EL AGUA SACRIFICADA PARA EXTRAER MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS

El cobre y el litio protagonizaron buena parte de la Raw Materials Week en Bruselas. Representantes de poblaciones sudamericanas perciben su extracción como un sacrificio.

"Es la primera vez que vengo a esta conferencia desde un territorio donde están los materiales críticos. La idea es tocar puertas y decir: che, ¿de qué hablan? ¿Por qué hablan de transición energética justa si el sacrificio es nuestro? Nuestro territorio está en la puna, un lugar con muy poca agua. Y para sacar el litio necesitan un montón de agua. Su contaminación será nuestra muerte, física y espiritual", comentó a DW Yber Sarapura, líder de las comunidades de la Cuenca Salinas Grandes en Jujuy, Argentina, durante la XII Semana de Materias Primas Críticas, celebrada en Bruselas, entre el 17 y el 20 noviembre.
Yber Sarapura es uno de los representantes de las comunidades indígenas del sur global que está presente en el encuentro internacional, organizado por la Comisión Europea, que reúne al empresariado, la academia, la sociedad civil, la investigación y la política en torno a los critical raw materials (CRM).
Níquel, cobre, manganeso, cobalto, litio y las tierras raras van a la cabeza de la lista de estas materias primas que son críticas por su importancia estratégica y económica, así como por los riesgos en su cadena de suministro. Desde el 2023, cuando se emitió esta quinta versión de la lista de CRM, Bruselas ha cerrado acuerdos con países ricos en ellas ―Brasil, Chile, Argentinay Perú― para su extracción en aras de asegurar la transición energética. Y ahora también para su suministro a la industria de la defensa.
Algunos datos
El 23 por ciento de las tierras raras (compuestas de 17 minerales) están en Brasil. El 54 por ciento del litio está en Sudamérica. Y las mayores reservas de cobre están en Chile y Perú, el primero y el segundo exportador mundial en este momento.
Por otro lado, la UE requerirá hasta el 2050 (partiendo del 2020) un 30 por ciento más de cobre y un 60 por ciento más de litio. El interés en asociarse es evidente. No obstante, hay que recordar que en Catamarca se ha secado el río Trapiche; en Cajamarca, se habla de ríos de colores por los residuos minerales en los cauces; 1,3 kilómetros cuadrados en torno a Río Blanco y el glaciar Rinconada se han secado.
Estos datos ―provenientes de informes de organizaciones como la argentina FARN, la peruana CoperAcción y la Fundación Heinrich Böll― ponen en otra luz esta moderna cruzada europea por las materias primas que se requieren para lograr, supuestamente, un mundo más verde.
Sin embargo, las poblaciones y los medioambientalistas ponen el foco en un elemento del que poco se habló en la conferencia de Bruselas: el agua y el impacto de su escasez en la vida. Porque, entretanto, se sabe: a pesar de toda innovación tecnológica en su extracción, la industria minera requiere de agua, mucha agua.
Cabe resaltar que los representantes de las instituciones europeas aseguran el respeto por los derechos humanos, los esquemas voluntarios de debida diligencia, la preocupación por la sostenibilidad y los avances en la industria del reciclaje. A la vez, para la independencia energética y la competitividad europea en la carrera geopolítica actual, califican de indispensables esas materias primas críticas, que, mayormente, no están en territorio europeo.
¿Para qué y dónde extraer?
"¿Para quién son críticos esos minerales? ¿Para la industria de movilidad individual?", comenta a DW  Laura Castillo, investigadora de FARN. "Para las poblaciones en los territorios donde está el litio, crítica es la situación de los humedales andinos, zonas áridas, que ya están bajo presión por el cambio climático. Llueve muy poco y se pierde más agua por evaporación que la que entra en el sistema", afirma.
Aparte de cuestionar el hiperconsumo de las sociedades del "norte global",  la especialista de FARN enfoca la necesidad de aplicar herramientas ya existentes, como la evaluación ambiental estratégica, para planificar el territorio y exonerar de extracción ecosistemas sensibles.
En este sentido, según fuentes oficiales, ha actuado el Gobierno actual de Chile: protegiendo un 30 por ciento de los salares del país, en donde no habrá extracción de litio. Por otro lado, en Chile el litio no es un mineral concesible; es el presidente quien otorga el derecho a través de una licitación del Estado previa consulta con las poblaciones afectadas.
Una propuesta similar traen a Bruselas los representantes de la EU Raw Materials Coalition, una plataforma de oenegés europeas que se ocupa de los impactos de los proyectos extractivos: que se determinen "zonas vedadas", que se consulte previamente y que, en caso de que haya consentimiento, o sea, "licencia social", se acuerde participación en los beneficios.
Miedo por experiencias anteriores
"El miedo a la pérdida del agua es el principal motor de la oposición y de los conflictos con la minería", explica a DW Johanna Sydow, jefa de la división internacional de política ambiental de la Fundación Heinrich Böll.
"Por un lado, los estudios de impacto se hacen para cada proyecto y no toman en cuenta el valor acumulado de la escasez de agua. Por otro lado, los Gobiernos bajan continuamente el listón en la protección medioambiental y la gente queda desprotegida. En Perú, Serbia y Ghana ―aunque la reciban de la empresa minera― la gente tiene que beber agua contaminada", resalta Johanna Sydow.
Así las cosas, entre paneles y debates sobre alta tecnología para recuperar el litio de las baterías, movilidad con cero emisiones, tecnología aeroespacial  y visiones de un futuro sostenible, Iber Sarapura trae el caso de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc.
"Es difícil dialogar con las mineras. Cualquier foto con nosotros la usan como consulta previa. No usan nuestro documento KachiYupi, 'las huellas de la sal', para consultarnos", apunta el líder comunitario. ¿Les han ofrecido relocalización o beneficios? "No queremos que nos propongan dinero, tampoco otra tierra. Este es nuestro territorio desde antes del Estado argentino, que está buscando cualquier herramienta para sacarnos. Nuestra respuesta es no", concluye. DW de Alemania (https://n9.cl/is4c9)
 
