ASÍ SERÁ EL TREN QUE TRANSFORMARÁ EL COMERCIO EN AMÉRICA LATINA: UNIRÁ CINCO PAÍSES Y CONECTARÁ EL ATLÁNTICO CON EL PACÍFICO
El
trazado principal pasará por las ciudades de Campo Grande (Brasil), Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) y La Paz, para luego cruzar hacia Desaguadero y
finalmente llegar al puerto peruano de Ilo. Con esta conexión, los países
podrán transportar productos agrícolas, minerales e industriales de un océano a
otro en menos de 10 días, una reducción significativa respecto a los 30 días
promedio que demora el comercio marítimo.
América
Latina se prepara para uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos
de su historia: el Tren Bioceánico de Integración, una vía ferroviaria que
busca unir el océano Atlántico con el Pacífico atravesando cinco países del
continente.
La
iniciativa promete revolucionar el comercio regional, reducir costos logísticos
y fortalecer los lazos económicos entre Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y
Argentina.
El
megaproyecto, impulsado principalmente por Bolivia y Brasil, pretende
convertirse en una alternativa eficiente al transporte marítimo, permitiendo
que las exportaciones sudamericanas lleguen a Asia y Europa en menos tiempo y
con menores costos.
Un
corredor ferroviario que atravesará el corazón de Sudamérica
El
Tren Bioceánico de Integración recorrerá más de 3.700 kilómetros desde el
puerto de Santos (Brasil), en el Atlántico, hasta el puerto de Ilo (Perú),
sobre el Pacífico. En su trayecto atravesará el territorio boliviano, con
ramales que se extenderán hacia Argentina y Paraguay, integrando así el Cono
Sur en una misma red ferroviaria.
El
trazado principal pasará por las ciudades de Campo Grande (Brasil), Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) y La Paz, para luego cruzar hacia Desaguadero y
finalmente llegar al puerto peruano de Ilo. Con esta conexión, los países
podrán transportar productos agrícolas, minerales e industriales de un océano a
otro en menos de 10 días, una reducción significativa respecto a los 30 días
promedio que demora el comercio marítimo.
Objetivos
y beneficios del Tren Bioceánico
El
proyecto tiene como objetivo impulsar la integración económica de América del
Sur, reducir los costos logísticos del comercio exterior y potenciar el
desarrollo de las regiones interiores, muchas de las cuales permanecen aisladas
de los grandes centros portuarios.
Entre
sus principales beneficios se destacan:
1. Menor tiempo de transporte entre Asia y
América del Sur.
2. Aumento de la competitividad de los
productos regionales.
3. Generación de empleo durante la
construcción y operación del tren.
4. Desarrollo económico local en las zonas
rurales atravesadas por la vía.
5. Promoción del turismo y la conectividad
entre los países del bloque.
Una
inversión millonaria con interés internacional
El
costo estimado del Tren Bioceánico supera los 10.000 millones de dólares, y ha
despertado el interés de potencias como China y Alemania, que han ofrecido
apoyo técnico y financiero.
Mientras
China busca fortalecer sus rutas comerciales hacia América Latina, Alemania ha
mostrado disposición a aportar tecnología ferroviaria avanzada y experiencia en
grandes obras de infraestructura.
El
financiamiento se encuentra en evaluación, y los gobiernos participantes
analizan distintas modalidades de cooperación público-privada para concretar el
proyecto sin comprometer la estabilidad fiscal de los países involucrados.
Bolivia,
eje central del megaproyecto
Bolivia
ocupa un papel clave en el trazado, ya que su territorio servirá de conexión
natural entre Brasil y Perú. Para el país, el proyecto representa una
oportunidad histórica: recuperar su acceso estratégico al mar mediante una
infraestructura que le permita participar activamente en el comercio
internacional.
El
Gobierno boliviano ha liderado las gestiones diplomáticas para garantizar la
viabilidad técnica y ambiental del tren, y mantiene reuniones periódicas con
los demás países involucrados para coordinar la planificación de obras.
Estado
actual y próximos pasos
Aunque
el proyecto se encuentra en fase de planificación, en 2025 los gobiernos de
Bolivia, Brasil y Perú retomaron los estudios de factibilidad técnica y
ambiental. El objetivo es iniciar la primera etapa del corredor en los próximos
años, priorizando los tramos que presentan mayor viabilidad económica y
logística.
Los
países participantes también buscan la cooperación de organismos
internacionales y bancos de desarrollo para asegurar el financiamiento y la
supervisión de la obra.
BOLIVIA
CERRÓ EL CAMBIO, COMIENZA LA RESTAURACIÓN
Insurgencia
Magisterial (https://n9.cl/llt64)
El
eslogan «Dios, Patria, Familia», utilizado con frecuencia por el fascista
Benito Mussolini, marcó el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, con el que se
espera el comienzo de la llamada restauración del sistema que había dominado
Bolivia desde su fundación y que se creyó superado desde 2005.
Paz
ganó la primera vuelta de las elecciones generales el 17 de agosto pasado con
1.717.532 votos (32.06%) y se impuso en la segunda vuelta —la primera en la
historia de Bolivia— con 3.519.534 votos (54.96%).
En
su discurso el nuevo presidente advirtió que, para «ordenar la casa», “no serán
decisiones fáciles”, porque el país no puede continuar con el despilfarro. Paz
afirmó que “la platita tiene que ser para hospitales, para colegios, para el
trabajo y no para la farra de políticos”.
“No
podemos mentir, y se lo digo con contundencia, a los dos presidentes de los
últimos 20 años de este régimen. El malgasto de 60.000 millones de dólares del
gas y tener una deuda de más de 40.000 millones de dólares interna y externa no
fue algo correcto. Nos traicionaron, y la traición se paga en Bolivia, porque
es el costo que tienen los más humildes”, dijo.
Según
el mandatario, “la corrupción se volvió sistema y la mentira, política de
Estado”.
Paz
cuestionó la falta de resultados en la administración de los recursos naturales
y lanzó una interpelación directa: “¿Dónde está el mar de gas? ¿Dónde está el
litio? ¿Evo, dónde está el litio? ¿Arce, dónde está el gas?”
La
policía como actor principal
Hasta
ahora, en todos los actos oficiales el centro de los eventos lo ocupaban los
militares, considerados defensores de la soberanía nacional. Esta vez, los
militares no estuvieron presentes en la toma de mando y su lugar fue
reemplazado por policías con características militarizadas.
Paz
fue posesionado en el nuevo edificio de la Asamblea Plurinacional por Edmundo
Lara, el excapitán de Policía que asistió al acto con un uniforme de la
institución de la que fue dado de baja, según él, por denunciar corrupción.
Lara se convirtió así en el primer vicepresidente en asumir su cargo con
uniforme en 61 años. El último fue René Barrientos Ortuño, en 1964, quien
después lideró el golpe que destituyó al entonces presidente Víctor Paz, tío
abuelo del actual mandatario.
La
Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos emitió un comunicado en el que
expresó: «Hoy históricamente somos honrados y representados al haber logrado en
justas electorales tan alta investidura, por lo que le brindamos nuestro apoyo
incondicional y beneplácito a su decisión de asistir al acto de su posesión
vistiendo el uniforme M10 de gala».
En
su discurso de posesión Lara insistió varias veces en el tema del uniforme.
La
biblia regresa al Palacio
La
toma de posesión marcó el retorno de la Biblia al palacio de gobierno, una
demanda de los sectores de derecha en Bolivia, a pesar de que la Constitución
Política define al Estado como laico. El artículo 4 del texto fundamental
precisa que “el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de
creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones” y agrega que “es
independiente de la religión”.
Bajo
este mandato constitucional, el Estado laico boliviano debería abandonar sus
tradicionales ropajes católicos, y no es admisible, en teoría, escolta militar
en procesiones, ministros comulgando en actos oficiales, crucifijos y biblias
en los juramentos de autoridades o acceso privilegiado de obispos a salones
presidenciales.
Sin
embargo, legisladores de Santa Cruz y La Paz pidieron la reposición de la
Biblia y del crucifijo para el juramento en la primera sesión preparatoria de
la Cámara de Diputados. Aunque un legislador de Beni cuestionó la decisión por
contravenir la naturaleza laica del Estado, desde la directiva ad hoc de la
Cámara Baja se explicó que la medida obedeció a una votación del pleno.
Dime
con quién andas…
La
posesión marca un cambio en la orientación política de Bolivia hacia la
derecha. Uno de los invitados de honor a la transmisión de mando en La Paz fue
el mandatario argentino, Javier Milei, quien mantuvo una amena reunión con Paz,
intercambiaron presentes y se comprometieron a retomar una agenda común.
Mientras
tanto, el vicepresidente Lara envió un saludo especial al presidente de El
Salvador, Nayib Bukele, considerado de ultraderecha por sus posturas en
seguridad ciudadana, contrapesos democráticos y conservadurismo social.
En
Latinoamérica versiones del eslogan «dios, patria y familia» fueron y todavía
son utilizados por líderes de extrema derecha como Jair Bolsonar, Javier Mile,
Nayib Bukele y el candidato presidencial de la derecha chilena José Antinio
Kast.
La
omisión indígena
En
sus discursos de posesión, ni Paz ni Lara se refirieron en ningún momento a los
pueblos indígenas, que según el último censo representan más del 42% de la
población boliviana.
En
el lenguaje de las señales, Lara fue el más explícito. No solo por su uniforme
de policía en la posesión —aunque dijo que sería la última vez que lo usaba—,
sino también por un saco de estilo colonial con el que recibió sus credenciales
como vicepresidente electo.
