Monday, September 08, 2014

"LA GRAN FAMILIA" EXTIENDE SUS TENTÁCULOS A ECUADOR, COLOMBIA Y BOLIVIA

La organización criminal “La Gran Familia” estaría operando con todo su poderío y al parecer hasta recargada, ya que extendió con éxito sus tentáculos a Ecuador, Colombia y Bolivia, en donde opera asociada a las mafias que controlan los gremios de construcción civil y otras actividades ilícitas.
Según informes de inteligencia de la Policía, la banda continúa operando desde prisión, siempre liderada por Ángel Román León Arévalo (a) “Viejo Paco”, quien está preso en el penal de Challapalca.
Al parecer mantendría de alguna forma comunicación con sus secuaces, los que han sabido mantenerse ocultos para evitar ser captados por el 'radar' policial y terminar siendo capturados.
Los informes revelan que esta organización criminal ha desatado, con sus nuevos asociados, una serie de atentados contra empresarios que tienen prósperos negocios en la frontera con Perú e incluso en provincias a las que se tiene fácil acceso.
Está en ecuador
Revelaron, incluso, que “Chacho Palomino” se encuentra coordinando las acciones de estas mafias en Ecuador, quienes además le estarían brindando protección de la Policía peruana que en más de una oportunidad ha intentado detenerlo, pero ha fallado.
Las fuentes policiales revelaron que el modus operandi es casi el mismo que emplearon en el norte peruano, pero que han reclutado a los más sanguinarios delincuentes quienes no temen enfrentar a la Policía con tal de cumplir sus objetivos.
Refirieron que la mayoría de los hampones han sido seleccionados de acuerdo a su especialidad. Citaron por ejemplo que los grupos de asaltantes son peruanos y ecuatorianos, mientras que los asesinos a sueldo o sicarios son exclusivamente colombianos, a los que desplazan por todos lados para que cometan los homicidios.
documentos falsos
Revelaron que cruzan la frontera con los documentos de identidad de sus propios países, y no pueden ser identificados como criminales porque no existe una base de datos común que permita a las autoridades peruanas, ecuatorianas, colombianas o bolivianas, identificarlos con facilidad.
Estos fríos asesinos serían los autores de más de una docena de muertes en todo el Perú y hasta el momento no son identificados.
Por el momento la Policía investiga a estos maleantes y espera que pronto haya buenos resultados.
Se supo que incluso habría algunos nuevos cabecillas que ya estarían identificados. 
alianza estratégica
De otro lado, los informes policiales revelan que los cabecillas de "La Gran Familia" para poder subsistir, esta vez sin exponerse mucho ante la Policía, han suscrito importantes alianzas con otras mafias delincuenciales, las mismas que operarían en todo el país, incluso hasta en el extranjero.
Revelaron que muchas de estas organizaciones están encabezadas por rankeados delincuentes que son los que ejecutan los más importantes atracos, en los que logran conseguir importantes sumas de dinero.
"Muchos de estos delincuentes son de la misma talla que 'Viejo Paco' o quizá hasta más peligrosos, pero saben mantenerse en el anonimato. No está siendo difícil poder identificarlos plenamente, ya tenemos sus alias y de dónde son, pero aún estamos trabajando para lograr atraparlos", dijo la fuente policial, la misma que reveló que entre julio y agosto se hicieron varios operativos para atrapar al resto de la banda, pero sin resultados.    
Son asesinos profesionales
De acuerdo a reportes policiales, varios de los sicarios colombianos pertenecientes a esta organización criminal habrían cometido sonados asesinatos, los que hasta el momento los investigadores de la Dirincri Lima no pueden resolver.
Se informó que la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Dirimin) investiga esta organización con un grupo especial, que incluso ya se habría desplazado a Ecuador para conseguir información sobre los movimientos de esta mafia.
Los investigadores esperan que estas nuevas organizaciones criminales queden al descubierto lo más pronto posible y que sus miembros sean detenidos y encarcelados por muchos años.
Estas bandas han desatado una ola de terror y han derramado mucha sangre de inocentes. Les espera un severo castigo. (www.larepublica.pe)





TRES ESCENARIOS ELECTORALES DISPARES

Uruguay, Bolivia y Brasil tendrán elecciones. La lucha opositora y la influencia argentina.

