LA CONTINUIDAD DE MESA PENDE DE UN HILO

Escenario:

LA CONTINUIDAD DE MESA PENDE DE UN HILO

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

Más que la política energética del país, la pulseada por la ley de hidrocarburos en Bolivia ha puesto en juego la continuidad del propio presidente Carlos Mesa. Hoy, al igual que hace dos meses, su situación parece pender de un hilo, en medio de una intensa pelea política en cuyo desenlace podría ser crucial el papel del líder cocalero Evo Morales.
Luego de la aprobación de la ley de hidrocarburos, que fue sancionada anteayer por el titular del Senado tras la negativa del presidente Carlos Mesa a promulgarla o vetarla, dos escenarios aparecen como los más probables en el futuro de Bolivia.
El primero encontraría a Mesa aún en el poder, pero de forma muy precaria. "Una posibilidad es que todo continúe en una situación de baja intensidad y que el presidente siga comprando días y meses, sobreviviendo en un equilibrio casi catastrófico, donde las decisiones ya no dependen de él", explicó a LA NACION el economista Gonzalo Chávez, desde La Paz.
Luego de la crisis política que sacudió al país en marzo último y que dejó a Mesa al borde de la renuncia, el mandatario quedó muy debilitado. La alianza que había trabado el año anterior con el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero Evo Morales se rompió, y Mesa no logró encontrar un sustituto que apuntalara su poder. No logró atraer el apoyo de los empresarios de Santa Cruz de la Sierra, motor económico del país, y quedó aislado y enfrentado con el Congreso.
Esta precaria situación del presidente se sostendría sólo porque los otros actores políticos bolivianos no encuentran otra salida a la crisis y ninguno de ellos ha logrado suficiente apoyo como para relevar a Mesa. De hecho, muchos buscarían evitar un estallido en este momento porque ni los partidos tradicionales ni el MAS parecen estar en condiciones de mantener sus bancas parlamentarias si hay un llamado a elecciones anticipadas. Sin embargo, la situación boliviana es tan inestable que esta coyuntura podría variar en cuestión de días. O incluso de horas. Y la ola de protestas que iniciaron algunos movimientos sociales y que llegaría el lunes a La Paz podría ser la gota que colmara el vaso.
"En Bolivia hay que ir paso a paso. Ahora es poco probable que Mesa renuncie, porque la situación no está tan complicada. Pero si el lunes [en alusión a la marcha a La Paz] las cosas se complican, Mesa puede renunciar. Todo es muy dinámico", dijo Chávez.
Este segundo escenario -la renuncia de Mesa- podría precipitarse si los movimientos sociales continúan radicalizando sus demandas y terminan de acorralar a Mesa, forzando su renuncia.
Si Mesa dimitiera, la Constitución indica que la sucesión presidencial recaería en el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez. Este llamaría a elecciones anticipadas, aunque afrontar un escenario electoral no sería favorable para los partidos tradicionales y para el MAS.
Sin embargo, los que apuestan a esta salida especulan con que la renuncia pueda producirse después del 6 de agosto, cuando se supera la mitad del mandato que cumple Mesa, quien completa el período del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. A partir de esa fecha, la Constitución establece que el llamado a elecciones anticipadas sea sólo para presidente y vicepresidente, mientras el Congreso podría completar su mandato hasta 2007, explicó a LA NACION el politicólogo Fernando Mayorga, director académico del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU).
El papel de Evo Morales
Sin duda, el papel de Evo Morales será crucial para definir si se precipita o no la renuncia de Mesa, ya que él es quien tendría la capacidad de inclinar la balanza a favor de los movimientos sociales, que no tienen una postura común. Por un lado, los sindicatos y parte del movimiento campesino tienen reclamos muy radicales, como la nacionalización de los recursos naturales, el cierre del Congreso y la renuncia del presidente. Por el otro, Morales y su movimiento cocalero indígena se encuentran en una postura "más moderada, más centrista y más democrática", señaló Mayorga.
"En la medida en que el MAS se mueve hacia la izquierda se complica la situación, porque se fortalecen los movimientos más radicales. El que puede marcar el paso de la coyuntura es el MAS, y por ahora no se radicalizó", afirmó Mayorga.
De esta forma, sin el apoyo de Evo Morales, los grupos más radicales e intransigentes no lograrían forzar a Mesa a renunciar. Y así, al seguir apostando a vías legales y pacíficas para presionar por sus demandas, "el MAS sigue siendo indirectamente el principal sostén del presidente y de la democracia", concluyó Mayorga.