Los
cambios simbólicos: el reloj y la wiphala
El
reloj del sur, instalado en la Plaza Murillo durante el gobierno de Evo
Morales, no era solo un artefacto mecánico. Era un símbolo que al invertir el
sentido de las agujas, rompía con la noción eurocéntrica del tiempo lineal. Ese
reloj representaba un acto de rebeldía epistemológica: un gesto que decía que
el Sur también podía marcar su propio tiempo, el pachakuti, el tiempo cíclico
de las culturas originarias.
A
pocas horas de la posesión de Paz ese reloj se convirtió en un reloj común; se
ha producido un acto simbólico de restauración del orden. El Sur vuelve a girar
hacia el Norte. Desde la filosofía política, este cambio puede leerse como un
acto de resignificación involutiva: se abandona la idea de un tiempo plural
para retornar al tiempo único del capitalismo global.
En
el acto de posesión no se vio la wiphala, bandera de los pueblos aymara y
quechua convertida en emblema nacional según la Constitución de 2009. La
bandera fue retirada de la fachada del palacio de gobierno horas antes de la
toma de posesión de Paz.
Vuelve
el embajador de USA y también la DEA
Luego
de una reunión con el presidente Rodrigo Paz, el subsecretario de Estado de los
Estados Unidos, Christopher Landau, anunció que La Paz y Washington repondrán
embajadores, nivel de relación que se interrumpió en 2008.
“Vamos
a restablecer las relaciones a nivel de embajador, como siempre debería de ser.
Ha sido muy insólito que no hayamos tenido embajadores en nuestras capitales.
Creo que eso es un paso muy importante y espero que podamos anunciar
embajadores ya muy pronto”, aseguró Landau en un español fluido.
Bolivia
y Estados Unidos no cuentan con embajadores desde el 12 de septiembre de 2008,
cuando el Gobierno boliviano declaró persona no grata al embajador Philip
Goldberg por una supuesta injerencia en asuntos internos.
En
la misma conferencia, el presidente Paz afirmó que no solo la Administración
para el Control de Drogas (DEA), sino “todos los organismos que garanticen la
seguridad de los bolivianos pueden llegar al país”. La DEA fue expulsada en
2008, acusada de conspirar contra el gobierno.
Landau
también señaló que “Bolivia es un país que puede beneficiarse de inversión
extranjera”. Al respecto, el presidente Paz recordó que de los $us 115.000
millones de inversión extranjera que llegó a la región en 2024, Bolivia solo
captó $us 240 millones. “Somos una isla en el mundo. Nadie invierte en Bolivia,
nadie cree en Bolivia”, lamentó.
Arce
se fue por la puerta de atrás
En
la víspera, Luis Arce y David Choquehuanca, ex presidente y ex vicepresidente,
cerraron un ciclo histórico de casi 20 años. Habían sido elegidos por
abrumadora mayoría en 2020, pero parecieron salir por la puerta trasera dejando
como recuerdo el hecho de haber generado las condiciones para el fin del
proceso del cambio y el inicio de la “restauración”.
Vendrá
un nuevo ciclo para la izquierda para “volver a ganar las calles” lo que
permitirá, en el futuro, el retorno al gobierno, dijo Arce, quien se va
agobiado por denuncias de corrupción sobre su familia.
“Estamos
contentos de haber cumplido con nuestros jilata (David Choquehuanca) estos
cinco años que marcan, en realidad, no un final, sino el inicio de la lucha de
todos y cada uno, del pueblo boliviano que va a volver a ganar las calles para
volver a entrar aquí a la Casa Grande”, dijo.
EL
DILEMA DE LA WIPHALA EN BOLIVIA
Aporrea
de Venezuela (https://n9.cl/i92ve)
El
Estado Plurinacional de Bolivia está en un dilema, y así estará durante los
próximos años. Dicho dilema se debe a que un sector de la sociedad boliviana
está a favor de que la bandera de los pueblos indígenas, conocida por el
vocablo aymara de wiphala, siga siendo un símbolo nacional, mientras que hay
otro sector que está en contra.
Y
esto se desprende del hecho de que, desde febrero del año 2009, hasta noviembre
del año 2025, la wiphala fue izada en el Palacio Quemado, sede del gobierno
nacional boliviano, y utilizada en los diferentes actos protocolares realizados
en territorio de este país sudamericano, gracias precisamente a lo establecido
en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009.
Sin
embargo, con la llegada al poder de Rodrigo Paz, del Partido Demócrata
Cristiano, todo comienza a cambiar. El nuevo gobierno sólo quiere ver izada la
tradicional bandera tricolor, conformada por tres franjas de color rojo,
amarillo y verde. La wiphala ha sido cesada en sus funciones, y en lo adelante,
sólo será cargada sobre sus hombros por las comunidades indígenas de Bolivia.
Este
punto de inflexión marca la confrontación entre dos visiones geopolíticas
diferentes para Bolivia. Porque detrás de estos hechos relacionados con el
simbolismo, están sendos proyectos y modelos de desarrollo contrapuestos, que
seguramente derivarán en una intensa dinámica geopolítica, caracterizada por
marchas y contramarchas, y de seguro, actividades protestatarias de calle.
Porque
no hay que olvidar que Bolivia es, efectivamente, un Estado Plurinacional,
donde conviven los criollos mestizos, que representan más o menos el 43 % de la
población total, y más de 30 etnias que suman el 57 %, entre las que destacan
los aymaras y los quechuas.
Así
que, esta bandera ajedrezada multicolor, que tiene su historia y su valor
cultural, conocida como wiphala, dará de que hablar durante los próximos años.
Posiblemente sea izada de nuevo en el Palacio Quemado.
CAPITALISMO
PARA TODOS
El
capitalismo para todos será todo lo contrario al socialismo del siglo XXI.
Prensa
Libre de Guatemala (https://n9.cl/xnmloz)
Conocí
el Departamento de Santa Cruz en Bolivia en septiembre de 2022 por un asunto de
trabajo. Me agradaron mucho el lugar, la gente y la actividad económica. En
aquella ocasión me decían que en esa parte de Bolivia la ideología marxista de
Evo Morales no había logrado establecerse porque la naturaleza de los
ciudadanos no lo permitía ya que eran personas que defendían la vida, la
familia, la libertad y la propiedad privada, y que sabían que la única forma de
tener ingresos era trabajando. Santa Cruz es uno de los nueve departamentos de
Bolivia, y es más que tres veces el tamaño de Guatemala, solo que con 3.1
millones de habitantes. La mayoría vive en la capital del departamento: Santa
Cruz de la Sierra.
La
capital de Bolivia es La Paz, que está ubicada en el departamento de La Paz. El
departamento es un poco más grande que Guatemala, pero con solo tres millones
de personas. En la capital está la sede del Gobierno y de los poderes
Legislativo y electoral. Se encuentra a tres mil 650 metros sobre el nivel del
mar. No conozco La Paz, pero entiendo que la actividad económica no es
comparativa con la de Santa Cruz.
En
marzo de este año fui a Santa Cruz nuevamente. Encontré un cuadro muy
desagradable para los ciudadanos. Filas y filas de vehículos buscando cómo
abastecerse de combustible. Horas de horas en esas filas, hasta durmiendo en
los vehículos. También encontré un país sin divisas, producto de una mala
gestión que Evo Morales le atribuye a su exministro y ahora expresidente Luis
Arce. La falta de dólares y la falta de combustible se deben exclusivamente a
un muy mal manejo de la cosa pública durante tantos años. Eso es, en resumen:
presupuestos gigantes desfinanciados, corrupción, exceso de funcionarios
públicos y falta de políticas públicas sensatas que los llevaran al camino de
la producción y la productividad.
Bolivia
tuvo elecciones presidenciales en agosto y en octubre (2a. vuelta), donde
triunfó el senador Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora
(1989-1993). El partido MAS, del cocalero Evo Morales, perdió y no solo perdió
la elección presidencial, sino que prácticamente fueron eliminados del
Parlamento y muchos espacios políticos. Rodrigo Paz ofreció el Capitalismo para
Todos, que él mismo dice que será todo lo contrario al socialismo del siglo XXI
que enarboló en su momento el exmandatario Morales. El actual presidente
también ha dicho que lo que le preocupaba es el futuro de Bolivia después de
los 20 años de desastre del MAS (Morales y Arce), que dejó deuda interna y
externa de US$40 mil millones. El presidente Paz se está enfocando de inicio en
que haya combustible en el país, porque si no se resuelve eso primero, el país
no tiene movilidad. Luego viene la parte de ordenar la casa, lo cual se lleva a
cabo tomando decisiones sensatas como cortar el despilfarro de los salientes y
plantear las políticas públicas de desarrollo de país.
El
Capitalismo para Todos que propone el presidente Paz incluye una rebaja de
impuestos y aranceles, créditos baratos para emprendedores y acciones de
descentralización de la inversión para que todo el país crezca. Rodrigo Paz
tiene cinco años para darle un giro de 180 grados a Bolivia. Ya se le acercaron
países como Estados Unidos, Israel y varios más con los que el gobierno del MAS
no tenía relaciones. Él dice que Bolivia debe salir al mundo y el mundo debe
llegar a Bolivia. Eso es básico. Estoy seguro de que el sector empresarial
boliviano trabajará muy cerca del presidente y de su equipo para que juntos
logren esos grandes propósitos.
Paz
Pereira debe orientar hacia reglas claras y certeza jurídica, gestión acertada
en seguridad ciudadana e infraestructura adecuada, y manejo macroeconómico
sensato.
