La Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz sellaron un pacto político con autoridades municipales, ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera con el objetivo de evitar el saneamiento de tierras en el Chaco cruceño, e impedir la creación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por comunidades indígenas guaraníes.Hasta hace poco, el movimiento autonomista cruceño evitaba intervenir directamente en conflictos por la tierra, intentando no contaminar su imagen de “movimiento ciudadano”. Sin embargo, a principios de marzo, las autoridades
de la Prefectura y los cívicos dieron un giro y asumieron públicamente su papel de defensores del empresariado departamental.El 8 de marzo, la elite político empresarial cruceña y los ganaderos de la provincia Cordillera se reunieron en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de “sus territorios”, “contra el saneamiento” y contra la creación de la TCO Alto Parapetí.
Participaron en la inédita reunión el director de Medioambiente de la Prefectura de Santa Cruz Neco Aguilera, ex ministro de Desarrollo Sostenible; el subprefecto regional Marcelino Apurani, hombre del prefecto Rubén Costas; el Vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz y el capitán grande de Alto y Bajo Isosog Bonifacio Barrientos, desconocido por las capitanías indígenas por traficar con tierras de TCOs.
Días después, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Guido Nayar, ex militante del ultraderechista ADN, ofreció su respaldo público a sus similares del Chaco en la defensa de “su territorio”. Náyar recordó que los ganaderos son gente aguerrida y valiente, y no va a permitir que le quiten su propiedad.De esta manera, la Prefectura y el Comité Cívico pro Santa Cruz tomaron como bandera propia la defensa de los intereses de los gan
aderos del Chaco, y conformaron una especie de “frente de defensa” de la gran propiedad cruceña, sobre la base del estatuto autonómico que concede al gobierno regional absoluto dominio de la tierra.Latifundistas dispuestos a levantar las armas
Las asociaciones de ganaderos de Macharetí, Gran Chaco, Camiri, Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas, Gutiérrez, Huacareta, Villa Guzmán, Ingre y Monteagudo comienzan a tomar acciones de hecho en defensa de sus haciendas. Por ejemplo, crean “comités de defensa” de la tierra y levantan “trancas de control” en la zona para impedir el paso de funcionarios del Viceministerio de Tierras y de las brigadas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) encargadas del saneamiento.
El presidente de la Asociación de Ganaderos de Camiri Javier Antúnez declaró al diario El Deber que no se permitirá ninguna reversión, expropiación o “confiscación de propiedades privadas”, y tampoco la creación de nuevas TCO para que el Estado reparta tierras a “gente del occidente”. Advirtió que “cualquier enfrentamiento que pueda suscitarse será responsabilidad del gobierno”.
No fue la primera vez que los grandes propietarios de la provincia Cordillera amenazaron con acciones de hecho. Recientes sucesos confirman que los
latifundistas están dispuestos a defender sus propiedades, inclusive, recurriendo a las armas.El 27 de febrero, un grupo de 50 ganaderos y sus peones echaron a técnicos del INRA de Camiri y cerraron las oficinas. Al día siguiente, el viernes 29 de febrero, ganaderos y algunos líderes políticos tomaron como rehenes al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, al director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas y a otros funcionarios públicos que se dirigían al Chaco cruceño en comisión oficial para supervisar el inicio del saneamiento en la jurisdicción de Alto Parapetí.
Las autoridades nacionales fueron detenidas a la entrada de la hacienda “Caraparicito”, de propiedad de Ronald Larsen, quien los esperaba armado con una carabina y un revolver. El hacendado y sus guardaespaldas no solo amenazaron de muerte a los funcionarios sino que dispararon a las llantas de uno de sus vehículos.
A principios de marzo, un grupo de hacendados, el subprefecto Marcelino Apurani, el consejero de la subprefectura Bernardo Suárez y algunos guardaespaldas interrumpieron una reunión en la que el director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas informaba a un propietario de la zona sobre el trámite de saneamiento de su predio ubicado en la TCO Kaami.
Uno de los terratenientes reclamó que el INRA “no debería estar en la zona porque así lo habían decidido” los ganaderos. Los empresarios expresaron varias veces que no se harán responsables “si es que le pasa algo al personal del INRA”. “¿O ustedes están esperando como autoridades que haya
algún muerto para que recién entre el Ejército y la Policía, y de esa manera quieran proceder con el saneamiento?”, cuestionó otro hacendado.Las mentiras
La campaña de resistencia al saneamiento de los sectores conservadores de Santa Cruz está basada en mentiras y en hacer cundir el miedo para evitar la repartición de tierras a los indígenas y perpetuar el latifundio, observa el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
La propaganda cívico empresarial dice básicamente que todos los propietarios de la provincia Cordillera “serán barridos” por el saneamiento, que al gobierno avasallará las tierras productivas de la región, cercenará los territorios municipales, arrebatará regalías a las alcaldías y se apoderará de las reservas petroleras, acuíferas y gasíferas.
En primer lugar, explica el gobierno, no se quiere atropellar los derechos de ningún productor sino hacer justicia con indígenas guaraníes históricamente expoliados y hoy sometidos a un sistema de esclavitud y explotación laboral en algunas haciendas, una penosa realidad reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA), por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y hasta por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los hacendados del Chaco se niegan a compartir la tierra con comunidades guaraníes de Alto Parapetí, y por tanto liberar a cientos de familias guaraníes cautivas, con el argumento de que ellos son legítimos y centenarios dueños de extensas propiedades en la provincia Cordillera.
Lo cierto es que las haciendas del Chaco aparecieron en el siglo XVIII y se expandieron desde la primera mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, favorecidas por infinidad de leyes y normas republicanas e inclusive por la reforma agraria nacionalista de 1953. Sin embargo, varios textos de los cronistas coinciden en que el pueblo indígena guaraní conquistó las tierras de la mítica “Cordillera” en el siglo XV, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles.
En segundo lugar, es un hecho que el saneamiento en la provincia Cordillera favorecerá a los pequeños agricultores y ganaderos porque consolidará su derecho propietario y dará seguridad jurídica a aquellos que cumplen la Función Económico Social (FES), que pagan un salario justo a sus trabajadores y que no se benefician con el trabajo esclavo de los guaraníes.
El director del INRA Juan Carlos Rojas aseguró que el saneamiento 157 mil hectáreas en la provincia beneficiará a más de 10 mil familias que tienen menos de 500 hectáreas, las cuales recibirán títulos ejecutoriales de sus predios. No hay que olvidar que en el procedimiento de saneamiento se verifica el cumplimiento de la FES de las propiedades mayores a 500 hectáreas; en cambio, las pequeñas propiedades sólo deben cumplir Función Social (FS), es decir que es suficiente que sus propietarios la habiten y trabajen para que sean reconocidos como dueños legítimos.
En tercer lugar, el saneamiento de tierras de Alto Parapetí de ninguna forma perjudicará a las siete secciones municipales de la provincia Cordillera en lo que respecta a los ingresos que perciben por Coparticipación Tributaria Municipal, recursos del HIPC II (producto de la condonación de la deuda externa) y por los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
No hay que olvidar que la TCO constituye una forma de propiedad de la tierra y no una institución pública o privada receptora de recursos públicos. Los beneficios generados por la explotación de los recursos naturales (mineros, hidrocarburíferos, forestales, etc.) son regulados por la normativa de coparticipación tributaria o IDH, y distribuidos a través de los municipios, prefecturas y universidades. Por tanto, las TCOs no están consideradas dentro de la distribución de la regalías del IDH y tampoco son receptoras de otros ingresos municipales.
Las TCOs son espacios geográficos que aseguran el hábitat de comunidades indígenas y originarias, y sea cual fuese su superficie, no incluye la propiedad de los recursos naturales, los cuales se encuentran bajo dominio directo del Estado.
Entonces, queda claro que la titulación de la TCO Alto Parapetí en beneficio de indígenas guaraníes no reduce ni un solo centavo de los ingresos de los municipios de la Provincia Cordillera.
Desacato y sedición
Los recientes acontecimientos en la provincia Cordillera permiten afirmar que ha comenzado una suerte de “levantamiento terrateniente” en Santa Cruz liderado por cívicos, empresarios y dirigentes políticos de la Prefectura, que, en interpretación del viceministro Almaraz, actúan como “una sola unidad sociopolítica”.Este movimiento empresarial no sólo niega el derecho a la tierra a miles de indígenas guaraníes, sino que está dispuesto inclusive a dividir el país con la aprobación de un estatuto autonómico diseñado expresamente para proteger enormes latifundios ilegales, como las haciendas de presidente cívico Branco Marinkovic de más de 26 mil hectáreas de extensión.
“Si es injusto impedir el saneamiento y el derecho a la tierra de los guaraníes, es más injusto empujar a la confrontación sangrienta entre bolivianos y poner el país al borde de la división sólo para proteger intereses particulares”, afirma Almaraz.
Marinkovic y sus representantes políticos en la Prefectura departamental convocaron a desobedecer y desconocer al gobierno “comunista” de Evo Morales, electo democráticamente, pese a que el régimen demuestra total respeto a la propiedad privada. Esta actitud gubernamental ha provocado no pocas críticas de la izquierda radical, que interpreta que el régimen de Evo es mucho más conservador que el nacionalismo del MNR de 1952, ya que la nueva Constitución oficialista garantiza la propiedad privada y la gran propiedad agraria.