Editorial:

CRISIS BOLIVIANA

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

La encrucijada en que se encuentra el Presidente Mesa deriva, en parte, del referéndum cuyas preguntas él mismo planteó, en la esperanza de quedar bien con todos. Así, sus primeras tres preguntas, contestadas afirmativamente, apuntaban a contentar a los votantes que deseaban una mayor participación del Estado en los negocios petroleros. La cuarta, relativa a emplear al gas como instrumento para lograr de Chile acceso al mar, se explica por el prurito de muchos bolivianos de culpar a nuestro país de todas sus desventuras.
Pero la última -”¿Está de acuerdo con que Bolivia exporte el gas en un marco de política nacional que asegure suministro para los bolivianos; impulse la industrialización del gas en territorio nacional, imponga impuestos o regalías a las empresas petroleras hasta el 50 por ciento del valor del petróleo o gas que produzcan; que destine los recursos de la exportación e industrialización del gas prioritariamente para educación, salud, caminos y empleo?”- soslayaba la verdadera intención de Mesa, sin decirlo: evitar expropiaciones por ley, que podrían ser muy onerosas para el país. Esta indefinición le ha rebotado, y bien podría tener que responder de ella con su cargo.
Los políticos en Bolivia están desprestigiados, como lo demostró la reciente elección de concejales: incluso el partido con más presencia parlamentaria, el MAS de Evo Morales, que profesa un socialismo ya sólo imaginable en Cuba, perdió votos en ellas. Morales es, además, el responsable del caos que vive su país, desde que el MAS orquestara la caída de Sánchez de Lozada.
La ubicación geográfica de la zona petrolera boliviana ha convertido a ese país en la tornamesa energética de América del Sur. Sin embargo, su fragilidad institucional, el socialismo a ultranza de Morales, y el rencor hacia Chile que muchos sectores cultivan, lo han conducido a una situación de actual desgobierno que parece muy difícil de superar. La permanencia de Mesa en el poder es, hoy, algo que puede cesar en cualquier minuto, y quién pueda sucederlo con alguna perspectiva de gobernabilidad es una incógnita. Por paradoja, ése es su último bastión.
Con miles de personas bloqueando las carreteras y marchando a La Paz para exigir la nacionalización del petróleo y del gas, Mesa no vetó la nueva Ley de Hidrocarburos, que él mismo estima “inviable”, previendo perjuicios internacionales. Pero, de hecho, sus únicas otras opciones parecían ser la renuncia o la deposición.



Entrevista: Jorge Lazarte, analista político y catedrático de la Universidad Católica de Bolivia

‘MESA ES EL GRAN DERROTADO’

El Comercio de Perú (www.elcomercio.com)

¿Cómo explica la decisión del presidente Mesa de dejar al Congreso la promulgación de la Ley de Hidrocarburos?
No debe sorprender la decisión, si se toman en cuenta los antecedentes del actual Gobierno. Es un Régimen que nada decide y está “preso” de sus propias dubitaciones. En los últimos meses, el presidente Mesa ha demostrado tener una actitud inconsistente y con lo hecho con la Ley petrolera, demostró su incapacidad para gobernar. Él es el gran derrotado de estos días.
¿Qué es lo que Carlos Mesa está buscando?
Escapar de sus responsabilidades. El Presidente actúa de forma contradictoria. Primero dijo que vetaría la Ley, después afirmó que se trataba de una norma “suicida”. Posteriormente, no descartó su promulgación. Y, finalmente, señala que cuestiona el concepto de la nueva Ley.
¿El objetivo es aislarse del conflicto social y permanecer en el poder?
Carlos Mesa quiere ganar tiempo, mas la pregunta es: ¿ganar tiempo para qué?. En el fondo, quiere evitar su renuncia al cargo y por eso huye de los problemas.
¿Qué puede acontecer?
La imagen del Gobierno de Mesa se deteriora, día a día. Los bolivianos consideran que esta no es la forma de gobernar. Cada vez, crece más la idea de convocar elecciones generales anticipadas. Diario O’Globo, Brasil, GDA.
La frase:
“La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos recortará las inversiones en Bolivia, en el corto plazo “.