BOLIVIA:
DEL CAPITALISMO ANDINO” AL “CAPITALISMO PARA TODOS”
Nodal
AM de Argentina (https://n9.cl/9anybj)
Circula
entre los analistas un rumor, con apariencia de cientificidad; siendo en
realidad un relato calculado para brindarle al nuevo gobierno una legitimidad
postiza. La invención es mediática y los analistas, como sus portavoces, tienen
la misión de instalar este relato que cumple una doble función: demonizar la
gestión del MAS y canonizar anticipadamente al gobierno entrante con pompa y
circunstancia. Para ello, de nuevo, se trata de instalar una percepción
maniquea en la opinión pública: salir del infierno hacia la redención. Por eso
los analistas dictaminan y se auspicia entre líneas: “al fin el pueblo supo
elegir bien”.
El
MAS puede haber tenido todos los desaciertos, vicios y absurdos que se le
imputan, pero lo que más prima en este relato es la exageración. Recordemos, la
primera gestión del gobierno del Evo recibió un país inestable, con bajísima
credibilidad institucional y una economía raquítica. Por eso el presidente
limosnero admitía, y en cadena nacional, el tener que estirar la mano hasta
para pagar a los maestros. Él, al igual que el actual vicepresidente, se
presentó para cumplir una única función: limpiar la corrupción. Pero no supo,
ni pudo, ni quiso hacerlo. Porque la corrupción es lo institucionalizado hasta
como cultura política y social en un país que, sometiéndose a los principios
neoliberales y la cesión de su soberanía, sólo puede hacerlo corrompiéndose
hasta el tuétano (ya Andrés Soliz Rada denunció esto y el mismo poder judicial
lo metió preso). Si el MAS desinstitucionalizó la justicia, no lo hizo mejor
que el MNR, con la aplicación del neoliberalismo o la democracia pactada, que
legalizó aquella corrupción que tanto alboroto levanta en quienes olvidan, a
conveniencia, que eso proviene de mucho antes.
Y
si de narcotráfico hablamos, que es una de las más insistidas denuncias contra
el gobierno del MAS, hay que recordar que, después de las dictaduras de Banzer
y García Meza (que tuvo siempre un fuerte respaldo de los grupos de poder
camba), fue el gobierno del padre del actual presidente, Jaime Paz, el que más
episodios ligados al narcotráfico tuvo; haciendo hasta leyes en favor de
perdonazos a clanes familiares que hicieron fortunas en ese periodo. La
comedida diligencia que hace el hijo y actual presidente Rodrigo Paz a
Washington, tiene que ver con lograr el respaldo de quienes saben, con todos
sus detalles, el involucramiento del gobierno del MIR con el narcotráfico. Se
trata, como en la mafia, de pagar el tributo para comprar la absolución.
Tampoco
se dice que, el gobierno de facto que se impuso después del golpe del 2019 (con
toda la partidocracia implicada), con masacres y genocidio de por medio,
desfalcó al Estado y dejó a éste y a las empresas estratégicas, con déficits de
inicio. Pero de esto no se dice nada, pues los medios y sus analistas prefieren
hablar de un periodo democrático, desde el 1982, sin interrupciones. En el
gobierno de facto, la corrupción gozaba de total impunidad, avalado por el
mismo poder judicial que ahora ya volvió a sus cauces, es decir, a servir al
poder económico; y toda la desinstitucionalización se mantuvo, compartiendo con
todas las instancias encargadas del orden jurídico, los beneficios de la
corrupción generalizada. Resultado de ello es que, por ejemplo, hasta ahora, no
prosperan los reclamos de justicia de las víctimas. Es más, los perpetradores y
autores intelectuales de las masacres de Senkata y Sacaba, en tiempo récord y
como a pedido exprés, son liberados para asistir al juramento presidencial,
como es el caso de la Añez, la misma que firmó las “licencias para matar” a los
militares.
El
nuevo presidente le reclama al MAS dónde está el mar de gas y el litio. Pero se
olvida, a conveniencia, que siendo senador, su labor consistía precisamente en
fiscalizar al gobierno. Si desconoce aquello, ¿qué hacía un supuesto legislador
y con experiencia política (viviendo de ella también por más de 30 años) sino
incumplimiento de sus propias funciones? Además, más allá del maniqueísmo que
ha contaminado la discusión política, hay que señalar que, de los 60.000
millones provenientes del gas, supuestamente derrochados por el MAS, la mitad
de ese dinero, por razón del IDH, fue a gobernaciones y alcaldías y a las
universidades (o sea, hasta Rodrigo Paz recibió una fuerte cantidad, porque
Tarija gozaba de mayores regalías provenientes del gas); también se destinó a
la infraestructura de transporte, carreteras que, como nunca antes, se
desarrolló durante el gobierno del MAS, integrando al país.
Pero
el ensañamiento contra las gestiones del Evo tiene el sesgo de alimentar el
odio ya instalado en la percepción pública para, de ese modo, darle carta
blanca al gobierno actual. Entonces
llegamos al asunto con el que iniciamos esta reflexión. El rumor que circula
mediáticamente y que pretende mezquinamente cancelar lo logrado (por poco que
sea) y, hasta en lenguaje mesiánico, anunciando una supuesta “tierra prometida”
(con el mismo procedimiento evangelizador con el que se impuso el
neoliberalismo), es instalar, en la opinión pública, la improvisada y peregrina
idea de que “se inicia un nuevo ciclo”.
Los
cándidos analistas no tienen idea siquiera de que, lo que anuncian, no es
ningún “inicio” sino el continuismo del Estado inaugurado en la revolución del
52. Ya en otro texto hemos expuesto que, con la última versión del MAS, se
ingresaba a la decadencia del modelo de Estado republicano, que patrocinó el
movimientismo nacionalista[1]. Que el MIR, o su resto mustio, festeje su
retorno al poder en la presencia del hijo de Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz, ya
da cuenta de que, en realidad, se trata de una vuelta al pasado, ese mismo
pasado contaminado por la partidocracia y la democracia pactada.
El
nuevo presidente, aparte de ser hijo de Paz Zamora es también nieto de Víctor
Paz, el encumbrado por la revolución del 52 (sin haber sido participe de ésta)
y líder del MNR; que inicia el proceso de nacionalización de los recursos
estratégicos en Bolivia (como la minería y el petróleo), la reforma agraria, el
voto universal, etc.; pero también el mismo que después, en 1985, abraza el
neoliberalismo e inicia la privatización de todas las funciones esenciales del
Estado, privándole de soberanía y hacer que la dependencia estructural se
naturalice hasta de modo legal.
El
MAS tampoco pudo iniciar una proyección estatal que supere al movimientismo
como cultura política. Es más, también sirvió como reciclador del MIR y, de ese
modo, se preservó el carácter oligárquico-señorialista que proviene como
continuidad hasta familiar desde el 52. Por ello, como nada es casual en la
historia (si se sabe leer sus pliegues coyunturales), no es de extrañar que
esta decadencia sea ahora absorbida por el nieto. “Nuevo ciclo” sería si el
nuevo gobierno se propusiera una nueva “doctrina estatal”, asentada en lo
determinante de constituir ideología nacional. Cosa que, aunque
inconscientemente, sí hizo el MNR y, por eso, el movimientismo dura hasta el
día de hoy.
El
MAS tenía que acabar con esa cultura política, pero quedó subsumido en la peor
mezcolanza de los advenedizos que, diestros en el llunq’erío (lisonjeros,
zalameros y adulones), se colaron desplazando y desprestigiando al factor
indígena, siendo éste el imputado de todos los dislates que se cometían en su
nombre.
Nunca
gobernó el indio y la presencia del Evo fue la única garantía que buscaba ese
séquito para lucrar política y económicamente del “proceso de cambio”. Por eso
se dice que la corrupción inicial comienza en el desconocimiento del lugar de
la soberanía original. Usurpada la soberanía y el poder popular, todo lo demás
sucede por inercia; cosa que ya llegó al absurdo en el retorno del MAS con Luis
Arce. ¿Cómo se llega a esta situación después de que el pueblo autoconvocado
recuperase la democracia el 2020 y haga posible, democráticamente, una nueva
oportunidad al MAS para reencauzar el “proceso de cambio” y consolidar el
Estado plurinacional y su horizonte político?
Esta
pregunta no la hace ningún analista porque, fieles al guion mediático, se
saltan el hecho del golpe. Sin esa referencia, toda ecuación analítica
permanece atrapada en una incógnita irresoluble. Porque, además, sin la
muletilla del fraude se les cae el relato del llamado “nuevo ciclo”. Para
ataviar al nuevo gobierno como caído del cielo, necesitan inventarse un pasado
único, bajo la supuesta tiránica presencia del MAS. Por eso, en esta
impostación calculada, el continuo asedio oligárquico, que ya pretendió dar un
golpe de Estado el 2008, en pleno funcionamiento de la Asamblea Constituyente,
no existe para la mirada atascada de una rancia intelectualidad que, ahora ve
una coyuntura histórica, como si se tratase de una “epifanía bienaventurada”
(como para terminar de cerciorarnos, de una vez por todas, del perezoso oficio
que ostentan arrogantemente desde los medios).
Lo
que hubo, desde la caída del Goni, fue una persistente tarea de reponer la
cultura política del movimientismo nacionalista, pues sin ella, dejan de tener
las elites el patrimonio del Estado y el poder político. La presencia de un MIR
reciclado en el propio MAS tuvo ese papel. ¿Qué es entonces lo que de
continuismo hay en toda esta insistencia de reposición del Estado
oligárquico-señorialista? Todo se resume en esto: impedir que lo indio se
convierta en horizonte político.
Por
eso el continuo énfasis que hace toda la cultura movimientista en la
reivindicación de lo mestizo, que no se trata de una síntesis unificadora sino
calculada. Se trata siempre de la anulación de lo indio de la identidad
boliviana, la idea de nación sin presencia nacional, el argumentar contra sí
mismo como programa de vida de las elites. El señorialismo de la izquierda, que
en esta historia jugó, como siempre y para su desgracia, para el lado
oligárquico, tiene en su juramento de superioridad, la garantía de que el indio
es el único, en situación de servidumbre y obediencia –cediendo su propia
voluntad de vida–, quien legitima los privilegios de la elite colonial de ser
siempre clase dirigente.