Arg Noticias de Argentina (www.argnoticias.com)

Uruguay, Brasil y Bolivia tendrán elecciones presidenciales antes de que termine el año. Los tres países presentan condiciones políticas y electorales dispares. Mientras que en Uruguay, el presidente está obligado a retirarse porque la constitución impide su reelección, en Bolivia las encuestas pronostican una contundente victoria de Evo Morales. Argentina puede verse afectada por la decisión que tomen los electores de los países vecinos.
En Brasil, la elección es la más reñida y la más imprevista. Tras el mundial, la presidenta Dilma Rousseff tenía una aceptación que rozaba el 40 por ciento de la población y era la indiscutible candidata a ser reelecta, pese a que el país que preside sufre una crisis en su sector industrial. Sin embargo, la muerte del precandidato presidencial socialista Eduardo Campos hizo que Marina Silva tuviera que competir en las elecciones.
Silva creció en popularidad y hoy las encuestas la posicionan segunda en la primera vuelta y triunfadora en un posible ballotage. Silva se opone al matrimonio igualitario y por este motivo perdió a gran parte de su grupo de trabajo en las elecciones. El gobierno de Dilma corre peligro y desde Brasil Lula Da Silva intenta recordar los logros de su gestión para volver a posicionarla.
El presidente boliviano Evo Morales cuenta con todas las ventajas para ser re-relecto. Las encuestas muestran un favoritismo superior al 60 por ciento y no hay candidato capaz de acercársele en los sondeos. En las elecciones de 2005, Morales asumió el poder con el 54 por ciento de los votos, mientras que en 2009 obtuvo el 64 por ciento. En Bolivia este año las elecciones, que se celebrarán el 12 de octubre, serán decisivas. El pueblo Boliviano elige Presidente y vicepresidente de la República, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes del Senado.
En Uruguay el escenario es diferente. El actual presidente José Mujica deberá dejar el poder sin ser candidato a una reelección que está prohibida por la constitución. Hace pocos meses, el Frente Amplio (FA) tenía la victoria casi asegurada por la presencia de Tabaré Vázquez, un hombre enemistado con la Casa Rosada y que llegó a decir que casi le declara la guerra a la Argentina por el conflicto de la papelera exBotnia.
El contrincante de Vázquez es Luis Lacalle, un político que fue catapultado por la interna del Partido Blanco. El joven se queda con el electorado de su fuerza y del Partido Colorado, mientras que Tabaré Vázquez apuesta a enfocarse en conquistar el voto de la clase media con ún cambio en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El próximo 8 de octubre, se desarrollará un debate televisivo nacional que no contará con la presencia de Vázquez que se negó a competir. Luis Lacalle Pou -segundo en las encuestas-, debatirá con Pedro Bordaberry -tercero- y Pablo Mieres, el cuarto.





¿VIENE EL CAMBIO EN BRASIL Y EN AMÉRICA LATINA?

El Nacional de Venezuela (www.el-nacional.com)
                                                                                                               
Por Carlos Sánchez Berzaín.- La inesperada candidatura presidencial de Marina Silva por el Partido Socialista Brasileño), como consecuencia del fallecimiento del líder y candidato de ese partido Eduardo Campos en un accidente de aviación el 13 de agosto pasado, ha producido un shock en el proceso electoral de Brasil.
La amplia favorabilidad de la presidenta Dilma Rousseff y candidata del Partido de los Trabajadores ha desaparecido y la favorita es ahora Marina Silva, cuyo triunfo electoral traería consigo el cambio político y económico en Brasil y en América Latina.
De acuerdo a las últimas encuestas, Marina Silva empata con Dilma Rousseff para la primera vuelta del 5 de octubre y ganaría en la segunda vuelta del 2 de noviembre. La propia candidata oficialista ha reconocido esta tendencia cuando en el segundo debate de presidencial del primero de septiembre, se concentró en atacar solo a Marina Silva con diversos argumentos que buscaban descalificarla.
El segundo debate presidencial fue prácticamente un duelo entre las candidatas Dilma y Marina, quedando casi al margen el candidato Aécio Neves del Partido de la Social Democracia Brasileña. La estadística del debate muestra que entre los temas la economía ocupó 25,5% de las intervenciones, la actuación política de los candidatos 16,5% y la seguridad 13%. En estos tres temas la candidata oficialista no se ha mostrado precisamente aventajada.
Sobre los temas principales de la elección, en la economía la gestión de Rousseff ofrece malos datos, se advierte un creciente descontento social que es objeto de la crítica de Marina Silva. Respecto a la actuación política, la presidenta representa ahora el oficialismo y las viejas formas de hacer política y Marina la tercera vía. En cuanto a la seguridad los datos son perjudiciales a la presidenta. En suma, el proceso electoral muestra a Silva como representando el cambio y a Rousseff solo como más de lo mismo.
El nuevo escenario electoral ha alterado toda la estrategia de Rousseff. El periódico O Globo de Brasil ha publicado que la campaña de la presidenta "piensa solo en estrategias para quebrar la trayectoria ascendente de Marina Silva". Un despacho de la agencia Reuters desde Brasilia informa que el comando de campaña de Dilma Rousseff se reunió para cambiar la estrategia de campaña de reelección y que "buscará destruir la imagen de Marina Silva como candidata de la tercera vía".
En política económica la gestión de Rousseff muestra que el PIB y el per cápita han bajado por tercer año consecutivo, el desempleo ha subido, el indicador de libertad económica ubica al Brasil en el puesto 20 de 29 en la región calificado como "mayormente no libre" y está señalada por no generar confianza a la inversión extranjera. Importantes sectores de Brasil critican la política comercial del PT calificándola de perjudicial a las exportaciones brasileñas.
Durante los 8 años de Lula y 4 años de Rousseff el gobierno del PT ha convertido a Brasil en el mas importante aliado regional del proyecto anti democrático cubano-venezolano, concebido y desarrollado por Castro y Chávez, bajo la denominación de socialismo del siglo XXI o movimiento bolivariano.
Con el PT Brasil realiza millonarias inversiones en Cuba favoreciendo a la dictadura castrista y sin atención a la violación de los derechos humanos que antes tenía como bandera; la Venezuela no democrática mantiene estrecha cooperación económica y recibe el apoyo permanente de Brasil en foros y organismos internacionales; los gobiernos del PT han sostenido en el poder a Evo Morales e ignoran deliberadamente que el incremento en la producción de coca en Bolivia ha convertido a Brasil en su primer consumidor.
Por acuerdos internacionales previos Brasil ha recibido en los últimos años como refugiados a centenas de perseguidos políticos de Venezuela, Bolivia y otros países de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, pero la hostilidad desde el gobierno ha sido clara.
Pero parece que las cosas pueden cambiar. Si Dilma Rousseff no logra la reelección y Marina Silva gana las elecciones, el nuevo gobierno socialista del PSB traerá consigo cambios no sólo para el Brasil sino para toda América Latina. Marina Silva –desde su candidatura socialista– le está ofreciendo a los brasileños "que no es más de lo mismo". ¿Viene el cambio en Brasil y América Latina?





DICTADURAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI ATACAN A ISRAEL

Aprovechando los hechos de guerra en la Franja de Gaza, los dictadores del socialismo del siglo XXI en América Latina han atacado a Israel con el discurso antiimperialista, han alentado –cuando no organizado– manifestaciones antiisraelitas, han formulado acusaciones malintencionadas, ratificando así su defensa y vinculación con el terrorismo. Un hecho político que tiene que ver, fundamentalmente, con los principios y valores que el Estado de Israel representa y defiende.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
                                                                  
Por Carlos Sánchez Berzaín.- Las diferencias entre los dictadores e Israel son muchas y profundas. Israel es una democracia que respeta la libertad, la vigencia de la ley, el pluralismo y la tolerancia. Es permanentemente agredido pero no es inerme, se defiende y sabe reconocer las amenazas. En su democracia, el “Estado de derecho” está vigente, existe “separación e independencia de los poderes públicos”, hay respeto a los derechos fundamentales, existe “libertad de expresión y de prensa” y una vigorosa “opinión pública”, las “elecciones son libres y basadas en el voto universal y secreto”, hay “alternancia en el poder”, se alienta la iniciativa privada y se respetan las “libertades económicas”, se respeta la “propiedad privada” y se fomenta el trabajo comunitario.
Todos estos principios sostienen e integran los “valores de la civilización”, y son los que los jefes de Gobierno de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua violan, tergiversan y suplantan para mantenerse indefinidamente en el poder. Los dictadores vulneran a diario los derechos humanos, concentran todo el poder, se han puesto por encima de la ley y simulan democracia. Suprimen la prensa libre, controlan la opinión pública y la reemplazan por la opinión publicitada. Confiscan y se apropian de la propiedad privada y persiguen a sindicalistas, campesinos, periodistas, políticos y empresarios.
En Israel no se utiliza a los jueces y al Poder Judicial como sistema de represión política, no existen presos políticos, no hay exiliados, ni perseguidos por su posición frente al gobierno o por defender la libertad. Ni en situación de guerra existen cartillas de racionamiento, no hay hambre. Sus ciudadanos pueden salir e ingresar a su país libremente y gozan de la protección del Estado, no de su amenaza. Los israelitas en lugar de escapar de su patria se quedan en ella, así sea en un constante estado de preguerra o guerra misma; defienden su país como parte de la defensa de su libertad. La nación israelí, el pueblo judío, es una muestra extraordinaria de unidad en la diversidad.
En cambio, las dictaduras del socialismo del siglo XXI en las Américas se fundan en el poder absoluto e indefinido. Imponen como doctrina la confrontación étnica y regional al interior de sus Estados para dividir y destrozar sus naciones. Tienen perseguidos y presos políticos, exiliados, y han perpetrado masacres, asesinatos y juzgamientos sumarios digitados. La dictadura de Cuba ha exiliado por millones, la de Venezuela por miles, las de Bolivia y Ecuador por centenas. Cuba y Venezuela están en crisis económica y los demás van por el mismo camino. Son productores de violencia y miseria. La corrupción es parte esencial en su sistema que garantiza la impunidad. El narcotráfico se incrementa dramáticamente y aparece la sospecha de los “narcoestados”. Las elecciones son ejercicios magistrales de simulación democrática y fraude electoral. A título de antiimperialistas, en realidad son enemigos de la libertad.
Como dogma de su acción política, los dictadores atribuyen sus propios crímenes y conductas a quienes consideran sus enemigos, y lo han hecho con Israel: Fidel Castro escribiendo de “holocausto y genocidio” después de ejercer 55 años de dictadura, fusilamientos, asesinatos, invasiones, guerrillas, terrorismo y de haber convertido a Cuba en una cárcel. Maduro, Morales, Correa y Ortega, siguiendo la línea de su maestro, hablan de “masacres”, declaran que Israel es un Estado “terrorista” y que el Primer Ministro “está poseído por el demonio”.
Los regímenes dictatoriales ven en la lucha de Israel por la libertad un mal ejemplo para los pueblos. La defensa de la libertad incomoda a los dictadores, la democracia los amenaza, la tolerancia los pone en evidencia, la unidad en la diversidad los perjudica, la transparencia los acusa, la prensa libre los aterroriza, el estado de derecho los condena, la verdad los derrota.