En realidad, los latifundistas rechazan de plano cualquier intento de democratización del acceso a la tierra por más reformista que sea. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz impugnó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Tierra y todos los decretos agrarios de Morales ante el Tribunal Constitucional, como lo hizo 10 años antes con la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
En octubre de 1996, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y sectores empresariales declararon “persona no grata” al ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, e instruyeron “a todos los sectores productivos de la región no enviar productos agropecuarios a la sede de gobierno” como medida de protesta por la aprobación de la Ley INRA.
Diez años después, los mismos protagonistas cívicos y empresariales reaccionan igual frente a la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y acusan al gobierno de atentar contra la propiedad privada. En noviembre de 2006, las fuerzas políticas y empresariales cruceñas amenazaron con replegar a sus parlamentarios y con restringir la venta de carne beniana en los departamentos de occidente si es que el gobierno se empeñaba en aprobar la nueva normativa de la tierra.
En esta nueva etapa de la centenaria confrontación por la tierra en Bolivia, los latifundistas suben el tono de sus discursos. Ahora no sólo convocan abiertamente a la resistencia civil y al desacato de leyes sino que amenazan con aplicar “justicia comunitaria” a las autoridades nacionales. Los terratenientes más radicales opinan que ha llegado el momento de “definir las cosas con sangre”.
ROBERTO AGUILAR, VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA
“LA JUSTICIA COMUNITARIA ES MUCHO MÁS DEMOCRÁTICA QUE LA ORDINARIA”
El paso de Roberto Aguilar de la teoría a la práctica, de lo académico a lo político, es un camino de ida y vuelta que él recorre normalmente. Después de ser profesor universitario e investigador en el ámbito de las luchas sociales, entró de lleno en la realidad boliviana y cumplió su papel como vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Ahora dedica gran cantidad de su tiempo a difundir la Carta Magna como si nunca hubiese dejado de ser docente.
Periódico Diagonal de España (www.diagonalperiodico.net)
DIAGONAL: ¿En qué contexto surge el proceso constituyente en Bolivia?
ROBERTO AGUILAR: La primera demanda explícita surge en 1990, en la llamada “Primera Marcha Indígena”. En octubre de 2003, una insurrección popular expulsa al presidente Sánchez de Lozada y se consolida como una demanda de más amplios sectores sociales. Cuando Evo Morales se postula como presidente promete la nacionalización del gas y la Asamblea Constituyente. De ahí que Evo comience el proceso.
D.: ¿Quedará definitivamente el gas en manos del Estado boliviano?
R.A.: Se ha establecido que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y los administra el Estado. El objetivo es que no haya privatización y que, si la hay, se le consulte antes al pueblo mediante referendo.
D.: ¿Por qué se retrasó tanto el trabajo de la Asamblea Constituyente?
R.A.: Porque hubo un posicionamiento regional y político destinado a que la Asamblea no funcionase. Los departamentos que reclamaban mayor autonomía no querían este proceso, y la polaridad política llevó a que la oposición convirtiera cualquier tema en conflictivo. También hubo errores políticos. Nuestra voluntad fue mantener el consenso y no identificamos con claridad el interés de la derecha de obstaculizar el proceso. Además, hubo movilizaciones de diferentes sectores que presionaron para ver incluidas sus exigencias. La demanda de cambiar la capital de La Paz a Sucre complicó aún más el trabajo.
D.: ¿De qué manera influye el tema autonómico en el proceso?
R.A.: En Bolivia hay dos agendas: la de occidente y la de oriente, la de los sectores sociales y la de la oligarquía. Este término parece muy despectivo, pero son los sectores más poderosos los que configuran la demanda de autonomía: ganaderos, empresarios, industriales, banqueros, etc. Aunque tenga mucho peso en términos regionales, en el fondo enmascaran intereses minoritarios. Quieren autonomía porque quieren tierra.
D.: Muchas de las imágenes que han llegado de la Asamblea son conflictivas. ¿Bolivia está hoy más polarizada?
R.A.: Están en juego muchos intereses. Lo que ha hecho la Asamblea no es crear esta polarización, sino visibilizarla y servir como amplificador. Han sido determinados posicionamientos políticos los que han radicalizado las posiciones.
D.: ¿Cree que en Bolivia hay un peligro real de enfrentamiento armado?
R.A.: Está latente. La actitud de los sectores oligárquicos, sobre todo en Santa Cruz, está dirigida a promover e incentivar la violencia, porque ellos saben que nunca van a ser gobierno nacional, debido a que la mayor concentración de votación está en occidente. Su objetivo está en constituirse gobierno departamental, incluso en Estado.
D.: Llegaron a anunciar una posible independencia. ¿Qué sucedería entonces?
R.A.: Amenazaron con ello, pero después se echaron atrás, porque vieron que la población percibía eso como una situación extrema. Lo que está en debate es el tema del poder. Estamos en una especie de “empate catastrófico”. El objetivo es lograr un acuerdo y que se convierta en un “empate beneficioso” para el país. Si Santa Cruz plantease una autonomía de facto, ¿qué tendría que hacer entonces el Gobierno central? Las mismas Fuerzas Armadas están en una disyuntiva. Algunos discursos radicales mantienen que hay que defender a toda costa la unidad nacional. La situación es tensa.
D.: Algunas voces críticas denuncian que, en esta nueva constitución, sólo se ven representados los pueblos originarios.
R.A.: Se han trabajado todas las generaciones de derechos humanos, incluidos los indígenas; por ejemplo, todo el capítulo del derecho laboral no tiene nada que ver con los pueblos indígenas. A los indígenas sólo se les reconoce su preexistencia, y se le da un carácter explícito a lo que dice la ONU sobre autodeterminación, formas de organización, cultura. Además, qué nos demuestren que un solo componente respecto a los pueblos originarios no es preexistente a la Asamblea. La Constitución, ¿ha creado el trabajo colectivo, el carácter rotativo de la autoridad, la justicia comunitaria? No, sólo los reconoce y los valida. Sólo el 38% de los municipios en Bolivia están cubiertos por la justicia ordinaria. El resto, ¿cómo resuelve sus conflictos?. O no los resuelve y queda en impunidad el delito, o es la comunidad la que lo resuelve a través de la justicia comunitaria
Justicia comunitaria
D.: Muchos medios de comunicación han puesto el grito en el cielo por poner al mismo nivel la justicia comunitaria y ordinaria.
R.A.: Sus valores y principios son muy distintos a cómo quieren mostrarla. La justicia comunitaria es mucho más democrática que la ordinaria porque participa la comunidad, y la sanción tiene un carácter más social que represivo. Por otra parte, los extremos de violencia se invalidan como parte de la justicia comunitaria. No se aplica sentencia de muerte y se respetan los derechos constitucionales. Además, sólo se reconoce en territorios formalmente reconocidos como originarios. No puedes inventarte el territorio indígena.
D.: A medio plazo, ¿cómo ve el futuro para Bolivia?
R.A.: Complejo. Ojalá predomine el diálogo.
GOBIERNO SABE DE ENTRENAMIENTO MILITAR DE PERUANOS EN BOLIVIA
Correo de Perú (www.correoperu.com.pe)
Lo que inicialmente surgió como una denuncia aislada, ahora parece tomar ribetes de insospechada veracidad: Sucede que el gobierno cuenta con información sobre la instrucción militar que estarían recibiendo ciudadanos peruanos en Bolivia.
Esta versión fue confirmada por el ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien luego de ser consultado por la prensa sobre este tema, señaló que “efectivamente hay informaciones que maneja la Policía Nacional”, aunque recordó “que el caso está judicializado”.
El ministro ofreció declaraciones luego de presidir la incineración de tres mil 656 kilos de droga, valorizada en el mercado internacional en más de US$600 millones, en el marco de la primera quema de estupefacientes del 2008.
Presidente al tanto
En tanto, en una conversación con el analista y periodista Andrés Oppenheimer, el presidente Alan García habría reconocido que tiene conocimiento de la existencia de “una inmensa embajada común de los países bolivarianos (...) un cuartel general bolivariano”.
En una columna publicada ayer en el diario El Comercio, Oppenheimer reveló que jóvenes indígenas del sur del Perú fueron llevados a Bolivia para ser adiestrados militarmente en una academia ubicada en La Paz, que sería el centro de entrenamiento y propaganda revolucionaria del mandatario venezolano Hugo Chávez en los Andes.
En la conversación García también le dijo que si se encuentran pruebas cerraría cualquier entidad que esté promoviendo en el Perú la proliferación de las llamadas Casas de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América (ALBA).
Sobre este polémico tema, el primer ministro, Jorge del Castillo, dijo que pese de no tener información respecto de la instrucción militar que supuestamente reciben peruanos en Bolivia, toma nota de la versión del reconocido periodista argentino. “La vamos a analizar cuidadosamente“, aseguró.
MAS DATOS
Hace una semana el legislador Rolando Souza reveló que en Junín las Casas de la Amistad con Cuba servirían como fachada para el entrenamiento de jóvenes peruanos de acuerdo con reportes de Inteligencia.