 
 
 
 
AMÉRICA LATINA SE SITÚA COMO EL NÚCLEO DEL PODER ENERGÉTICO GLOBAL EN EL NUEVO PANORAMA MUNDIAL
 
“Quien domina la energía controla el presente, quien domina el litio controla el futuro”
 
El Contenido News de Chile (https://n9.cl/w3qfs2)
 
El mundo experimenta una revolución energética que reconfigura el poder a nivel global. La era dominada por los hidrocarburos tradicionales da paso a una nueva realidad en la que el litio, el gas natural y las energías renovables juegan roles cruciales en determinar las dinámicas de poder, negociación y decisión. En este contexto de cambio, América Latina emerge como un foco de atención para potencias globales como China y Estados Unidos, así como para Europa, que busca asegurar su independencia y estabilidad energética.
Históricamente, Latinoamérica ha sido una fuente de materias primas, pero ahora se posiciona en el centro de una contienda geopolítica por sus recursos estratégicos. Bolivia, Argentina y Chile, en conjunto, poseen más del 70% de las reservas de litio a nivel mundial, un componente esencial para la transición energética global. Además, países como Brasil y Venezuela son claves en la producción de gas natural y petróleo. Los proyectos energéticos masivos atraen inversiones multimillonarias, beneficiando a algunos, mientras millones enfrentan desplazamientos y alteraciones en su modo de vida.
De acuerdo con la CEPAL, sólo en 2023, Latinoamérica recibió inversiones directas de más de 45.000 millones de dólares en el sector energético. No obstante, menos del 15% de la población afectada por estos proyectos participa en las decisiones relacionadas. Este desequilibrio subraya una región atrapada entre la riqueza potencial y vulnerabilidad, evidenciando que la lucha por los recursos energéticos es una lucha por el poder en todos los niveles.
El litio del Cono Sur emerge como un recurso vital, con Chile, Argentina y Bolivia liderando las reservas globales. Este mineral, fundamental para baterías de autos eléctricos y almacenamiento de energías renovables, ha atraído inversiones extranjeras significativas, superando los 12.000 millones de dólares, presentando un dilema para los gobiernos entre la explotación de recursos y la protección ambiental y de comunidades indígenas.
El gas natural y el petróleo también mantienen su relevancia, generando ingresos significativos para países como Bolivia, Brasil y Venezuela. Sin embargo, esta riqueza no siempre se traduce en beneficios tangibles para la población local, perpetuando dependencias y desigualdades.
Mientras tanto, la transición hacia las energías renovables, con inversiones superiores a los 15.000 millones de dólares en 2023, plantea nuevos desafíos y oportunidades. Sin embargo, la implementación de proyectos solares, eólicos y hidroeléctricos ha generado conflictos sociales, ya que las comunidades afectadas a menudo quedan marginadas de los beneficios.
La geopolítica de la energía en el continente se complica aún más con la creciente influencia de actores globales como China y Estados Unidos, mientras Europa intenta jugar un rol a través de la financiación de proyectos sostenibles. Las decisiones tomadas hoy sobre cómo y quién maneja estos recursos estratégicos definirán el futuro político y económico de la región.
Las comunidades locales, especialmente los pueblos originarios, se encuentran en una lucha constante por sus derechos y la preservación de sus tierras ante el avance de los proyectos energéticos. Manifestaciones y acciones legales destacan la resistencia frente a un modelo de desarrollo que a menudo excluye a las voces más vulnerables.
A medida que América Latina navega por estas aguas turbulentas, la región se enfrenta a una encrucijada: puede seguir patrones de dependencia y explotación o forjar un camino hacia una soberanía energética sostenible y justa. La historia aún está por escribirse, pero el diálogo entre desarrollo, justicia social y sostenibilidad ambiental será clave para determinar el rumbo que tomará América Latina en este siglo.
 