MORALES AUGURA QUE LOGRARÁ 80 O 90 % DE VOTACIÓN EN ÁREA RURAL EN ELECCIONES

Terra de España (www.terra.com.es)
                                         
El presidente de Bolivia, Evo Morales, auguró hoy que obtendrá el 80 o 90 % de la votación en las áreas rurales de su país en los comicios del 12 de octubre próximo, en los que aspira a la reelección para un tercer mandato hasta 2020.
En una entrevista con el canal privado ATB, Morales consideró que logrará "resultados interesantes, 80 o 90 %" de la votación del "movimiento campesino" boliviano por las obras que está realizando su Gobierno en las áreas rurales.
"En el campo, yo calculo en un término medio va a ser un 90 %", dijo, y no solo porque Morales viene del movimiento campesino, sino porque todos se quejaban antes de nunca llegaban las obras al medio rural.
Aseguró que en el trópico de Cochabamba, su feudo sindical y político situado en el centro del país, obtendrá un 97 % e indicó que el 3 % restante serán votos de "algunos abuelitos" que se ponen nerviosos y "se equivocan" al sufragar.
Morales también se refirió al anuncio realizado la semana pasada por el diputado oficialista Luis Gallego, quien afirmó que las organizaciones del norte de la región andina de Potosí controlarán el voto y castigarán con latigazos a quienes no voten por el partido oficialista en las elecciones.
Según el mandatario, se trata de "expresiones" que reflejan el sentimiento de campesinos e indígenas hacia los partidos políticos que les "hicieron tanto daño" y les humillaron en el pasado, "pero en el fondo es discurso, no hay chicotazos (latigazos)".
"Aquí no va a haber chicotazos, nunca ha habido chicotazos, pero hay un sentimiento profundo", señaló.
Morales también indicó que no tiene "planes" de prolongar su mandato hasta el año 2025 para ser él quien lidere el proceso para aplicar una agenda económica y social que elabora actualmente su Gobierno con miras a la celebración del bicentenario de la fundación de Bolivia.
En esa línea, anunció que ha pedido a la Asamblea Legislativa que se apruebe una ley para que quien esté en el Gobierno "cumpla con la Agenda Patriótica".
Con el aval del Tribunal Constitucional, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera aspiran a la reelección para un tercer mandato hasta 2020.
El actual gobernante, favorito según las encuestas difundidas hasta el momento, competirá por la Presidencia de Bolivia contra el empresario Samuel Doria Medina, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), el exalcalde de La Paz Juan del Granado y el líder indígena Fernando Vargas.





FRACASO Y RETARDACIÓN DE JUSTICIA OBLIGA A EXCLUIR A JUECES CIUDADANOS EN BOLIVIA

Spanish People Daily de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)
                                