Por
eso el MAS también forma parte del continuismo del movimientismo nacionalista,
donde lo nacional se circunscribe al proyecto dependiente-colonial de las
elites. Es decir, no hay “nuevo ciclo”, sino la reposición, ahora democrática,
del continuismo del modelo liberal republicano que impulsa el MNR. Modelo
liberal basado en el paradigma de la desigualdad humana, es decir, en la
clasificación antropológica de un humanismo selectivo y excluyente, donde el
indio es aceptado a condición de que se modernice, o sea, la autonegación como
forma de vida. Bajo diversas estratagemas, unas más despiadadas (como la que
suscribe la oligarquía camba), otras más atenuadas (como el de la izquierda
eurocéntrica), la insistencia política de las elites siempre ha creído que la
contradicción a resolver es: “civilización o barbarie”.
El
discurso y el proyecto que llevó al MAS al poder (y que nunca comprendió su
elite dirigencial) es que aquella contradicción es aparente. Y lo único que
logra es el divorcio entre lo que es verdaderamente nacional y su proyección
estatal como la objetivación del universo ético del pueblo. Eso es lo que no
deja dormir en paz al señorialismo que, en boca de Rodrigo Paz, se hace claro,
porque su repetida evocación a Bolivia, es al país que reclaman como suyo los
empresarios, a los cuales tuvo que acudir antes de asumir el mando, en el
evento “Visión Bolivia 2025”, prometiéndoles todo, como también lo hizo con los
gringos y los organismos internacionales, como el FMI.
Entonces,
cuando repetía Bolivia, Bolivia…, en su discurso de asunción al mando, era la
Bolivia que buscan repartirse los que siempre se creyeron los dueños de este
país. El vicepresidente Lara, que ya es ninguneado hasta por el protocolo de
este nuevo gobierno, le habla al “cholaje”, porque proviene de ellos. Y son
ellos que, desde la informalidad, pasando por el pequeño empresariado y el
comercio en general, sin apoyo estatal, lograron tener cierto poder económico y
encuentran en Lara un portavoz. Esa es otra Bolivia (no la otra que hablaba el
Mallku Felipe Quispe); la que, en un proceso de empoderamiento, es ya un factor
político que puede decidir resultados electorales, como el sucedido. Pero, en
este caso, el “cholaje” es un fenómeno emancipatorio, no un proyecto de
liberación. Es una apuesta de inserción en el mundo ya constituido como
objetividad moderno-capitalista, que hoy ya posee hasta su vocería intelectual
en el q’amirismo, que es lo que dio lugar a la idea peregrina del inventor de
hipótesis sietemesinas, como fue el ex vicepresidente García Linera: el
“capitalismo andino”.
Esta
propuesta no fue un exabrupto sino el resultado de una mirada eurocéntrica que
la izquierda siempre tuvo sobre Bolivia: la inclusión en el sistema excluyente,
administrada por una elite que cumpla las tareas pendientes del colonialismo,
como es la capitulación del resto crítico de lo indio constituido en sujeto
histórico-político. Esa subsunción, hasta paternalista, de la inclusión del
excluido, que aparece como un favor que le hace el propio sistema político, es
lo que la izquierda oferta al sistema, para obtener la carta de admisión en las
esferas del poder existente.
Entonces,
repetimos: no hay un “nuevo ciclo” sino el continuismo hasta patológico de una
ideología (o falsa consciencia) compartida tanto por derecha e izquierda: lo
indio como obstáculo del desarrollo. Y en esto se devela que el “capitalismo
andino” era lo que definía al MAS no como un proyecto post-capitalista sino
como el pináculo de los mitos eurocéntricos capitalistas. Cuando el Evo decía
que “el vivir bien es que todos tengan propiedad privada”, expresaba lo mismo;
por eso la yunta del intelectual y el campesino era ideal, pues ambos
expresaban el credo liberal de la modernización como paradigma político, o sea,
la destrucción de toda forma comunitaria de vida, para imponer la forma
societal del capitalismo liberal.
Dejar
de ser indios para abrazar el desarrollo capitalista y toda forma de
explotación y dominación en la producción y reproducción social, económica y
política. Ese proyecto promovido y extendido por el propio “gobierno del
cambio”, generó la aparición y consolidación de los nuevos agenciadores y
reproductores de los credos moderno-capitalistas y los convirtió en poderes
corporativos con poder de negociación con el Estado; es lo que estaba
produciendo el MAS con los cooperativistas mineros, cocaleros, transportistas,
comerciantes aburguesados, etc. Por ello el giro en la última gestión se podía
hacer pública y lo declaró el sector linerista: “el sujeto de cambio ya no es
el campesino-originario sino la clase media”. Pues lo que hicieron las medidas
estatales, sin revolución cultural, promoviendo una clase media que, en ese
ascenso, aburguesaba su horizonte de expectativas, fue generar un nuevo colchón
de reclutamiento de los prejuicios oligárquicos.
Entonces
la secuencia no es casual. Es la deducción lógica de un mismo patrón. Y tiene
que ver con aquello que se fue generando desde la asunción del MAS. El
continuismo, como restauración constante del carácter liberal del mismo Estado,
no podía sino arribar a este retroceso del horizonte de expectativas populares
y esto –para desenmascarar al componente ideológico que expropió el “proceso de
cambio”– fue un acto de sustitución de la soberanía política, para redirigir el
Estado plurinacional a la misma orientación liberal del Estado
oligárquico-señorialista.
Desde
el 2006 hemos venido denunciando este asalto al poder popular que, en las
“mesas de concertación” de Cochabamba del 2008, hizo posible el primer golpe de
Estado al “proceso de cambio”, que casi nadie vio. En esas mesas el orden
instituido se sobrepuso al poder constituyente y, de ese modo, restituyó las
prerrogativas del carácter liberal del Estado, para restaurarlo aún bajo el
auspicio de las banderas de los negados y excluidos de ese Estado: lo indio
como horizonte político. Cuando escribimos el Pensar Bolivia, vol. II, lo
subtitulamos: La reposición del Estado señorial[2], donde detallábamos ese
asalto y el auspiciado –por el propio “gobierno del cambio”– aburguesamiento
del “proceso de cambio”.
La
impostura jacobina al interior del gobierno se autoconstituyó como elite
dirigencial de un proceso que, de tener profundas raíces democráticas, fue
instrumentalizado como un nuevo reposicionamiento del movimientismo que, del
auspiciado mestizaje, ahora era transferido al “cholaje q’amirista”, que
inclina ahora sus expectativas políticas por la actual dupla gubernamental. La
inclusión en el mundo que siempre los excluyó, es ahora lo determinante para
reformar el escalafón social, pero siempre dentro de las mismas reglas de juego
que impone la clasificación antropológica moderna y su humanismo selectivo y
excluyente, es decir, la racialización de la clasificación social. Por eso los
nuevos integrantes cargan con la responsabilidad de vigilar las fronteras de
admisión selectiva en la pirámide económica.
Si
no hay entonces un “nuevo ciclo”, ¿Qué es lo que hay? Porque lo que se está
vendiendo como “nuevo ciclo” es la idea de un recomenzar, de una redención
mesiánica y hasta de un arribo a una supuesta “tierra prometida” (el racismo
prevalente en la sociedad urbana, que apostaba por Tuto, la versión más
inflexible en el escarmiento al atrevimiento plebeyo de querer un país entre
iguales, objeta a Rodrigo Paz y, sobre todo, a su vicepresidente, esa
inclinación popular que les despierta dudas de la fidelidad señorialista que
exigen). Ese supuesto “nuevo ciclo”, travestido de demagogia mesiánica, también
expresa un populismo o al oxímoron de un capitalismo con rostro humano, que era
lo que se acurrucaba detrás de la idea del “capitalismo andino”.
Para
esta izquierda eurocéntrica terraplanista (por pensar de modo lineal y no
dialectico-circular), para arribar al socialismo, se debe de impulsar los
factores civilizatorios del capitalismo, como son el desarrollo de las fuerzas
productivas, generando la presencia fuerte de la clase proletaria como
conductora de un proceso hacia el socialismo. Pero esta visión althusseriana
trasnochada, jamás fue congruente con el propio Marx que, ante las críticas de
los narodniki rusos, respondió que, desarrollar factores capitalistas, iba a
destruir las posibilidades genuinas de la comunidad rural rusa de un salto al
socialismo sin necesidad de atravesar el capitalismo.
Porque
cuando Marx señala que el capitalismo es un “modo de producción”, se refiere a
que es un modo de producir y reproducir la vida en general, no sólo la
producción mercantil. Y lo que produce y reproduce el capitalismo, son
relaciones sociales, o sea, relaciones de dominio y explotación. Y esto es lo
que genera una subjetividad social acorde al liberalismo, es decir, a la
producción de individuos divorciados de relaciones de pertenencia comunitaria,
o sea, que sólo velan por la satisfacción de sus intereses exclusivamente
particulares. Con esta clase de individuos es imposible el socialismo y peor,
una forma de vida basada en relaciones comunitarias de complementariedad,
reciprocidad y solidaridad, como es lo que proyecta el “vivir bien”.
El
gobierno del MAS nunca se propuso un Estado acorde a ese proyecto, por eso
corromperse era sólo cuestión de tiempo, porque el sistema mismo es corrupto y
brinda las condiciones para que los actores se corrompan. Por eso se trataba de
un continuismo que ahora sigue, pero de modo mas enfático y libre de la
presencia indígena, para que la continuidad sea liderada por la elite que
vuelve a la captura de lo que siempre consideró suyo y de su exclusiva
incumbencia: el destino de este país.