Los yacimientos del Norte aportarán otros 5 millones de metros cúbicos diarios

EN AGOSTO EL GAS DE SALTA SUPLIRÁ LOS ENVÍOS DE BOLIVIA

Por ahora la crisis obliga a importar el recurso desde Bolivia al triple del costo en pozos argentinos. Con la recomposición del precio que había sido congelado con la devaluación aparecen las inversiones.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

A mitad del próximo invierno la Argentina podrá prescindir definitivamente de las costosas e inciertas importaciones de gas natural boliviano, ya que para entonces tres grandes yacimientos del departamento San Martín estarán en condiciones de entregar otros 5 millones de metros cúbicos diarios a la producción salteña, que en la actualidad oscila entre 19 y 20 millones de metros cúbicos diarios.
De acuerdo con las previsiones que se manejan dentro de la Secretaría de Minería y Recursos Energéticos de Salta, los aportes de gas que comenzarán a sumarse en breve desde los yacimientos Ramos, Aguaragüe y Acambuco, posibilitarán que la Argentina se desprenda por completo, hacia fines de agosto, de los 4,7 millones de metros cúbicos diarios que son bombeados desde Bolivia, como obligada y onerosa alternativa frente a la crisis energética que tiene en vilo al país desde hace un par de años.
En opinión de Daniel Garkus, uno de los más afinados especialistas salteños del sector, a nuestro país le esperan "dos meses duros" en junio y julio, pero con agosto comenzarán a despejarse los oscuros nubarrones que sobrevuelan a las centrales térmicas, a las industrias y otros consumidores de la Argentina a causa de la fuerte dependencia del gas boliviano y el clima de inestabilidad institucional que se desató en el vecino país de la mano del propio recurso hidrocarburífero.
Para Garkus el corte definitivo al acuerdo gasífero que firmaron el año pasado los gobiernos de Carlos Mesa y Néstor Kirchner "es un hecho" en poco tiempo más.
Más allá del desfavorable contexto político, se da por seguro que las importaciones de gas cesarán mucho antes de lo que muchos suponían por una fundamental razón económica.
Como bien recordó Garkus, el gas natural boliviano comenzó a venderse a nuestro país el año pasado a 1,60 dólares el millón de BTU (como se denomina la unidad internacional que equivale en números redondos a 27 metros cúbicos de fluido).
Ante reclamos de los duros sectores sindicales y sociales, a comienzos de ese año el gobierno de La Paz exigió un precio más cercano a la cotización internacional del fluido, por lo que en estos días el gas natural boliviano que se bombea a la Argentina cuesta US$ 2,15 el millón de BTU. Y eso no es todo: los radicalizados movimientos obreros y campesinos presionan para que el gas de su país no se despache hacia la Argentina por menos de 3 dólares el millón de BTU.
Mientras esto ocurre arriba de la línea fronteriza, en nuestro país el gas en boca de pozos cuesta hoy entre 75 y 78 centavos de dólar el millón de BTU, o sea tres veces menos que el que llega a Campo Durán a través del ducto que baja desde Yacuiba por Salvador Mazza.
En vista de esta sustancial diferencia de costos, este mismo diario advirtió en más de una de sus ediciones de 2004 y 2005 que traer gas de Bolivia "no es un buen negocio para la Argentina".
En efecto, y según las estimaciones más conservadoras, sólo por el gas importado de Bolivia el Tesoro de los argentinos y en menor medida la industria se desprenderían hasta finales del invierno de cerca de $ 800 millones. Otros $ 1.500 millones se resignarían por los embarques de fuel oil y gasoil despachados desde Venezuela para suplir al gas argentino en las usinas térmicas del país. Esta situación, achacada la falta de inversiones que se agudizó en las cuencas y gasoductos argentinos tras la devaluación y el congelamiento del precio del gas en boca de pozo, tiende ahora hacia un giro sustancial porque con el valor del fluido -recompuesto a través del sendero de precios que acordó el Gobierno nacional con las petroleras- vuelven a aparecer las inversiones y el gas en las cuencas de nuestro país.