El fracaso de los jueces ciudadanos por convertirse en un elemento que alimenta la retardación de justicia motivó al Órgano Judicial a plantear un proyecto de ley para prescindir de estos "jurados del pueblo" que nacieron al amparo del Código de Procedimiento Penal aplicado en Bolivia desde junio de 2001.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas, explicó a Xinhua que el proyecto de ley denominado "Para el descongestionamiento y efectivización del sistema penal" tiene entre sus principales puntos la eliminación de los jueces ciudadanos.
Considera que, en su criterio, se ha evidenciado en los hechos y a través de denuncias que estos jueces contribuyen a la dilación de la justicia y, por tanto, al elevado índice de carga procesal pendiente.
"La implementación de los jueces ciudadanos, que en su momento se presentó como un elemento revolucionario de la justicia, no fue tal, sino que ha sido un fracaso; no han contribuido como debieron hacerlo porque, además, ese sistema no se acomoda a nuestra cultura", aseveró.
Señaló que las condiciones de Bolivia respecto de otras naciones desarrolladas donde existen los jueces ciudadanos nos son iguales, por varios factores desde cultural, nivel de formación, económico, falta de apoyo estatal, amedrentamiento, escasez de tiempo, trabajo y otros.
"De acuerdo a la fundamentación del proyecto de ley que ha sido trabajado en el Órgano Judicial en coordinación con el Ejecutivo, señalan que la mayoría de los tribunales de sentencia tardan en su conformación muchos meses, lo que lógicamente genera la retardación de justicia", afirmó el legislador.
Además, dijo que hay casos en los que se han tenido que recorrer juzgados, primero por capitales de departamento y luego provincias, por el tema de recusaciones y excusas.
Otro de los argumentos es que los jueces ciudadanos no se presentaban por falta de información, nivel de formación, ocupación laboral, lo que impedía una pronta conformación de los tribunales de sentencia.
Se evidenció también que muchos ciudadanos tenían temor de enfrentar delincuentes peligrosos.
"Estos argumentos han obligado a hacer un análisis serio para que desaparezcan los jueces ciudadanos, porque no han contribuido a una justicia rápida, sino (que) han sido parte fundamental para la retardación de justicia", aseveró, al manifestar que se pretende una justicia rápida.
En su explicación ante los diputados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, dijo que la ley que propusieron denominada "Para el descongestionamiento y efectivización del sistema penal", permitirá descongestionar los procesos penales en sus etapas investigativa y cautelar.
Von Borries precisó que la propuesta legal modifica parcialmente el Código de Procedimiento Penal, lo que permitirá frenar el uso abusivo de las excusas, recusaciones, excepciones e incidentes que interrumpen el normal desarrollo de los procesos.
Además, dijo que se ordena que, mientras dure el proceso de descongestionamiento judicial, el Tribunal de Sentencia pueda funcionar con un juez técnico y dos jueces ciudadanos en los procesos en curso, pero en los nuevos no participarán más los jurados del pueblo.
CUESTIONAMIENTOS
Por su parte, la ex diputada opositora y experta penalista Norma Piérola dijo que estas leyes son "parche" cuando se precisa de una reestructuración general de la justicia.
"La retardación de justicia se incrementó en esta gestión por la politización de este órgano y la falta de capacidad de los que están dirigiendo el Órgano Judicial", aseveró.
La asambleísta mencionó que las autoridades nacionales estarían tratando de copiarse el procedimiento judicial que existe en Cuba.
"Uno de los grandes avances que tuvimos en la justicia boliviana para igualar a todos los países del mundo que cuentan con ese mecanismo fueron los jueces ciudadanos, y ahora eliminarlos considero que es un retroceso", añadió Piérola.
Por su parte, el abogado experto en temas penales, Raúl Paniagua, consideró que con esta acción se estarían afectando a la participación ciudadana que está avalada en la Constitución Política del Estado (CPE).
A decir del jurista, se estaría dando un retroceso en la justicia boliviana al evadir la participación de los jueces ciudadanos.
Asimismo, dijo que se estaría atentando (contra) la democratización del Poder Judicial.
"El 85 por ciento de los detenidos no tiene sentencia, pero no por culpa de los jueces ciudadanos, sino de los jueces de la etapa preparatoria del juicio.
"Es un peligro porque se violentaría sin duda el control social", dijo Paniagua, al resaltar que el Estado debería invertir más en recursos humanos y económicos para una buena administración de la justicia.
Los jueces ciudadanos fueron insertados al sistema judicial en 1999 con el nuevo Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, en 2011 se conformó una comisión codificadora para elaborar otro Código Procesal Penal que excluya a los jueces ciudadanos, debido a las varias críticas por parte de las autoridades judiciales y de gobierno por la retardación de los juicios.  





Pedro Arenas, exalcalde

'PUTUMAYO FRACASA EN ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS'

El exmandatario, hoy en el Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, dice que estrategia para erradicar coca está ligada a la llegada del extractivismo y es la causa de las manifestaciones que duraron más de 50 días.

