que hacen ustedes”.
La YPF estatal
¿Por qué la nafta aumentó un 45 % en lo que va del año?
Bueno, ahí ya tendríamos que decir que queremos el precio internacional, que es más barato. El tema es que es la única forma que tiene Galuccio de recuperar renta.
¿Está bien entonces que YPF aumente la nafta?
Sí, yo preferiría subir el precio de las naftas con impuestos. A mí no me preocupa sacar autos de circulación pero necesitaría un buen transporte público y no existe.
¿Qué haría con YPF si lo convocaran mañana para conducirla?
Primero me quedo con el cien por ciento de las acciones y segundo, pido que me controlen. Es absurda la teoría de que las sociedades anónimas no tienen controles. Soy un ex Swift, audité Fiat, trabajé en Petroquímica Mosconi. Todas las empresas necesitan dos controles: un auditor interno, que en YPF dependa de Presidencia, y un auditor externo, una figura sagrada que es otro canal de información que vos necesitás. No sé porque Galuccio no quiere que lo controlen. A mí no me gusta. "El avance alocado de los no convencionales es para mantener la estructura gigantesca de las multinacionales. Es un asesinato a la naturaleza, es criminal. Seguro van a incluir algo en la nueva ley de hidrocarburos. Lo más grave es lo que quieren hacer en Entre Ríos, van a perforar arruinando las termas y el lago y debajo de todo tenés el acuífero Guaraní."
¿Y después?
Creo otra vez los fondos energéticos y viales. Aumento los precios, pongo la cara y digo esta plata va a ir para una empresa del Estado que se va a dedicar a hacer gasoductos. O en este caso digo: voy a cambiar la matriz energética de la Argentina, voy a hacer represas por todos lados. Las de Santa Cruz son para los amigos, haría otras. Iría a la hidroeléctrica, con un plan contra las inundaciones, y a la energía nuclear. Somos hijos del petróleo, todavía hoy somos la civilización del petróleo.
¿Se está acabando igual o no?
No, no, hay una gran pelea. El avance alocado de los no convencionales es para mantener la estructura gigantesca de las multinacionales. Yo creo que es un asesinato a la naturaleza, es criminal. Seguro van a incluir algo en esta nueva ley de hidrocarburos. Lo más grave es lo que quieren hacer en Entre Ríos, cerca de Federación. Ahí van a perforar arruinando las termas y el lago y debajo de todo tenés el acuífero Guaraní.
Ahora pareciera que sólo quedan hidrocarburos no convencionales.
Quedan convencionales. El 80 por ciento de la energía del mundo se mueve con hidrocarburos y nosotros no tenemos una matriz diversificada como Brasil. Tenés 10 mil productos que hacen a nuestra vida cotidiana que genera la industria petroquímica.
Más liberales que Menem
¿Cómo ve la renuncia de Daniel Cameron, después de 11 años como secretario de Energía del gobierno?
Cameron fue un desastre. Es un eléctrico. Escribió la plataforma de Kirchner presidente hasta con errores de ortografía: era más liberal que Menem. Hizo líneas de alta tensión volcadas al sur. Acumuló muchos errores. Él dice que se fue porque planteó que se acababan las reservas y que iba a haber que importar cada vez más. Tendrían que haber cortado las exportaciones de gas y petróleo hace rato. La reemplazante que puso Kicillof es mejor, más racional.
Todavía las empresas siguen exportando.
Si, pero no pueden. Estás en emergencia, la ley de hidrocarburos te lo prohíbe. Hoy exportan sin declarar. Tenés que controlar con la Marina o con la Prefectura. Además, siguen dando contratos de concesión. Le dieron en el mar, del Estado nacional, en Tierra del Fuego, contratos de concesión a Pan American, Total y Wintershall. Enarsa se puede recuperar, hay que meterla adentro de YPF para bajar costos.
¿Por qué hay que pasar de las concesiones a los contratos de explotación?
La concesión en la historia argentina es un contrato de traidores. Es un contrato que se caracteriza por la libre disponibilidad, el concesionario decide cuánto saca y decide a quién le vende y cuánto le vende. En el contrato de explotación, vos trabajas para la empresa del Estado, que te compra la producción y te paga un precio determinado. Pero todo el crudo va para el Estado. En el mundo, la concesión murió hace dos décadas. Los concesionarios tendrían que cumplir la ley de hidrocarburos.
¿No la cumplen?
¡No! Por empezar, tendrían que mantener un nivel adecuado de reservas. Esto nadie lo dice, pero en Estados Unidos hay un contraalmirante en cada pozo. Vos sacaste un metro y no repusiste un metro, te matan. Acá lo manejan las provincias. Las reservas se venían cayendo y las provincias no dijeron nada. No sé sabe lo que se exportó, nadie quiso controlar nada. Ese es el fracaso rotundo de la ley corta.
¿Cuál es el modelo posible en América Latina?
El modelo imposible es este, el argentino. Un mamarracho. No sabés para qué lado van. El modelo posible es el de Evo Morales en Bolivia, el de Brasil, el de Uruguay que es el que mejor anda, son cien por cien importadores. Yo no sé si Dilma en Brasil va a licitar en un modelo de contrato que dejó vigente Cardoso –que entrega parte del petróleo- los yacimientos del presal, a 6 mil metros de profundidad. Lula había declarado que eso no era para exportar, eso es para los brasileros. Ellos tampoco modificaron la legislación de apertura de Cardoso pero no fue por supuesto una apertura alocada como la nuestra.
¿Por qué cuestiona al grupo de los ex secretarios de Energía?
Porque trabajan para las petroleras, para las privatizadas, cobran de ahí. Tienen mucho poder, tienen mucha plata y le hacen firmar cualquier cosa a los candidatos. Tres trabajan para Galuccio. El único que sabe es Montamat, un hombre honesto que no quiso hacer la prorroga de Loma de la Lata, pero muy ingenuo: cree en el mercado. Los demás no saben ni prender una estufa de gas. Ninguno de ellos quiere volver a Alfonsín, todos quieren volver a Menem, que es volver al mercado. Pero no lo dicen. Uno que trabajó a muerte para la privatización fue Redrado.
¿Y cómo ve el rol de los sindicatos en esta discusión?
El SUPE, con Juan Carlos Crespi, el de Boca, y Antonio Cassia, apoyaron la privatización. Es como dice Riquelme ¿cuántos bosteros hay ahí?. Crespi era la mano izquierda de Diego Ibañez, la mano derecha era Cassia. Los demás juegan para las privadas. A mí Guillermo Pereyra no me dejó hablar cuando se discutió el pago a Repsol. Pichetto quería que hablara y él no me dejó.
Se pagó demás a Repsol.
¡Cero había que pagar! Lo que dijo Kicillof y no cumplió. Hay que hacer la de Illia: dos decretos de nulidad y otro de juicio penal. ¡Había que meterlos presos!.







El Ciudadano de Chile (www.elciudadano.cl)

El profesor inglés, David Harvey, volvió a Ecuador. Presentó un nuevo libro, advirtió sobre las contradicciones del capitalismo, y opinó sobre el ‘modelo Correa’ que trasciende fronteras. En entrevista con Andes, dijo que Latinoamérica está tomando la posta al tratar de revertir los peores aspectos del neoliberalismo, y anunció que “se debería inventar un mundo en el que haya valores, en el que no se busque el lucro, en el que se pueda vivir una vida decente y tengamos un ambiente distinto”.
¿Por qué el fin del capitalismo?
Porque creo que hay muchas señales que indican que el capitalismo está un poco fuera de tiempo y de espacio, lo que imposibilita que siga expandiéndose. El capitalismo es un sistema que, o crece o muere. Las posibilidades de crecimiento están cada vez más y más circunscritas. Ahora el capitalismo está establecido en todo el mundo, y no me puedo imaginar un crecimiento mayor al 3% en base a lo que existe ahora.
¿Qué lo motivó a escribir este libro en particular?
Es parte de una gran secuencia que ha venido desarrollándose por 10 o 15 años. Quería que quedara claro que un análisis basado en la teoría de Marx puede ser muy útil y puede ayudar a entender lo que sucede actualmente en la sociedad. Así que parte de mi misión era dejar claro lo que Marx realmente dijo, dado que ha habido muchos malos entendidos al respecto, y demostrar que si se toma en cuenta lo que en verdad dijo y la forma en que lo dijo, entonces es muy útil y podemos entender por qué tenemos estancamiento, por qué tenemos inequidad social, por qué tenemos desempleo, y también tanto daño ambiental.
El vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, ha dicho: “El neoliberalismo es un arcaísmo que lo estamos botando al basurero de la historia”. ¿Qué piensa al respecto?
Bueno, el capitalismo ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. Desde los setentas ha venido cambiado su modus operandi (modo de operar, en Latín). Algunas personalidades clave, como Pinochet en Chile, se han visto inmersas en una forma neoliberal que ha tenido características muy específicas, y muchas de estas características han sido, por ejemplo, la baja de sueldos, que recaen especialmente sobre las clases bajas, mientras que las clases altas se vuelven más y más ricas. Entonces, puedo entender muy bien porqué muchos movimientos alrededor del mundo buscan salir de esta específica forma neoliberal de hacer política. Latinoamérica, en general, está tomando la posta al tratar de revertir algunos de los peores aspectos del neoliberalismo. Ahora, la pregunta es: ¿el problema es el neoliberalismo o es el capitalismo en todas sus formas?
Algunos líderes están hablando del modelo de Correa, ¿Lo conoce? ¿Qué piensa al respecto?
Sí, claro. En cuanto al gobierno ecuatoriano, creo que no es único. Hay algunas semejanzas con lo que se ha hecho en Bolivia, lo que se ha intentado en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, o en Argentina, que se trata de salir de esta forma neoliberal e intentar redistribuir las riquezas entre la masa poblacional, y si observamos los datos podemos ver que aquí en Ecuador ha disminuido la inequidad social, y algo similar está sucediendo en Bolivia, se ha invertido mucho más en los campos de la educación y la salud y muchos servicios sociales de ese tipo.
Las infraestructuras han mejorado, se han construido carreteras. Se está intentando distribuir las riquezas, y ese no ha sido el caso de muchos países en Europa y Norteamérica. Entonces, aquí hay un modelo distintivo. Además, en Ecuador hay un problema muy específico, que constituye una contradicción en el hecho de que para poder llevar a cabo todo esto, se requiere explotar el petróleo y a la vez hay una normativa constitucional que busca proteger a la madre naturaleza. Cómo manejan esta contradicción es una de las preguntas clave ahora.
El Presidente Correa ha hablado de privilegiar a los derechos de las personas ante el capital, ¿coincide con usted?
Creo que aquí hay un principio muy importante, yo he trabajado mucho con esta organización, y aquí viene uno de los slogans: ¿Queremos las ciudades para los ingresos o las ciudades para la gente?, y creo que alguien que está intentando reformar o alejarse del neoliberalismo intentará crear un país para la gente y no para el capital. Pero creo que eso es algo difícil de lograr, ya que el capital es necesario para lograr cosas y para poder entregar bienes a la población.
Si el capitalismo está herido de muerte y el neoliberalismo también, ¿ante qué estamos?
Para ser honesto, no estoy muy seguro. Pero si viviéramos en el siglo XV y alguien nos preguntara: ¿cómo es el capitalismo? No tendríamos idea de cómo contestar eso y la verdad, no creo que se haya aclarado esa respuesta. Bueno, ahora creo que debemos alejarnos de una sociedad que se basa en juegos monetarios y que quiere comercializar todo, y empezar a pensar realmente en construir un mundo en el que la gente tenga acceso a las cosas que se necesitan para vivir una vida decente. Por ejemplo, recientemente en los Estados Unidos se ha visto cómo se les ha quitado viviendas a 6 millones de personas por no tener suficiente dinero para pagarlas, y todo el mundo tiene derecho a una casa y un ambiente decente. Se debería inventar un mundo en el que haya valores, en el que no se busque el lucro, en el que se pueda vivir una vida decente y tengamos un ambiente distinto.