DURA REACCIÓN DE LAS PETROLERAS: PARALIZAN LA INVERSIÓN EN BOLIVIA

Es por la ley de hidrocarburos que entró en vigencia ayer y triplica los pagos al Fisco por la explotación del gas. Entre otros rubros, suspenden la exploración petrolera. Se teme que pueda afectar a Argentina.

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Bolivia se complicó ayer con nubes que también preocupan en Argentina, al anunciar el cartel de empresas privadas que explotan el gas y el petróleo que cesan las inversiones, a partir de la entrada en vigencia este miércoles de la cuestionada ley de hidrocarburos.
La crispación de estas compañías, que han venido manejando con mano libre el negocio gasífero boliviano desde los acuerdos de 1996 con el depuesto presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, llegó al extremo de que la brasileña Petrobras advirtió que congelará un paquete de proyectos clave, entre ellos, gasoductos. El congelamiento de la inversión es una mala noticia para Argentina, debido a que puede amenazar la provisión de los 4 millones de metros cúbicos que recibe diariamente de Bolivia.
La inauguración de la ley que, en su esencia, aumenta tres veces hasta US$ 600 millones la ganancia del Fisco por la explotación gasífera, y dispone que el precio doméstico sea la mitad del de exportación, no se produjo en un escenario calmo. Hubo choques con la policía por parte de grupos de izquierda y sindicales que piden una legislación aún más dura y hasta el revoleo de cartuchos de dinamita, una práctica habitual aquí tanto para festejar como para repudiar. Los incidentes concluyeron luego de que los piqueteros negociaron con el gobierno. Y volvió la calma.
Este enojo en los dos extremos del espectro político y económico del país asombra a un observador recién llegado. Mientras la izquierda protestaba contra la ley, la Cámara de Hidrocarburos reconocía una "gran preocupación y frustración", dijo su titular, Raúl Kieffer, que calificó de confiscatoria la legislación.
"No habrá más exploración petrolera", advirtió el empresario, pero aclaró que las empresas no dejarán el país donde han invertido US$ 3.500 millones. Cada firma tomará medidas adecuadas, "respetando la legalidad, para proteger su derecho". Traducido: si con el ex presidente Sánchez de Lozada pagaban sólo 18% de regalías y ahora las imposiciones globales suben al 50%, resistirán el cambio de normas. Tienen 6 meses para cambiar los contratos, como exige la ley, y asociarse con una refundada YPFB estatal. No se descarta que alguna firma inicie juicio. Pero se descarta que la siguiente batalla será intentar mejorar su posición por vía de los decretos reglamentarios.
"Quizá busquen no cambiar del todo los contratos. Es un negocio muy rentable y las empresas no dejarán Bolivia aunque bajen las inversiones", dijo a este enviado Carlos Toranzo, de la Fundación Ebert. Los comités cívicos de Tarija y Santa Cruz, las mayores zonas gasíferas del país, temen perder inversiones. Roberto Mustafá, de la Cámara de Empresas Privadas, opinó al respecto: "La ley condena a Bolivia al subdesarrollo".
El analista Jorge Lazarte, de la Universidad Católica, dijo a Clarín: "No cerró aún el capítulo del gas. El MAS de Evo Morales apoyó pero buscará cambios (que las regalías lleguen a 50%) y veremos qué pasa cuando reglamente el Ejecutivo". El punto es clave pues si bien Mesa prometió "administrar" la nueva ley, es sabido que la reglamentación es en la práctica una interpretación de la norma. Las empresas apostaban al veto presidencial o a observaciones, pero entienden que eso hubiera agravado la gobernabilidad y entonces presionarán en los decretos reglamentarios, supo este enviado de fuentes privadas. José Luis, hermano del ministro de la Presidencia, José Galindo, uno de los pocos que rodea a un presidente aislado, sería el nexo con los capitales.
Los bloqueos estuvieron por la mañana y un poco de la tarde, dándole la característica típica de esta crisis. En las calles se mezclaban consignas, mascadas de coca, alguien que blandía un "cachorro" de dinamita —los pequeños cartuchos que luego hicieron estallar— mientras en la díscola ciudad de El Alto llamaban a un paro para el lunes. Pero la ley que aprobó el Congreso calmó por ahora ese conflicto. Sólo por ahora.
En los sectores más pobres la visión es otra. El MAS apoyó la promulgación y, aunque insistirá con más tributos, su caravana hacia la capital apunta ahora a la Asamblea Constituyente de 2006. En cambio, la Central Obrera de Bolivia (COB), sobre todo la Regional de El Alto, y grupos campesinos y mineros fueron de los que protestaron con toda la estridencia en el centro.
Allí estaba Enrique Mariaca Bilbao, que fue ministro de Hidrocarburos en el gobierno revolucionario de Juan José Torres, en 1971. Quiere la nacionalización y que YPFB recobre el recurso. "Es mentira —dice— que el boom gasífero lo dio la inversión privada. Ella aprovechó lo hecho por décadas por el Estado. Sólo aceptaríamos asociarnos en tecnologías muy de punta". Sin embargo, reconoce, hoy YPFB tiene 120 técnicos contra 6.800 de antes de la "capitalización" de Sánchez de Lozada. En la Cámara del sector dijeron que las inversiones habían trepadado desde US$ 100 millones antes de Sánchez de Lozada a 400 millones hoy. Pero que no resisten una carga fiscal que supera el 50% y llegaría al 64%.



