LOS PROBLEMAS DEL AUTONOMISMO

NUEVAS EMPRESAS PARA ARICA

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Nuevas empresas comenzarán a desarrollar sus actividades a partir de este año en Arica, después de gestionar una trabajo exploratorio de inversión en distintos sectores productivos.
La información fue entregada por el secretario ejecutivo de la Corporación de Desarrollo de Arica, Juan Morales, quien expresó que una de las instituciones que comienza su trabajo es Comercial Arica, cuyo nombre de fantasía será “Sabores de Arica”.
Esta iniciativa, según Morales, está destinada para pequeños empresarios o personas naturales que entregan productos al mercado, pero que tienen algún grado de dificultad en vender sus productos. “La idea, a través de Sabores de Arica, es crear un local en el cual no sólo van a estar en exhibición los productos sino que se puedan vender y también llevar a las ferias a nivel nacional e internacionales”, dijo.
Recalcó que en un comienzo se exhibirán productos no perecibles del campo y del mar, como aceite de oliva, aceitunas en conserva, anchoas en conserva, productos deshidratados de cualquier tipo de fruta o de hortalizas, licores de la zona como Pintatani, entre otros.
A lo anterior se suma la reactivación de un tren turístico, que inicialmente llegará hasta la frontera con Bolivia y en una segunda fase al Lago Titicaca. “Estamos viendo los equipos que utilizaremos y su mejoramiento, para iniciar este proyecto en el transcurso de los próximos tres meses”, aseguró Morales.
En el plazo de 30 días comenzará el funcionamiento de la planta de compostaje en que se procesarán residuos orgánicos como fertilizante para terminar con el problema de las moscas. “Se utilizarán residuos de las chacras, parcelas o de los terminales del agro y eventualmente incorporar residuos orgánicos domiciliarios, combinado con el guano de ave o de cerdo”.
Además se encuentran varios proyectos acuícolas, uno de ellos busca procesar ostiones. Este mes comienza la primera etapa experimental con el tendido de las primeras líneas, en un trabajo en asociación con la Universidad Arturo Prat,
Finalmente dijo que fue aprobada recientemente por Corfo la incubadora de empresas y se espera que a más tardar en junio esté operativa recibiendo las primeras iniciativas de negocios, cuyas empresas comenzarán a desarrollarse y a crear nuevas fuentes laborales.




TENSIÓN EN BOLIVIA POR LA VENTA DEL GAS

Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)

Los jefes del Congreso boliviano resolvieron ausentarse de la reunión convocada para el lunes por el presidente Carlos Mesa y sospechan que ésta maniobra es para mantener un año más la ley de Hidrocarburos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en el 2003.
Una resolución aprobada ayer por el Congreso decidió que los presidentes del Senado, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Marío Cossío, no iran el lunes a la reunión convocada por Mesa en Sucre, acentuando la tensión con el Ejecutivo.
Ya el miércoles el Congreso había acusado al Presidente de actuar en “franca contradicción” con el referendo popular de 2004 que exigió recuperar la propiedad estatal del petróleo y el gas, así como devolver al fisco el 50 por ciento de los ingresos provenientes de la explotación de los hidrocarburos.
Vaca Díez, primero en el orden sucesorio de Mesa, dijo al diario paceño La Prensa que, “si no hay dos tercios (de legisladores) para rechazar las observaciones a toda la ley (que formuló Mesa), ésta queda anulada”.
En ese caso, agregó, no se podría volver a tratarla hasta el año próximo, por lo que seguiría vigente la ley de Hidrocarburos del ex presidente Sánchez de Lozada, que privatizó los recursos petroleros y fue rechazada por el referendo popular del 18 de julio de 2004.
Este referendo aprobó además la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos por parte de Bolivia, aumentar al 50 por ciento los impuestos que pagan las petroleras, refundar la estatal YPFB e industrializar el gas en el país.
La ley sancionada hace una semana por el Congreso impone a las petroleras trasnacionales un 18 por ciento de regalías y 32 por ciento de impuesto directo a la producción.
Además, mantiene la refundación de YPFB pero no le otorga el manejo de la comercialización interna de los combustibles y obliga en ciertos casos a revisar los contratos de las petroleras, después de un fallo del Tribunal Constitucional que los invalidó. Esta ley “centrista” concitó el rechazo de casi todos los sectores, aunque por razones opuestas.
Las trasnacionales petroleras, la Confederación de empresarios privados y el gobierno de Mesa la objetaron por “confiscatoria”, mientras que la principal fuerza de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS, izquierda), criticó que no garantice el 50 por ciento real de ingresos para Bolivia, entre otros aspectos.
Mesa quedó enfrentado al Congreso y optó por convocar a una reunión de “unidad nacional” en Sucre, el lunes próximo, el mismo día del comienzo de una marcha hacia La Paz impulsada por el MAS y sus aliados de los movimientos sociales (indígenas, campesinos, sindicatos y vecinalistas).
Al anunciar la convocatoria, el martes último por la noche, Mesa exteriorizó su “observación conceptual” de toda la ley sancionada por el Congreso.
La cita del lunes, por lo tanto, debería recomenzar de cero el debate de la ley de Hidrocarburos como principal punto de una agenda que incluye también otros temas: elección de prefectos (gobernadores), el referendo autonómico y la Asamblea Constituyente.
Sobre el anuncio del líder del MAS, Evo Morales, de que irá Sucre acompañado por representantes de movimientos sociales no invitados, la fuente gubernamental aclaró que “no es un encuentro cerrado y eventualmente se puede flexibilizar” el criterio de participación.
Dijo además que el gobierno invitó a “las principales centrales obrera y campesina del país y sólo dejó de lado a algunos grupos poco representativos que forman parte del bloque que constituyó el MAS, como los (vecinalistas) de (la ciudad de) El Alto”, próxima a La Paz.
La Federación vecinalista (Fejuve) de El Alto, protagonista central de la “guerra del gas” que volteó a Sánchez de Lozada, “pidió la renuncia de Mesa, el cierre del Parlamento y la nacionalización de los hidrocarburos”, dijo a Télam una fuente sindical.
De 70 invitados al cónclave de Sucre, sólo seis representan a sindicatos indígenas, campesinos u obreros, según informó la agencia local Bolpress. Por su parte, el senador oficialista Franz Barrios estimó que en la reunión de Sucre “no va a haber acuerdo, pero en cambio puede surgir la propuesta de pedir que renuncie el Presidente y adelantar las elecciones”, con lo que insinuó una disidencia. Mauro Bertero, titular de Acción Democrática Nacionalista (ADN, derecha), dijo a Télam que esa fuerza propone “resolver esta crisis con una convocatoria anticipada a las urnas, no sólo para elegir Presidente y renovar el Congreso”. Aseguraron en cambio su presencia representantes de la Confederación Empresaria de Bolivia.