El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
                             
Pedro Arenas García fue alcalde de San José del Guaviare, es un reconocido líder comunitario y miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, una organización internacional que monitorea, entre otras, la problemática de las erradicaciones forzosas manuales y aéreas, los modelos de desarrollo rural Integral y los procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos, pequeños agricultores, indígenas, colonos. En Costa Rica, durante la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas, Arenas habló con El Espectador sobre el fracaso de las estrategias de lucha contra cultivos ilícitos, que implicó la llegada de proyectos extractivistas y las protestas sociales.
¿Cómo explica este paro desde la política estatal contra los cultivos de coca?
En el Putumayo hay un indicio cada vez más claro de una asociación entre la política de reducción de oferta, basada casi de forma exclusiva en métodos de erradicación forzada como las fumigaciones o las erradicaciones manuales no concertadas, con la llamada locomotora minero-energética. Las dos demandas principales de la población lo reflejan: no más erradicación forzada, paren las fumigaciones aéreas contra pequeños cultivadores de coca, no más expansión del extractivismo, en un ecosistema frágil como el del pie de monte amazónico, donde hay resguardos indígenas y gran variedad de recursos naturales asociados a la diversidad propia de nuestra amazonia.
Pareciera que las operaciones de erradicación de cultivos hubiesen tenido en muchas partes del país el propósito de sacar corriendo a las comunidades campesinas, que en efecto lo hacen y así lo muestran las cifras de desplazados internos. Ante la quiebra de su economía de subsistencia basada en la hoja de coca, se fueron y el territorio quedó libre para el ingreso de acaparadores de tierras y luego para la llegada de la extracción de recursos naturales a gran escala, sea petróleo o minería, como se ve en el Chocó, en el Meta, Cauca, Nariño, Norte de Santander. Lo manifiestan las comunidades campesinas cuando protestan.
¿Qué ofrece el Estado?
Putumayo ha sido uno de los escenarios más importantes del país en materia de la llamada ‘sustitución de cultivos’. El lenguaje sustitucionista, que a principios de los 90 nos vendieron a través de programas como el Plante, luego se manifestó en Familias en Acción o apoyos de la ONUDD, y después, más fuerte en el caso del Putumayo, a través de Usaid en medio del Plan Colombia. Putumayo es uno de los casos ejemplarizantes de la falta de éxitos en inversiones para la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Hay un mundo de elefantes bancos: construcciones de plantas procesadoras de productos sutitutos que, se supone, las comunidades iban a emprender de manera masiva.
También se evidencia una contradicción entre el estímulo que se quiere dar a comunidades que están dejando atrás la coca, con los programas de erradicación forzada: cultivos alternativos de piña, pimienta, cacao, caucho, en muchas regiones de Colombia han sido fumigados. Hay varios casos en Cauca, Guaviare, Nariño y más recientemente en Putumayo, donde en una cooperativa de mujeres dedicadas a sembrar piña como alternativa económica, hubo fumigaciones.
Lo tercero, para entender el Putumayo, es que las meras inversiones en el fomento de cultivos sustitutos no bastan si no están asegurados mercados, si no hay infraestructuras carreteables, si no hay buenos precios, y eso se ata con la problemática en general del sector agrario colombiano. El tal paro agrario del año pasado hacía notar que hay desarreglos del mercado incluso para cultivos lícitos en los que se sustentan economías campesinas muy viejas, como la boyacense o cundinamarquense. Eso tiene una relación directa con la expansión de cultivos ilícitos y de alguna forma es desmotivante, cuando el lenguaje oficial invita a la gente a dejar atrás la coca para que siembre maíz, yuca o plátano.
El Putumayo muestra que no basta con que la estadística oficial presente que antes había 160 mil hectáreas de coca y ahora 50 mil, y que eso sea el grandioso éxito de la política colombiana, que incluso se ha querido exportar. No basta reducir el área sembrada si las condiciones objetivas que permiten la siembra persisten, en un ambiente de alta conflictividad no sólo armada sino social, como lo evidencian todos estos paros.
¿Qué traen a largo plazo esos resultados en la disminución de cultivos de coca?
Entramos en los éxitos de la política antidrogas colombiana, basados principalmente en reducción de la oferta, aunque no se puede negar que las autoridades han hecho a veces énfasis en interdicción en ríos y destrucción de laboratorios. Miremos desde la década de los 80, cuando Colombia no era un gran productor de coca, no tenía tanta extensión sembrada, sino que importaba pasta base de Perú y Bolivia y refinaba en Colombia, en sitios como Tranquilandia, y exportaba cocaína. La manipulación de los cultivos con fines comerciales fue muy fuerte en los 90, cuando los cultivos más se expandieron, así llegamos a la ‘capital mundial de la coca’ en Miraflores (Guaviare), y arrancan por ahí las fumigaciones sobre el 94. Para fines de los 90 los cultivos se trasladaron a Putumayo, luego a Nariño, y empieza toda esta migración de un sitio a otro: fumigación, resiembra.