CRISIS EN EL ALTIPLANO: ARGENTINA

REPSOL-YPF NO DECIDIÓ AÚN QUÉ VA A HACER

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

En Repsol-YPF siguen con atención la evolución de la ley de hidrocarburos de Bolivia. Pero aún no han tomado una decisión sobre qué harán: "Lo están analizando nuestros abogados", señalan.
"Se está estudiando con detenimiento el impacto jurídico de la nueva ley", dicen en la petrolera, que posee en aquel país derechos sobre 35 áreas petroleras, de las cuales 10, con una superficie de más de 10.000 kilómetros, son para exploración, y las restantes, con una superficie de 2.000 kilómetros, ya están en explotación. Tienen una producción de casi 8 millones de barriles de petróleo anuales.
En la petrolera reconocen que el cuadro de situación del negocio en Bolivia es "complicado": al decir la ley que los yacimientos y los productos son propiedad del Estado, no encuentran cuál puede ser su rol en ese mercado.
—¿Afecta esta situación a las exportaciones de gas a la Argentina? —preguntó Clarín.
—En una primera lectura de la ley, no tenemos siquiera posibilidad de exportar, pero eso es uno de los puntos a clarificar.
Otro de los puntos que Repsol- YPF está analizando es si habrá un período de transición en el cual adecuarse a las nuevas reglas, o si éstas ya rigen.
Gran parte de los activos de Repsol-YPF en Bolivia provienen de la compra de participaciones a las argentinas Perez Companc y Pluspetrol, en 2001. La empresa además controla el 50% de un gasoducto que va a Brasil, con capacidad de transporte de 17 millones de metros cúbicos diarios. En la empresa no responden cuando se les pregunta si analizan la posibilidad de recurrir a los tribunales arbitrales del CIADI para dilucidar el caso.



ARRECIAN LAS CRITICAS AL MANDATARIO POR LA LEY ENERGETICA DE BOLIVIA

SOSTENERSE EN UNA MESA SIN PATAS

Desde la izquierda, los militantes de El Alto llamaron a un paro indefinido a partir del lunes; desde la derecha hubo amenazas de las compañías energéticas, y en el Congreso Carlos Mesa es objeto de burla tras la promulgación de la Ley de Hidrocarburos.

Página 12 de Argentina (www.pagina12web.com.ar)