CONGRESO PIDE A MESA QUE FORMALICE OBSERVACIONES A LEY PETROLERA

El Comercio de Perú (www.elcomercioperu.com.pe)

En una "Declaración Congresal al pueblo de Bolivia", difundida por medios locales, el Legislativo señala que hasta el momento "no ha recibido ninguna comunicación formal del señor presidente de la República que establezca observaciones a la ley".
Mesa anunció la noche del martes su decisión de formular una "observación conceptual" a la norma, que irá nuevamente al Congreso, al describirla como "un instrumento de división de Bolivia".
El mandatario, de acuerdo con la Constitución, tenía un plazo de diez días después de que recibiera la normativa remitida por el Parlamento, para definir su promulgación o eventual observación.
Al reaccionar al anuncio del Ejecutivo, señala que en caso de que el gobernante "formalice sus observaciones dentro de los términos constitucionales, el Congreso Nacional tratará dicha observación".
Advierte, sin embargo, que la aceptación "de la observación conceptual (toda la Ley) implica el rechazo de la nueva Ley de Hidrocarburos, dejando en plena vigencia la Ley 1689, en franca contradicción con los resultados del referéndum de julio de 2004".
El senador Oscar Zamora, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara Alta, explicó que si el gobierno no envía objeciones puntuales "el Congreso no tiene nada que discutir".
"Desde el momento en que se apruebe el veto del presidente, el país se queda sin el proyecto de ley y solamente está vigente la ley que debemos abrogar", seguró Zamora, al advertir que se estaría "vetando todo lo que es relativo al referéndum".
El diputado Neptalí Mendoza, del Movimieno de la Izquierda Revolucionaria (MIR), alertó que el país pierde un millón 700 mil dólares por día al no contar con la nueva ley petrolera.
"Lo que se está buscando es que continúe la ley del anterior gobierno para que las empresas no tributen de acuerdo a lo que se ha establecido en la nueva ley", indicó.
La legislación petrolera surgió tras la aprobación del referéndum sobre el gas, en el que se estableció la posibilidad de abrogar la ley vigente y se propuso incrementar hasta un 50 ciento los ingresos por concepto de regalías o impuesto a las empresas, entre otros.



BOLIVIA A CITA CLAVE PARA LA ESTABILIDAD

La Opinión de Estados Unidos (www.laopinion.com)

El presidente boliviano, Carlos Mesa, efectuaba ayer un intenso cabildeo con miras a asegurar la mayor cantidad posible de adhesiones para un encuentro de unidad que, a cuatro días de su celebración, lucía debilitado por el rechazo del Congreso e importantes sectores sociales.
El mandatario intenta en el cónclave del lunes en Sucre (740 kilómetros al sureste de La Paz), alcanzar al menos un acuerdo mayoritario que configure la reforma del sector petrolero y encuentre un punto de equilibrio que permita la puesta en vigencia de una ley que atienda los intereses nacionales y no frene el desarrollo de la industria en Bolivia.
La administración Mesa aseguró el concurso de la poderosa Confederación de Empresarios y trataba de hacer lo propio con el Movimiento Al Socialismo (MAS), la segunda fuerza en el Congreso, después que el partido de su depuesto antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, se negara a apoyar la cita de Sucre.
Una fuente gubernamental aseguró que el gobierno estudiaba la posibilidad de ampliar la cuota de representación de las organizaciones sociales en el Encuentro por la Unidad Nacional, que una influyente organización civil empresarial de Santa Cruz, la región más próspera del país, también se resiste a respaldar.
El cocalero Evo Morales, líder del MAS, condicionó la presencia de su organización a que la administración Mesa amplíe de cuatro a 17 el cupo de representantes de organizaciones indígenas y campesinas.
Sin embargo, mantuvo en pie una serie de medidas de presión social que prevé desencadenar por su propia iniciativa desde el lunes.
Participación
La concurrencia del MAS parece clave para el éxito o fracaso de la reunión en que Mesa pretende tratar, además, la elección de prefectos, un referendo sobre autonomías y la instalación de la Asamblea Constituyente.
“Los empresarios privados han contestado afirmativamente, tengo entendido también que ha llegado una carta del Movimiento Al Socialismo y que ha llegado otra carta del FRI [Frente de la Izquierda Revolucionaria]” que lidera un influyente senador Óscar Zamora, confirmó un vocero del Palacio Quemado, Oswaldo Candia.
El gobierno también adicionó el concurso de la Iglesia Católica, de la Defensoría del Pueblo y la oficina de la independiente Asamblea de Derechos Humanos, así como de una misión de Naciones Unidas en calidad de observadores.
El encuentro “facilitará el acercamiento entre sectores importantes de la población”, opinó el obispo de El Alto, Jesús Juárez, quien pidió a las autoridades ejercer “las responsabilidades que en democracia el pueblo elector les pide”.
El presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, manifestó que la Constitución no prevé la figura de “observación conceptual” con que Mesa rechazó el martes en primera instancia la ley de hidrocarburos que le remitió el Legislativo.
El mandatario, que tiene hasta mediodía del martes que viene para pronunciarse sobre la legislación, “ha hecho una observación general y constitucionalmente el Congreso no puede reabrir el debate de la ley”, se quejó Vaca Diez.
En caso de que el encuentro sufra un previsible traspié, Mesa podría devolver modificada la ley, lo que generaría de inmediato una sesión extraordinaria de Congreso, donde con un tercio más uno de los 157 votos podría imponer su voluntad en el plenario.
En caso de que el gobernante resuelva ignorar el texto, opción que también le permite la ley, el Congreso estará, desde el 27 de mayo, facultado para poner en vigor la legislación.
Sólo una bancada de poco menos de 30 disidentes de otras fuerzas apoya a Mesa en el Congreso, donde carece de representación formal.