 
 
 
 
S&P ADVIERTE QUE BOLIVIA NECESITA LIQUIDEZ MÁS ALLÁ DE SUS RECURSOS NATURALES
 
Finanzas Digital de Venezuela (https://n9.cl/4m1zpn)
 
S&P Global Market Intelligence advirtió que, pese a sus amplias reservas de gas y litio, Bolivia no podrá convertir esos recursos en divisas de forma inmediata para aliviar sus tensiones de liquidez. Según la firma, el país necesitará apoyo financiero externo en los próximos meses para evitar mayores desequilibrios.
El análisis subraya que los proyectos vinculados a hidrocarburos y litio requieren años para generar retornos significativos. En el caso del litio, los ingresos relevantes podrían tardar entre tres y cinco años en materializarse, mientras que la limitada producción de gas —en declive desde hace una década— reduce la capacidad del país para generar exportaciones inmediatas.
Todo esto ocurre en un contexto marcado por la escasez de combustible, de divisas y de bienes básicos, lo que presiona la estabilidad interna.
Multilaterales en el horizonte
S&P considera que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira tendrá que recurrir a organismos multilaterales. Un acuerdo con instituciones como el FMI, el Banco Mundial o el BID —eventualmente bajo un programa de Facilidad de Financiamiento Extendida— podría apuntalar las reservas y garantizar el abastecimiento interno en el corto plazo.
La firma destaca que un programa de este tipo enviaría una señal de confianza a los mercados y ayudaría a estabilizar expectativas, hoy afectadas por la incertidumbre fiscal y por la fragilidad de las reservas internacionales.
La producción de gas ha caído de manera sostenida en la última década, en parte por la falta de inversiones en exploración. A ello se suma la pérdida progresiva del mercado argentino, que reduce la capacidad exportadora y limita los ingresos fiscales.
En paralelo, el desarrollo del litio enfrenta retos legales, de infraestructura y de escala productiva. Aunque Bolivia posee uno de los mayores depósitos del mundo, la transformación regulatoria necesaria para acelerar la explotación aún no se ha concretado, lo que impide que este recurso contribuya a aliviar las presiones actuales.
 
 
 
 
 
LA DERECHA GANA MÁS TERRENO EN AMÉRICA LATINA CON MILEI, NOBOA, BUKELE, PAZ Y JERÍ
 
La derecha ha ido ganando terreno en América Latina con Javier Milei, en Argentina; Daniel Noboa, en Ecuador; Nayib Bukele, en el Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia, y José Jerí, en el Perú. En muchos de estos casos se trata de personajes afines al Gobierno de Estados Unidos, en momentos en el que Donald Trump lanza una cruzada contra las drogas en la región.
 
Sin Embargo de México (https://n9.cl/nshpf)
 