En medio de protestas sectoriales en torno de la Ley de Hidrocarburos que no logran articularse –los cooperativistas mineros llegaron a un acuerdo sectorial y levantaron los bloqueos–, la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto anunció ayer un paro cívico indefinido para el próximo lunes. Entretanto, una lluvia de críticas proveniente de todos los sectores sociales cayó sobre el presidente Carlos Mesa quien, luego de delegar en el Congreso la promulgación de la Ley de Hidrocarburos, apareció en las pantallas televisivas procurando recuperar protagonismo con el anuncio de un plan económico y social considerado “distractivo y demagógico”. En palabras de Luis Carlos Gemio, ex ministro de Hacienda, se trata de “desgasificar” el debate político en el país.
“El mensaje mostró un país de maravilla, pareciera que de pronto estamos en Suiza”, ironizó el dirigente opositor Evo Morales sobre el forzado optimismo –no exento de “autobombo”– que caracterizó el mensaje presidencial. “Este señor sólo sabe hacer shows televisivos”, agregó el concejal alteño Roberto de la Cruz, quien encabezó la marcha que el lunes intentó llegar al Parlamento “para cerrarlo”. Pero las críticas también llovieron desde los sectores empresariales: “El presidente vive en un país virtual”, subrayó Roberto Yánez, presidente de Confeagro. Algunos periodistas arriesgaron que el mandatario compró los costosos espacios televisivos, en el horario central de los informativos, para evitar la proyección de la imagen del presidente del Senado, Hormando Vaca Díez –convertido en la antítesis de la indecisión presidencial–, promulgando la norma. “Vaca Díez habló como presidente durante la promulgación”, dijo el senador oficialista Filemón Escobar, que previamente había acusado a Vaca Díez de “conspirar contra la democracia”.
Las empresas petroleras reaccionaron con fuertes críticas a la ley, incluidas en un spot radial en el que auguran graves consecuencias para el empleo y el país. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) señala, en un comunicado emitido desde Santa Cruz de la Sierra, que la norma es “confiscatoria”, ya que “afecta los derechos reconocidos por los contratos, la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales”. Para los petroleros, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32 por ciento –que se mide y se paga como las regalías del 18 por ciento– representa una “regalía encubierta” y la reestatización de los hidrocarburos (en boca de pozo) viola los contratos vigentes. Entretanto, la brasileña Petrobras, responsable del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, reducirá sus inversiones en ese país debido a la nueva ley, dijo ayer la ministra brasileña de Minas y Energía, Dilma Roussef, en declaraciones reproducidas por la agencia EFE. Trascendió también que algunas petroleras –especialmente las que poseen campos más pequeños– iniciarían juicios internacionales contra el Estado boliviano. La CBH señaló que cada compañía “tomará las medidas adecuadas, dentro del más riguroso respeto de la legalidad, a fin de proteger sus derechos”. “Yo sé en lo íntimo que, a lo mejor, nos va generar demandas y arbitrajes”, dijo Vaca Díez, a tiempo de considerar que, aun con esos riesgos, la nueva legislación es mejor que la anterior, marcadamente neoliberal.
En este contexto de equilibrios inestables, muchos dudan de la capacidad del mandatario boliviano para articular las dos agendas en pugna: la Asamblea Constituyente –reclamada por los movimientos sociales– y el referéndum autonómico (empantanado en el Parlamento en medio de amenazas de los cruceños de convocar una consulta autonomista de facto). “Lo que está ocurriendo –incluyendo la ley– es un promedio de las fuerzas en pugna”, sintetiza el analista Raúl Prada, quien considera improbable que los actuales conflictos deriven en un “nuevo octubre”.
Las medidas de presión –que incluyen una marcha desde Caracollo hasta La Paz– parecen, hasta el momento, insuficientes para torcer el rumbo político a favor de la nacionalización, demanda fuertemente simbólica pero sin anclaje en una propuesta técnico-económica concreta y que no cuenta con el apoyo del MAS. En ese contexto, el incierto paro cívico convocado por las juntas vecinales mostrará la capacidad interpelatoria del discurso nacionalizador.
Y en un inquietante dato lateral, surgieron especulaciones de un estado de “malestar” en las fuerzas armadas. El hecho se produjo a consecuencia de declaraciones del general César López advirtiendo el martes del peligro de “desintegración nacional” –lo que podría o no interpretarse como una alusión a las situaciones de Santa Cruz y Tarija–, pero el mismo López salió ayer a reafirmar su “apego” a la Constitución.