LLAMADO DE MESA A DIÁLOGO NO ENCUENTRA RESPALDO EN BOLIVIA

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com/mld/elnuevo/news)

El llamado del presidente Carlos Mesa a un diálogo nacional no encontraba ayer suficiente apoyo en los sectores convocados, mientras el Congreso ha pedido al mandatario que ''formalice sus observaciones'' a la Ley de Hidrocarburos. “La observación conceptual'' que hizo el presidente implica el rechazo de la nueva Ley de Hidrocarburos, lo que es una ''franca contradicción con los resultados del referéndum de julio del 2004'', dijeron los legisladores.
En aquella consulta los bolivianos se manifestaron mayoritariamente por la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y por una mejora en los ingresos para el país.
Pero el Congreso postergó su decisión de asistir al diálogo nacional convocado por el mandatario a partir del 16 de mayo en la que se tratarán, además de la Ley de Hidrocarburos, la definición de una fecha para el referéndum sobre autonomías regionales, la elección de prefectos y la Asamblea Constituyente.
Mesa rehusó promulgar la ley y dijo en un mensaje el martes que la norma aprobada por el Congreso ''divide al país'' por lo que llamó a un diálogo de unidad para reformular su contenido.
La legislación cuestionada mantiene en 18 por ciento las regalías que deben pagar las petroleras, pero eleva el impuesto a la producción de carburantes del 10 al 32 por ciento. Había recibido el respaldo de la generalidad de las regiones, aunque algunos partidos y los sindicatos radicales la rechazaron porque exigen la nacionalización de los hidrocarburos o al menos un incremento hasta el 50 por ciento de las regalías.
El Comité Cívico de Santa Cruz, la región más influyente, dijo en un comunicado que no asistirá a la cita convocada por Mesa porque la agenda no debe incluir temas que ya están definidos como la elección de prefectos.