BOLIVIA: TRAMO FINAL DE LAS ELECCIONES CON AMPLIA VENTAJA PARA MORALES

La Mañana de Córdoba, Argentina (www.lmcordoba.com.ar/nota)

El oficialismo y la oposición de Bolivia transitarán con objetivos bien disímiles los 24 días que restan de campaña proselitista antes de las elecciones del 12 de octubre, porque mientras los unos deben consolidar la ventaja que las encuestas muestran para el presidente Evo Morales, que lo pone a las puertas de otra reelección, los otros apostarán a achicar esa diferencia para alentar las chances de una eventual segunda vuelta. Formalmente iniciada el viernes, la campaña en Bolivia se lleva adelante con dos particularidades: es la primera vez que no está financiada por el Estado y la única pelea verdadera parece ser qué fuerza será segunda y a qué distancia del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que vuelve a postular a Morales.
La decisión le corresponderá a los casi seis millones de ciudadanos habilitados para votar, que deberán elegir entre cinco binomios: los que encabezan Morales; el empresario Samuel Doria Media, por Unidad Democrática (UD); el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC); el exalcalde paceño Juan Del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM), y el líder indígena Fernando Vargas, por el Partido Verde.
La ventaja que las encuestas -de todas las empresas- le dan a Morales y su vice, Álvaro García Linera, permite especular con que el oficialismo logrará más de 50% de los votos y evitará una eventual segunda vuelta (prevista para el 7 de diciembre), ayudado por el hecho de que la oposición no logró unificar el voto anti-MAS.
Mientras Quiroga parece dueño del voto más “duro” de la derecha y tiene más presencia en los medios que en actos, Doria Media -uno de los hombres más ricos del país, que va por su tercer intento de llegar al Palacio Quemado- se muestra como hombre exitoso y respalda centros de emprendimientos privados y hasta competencias atléticas como parte de su campaña.





Elecciones en Bolivia, Brasil y Uruguay

LA POLÍTICA OLVIDADA

Rebelión de España (www.rebelion.org)
                                                       
El mes próximo se dirime buena parte del futuro cercano del sur de América. Los procesos electorales en Brasil, Bolivia y Uruguay definirán, además de sus propias correlaciones locales de fuerzas, algunas proyecciones o tendencias sobre el resto del subcontinente. Lejos de toda homogeneidad, en cada país se expresan particularidades propias aunque guardan en común cierta indefinición de las magnitudes que, según resulten, pueden alterar los escenarios de manera relevante.
El caso de Bolivia parece el menos comprometido, ya que para el emblemático 12 de octubre venidero, la victoria del actual presidente Evo Morales, candidato por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), no está puesta en duda por consultora alguna. Sin embargo, su desafío inmediato es retener las dos terceras partes de la representación en la asamblea legislativa plurinacional, cosa que requiere una casi idéntica proporción de sufragios totales. Sin dejar de reconocer la importancia que en la avizorada perspectiva de triunfo tiene el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, entre otras conquistas, la gran victoria del reformismo boliviano se gestó en el proceso constituyente –y sus consecuentes luchas- entre el 2006 y el 2008, que cristalizó en la actual Constitución. En el país mediterráneo no sólo tuvo y tiene lugar una importante transformación socioeconómica, sino además, una enfática transformación política y cultural, a diferencia de los otros dos países que renovarán los poderes ejecutivo y legislativo en los que el régimen político liberal-fiduciario goza de impunidad politológica.
Muy diferente es la perspectiva en Brasil, particularmente a partir del inesperado giro de este mes, luego de la trágica muerte en un accidente aéreo del candidato presidencial por el Partido Socialista (PSB) Eduardo Campos. Por primera vez en la historia de ese país, se sustituye la polarización entre el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el ex presidente Lula y la actual presidenta y candidata presidencial Dilma Rousseff, y el partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) cuyo máximo referente es el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, aunque en esta oportunidad promueve la candidatura de Aécio Neves. Hoy la histórica oposición la ocupa el PSB, con la curiosa particularidad de que su candidata no es socialista sino una ex integrante del PT, la ex ministra y senadora Marina Silva, que recaló secundando la fórmula presidencial del PSB luego de fracasar en el intento de crear su propia fuerza, la “Red de sustententabilidad”. Silva hoy concita el apoyo de buena parte del establishment y los grandes capitales apelando fundamentalmente a resaltar los logros del gobierno neoliberal de Cardoso y sus medidas monetaristas. Sin embargo, su trayectoria está lejos de representar ortodoxia alguna. Al igual que Dilma, es mujer y suma la infrecuente particularidad de pertenecer a una minoría étnica, venida del pobre interior campesino como el estado de Acre, analfabeta hasta su adolescencia, devota pentecostal, que luego de la ruptura con el PT coqueteó tanto con el PSOL (una ruptura por izquierda del PT) como con el PSDB, impulsando hoy un aparente capitalismo ecológico del que se desprende cierto sesgo neoliberal y posmoderno. Producto del azar y de las construcciones mediáticas del marketing político, parece captar, además del apoyo de los grandes intereses, buena parte del descontento con la gestión del PT de la clase media, como la que salió a las calles en la última fase de las jornadas de junio del 2013, a las que el sociólogo brasileño Celso Frederico señaló como conducidas por la “lógica del espectáculo” y manipuladas por los medios de comunicación que expresaron una “estetización de la política que reproducía, a su modo, la permanencia en lo visible, en lo inmediato”. Pareciera que la retirada del lulismo de estas capas resulta una respuesta refractaria a la nueva base social del PT: los sectores más postergados, beneficiados hoy por las políticas públicas de inclusión social. Aunque con sesgo paternalista y orientadas al acceso a ciertos bienes de consumo, éstas políticas le otorgan una nueva base social al oficialismo, sin necesaria movilización ni participación política. De este modo, sólo se acrecienta la crisis de representación de los partidos y organizaciones tradicionales como los sindicatos.
En Uruguay, la confrontación es más previsible aunque con algunos signos de alarma para la continuidad del proyecto reformista, que sospecho está amenazado por similares segmentos sociales y etarios que en Brasil: las capas medias y la juventud. El informe de agosto de la consultora Factum dirigida por Oscar Bottinelli revela tres datos comparativos entre la campaña del 2009 y la actual, indispensables para reconducir la estrategia electoral. A nivel urbano, el declive de 7 puntos en la capital (donde habita casi la mitad del electorado) es coincidente con aquel llamado de atención que significó el enorme abstencionismo y voto en blanco para las elecciones municipales de 2010. A nivel social, la merma entre los sectores con mayor instrucción formal (5 puntos para los que accedieron a la escuela media y 11 puntos entre los de nivel terciario y universitario). A escala etaria, la pérdida de 6 puntos entre los jóvenes y de 9 entre los adultos medios aunque con un incremento de 2 puntos entre los adultos mayores. Para decirlo crudamente, el Frente Amplio uruguayo (FA) envejece y se desilustra.
Al igual que el oficialismo brasileño, el uruguayo entra en un sorpresivo cono de incertidumbre frente a personajes esculpidos por el cincel mediático y la cínica audacia comunicacional. El caso del crecimiento de intención de voto de Lacalle Pou, hijo del ex presidente ultraderechista Lacalle -de rancia estirpe para la dinástica tradición conservadora uruguaya- aporta un nuevo caso de emergencia sorpresiva. Un personaje caricaturezco, munido de un discurso evasivo e impreciso, plagado de lugares comunes y gestos farandulescos, en ocasiones ramplones, en otros mundanos, que sin embargo concita atracción, no sólo en la previsible derecha local, sino en ciertas fracciones de la clase media que abandonan al FA. O en jóvenes que no vivieron en carne propia la devastación neoliberal y dan por sentado el intervencionismo estatal en la economía y la relativa contención de la barbarie capitalista. Jóvenes a los que ya no seduce la palabra, ni la argumentación persuasiva, sino que se ven maniatados por el culto de la imagen, el monopolio de la apariencia ejercido por los medios de comunicación audiovisuales oligopolizados, los mismos a los que el presidente Mujica les concedió graciosamente la continuidad de la ocupación del éter público, hipotencando el futuro del mensaje.
No deja de resultar paradojal que las dos experiencias de convergencia de izquierdas y reformismos más originales, con una ejemplar organización de bases y horizontalidad, el PT y el FA, terminen desmovilizadas, vaciadas y jugando en la cancha y las reglas cuyo repudio parecen haber olvidado: las del electoralismo mediático y el personalismo sustituista.
Aunque no creo que pueda establecerse unicausalidad, ni correlatos mecánicos, el olvido de los dos pioneros de la política como crítica y superación del régimen representativo, no puede excluirse de un balance a la hora de confrontar las perspectivas, cualquiera sea el resultado final entre estos dos últimos ejemplos con el boliviano. El MAS tuvo la valentía de organizar un proceso de debate y luchas por un reforma constitucional que lejos de resultar totalmente superadora de las limitaciones del “ancien regime”, abrió resquicios para la participación política de los excluidos históricos concediéndoles derechos inéditos, aún a costa de acompañarlos con el atajo reeleccionista, tan fertilizante de los personalismos. Comprendió que la política no es sólo la superestructura de la base económica sino también un posible campo de transformación institucional.
Cuando las alternativas electorales quedan ceñidas en el campo de las medidas económico-sociales -cuya importancia no minusvaloro, aunque tampoco absolutizo- y si luego éstas son sólo efectos publicitarios desgajados de implementación futura, meras promesas sin garantía de efectivización carentes de compromisos programáticos, es muy probable que se expanda el imaginario ideológico de igualación entre todos los políticos, cada vez más divorciados a su vez de la sociedad civil. En tal contexto político-cultural, se van quebrando fidelidades, inclinaciones ideológicas o morales, induciendo a priorizar crecientemente intereses inmediatos de mejoramiento de las condiciones de vida. O en otros términos a optar por quién logre concitar algún tipo de confianza en la resolución de necesidades individuales o fraccionales, cosa nada ajena a la seducción por imagen y la manipulación publicitaria. El debate queda restringido a la eficacia.
Una vez aceptado este juego y lanzada la disputa, ya no hay otro camino posible que la conquista de la credibilidad. Afortunadamente los progresismos pueden apelar a la experiencia de gobierno y la confrontación con el pasado para intentar conquistarla. Pero no se espera de ellos sólo eficacia sino también legitimidad. Como en Bolivia.