La derecha ha ganado terreno en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y el Perú. Se trata de países que en su mayoría han dejado atrás a gobiernos de izquierda para virar hacia personajes que abiertamente han demostrado su simpatía con el Gobierno de Donald Trump en momentos en donde el Presidente estadounidense ha lanzado una supuesta cruzada contra los cárteles en la región, acusando a mandatarios de izquierda de supuestos vínculos criminales como ha sucedido con el colombiano Gustavo Petro y el venezolano Nicolás Maduro.
Uno de los últimos países en virar hacia la derecha fue Bolivia con la victoria del pasado 8 de noviembre de Rodrigo Paz Pereira, un triunfo que acabó con 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. Paz Pereira prometió rescatar al país “devastado” y con una “economía en quiebra”, de las cuales culpó a la izquierda saliente. “Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas, una deuda de 40 mil millones de dólares. Nos traicionaron”, afirmó.
Paz criticó duramente la gestión de Luis Arce, su antecesor, emanado del MAS, asegurando que sus políticas convirtieron a Bolivia en un “Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”, lleno de “mercados vacíos” y con ciudadanos que viven con “salarios que no alcanzan”. “Nos traicionaron, y la traición se paga en Bolivia, porque el costo lo asumen los más humildes, y vamos a defender a los más humildes”, afirmó.
Paz Pereira proviene de un linaje de derecha, ligado a casos de corrupción. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien asumió ese cargo paradójicamente gracias al dictador Hugo Banzer en el marco del “Acuerdo Patriótico”, un pacto político que se formó en 1989 entre el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz y la Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Banzer, para que el primero pudiera asumir la Presidencia aún cuando obtuvo el tercer lugar en ese proceso electoral.
El padre del nuevo Presidente boliviano también tiene señalamientos en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico. Un informe policial señalaba en marzo de 1994 que Paz Zamora y su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), protegieron al que se considera el mayor narcotraficante del país, Isaac Oso Chavarria, y permitieron su intromisión en el Gobierno.
Los principales dirigentes del MIR señalaron que el informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) era una conspiración para destruir a ese partido y las posibilidades de la candidatura a la Presidencia de Paz Zamora en 1997.
El propio Rodrigo Paz Pereira ha enfrentado señalamientos de corrupción que él mismo ha negado. El pasado 25 de febrero Paz Pereira fue acusado por la Fiscalía Departamental de Tarija, municipio que gobernó, por presuntas irregularidades en la construcción de un puente. Al hoy Presidente electo se le imputaron los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Las acusaciones fueron descartadas por la Justicia.
Durante la toma de posesión del nuevo Gabinete federal, que incluye a viejos conocidos de la política de ese país, quedó más que demostrado, ya que se destacó por la ausencia de la representación indígena, tras dos décadas en que fueron incluidas por el Gobierno de izquierda, teniendo en cuenta que en Bolivia el 38.7 por ciento de los habitantes son indígenas, principalmente quechuas y aymara.
Pese a este porcentaje de población indígena, el Presidente de Bolivia descartó contar con ellos bajo el argumento de que durante 20 años tuvieron, al igual que otros sectores, representación en el Gobierno, pero que ahora es momento de la "meritocracia". ¿Bolivia está mejor?", se preguntó Paz este domingo anticipándose a las críticas que dijo recibirá por ello.
"Es momento de darle a la meritocracia, a la eficiencia, a la transformación del Estado para darle servicio al pueblo", dijo, añadiendo que la puerta está abierta a todos los que quieran servir a la patria". No obstante, este gesto estuvo acompañado del retiro de la bandera wiphala, que representa a los pueblos indígenas, de la fachada del Palacio Quemado, a pocas horas de que Paz recibiera la banda presidencial.
El "libertario" de Argentina
Con llamamientos a combatir el “izquierdismo”, sus críticas al “marxismo cultural” y asegurando que era “especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero”, el ultraderechista Javier Milei, con su partido llamado La Libertad Avanza (LLA), llegó a la presidencia de Argentina en 2023, con más del 30 por ciento de los votos y ganando en 16 de 24 provincias de ese país.
En esa nación, Milei se vendió como especialista en crecimiento económico y les prometió que la solución contra la larga crisis era dolarizar la economía y privatizar todo lo posible porque los derechos, como la salud y la educación, alguien los tiene que pagar. "Nunca se olviden que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor", aseveró en una visita que hizo a México en noviembre de 2022.
Durante su toma de posesión como Presidente de Argentina, Javier Milei estuvo acompañado de varios políticos de derechas del continente Americano e incluso de Europa, como Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil; Daniel Noboa, Presidente de Ecuador; Dina Boluarte, ahora expresidenta de Perú luego de que fue destituida por "permanente incapacidad moral"; e incluso Santiago Abascal, presidente del ultraderechista Vox.
Milei es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano para después cursar dos posgrados, uno en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y otro en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), según consignó el portal Chequeado. Es gran admirador de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos y de la escuela austríaca, una corriente que busca oponerse a que el Estado regule el mercado de un país.
Durante su trayectoria profesional impartió clases en dos universidades y fue asesor del exgobernador de Tucumán, Antonio Bussi, un exmilitar que fue condenado por delitos de lesa humanidad, y cuyo hijo, Ricardo Bussi, después se desempeñó como el aliado de Milei también en Tucumán.
Desde hace meses, Argentina atraviesa por un colapso político del Gobierno que parece no detenerse, a lo que se suman escándalos de corrupción y fraude, como el caso $LIBRA, en el que Milei fue acusado de fraude luego de que promocionó en sus redes sociales una criptomoneda, la cual resultó ser una estafa que afectó a miles de personas, en el que también estaría involucrada su hermana Karina Milei.
Tras el triunfo legislativo del partido La Libertad Avanza, coalición que encabeza el Presidente Milei, que venció por un amplio resultado, con lo que las y los argentinos le habrían reiterado su apoyo al mandatario federal, a pesar de la grave situación económica por la que atraviesa el país sudamericano, Milei impulsa iniciativas para reformar el régimen laboral, el tributario y el Código Penal de ese país.