EL PRESIDENTE MESA NO PUEDE DESARMAR LA MOVILIZACIÓN CON UN ENCUENTRO NACIONAL

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Tal y como sucedió a principios de año, cuando el Presidente Carlos Mesa vio frustrada su alianza con los partidos tradicionales del Congreso para aprobar la Ley de Hidrocarburos, el encuentro nacional convocado para el 16 de mayo en Sucre corre el riesgo de quedar como una jugada política más del gobierno, un efectismo mediático sin resultados concretos.
Varios de los invitados al diálogo nacional confirmaron su participación, pero los actores que deben tomar decisiones y canalizar las conclusiones que se podrían asumir negaron su concurso o lo condicionaron. Pese a la voluntad de muchos, principalmente los observadores, el Congreso, el MAS y los cruceños pusieron trabas a la convocatoria del Ejecutivo.
El MAS, MIR y NFR tienen reparos para asistir al encuentro, mientras que el MNR declaró que no participará. Estos cuatro partidos, que representan a la mayoría de los parlamentarios en el Congreso, criticaron la 'extemporánea' invitación de Mesa. El MNR declaró inconsistente, 'ilegal y arbitraria' la conducta del Presidente. En la línea crítica, el jefe de UN, Samuel Doria Medina, reiteró su propuesta de una ley corta, de un solo artículo, que sólo tome en cuenta el aspecto impositivo, y aseguró que si el encuentro no resulta Mesa debe convocar a elecciones.
Evo Morales cuestionó a algunos de los invitados como los ex presidentes Jorge Quiroga y Jaime Paz, de quienes dijo que no gozan de representatividad, y anunció que su partido asistirá al encuentro escoltado por representantes de decenas de organizaciones sociales, a los que Mesa no invitó.
Los presidentes de los comités cívicos están abiertos al diálogo propuesto, aunque Santa Cruz y Potosí le ponen condiciones. Cochabamba, Tarija y Chuquisaca adelantaron que es un hecho que sus dirigentes regionales asistirán al encuentro. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Germán Antelo, anunció que sólo asistirán si el tema del referéndum autonómico y la Asamblea Constituyente salen de la agenda, pues son temas ya definidos.
Los alcaldes José Luis Paredes de El Alto, Gonzalo Terceros de Cochabamba, Juan del Granado de La Paz, y Juan Flores (interino) de Tarija confirmaron su presencia en el encuentro. De seis burgomaestres consultados, cuatro respondieron afirmativamente, mientras que Percy Fernández, de Santa Cruz, negó por completo esta posibilidad al sostener que la cita 'no le tinka'. René Joaquino, alcalde de Potosí, se negó a contestar la consulta de los medios argumentando que 'no tiene información'.
La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional tienen una posición opuesta con relación a la convocatoria. El presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Eduardo Rodríguez, confirmó el apoyo, en tanto que el vocero del Tribunal Constitucional advirtió que éste es un órgano jurisdiccional, y la reunión del lunes es esencialmente de carácter político. Explicó que el Tribunal 'se ve impedido' de asistir a dicha reunión porque en caso de que alguien acudiera a solicitar el control sobre una de las normas que se analicen en el encuentro, 'este órgano estaría adelantando criterios y no puede hacer eso'.
Los empresarios se dividieron ante la propuesta del Presidente. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) decidió asistir al diálogo, mientras que el sector cruceño decidió rechazarlo. Distanciados ya desde hace tiempo, los empresarios del país, excepto Santa Cruz, agrupados en su Confederación, tomaron la decisión de ir al encuentro de Mesa y exponer su posición sobre la Ley de Hidrocarburos.
La jugada del Presidente Mesa corre el riesgo de quedar en eso, una jugada, pues si bien los protagonistas de las movilizaciones programadas para la próxima semana, sectores sindicales y campesinos, decidieron asistir al encuentro de Mesa, advirtieron que no levantarán sus medidas de presión, confirmó Jaime Solares, secretario ejecutivo de la COB.
A los observadores políticos no les cabe en la cabeza que el Presidente cometa el mismo error e intente conformar una cumbre política con sectores que no necesariamente representan a los sectores movilizados y que tienen poca o ninguna influencia en el movimiento de base. De un total de 70 participantes en el diálogo del lunes, sólo seis pertenecen a sindicatos indígenas, campesinos y laborales.
La Coordinadora de Defensa por el Gas adelantó que iniciará movilizaciones desde hoy debido a que la mencionada cumbre del Presidente simplemente es un mecanismo para legitimizar la Ley de Hidrocarburos que quiere ser impuesta por el gobierno. Según el dirigente Oscar Olivera, la cumbre sólo será de algunos sectores oligárquicos que defienden los intereses de las transnacionales.
El magisterio urbano y rural y los médicos anunciaron el inicio de medidas de presión para la semana próxima. Los maestros ratificaron la huelga indefinida y bloqueos en algunas regiones desde el lunes 16 de manera escalonada, mientras que los docentes rurales se declararán en paro de 72 horas desde esa misma fecha. En protesta por las exigencias del gobierno de efectuar auditorías ambientales en los ingenios mineros de Potosí, los cooperativistas mineros 'sitiaron' a la Villa Imperial y ningún vehículo puede ingresar y tampoco salir de la capital. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sacrificó a su gerente regional de Oruro, Rafael Oporto, para satisfacer otra demanda de los cooperativistas, que desde el lunes tomaron las instalaciones de dicha regional.
En Sucre, la Mancomunidad de Municipios del Iñao se declaró en estado de emergencia y amenazó con cerrar las válvulas de explotación de hidrocarburos en la localidad de Monteagudo en caso que no se efectúe el resarcimiento por daños medio ambientales. Por otro lado, los trabajadores zafreros amenazaron en las últimas horas con bloquear los ingresos a los ingenios azucareros en caso de que los empresarios no respondan a su pliego petitorio de ocho puntos hasta hoy. Tal es la inoperancia gubernamental que el llamado al diálogo no pacificó el país y al contrario, radicalizó las posiciones. El secretario ejecutivo de la CSUTCB, Felipe Quispe, planteó ayer la separación del pueblo aymara del Estado boliviano. Según Quispe, el nuevo Estado, a constituirse desde el 2 de agosto (Día de la Raza), debería tener 'su propio presidente, su Ejército, su Policía, sus propias leyes y su wiphala (bandera)'. Por: BOLPRESS




LOS PROBLEMAS DEL AUTONOMISMO (PARTE I)