Hemos sido campeones de reducción de hectáreas, pero también de resiembra. También hay que mirar en un periodo de tiempo más largo y hacia las especialidades de cada país de la región andina en términos globales. Sumados los tres países, seguimos satisfaciendo la demanda internacional de cocaína. Desde el punto de vista de la ONU, no se puede mirar sólo el caso colombiano, lo tendrán que ver más hemisférico y atender a cosas como la producción total o los volúmenes exportables. Ahí ya es distinto, es en dónde hemos puesto los énfasis y qué hemos facilitado desde las estrategias gubernamentales.
¿Cómo ha afectado la vida del campesino esa persecución a los cultivos?
Hay daños a cultivos y cultivadores, que han implicado violaciones a los derechos humanos y mayores áreas deforestadas de ecosistemas frágiles. La persecución de los cultivos ha llevado a que algunos de estos se instalen en zonas protegidas, desde páramos en el caso de la amapola hasta coca en parques naturales o resguardos indígenas, y ha llevado también a un debilitamiento de las institucionalidades locales y las autoridades territoriales. Esto último se pone de manifiesto en Putumayo en la reforma al sistema de regalías que dice: pasamos de producir 9 mil barriles de petróleo a 40 mil, pero eso no nos ha representado mayores ingresos como departamento. Tenemos más producción, pero los gobernantes no pueden hacer más inversiones porque el nuevo sistema centralizó esos recursos.
Esta estrategia nos ha llevado a una militarización de la vida local en las comunidades productoras. En el Putumayo, todo se ha concentrado en seguridad. La estrategia de fondo estaba enfocada en quitarle a las guerrillas la fuente de financiación que pueden obtener de los cultivos ilícitos, con sus impuestos y su participación en la cadena, asuntos que se aceptan más claramente al aparecer en la mesa de diálogo en La Habana, pero eso no ha llevado seguridad para esas poblaciones.
¿La estrategia de seguridad también se puede entender en función de los proyectos extractivos?
El alcalde de Puerto Asís, en una entrevista en El Espectador, acepta que ha habido un incremento del pie de fuerza militar, mayores instalaciones, pero para cuidar las inversiones de petróleo: un pozo petrolero, un batallón. Eso implica que la seguridad está en función de esa economía extractiva más no de la seguridad de la población. Hay otros daños como el desplazamiento forzado de población, en zonas donde se aplican programas antidrogas. Esa economía ilegal más las políticas interdictivas ocasionan aumento de homicidios y de otro tipo de violaciones graves.
También, desde el punto de vista jurídico, el encarcelamiento de campesinos cultivadores. Las cárceles de Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, tienen a muchos capturados en operaciones en cultivo o pequeños laboratorios. Ese conjunto de daños causados a estas poblaciones invitaría en cualquier país civilizado a revisar lo que se ha estado haciendo, que es lo que de fondo reclaman las comunidades campesinas del Putumayo. No sólo es que les digan: aquí hay plata para ya no sembrar coca sino plátano, sino que hablen de los derechos de esas poblaciones y cómo podría haber cambios en ese sentido.
Recordemos que Colombia es el único país del mundo donde hay fumigaciones.
En Marruecos se quiso implementar un programa de fumigaciones y la monarquía no aceptó. En Afganistán, que años después de la invasión estadounidense sigue siendo el principal productor de amapola en el mundo, EE.UU. propuso un programa de fumigaciones, pero tampoco lo aceptaron. Perú quiso hacer un intento pero no lo puso en práctica. En muchas otras partes hay programas de erradicación, pero no con el método de envenenamiento aéreo de tierras.
El discurso que ha pretendido justificar esto ha sido la complejidad del conflicto interno, los riesgos de seguridad de los erradicadores manuales. Se argumenta que los campesinos con sus cultivos generan un daño ambiental cuando agregan insecticidas, herbicidas, y en los lugares donde transforman coca en pasta base. Pero uno no puede justificar un mal mayúsculo porque el otro está haciendo un mal. Este argumento, en muchos otros países, se ha empleado para negarse a la fumigación aérea. Colombia es el único que sigue practicando eso.
¿Cómo vulnera la fumigación aérea los derechos de los campesinos del Putumayo?
Le dije en un encuentro regional para la paz al alcalde de Puerto Asís, que ha sido alcalde tres veces, que comparara desde su primer periodo, hace 17 años, con el actual, cuántas veces ha crecido el área urbana de Puerto Asís. Dijo que casi cinco. No es porque haya mucha gente del centro de Colombia interesada por irse a Puerto Asís. Es porque población de veredas aledañas se ha visto obligada a desplazarse al casco urbano. Figuran en el sistema de población desplazada.
También se ha visto, en las áreas fumigadas, un cambio en el uso del suelo, que antes estuvo en tareas agrícolas y que debido a las fumigaciones se ha transformado en pastos. Por lo general ocurre en el norte amazónico, lo cual representa un nuevo foco de tensión porque está probado que, con coca, una familia campesina se puede sostener hoy con una hectárea y media sembrada. No ocurre lo mismo con ganadería: una familia para sostenerse con ganado tiene que tener una extensión en pradera mucho mayor para alimentar unas cuantas vacas, debido a la calidad de los suelos y los modelos de rendimiento ganadero. Esto implicará que revisemos cosas como el ordenamiento territorial.
Hay poblaciones que son fumigadas y que, al no tener más oportunidades, lo que hacen es migrar más adentro de los bosques y selvas, a tumbar y restablecer un cultivo de coca. A veces tratan de ir más lejos para escapar a las autoridades. Eso lleva a una ampliación de la frontera agrícola, puntas de colonización muy activas que no hemos logrado frenar. Hay en el Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada
¿Cómo sería un modelo de desarrollo alternativo que funcione en el Putumayo?
Tengo esperanzas en lo acordado en el punto cuatro en La Habana. Las partes generaron unos considerandos que implican reconocer que este problema tiene variables como pobreza, falta de acceso a tierras, desempleo, situación de marginalidad, poca presencia institucional en territorios donde se produce, vulneración de derechos de las poblaciones.
El acuerdo plantea dar un tratamiento diferente a poblaciones mas vulnerables, llámese campesinos cultivadores, indígenas y usuarios de drogas. El negocio está en los que la procesan con fines comerciales de gran escala, los que la transforman en clorhidrato de cocaína o los que la exportan o están ligados al trafico nacional o internacional. Para las poblaciones más vulnerables hay que establecer un tratamiento que implica consideraciones sociales y económicas. Para los que se lucran hay que establecer una política criminal.
Este acuerdo del punto cuatro implica un enfoque territorial con altísimas dosis de participación comunitaria. Lo que me parecen novedoso es que se harían asambleas comunitarias y municipales para establecer planes comunitarios y municipales de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Obviamente también plantean la creación de una institucionalidad para atender esos programas, un programa nacional de desarrollo integral alternativo.
¿Cómo ven esto las comunidades?
Con algo de desconfianza y expectativa. Desconfianza porque en departamentos como el Putumayo las guerrillas siguen muy beligerantes. Eso socava la confianza de la gente en el proceso y a algunos los lleva a pensar que no hay voluntad de poner fin al conflicto. Pero también la desconfianza de hasta qué punto nuestro Estado va a cumplir los compromisos y la implementación de los acuerdos. Muchos líderes campesinos de las zonas productoras dicen que lo que pasa es que el gobierno no cumple acuerdos que se hicieron hace años.
Hay que revisar cuántos paros hubo en el Putumayo en los últimos 20 años y cuántos acuerdos ha firmado el gobierno con las comunidades que han hecho paros, y cuántos de esos compromisos se han cumplido. Como es posible que, por ejemplo, en una región como el Catatumbo, en el paro del año pasado, uno de los reclamos era que el gobierno cumpliera los acuerdos hechos en 1996. O que el paro del Cauca de principios de 2000 exigiera compromisos del año 99. O los indígenas, que cuando bloquean la Panamericana le dicen al gobierno que hace dos, cuatro, seis años se comprometió a hacer cosas que no cumplió. Eso socava la confianza de la comunidad, no solo por la conflictividad sino por las acciones institucionales.
¿Cómo cambiará las cosas una posible firma del fin del conflicto?
Lo de La Habana es una novedad porque siempre se ha argumentado: no podemos cumplir con las inversiones porque allá está la guerrilla, el conflicto no permite entrada de funcionarios, las institucionalidades no alcanzan. Ahora, si se firma el fin del conflicto, ya no existiría esa excusa. Luego vendrán cosas como la coordinación interinstitucional, la bolsa de recursos que se tendría que juntar para inversiones que demanden estas comunidades. Esos principios deben estar adelante a la hora de pensar en un plan de desarrollo alternativo en el Putumayo. El principio del dialogo, la inclusión de todos, de gremios económicos y producción, una serie de voluntades políticas desde el nivel territorial hasta nacional, la coordinación institucional, la concurrencia de recursos.
¿Y luego las discusiones particulares sobre las alternativas para cada comunidad?
Sí, las discusiones más propias de los agrónomos y demás. Esto se ha querido hacer al revés: se dice que el suelo de tal vereda es apto para que siembren pimienta, entonces siembren pimienta, sin considerar el resto de factores, por eso muchas veces se ha caído en fracasos. Hay que poner unos principios antes, de hecho la ONU lo aceptó en una cumbre realizada el año pasado en Lima, en la que se establecieron los principios rectores del desarrollo alternativo, que ya son una especie de ley en el sistema de Naciones Unidas. Unos principios que incluyen democracia, dialogo, concertación y demás. En el caso colombiano, en las puntas de colonización, es lo que le va a agregar un condimento a toda esta discusión.
Pero hay zonas donde definitivamente ningún otro renglón económico puede implementarse. Hay zonas del país donde lo único es la coca. La hoja de coca para pasta base. Eso puede sonar a sacrilegio, pero hay partes donde habrá que pensar en sistemas de gradualidad, donde no obliguemos a las comunidades a la ‘coca cero’, sino que las ayudemos a buscar salidas lícitas pero manteniendo una parte de su predio con coca. Ayudar a que vayan saliendo de la coca con la misma coca. Parece raro, pero en la mayoría de zonas la gente ha empleado los recursos que le ofrece el cultivo de coca bien para su sostenimiento familiar, como la compra de los alimentos, vestuario, salud, transporte, y en algunas oportunidades como un recurso que inmediatamente se traslada a un ahorro directo, no por medio de bancos, sino que el ahorro son vacas. Es decir, la gente traslada lo que le ofrece la coca al ganado, y el ganado se constituye en el ahorro. Muchos han logrado trasladarse de coca a ganadería sin ningún apoyo gubernamental, con apoyo de la misma coca.

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