Separatismo en Puno y bronca en el interior
ALAN GARCÍA JAQUEADO
En su peor momento, el gobierno peruano y la imagen del presidente sufren el embate de indígenas y de movimientos sociales. García le echa la culpa de todo a Hugo Chávez.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
A menos de dos años de haber asumido el poder, el presidente Alan García ve aumentar sostenidamente el rechazo a su gobierno, lo que resulta más evidente en el interior, especialmente en las provincias andinas del sur del país. Una reciente encuesta de la empresa Apoyo le otorga a García un 28 por ciento de aprobación, tres puntos menos que en febrero. Pero ese promedio nacional, siendo bajo, oculta la realidad del interior. Así, mientras en Lima el apoyo al gobierno llega al 39 por ciento, en las empobrecidas provincias andinas del sur apenas bordea el 10 por ciento. Mientras crece el descontento de la población del interior, aumentan también los choques entre el gobierno central y los presidentes regionales (cargo equivalente al de gobernador en Argentina, aunque con menos autonomía respecto al gobierno nacional).
Hernán Fuentes, presidente de la altiplánica región Puno, ubicada en la frontera con Bolivia, tensó la cuerda de esa disputa esta semana con el gobierno central al pronunciarse a favor de un régimen federal que le permitiera a Puno “mayor autonomía administrativa y política”. Sus declaraciones fueron recogidas en grandes titulares por la prensa nacional, que habló de afanes separatistas del gobierno regional de Puno, extremo al cual, sin embargo, Fuentes no había llegado en sus declaraciones. El gobierno no tardó en reaccionar y el primer ministro, Jorge del Castillo, aprovechó la oportunidad para disparar nutrido contra Fuentes, un duro opositor del gobierno, al que acusó de “sedición” y amenazó con demandarlo judicialmente, algo que ya ha hecho anteriormente ante otras discrepancias entre Puno y el gobierno central.
Atacado desde todos los flancos, Fuentes se defendió aclarando que él no hablaba de separatismo sino de un régimen federal, “como hay en Argentina, Brasil o Estados Unidos”. Pero las críticas de la prensa y del gobierno no bajaron de tono. Las declaraciones por mayor autonomía de Fuentes se dieron en el contexto de su intención de desconocer un examen nacional realizado por el gobierno central para contratar a los maestros de las escuelas públicas y convocar su propio examen en Puno. El gobierno nacional ha amenazado con demandarlo penalmente si cumple con ese anuncio. Días atrás, Fuentes ya había retado al gobierno central emitiendo una ordenanza regional que declara la hoja de coca como patrimonio cultural, lo que despertó las iras del gobierno, que lo acusó de apoyar el narcotráfico. Puno, de población quechua y aymara, es una de las provincias más pobres y abandonas del país –los índices de pobreza superan el 70 por ciento– y entre su población se respira un fuerte sentimiento antilimeño y de rechazo a la clase política, algo que, por cierto, se repite en muchas otras partes del país.
Las declaraciones de Fuentes han servido para que la prensa y el gobierno levantaran nuevamente el fantasma de Hugo Chávez, al que el gobierno de García recurre cada vez que la situación interna se le complica. El primer ministro Jorge del Castillo insinuó que el presidente venezolano tendría algo que ver con las exigencias de mayor autonomía de Fuentes. “Tiene (Fuentes) una dependencia ideológica muy grande del extranjero”, aseguró Del Castillo, en clara alusión a Hugo Chávez, de quien Fuentes se ha declarado un admirador. Sin mencionarlo por su nombre, Del Castillo acusó al presidente venezolano de buscar desestabilizar el país y dijo que las exigencias autonómicas de Fuentes serían parte de un plan desestabilizador. Cada vez que hay una protesta antigubernamental, el gobierno peruano apunta contra Hugo Chávez y lo acusa de promover y financiar los movimientos de protesta y las huelgas. Coincidentemente con las declaraciones de Fuentes, la mayoría oficialista del Congreso, con el apoyo del fujimorismo y de la derecha, ha formado una comisión investigadora de la supuesta financiación venezolana a los movimientos sociales peruanos, algo que la embajada venezolana en Lima niega. Y han puesto en la mira a las llamadas Casas del Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas), que han proliferado en el Perú, y a la Operación Milagro, financiada por el gobierno venezolano para que médicos cubanos operen de la vista a los peruanos sin recursos económicos. Ya han sido operados más de cinco mil peruanos. Precisamente, las Casas del Alba comenzaron en Puno, bajo el auspicio de Fuentes y de ahí saltaron a todo el país, donde ahora habría, según el gobierno, más de un centenar. El gobierno de Venezuela ha negado tener relación con estas Casas del Alba. El gobierno peruano las acusa, sin presentar pruebas hasta el momento, de estar promoviendo las protestas sociales contra el gobierno e incluso de auspiciar actos de terrorismo. En ese contexto, los disparos contra Fuentes por sus declaraciones exigiendo más autonomía para su empobrecida y abandonada región parecen tener como destinatario final a Hugo Chávez, el gran cuco para el gobierno de García y la prensa local.
PLAN SEPARATISTA GENERA POLÉMICA Y RECHAZO EN PERÚ
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
El plan separatista del líder de una región de Perú fronteriza con Bolivia generó hoy polémica y el Gobierno del presidente Alan García rechazó la iniciativa que sería presentada al Congreso este año.
El presidente de la región de Puno, Hernán Fuentes, de las filas de un partido radical de izquierda, planteó la autonomía política, administrativa y económica frente al "centralismo" de Lima, en un abierto desafío del Gobierno central.
"El proyecto lo vamos a plantear primero a otros gobiernos regionales, principalmente a nivel sur, y luego lo presentaremos al Congreso. El plan es hacerlo este año", dijo Fuentes a Reuters.
El funcionario afirmó que su decisión de establecer una región autónoma se produce "frente a los obstáculos que nos pone el Gobierno central" para desarrollar proyectos de infraestructura, de educación y de salud.
Puno, ubicado en el sureste de Perú, tiene una población de 1,1 millones de habitantes, la mayoría de ellos indígenas quechuas o aymaras, al igual que la vecina Bolivia.
La región vive generalmente de la agricultura y el comercio y tiene importantes recursos de estaño, oro, uranio y plomo.
Actualmente Perú está conformada por 25 regiones, que según la Constitución tienen autonomía administrativa, pero que para el líder de la región de Puno el Gobierno "no deja ejercer".
"Queremos una autonomía real", dijo Fuentes.
El primer ministro peruano, Jorge del Castillo, dijo a periodistas que el plan de Fuentes es "separatista" y "sediciosa" y anunció medidas contra la propuesta.
"De ninguna manera se puede permitir que se planteen tesis de separatismo de la unidad democrática que es el Perú; eso es absolutamente inaceptable y tiene que tener en su momento la respuesta política y jurídica que corresponda", afirmó.
Influencia extranjera
La propuesta de Puno se produce en momentos en que la popularidad del presidente García cayó en marzo a un 28 por ciento, su peor nivel desde el inicio de su segundo mandato en el 2006 debido principalmente al repunte de la inflación, pese a que el país muestra un robusto crecimiento económico.
Tradicionalmente las regiones ubicadas en el sur de Perú, donde se ubican las zonas más pobres del país, han sido contestatarias frente al Gobierno central de Lima.
Varios funcionarios del Gobierno de García han afirmado que regiones como Puno tienen la influencia de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, como Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez busca una "revolución" socialista en su país.
Del Castillo dijo en la víspera que Chávez estaría financiando a activistas de izquierda en Perú, algo que la embajada venezolana en Lima ha rechazado rotundamente.
"Nuestra coincidencia con Chávez es de orden político. No niego de ninguna manera nuestro apoyo a la política de Chávez, como que discrepamos con la política del presidente García", afirmó el líder regional de Puno. El Gobierno afirma que la influencia de Venezuela se da a través de las decenas de "Casas del ALBA" que operan en Perú y que para Lima están vinculadas a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), un bloque comercial impulsado por Chávez y que integran Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Según el Gobierno, las Casas del ALBA tiene conexión con la Coordinadora Continental Bolivariana, que destaca en su página web la existencia de grupos guerrilleros como el peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC).
"Nosotros opinamos que las FARC es un grupo beligerante en Colombia y no podemos compararlo con terroristas", dijo Fuentes.
Opinión
A RESGUARDAR LO NUESTRO
El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)
El presidente de la región Puno, Hernán Fuentes, estaría conspirando con el cocalero extremista boliviano Felipe Quispe, alias El Malku, para desestabilizar al gobierno de Alan García, según denuncia del vicepresidente regional puneño, Mauro Justo Vilca. Este hecho reprobable constituiría otra etapa del proyecto desestabilizador regional que orquesta el impresentable Chávez, decidido a incorporar nuevos países a su satánico movimiento bolivariano.