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

El ascenso de nuevos gobiernos de centroizquierda en Sudamérica confirma las dificultades de los movimientos sociales para proyectarse al plano político. El autonomismo desconoce estas limitaciones porque idealiza la resistencia popular espontánea. No registra que las asambleas y los piquetes en Argentina fueron insuficientes para impedir la reconstitución del poder de las clases dominantes. Tampoco nota que los agrupamientos de lucha expresan peculiaridades nacionales y plantean demandas antiimperialistas.
El autonomismo desvaloriza la estrategia, la conciencia y la organización que necesitan los oprimidos para triunfar. Descalifica la confrontación con los opresores en el terreno electoral e ignora las restricciones de la democracia directa. No percibe que los precarizados forman parte de la clase trabajadora, ni toma en cuenta las tradiciones comunes que asocian a los excluidos con los incluidos.
Renunciar a tomar el poder condujo en el pasado a muchos fracasos. El estado es un referente de las demandas populares y solo podría extinguirse al cabo de un larga transición socialista. Pero este proyecto requiere el manejo y la transformación previa de esa institución. La multiplicación de contrapoderes no evitará la negociación con el estado para obtener conquistas populares.
El autonomismo pierde de vista que las cooperativas no pueden prosperar como islotes colectivistas porque son erosionadas por la competencia. La ilusión de gestar una economía paralela al capitalismo se basa en ciertos casos en un diagnóstico estancacionista y en otras vertientes alienta un programa de autoproducción que conduciría al afianzamiento del subdesarrollo.
Los autonomistas eluden un balance de sus antecesores anarquistas. Desconocen la centralidad del estado porque imaginan que el poder se encuentra disperso. Al postular que el capital depende del trabajo no captan la preeminencia de la ofensiva neoliberal y a veces recurren al uso excluyente de categorías abstractas que obstaculizan la comprensión de las funciones del estado.
El análisis del capitalismo contemporáneo exige apelar a los criterios objetivos de investigación que el radicalismo subjetivo rechaza. Celebrar la negatividad, cuestionar las definiciones y formular preguntas sin respuestas obstruye esta indagación. La critica a la dominación es compatible con la formulación de alternativas y reconocer ciertas certezas es indispensable para avanzar en un proyecto socialista.
Los problemas del autonomismo
Desde mediados de los 90 la prédica autonomista tiene buena recepción en América Latina. Sus teóricos son atentamente escuchados y sus propuestas prácticas despiertan gran interés. Pero este escenario ha comenzado a cambiar con la aparición de nuevos gobiernos nacionalistas y de centroizquierda. El ascenso de Lula, Kirchner y Tabaré, el afianzamiento de Chávez, el resurgimiento de Fidel y la gravitación de López Obrador modifican el cuadro que favoreció la expansión de las tesis libertarias.
Los autonomistas rehuyen el alineamiento político y el encuadramiento ideológico. Comparten sensibilidades, actitudes y proyectos, pero no sostienen una doctrina común. Difunden una crítica moral al capitalismo desde perspectivas anti-autoritarias y rechazan toda forma de liderazgo y estatismo. Manejan un lenguaje libertario y defienden la autoorganización, resaltando los valores solidarios y comunitarios. Cuestionan la participación en ámbitos institucionales y alientan la autogestión en el terreno económico.
Pero los autonomistas conforman un conglomerado muy heterogéneo y carecen de voceros reconocidos como exponentes comunes de esta visión. Para encarar el debate hay que seleccionar algunos autores que expresan las tesis más relevantes de esa corriente. Zibechi (1) sintetiza gran parte de estos planteos en el plano político, porque identifica el proyecto autonomista con la práctica de varios movimientos sociales de la región. Postula esta asociación en su análisis del zapatismo mexicano, el MST brasileño, el indigenismo ecuatoriano, los cocaleros bolivianos y los piqueteros argentinos.
En el plano teórico, Negri (2) y Holloway (3) son dos pensadores que han ganado renombre como referentes del autonomismo. La caracterización del estadio imperial del capitalismo que plantea el primer autor y la propuesta de cambiar el mundo sin tomar el poder que desarrolla el segundo sirven de fundamento para la acción de muchas vertientes libertarias. Pero numerosas discusiones sobre las tesis de ambos autores han girado exclusivamente en torno a concepciones generales sin tomar en cuenta la aplicación política de esos enfoques. Cómo este análisis desemboca en debates muy abstractos conviene invertir la secuencia y revisar las caracterizaciones autonomistas de ciertas sublevaciones y movimientos de lucha recientes en Latinoamérica.
El laboratorio argentino
La sublevación popular del 2001-03 en Argentina fue una experiencia particularmente relevante para los autonomistas porque interpretaron que su proyecto comenzaba a plasmarse en los organismos surgidos durante esa rebelión. Presentaron a las asambleas barriales y a los piquetes como ejemplos de la nueva autoorganización emancipatoria y extendieron esta valoración a los clubes de truque, las fábricas recuperadas y los colectivos contraculturales (4).
Pero la irrupción de estos ensayos de construcción popular no impidió que el viejo sistema político se reconstituyera en tiempo récord. La recomposición burguesa debilitó a las asambleas y a los piquetes y atenuó la expectativa en un desenvolvimiento imparable de la acción popular. Las clases dominantes desactivaron la demanda democrática inmediata ('Qué se vayan todos') a través de un encauce institucional que la revuelta no logró contrarrestar.