La
derecha, en estos 20 años de proyecto plurinacional estancado (por obra y
gracia de los mismos que estaban llamados a impulsarlo), no puede generar ni la
posibilidad de una renovación discursiva; sólo puede remitirse, incluso para
negarla, a la nomenclatura política que proviene del “proceso de cambio”. Ya no
puede objetarla ni librarse de ella. El discurso político ha sido atravesado
por la referencia ahora señalizada como el chivo expiatorio, para el componente
más fascista de la ideología oligárquico-señorialista.
El
vicepresidente Edmand Lara recurrió hasta a Tupac Katari en su discurso y el
presidente Rodrigo Paz hizo una vaga referencia a la Pachamama[3]. Y aunque
suenen como meros atavíos impostados, sobre todo en el presidente, su vigencia
retórica es innegable. Así como los analistas no pueden vivir sin mencionar al
Evo y magnificar su presencia política, así la casta política necesita de él
para justificarse en todo sentido. Esa patología describe su imposibilidad de
destetarse del “engendro” que ellos mismos han creado. Si a Arce le costó, y no
pudo, deshacerse del Evo, tampoco puede la derecha. Es un fantasma que recorre
los pasillos del poder y los sueños de sus actuales inquilinos.
En
ese sentido, para estas elites, económicas y políticas, ya sea de izquierda y
derecha, de arriba, de abajo, del centro y adentro, el pecado que no le
perdonan es hacer que el indio se ponga como un igual ante ellos y haga mejor
las cosas, hasta las no bien vistas, a tal grado de hacer que esa presencia
oligárquica sea ya innecesaria. Tuvieron que inventarse un monstruo para
transferir en éste todas sus culpas, pero no se dieron cuenta que, para crear
un monstruo, uno mismo se convierte en monstruo.
Y
eso es lo que desencadenaron los medios de comunicación, haciendo que la
sociedad citadina despertara sus prejuicios raciales señorialistas y apostara
por cualquier cosa para salvarse del inventado desastre. Ahora creen tener una
democracia repuesta y una libertad asegurada, como si hubiésemos salido del
reino del terror. Este miedo generado mediáticamente, es lo que se traduce como
política del odio, que es lo que asegura, para el fascismo existente, la
vigencia aduanera de selectividad social y política.
Pero
lo que se viene, sí representará los miedos, antes infundados, ahora
amenazadoramente crecientes (por eso ya dijo Paz, que “la libertad tiene
límites y condiciones”). Porque lo que se propone el nuevo gobierno, después de
habernos susurrado canciones de cuna para incorporarse en nuestros sueños, no
se puede realizar sin convulsionar a un país que ha hecho propio los contenidos
de lo que debía ser el nuevo Estado, las conquistas sociales y los logros
asimilados por el pueblo como suyos.
Las
medidas que se anuncian, además del perfil del nuevo aparato ministerial
empiezan a retratar un repliegue de la soberanía en favor de una injerencia
abierta de los poderes fácticos, nacionales y extranjeros. La primera muestra
de aquello es la presencia de ministros ligados al agronegocio y la
minimización de las responsabilidades ecológicas estatales, poniendo en duda la
vigencia de un Ministerio del Medio Ambiente.
El
plan gubernamental ya se presume, tendrá una dinámica vertiginosa para
implementar cambios que aseguren (contando además con 2/3 de la Asamblea
legislativa plurinacional) el retorno más expedito al carácter neoliberal del
Estado. Algo que el MAS se cuidó mucho de hacer explícito, aunque en los hechos
nunca se propuso alterar ese carácter. Pero el nuevo gobierno ya no tiene nada
que le impida ciertas reformas inmediatas para hacer del Estado un modelo
empresarial. Para ello magnificaron el tamaño de la crisis, la ineficiencia,
corrupción (que en el gobierno del padre del actual presidente superaba en
creces la que produjo el MAS), para ilusionar con un bienestar que, por
definición y dada la selectividad social y racial en la pirámide económica
capitalista, no puede universalizarse.
Por
eso, no puede haber “capitalismo para todos”, porque en la competencia
generalizada, la “selección” del mercado hace que unos ganen y las mayorías
pierdan. La lógica de la acumulación concéntrica jamás puede producir una
democratización de la riqueza. Por eso funciona muy bien para los ricos, porque
las reglas están hechas para que siempre ganen, a costa incluso de sus propios
países. Ya lo dijo el nuevo ministro de economía y finanzas: “los primeros
prestamos adquiridos serán para el sector privado” (lógica neoliberal:
demonizan al Estado o, en palabras del propio Paz, lo califican como “Estado
tranca”, pero se sirven de éste para financiar y asegurar sus negocios,
aprovechar los créditos y hacer que las deudas las pague todo un país).
Por
eso, ese “reformar la casa” que anuncia el presidente Paz, supone operaciones
quirúrgicas que, según él mismo, no serán fáciles, pero “deben ser realizadas”.
Y eso lo dice frente a las FF.AA. y les dice a ellos (y publico incluido) que
no lo abandonen. O sea, lo que se viene no es nada halagüeño. Y todo ello lo
hace en nombre de un no retorno al pasado (identificado éste con el MAS). Pero
significa, en los hechos, un retorno al más rancio pasado de la democracia
pactada y la partidocracia en plena vigencia neoliberal y que produjo la
expulsión de todo ese sistema político que encarnaba la última gestión de
Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goni, con el MNR. Fue la llamada “guerra del
gas”. Sabiendo eso, sabe el nuevo presidente que lo que ha prometido a quienes
realmente se debe, no puede sino realizarlo en el tiempo más breve posible,
para invalidar el descontento social que inevitablemente ha de producir.
Lo
que se viene no es nada atractivo. Un pueblo que ha pasado de la resistencia a
la transformación, que ha tenido la experiencia de producir un proceso
constituyente y fundar un nuevo Estado, no se cruzará de brazos viendo cómo se
le arrebatan las conquistas sociales, la participación y la deliberación que
aun mantiene como ese óptimo nacional de referencia del poder popular que ahora
deberá activarse como resistencia estratégica.
ES
NECESARIO SUPERAR LA ANTIPOLÍTICA EN BOLIVIA
Acá
es válida una interrogante: ¿Cuáles son las consecuencias de esa actitud
antipolítica?
Panam
Post de Panamá (https://n9.cl/blzkhx)
A
finales de septiembre, durante un almuerzo familiar, uno de mis sobrinos me
preguntó: «¿Qué crees que vaya a suceder después de las elecciones de
octubre?». De manera inmediata, su mamá salió a cortar el diálogo con la frase:
«En la mesa no se habla de política. No molestes a tu tío». Como soy un
convencido de la soberanía familiar, opté por no contradecir a mi prima.
Episodios
como el de arriba descritos, son más comunes de lo que parecen. No se limitan,
exclusivamente, a los eventos familiares, sino que es casi una generalidad,
incluso en medios académicos. Sin embargo, esa actitud antipolítica es muy
peligrosa, pues deja a las naciones indefensas ante quienes están dispuestos a
usar la política para concentrar poder, aventureros inescrupulosos, diría el
gran Friedrich Hayek.
Acá
es válida una interrogante: ¿Cuáles son las consecuencias de esa actitud
antipolítica?
El
profesor de Relaciones Internacionales, Angelo Codevilla (+), en su libro: El
carácter de las naciones, explica que las Ciencias Sociales parten de dos
premisas contrarias: unas de la idea de Rousseau sobre la bondad natural del
hombre; otras asumen la versión opuesta, en la cual se habla de que el hombre
es malo por naturaleza, ergo, su capacidad de hacer el mal debe limitarse.
Las
consecuencias son directas: si creemos en la bondad natural del ser humano,
pues, no pondremos límites ni barreras al poder. Empero, si estamos seguros que
el hombre puede ser capaz de cometer las mayores miserias, por lógica,
limitaremos con todos los mecanismos posibles el ejercicio del poder.
Codevilla
concluye que la antipolítica es un resultado directo de asumir la tesis de
Rousseau, puesto que, si mis mandatarios son buenos, no tiene ningún sentido
preocuparme por aquello que hagan.
No
obstante, la realidad nos recuerda que los seres humanos somos capaces de las
mayores maldades y que descuidarnos de eso nos trae terribles consecuencias,
veamos:
A
inicios del nuevo milenio, Bolivia y Chile no distaban mucho en el Ranking de
libertad económica de la Fundación Heritage. Penosamente, en octubre del 2003,
Bolivia sufrió un golpe de Estado y, con eso, ingresó a la franquicia delictiva
del Socialismo del Siglo XXI.
Triste
fue la suerte de quienes anunciamos el camino que estábamos tomando con la
agenda de octubre y el sometimiento a la dictadura cubana. Todavía recuerdo que
un profesor de Derecho Internacional, cuando cursaba mi segunda carrera
universitaria, me dijo: «usted no superó la Guerra Fría. Sigue viendo muertos
vivientes», o la burla que recibimos con un grupo de amigos en nuestro programa
de TV. Años después, entendí que las universidades son rousseaunianas, por eso
es que son la gran fábrica de socialistas del mundo. Pero eso es tema para otro
artículo.
Ahora
el país tiene más de 60 % de pobres, problemas de abastecimiento de
carburantes, escasez de dólares, inflación de dos dígitos y una total ausencia
de institucionalidad democrática. Nuestras familias y nuestros patrimonios
fueron mermados en dos décadas de castrochavismo.