A todo esto la comunidad izquierdista –de caviares a polpotianos– no dice una sola palabra sobre este flagrante atentado contra nuestra soberanía. Lo que confirma que el complot lo viene promoviendo el impresentable con el apoyo entusiasta de toda la izquierda peruana. Es evidente que la pléyade zurda o bien ya recibe estipendios del impresentable caribeño o está negociándolos. De otra manera no estaría tan calladita. Porque la tradición de la izquierda criolla ha sido –es y será– recibir gruesas subvenciones de agitadores extranjeros a cambio de actuar como petardista en su país, vendida para imponer las doctrinas totalitarias que ordenen sus financistas foráneos. Como antes la URSS, hoy es Venezuela quien paga el sueldo de estos mercenarios de la política disfrazados de defensores de los pobres y débiles y promotores de la amenaza totalitaria para involucrar al Perú en el entorno de naciones “bolivarianas”.
Perú debe reaccionar colocando un destacamento militar importante en la frontera con Bolivia, de manera que se le franquee el paso a esa mojarrilla dinamitera llamada indigenismo boliviano. No es posible que con los antecedentes que exhibe este grupo folclórico pero incendiario, el gobierno peruano mantenga abierta la frontera con el país altiplánico como si estuviéramos en el mejor de los mundos. Es más, de darse el caso que este grupo atrabiliario de Bolivia intente ingresar a nuestro territorio mediante actos de fuerza, nuestros militares deben repelerlos con toda la energía del caso.
La izquierda no reclama que Venezuela y Ecuador alienten el ingreso de las FARC a sus tierras como Pedro por su casa, a sabiendas de que se trata de un movimiento terrorista que mantiene alrededor de 1,000 secuestrados permanentes, que asesina inocentes y que se asienta por la fuerza de sus armas en zonas que llama liberadas pero que pertenecen a la nación colombiana. Ni más ni menos que Sendero Luminoso y el Mrta. De otro lado la zurda tampoco protesta porque Bolivia sirva de puente para que el impresentable ingrese al Perú disfrazado del violentismo indigenista boliviano. En consecuencia el ejemplo que sentó el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es el correcto. Si los países vecinos acogen a terroristas o aceptan servir de trampolín para el acoso ideológico a otras naciones, la respuesta es perseguirlos con todo vigor y capturarlos o –si se enfrentan con violencia– aniquilarlos, así se escondan en territorio ajeno.
Editorial
EL ILEGAL PROYECTO SEPARATISTA DEL PRESIDENTE REGIONAL DE PUNO
El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)
Con el más absoluto rigor y siguiendo el camino que le franquea la Constitución y la ley, el Gobierno y las instituciones nacionales tienen que poner coto a la descabellada propuesta separatista del presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, quien pretende convertir la zona altiplánica en un Estado autónomo.
Más que una retórica desorbitada, en realidad la proclama de Fuentes representa la confirmación de una práctica ilícita y un abierto afán desestabilizador, que incluso, conspira contra la siempre difícil marcha del proceso de descentralización.
Hace poco, esta autoridad dispuso mediante ordenanza regional que la hoja de coca era patrimonio cultural, desconociendo de ese modo una política nacional, y peor aun, facilitando el juego al narcotráfico que se abastece del 90% de la producción de esta planta. Su último desafío a la ley es pretender convocar un nuevo y particular proceso de evaluación de docentes para que el gobierno regional, muy al margen de las pautas del Ministerio de Educación, pueda nombrar a los profesores de su jurisdicción.
Como vemos, son acciones que atentan contra el principio del Estado unitario y que se salen del marco de la Constitución y de la ley. Ya el Tribunal Constitucional, ante antojadizas interpretaciones de distintas autoridades regionales en el pasado, ha precisado a través de una sentencia que la autonomía regional no puede ser confundida con autarquía (poder absoluto, autosuficiencia), sino que tiene que ser realizada con pleno respeto al ordenamiento jurídico. "No porque un organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado, pues sigue dentro de él y, como tal, no puede apartarse del esquema jurídico y político que le sirve de fundamento" (sentencia del TC, 6 de setiembre del 2005).
Ante el desenfreno legislativo del presidente regional de Puno, nuevamente el Tribunal Constitucional debe intervenir para salvaguardar la vigencia de la Carta Magna y en casos evidentes, como la ilegal contratación de maestros, bien merece una acción penal a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial.
De otro lado, es predecible que el verbo agitador y nada institucional de Fuentes busca una reacción de fuerza por parte del Ejecutivo pues esta autoridad, que ganó apenas con 18% de la votación válida, necesita aparecer como víctima del Gobierno Central y de las fuerzas del orden para reanimar su alicaída imagen. Pesan sobre su gestión denuncias por la irregular contratación de 16 consultores, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes carecerían de calificaciones técnicas y solo estarían respaldados por el hecho de ser parte de la camarilla proselitista de Fuentes. La Comisión de Fiscalización del Congreso investigará este caso y además un extraño rubro llamado 'propinas' por el que tiene presupuestado gastar más de cuatro millones de soles. Cae por su peso que a costa de exacerbar ánimos regionales, pretende cubrir sus disipados manejos.
La mejor garantía para sepultar las afiebradas tesis separatistas del presidente regional de Puno es nuestro vigente Estado de derecho que cuenta con las herramientas para ponerlas firmemente en su lugar.
Editorial
¿REPÚBLICA BOLIVARIANA DE PUNO?
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
Hernán Fuentes debe estar pensando que le han regalado un Kosovo en el altiplano. El presidente regional de Puno declara haberse puesto sobre un camino de autonomía y federalismo. Pero nadie más parece estar pensando así en la región, ni Fuentes traía en su programa un Puno independiente cuando ganó con 20% de los votos, un antirrécord en la elección del 2006.
Desde entonces la gestión de Fuentes ha sido subestándar. Eso y su formación ideológica al borde de Pukallacta lo han obligado a buscarse siempre una buena confrontación para lograr una gran acumulación. Esta última no ha llegado todavía, pero hay que reconocer que el hombre sabe ganarse espacio en los medios.
Como Fuentes no tiene muchas bases, se ha dedicado a surfear todas las coyunturas radicales a su alcance, y eso lo ha llevado a una creciente confrontación con el gobierno central. En poco tiempo ha saltado de una política cocalera propia a un manejo propio del magisterio, y ahora ya simplemente un Puno de su propiedad.
Que Puno es un electorado radical, no cabe duda alguna. Pero no hay señales de que sea una población dada a la etnopolítica (más allá de las rivalidades aimara-quechua) o la secesión. Un ejemplo reciente: en las pasadas elecciones regionales a las dos listas ostensible y programáticamente aimaras les fue pésimo.
La sensación es que Fuentes se ha colocado frente a un espejo boliviano, que le ha dado una imagen al revés. Allá es una derecha próspera, no una izquierda necesitada, la que quiere alejarse de la idea misma de Estado central. Si algo disgusta hoy a los aimaras de Bolivia es el secesionismo, y es casi seguro que pasa lo mismo en Perú.
Pero esta vez Fuentes se ha equivocado. La coca y el magisterio son temas con clientelas radicales articuladas y exigencias concretas, a las que es posible encabezar. Pero el secesionismo no tiene que se sepa clientela alguna, y sin duda alguna va a atraer los rayos del Estado central peruano, que también sabe reconocer una oportunidad política cuando la ve.
De quien Fuentes sí se está independizando, y a toda velocidad, es de la gran mayoría de los presidentes regionales. Tiene un compinche en Hugo Ordóñez, presidente regional de Tacna, aunque solo para algunos temas. Entre los demás ya Yehude Simon ha empezado a criticarlo en el asunto de coca full para Puno.
Lo que está saliendo en claro, con el perdón del presidente regional, no es la figura de un radical político, sino la de un irresponsable político. El radicalismo puneño es perfectamente legítimo dentro de una democracia, pero solo podrá serle útil a los propios puneños si se le encamina hacia objetivos y tareas viables.
Editorial
UN LÍMITE
No cabe duda que el chavismo ha ramificado en la región –y en especial en el Perú– un equipo de políticos y dirigentes donde cada cual tiene una misión asignada. Así como antaño, frente a Moscú y Pekín, esta vez los izquierdistas de varios países latinoamericanos –obnubilados por los petrodólares– no ensayan ninguna resistencia digna y autónoma ante el actual padrinazgo ideológico bolivariano del presidente venezolano Hugo Chávez que se les presenta con los brazos abiertos.
El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)
En algunas latitudes de nuestro continente el idilio entre este mandatario autoritario y los partidos marxistas, ayer casi extintos y hoy redivivos, no necesita una declaración de amor expresa y pública. Pero sin ocultar este amorío bastardo, de un lado y del otro, piropos, miradas de reojo y un ingenuo flirteo, acaso queriendo evitar el escándalo. Aunque obviamente resulta notorio que toda la zurda latinoamericana, la criolla, la caviar, la universitaria, la académica, la sindical, la provincial o andina, se siente atraída por la billetera del chavismo. Quiere sus fondos, su simpatía y busca su protección para enseñorearse nuevamente, por ejemplo, en el Perú tal como ocurrió durante el velascato –cuando el subsidio le llegaba de la URSS– al igual que en los años ochenta impidiendo de mil formas a nuestra democracia hacer un frente efectivo a enemigos de la calaña de Sendero Luminoso y el MRTA.