OCTUBRE SERÁ UN MES CLAVE PARA LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

Más de 150 millones de sudamericanos acudirán a las urnas en Uruguay, Brasil y Bolivia, países dominados por esta corriente política.

Pulzo de Colombia (www.pulzo.com/mundo)
                                                     
El Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia gobierna desde el 2006, el Frente Amplio en Uruguay desde el 2005 y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil desde el 2003.
Dilma Rousseff, heredera del carismático expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), buscará un segundo mandato en Brasil el 5 de octubre. Por su parte, Evo Morales, primer jefe de Estado indígena de Bolivia y acérrimo crítico de Washington, buscará el tercero el 12 de octubre.
José Mujica, el exguerrillero de estilo austero que gobierna en Uruguay, país donde no se permite la reelección consecutiva, apoya como candidato a la presidencia al exmandatario de la coalición de izquierda Tabaré Vázquez (2005-2010), para los comicios previstos el 26 de octubre.
"Si me hubiera preguntado por las elecciones hace un año, hubiera dicho que, en las tres, la continuidad estaba asegurada", explica Carlos Malamud, especialista en América Latina del Instituto Real Elcano de Madrid.
"Sin embargo, en los últimos meses, tanto en Uruguay como en Brasil el escenario se ha modificado y bastante", con la presencia de dos imprevistos candidatos opositores -el uruguayo Luis Lacalle Pou y la brasileña Marina Silva-, que hacen inevitable una segunda vuelta electoral, en la cual podrían incluso llegar al poder.
Duelos apretados
Contra todo pronóstico, Lacalle Pou ganó en junio en Uruguay las primarias del Partido Nacional (centro-derecha) y desde entonces su popularidad no ha parado de crecer. Una encuesta publicada el miércoles le atribuye un 28% de intención de voto (y 11% al otro partido de derecha, su aliado tradicional) contra un 40% para Vázquez.
En Brasil, Silva se convirtió en candidata tras la dramática muerte en un accidente de avión en agosto del socialista Eduardo Campos, a quien acompañaba en la fórmula como candidata a la vicepresidenta. El instituto Datafolha le daba el miércoles un 47% de intención de voto en la segunda vuelta contra un 43% para Rousseff.
"En estas elecciones, Silva es a Brasil lo que Lacalle Pou a Uruguay", opina Adolfo Garcé, investigador de Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo.
"Los dos crecen en buena medida en la opinión publica, apoyándose en cierto clima de decepción, de desgaste, de mal humor de la opinión publica ante una serie de gobiernos de izquierda", considera.
Brasil, en recesión desde hace poco, es terreno de fuertes protestas sociales y Silva, una ecologista negra de 56 años "consigue encarar un rostro de ese cambio", de "esa oposición sin partido que salió a las calles en junio del 2013" frente a Rousseff, de 66 años, estima André Cesar, analista de la consultora Prospectiva.
En Uruguay, Lacalle Pou, de 41 años, se presenta con un estilo más fresco y renovador frente al veterano Vázquez, de 74, que "se ha desconectado de la opinión pública" al suponer que "es el mismo electorado que hace 10 años atrás", subraya Ricardo López Gottig, analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
"Por ejemplo, Tabaré Vazquez no usa las redes sociales" y "no quiere debatir" con sus competidores, agrega.
Evo Morales, el único que la tiene fácil
El presidente de Bolivia obtendría un 56% de los votos según las encuestas, y se encuentra muy por delante de su rival de centro derecha, Samuel Doria Medina (17%).
"El presidente Morales nunca debatió para las elecciones y le fue muy bien", con un 54% de los votos en 2006 y 64% en 2010, explica Marcelo Silva, profesor de la Universidad de La Paz, al preguntarse por qué entonces debatiría ahora.
Gracias a una calma que debería llevar el crecimiento económico a un 5% este año y una oposición casi inexistente, se prevé que Morales sea la excepción a pesar del cansancio de la opinión pública.
En general "comienzan a soplar vientos en la región, conjuntamente con el fin del ciclo económico tan favorable que tuvo sobre todo América del Sur, que buscan una renovación del liderazgo", afirma Daniel Zovatto, director para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Tras años de crecimiento, "parte de la nueva clase media podría regresar a la pobreza" o "pedir más calidad de vida, mas servicios públicos" a quien esté en el poder, concluyó.





TRANSFERENCIA DE CARGA BOLIVIANA SE SUMA A REPUNTE DE PUERTO DE IQUIQUE

Aumentó en un 9% la transferencia de carga entre julio 2013 y el mismo mes en 2014

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)

Con casi 30 mil toneladas a favor respecto a igual mes de 2013, julio 2014 marca un positivo cambio en la transferencia de carga total del Puerto de Iquique. Los embarques y desembarques bolivianos también se sumaron al repunte con un alza de alrededor de 1.400 toneladas. Aunque el tonelaje acumulado transferido por Bolivia aún no supera al de 2013, la diferencia alcanza sólo un poco más de 3 mil toneladas.
El embarque boliviano destacó con una variación del 22% entre julio de 2013 y 2014, evidenciando la importancia del Puerto de Iquique para Bolivia. En este sentido, la ruta que conecta a Iquique con Oruro, está completamente terminada en el territorio chileno.
Una vez pavimentado el 10% restante que queda en Bolivia, el Puerto de Iquique podrá posicionarse como una de las mejores alternativas para Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Hoy, las estadísticas apuntan precisamente en esa línea, destacando las exportaciones bolivianas a través de Iquique. Si bien la carga de mercadería boliviana subió en un año, paralelamente el desembarque mantuvo cifras similares entre julio de 2013 y 2014.
De acuerdo al gerente general de Empresa Portuaria Iquique (EPI), Alfredo Leiton, Bolivia es y será siendo uno de los mercados externos más relevantes para el Puerto de Iquique. El comercio actual entre ambos países, en especial entre Iquique y Oruro es muestra de una relación histórica que busca vincular económicamente las ciudades desde 1864.
Incluso, observando los tres últimos años, la transferencia de carga boliviana en el Puerto de Iquique aumentó de 135.000 toneladas en 2012 a 195.000 toneladas en 2013. Actualmente el tonelaje acumulado durante 2014 es de 99.972, sólo un 3% por debajo en 2013 en el mismo mes.