PETROBRAS, LA MAYOR IMPORTADORA DE GAS BOLIVIANO, FRENA PROYECTOS

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Petrobras entró en Bolivia en noviembre de 1995 y en apenas 10 años pasó a ser la principal petrolera de ese país, con inversiones por 1.500 millones de dólares. Ayer, al igual que sus competidoras Exxon Mobil y Repsol, la estatal brasileña se mostró más fiel a sus intereses económicos que a consideraciones geopolíticas. La ministra brasileña de Energía, Dilma Rousseff, anunció que la empresa "reducirá" las inversiones en Bolivia. Anticipó que dejará en stand-by varios proyectos, aunque subrayó: "La compañía no abandonará el país".
Brasil consume 37 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales 25 millones son importados de Bolivia. Los analistas brasileños fueron duros al analizar la nueva ley de hidrocarburos boliviana. Recordaron que Petrobras emplea a 11.000 personas, contribuye con el 20% del PBI boliviano y el 28% de los impuestos percibidos por el gobierno de Carlos Mesa.
Varios temas preocupan a los gerentes de la empresa. Dicen que, al aumentar de 32% a 50% el gravamen sobre la producción de gas, los costos totales ascenderán a 70%. Este cálculo, dijo Rousseff, lleva al gobierno de Lula da Silva a "alterar la estrategia de inversiones de Petrobras en Bolivia, que deben disminuir".
El director del área internacional de la empresa, Néstor Cerveró, citó entre los proyectos que irán al freezer, la ampliación del gasoducto Gasbol (que une Bolivia y Brasil) y el gasoducto que debe transportar gas a Argentina y Brasil. Otra preocupación brasileña se refiere al precio del gas natural importado por Brasil: "No es un valor que se pueda alterar a cada rato, porque está estipulado en contratos internacionales", advirtió Rousseff. Un analista citado por el diario paulista Valor Económico, subrayaba que "no le será fácil a La Paz cambiar los actuales contratos, porque hay acuerdos internacionales que lo comprometen a no aumentar impuestos sobre inversiones ya realizadas". Entre las 12 companías extranjeras deben renegociar 72 contratos de exploración y explotación.
Que la petrolera brasileña está en el ojo del huracán, aunque no sea la única compañía en Bolivia, lo demuestra un incidente ocurrido el viernes de la semana pasada: una bomba estalló en la subsidiaria boliviana. La empresa prefirió calificarlo como un hecho aislado.
Petrobras tiene una posición de liderazgo en el mercado boliviano que consolidó a través de sus controladas Empresa Boliviana de Refinación (EBR) y Empresa Boliviana de Distribución (EBD). Hoy provee el 100 por ciento de las naftas especiales y Premium, el 60% de la demanda de Diesel y el 100% de la demanda de Jet fuel. Tiene además el 40% de las reservas de gas de Bolivia.



CARLOS MESA GANA TIEMPO Y EL RIESGO DE TENSIÓN SOCIAL PERSISTE

El Comercio de Perú (www.elcomercio.com)

La convulsión social que padece Bolivia aún no se nota en la Plaza Murillo, la principal de La Paz. 30 policías están apostados, mientras sostienen cuerdas azules que amarraron de los postes de luz. Igual ocurre frente a la Plaza, en el edificio del Congreso, de color amarillo y blanco. ¿Y para qué sirve la cuerda? Para evitar que vengan los manifestantes al Congreso, dice un agente.
Ayer, ninguna de las marchas anunciadas llegó al céntrico sitio. Diagonal al Congreso está el Palacio de Gobierno, también amarillo. Bautizado como Palacio Quemado, luego de que una revuelta popular lo incendiara a fines del siglo XIX, aquí ni siquiera aparece la cuerda azul.
Alicia Montes, empleada de un banco, dice que desde octubre del 2004, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada fue derrocado y Carlos Mesa pasó a ser presidente, los manifestantes no han vuelto a Plaza Murillo.
La Policía no los deja pasar, comenta, mientras se alista a subirse a un minibús, una de las pequeñas furgonetas que saturan las calles.
La noche del martes, cuando el presidente Mesa apareció en la TV y dijo que no iba a objetar la Ley de Hidrocarburos y que la devolvía al Congreso para promulgarla, hubo reacciones encontradas.
Las petroleras emitieron una nota, en la cual tildan de “confiscatoria” la nueva norma, que eleva los impuestos a un 32 por ciento y devuelve al Estado el poder en el negocio hidrocarburífero.
“La Ley afectará a las futuras inversiones. Cada empresa tomará las medidas adecuadas, a fin de proteger sus derechos”, anunció la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que agrupa a 20 multinacionales.
Los sindicalistas e indígenas tampoco están de acuerdo. El líder cocalero Evo Morales, quien convocó una marcha hacia La Paz que ya lleva tres días de iniciada, cambió su libreto.
La movilización era para que se cambie la Ley y las regalías para el Estado pasen de 18 a 50 por ciento. Ahora, pide el llamado a una Asamblea Nacional. La convulsión se siente apenas se ponen los pies fuera de La Paz. “No salga de la ciudad. No se vaya para Cochabamba ni Santa Cruz ni Oruro, que los caminos están cerrados”, advierte Bernardo Olivera, un vendedor de tarjetas telefónicas de prepago.
Mineros y campesinos mantenían ayer 12 puntos de conflicto e impedían el paso del tráfico en rutas de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.
El jefe del Ejército, general César López, hizo el más descarnado diagnóstico sobre la crisis. Llamó a los partidos, a los grupos sociales, al Gobierno y al Congreso a buscar la unidad nacional porque, dijo, “los bolivianos estamos en el camino de la desintegración”.