Hoy
el peligro es mayor, se llama globalismo. Un proyecto que no se limita a
controlar al ser humano, sino a rediseñarlo en función de una visión impuesta
por una élite plutocrática. Al respecto, Agustín Laje, en su libro Globalismo,
explica:
La
antropología que subyace a la Agenda 2030 es una en la que el hombre no tiene
familia. La figura del padre no aparece ni una sola vez, ni en los objetivos,
ni en las metas ni en la resolución. La figura del hijo o de la hija, tampoco.
La palabra «madre» se emplea una sola vez, pero para referirse a la «Madre
Tierra». En lo que respecta a la palabra «familia», aparece una sola vez en un
contexto de poca importancia, y su derivado «familiar» aparece dos veces como
«planificación familiar». En suma, el hombre de la Agenda 2030 no tiene
familia, no tiene patria ni tiene Dios; así, carece de una identidad fuerte, de
la que puedan surgir energías políticas y morales, además de una voluntad
férrea de autodeterminación.
Ahora
entiende que, aunque usted no se meta a la política, la política igual se va a
meter en su familia, su patrimonio y hasta en su cama. Superar la antipolítica
es el primer camino para tener naciones libres.
PEDIRÁN
PENA MÁXIMA, DE 30 AÑOS, PARA EL PADRE JUANJO, EXCURA URUGUAYO ACUSADO DE
ABUSAR DE NIÑOS EN BOLIVIA
Capturado
en Salto por Interpol después de 17 años, el excura Juan José Sant’Anna aguarda
su destino en la cárcel. En los próximos días se definirá si se concreta la
extradición a Bolivia, donde enfrenta un juicio por abusar de 30 niños.
El
País de Uruguay (https://n9.cl/o362r)
Era
un viernes luminoso, de una tranquilidad pesada; uno de esos días que parecen
no estar hechos para admitir noticias radicales, de esas que cambian el rumbo
una vida. Pero el pasado 26 de setiembre, un mes después de que El País
publicara una investigación sobre el exsacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna,
requerido desde hace 17 años por la Justicia de Bolivia por el presunto abuso
sexual de 30 niños que tenía a su cargo en un internado, la Policía tocó a su
puerta.
Hasta
ese momento, Sant’Anna había conseguido que el tiempo jugara a su favor. Cuando
El País lo encontró en la casa de sus padres, en el barrio Palomar de la ciudad
de Salto, donde se mantuvo oculto todo este tiempo, el excura caminó hasta el
portón y dijo que prefería no hablar. Ya había pasado mucho tiempo,
prácticamente 18 años desde que fuera denunciado, huyera para evitar el juicio
y nadie viniera a detenerlo; era mejor dejar aquel episodio atrás —se excusó—,
para no generar el sufrimiento de sus familiares, ni el suyo propio.
Una
vez publicado, el informe fue replicado por otros medios regionales y logró eco
en una Bolivia renovada, decidida a terminar con la impunidad que hasta hace
muy poco tenían los religiosos señalados por cometer abusos sexuales contra los
niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado en institutos educativos,
principalmente internados.
Aunque
el ambiente del país andino efervecía por las recientes elecciones nacionales,
el caso del padre Juanjo se coló en la agenda debido al estupor que generó que
por tercera vez, a lo largo de todos estos años, un medio encontrara tan
fácilmente al cura prófugo que la Justicia había olvidado argumentando que
desconocía su paradero. Fue por eso que la repentina emisión de la alerta roja
de Interpol ordenando su captura se vivió como un sobresalto en ambos países.
Aquel
viernes primaveral, cuando la Policía tocó el timbre de la familia Sant’Anna
Trindade, el excura estaba arreglando las plantas del patio. El agente le dijo
que debía acompañarlo a la comisaría para tomarle una declaración. Iba a ser un
trámite sencillo, nada más. Sant’Anna le pidió que le permitiera cambiarse de
ropa. Pero demoraba. El agente le advirtió entonces que si venía otro
patrullero la escena llamaría la atención de los vecinos. Sant’Anna aceleró el
ritmo, se guardó las llaves y los documentos en el bolsillo del pantalón y
antes de que saliera por la puerta lo esposaron.
Para
su familia ese fue un momento dramático. Hasta el siguiente lunes, el
exsacerdote no se comunicó con ellos. Sus padres, ya mayores, ignoraban qué
había pasado con él, ni dónde lo tenían.
Al
día siguiente de la detención, la mañana del sábado 27 de setiembre, se celebró
la primera audienciadel proceso de extradición.
El
juez le explicó a Sant’Anna que su causa no había prescrito debido a que, tras
desoír las distintas citaciones de la justicia boliviana, en la audiencia del
juicio oral del 23 de febrero de 2011 había sido declarado rebelde. La
declaratoria de rebeldía es la expresa interrupción del plazo para la
prescripción: es decir, detiene el reloj.
El
18 de abril de 2011, el juzgado había emitido la última de las órdenes de
aprehensión del cura fugado, que quedó en el aire hasta que, casi 18 años
después de los hechos, el 23 de setiembre de 2025 se reactivó.
En
la audiencia, la defensa del requerido intentó evitar la cárcel. Pidió que
aguardara el proceso en prisión domiciliaria, controlado mediante una
tobillera.
“En
2007, cuanto estaba en Bolivia, esperó un tiempo bastante prolongado a que se
resuelva la situación y luego es que viene para acá, pero siempre marcando su
domicilio, que es el familiar y pasaron cuatro años hasta que (en 2011)
efectivamente hubo una sentencia para someterlo a juicio”, alegó su abogado.
“Siempre estuvo en su casa, viviendo con sus padres y hermanos, nunca quiso
evadirse de la Justicia. Han venido personas a preguntar por él, que fue
misionero, creyente, siempre dispuesto a hablar incluso con personas de la
Iglesia. Se mantuvo siempre en el mismo domicilio. Es muy conocida toda la
familia. Hace 18 años que está ahí: no va a irse”, insistió, sin éxito, el
defensor.
Luego
se refirió a la edad de los niños y adolescentes que lo denunciaron en 2007.
Tenían en ese momento entre 6 y 18 años, según los testimonios recogidos. El
planteo del defensor apuntó a que tal vez ya habrían superado la edad máxima
que prevé la legislación boliviana para que el delito no prescriba.
En
determinado momento, Sant’Anna pidió la palabra. Su intervención fue omitida
del registro sonoro al que accedió El País. Desde ese día, espera en prisión
preventiva a su destino.
Secreto
revelado
En
Salto, el secreto revelado del exsacerdote “explotó”. “Hubo mucho impacto a
nivel de los medios, comentarios, gente que empezó a buscar el origen de
Sant’Anna, porque había muchos que no lo conocían, otros que conocían a los
padres, a sus familiares”, resumen el periodista Hugo Lemos.
Según
reconstruyó El País, tras la publicación del informe y especialmente después de
su detención, el pecado que habría cometido Sant’Anna se convirtió en un tema
de conversación en oficinas, consultorios —dentales, jurídicos—, peluquerías,
en las mesas de los bares.
Algunas
personas se comunicaron con la redacción del diario, contaron que el excura
solía esperar la caída del sol para salir a trotar por la costanera, y que en
la noche era habitual verlo en los bares del Centro. “No es tan así eso de que
se recluía”, advirtieron, molestos. Hubo también fieles que conversaron con
figuras religiosas, quienes les explicaron que Sant’Anna no tuvo un vínculo con
la Iglesia Católica uruguaya porque, tal como fue informado en la
investigación, la Congregación Salesiana se negó a ordenarlo sacerdote tras
constatar “dificultades para la vida en comunidad”. Sant’Anna renunció a la
misma en 1999.
Otros,
en tanto, recordaban a un joven Juan José, estudiante del Colegio Salesiano al
que en la década de 1980 asistían los hijos de la clase acomodada salteña. “Era
un chico tímido, solitario, ajeno a las barras de adolescentes”, aporta una
fuente. Otra menciona que siempre se lo veía acompañado por un sacerdote, un
hombre mayor que él.
En
el barrio de la familia, en cambio, se impuso la solidaridad. Sus padres son
buenos vecinos, y viéndolos tan afectados se evitaron los comentarios directos.
Entre
los salesianos, Sant’Anna tampoco dejó una huella. “Como persona no era
significativa para nosotros. La noticia impactó por lo terrible. Los
comentarios que he recibido vienen del lado de qué bueno que hubo una reacción
de la justicia boliviana”, dice Francisco Lezama, el inspector de la
congregación.
Pero,
a más de 2.000 kilómetros de distancia, en Bolivia, la noticia de la captura
copó los medios. Todavía lo hace mientras se espera a que se concrete su
extradición. Cuentan los días: eran, en principio, 40 de corrido desde la
primera audiencia.
Allá
algunos periodistas recordaban el caso, convertido en una leyenda negra, una
muestra de la impunidad religiosa y la desidia judicial en estos delitos.
Con
la curiosidad renovada, distintos periodistas consultaron a El País, querían
saber cómo se veía hoy el excura de 54 años, qué tal era personalmente, ¿se
parecía a un hombre común, uno de esos de los que nunca se sospecharía que
fuera capaz de cometer actos tan crueles?
Nuevos
detalles del caso
Dieciocho
años es mucho tiempo, suficiente para que las autoridades del municipio de
Tapacarí cambien una vez, dos veces y en el transcurso se diluya de la memoria
colectiva lo que Sant’Anna habría hecho en el internado Ángel Gelmi, en donde
se educaban y albergan 125 niños y niñas. En agosto pasado, las autoridades del
municipio y las de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dijeron a El País
que no conocían el caso.