Hoy es difícil encontrar un izquierdista que no dependa directa o indirectamente de Hugo Chávez. Los hay ocultos, como los viejos dirigentes del PCR y del PUM, y existen también los seguidores desembozados, como el presidente regional de Puno Hernán Fuentes, y Ollanta Humala Tasso. Pero todos ellos tienen directivas que ejecutar en función de sus características personales o del espacio en el que se desenvuelven. Unos fundan casas del ALBA, otros agitan los sindicatos, también están los que reclutan universitarios, y aparecen aquellos que defienden a los cocaleros informales (eslabón proveedor del principal insumo para el narcotráfico).
Por supuesto, estamos ante un plan encubierto de la inteligencia política bolivariana sobre un país como el Perú, geopolíticamente estratégico para sus futuros programas revolucionarios y energéticos en Sudamérica. Y no siempre va a haber pruebas a flor de piel. Lo cierto es que ya tienen de su lado a Argentina, Bolivia y Ecuador. Pero, ¿quién financia las casas del ALBA? ¿Quién alienta paros regionales y huelgas de la CGTP o del SUTEP? ¿Quién organiza congresos bolivarianos donde incluso asisten delegados de las FARC, de Sendero y del MRTA? La respuesta es Hugo Chávez.
Se vienen movilizaciones caprichosas que coincidirán con la V Cumbre de los Presidentes y Jefes de Gobiernos de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE). Entonces, ante situaciones extremas, la paciencia tiene un límite. Las cartas están sobre la mesa y nuestra democracia tiene la palabra.
BOLIVIANOS PRETENDEN MARCHAR HASTA ARICA
Categórico rechazo a la marcha dio a conocer Círculo de Descendientes de Héroes de la Guerra del Pacífico de nuestra ciudad.
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Una marcha por la reivindicación marítima, proclamada como pacífica por sus organizadores, está propiciando un movimiento de jóvenes en Oruro, Bolivia.
El hecho podría pasar inadvertido en el marco de los actos por el Día del Mar que todos los 23 de marzo (cuando las tropas chilenas llegaron a Calama) celebran en el país altiplánico.
Pero, este grupo dirigido por una mujer (Yamila Gutiérrez López) pretende nada menos que llegar hasta el puerto ariqueño.
La marcha partiría el domingo 23 desde la plaza "10 de febrero", recorriendo diversas zonas de Bolivia hasta llegar a Arica el lunes 24.
En nuestra ciudad, los jóvenes bolivianos realizarían el acto de reivindicación marítima, pidiendo una salida soberana hacia el Pacífico.
ITINERARIO
En los diarios bolivianos con presencia en internet, se indica que para este año se cambió el itinerario de esta marcha.
La salida será por el occidente del departamento de Oruro, iniciándose en la plaza principal, para recorrer las poblaciones de Challacollo, Toledo, Ancaravi, Huachacalla, Sabaya y Pisiga, hasta llegar a a la ciudad de Arica.
Entre las osadas proclamas que incentivan a los bolivianos y bolivianas a sumarse a la marcha se puede leer: "El mar nos pertenece por derecho, hacer algo por recuperarlo es nuestro deber. Hagámoslo hoy que aún es tiempo".
CONVOCATORIA
Según la convocatoria emitida por los "Jóvenes Progresistas", como se autodenominan, recomiendan llevar pancartas y letreros alusivos al motivo de la fecha, portando banderas bolivianas como ocurrió la gestión pasada, cuando llevaron una gigante que colocaron en la frontera.
La gestión pasada marcharon por la reivindicación marítima más de un centenar de personas entre niños, jóvenes, adultos y gente de la tercera edad que llegó desde varias ciudades del interior de Bolivia.
Esta vez sólo marcharán jóvenes de 18 a 25 años, que serán seleccionados y se beneficiarán de transporte gratuito de ida y retorno al puerto de Arica debiendo únicamente asumir gastos de estadía, expresa la convocatoria que fue dada a conocer en la ciudad de Oruro.
RECHAZO
El anuncio de esta marcha hasta llegar al puerto ariqueño, generó de inmediato el rechazo del Círculo de Descendientes de Héroes de la Guerra del Pacífico.
Luis Aguirre Guerra, presidente de la organización, calificó la marcha como "un atentado inaceptable a la soberanía nacional".
El dirigente dijo que pretender realizar en nuestro propio suelo un acto con esta connotación "pone en peligro las relaciones que existen entre ambas naciones".
Aguirre expresó que esta actitud del mencionado movimiento boliviano "pasa por encima, incluso, del trabajo que están desarrollando las cancillerías de ambos países con la agenda común".
A su juicio, las autoridades chilenas deben dar una clara señal en cuanto a "no permitir que se use nuestra ciudad para actos contrarios a la soberanía y respeto al territorio nacional".
Por esto, el Círculo de Descendientes de Héroes de la Guerra del Pacífico de Arica pedirá hoy una reunión con el gobernador provincial Luis Gutiérrez Torres.
En la cita, le harán ver su clara y enérgica posición de rechazo a esta marcha en cuanto a que pueda llegar al puerto ariqueño, reclamando soberanía marítima, lo que para ellos es inaceptable.
INEDITO
El gobernador Luis Gutiérrez, consultado sobre esta pretendida marcha de la agrupación de jóvenes bolivianos, señaló desconocer antecedentes.
La máxima autoridad provincial, agregó que no ha recibido ninguna petición de marcha alguna referida a esta situación.
Aclaró que de acuerdo a la ley, las marchas deben ser autorizadas a fin de garantizar el orden público.
Pero, de partida dijo que el tenor de la protesta (demanda marítima) es algo inédito en territorio nacional y soberano por lo que solicitará antecedentes al respecto.
MINISTRO BOLIVIANO DICE QUE NO EXISTE DIFERENDO LIMÍTROFE CON EL PARAGUAY
Walker San Miguel, ministro de Defensa de Bolivia, sostuvo que no existe ningún diferendo limítrofe con el Paraguay. Indicó que el tema del hito en el cerro Chovoreca ya fue aclarado en 1975 y que la denuncia publicada en los medios no fue del gobierno de Evo Morales sino de un particular.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel, aclaró ayer que la denuncia sobre el supuesto traslado de un hito en la frontera con Paraguay no fue formulado por el gobierno del presidente Evo Morales. “Esa no es una denuncia del país, ni del gobierno, fue una denuncia que yo considero anónima. La Cancillería boliviana ya aclaró que es un tema superado hace ya varios años atrás”, manifestó San Miguel, al retirarse del Palacio de Gobierno, luego de haber mantenido una reunión con el presidente Nicanor Duarte Frutos.
San Miguel dijo que según el informe que recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, el tema ya fue superado en el año 1975.
“El problema se generó con el tratado del año 45 y terminó por resolverse en el 75 ubicando el hito en el lugar donde correspondía”, indicó el ministro.
Dijo que después de los acuerdos limítrofes entre Paraguay y Bolivia, tras finalizar la Guerra del Chaco (1932-1935) nunca se pudo ubicar bien el hito y explicó que en el año 1975 se ubicó. “Mientras no se tenía el sitio definitivo se pusieron varios hitos provisionales, pero reiteró que la cuestión ya fue solucionada hace años”, insistió San Miguel.
Dijo que la denuncia fue anónima, porque aparentemente provino de un guardabosques y ni siquiera hubo consultas a nivel de gobierno, porque en el tema de límites no existe ningún inconveniente entre los países. “Seguramente por algún interés que desea indisponer nuestras relaciones, pero nosotros hemos superado como Ministerio de Defensa, como Cancillería, como gobierno, cualquier denuncia que quiera empañar este fortalecimiento de las relaciones”, respondió el alto funcionario boliviano cuando fue consultado sobre el origen de los informes que ayer enviaron las agencias noticiosas desde su país.
Las mismas indicaban que la “visita urgente” del ministro San Miguel a Asunción era para solicitar explicaciones al gobierno paraguayo sobre el supuesto traslado arbitrario del hito ubicado en el lugar conocido como cerro Chovoreca, límite del departamento de Santa Cruz con el Paraguay. San Miguel dijo ayer que su visita estaba pactada desde hace tiempo atrás para hablar de la ampliación de las relaciones en el campo militar y la defensa entre nuestros países.
Por su parte, el ministro de Defensa del Paraguay, Nelson Mora, señaló que la visita de su colega fue para fortalecer el control fronterizo y también establecer unos mecanismos de cooperación y reciprocidad en caso de necesidades por calamidades naturales. Dijo que es la tercera visita de San Miguel en 16 meses.
BOLIVIA NO DESCARTA UNA VERIFICACIÓN TÉCNICA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El gobierno de Bolivia no descarta una verificación técnica, no militar, del presunto traslado unilateral de un hito en el Chaco, pese a que la información sobre el tema es de fuentes anónimas, según dijo ayer el ministro de Defensa del vecino país Walker San Miguel. Fue durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Defensa, tras terminar una reunión con el ministro de Defensa paraguayo, Nelson Mora.
Este encuentro fue en prosecución de los trabajos establecidos en el convenio 2+2 que pretende llevar adelante una “política efectiva de control fronterizo con ayuda recíproca”, conforme al comunicado leído en la ocasión.