LA CRISIS BOLIVIANA AFECTARÁ LA VENTA DE GAS A ARGENTINA

Es factible que las petroleras por aumento de la carga fiscal dejen de operar y bajen su producción. Por otra parte, las nuevas reglas de juego serían letales para concretar megaproyecto del Gasoducto Nordeste.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

La nueva ley de hidrocarburos que fue aprobada en Bolivia generará un doble impacto sobre las exportaciones de gas que se destinan a la Argentina.
En primer lugar, podría verse seriamente afectado el actual suministro diario de 4 millones de metros cúbicos si las petroleras privadas que explotan los yacimientos del Altiplano deciden abandonar sus operaciones en rechazo al aumento de la carga fiscal que establece la nueva legislación.
Y en segundo lugar, las nuevas reglas de juego y el incremento de las regalías implicarían un golpe letal para el megaproyecto del Gasoducto del Nordeste, con el cual el Gobierno de Néstor Kirchner esperaba atender el crecimiento de la demanda de los próximos años con la importación de 20 millones de metros cúbicos/día. Bolivia posee en la actualidad la segunda reserva de gas más importante de América Latina. Con 52,1 trillones de pies cúbicos/ día (TPC) secunda a Venezuela que encabeza el ranking con 147 trillones de pies cúbicos. Argentina, que viene consumiendo sus reservas desde el 2001, cuenta con sólo 23,5 TPC, equivalentes a algo más de 12 años de consumo.
Entre 1973 y 1998, la importación de gas de Bolivia alcanzó a casi 5 millones de metros cúbicos diarios. Tras seis años sin operaciones, la crisis energética del 2004 llevó a retomar las compras de gas boliviano. La "provisión de urgencia" inicial se ubicó en 4 millones de metros cúbicos diarios y a fines del año pasado se acordó elevar el suministro diario hasta 6,5 millones de metros cúbicos una vez que finalice la ampliación de la red de TGN.
Para cubrir el aumento del consumo previsto hasta el 2010, las autoridades locales lanzaron a fines del 2003 el proyecto del Gasoducto del Nordeste. Con una inversión estimada en US$ 1.300 millones, el nuevo gasoducto troncal iba a traer desde Bolivia unos 20 millones de metros diarios.
El inicio de las obras _que iba a financiar el Estado y las empresas Techint y Repsol_ se demoró más de la cuenta y ahora la nueva ley de hidrocarburos de Bolivia plantea un escollo económico casi insalvable para la realización del proyecto.
Previendo este desenlace, el Gobierno comenzó a trabajar en un "esquema alternativo" de provisión de gas que consiste en reemplazar los pozos del norte por los yacimientos de la región patagónica y de la plataforma marítima.
La puesta en marcha de la nueva estrategia se concretará justamente hoy con el anuncio de un "paquete" de medidas e incentivos fiscales que apuntan a promover las inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos tanto en las áreas territoriales, como en las cuencas off shore.
La nueva ley del gas, que podría derivar en ganancias inéditas y de la que depende en gran parte el alivio del rojo fiscal que ahoga a los bolivianos, fue promulgada por el Congreso, luego de un prolijo lavado de manos por parte de un presidente ocupado en aferrarse a la cornisa del poder.
Con los bolivianos sacudidos por una discusión de 10 meses, aún no queda claro quiénes están conformes con la ley cuando el presidente Mesa la objeta y las empresas trinan, pero también lo hace la izquierda de Evo Morales. Las petroleras, grandes beneficiarias de las ventajas que rigieron desde 1996, evalúan la conveniencia de llevar su insatisfacción a un arbitraje internacional.