YURI FERNÁNDEZ: "EL OBJETIVO SIEMPRE ES DEJAR LA VILLA"

Clarín de Argentina (www.clarin.com)
                                                     
Llegó desde Oruro, Bolivia, hace 20 años. “La crisis y la necesidad me llevaron a buscar mejores condiciones de vida”, cuenta Yuri Fernández, sastre de oficio. Al principio, vivió y trabajó en un taller clandestino del Bajo Flores. Hasta que en 1995 entró a la textil Brukman y con su familia se mudaron primero al Barrio Rivadavia y, hace 16 años, a la 1.11.14. Cuando Brukman quebró, sus trabajadores la recuperaron y hoy Yuri es uno de sus delegados. También es delegado de la manzana 9 de la villa.
“La mayoría de los inmigrantes trabajamos en negro, muchas horas y con salarios bajos, y no tenemos la documentación al día. Nos es imposible alquilar y comprar es un lujo inalcanzable. Construimos viviendas y cosemos ropa de marca y no podemos acceder a esos bienes. Por eso vivimos en villas”, explica, sentado en la sala de una casa sin ventanas ni luz natural. La construcción da a un pasillo interno. “La luz se corta a cada rato, y a la tarde se corta el agua –afirma–. En muchas manzanas no hay cloacas. En la mía sí, porque la hicimos los vecinos, pero cuando llueve mucho rebalsa. También hicimos las conexiones de luz y agua. El Estado no nos dio nada. La ley 403 ordena urbanizar la villa, pero no la cumplen. En diez años la población se cuadriplicó y vivimos hacinados. La mayoría alquila”.
Yuri no: compró un terreno e hizo su vivienda. Abajo están la cocina, el baño, su taller de costura y un cuarto, en el que vive con su señora. Hay dos cuartos más, en un 1° y 2° piso, donde viven sus cuatro hijos de entre 21 y 27 años, y una nieta de 3. “Dos de mis hijos estudian enfermería, uno para docente y otro Arquitectura –dice–. El objetivo siempre es dejar la villa. No es digno vivir en un lugar así”.
“Queremos poder tener todo legal”
Soy de Bolivia, vinimos hace 20 años con mi esposo y mis cuatro hijas. Acá estaba toda la familia de mi esposo y nos animamos, pero nos costó mucho acostumbrarnos. Al principio nos alojó un cuñado, mi esposo trabajaba en una fundición y yo en una fábrica de medias de nylon, era la época del 1 a 1 y aunque juntábamos lo más que podíamos no llegábamos. Hasta que encontramos acá en la villa la misma casita en la que vivo ahora, eran unos paraguayos que se estaban volviendo a su país y mi cuñada nos ayudó a pagarla: nos costó cuatro mil (pesos/dólar). La familia nos decía que no era un buen lugar pero nosotros pensamos: no, vamos a salir adelante. Y nos acomodamos. Mis hijas han hecho una vida normal, como en todos lados hay que tener un poco de cuidado pero sí, vienen amigas de otros barrios y se cambian en casa antes de salir, todas esas cosas. Si quisiera irme, puedo salir, pero vivimos bastante bien acá. Solo queremos los papeles de la casa, y pedimos medidor para poder tener servicio de luz. Queremos poder tener todo legal.





LA ALIANZA EN CAMPAÑA

Informe 21 de España (www.informe21.com)
                                                                  
Si ya resultaba interesante que la Alianza del Pacífico fuera motivo de debate entre países, lo es mucho más que se haya convertido en asunto polémico al interior de los países. En las tres naciones sudamericanas que celebrarán comicios presidenciales en octubre, la Alianza del Pacífico que conforman México, Chile, Perú y Colombia ha pasado de ser un tema de política exterior a constituir parte del orden del día doméstico. En los tres, los líderes opositores, que en al menos dos casos tienen serias posibilidades de ganar y en el otro de hacer buen papel, la han reivindicado, ofreciendo integrarse a ella o por lo menos expandir los lazos con ella, en contra de la línea mantenida por sus gobiernos.
Se trata de un giro de la máxima significación. Hasta hace unos meses era costumbre leer opiniones adversas sobre esta iniciativa de integración de países de visión más bien liberal en boca de líderes de signo contrario, como Evo Morales, que la considera una “conspiración de Estados Unidos para dividir a Unasur”. Ningún líder político de fuste parecía dispuesto a romper allí una lanza en defensa de ella. Otra forma en que los países de visión más bien estatista y proteccionista enfrentaban a la Alianza era más sutil: Brasil, por ejemplo, como se lo contaba a uno medio mundo en Santiago, buscaba por la vía diplomática desacelerar esta iniciativa, cultivando a sus críticos o tentando a sus partidarios más tibios. Desde el otro lado, ningún gobierno aliancista parecía interesado en entrar en un “cuerpo a cuerpo” con los gobiernos críticos, contentándose con dejar que fuesen los hechos consumados los que hablaran solos. Pero esos hechos -por ejemplo el anuncio de la eliminación del 90 por ciento de los aranceles entre México, Chile, Perú y Colombia- eran en sí mismos una forma de responder a Brasil y al ALBA.
Hoy todo eso ha cambiado gracias a las campañas electorales de Brasil, Uruguay y Bolivia. En Brasil, Marina Silva, la estrella emergente de la campaña y retadora pugnaz de Dilma Rousseff, ha plasmado en un documento de 250 páginas que contiene el programa de gobierno una visión sobre la integración de su país con el resto de la región muy distinta de la imperante. Allí, mencionando de forma puntual a la Alianza, anuncia que abogará por “flexibilizar” las reglas del Mercosur para poder hacer acuerdos bilaterales con terceros si los demás miembros están en desacuerdo. Pone como ejemplo de cómo la situación actual trae perjuicios a Brasil el caso de la negociación entre Mercosur y la Unión Europea, que lleva años trabada por las resistencias de Argentina. Según ha explicado ella misma, no quiere repetir esto en relación con la Alianza y por ello se hace necesario modificar las restricciones que ahora impiden que Brasil negocie con los países de ese grupo latinoamericano.
Esta no es una visión expresada efímeramente al calor de una campaña para diferenciarse del adversario, sino parte de un documento que la candidata presentó en persona junto a dos figuras determinantes de su equipo: el economista Eduardo Giannetti da Foneca y Neca Setúbal, la accionista del imperio Itaúsa que controla el Itaú Unibanco, el mayor banco de la región, y que coordina muchos aspectos de la campaña. Que una líder ecologista que fue ministra de Lula haga una propuesta de esta naturaleza tiene una connotación sorprendente. Por cierto, esto ha animado a otro líder opositor, el candidato socialdemócrata Aécio Neves, que va tercero en los sondeos, a retomar su entusiasmo por la iniciativa de integración, que ya había expresado en 2013 pero que desde entonces no había figurado de manera prominente en sus pronunciamientos. Neves sostiene que Mercosur está “anquilosado” y que la Alianza es un ejemplo de cómo se puede hacer para que una iniciativa integradora como la del Mercosur se convierta en una área de libre comercio que permita a los miembros firmar acuerdos con terceros sin cortapisas.
No es posible a estas alturas medir con exactitud de qué manera la presión opositora influirá en Dilma Rousseff si logra la complicada reelección, pero todo indica que el escenario ha cambiado mucho con respecto a los tiempos en que Brasilia actuaba diplomáticamente -y de forma esporádica también lanzando algún dardo- en contra de la Alianza. A partir de ahora seguir actuando así entraña un costo para el Partido de los Trabajadores. Desde luego, si Marina Silva gana con apoyo de Neves y del Partido Social Demócrata -y eventualmente se le une en el gobierno el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, actualmente aliado al Partido de los Trabajadores, pero con crecientes muestras de simpatía por la oposición-, puede darse un giro copernicano en ese país en materia de política latinoamericana. Ya Marina Silva ha dicho muy específicamente que pretende “nuevos estándares” comerciales con Chile, por ejemplo. Esto, en cuanto a sus relaciones comerciales con América Latina. Pero su visión va más allá y ambiciona “relanzar el dinamismo comercial con Estados Unidos y la Unión Europea”. Eso implica que su relación con la Alianza podría ser parte de la relación con el Asia, el otro referente.
En Uruguay está sucediendo algo no menos digno de atención. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se ha acercado mucho al favorito, el ex Presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, la gran coalición de izquierda. En algunos sondeos incluso aparece por delante del oficialista. Lacalle ha hablado de una “profundización de los vínculos con la Alianza del Pacífico” en el marco de sus 10 propuestas de política internacional. En cambio, el Frente Amplio no menciona a la Alianza en su programa de gobierno.
La actitud del gobierno uruguayo, hay que reconocerlo, ha sido distinta con respecto a la Alianza que la de otros miembros del Mercosur, como Brasil, Argentina y Bolivia (también lo ha sido la de Paraguay). Tratándose de una economía más abierta, Uruguay ha querido presionar a sus socios para que adopten una visión más propicia al libre comercio y ha mantenido relaciones bastante correctas con el espacio comercial de México, Chile, Perú y Colombia. De hecho, el vicepresidente Danilo Astori -probable ministro de Economía o canciller si ganara Vázquez- ha participado en muchas de las reuniones de la Alianza por ser Uruguay uno de los 25 países observadores. Montevideo no ha querido desmentir rotundamente las constantes rumores sobre la eventualidad de una integración formal al grupo, aunque es posible que esa actitud haya tenido más bien el objetivo de presionar a sus socios actuales. Son conocidas las tensiones de Uruguay con Argentina.
La línea de Lacalle es mucho más nítida porque, sin llegar a hablar abiertamente de una integración plena con el espacio aliancista, su propuesta de estrechar las relaciones tiene un mensaje implícito que propios y extraños han sabido entender como un giro de política exterior y comercial importante. En la eventualidad de una victoria de Marina Silva con apoyo de Aécio Neves en segunda vuelta en Brasil y de Lacalle en el balotaje de Uruguay (con respaldo del Partido Colorado, el otro opositor), se puede dar un escenario en el que dos países del Mercosur pongan a sus socios ante un disparadero, obligándolos a aceptar o bien una inclinación de facto hacia la iniciativa de México, Chile, Perú y Colombia o una modificación sustancial de sus propias reglas.
En Bolivia, mientras tanto, Jorge Quiroga, el ex presidente que candidatea por el Partido Demócrata Cristiano, ha hablado en términos muy desafiantes. “Algo estratégico para Sudamérica en el siglo XXI es la Alianza del Pacífico… es la alianza más importante de Sudamérica”. Ha llegado a decir que pedirá que su país se una a ella, porque el “futuro está en Asia y se la puede aprovechar para llegar a esos mercados”. Para atizar más el fuego, ha vinculado el aspecto económico y comercial al de la reivindicación marítima, señalando que unirse a ella tendría “un contenido simbólico” por tratarse de una integración por la vía del Océano Pacífico.
A diferencia de Silva y Lacalle, Quiroga todavía está lejos del oficialismo en las encuestas y enfrenta un proceso electoral sesgado para que gane Morales, pero es la primera vez que alguien desafía en esta materia al presidente, que es quien más duras expresiones públicas ha tenido contra la iniciativa integradora de libre comercio. Si logra hacer un buen papel en las elecciones y posicionarse como líder de la oposición, este será seguramente uno de los caballitos de batalla de Quiroga contra el gobierno, colocando a Morales a la defensiva en una materia en la que hasta ahora había jugado a la ofensiva.
Todo esto supone un giro coqueto de la política latinoamericana: en el preciso momento en que desde Chile, uno de los miembros clave de la Alianza, se emitían señales menos entusiastas con esta iniciativa de las que había habido hasta el cambio de gobierno, y cuando todavía no se disipaban del todo las dudas sobre si el PRI, de nuevo en el poder en México, mantendría la misma visión que el PAN, desde los países y bloques competidores situados en las antípodas llegaban las señales de signo positivo.
Chile ha matizado en los últimos tiempos lo que al comienzo del nuevo gobierno parecía ser una resistencia casi explícita y en México ya no queda duda de que Peña Nieto tiene el corazón en la Alianza, independientemente de que haya sido su predecesor quien primero apostó por ella en su país. Pero no deja de ser cierto que esta iniciativa corría el peligro de frenarse si no surgían impulsos renovados. Esos impulsos vienen hoy preferentemente desde Brasil, Uruguay, Bolivia y otros países (en la propia Venezuela la oposición democrática ha invocado a la Alianza como un paradigma de relaciones comerciales).
De lo que más habrá que estar pendientes es de lo que suceda en Brasil, por supuesto. La Alianza representa un tercio de la economía latinoamericana, una mitad de sus exportaciones y una población de más de 200 millones, por tanto es una especie de Brasil II pero con una propuesta diferenciada de la estatista y proteccionista. Hasta que surgieron voces tan clamorosas al interior de Brasil en favor de la Alianza, lo común era entender que se estaba produciendo una rivalidad por lo menos tácita entre esas dos potencias. Aunque la Alianza no defendía sus políticas en el plano político e ideológico en foros internacionales, en tratos diplomáticos y en la dialéctica política de forma explícita, su mera existencia era un polémica tácita con Brasilia. Ahora es Brasilia la que polemiza consigo mismo mientras la Alianza observa expectante.
La Alianza está en campaña, pero no por iniciativa propia sino de sus rivales. Las vueltas que da la vida.