Una de las propuestas que más ha llamado la atención es la que plantea modificaciones en el ámbito laboral, que busca extender la jornada laboral hasta en 12 horas, la autorización de vacaciones en periodos determinados por el patrón, el pago en cuotas de las indemnizaciones y los aumentos salariales con base en la productividad, lo que podría echar abajo los derechos laborales de los trabajadores.
Un Presidente nacido en EU
El 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa, el heredero de un imperio bananero, uno de los principales productos de exportación, asumió la presidencia de Ecuador por año y medio para completar el periodo de Guillermo Lasso, acusado de delitos de corrupción y quien para evitar ser destituido, recurrió a la “muerte cruzada”, una medida contemplada en la Constitución que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones.
Catalogado por especialista en el tema como un influencer, Noboa concluyó ese periodo y, sin separarse el cargo, se lanzó a la reelección, misma que obtuvo en la segunda vuelta y tras vencer a Luisa González, candidata del correísmo, Noboa fue elegido Presidente pese a dichas irregularidades fueron señaladas incluso por la Organización de los Estados Americanos (OEA), pese a lo cual su triunfo prosperó.
Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, más conocido como Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, un magnate de la industria del plátano que en cinco ocasiones intentó ser presidente de Ecuador, nació en Miami, Florida, Estados Unidos, en donde también fue educado como mucha de esa élite, lo que podría explicar por qué se mira más cercano a ese país que a Ecuador y que aspira a tener su modelo social y económico.
Noboa ganó con la promesa de mejorar la seguridad y su estrategia incluyó estados de excepción, la declaración de un conflicto armado interno y poner al Ejército en las calles. Todo esto ha significado para la población un aumento en la violación a los derechos humanos, sin que la misma esté dando resultados positivos, ya que la crisis de inseguridad ha alcanzado niveles récord en ese país.
Los asesinatos en este país han aumentado aproximadamente un 800 por ciento desde 2018 y se encaminan a alcanzar un récord este año de cerca de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la policía ecuatoriana.
Las mismas cifras refieren que cuatro de las 10 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran ahora en Ecuador, según el Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño.
Durante el tiempo que Noboa se ha mantenido en el poder ha llevado a cabo reformas que han impactado a la población, como la disminución en los subsidios a la gasolina y el incremento del IVA. Además, es cercano al Presidente Trump, de quien ha buscado apoyo para combatir al crimen organizado en su país, por lo que ha dejado la puerta abierta para que se vuelvan a instalar en su país bases militares estadounidenses.
Sin embargo, pese a esta lucha contra las organizaciones criminales, una investigación de Pública, una agencia de periodismo de investigación sin fines de lucro de Brasil, reveló que Novoa es dueño de una empresa que está asociada a una exportadora vinculada al narcotráfico. Se trata de Noboa Trading Co., empresa que, según Pública, fue atrapada “al menos tres veces por traficar cocaína hacia Europa”.
Documentos filtrados por los Pandora Papers señalan que Noboa y su hermano John Noboa son “socios-propietarios” de la empresa Lanfranco Holdings S.A., que tiene sede en Panamá, la cual a su vez es accionista del 51 por ciento de Noboa Trading Co., la cual transportó droga “escondida en contenedores de bananas y fue objeto de tres interceptaciones por parte de la policía nacional ecuatoriana”.
Tras las elecciones presidenciales, el pasado mes de abril, Luisa González, candidata opositora a la Presidencia de Ecuador, denunció un fraude electoral en la segunda vuelta de la votación presidencial que se celebró en el país sudamericano, en la cual resultó ganador el actual mandatario Daniel Noboa, según datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Luego de darse a conocer los resultados preliminares de la elección, Luisa González emitió un discurso en el que rechazó la victoria de Daniel Noboa y adelantó que solicitará al Consejo Nacional Electoral que haga un recuento de votos. "En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE", dijo la candidata en un mitin al que se congregaron decenas de seguidores.
Además, durante la campaña y hasta el comienzo de las elecciones, González también alertó de acciones que considera antidemocráticas como el cierre de fronteras o la declaración del estado de excepción en hasta siete provincias del país.
La imposición de la derecha
En diciembre de 2022, el entonces Presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, fue detenido después de que anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción, decreto que no recabó ningún apoyo, por el contrario, el Parlamento apoyó una moción de censura en contra del entonces mandatario y a la posterior detención de éste por la Policía del país, por los delitos de rebelión y conspiración.
La Fiscalía detuvo a Castillo en la sede de la Prefectura de Lima, a donde se dirigió junto a su familia y el exprimer Ministro Aníbal Torres tras anunciar que disolvía el Congreso, decretaba un Gobierno de excepción y convocaba nuevas elecciones legislativas. Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones.
Tras los hechos, la entonces Vicepresidenta Dina Boluarte, tomó juramento como Presidenta de Perú en las siguientes horas, decisión que despertó malestar entre varios sectores de la población, que protagonizaron protestas en su contra, las cuales dejaron al menos seis manifestantes muertos.
Unos meses después de su destitución, el expresidente Castillo, concedió una entrevista al diario español El Salto, en donde denunció que era blanco de una campaña de "persecución política" basada en racismo, clasismo y desigualdad desde su segunda elección. Desde el penal de Barbadillo, Castillo señaló a la derecha peruana de perpetrar acciones que incitaban "al odio y al racismo".
El que fue Presidente de Perú hasta diciembre del 2022, también señaló directamente al empresario de extrema derecha y Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por presuntamente usar frases como "muerte a Castillo" en sus mítines. Asimismo, denunció actos de racismo y acoso contra su familia, como negarle la inscripción a sus hijos y agresiones verbales, como "es hija del burro"; así como constantes burlas por el acento y vestimenta de su esposa.
Castillo reiteró que la derecha peruana y la prensa de dicho país construyeron un discurso que llegaba a que el entonces Presidente cometió un "autogolpe", añadiendo además que es una "víctima de un complot". "[La derecha peruana] sirve a intereses de la derecha internacional, los grupos neoliberales e imperialistas”, dijo.
 