Los autonomistas no registran que los opresores aprovecharon las limitaciones de una sublevación aguerrida, pero carente de organización, liderazgo y conciencia popular. Más bien celebran estas dificultades como un signo de frescura del levantamiento ('una fiesta sin programa, ni objetivos' ).
Las asambleas surgieron cuándo el agrietamiento de las instituciones transformó la propaganda neoliberal contra los políticos y la representación, en una radicalizada movilización contra todo el régimen. Canalizaron la participación popular en los momentos de mayor sublevación, pero decayeron cuándo la clase dominante recuperó las riendas del sistema. Muchos autonomistas omiten este balance, olvidando que los oprimidos no pueden construir una alternativa emancipatoria si no desarrollan un proyecto político propio. No le asignan relevancia a este obstáculo, porque consideran que los movimientos sociales tienden a construir una nueva sociedad bajo el impulso espontáneo de la rebelión (5).
Esta visión se extiende a la caracterización de los piqueteros como gestores de formas paralelas de organización social. Muchos autonomistas los observan como constructores de circuitos políticos y económicos alternativos y por eso interpretan que los piqueteros 'no quieren ser obreros, ni ciudadanos' (6).
Pero la experiencia de los últimos años no corrobora esta caracterización. Los piqueteros siempre buscaron confluir con el resto de los oprimidos y generalizaron las marchas a los centros de las ciudad para evitar su reclusión en localidades aisladas.
Es falso suponer que los piqueteros no quieren volver al trabajo formal o que han construido su identidad en oposición a lo operarios. Esta creencia choca con el sentido de las demandas y las acciones de los desempleados. Siempre reclamaron subsidios de supervivencia y reinserción laboral. En sus movilizaciones demandan trabajo genuino y salarios dignos.
Durante la rebelión popular florecieron muchas variedades de la organización económica propuesta por el autonomismo. De estas opciones, los clubes de trueque fueron particularmente efímeros porque retrotraían el comercio a formas primitivas. El trueque solo perduró bajo el impacto coyuntural de la devaluación y a la emisión de monedas provinciales y se diluyó con la reconstitución de la circulación de las mercancías.
El fervor que despertaron otros emprendimientos también tiende a disminuir bajo el efecto de la reactivación económica. La presión competitiva del entorno capitalista afecta especialmente a los talleres autogestionados. Algunos autonomistas perdieron de vista el carácter defensivo de estos organismos, que emergieron con fines de supervivencia en el cenit de la crisis. Como el principal objetivo de estas iniciativas era conservar alguna fuente de ingresos en medio de la catástrofe comenzaron a decaer al concluir la depresión.
Pero muchas panaderías, comedores y huertas persisten porque fueron creaciones de la lucha popular. Se gestaron sin apoyo oficial y con el sostén exclusivo de la comunidad. Ya forman parte de la tradición de resistencia porque demostraron que los desocupados no son holgazanes y seguramente podrían apuntalar el desarrollo de un programa popular de recuperación económica. Pero no generan empleo en gran escala, ni proveen ingresos al grueso de la población y esta limitación es ignorada por muchos autonomistas.
Las empresas recuperadas constituyen otro logro mayor de la rebelión. Libraron una dura batalla contra los jueces, gobiernos y ex propietarios que intentaron desalojarlas o asfixiarlas económicamente. Sobrevivieron a la represión, a los atropellos judiciales y al ahogo financiero, ilustrando como se pueden gestionar las empresas sin la presencia de los patrones.
Pero ciertos autonomistas olvidan que estas compañías operan en un reducido segmento del universo laboral y no deben ser idealizadas. Omiten las dificultades creadas por la presión del gobierno para convertirlas en pequeñas firmas capitalistas. Las empresas recuperadas pueden desarrollarse y apuntalar un proyecto emancipatorio. Pero es equivocado concebirlas como islotes libertarios dentro del universo capitalista.
El imaginario regional
Los autonomistas extienden su visión romántica de la rebelión de Argentina al conjunto de los movimientos sociales de Latinoamérica. Con esta proyección frecuentemente ignoran las dificultades de esas organizaciones para trasladar sus reivindicaciones al plano político.
Los autonomistas eluden discutir porque los representantes de las clases dominantes se apropian del esfuerzo de muchos movimientos populares. No asignan importancia a los escollos que afrontan los indigenistas de Ecuador, los asentados de Brasil o los cocaleros de Bolivia frente a las traiciones, giros neoliberales y agresiones derechistas de los gobiernos surgidos de sus revueltas. Difunden una imagen idílica de los movimientos sociales, suponiendo que estos agrupamientos avanzan saltando todos los obstáculos.
Los autonomistas confían en la suficiencia de la lucha social y descalifican la necesidad de un proyecto político socialista de los oprimidos. Consideran que la experiencia acumulada en la acción popular conduce a la maduración espontánea de los sentimientos anticapitalistas de la población (7).
Pero si fuera tan sencillo el MST de Brasil no se vería obligado a lidiar con la decepción creada por Lula y los piqueteros no se habrían fracturado frente a las maniobras de cooptación que instrumenta Kirchner. Tampoco el zapatismo se vería obligado a intervenir en la crisis desatada por el intento de proscripción de Lopez Obrador.