El
uruguayo había llegado al departamento de Cochabamba en 2005, donde fue
ordenado sacerdote en el clero secular. Hasta allá, para la ocasión, viajó su
familia. Enseguida se le asignó a Sant’Anna la administración del internado de
esta comunidad rural, aislada, pobre, en la que decenas de niños eran huérfanos
y los que no lo eran provenían de familias en una situación de vulnerabilidad
extrema.
Para
avanzar en la extradición, la Justicia de Bolivia actualizó la documentación y
la remitió a su par uruguaya. En esos documentos surgen detalles de la causa
que hasta el momento no estaban tan afinados. El expediente Sant’Anna había
sido difundido parcialmente, en especial los extractos de los crudísimos
relatos de las víctimas, pero la prensa local no había tenido un acceso pleno a
los hitos de la investigación, ni al desenlace de las acciones judiciales.
Allí
se aclara que el 8 de noviembre de 2007, cuando finalmente la Policía, personal
del Servicio Departamental de Gestión Social —que debía controlar el
funcionamiento del internado, pero no concurría por falta de locomoción— y el
investigador del caso fueron a citar a Sant’Anna, no lo hallaron en la
residencia sacerdotal a la que había sido enviado por sus superiores, mientras
el arzobispado llevaba a cabo una investigación.
Dice
también que el 30 de octubre, tres días después de que una de las hermanas del
instituto enviara una carta contando los hechos al Servicio Departamental de
Control Social, un grupo de psicólogos constataron que Sant’Anna había agredido
sexualmente a distintos internos, de entre 6 y 18 años, “y que esto habría
estado ocurriendo desde hace mucho tiempo”.
Y
que el día 5 de noviembre, el director del mencionado servicio presentó la
denuncia ante la Fiscalía de Quillacollo. El 5 de noviembre, o sea que 20 días
después de que una monja del internado encontrara a un niño llorando y este le
dijera que lloraba porque el padre “lo molestaba mucho”, y que al día siguiente
la hermana volviera a buscar a este niño, y él le repitiera el mismo relato,
diciéndole que a él y a otros chicos, el padre Juanjo los llevaba a su
habitación.
Los
engañaba invitándolos a ver videos y una vez adentro cerraba la puerta con
llave, se desnudaba, los desnudaba a ellos y los abusaba de diferentes maneras.
En algún caso, se supo ahora, habría usado narcóticos para sedarlos. En
ocasiones, se dirigía a la habitación de los niños y los seleccionaba de a dos
o tres.
Repasa
el documento que el padre Eugenio Coter fue convocado por el arzobispo Tito
Solari como delegado para realizar las primeras investigaciones en el
internado. De la entrevista realizada por las autoridades judiciales a Coter se
recogió que el 29 de octubre se trasladó a Sant’Anna a la casa sacerdotal, a la
que dejó de asistir el 3 de noviembre. En el medio, huyó a la casa de sus
padres a Uruguay. El 16 de noviembre de 2007 se emitió la primera orden de
aprehensión, el 23 lo imputaron oficialmente y el 16 de junio de 2008 se volvió
a emitir una orden de detención.
Sant’Anna
no le dijo a Coter desde cuando cometía el abuso deshonesto contra los niños
que tenía bajo su cuidado, “pero sí asumió haberlo cometido”, dice el informe
judicial. En entrevista con El País, Coter omitió esta información.
Volviendo
a aquel mes de noviembre, una fuente de Salto recuerda haber visto llegar a
Sant’Anna, caminando, cargando una mochila, dirigiéndose a la casa de sus
padres. A esta vecina le llamó la atención verlo, porque hacía no más de un mes
que había estado de visita. Otro vecino halló la noticia: se enteró de que
había escapado, denunciado por abuso sexual infantil. Imprimió algunas copias y
las hizo circular por el barrio.
Después
pasaron los años. El asunto se fue apagando, se dejó de hablar, se convirtió en
un secreto a voces para algunos pocos y se instaló el relato de que en Salto
nadie sabía nada. Alguna figura eclesial, apenas, tal vez, recordaba cuando
desde el Vaticano llegó la orden de dimisión en 2011. Y nada más.
El
cura preso, a la espera
En
la cárcel, Sant’Anna sigue una rutina. Cada día se levanta a las seis de la
mañana, sale a trotar por el patio, llama a su familiares, pide que le envíen
una nueva encomienda: al principio yerba y artículos de higiene; después
alimentos, pero varios, para compartir con el resto de los reclusos que no
reciben nada de sus familias.
Tal
vez Sant’Anna no sepa que en Bolivia hay una agrupación de hombres mayores que
en su niñez fueron abusados por religiosos y desde hace dos años conformaron la
Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, una sociedad que se va ampliando y gana
fuerza, porque en Bolivia estos casos abundan y todavía ocurren.
Tal
vez no sepa tampoco que a comienzos de setiembre, unos días antes de que se
pidiera su extradición, había ocurrido en Bolivia una sentencia histórica,
condenando a un año de prisión a los religiosos españoles Ramón Alaix y Marcos
Recolons, figuras claves de la poderosa orden jesuita Compañía de Jesús,
acusados de encubrir los abusos sexuales que el fallecido padre Pica —Alfonso
Pedrajas, español también—había cometido en distintos colegios de ese país
entre 1972 y el 2000.
Los
delitos de Pedrajas permanecieron ocultos hasta que en abril de 2023su diario
fue publicado por el periódico español El País, revelando que llevaba un conteo
de 85 niños víctimas, y cómo había sido protegido por sus superiores en varias
ocasiones. Escribió sus nombres.
Esta
noticia impactó en el corazón de Bolivia. Para mitigar el impacto social, el
gobierno de aquel país prometió medidas drásticas, que finalmente naufragaron,
pero en la Fiscalía se acumularon decenas de denuncias contra religiosos vivos
y fallecidos. Varias de ellas fueron descartadas debido al fallecimiento de los
supuestos perpetradores, o por falta de víctimas que dieran sus testimonios.
Otras sí avanzan, en procesos lentos, muy lentos, que estaban afectando la
confianza de las víctimas en la Justicia hasta que a principio de setiembre se
logró esta condena y, unos días después, se anunció la reactivación del caso
Sant’Anna. Fueron recibidas como señales claras de un cambio en la persecución
de estos delitos.
Muchos
de los abusos denunciados ocurrieron en internados como el que dirigía
Sant’Anna en Tapacarí. En esos centros, el modus operandi era aislar a los
niños de sus familias, separar a los hermanos entre sí, amenazar a las víctimas
con la expulsión. La expulsión significaría una vergüenza para las familias,
que además aseguraban en esos institutos la cobertura de los alimentos para sus
hijos.
“Los
internados y los colegios son una cantera donde estos abusadores se proveen de
víctimas”, dice Edwin Alvarado, integrante del grupo de víctimas que ganó el
juicio contra los encubridores, y secretario de la Comunidad Boliviana de
Sobrevivientes.
Alvarado
está convencido que fue la reciente condena de los dos provinciales lo que
“envalentonó a la Fiscalía de Cochabamba”, que presionada por el ruido que
generó la prensa, revivió el caso.
“Tienen
que entender que aquí hay un temor por denunciar a la Iglesia Católica. Acá los
curas son diocesillos caminando por la tierra a los que la gente les perdona
sus pecados, sus aberraciones, sus delitos. Esto fue siempre así”, dice
Alvarado. Hay pueblos en Bolivia en los que se ha naturalizado el abuso sexual
por parte de los curas, continúa Alvarado. “Se naturaliza en varias familias.
El hijo mayor es cura, en otros casos hay hijos no reconocidos, pero ahora se
está empezando a denunciar”.
Probablemente
por el efecto causado por el caso Sant’Anna, ha llegado desde el sur del país
una persona con información para presentar una nueva denuncia contra tres
sacerdotes. Es un tendal que no deja de crecer.
Van
por los encubridores
En
Tapacarí, la memoria está volviendo. El alcalde Bernardo Mamani, que en agosto
desconocía el caso, ahora lo domina. Se ha reunido con las autoridades
políticas y judiciales locales, todos ellos han estudiado el expediente y
unieron su voz para apoyar la petición de la Comunidad Boliviana de
Sobrevivientes (CBS) de recalificar el delito y pedir así la pena máxima para
Sant’Anna.
En
2007, cuando fue imputado, la fiscalía le tipificó el delito de abuso
deshonesto con distintos agravantes por su rol de educador y el daño psíquico
generado en las víctimas. Ese delito es equivalente al que acá conocemos como
atentado violento al pudor. En aquella época, no se había legislado en Bolivia
el delito de violación contra niños, niñas y adolescentes, aunque sí podría
habérsele estipulado el delito de violación.
Alvarado,
junto a sus compañeros, analizó los testimonios de los niños y no duda que las
víctimas “gritaron violación”. “En un mundo rural, campesino, de niños que
apenas hablan el español, no iban a decir a los técnicos ‘me ha violado’, pero
sus relatos sí lo evidencian”.
En
Bolivia, el abuso deshonesto tiene una pena de seis años y la de violación de
20 que, más agravantes, pueden llegar a los 30 años. Eso buscan. En su
cometido, los representantes de la CBS se reunieron con el fiscal de la causa,
Jair Mérida Murillo, y con la Defensoría, quienes se habrían comprometido a
solicitar la recalificación apenas comience el juicio oral. El País intentó
varias veces localizar al fiscal para confirmar este dato, pero no lo
consiguió.
Mientras
tanto, unos días atrás, el 29 de octubre, se realizó una segunda audiencia en
la que Sant’Anna se presentó con una nueva defensora, también del servicio
público. La abogada señaló que la información proporcionada por Bolivia no es
clara en cuanto a la edad actual de las víctimas, por eso solicitó las fechas
de nacimiento de quienes brindaron los testimonios, lo que permitió abrir la
causa. El fin es confirmar si, según la legislación boliviana, que difiere
bastante de la local, cuentan con la edad para que el delito no prescriba.