EL TRIUNFO DE LA PERSEVERANCIA: LA RESOLUCIÓN DEL G77+CHINA ANTE LA ONU SOBRE DEUDA SOBERANA

La Tercera de España (www.tercerainformacion.es)
                                      
El G-77+China (conformado por más de 130 países) aprobó en el marco de la Asamblea General del 9 de septiembre de 2014, la propuesta de crear un mecanismo de reestructuración de deuda soberana sustentado en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Dado que todos los países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña) son altamente endeudados (usando la definición del Banco Mundial de más de ciento por ciento de la deuda en relación al PIB), este mecanismo podría aplicarse más allá de las economías emergentes y en desarrollo para abarcar a todos los países que suscriban el mismo. En adelante, tendrán un año para construir el mecanismo pudiendo seguir los lineamientos de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional).
La votación a favor representa un triunfo latinoamericano liderado por Argentina y propuesto por Bolivia. Recibió el apoyo de todos los países de América Latina a excepción de México. Costa Rica y el Perú cambiaron su voto en el último momento. Sin embargo, es una mala noticia para la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil europea que trabajan el tema de la deuda si se toma en cuenta que sus gobiernos emitieron los votos en contra. La excepción es Noruega, que ha tomado una postura positiva sobre el asunto. En América Latina, los profesores Oscar Ugarteche y Alberto Acosta propusieron una Tribunal Internacional de deuda soberana construido desde la ONU, publicado en español en 2006 por Polis y en inglés en el 2007 por el Finnish Journal of Latin American Studies. Esto diferencia su propuesta de la de otros países europeos y de la del propio Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el 2000, el mundo se dirigía hacia una crisis de deuda y no existían mecanismos en ciernes, como mostraron Argentina en el 2001 y Uruguay en el 2002.
La profesora Anne Krueger propuso en 2001 desde el FMI y con el apoyo de la ONU, un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana (SDRM por sus siglas en inglés) que operaría dentro de casa. El argumento era que había mucho contagio financiero. El proyecto fue echado abajo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en agosto del 2002. John Taylor ha escrito cómo la ayuda del Departamento del Tesoro en el caso de Uruguay, en agosto de 2002, facilitó la recuperación económica de dicho país,(2) lo que fue una detonante para acabar con la iniciativa del SDRM.
Únicamente en el 2014, después del caso del fondo de inversión NML Capital contra Argentina y del fallo final del juez Griesa, quien ordena que los últimos acreedores que no han restructurado, cobren más que los primeros que renegociaron su deuda, es que quedó en evidencia que hay un problema financiero de carácter sistémico. La respuesta no tardó en llegar por parte de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés), el mismo día que la iniciativa del G-77+China se introdujo en la Asamblea General para su votación, el 29 de agosto del 2014.
Las reformas propuestas por el ICMA, respaldadas por el Tesoro de Estados Unidos, en esencia afirman que las reglas estadounidenses aplicadas sobre Argentina están equivocadas. Afirman que "[…] el emisor no tendrá ninguna obligación de pago igual o catastral en cualquier momento con respecto a cualquier otra deuda externa y, en particular, no estará obligado a pagar otra deuda externa en el mismo tiempo o como condición para el pago de las cantidades adeudadas bajo los bonos y viceversa".(3) Al mismo tiempo acaban con el pari passu.
En segundo lugar, reducen los umbrales para el numero de tenedores de bonos que puedan entrar en una negociación "que se transmite por la mayoría de: (A) al menos el 66 2/3 por ciento del monto del capital total de los títulos de deuda en circulación de las series afectadas; y (B) más de 50 por ciento del monto total del capital de los valores en cada una de las series afectadas [...]". Estas reformas van en la dirección correcta, pero son insuficientes.
El G77+China ha hecho una incursión en la internacionalización de las cortes, la ley y la jurisdicción que será resistida por los once países que votaron en contra: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Japón, Australia, Canadá, Hungría, República Checa, Irlanda y Finlandia. A favor votaron Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, (BRICS) más la mayoría de América Latina, África y Asia. Las abstenciones vinieron básicamente de Medio Oriente y los países insulares más algunos nuevos países europeos junto con Francia, Grecia, España e Italia. En cuanto a la abstención gala, es sorprendente dado que el Club de París tiene por sede el Tesoro francés, mientras que los países mediterráneos con alto endeudamiento se mostraron renuentes a asustar a los mercados financieros internacionales. La abstención de Francia debe por tanto verse como un voto en contra, y la de los países mediterráneos como un voto a favor.
La reacción de la representante de Washington, Terri Robl, puso sobre la mesa el hecho de que no esperaban la presentación de la propuesta, y mucho menos que obtendría mayoría absoluta de votos. La estadounidense sostuvo que un mecanismo (de reestructuración de deuda) se está discutiendo actualmente en el FMI si bien, en el 2002, el Departamento del Tesoro bloqueó al SDRM a cambio de un mecanismo de mercado. El segundo argumento en contra de Robl es que iba a crearse incertidumbre económica, punto que no fue levantado ni en el año 2002 ni en el más reciente debate del ICMA. El lanzamiento del UNCITRAL no creó ninguna incertidumbre. También dijo que en el pasado, el Tesoro había preferido los mecanismos de mercado, recordándole a los memoriosos sobre lo ocurrido en el 2002.
En suma, la resolución ante la ONU es un golpe al dominio de todos los mecanismos legales relacionados con las finanzas de parte del capital financiero internacional, y es un primer paso en la dirección correcta hacia la construcción de un mecanismo global para las finanzas globales. El gobierno de Estados Unidos odiará esto, pero no importa, los problemas globales requieren soluciones globales, independientemente de las creencias del Departamento de Estado y el ICMA y del equipo del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Otro mundo es posible y vamos para allá.