Ante las consultas sobre una misión militar boliviana en la frontera para cerciorarse del supuesto desplazamiento de hito en el punto denominado Chovoreca, San Miguel dijo que son rumores “absolutamente falsos”. Resaltó que la información sobre el traslado realmente “viene de fuentes anónimas” y que se trata de una historia antigua “relacionada exclusivamente con la parte de la diplomacia”.Sin embargo, el ministro boliviano no descarta una verificación del hito pero insistió en recalcar que será “exclusivamente técnica”. “Hay suficientes medios técnicos. Nosotros tenemos el instituto geográfico, en la Cancillería la dirección de límites, pero reitero que se trata de un tema de naturaleza diplomática que puede darse con cualquier país fronterizo y que implicará, seguramente, una verificación en ese ámbito”, expresó. Puntualizó finalmente que la cuestión no será de competencia militar.
Límites con Bolivia están demarcados, aseguran
Los límites con Bolivia se encuentran debidamente ubicados y demarcados, aseguró ayer la embajadora paraguaya en Bolivia, Nimia Oviedo de Torales. Indicó que el propio viceministro de Exterior boliviano, Hugo Fernández, calificó de “archisupertrasnochadas” las declaraciones de un guardaparques boliviano, que acusó a Paraguay de trasladar en forma arbitraria un hito limítrofe, con el cual los bolivianos perdieron cerca de 7 kilómetros.
La embajadora no pudo decir cuál fue la intención del guardaparques boliviano al realizar una denuncia falsa y tan delicada un día antes de la visita oficial al Paraguay del ministro de Defensa boliviano, Walker San Miguel.
Oviedo de Torales calificó de “ligereza por parte del guardaparques al manifestar esta situación porque ya tenemos demarcada totalmente” la frontera con Bolivia. Recordó que en el año 1969 la comisión demarcadora de límites de los dos países se percataron que los hitos colocados no eran los indicados y gracias a la tecnología del GPS se procedió a una mejor demarcación.
Afirmó que en el año 1969 se produjo un diferendo entre las comisiones de límites de Paraguay y Bolivia sobre la ubicación en el terreno del vértice VIII “Cerro Chovoreca”, punto límite entre los dos países. Pero con el diálogo bilateral y la presencia del presidente de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites paraguayo-boliviano, general de brigada Gonzalo Gómez (argentino), se llegó a un acuerdo para la ubicación del hito en “Cerro Chovoreca”.
De acuerdo al laudo arbitral del 10 de octubre de 1938, los 11 hitos principales están ubicados, señaló la embajadora.
Mora asegura que ni se habló del tema
El ministro de Defensa Nelson Mora aseguró ayer que no habló con su colega boliviano Walker San Miguel sobre el presunto traslado arbitrario, de parte de Paraguay, de un hito en el Chaco, en el punto denominado Chovoreca.
“Absolutamente no hay comentarios al respecto. Ni siquiera en las reuniones preliminares se ha tocado (el caso) porque de hecho no existe”, fue tajante el funcionario de gobierno.
Ante la consulta de qué haría Paraguay o se quedaría con la versión boliviana de que no hubo movilización hacia la frontera de alguna unidad militar, Mora preguntó qué es lo que se pretende insinuar y expresó que nuestro país se ajusta a principios de orden constitucional, como el respeto a la igualdad jurídica de las naciones, el principio de la no intervención y la renuncia a toda forma de guerra.
Mora destacó que desde la firma del acuerdo sobre límites con Bolivia nunca hubo problemas y que nuestro país tiene una comisión de límites que se encarga normalmente del tema.
Insistió en que en cuanto a la cuestión limítrofe con Bolivia, no hubo ni va a haber ninguna inconveniencia “más allá de las conjeturas que se pudieran hacer al respecto”.
La versión sobre el presunto desplazamiento unilateral de un hito hecho por Paraguay, y que sería de unos 7.200 metros, surgió en el país vecino y según reportes de las agencias EFE y AFP, fechadas en La Paz, el ministro Walker San Martín pidió al Ejercito realizar una expedición a la frontera “para ver la veracidad de esa información”.
GOBIERNO BOLIVIANO MINIMIZA DENUNCIA DE TRASLADO DE HITO
La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
El ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel, minimizó ayer las publicaciones periodísticas surgidas en La Paz, que informan un supuesto traslado arbitrario por parte del Paraguay en el hito limítrofe con Bolivia, en el punto denominado Chovoreca, según la denuncia de un guardabosque. “Primero que esa no es una denuncia del país, ni del gobierno, fue una denuncia que yo la considero anónima, pero que está en el marco del trabajo de Cancillería, la Cancillería de Bolivia ya aclaró que es un tema superado hace ya varios años atrás. Nuestra agenda en este tiempo, es la tercera vez que visito Asunción, es más bien un diálogo positivo, el trabajo de mejoramiento de nuestra relación en el área de Defensa, creo que esto es lo más importante, otro detalle no tiene la importancia”, indicó el ministro San Miguel.
Señaló que según el informe de la Cancillería y las FFAA de Bolivia el traslado del hito ocurrió en 1975, y que ya fue superado en su momento. “Según la información que tenemos nunca se pudo ubicar bien el hito después de los acuerdos de la guerra del Chaco, en el año 75, finalmente se ubicó, pero mientras no ha tenido un sitio definitivo había hitos provisionales. Eso es lo que informa la Cancillería. Sin embargo, nosotros allá tenemos puestos militares y la información del lado militar está todavía sujeta a confirmaciones esa denuncia”, manifestó San Miguel.
Añadió que tal vez la denuncia surge nuevamente “por algún interés que desea indisponer nuestras relaciones, pero nosotros hemos superado como Ministerio de Defensa, como Cancillería, como gobierno, cualquier denuncia que quiera empañar este fortalecimiento de las relaciones”.
Igualmente, el ministro de Defensa paraguayo Nelson Mora dijo que San Miguel “está visitando el país en el marco del convenio 2+2 particularmente para conformar los grupos de trabajo. La idea es fortalecer el control fronterizo y también establecer unos mecanismos de cooperación y reciprocidad en caso de necesidades por calamidades naturales”.
INVERSIONES PETROLERAS PRIVADAS PUEDEN RETRASARSE EN BOLIVIA
Invertía de Colombia (www.usa.invertia.com)
Las inversiones de 12 multinacionales petroleras, que ofertaron unos 900 millones de dólares para 2008, podrían retrasarse por falta de licencias ambientales de exploración, informó el presidente de la estatal petrolera boliviana (YPFB), Santos Ramírez.
Esta situación podría perjudicar los niveles de producción en momentos en que Brasil y Argentina demandan mayores volúmenes de gas natural, según analistas locales.
Ramírez afirmó que "hay tiempos postergados y fuera de plazo" para la entrega de esas autorizaciones que "hace postergar el cumplimiento de sus planes" de inversión.
Por ley, el poder Ejecutivo es el encargado de emitir las licencias ambientales.
Doce firmas multinacionales, entre ellas la brasileña Petrobras, la española Repsol y la francesa Total, prometieron invertir en 2008 un total de 905,4 millones de dólares para desarrollar nuevos campos de gas, con el fin de aumentar la capacidad productiva boliviana.
Bolivia produce diariamente unos 40 millones de m3 (MMCD) que le sirven para cumplir a duras penas con Brasil, que demanda 30 MMCD, con Argentina -entre 2 y 2,5 MMCD, pero que requiere más-, y su mercado interno (6,5 millones de MMCD).
Bolivia posee 1,36 billones de m3 de gas y sus reservas probadas y probables son las segundas de la región, después de Venezuela.
PNUD: MEJORA ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA
Diario del Pueblo de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)
La representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, Andrea Urioste, afirmó el día 18 que el Indice del Desarrollo Humano (IDH) en el país altiplónico creció, según un estudio realizado entre los años 2007- 2008.
"El IDH en Bolivia se ha incrementado, hemos subido en una cifra muy pequeña, la explicación de esto es porque hay aumentos leves en la esperanza de vida y porque se mantuvo el nivel de alfabetización", señaló. Remarcó que si se continúa con ese crecimiento el país estaría pronto a llegar a un desarrollo medio-alto. De acuerdo a datos del PNUD, entre los años 2006-2007 el IDH de Bolivia se incrementó de 0,692 por ciento a 0,695 por ciento, lo que indica un nivel de desarrollo humano medio-medio.
Sin embargo, de continuar incrementándose el índice (superior a 0, 7 por ciento) Bolivia llegaría en dos años a un nivel medio-alto.
Los indicadores se basan en ámbitos referidos a los avances en salud, educación y un nivel de vida adecuado (ingresos per cápita), los mismos que son medidos por la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de adultos y otros, señala un documento presentado por el PNUD.
Urioste manifestó que pese a que Bolivia internamente registró un aumento en su IDH, descendió dos posiciones en el ranking mundial, pasando del puesto 115 al 117, entre 177 países.