La imagen autonomista del zapatismo como un emergente espontáneo de la lucha indigenista no toma en cuenta la intensa preparación de una fuerza, que tardó diez años en salir a la superficie con acciones guerrilleras que exigían entrenamiento y trabajo político previo. Los zapatistas han reclamado el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas, enfrentando el cerco represivo y desenmascarando las trampas del gobierno.
En ningún caso la experiencia o la identidad forjada en la lucha han bastado para resolver dilemas políticos de Latinoamérica. Las repuestas no surgen de la dinámica auto-generada por cada movimiento. Para hacer frente al aceitado dispositivo de dominación que manejan los opresores, las organizaciones populares necesitan apuntalar la conciencia antiliberal, antiimperialista y anticapitalista de los oprimidos. Los capitalistas acumulan siglos de experiencia en engaños y represión y ese adiestramiento no puede simplemente contrarrestado con la acción espontánea desde abajo.
Identidades, naciones y conciencia
Al presentar a las Madres de Plaza de Mayo, los piqueteros, los asentados, los indigenistas y los zapatistas como expresiones de un mismo proyecto, algunos autonomistas recurren a una homogenización forzada (8). Olvidan que el contexto, las tradiciones y las demandas en juego diferencian la acción de estos agrupamientos.
La presentación de los piqueteros como 'zapatistas urbanos' es por ejemplo equivocada, ya que reclamar trabajo genuino no es lo mismo que bregar por el reconocimiento de los derechos indígenas. Ambas reivindicaciones se distinguen a su vez de la exigencia de justicia contra la impunidad o del pedido de tierras para el cultivo cooperativo. En un sentido general todas las demandas populares presentan aspectos semejantes y aristas convergentes, pero al mismo tiempo expresan la historia específica de cada país y responden a condiciones políticas muy diferenciadas.
El autonomismo reivindica correctamente el uso de la acción directa como un rasgo de los nuevos agrupamientos de lucha. Pero no observa que complementan la utilización de este recurso con legítimas negociaciones y maniobras. Estos movimientos valoran el sentido de comunidad y apuntalan los principios de solidaridad, pero esta conducta se encuentra incorporada a todas las acciones colectivas de las clases oprimidas. Lo novedoso solamente radica en como se renueva esa tradición.
Todos los integrantes de los movimientos sociales detentan la misma condición de explotados u oprimidos por el capitalismo. Pero no comparten una identidad común. Esta pertenencia -que deriva de la forma en que se conciben a sí mismos- es un producto singular de cada lucha y emerge de la resistencia contra determinados atropellos (pérdida del empleo, carencia de tierra, humillación étnica). En estas movilizaciones se generan articulaciones sociales también peculiares (desocupado, asentado, indio, víctima de la represión) que el autonomismo amalgama bajo un denominador común.
Cada movimiento social presenta una vinculación con tradiciones nacionales que el autonomismo tiende también a soslayar. No logran reconocer estas peculiaridades porque frecuentemente estiman que 'la lucha anticapitalista no se puede abordar en términos nacionales' (9). Algunos incluso consideran que 'el capitalismo aprendió a superar las fronteras nacionales' o que es 'estúpido' concebir la resistencia con los moldes de la 'izquierda localista' (10). Este enfoque conduce a al transnacionalismo abstracto. Algunos teóricos incluso suponen que la expansión global del capital ha instaurado enlaces mundiales entre los oprimidos y que las reivindicaciones nacionales de la periferia son obsoletas (11).
Esta visión choca con el sesgo antiimperialista que caracteriza a las demandas de todos los movimientos de lucha en América Latina. Este cariz es particularmente visible en una región que padece los dramáticos efectos de la dependencia comercial, las transferencias financieras hacia el exterior, el subdesarrollo industrial y la depredación de los recursos naturales.
Al desconectar la resistencia popular de sus raíces nacionales se tiende a ver 'luchas horizontales' y uniformes dónde predomina la heterogeneidad. Si las turbulencias sociales de los últimos años han sido tan desiguales y discontinuas es porque se ajustan a la historia singular de cada pueblo y reflejan la intensidad regional diferente de cada crisis capitalista.
Esta diversidad realza la relevancia de las cuestiones políticas que muchos autonomistas diluyen en la lucha social (12). Olvidan que los proyectos de emancipación no brotan espontáneamente, sino que requieren programas específicos, enlaces entre reivindicaciones mínimas y máximas y estrategias de poder frente a las grandes crisis.
Esta necesidad volvió a verificarse en las rebeliones que condujeron a la caída de los presidentes neoliberales en Argentina, Ecuador, Bolivia o Perú, sin generar un reemplazo popular. La construcción de esa alternativa exige conciencia política y maduración ideológica de las clases dominadas, porque los valores de solidaridad que emergen en la acción reivindicativa no alcanzan para derrotar a los opresores. Estos sentimientos de cooperación quedan sujetos al vaivén de la lucha y coexisten con presiones opuestas hacia la adaptación conformista.
Por eso los avances en la organización popular surgidos de la movilización social no perduran espontáneamente durante los reflujos. En esos períodos coexisten las secuelas de la resistencia con su neutralización. Si los trabajadores no desarrollan una política socialista ambos procesos perduran sin amenazar la supervivencia del capitalismo.