¿HACIA UN SUBIMPERIALISMO BRASILEÑO?

Mendoza de Argentina (www.mdzol.com/opinion)
                                                                 
En tanto el liderazgo de Brasil se consolida en América del Sur, aumenta la preocupación de sus vecinos. Algunos autores creen que Brasilia está promoviendo políticas subimperialistas y que grandes multinacionales como Vale, Petrobras o Camargo Corrêa están ayudando a expandir esa nueva hegemonía.
Desde que, en la última década, Brasil se ha consolidado como potencia hegemónica en Sudamérica, se han escrito ríos de tinta sobre las implicaciones de ese liderazgo para sus vecinos, en especial para los más pobres, como Paraguay y Bolivia. Ya en los 70, el teórico brasileño Ruy Mauro Marini habló de “subimperialismo brasileño” en el contexto de la dinámica centro-periferia. Marini sostenía que el equipo tecnocrático-militar que asumió el poder tras el golpe militar de 1964 poseía un “proyecto político” que implicaba la “construcción de un área de influencia y vigilancia en la región” bajo la égida de Washington. Medio siglo después, y tras doce años de gobiernos progresistas con Lula da Silva y Dilma Rousseff, las elites económicas del país, tanto la tradicional clase terrateniente como la próspera burguesía industrial de São Paulo, son más poderosas que nunca y cuentan con el firme apoyo del aparato estatal. Mientras tanto, en los países vecinos pero también en el mismo Brasil, intelectuales de izquierdas y movimientos sociales comienzan a preguntarse si ciertas políticas impulsadas por Brasilia son coherentes con un discurso oficial plagado de referencias a la integración regional y la buena vecindad.
La geopolítica americana ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. Los expertos coinciden en que Latinoamérica ha dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos y, aunque México conserva su influencia en América Central y el Caribe, Brasil ha consolidado su liderazgo en América del Sur. En su reciente ensayo Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo, el intelectual uruguayo Raúl Zibechi sostiene que “el ascenso de Brasil al rango de potencia es un proceso irreversible y conflictivo”, si bien “aún no sabemos si el Brasil Potencia se convertirá en un nuevo imperialismo”. Algo sí parece evidente: el país no aspira apenas al liderazgo regional, sino a jugar un rol destacado en el tablero global del siglo XXI. Se trata, añade Zibechi, de un “desafío inédito”: es la primera vez que emerge una potencia intrarregional en América Latina.
Ese ascenso de Brasil se sostiene sobre la alianza entre las elites brasileñas y el aparato estatal, alianza que, paradójicamente, se ha fortalecido desde la llegada al poder del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, en 2002. Al contrario que en otros países de la región, la burguesía brasileña tiene un claro proyecto político y ha obtenido el apoyo del lulismo para llevarlo a cabo: “busca un reposicionamiento ventajoso de Brasil en la división internacional del trabajo”, señala Zibechi, y eso se traduce en una “concentración y centralización del capital para competir fuera de sus fronteras”. En otras palabras, ha calado la idea de que, para tener algo que decir en el tablero global, un país debe ser sede de fuertes compañías transnacionales. Y desde ese convencimiento ha desplegado el Palacio del Planalto (sede del poder Ejecutivo) una estrategia de internacionalización de las empresas brasileñas, con dos destinos preferenciales: los países vecinos sudamericanos y, cada vez más, África Occidental.
Si con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso se acometieron los procesos de privatización de las empresas públicas, con Lula esas empresas se concentraron y fusionaron, para después lanzarse fuera de las fronteras brasileñas. Algunas de esas firmas son ya líderes mundiales: la minera Vale do Rio Doce, la petrolera Petrobras, las constructoras Odebrecht y Camargo Corrêa. La inversión extranjera directa (IED) de multinacionales brasileñas en el exterior supone unos 190 mil millones de dólares (unos 147 mil millones de euros) según una investigación del Instituto Brasileño de Relaciones Internacionales; la suma es equiparable a los PIB de Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay, juntos. Y, en 2011, las transnacionales brasileñas repatriaron 21.200 millones de dólares, el equivalente al PIB paraguayo.
El papel del BNDES
La dirección estatal fue clave en ese proceso: el Gobierno promovió concentraciones y fusiones, como la creación de Brasil Foods en 2009, a partir de la fusión de las dos mayores empresas brasileñas del sector alimentario: Sadia y Perdigão. Aunque el factor más importante ha sido el firme apoyo a los procesos de internacionalización favorecido por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño, el BNDES. Convertido por Lula en la principal herramienta para la dirección de la economía brasileña, el BNDES ha visto cómo se multiplicaba por diez su presupuesto en trece años: de 11.000 millones de dólares en 1997 a 100.000 millones en 2010, o lo que es lo mismo, un 7% del PIB brasileño.
La promoción de proyectos extractivos e infraestructuras a cargo de las grandes empresas brasileñas ha sido un objetivo fundamental del BNDES, que es uno de los principales financiadores de los corredores IIRSA, la iniciativa regional para mejorar e integrar las infraestructuras en el continente. La apuesta de Lula ha sido por la financiación de proyectos fuera de las fronteras brasileñas: el presupuesto del BNDES para esta partida aumentó un 1.185% entre 2001 y 2010.
Las represas tienen aquí un lugar privilegiado, por cuanto el abastecimiento energético es una cuestión estratégica para Brasil. Existen alrededor de 150 proyectos de centrales hidroeléctricas en la Amazonia andina y muchas de ellas serán financiados por el BNDES, construidas por empresas brasileñas y destinadas a la exportación de energía a Brasil. Perú firmó en 2010 un acuerdo con Brasil para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas que supondrán conjuntamente una capacidad de 6.673 MW, en un país que consume alrededor de 5.000 MW. El 90% de esa energía, previsiblemente, se exportará a Brasil. Las obras estarán a cargo de Electrobras y beneficiarán también a Odebrecht, OAS y Andrade Gutierrez. No participarán empresas peruanas y, dado que Brasil será el principal comprador de esa energía, es probable que pueda negociar precios favorables, apunta Zibechi. Además, algunos de esos proyectos han provocado procesos de resistencia entre las poblaciones afectadas: es el caso de la represa de Inambari, que requería del desplazamiento forzoso de 15.000 personas.
Algunos intelectuales y periodistas han alertado del riesgo de que suceda con estas represas algo parecido que lo que sucedió con la central hidroeléctrica binacional de Itaipú, que, en la frontera entre Brasil y Paraguay, es la segunda mayor del mundo. Es también, para algunos, un ejemplo de la lógica del subimperialismo: el leonino tratado de Itaipú, firmado en 1973, en tiempos de dictaduras militares, obligaba a Paraguay a vender a Brasil la energía que no necesita -usa apenas el 4% de la energía generada- a un precio muy por debajo del mercado, y ese montante terminaba casi absorbido por el pago de la deuda que Paraguay contrajo con Brasil por la construcción de la represa. Aunque las condiciones mejoraron para Paraguay con el nuevo acuerdo firmado en 2011, Itaipú sigue provocando una sensación de injusticia que contribuye a fraguar la imagen de un Brasil imperialista en el país vecino, donde la soja, que ocupa el 60% de la superficie cultivable, está en manos de los hacendados brasileños, propietarios del 80% de este recurso.
En Ecuador, la confrontación ha sido directa. El Gobierno de Rafael Correa se enfrentó a la multinacional Odebrecht por la represa de San Francisco, financiada también por el BNDES. La central tuvo fallos en las turbinas que provocaron la paralización de la represa apenas un año después de su inauguración. Como en muchos otros proyectos, el crédito lo recibía directamente la empresa, pero la deuda se quedaba para el Estado ecuatoriano. Además, el consorcio empresarial se había blindado por contrato de cualquier responsabilidad por daños, por lo que Quito debía asumir las pérdidas. Correa decidió expulsar a la multinacional; su entonces homólogo, Lula, y el canciller, Celso Amorim, defendieron la postura de la empresa, que es, por cierto, uno de los mayores donantes de las campañas electorales del PT.
Pero el BNDES no sólo ha financiado obras e infraestructuras, sino también la expansión en el extranjero de empresas como JBS S.A., líder mundial en el sector del procesamiento de carne. El banco ha sufrido críticas por prestar dinero público a grandes transnacionales a intereses por debajo del mercado. El pasado mes de octubre, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo(OCDE) cuestionó que el BNDES esté dejando fuera de los mercados de crédito corporativo a los prestamistas privados y sugirió al Gobierno de Rousseff que retire su apoyo a la entidad.
Las “cuatro hermanas”
Entre las principales beneficiarias de la financiación del BNDES están las constructoras conocidas como las “cuatro hermanas”: Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Andrade. Aunque en los últimos años han diversificado sus actividades, que hoy abarcan desde la petroquímica y el agronegocio hasta la moda, la construcción civil y las infraestructuras siguen siendo su más lucrativo negocio. Todas ellas mantienen una estrecha relación con gobiernos de diverso color político, entre otras cosas, por ser los mayores financiadores de las campañas electorales. Baste un ejemplo: Odebrecht aportó 11 de los 17 millones de reales recaudados por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un partido de ideología difusa que desde 2002 sostiene la delicada mayoría del PT en el Congreso y el Senado.
Las “cuatro hermanas” han sido las más beneficiadas por las obras asociadas al Mundial de Fútbol y lo serán también de los Juegos Olímpicos que Rio de Janeiro albergará en 2016. A través de diversos consorcios, se han repartido los 30.000 millones de reales (casi mil millones de euros) que representan las diez mayores inversiones de los megaeventos. Mientras, los movimientos sociales gritaban en las calles que un país con el hábitat de infraestructuras básicas que tiene Brasil, desde la vivienda hasta el alcantarillado pasando por los hospitales, no debería gastar el dinero de los contribuyentes en construir estadios de fútbol. Tampoco han faltado los escándalos: el Ministerio de Trabajo ha encontrado obreros en condiciones análogas a la esclavitud en las obras de la represa de Jiraú, un proyecto financiado por el BNDES y desarrollado por un consorcio en el que figura Camargo Corrêa, y en las obras de ampliación del aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. También abundan las acusaciones por cartelización y sobrefacturación, como en el caso de las obras de rehabilitación ambiental de la Bahía de Jacarepaguá en Rio de Janeiro.