Según el documento del PNUD, en Suramérica sólo Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tienen un nivel de desarrollo humano moderadamente alto (entre 0,8 por ciento y 0,9 por ciento), mientras que Bolivia se sitúa por encima de Guatemala y Haití, este último es el único de la región que se encuentra por debajo de 0,5 por ciento
Bolivia
SE DISPARA LA DEUDA INTERNA
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
De mal en peor. Bolivia se libra de la deuda externa, pero ahora ya siente el lastre de su millonaria deuda interna, pactada en condiciones mucho más duras y onerosas y que no puede dejar de pagar
En poco más de dos meses, la deuda interna creció en 564,9 millones de dólares y ahora ya es de 4.237,5 millones de dólares, una cifra récord que ya comienza a preocupar a la endeble y frágil economía boliviana.Datos del Banco Central de Bolivia establecen que, al 7 de marzo de 2008, la deuda interna ya había superado la barrera de los cuatro mil millones de dólares, como resultado de la abultada y creciente deuda que tiene el Estado con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y con los bancos y entidades privadas nacionales que compraron títulos y valores públicos.
La deuda con las AFPs es de 1.584 millones de dólares, mientras que lo adeudado por el Banco Central a los bancos privados por títulos y valores alcanza a 1.686,0 millones de dólares, señala el informe remitido a Econoticiasbolivia.Pactada en condiciones mucho más duras y onerosas, con tasas de intereses más altas y plazos de pagos más cortos, la deuda interna es de pago ineludible y no está sujeta a eventuales condonaciones como las recibidas recientemente en el caso de la deuda externa con organismos internacionales y países amigos.
La deuda interna ya es el doble que la deuda externa, que alcanza a 2.221.9 millones de dólares. Entre ambas suman 6.459,4 millones de dólares que equivalen a la totalidad de las reservas internacionales de Bolivia o a siete años de inversión pública.
Esto quiere decir, en términos percápita, que cada boliviano, incluidos los niños, tiene actualmente una deuda de 650 dólares, de los cuales 430 dólares son para los acreedores internos (AFPs y bancos, principalmente) y 220 para los organismos internacionales y otros países.
Deuda dura
Desde el año 2003, que comienza a crecer a ritmo acelerado, la deuda interna es contraída por los gobiernos de turno para financiar el pago de las rentas a los jubilados del viejo sistema de pensiones y para reducir la presión inflacionaria y la liquidez que tienen los bancos y los agentes económicos.Hasta hace poco, a las AFPs se les pagaba, en promedio, una tasa de interés mayor al 8 por ciento y a los bancos privados se les vendía títulos-valores públicos con un interés variable que oscila por el 13 por ciento.Con estos incentivos, otorgados a las AFPs y a los bancos, la deuda se duplicó en los últimos dos años desde principios del 2005, cuando era de 2.000 millones de dólares, a los actuales 4.237,5 millones de dólares.
Altos intereses
Y esto genera una fuerte presión sobre las finanzas públicas, que tiene que destinar cada vez más recursos para honrar sus compromisos. Según los cálculos de la Fundación Jubileo, cada día, en promedio, el Estabo boliviano eroga casi dos millones y medio de dólares para pagar el capital y los elevados intereses de esta deuda. Hasta el 2001, el Estado boliviano pagaba anualmente cerca 350 millones de dólares en capital e intereses por la deuda interna, en el 2002 este costo aumenta a los 471 millones de dólares y desde el 2003 es mayor a los 500 millones de dólares. En el 2006 el pago a las AFPs y bancos fue de 668 millones de dólares y para el 2007 y 2008 se estima que superará los 700 millones de dólares. Todos estos montos son demasiado altos para una economía que anualmente destina, desde el Estado, esa misma cantidad de recursos para construir caminos, escuelas, hospitales, viviendas sociales y mejores servicios básicos de agua, alcantarillado y otras necesidades vitales para la población.
PREFECTURA, CÍVICOS Y HACENDADOS DE SANTA CRUZ CONFORMAN UN “FRENTE DE DEFENSA” DEL LATIFUNDIO
Rebelión Org. (www.rebelion.org)
La Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz sellaron un pacto político con autoridades municipales, ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera con el objetivo de evitar el saneamiento de tierras en el Chaco cruceño, e impedir la creación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por comunidades indígenas guaraníes.
Hasta hace poco, el movimiento autonomista cruceño evitaba intervenir directamente en conflictos por la tierra, intentando no contaminar su imagen de “movimiento ciudadano”. Sin embargo, a principios de marzo, las autoridades de la Prefectura y los cívicos dieron un giro y asumieron públicamente su papel de defensores del empresariado departamental.
El 8 de marzo, la elite político empresarial cruceña y los ganaderos de la provincia Cordillera se reunieron en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de “sus territorios”, “contra el saneamiento” y contra la creación de la TCO Alto Parapetí.
Participaron en la inédita reunión el director de Medioambiente de la Prefectura de Santa Cruz Neco Aguilera, ex ministro de Desarrollo Sostenible; el subprefecto regional Marcelino Apurani, hombre del prefecto Rubén Costas; el Vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz y el capitán grande de Alto y Bajo Isosog Bonifacio Barrientos, desconocido por las capitanías indígenas por traficar con tierras de TCOs.
Días después, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Guido Nayar, ex militante del ultraderechista ADN, ofreció su respaldo público a sus similares del Chaco en la defensa de “su territorio”. Náyar recordó que los ganaderos son gente aguerrida y valiente, y no va a permitir que le quiten su propiedad.De esta manera, la Prefectura y el Comité Cívico pro Santa Cruz tomaron como bandera propia la defensa de los intereses de los ganaderos del Chaco, y conformaron una especie de “frente de defensa” de la gran propiedad cruceña, sobre la base del estatuto autonómico que concede al gobierno regional absoluto dominio de la tierra.
Latifundistas dispuestos a levantar las armas
Las asociaciones de ganaderos de Macharetí, Gran Chaco, Camiri, Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas, Gutiérrez, Huacareta, Villa Guzmán, Ingre y Monteagudo comienzan a tomar acciones de hecho en defensa de sus haciendas. Por ejemplo, crean “comités de defensa” de la tierra y levantan “trancas de control” en la zona para impedir el paso de funcionarios del Viceministerio de Tierras y de las brigadas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) encargadas del saneamiento.
El presidente de la Asociación de Ganaderos de Camiri Javier Antúnez declaró al diario El Deber que no se permitirá ninguna reversión, expropiación o “confiscación de propiedades privadas”, y tampoco la creación de nuevas TCO para que el Estado reparta tierras a “gente del occidente”. Advirtió que “cualquier enfrentamiento que pueda suscitarse será responsabilidad del gobierno”.
No fue la primera vez que los grandes propietarios de la provincia Cordillera amenazaron con acciones de hecho. Recientes sucesos confirman que los latifundistas están dispuestos a defender sus propiedades, inclusive, recurriendo a las armas.
El 27 de febrero, un grupo de 50 ganaderos y sus peones echaron a técnicos del INRA de Camiri y cerraron las oficinas. Al día siguiente, el viernes 29 de febrero, ganaderos y algunos líderes políticos tomaron como rehenes al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, al director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas y a otros funcionarios públicos que se dirigían al Chaco cruceño en comisión oficial para supervisar el inicio del saneamiento en la jurisdicción de Alto Parapetí.
Las autoridades nacionales fueron detenidas a la entrada de la hacienda “Caraparicito”, de propiedad de Ronald Larsen, quien los esperaba armado con una carabina y un revolver. El hacendado y sus guardaespaldas no solo amenazaron de muerte a los funcionarios sino que dispararon a las llantas de uno de sus vehículos.
A principios de marzo, un grupo de hacendados, el subprefecto Marcelino Apurani, el consejero de la subprefectura Bernardo Suárez y algunos guardaespaldas interrumpieron una reunión en la que el director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas informaba a un propietario de la zona sobre el trámite de saneamiento de su predio ubicado en la TCO Kaami.
Uno de los terratenientes reclamó que el INRA “no debería estar en la zona porque así lo habían decidido” los ganaderos. Los empresarios expresaron varias veces que no se harán responsables “si es que le pasa algo al personal del INRA”. “¿O ustedes están esperando como autoridades que haya algún muerto para que recién entre el Ejército y la Policía, y de esa manera quieran proceder con el saneamiento?”, cuestionó otro hacendado.
Las mentiras
La campaña de resistencia al saneamiento de los sectores conservadores de Santa Cruz está basada en mentiras y en hacer cundir el miedo para evitar la repartición de tierras a los indígenas y perpetuar el latifundio, observa el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
La propaganda cívico empresarial dice básicamente que todos los propietarios de la provincia Cordillera “serán barridos” por el saneamiento, que al gobierno avasallará las tierras productivas de la región, cercenará los territorios municipales, arrebatará regalías a las alcaldías y se apoderará de las reservas petroleras, acuíferas y gasíferas.
En primer lugar, explica el gobierno, no se quiere atropellar los derechos de ningún productor sino hacer justicia con indígenas guaraníes históricamente expoliados y hoy sometidos a un sistema de esclavitud y explotación laboral en algunas haciendas, una penosa realidad reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA), por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y hasta por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los hacendados del Chaco se niegan a compartir la tierra con comunidades guaraníes de Alto Parapetí, y por tanto liberar a cientos de familias guaraníes cautivas, con el argumento de que ellos son legítimos y centenarios dueños de extensas propiedades en la provincia Cordillera.