 
 
 
 
BOLIVIA 'NO TIENE PLATA'; PRESIDENTE RODRIGO PAZ DENUNCIA FALTA DE PRESUPUESTO
 
Con dos semanas en el poder, el presidente Rodrigo Paz asegura que los gobiernos previos los dejaron sin presupuesto; encontraron deudas no registradas y compras irregulares
           
Reporte Índigo de México (https://n9.cl/8jg6y)
 
El gobierno entrante de Bolivia anunció que no tiene recursos económicos para impulsar al país. El presidente Rodrigo Paz, que tomó posesión dos semanas atrás, hizo público que “no hay platita” porque se la gastaron en los últimos 20 años que el partido Movimiento al Socialismo (MAS) estuvo en el poder.
“Algo que es muy duro para decir a los bolivianos: Todo lo que estaba como presupuesto, antes de que entráramos, ya se gastó. Nos dejaron sin nada en las arcas. Hay que decirlo, no solo roban, (también) han dado mal servicio en salud, educación, diésel, gasolina; una serie de daños”, declaró el mandatario.
Horas antes de ese anuncio, el presidente con el lema “Vienen tiempos mejores” había confesado que no era fácil desmantelar toda la institucionalidad corrupta que dejó el MAS, pero lo estaban haciendo y, en esa labor, se encontraron con deudas no registradas, compras irregulares y desfalcos millonarios en las arcas del Estado.
A las pruebas que estaban acumulando, el presidente remarcó que seguirán recabando las suficientes para que los hechos de corrupción no queden impunes. “Estamos empezando a poner la casa en orden”, escribió Paz en sus redes sociales.
Corrupción, un problema recurrente en Bolivia
Antes de que el presidente Rodrigo Paz tomara posesión, la corrupción que hoy anuncia ya se había registrado desde años atrás.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, donde el nivel de corrupción se puntualiza del 0 al 100, siendo el número menor el más corrupto, Bolivia se ubicó en el 28 de 180 países analizados. México se ubicó en 26.
De acuerdo con datos del Índice, en 2023 Bolivia se ubicó en el puesto 29 y, entre 1996 y 2024, registró su nivel más bajo (35) y más alto (20).
Asimismo, en el análisis 2025 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP), Bolivia registró un nivel de corrupción de 0.23, siendo 1.0 el menos corrupto.
En la clasificación mundial del WJP, el país latinoamericano se ubicó en el puesto 141 de 143 naciones analizadas y a nivel regional en el 32 de 32.
Pese a que los datos corroboran que la corrupción está presente en Bolivia desde hace años, el expresidente Evo Morales cuestionó las denuncias de Paz.
Morales, que comenzó su gobierno en 2006 bajo la bandera del partido MAS, confesó que con extranjeros expertos en noticias falsas es como el gobierno está “montando el relato de que ‘se robaron todo’ y que ‘Bolivia está muerta’”.
Según el expresidente, exiliado en México tras las protestas sociales en 2019 que negaron su reelección, la estrategia del gobierno en turno tiene el objetivo de acallar al pueblo para eliminar derechos sociales, privatizar empresas y servicios públicos; devaluar, eliminar subvenciones, aumentar la edad jubilatoria, reducir presupuesto de universidades y del sistema de salud y educación.
A las declaraciones de Paz de tener pruebas de deudas y compras irregulares, Morales afirmó que no tenía miedo a una investigación sobre su gestión de 14 años, pero invitó a indagar, también, los mandatos de Jeanine Áñez y Luis Arce.
Pidió, además, que que se investiguen los gastos reservados, la repartición de cargos entre familiares; las privatizaciones; los narcovínculos políticos; las masacres de bolivianos y el reparto de tierras entre neoliberales y terratenientes, extranjeros y bolivianos, así como a los aparatos del Poder Judicial y Ministerio Público.
Nuevo gobierno de Bolivia restablece relaciones
Como parte de las primeras labores del presidente Rodrigo Paz para restablecer a Bolivia, su gobierno optó por afianzar relaciones con países que estaban distantes a las administraciones anteriores.
Con Estados Unidos, Paz retomó vínculos desde su toma de posesión con la presencia al evento del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y una reunión con el secretario Marco Rubio días antes de su investidura.
Con el apoyo estadounidense, el presidente anunció que el tema del combustible estaba garantizado para su pueblo, al igual que el dólar. Con ello, aseguró que tocaría todas puertas necesarias para que a Bolivia le fuera bien.
“Bolivia quiere cambiar, estar en una nueva etapa; quiere estar en el mundo y que el mundo venga a Bolivia y uno de los condicionantes más importantes es estar en una relación con Estados Unidos y con el gobierno del presidente (Donald) Trump”, dijo para Fox News.
Así también, su gobierno expresó su deseo de impulsar un cambio en las relaciones con Chile, con quien tiene una demanda para volver a acceder al Océano Pacífico; una salida que perdió en 1879 con su vecino.
En los últimos 20 años, los mandatos bolivianos se alejaron de diversos países del mundo y la región y potencializaron sus vínculos con Estados criticados por su extremismo político: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, con el liderazgo de Paz, la política exterior boliviana dará un nuevo giro con el fin de beneficiar a su pueblo.
 
 
 
 
 
EL GIRO DE BOLIVIA: ¿APERTURA DIPLOMÁTICA O COMPLICIDAD CON EL GENOCIDIO EN GAZA?
 