Además se pidió que se afine la fecha de vigencia de la ley procesal que
dispone el caso de las prescripciones especiales.
Una
vez que es notificada la Justicia de Bolivia, tiene 45 días para responder. Si
no lo hace, se tiene por desistida la solicitud de extradición, explicó el
juez.
La
instancia duró apenas 15 minutos.
Sant’Anna
escuchó en silencio.
A
modo de cierre, le dijo el juez:
—En
45 días más o menos, la situación está resuelta. Cuando respondan, habrá una
nueva audiencia y ahí lo debatimos con usted, su defensa y la fiscalía y tomo
la decisión de si se va o no se va para Bolivia.
—Muy
bien, gracias —soltó el excura, con la voz temblorosa.
Unos
días atrás, la CBS visitó Tapacarí. Se reunió con las autoridades. Buscaron a
alguno de los entonces niños que después de contar a las autoridades lo que les
pasó, callaron. Alvarado conoce el peso de ese silencio. Él mismo calló primero
por cinco años, la primera vez que fue abusado en el colegio. Se quedó, para no
avergonzar a sus padres. Y después masticó la rabia, tanto dolor, por 35 años
más.
Cree
que encontraron a una de las víctimas. “La supimos leer, como solo las víctimas
de estos delitos sabemos leernos”, dice el hombre. No sabe si se presentará al
juicio. De todas formas, la cantidad y la calidad de los testimonios recogidos
y custodiados por la Justicia deberían ser prueba suficiente para condenar a
Sant’Anna y tal vez a algunos de sus posibles encubridores, o quienes le
hubieran ayudado a huir. Esta vía de investigación fue planteada en una
conferencia de prensa por el fiscal de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.
En
Tapacarí, ese pueblo cuyo nombre se traduce como “nido de hombres”, la Iglesia
Católica ha ido perdiendo su poder. Dos años atrás le comunicaron al alcalde
que no contaban con financiamiento y se retiraron de la administración del
internado Gelmi y de otros servicios. Es el municipio el que sostiene el
instituto donde se educan y alojan 80 niños. “Ya no hay monjas, ni curas allí”.
Hay
menos católicos pero más evangélicos. Mientras la catedral sigue siendo
concurrida los fines de semana, en el pueblo se han multiplicado los templos.
Ha
cambiado el paisaje desde aquel 2005 en que llegó Sant’Anna, con 36 años. En
una foto antigua, que la tenaz prensa boliviana rescató de algún archivo para
ponerle rostro al villano de esta historia, luce así: la cabellera rubia, el
gesto amable, la mirada celeste, vivaz. Parece un hombre confiable, el padre
Juanjo; el “padrecito” que con sus dotes futbolísticos cautivó a los niños, que
luego de un tiempo habrían conocido su otra cara, y cada día en el internado
deseaban que no llegara la noche.
“Guardé
el secreto por 40 años”
Al
caso del sacerdote español Alfonso Pedrajas se le agregan varios otros
denunciados, una colección terrible de abusos sexuales cometidos principalmente
por religiosos extranjeros, que en algunos casos llegaban a Bolivia con
antecedentes de delitos sexuales cometidos en Europa. Analizando los casos, la
Comunidad Boliviana de Sobrevivientes detectó que la mayor parte cometió los
abusos en internados y en colegios. “Para los abusadores, una característica
positiva de un internado es que el niño está lejos de sus padres: no tiene a
quién quejarse. Lo segundo que hemos encontrado en todos los casos es que los
abusadores aíslan al niño de su familia. Cuando vienen los padres les dicen: no
tienes que venir, tienes que dejarlo crecer, no puedes estarlo visitando y
¡pam! se cortan las visitas. Tú durante cinco años terminas odiando a tus
padres porque no te visitaron y más tarde te enteras que fue el director, el
abusador, el que les dijo no vengan porque el niño tiene que crecer solo, tiene
que reformarse. Entonces, eso incrementa su condición de vulnerabilidad, el
estar alejado de tu familia, y por supuesto ser pobre. Y luego, como parte del
modus operandi universal, hallamos la amenaza de expulsión. En mi caso, llegué
desde un poblado como el mejor estudiante, era un orgullo para mi padre, un
niño pobre llegar a un internado que va a tener todo, tres alimentos al día.
Cuando fui abusado, para evitarles la vergüenza, me callé. Guardé el secreto
durante 40 años”, cuenta Edwin Alvarado.
GUERRA
CONTRA EL NARCOTERRORISMO: EL PARADIGMA QUE CAMBIA LA GEOPOLÍTICA
En
el siglo XXI el narcotráfico es fuente fundamental del terrorismo de Estado
para sostener las dictaduras
Infobae
de Argentina (https://n9.cl/0gpsrr)
El
narcoterrorismo es “el terrorismo vinculado con el tráfico de drogas del que
obtiene su financiación” y en el siglo XXI es la forma de agresión más cruel
contra los pueblos de las Américas. El narcoterrorismo ha tomado control de
países en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y de estados o territorios
dentro de México, Colombia y Argentina, detentando el poder y suplantando la
política. En esta crisis, Estados Unidos ha establecido como elemento de su
política exterior la guerra contra el narcoterrorismo, un paradigma que cambia
la geopolítica en la región y el mundo.
El
narcoterrorismo que en el siglo pasado describía la alianza entre el
narcotráfico y grupos insurgentes o guerrilleros como las FARC, el ELN, M-19 en
Colombia, Sendero Luminoso y el MRTA en Perú, y más, ha pasado en el siglo XXI
a la toma del poder político y el control de gobiernos nacionales y locales.
Con el salvataje que hizo en 1999 Hugo Chávez de la dictadura de Fidel Castro
en Cuba, se organizó el narcoterrorismo para detentar indefinidamente el poder
en Cuba y Venezuela y expandirse en el modelo cubano.
El
narcotráfico es fuente de financiamiento de la dictadura de Cuba que en los 80s
se estableció como el primer narcoestado de las Américas con la asociación de
los Castro con los narcotraficantes Pablo Escobar de Colombia y Roberto Suarez
de Bolivia. En el siglo XXI el narcotráfico es fuente fundamental del
terrorismo de Estado para sostener las dictaduras y la agresión permanente a
las democracias.
La
geopolítica estudia “cómo se desarrolla la soberanía política sobre el espacio
geográfico y las relaciones internacionales referentes a la ocupación
territorial, sus límites, fronteras y recursos”.
La
“guerra contra las drogas” fue un paradigma a partir del presidente Richard
Nixon en 1971; el presidente Ronald Reagan “centralizó y sistematizó el ataque
contra toda la cadena de drogas desde los productores a los distribuidores y
usuarios, empezando a atacar el problema desde la fuente”; la política exterior
de Estados Unidos se convirtió en política interamericana de guerra contra el
narcotráfico en la Primera Cumbre de las Américas de 1994 con importantes
resultados.
El
“Plan Colombia” fue el último éxito de la guerra contra el narcotráfico, pero
realidad objetiva prueba que “la lucha contra el narcotráfico fracasa cuando
los narcos toman el poder” y esto fue lo que sucedió con el empoderamiento del
llamado socialismo del siglo 21 —mascarón político del narcoterrorismo— que
expandiendo Cuba instaló narcoestados en Venezuela con Chávez y Maduro, Ecuador
con Correa, Bolivia con Morales y Arce, y Nicaragua con Ortega y Murillo.
El
narcoterrorismo adquirió la condición de “sujeto de derecho internacional” con
el control de gobiernos que a su vez controlaron Latinoamérica, siendo su
momento de mayor poder el reconocimiento que el presidente Barack Obama otorgó
al jefe del narcoterrorismo el dictador Raúl Castro en la Cumbre de las
Américas de Panamá en Abril de 2015.
La
expansión del narcoterrorismo se produjo además con influencia en elecciones y
control de gobiernos en países democráticos por medio de financiamiento y
sostenimiento de candidatos como los Kirchner en Argentina, Lugo en Paraguay,
Humala en Perú, López Obrador y Sheinbaum en México, Petro en Colombia, Lula en
Brasil, Castro en Honduras, y más, autores de la “ola de legitimación y
pretendida legalización del narcoterrorismo” bajo narrativa del supuesto
fracaso de la lucha contra el narcotráfico, la pacificación del terrorismo y la
legalización de las drogas.
Los
cultivos de coca ilegal y producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia se
incrementaron, Venezuela se convirtió en el “hub de la cocaína” con el “cartel
de los soles” bajo alias de “revolución bolivariana”, y agregaron el fentanilo
con México y China para atacar a EEUU y la región. Además del control
narcoterrorista de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, controlan territorios
en México con carteles que dominan estados completos, en Colombia con las FARC
y el ELN, y en Argentina donde la prensa y estudios señalan provincias
controladas o portaviones del narcotráfico.
La
búsqueda de los centros de mando del narcoterrorismo conducen a las dictaduras
de Cuba y Venezuela y sus satélites de Nicaragua y Bolivia, que además de ser
narcoestados ejercen terrorismo interno o “terrorismo de Estado”, y donde se
entrena, promueve, exporta y protege terrorismo internacional.
Estas
constataciones han creado el nuevo paradigma de la “guerra contra el
narcoterrorismo” en la que EEUU ejecuta la “Operación Lanza del Sur” como
“misión que defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro
hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando nuestra
gente. El hemisferio occidental es la vecindad de EEUU y la protegeremos”. EEUU
ha llamado a las democracias de las Américas a unirse mediante “sanciones
financieras, asistencia en seguridad, uso de tecnologías de vigilancia,
desarticular el blanqueo de capitales”.
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