LAS HEROICAS TRAVESÍAS DE DOS COMPAÑEROS DE RUTA

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
                                                                                                                       
Surcado por ríos de sangre, sacudido por estruendo de cañones, el violento siglo XX, con la pugna entre Paraguay y Bolivia por el Chaco Boreal, asistió a uno de los conflictos bélicos más importantes desarrollados en América del Sur entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda: la Guerra del Chaco (1932-1935). Cuando Paraguay enfrentaba la posibilidad de una contienda armada con Bolivia, y cuando esta por fin estalló, entre aquellos que más activamente contribuyeron, primero a su preparación, entre 1929 y 1932, y luego, a partir de 1932 y durante todo el transcurso de la guerra, a su defensa, estuvo el capitán de Navío de la Armada del Paraguay José Alfredo Bozzano Baglietto.
José Bozzano, nacido en el barrio de Loma San Jerónimo, de Asunción, el 7 de diciembre de 1895 (en algunas fuentes, el 17 de diciembre de 1896), era hijo del armador naviero José Bozzano, venido a Paraguay de Varazze, Liguria, y de Benedicta Baglietto, argentina. Los Bozzano eran constructores navales y algunos habían venido ya en el siglo XIX a Paraguay a trabajar en su oficio. José Bozzano entró en 1917 en la Armada como guardiamarina, en 1918 fue destinado a los Arsenales, diseñó allí embarcaciones y aparatos, el gobierno del presidente Montero lo envió al Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1919, egresó en 1924 como arquitecto e ingeniero naval, con un posgrado en Ingeniería Aeronáutica en 1925, siguió mientras tanto cursos en la Escuela de Guerra Naval, Connecticut, y en la Quinta Base Naval y Aérea, Hampton Roads, y volvió como arquitecto e ingeniero Naval, máster en Ingeniería Aeronáutica y piloto aviador naval en 1925 a Paraguay.
Uno de los motivos de la relevancia histórica de la Guerra del Chaco es expuesto de modo muy claro por el capitán Bozzano: «El enemigo nos trajo una guerra en la que el material, en todas sus formas, constituía el factor decisivo. Aquella fue la primera guerra, en todas las Américas, donde las comunicaciones, el transporte mecánico, la aviación, la radio, el tanque, el lanzallamas y las minas entraban en acción como consecuencia de la mecánica industria» (José A. Bozzano: Reminiscencias, Asunción, Casa Editorial Toledo, 1962, p. 43).
LOS PRESAGIOS DE GUERRA Y LOS PREPARATIVOS
El periodo posterior a la Primera Guerra Mundial está marcado en Paraguay por las luchas internas del partido gobernante, las protestas obreras y estudiantiles y un sistemático avance de Bolivia en el Chaco, del cual, en el breve gobierno de Luis A. Riart, se toma conciencia, con lo que se hace consciente también la necesidad de preparar una defensa.
Las primeras décadas del siglo XX, sabido es, fueron en nuestro país de guerras civiles, y , por su intervención en los conflictos internos, el Ejército fue una institución bastante afectada por la inestabilidad política. Señala la historiadora Liliana Brezzo que «la estructura militar como el parque de guerra fueron desquiciados una y otra vez en las repetidas revoluciones y golpes militares que asolaron el país desde 1870 a 1922» (El Paraguay a comienzos del siglo XX, 1900-1932, Asunción, El Lector, Colección La Gran Historia del Paraguay 9, 2010, p. 92).
Luis Riart, en 1924, durante su presidencia provisional, empezó a preocuparse por la desorganización castrense, y en esto fue seguido por los presidentes posteriores. Su plan de reorganizar las Fuerzas Armadas y adquirir armamento, municiones y equipos se comenzó a aplicar bajo la presidencia de su sucesor, Eligio Ayala (1924-1928), con él, Riart, como ministro de Guerra y Marina. Se iniciaron cursos en la Escuela Superior de Guerra, se contrataron misiones militares de Francia y Argentina y en 1931 se incorporaron al Ejército dos flamantes cañoneros: el Paraguay y el Humaitá.
ESPIONAJE EN LONDRES Y VIOLENCIA MODERNA
A fines de la década loca, de los Roaring Twenties británicos, tan intensos en el Londres del Point Counter Point (1928) de Huxley, concretamente entre 1928 y 1929, José Bozzano, entonces teniente segundo de marina, era espía y hacía informes como tal desde esa ciudad, donde, cuenta en sus Reminiscencias (Asunción, Casa Editorial Toledo, 1962), averiguó «lo que los bolivianos habían comprado: artillería, cañones, obuses, aviones, ametralladoras livianas y pesadas, proyectiles para artillería y ametralladoras, gas mostaza en botellones y tanques de asalto livianos». «Nuestro torvo enemigo», escribe Bozzano en ese libro, «se nos vino al ataque con un concepto pleno de la guerra moderna».
Ya había pasado la «Gran Guerra», y, aunque aún no se llamaba la «Primera», la grandeza épica ya era un sueño roto en la aterrada y ebria joven modernidad de aquellos años, y las adquisiciones de Bolivia tuvieron que dejarle en claro a Bozzano que el enfrentamiento sería, como él mismo escribe, una «guerra técnica moderna a base de armamento mecánico; armas automáticas, aviación, tanques, lanzallamas», con los antiguos ideales heroicos tal vez no del todo extintos, pero sí en segundo plano: «era indudable que las acciones no se desarrollarían únicamente con bayonetas, sables, caballos y lanzas. La lucha sería moderna. El valor personal no sería (…) el factor decisivo de la contienda» (José Bozzano: Reminiscencias, Asunción, Casa Editorial Toledo, 1962, p. 11).
LOS GUERREROS GEMELOS Y SUS DÍAS DE GLORIA
La importancia del río Paraguay en la defensa del territorio chaqueño y la necesidad de la Armada paraguaya de dominar esa vía fluvial eran tenidos en cuenta desde hacía tiempo, y no es raro que el entonces guardiamarina Bozzano llevara a Estados Unidos los planos de dos buques de guerra que había diseñado y los hiciera eje de sus estudios de Arquitectura e Ingeniería Naval en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuando volvió a Paraguay en 1925, y ante la cada vez más real posibilidad de guerra con Bolivia, el presidente Eligio Ayala y su ministro de Guerra y Marina, Luis A. Riart, aprobaron los planos de los dos cañoneros y enviaron a su autor a Europa para concretar su fabricación.
Fueron hechos en Génova, en los astilleros de Nicolo Odero. Bozzano supervisó in situ su construcción. El Boletín del Centro Naval de Argentina escribió sobre estas embarcaciones, que fueron bautizadas como el Paraguay y el Humaitá: «Son consideradas como las naves más modernas y perfectas en su género, pues tanto en su poder ofensivo como defensivo, han sido aplicados los adelantos últimos de la ingeniería naval» («Crónica Extranjera. Paraguay», Boletín del Centro Naval, tomo XLVIII, número 487, 1931, p. 833).
Se hicieron a la mar desde el puerto de Génova, se adentraron en el océano, se perdieron poco a poco en lontananza, surcaron durante varios meses los oleajes que separaban el viejo mundo del nuevo, y llegaron a Asunción el 5 de mayo de 1931. Mucho tiempo después, en un artículo publicado en la década de 1960 («Actuación de la Armada antes y durante la contienda chaqueña», Revista de la Armada Nacional, Asunción, Armada Nacional, año XV, número 81, 1963, p.44), un José Bozzano anciano ya, con nostálgico pero firme, tajante orgullo retrospectivo, escribiría que, juntos, el Paraguay y el Humaitá «hubieran podido hacer frente a cualquier escuadrón naval de aquella época».