Resumen Latinoamericano Org. (https://n9.cl/g4kfy)
 
La transición iniciada el 8 de noviembre no se limita a un cambio de sede gubernamental, representa una transformación profunda: del gobierno de los movimientos sociales, sustentado en el poder popular, al “nuevo gobierno” pro EEUU proclive a los intereses transnacionales y privatizadores, que incluso antes de cristalizarse ya ofrecía sus mejores intenciones a las entidades financieras internacionales en detrimento del pueblo, por los préstamos y sus condicionamientos.
Sin embargo, Bolivia, en aras de su “apertura” hacia todos los países del mundo, reestablecerá relaciones diplomáticas con Israel, un Estado acusado de masacrar a más de 69.000 palestinos. A ello se suma que su primer ministro, Benjamin Netanyahu, cuenta con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
La Comisión Internacional Investigadora de la ONU para los Territorios Palestinos concluyó en septiembre de 2025 que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, una calificación respaldada por numerosos organismos internacionales y Estados.
Frente a ello, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel “tomar todas las medidas posibles para prevenir” un genocidio en Gaza, asimismo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, vinculados a la ofensiva militar israelí en la Franja, sumándose a estas resoluciones se suman las denuncias de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien ha señalado actos de genocidio, ocupación y apartheid por parte de Israel.
A pesar de estas acusaciones y resoluciones internacionales, Bolivia, bajo su nuevo gobierno, ha decidido establecer relaciones diplomáticas con Israel y su principal aliado, Estados Unidos. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿Dónde queda la coherencia con los derechos humanos?
Sin duda, esta decisión contradice el Artículo 10 de la Constitución boliviana, que declara al Estado como pacifista, ya que reanudar relaciones con un país acusado de genocidio representa un abandono de dicho principio y una clara traición a los derechos humanos consagrados en los Artículos 13 y 14.
Otrora, Bolivia mantenía una política exterior coherente con el derecho internacional humanitario y público, caracterizada por un apego a las normas globales y una vocación de apertura hacia todas las naciones, hoy su posicionamiento se alinea con los gobiernos hegemónicos que buscan controlar el mundo, se oponen al surgimiento de los BRICS y obstaculizan la construcción de un sistema multipolar, un proyecto por el que numerosas naciones han luchado intensamente.
Para Estados Unidos y su séquito de aliados, Latinoamérica sigue siendo su patio trasero; la amenaza es explícita; así por ejemplo el senador estadounidense Lindsey Graham, manifestó que EEUU ya ha invadido Panamá y Granada bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, y ahora podría hacer lo mismo con Venezuela.
Esto no es un hecho aislado; forma parte de un patrón histórico, pues lo ejecutaron en 1989 con la invasión a Panamá para derrocar a Manuel Noriega, lo intentaron con Cuba y lo han practicado contra otras naciones soberanas, siendo esta “política” abiertamente intervencionista, cuyo fin es fracturar la unidad latinoamericana.
El objetivo de Washington es instalar gobiernos dóciles; actualmente, sus buques de guerra merodean el Caribe y acechan a Venezuela, país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero el interés estratégico va más allá: según abundante literatura geopolítica, la región atesora el Acuífero Guaraní —una de las principales reservas de agua dulce del planeta—, el «triángulo del litio» (Argentina, Bolivia, Chile) y significativos yacimientos de tierras raras, como grafito y níquel, también presentes en Bolivia, recursos que Washington busca tomarlos para fortalecer su complejo militar-industrial, un interés que contradice flagrantemente sus declaraciones públicas de respeto a la soberanía, la “democracia y la libertad”.
Frente a esta ofensiva, las políticas estructuradas durante más de 14 años —desde el gobierno de Evo Morales y continuadas por Luis Arce Catacora (2021-2025) del Movimiento al Socialismo— demostraron una voluntad política clara, aunque con desafíos, de proyectar al país en el escenario internacional con soberanía. Esa política exterior, reconocida por analistas durante dos décadas, se caracterizó por su apertura multipolar. Un ejemplo emblemático fue el consistente apoyo a Palestina, que llevó a Bolivia a romper relaciones con Israel en 2009 y a reafirmar esa postura el 31 de octubre de 2023 bajo el gobierno de Arce, mientras se reabrían embajadas —clausuradas durante el gobierno transitorio— en países como Venezuela, Irán y la República Árabe Saharaui.
Resulta incongruente, por tanto, que la actual administración de Rodrigo Paz proclame una apertura mundial cuando, en la práctica, sus acciones demuestran sumisión. Esta supuesta apertura es selectiva y obsecuente: restringe relaciones con Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán, al tiempo que se alía con naciones acusadas de violaciones graves al derecho internacional.
No es admisible que un país que profesa amor por los derechos humanos se alíe con un Estado señalado por la Corte Internacional de Justicia y objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra su primer ministro, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de genocidio. Es contradictorio que una nación pacífica, forjada en la lucha contra el colonialismo, establezca lazos privilegiados con regímenes acusados de vulnerar masivamente los derechos humanos.
Esta incongruencia se agrava con la estrategia económica del actual gobierno de derecha. Su fórmula para «salir» de la crisis consiste en solicitar préstamos a organismos internacionales y al Banco Mundial, cuyas condicionalidades endeudarán a más de 11 millones de bolivianas y bolivianos, hipotecando la soberanía nacional y limitando la capacidad de decisión autónoma del país.
El horizonte para la paz global es un mundo multipolar, basado en la tolerancia, el respeto al derecho internacional, la autonomía de los Estados y la soberanía sin imposiciones.
Las políticas de Washington, sin embargo, son claras: buscan someter todos los sistemas políticos de Latinoamérica, ya que hoy controlan Argentina (préstamos millonarios) y ejercen presión sobre Venezuela y Colombia. Bolivia, que fue un bastión de resistencia durante la era de los movimientos sociales, ha caído en la órbita de influencia estadounidense y se ha convertido en otro de sus tentáculos para imponer su sistema en la región.
La dignidad y la soberanía de los pueblos no son moneda de cambio bajo las directrices de Washington o Bruselas. Cuando un país como Bolivia se alinea con naciones que, como Israel —señalado por causar más de 69,000 muertes en Gaza—, son acusadas de no respetar la normativa internacional, debemos preguntarnos con urgencia: ¿Es esta una política humana y moralmente defendible?
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DE BOLIVIA DIJO QUE EN 12 DÍAS CUMPLIÓ CON ABASTECER CARBURANTES, ESTABILIZAR EL DÓLAR Y CERRAR EL MINISTERIO DE PERSECUCIÓN
 