MEXICO: HUELE A GAS

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Además de hacer el ridículo acostumbrado, el mexicano común no sabe que otra cosa fue a hacer el señor Fox a Bolivia. Por lo difundido por la prensa local fue a solazarse entre sus colegas declarándose orgullosamente empresario más que político (cosa que los políticos habrían de agradecerle por disminuir ligeramente su desprestigio generalizado) seguramente en respuesta a la severa y atinada invectiva lanzada por Fidel Castro, quien la semana anterior calificó de locura que el gobierno de un país estuviese a cargo de un exempleado de la cocacola. También puede inferirse que acudió a visitar al hermano país andino para agradecerle su voto en la frustrada aventura por la Secretaría General de la OEA, suponiendo que éste lo hizo en atención a las excepcionales cualidades diplomáticas y políticas del señor Derbez, y no por el ancestral conflicto entre Bolivia y Chile por el acceso al mar. Otra explicación plausible se refiere a la necesidad (¿o necedad?) patológica de desconectarse de la agobiante responsabilidad de intentar gobernar, como puede concluir cualquier observador de su agenda cotidiana plena de inauguraciones de actos de cuarto o quinto nivel, o de sus constantes giras al interior de la república.
La realidad es que, además de estos motivos accidentales, Fox fue a Bolivia a colocar un nardo más en la corona fúnebre de la tradicional política mexicana de no intervención en los asuntos internos de otros países. Justo en los momentos más álgidos de la lucha popular por la recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, en este caso del gas, Fox fue a respaldar a sus patrones de la gasocracia internacional (diría Jaliffe) que ya instalan plantas regasificadoras en la costa de Baja California para recibir el gas boliviano para surtir del combustible a los mercados del suroeste de USA y al noroeste de México, a despecho de su inconstitucionalidad y de la oposición de la sociedad civil bajacaliforniana. Sin mayor recato descalificó a los necios que, en aras de reivindicaciones sociales y nacionales, se movilizan para exigir una legislación que satisfaga el interés de los bolivianos en la materia. Vale aclarar que tampoco sería válido que fuese a apoyar la posición contraria; simplemente no tiene por que intervenir en los asuntos internos de Bolivia ni de ningún otro país.
Confieso que siento una enorme vergüenza por el papel que el 'gobierno de Fox' (que no el de México) ha jugado en el ámbito latinoamericano. El antaño respetable hermano mayor defeccionó de la causa de su raza, silenció a su espíritu y se convirtió en el esquirol al servicio del patrón yanqui. Mientras los sudamericanos se alzan y luchan por la segunda independencia, Fox se sume y se entrega sin cortapisas a los intereses imperiales.
No es gratuito que se observe, cada vez más, que avanza la integración 'sudamericana' olvidando los viejos afanes de la integración 'latinoamericana', no es más que el interés de cerrar la puerta al hermano esquirol. No es cosa de simple nomenclatura; es la confirmación del repudio hemisférico a la reacción panista incrustada en el gobierno de México.
En diciembre pasado tuve la oportunidad personal de manifestarme en este sentido ante el Presidente de Venezuela (ver La Jornada 05/12/2004) reclamando la solidaridad para con el pueblo de México, asegurando que en Julio del 2006 nuestro pueblo tomará el poder para reincorporarnos a la lucha que iniciaron Morelos, Bolívar, San Martín y José Martí. El régimen se asfixia y huele a gases, no sólo al de uso doméstico. Por: Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info).



Andrés Passicot, economista y socio de Gemines

“TOMARÁ AÑOS RESOLVER LA CRISIS ENERGÉTICA EN QUE ESTAMOS EMBARCADOS”

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

-¿Cree que es posible alcanzar un PIB de tendencia de 5,5% como dijo el ministro Eyzaguirre?
-Tal vez. No pongo en duda las palabras del ministro Eyzaguirre, sin embargo creo que ese no es el problema. El problema es que el crecimiento hay que mirarlo en períodos más largos. Chile fue capaz de crecer al 7,7% anual durante el gobierno del presidente Aylwin, cayó a 5,6% durante el gobierno del presidente Frei y el gobierno del presidente Lagos va a ser el más bajo de todos con 4,2%. Entonces, un país que podía duplicar su ingreso en 9 años, como el que existía entre el año ´90 y ´94, ahora es un país que para duplicar su ingreso necesita 18 años, y eso significa pobreza, desempleo, pérdida de bienestar.
-¿Qué dificultades ve para que se pueda subir más el PIB potencial?
-Desde luego si el ministro dice que vamos a pasar de 4,2% a 5,5% él debe tener antecedentes que permitan compensar los efectos negativos, por ejemplo, de la crisis energética. Un país que tiene energía más cara, es un país que pierde capacidad de crecer. La energía es un insumo que usan todas las actividades económicas y desde luego los hogares; entonces cuando hay una falla en este sector por las razones que todos conocemos, la amenaza de estancamiento es generalizada. No es un problema centrado en la industria o la minería. En eso se parece mucho a una crisis de mercado de capitales, ya que son todas las actividades las que se afectan y se ven amenazadas. Y resolver una crisis grave en el mercado de capitales como la que tuvimos a mediados de la década de los ‘80 tomó años, y creo que también tomará años resolver de verdad la crisis energética en que estamos embarcados.
-¿Ese es el principal problema que ve para el crecimiento potencial?
-Es una de las dificultades que ha aparecido recientemente. Pero si uno se pone a pensar por qué un país que fue capaz de crecer al 7% durante 10 o 12 años y mostró una capacidad de crecimiento de ese nivel, hoy tiene una capacidad tres o cuatro puntos menos. Y las razones están fundamentalmente en un deterioro paulatino de las regulaciones, en un Estado que no ha sido reformado para atender las nuevas necesidades del desarrollo. Lo que más se ha hecho es parchar este Estado o intentar modernizarlo pero lo que Chile necesita para aumentar su potencial de desarrollo es tener una reforma profunda del Estado y que tiene dos aspectos: uno, es la reforma laboral y dos la reforma tributaria. Todas las cosas que hacemos en materia tributaria son para seguir retrocediendo, nuestro sistema está lleno de inequidades y lo único que se publicitan son las buenas acciones del Servicio de Impuestos Internos para modernizar la recaudación, pero ese no es el problema, sino cuánto impuesto tenemos que recaudar para tener un sistema pro crecimiento y no que entrabe el crecimiento. Otro problema es la descentralización, distribución del poder político que es fundamental para que el país pueda volver a crecer de nuevo. Hay que darle más poder a los gobiernos locales que son los que están más cerca de las necesidades de la gente. De las ocho cuadras del centro de Santiago no se logran visualizar cuáles son esas necesidades.
-¿Cuál es entonces el PIB de tendencia que corresponde a la economía chilena?
-Yo podría aceptar cualquier cifra entre 4,5% y 5%. Me costaría pensar que es 5,5% pero el ministro debe tener otros datos. Ojalá que tenga razón.