DESBARATARON UNA BANDA NARCO QUE OCULTABA LA DROGA BAJO LA ARENA DE PLAYAS DE PUERTO MADRYN

Se libraron 64 órdenes de detención; dos hermanos cordobeses serían los jefes de la organización; los estupefacientes eran traídos desde Bolivia

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
                                                        
En un amplio operativo de drogas que incluyó allanamientos en esta ciudad, Puerto Madryn , Puerto Pirámides, Playa Unión y Capital Federal, se desbarató esta madrugada una banda narco que incluyó la detención del "cabecilla, las primeras líneas y el contador de la red", en un procedimiento que incautó drogas, vehículos de alta gama, armas de fuego y dinero en efectivo, según confirmó el juez federal de Rawson, Hugo Sastre.
"Es la organización más importante que hemos desbaratado en Chubut. Se libraron 64 órdenes de detención de personas que serán alojadas en la Unidad 6 de Rawson. Hay dos hermanos cordobeses jefes de la banda", sostuvo el magistrado. El operativo se denominó "Arenas blancas" debido a que la droga "venía desde Bolivia, ingresaba al país por el norte y llegaba a Buenos Aires, para luego llegar a esta provincia y ser enterrada en una cantera en el área de El Doradillo y en el sector Gauchito Gil", según informó Sastre en conferencia de prensa.
Desde allí se fraccionaba y distribuía para su venta. "Le hicimos creer a la banda que estaba todo relajado, que no investigábamos. Así tenemos la totalidad de las escuchas telefónicas en donde esta gente estaba en contacto con los que les vendían la droga. Hay profesionales hasta personas de los estratos más bajos", relató el juez. "Tenemos la investigación muy avanzada y un especialista que trabajará la vinculación de la banda con el lavado de dinero. Hay un monotributista que tenía 37 camiones por ejemplo", añadió.
En los operativos, que comenzaron sobre esta madrugada, se involucró a 300 policías de Chubut y 50 de la Federal. "Fue una decisión difícil pero esperamos e hicimos creer a la banda que estaba todo muy relajado para desbaratar a toda la red. Los allanamientos se realizaron también en tres lugares de Buenos Aires", dijo el juez.
"Sabemos que la droga se almacenaba acá, se distribuía y comercializaba. Hay un mercado grande y preocupante. Hay profesionales, todo tipo de perfiles. Nuestra idea fue cortar en un nivel que permita desbaratar a la organización. Esto no quiere decir que se acabará la droga, pero sí mandamos el mensaje de que acá se trabaja", enfatizó Sastre,
En cuanto a los allanamientos realizados en Buenos Aires, precisó que fueron "tres en Lomas de Zamora, tres en Esteban Echeverría y uno en Monte Grande". Se detuvo a "dos varones y una mujer extranjeros (bolivianos)", que eran "las personas que tenían vínculo" con la organización. "Puede que haya más" detenciones, aclaró.
"No hemos secuestrado tanta cantidad de drogas. Lo difícil de la situación es cuándo cortar, a veces no teníamos suficiente prueba para desarticular la organización. Son misiones difíciles. Uno escuchaba en los medios que no se hacía nada, que esto es un `viva la Pepa`, que uno es un inepto y la decisión mía fue seguir investigando, recabando pruebas como para desbaratar la misma", subrayó.
El jefe de la División Drogas Peligrosas de la provincia, comisario Leonardo Bustos anticipó que en el marco de los 75 allanamientos que se realizan en el valle, principalmente en Puerto Madryn, "hay drogas secuestradas, mucho dinero en efectivo, cerca de 20 armas y gran cantidad de vehículos". En cuanto a los detenidos, confirmó que uno de ellos está vinculados a una empresa dedicada a la explotación de áridos en Madryn y afirmó que los allanamientos están relacionados con el hallazgo de 500 tizas de cocaína días atrás en una cantera cerca del basural de la ciudad portuaria la semana pasada.
El ministro de Gobierno, Javier Touriñán valoró el acompañamiento de la Justicia Federal y el profesionalismo de la policía ya que "no se filtró absolutamente nada" durante el tiempo de la investigación.
Dijo que el nombre del operativo, "Arenas Blancas", se debe a "la localización, básicamente en Puerto Madryn, y al tipo de droga del que se está tratando, principalmente cocaína". También precisó que "hay gente con antecedentes en la materia" e indicó que como estos hechos "son flagelos para la sociedad y que no hay que tener contemplaciones al momento de proceder con los hechos judiciales.
Touriñán sostuvo que a este accionar se le suma "el acompañamiento esencial de la Justicia que ha ordenado estos tipos de procedimientos, lo que concluye en el efecto final que se da a partir de la mañana de hoy".
El ministro de Gobierno reveló que conforme avance la investigación se tendrán mayores precisiones acerca del volumen de droga secuestrada y otros detalles del operativo "Arenas Blancas".





LAS MUERTES EN LA AMAZONIA DELATAN LA DIMENSIÓN DE LA TALA ILEGAL EN PERÚ

El País de España (www.internacional.elpais.com)
                                                                             
El pasado 1 de septiembre cuatro ciudadanos de la etnia ashánica fueron asesinados en la frontera de la selva amazónica entre Perú con Brasil. Uno de ellos había sido amenazado el año pasado por denunciar, con pruebas, la tala ilegal de madera en su comunidad, ubicada en el departamento de Ucayali, en la zona oriental de Perú. Una batalla que se prolonga desde hace años. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), la entidad que supervisa la extracción en el 32% del área total de bosques amazónicos, estima que entre 2009 y 2013 la extracción ilegal ascendió a más de 31 millones de dólares. La Interpol, sin embargo, indica que el país pierde unos 250 millones anuales por ese delito; es decir, 1.5 veces de lo que obtiene la industria legal.
“No se ha conocido responsables, no hubo interés del Estado en hacer una investigación”, indica Ruth Buendía, presidenta de la principal organización de la etnia asháninca, refiriéndose al asesinato en 2013 del jefe nativo Mauro Pío, amenazado por madereros ilegales en la selva central peruana. La comunidad de Pío, Nuevo Amanecer Hawai, estaba superpuesta a una concesión forestal de la empresa Balarín que el Gobierno suspendió después del asesinato del líder. En 2012, un informe de Environmental Investigation Agency (EIA) demostró que el sistema de concesiones en Perú es corrupto y opera con información falsa, incluso cuando se trata de la exportación a EE UU de especies protegidas internacionalmente, como el cedro y la caoba.
Saweto, la comunidad de Edwin Chota, uno de los activistas asesinados a principios de septiembre, enfrenta un problema similar. Chota solicitó al Estado la titulación y demarcación de su comunidad nativa, que fue inscrita y reconocida oficialmente en 2003. Sin embargo, un año antes, el Estado había otorgado a unos privados una concesión forestal por 40 años. “El problema es que una entidad da los títulos y otra da las concesiones; para una, la comunidad existe y para la otra, no”, asegura la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena. “Estamos pagando las consecuencias del desorden de la transferencia de competencias a los Gobiernos regionales”, añade desde Pucallpa, donde coordina la recogida de los restos desmembrados de Chota y de los otros tres asesinados.
Mario Osorio, coordinador en Oxapampa de la ONG Instituto del Bien Común (IBC), que asesora legalmente a comunidades amazónicas, cuenta que desde el Gobierno de Alan García (2006-2011) “ha habido muchos cambios en el procedimiento de titulación y muchos vacíos”. La decisión de titular o no a una comunidad corresponde a las direcciones regionales agrarias, quienes suelen alegar la falta de presupuesto para viajar a hacer la demarcación.
Según el Colectivo Territorios Seguros, que agrupa a 26 instituciones de la sociedad civil, unos 18 millones de hectáreas de comunidades en la Amazonía peruana no están tituladas. “La tala ilegal necesita insertarse y lavarse. Corrompe la institución: no son solo mafias de madera sino también otros poderes ilegales que han entrado a dominar ante la ausencia del Estado. Es trágico porque Edwin Chota fue asesinado por tener un rol muy activo contra estas mafias”, asegura a EL PAÍS Julia María Urrunaga, de EIA.
La investigadora peruana cuestiona, también, la futura concesión gubernamental de cinco millones de hectáreas más: “Con este sistema, que ha demostrado ser un fracaso, entregan más tierra sin controlarla, es más volumen para lavar la madera”. “En la exportación, Aduanas no tiene capacidad de saber si se trata de la especie que la empresa dice: si no declaran que es caoba o cedro, nadie va a mirar”, añade Urrunaga. Un documento de la Superintendencia Tributaria citado en el Informe de Osinfor de 2014 alerta que no hay “normatividad que exija descripciones mínimas en la declaración aduanera de exportación de madera”.
Laura Martín, de la ONG Sustain Labour, con sede en Madrid, conoció a Chota semanas antes de su muerte. “Contó su caso ante muchas instituciones y mostró los documentos que gestionó. Aportó pruebas de un delito, lo cual es mandato de la administración estatal: se lo puso en bandeja pero hubo dejación”. El 25 de abril, Chota reiteró a la Fiscalía provincial su denuncia, pues la tala ilegal se había intensificado en el Alto Tamaya, donde se ubica su comunidad, pero tampoco tuvo respuesta.
“Quien denuncia tiene que proveer la logística necesaria para hacer las investigaciones", precisa Max Silva, asesor de la Organización Regional Aidesep en Ucayali (ORAU), la central principal de organizaciones indígenas de la selva peruana.
Osinfor asegura que en áreas bajo permisos forestales otorgados a comunidades nativas —operados por terceros— encuentran información falsa en los documentos de gestión de la madera.
Las mafias han encontrado una nueva forma de operar: obtienen autorización de los Gobiernos regionales para sacar madera que sea producto de arrastre de río. Osinfor no tiene competencia para fiscalizar ese rubro, pero describe que para las maderas que por sus características no pueden flotar hay “una utilización indebida de esta modalidad”, para la cual no hay límite de autorizaciones. El volumen de extracción por arrastre de río se incrementa cada año.
Una fuente estatal que solicita anonimato incide en que la mayor parte de la madera valiosa en Perú ya fue extraída y para obtenerla “hay que ir cada vez más lejos, los costos ya no cubren la ganancia, por eso los circuitos ilegales de la madera son usados también por el narcotráfico”.

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