Como comprometió en la campaña electoral, Paz cerró este jueves el Ministerio de Justicia, con lo que, afirmó, acabó la persecución judicial y la injerencia política en la justicia
 
ICN Diario de Argentina (https://n9.cl/1zn55)
 
El presidente de Bolivia Rodrigo Paz informó que en los primeros 12 días de Gobierno cumplió con normalizar la provisión de combustibles, estabilizar el dólar y cerrar el ministerio de la persecución, pero -afirmó- queda aún un camino largo ante un “país hecho trizas”.
“En 12 días estamos recuperando esa institucionalidad que el pueblo de Bolivia demandaba y que perdió durante los últimos 7.300 días bajo el mandato del MAS. 12 días vs. 7.300 días. Ahora más que nunca necesitamos una institucionalidad útil y de servicio público”, aseguró.
Como comprometió en la campaña electoral, Paz cerró este jueves el Ministerio de Justicia, con lo que, afirmó, acabó la persecución judicial y la injerencia política en la justicia. También honró sus compromisos de resolver la falta de carburantes y estabilizar la cotización del dólar.
Las largas filas de vehículos en las estaciones de servicios acabaron con la provisión de carburantes en función a la demanda, lo que empezó a normalizar el flujo de viajes de pasajeros y de carga. Paralelamente, la cotización del dólar paralelo bajó a cerca de Bs 10, cuando en su pico se encontraba en Bs 20.
“Los primeros 12 días nos propusimos el reto de cumplir las tres promesas principales de nuestra propuesta de campaña: normalizar la provisión de combustibles, estabilizar el dólar y cerrar el ministerio de la persecución. Hoy, día 12, podemos decir que cumplimos”, afirmó en un post en sus cuentas en redes sociales.
No obstante, quedan tareas por realizar, sobre todo, cuando desde el Gobierno se reveló que los gobiernos del MAS dejaron, prácticamente, un Estado quebrado y muerto, sin institucionalidad.
Paz perfiló la reconstrucción del Estado con institucionalidad y de servicio a la ciudadanía.
“Queda un camino largo, nos dejaron un país hecho trizas, pero los bolivianos nos recuperamos y seguimos para adelante. ¡Dale Bolivia, vienen tiempos mejores!”, aseguró.
 
 
 
 
 
REAPARECIÓ LA ÚLTIMA CARABINA USADA POR EL CHE GUEVARA
 
Memo de Argentina (https://n9.cl/56yt7)
 
Tras 58 años de la muerte de Ernesto Che Guevara, reapareció en Bolivia la carabina utilizada por el guerrillero revolucionario argentino durante sus últimos días. La misma será exhibida desde este jueves en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.
Según reveló el medio boliviano Oxígeno, el arma se encontró custodiada durante 58 años por la familia de Joaquín Zenteno Anaya, quien fuera comandante de la VII División del Ejército de Bolivia, batallón que capturó al Che con una de sus piernas heridas y la M-2 americana en alto. Según el ex agente de la CIA Félix Rodríguez, fue Zenteno Anaya quien le dijo que había órdenes superiores de asesinar a Guevara.
Durante muchos años, el arma estuvo desaparecida: mientras algunos pensaban que estaba en Cuba o con la CIA, la donación fue toda una sorpresa para la sociedad boliviana. Además, la reliquia será exhibida en un lugar con un alto valor simbólico para la Argentina, ya que allí se encuentra también la primera bandera Argentina portada por Manuel Belgrano en su campaña al norte.
Tras el fallecimiento de Anaya, su familia custodió la carabina M-2 hasta el día de hoy, día en que la carabina fue donada a la Casa de la Libertad en Sucre para quedar expuesta al público. Según la información oficial, la familia Anaya donó la carabina a través de un contrato de donación firmado con la Fundación del Banco Central.
Precisamente este jueves la Casa de la Libertad inauguró su espacio habilitado y destinado a no solo rescatar la memoria, sino impulsar la reconciliación y cerrar las heridas dejadas por la guerrilla en Bolivia.