Lo cierto es que las haciendas del Chaco aparecieron en el siglo XVIII y se expandieron desde la primera mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, favorecidas por infinidad de leyes y normas republicanas e inclusive por la reforma agraria nacionalista de 1953. Sin embargo, varios textos de los cronistas coinciden en que el pueblo indígena guaraní conquistó las tierras de la mítica “Cordillera” en el siglo XV, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles.
En segundo lugar, es un hecho que el saneamiento en la provincia Cordillera favorecerá a los pequeños agricultores y ganaderos porque consolidará su derecho propietario y dará seguridad jurídica a aquellos que cumplen la Función Económico Social (FES), que pagan un salario justo a sus trabajadores y que no se benefician con el trabajo esclavo de los guaraníes.
El director del INRA Juan Carlos Rojas aseguró que el saneamiento 157 mil hectáreas en la provincia beneficiará a más de 10 mil familias que tienen menos de 500 hectáreas, las cuales recibirán títulos ejecutoriales de sus predios. No hay que olvidar que en el procedimiento de saneamiento se verifica el cumplimiento de la FES de las propiedades mayores a 500 hectáreas; en cambio, las pequeñas propiedades sólo deben cumplir Función Social (FS), es decir que es suficiente que sus propietarios la habiten y trabajen para que sean reconocidos como dueños legítimos.
En tercer lugar, el saneamiento de tierras de Alto Parapetí de ninguna forma perjudicará a las siete secciones municipales de la provincia Cordillera en lo que respecta a los ingresos que perciben por Coparticipación Tributaria Municipal, recursos del HIPC II (producto de la condonación de la deuda externa) y por los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
No hay que olvidar que la TCO constituye una forma de propiedad de la tierra y no una institución pública o privada receptora de recursos públicos. Los beneficios generados por la explotación de los recursos naturales (mineros, hidrocarburíferos, forestales, etc.) son regulados por la normativa de coparticipación tributaria o IDH, y distribuidos a través de los municipios, prefecturas y universidades. Por tanto, las TCOs no están consideradas dentro de la distribución de la regalías del IDH y tampoco son receptoras de otros ingresos municipales.
Las TCOs son espacios geográficos que aseguran el hábitat de comunidades indígenas y originarias, y sea cual fuese su superficie, no incluye la propiedad de los recursos naturales, los cuales se encuentran bajo dominio directo del Estado.
Entonces, queda claro que la titulación de la TCO Alto Parapetí en beneficio de indígenas guaraníes no reduce ni un solo centavo de los ingresos de los municipios de la Provincia Cordillera.
Desacato y sedición
Los recientes acontecimientos en la provincia Cordillera permiten afirmar que ha comenzado una suerte de “levantamiento terrateniente” en Santa Cruz liderado por cívicos, empresarios y dirigentes políticos de la Prefectura, que, en interpretación del viceministro Almaraz, actúan como “una sola unidad sociopolítica”.Este movimiento empresarial no sólo niega el derecho a la tierra a miles de indígenas guaraníes, sino que está dispuesto inclusive a dividir el país con la aprobación de un estatuto autonómico diseñado expresamente para proteger enormes latifundios ilegales, como las haciendas de presidente cívico Branco Marinkovic de más de 26 mil hectáreas de extensión.
“Si es injusto impedir el saneamiento y el derecho a la tierra de los guaraníes, es más injusto empujar a la confrontación sangrienta entre bolivianos y poner el país al borde de la división sólo para proteger intereses particulares”, afirma Almaraz.
Marinkovic y sus representantes políticos en la Prefectura departamental convocaron a desobedecer y desconocer al gobierno “comunista” de Evo Morales, electo democráticamente, pese a que el régimen demuestra total respeto a la propiedad privada. Esta actitud gubernamental ha provocado no pocas críticas de la izquierda radical, que interpreta que el régimen de Evo es mucho más conservador que el nacionalismo del MNR de 1952, ya que la nueva Constitución oficialista garantiza la propiedad privada y la gran propiedad agraria.
En realidad, los latifundistas rechazan de plano cualquier intento de democratización del acceso a la tierra por más reformista que sea. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz impugnó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Tierra y todos los decretos agrarios de Morales ante el Tribunal Constitucional, como lo hizo 10 años antes con la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
En octubre de 1996, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y sectores empresariales declararon “persona no grata” al ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, e instruyeron “a todos los sectores productivos de la región no enviar productos agropecuarios a la sede de gobierno” como medida de protesta por la aprobación de la Ley INRA.
Diez años después, los mismos protagonistas cívicos y empresariales reaccionan igual frente a la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y acusan al gobierno de atentar contra la propiedad privada. En noviembre de 2006, las fuerzas políticas y empresariales cruceñas amenazaron con replegar a sus parlamentarios y con restringir la venta de carne beniana en los departamentos de occidente si es que el gobierno se empeñaba en aprobar la nueva normativa de la tierra.
En esta nueva etapa de la centenaria confrontación por la tierra en Bolivia, los latifundistas suben el tono de sus discursos. Ahora no sólo convocan abiertamente a la resistencia civil y al desacato de leyes sino que amenazan con aplicar “justicia comunitaria” a las autoridades nacionales. Los terratenientes más radicales opinan que ha llegado el momento de “definir las cosas con sangre”.
Opinión
BOLIVIA Y EL RETORNO DE LA EXTREMA DERECHA
James Petras, uno de los más fecundos pensadores revolucionarios de hoy, examina la evolución de la situación política boliviana, la política real que sigue Evo y la crisis por la que pasan los movimientos sociales y populares. En su análisis, Petras toma como referencia e insumos a varios trabajos de la agencia independiente Econoticiasbolivia
Rebelión Org. (www.rebelion.org)
Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.
El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera. El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.
En primer lugar, el gobierno del MAS logró canalizar las políticas a través de instituciones del Estado, a saber, las ramas electorales, parlamentarias y ejecutivas, socavando por tanto las tácticas de acción directa de los movimientos sociales, su instrumento más efectivo de la influencia política.
En segundo lugar, el equipo Morales-García Linera definió y distorsionó radicalmente varias de las demandas políticas y socioeconómicas populares principales a fin de acomodarse a los intereses de la oligarquía y del capital extranjero. Los pactos y acuerdos formales entre el gobierno y la oligarquía llevaron directamente a la rápida reconstrucción de la extrema derecha y a la desmovilización y debilitamiento estratégico de los movimientos sociales. Estos cambios políticos radicales pueden resumirse brevemente.
Asamblea Constituyente: del poder popular al revanchismo oligárquico
Una de las demandas políticas fundamentales de los movimientos sociales revolucionarios durante el período insurreccional (febrero de 2003 a junio de 2005) fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyos miembros provendrían de la elección directa de representantes de los movimientos sociales, comunidades indias y pobres rurales y urbanos. Morales y García Linera pervirtieron totalmente esta demanda. En un acuerdo formal con los desacreditados jefes de los partidos oligárquicos, el presidente y el vicepresidente organizaron elecciones basadas en las entidades territoriales existentes, en las que los partidos de extrema derecha se aseguraron la representación amplia necesaria para bloquear cualquier cambio radical a través de sus potentes máquinas de patrocinio y el control sobre el 90% de los medios de comunicación de masas. En las negociaciones previas a la constitución de la Asamblea, Morales y García Linera aceptaron una cláusula de votación de la oligarquía según la cual eran necesarios dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la Constitución. Más tarde, cuando la derecha entró en la Asamblea en número suficiente para bloquear todos y cada uno de los cambios sustanciales, o incluso las reformas de procedimiento, Morales y García Linera intentaron introducir una norma de mayoría simple pero fueron incapaces incluso de afectar el funcionamiento de la Asamblea. Después de casi un año y medio de parálisis, no se aprobó un solo artículo sustancial; los movimientos sociales habían perdido todas sus esperanzas en la «refundación del Estado» y en la posibilidad de alcanzar cambios sociales significativos. La derecha utilizó la situación disfuncional de la Asamblea para organizar manifestaciones callejeras de masas y establecer «redes cívicas» potentes, dominadas por los oligarcas separatistas y sus fuerzas paramilitares, a fin de promover un programa en gran parte de derechas.
El vicepresidente García Linera reconoció, efectivamente, la debacle total de la Asamblea Constituyente y convocó una conferencia pluripartidista con participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y todos los partidos de extrema derecha, empresarios y oligarcas, a fin de resolver sus diferencias. En otras palabras, Morales y García Linera pasaron de un pacto político fallido con la oligarquía a otro con los mismos resultados desastrosos.
Como era de esperar, la oligarquía y la derecha consideraron la marginación de la Asamblea como una victoria y utilizaron el nuevo formato para impulsar su programa aún más agresivamente y exigir, en la práctica, la rendición total en todos los asuntos principales relativos a la agroindustria; la ocupación ilegal de tierras públicas; el separatismo (calificado de autonomía), que incluye el control provincial (departamental) total sobre los ingresos por impuestos y regalías, y un mayor control provincial (departamental) de las políticas sociales y económicas. La propuesta pluripartidista llevó rápidamente a un fin innoble, como la Asamblea Constituyente antes de ella, pero no sin antes reforzar aún más a la derecha, desmoralizar las clases populares y demostrar la quiebra de las políticas de Morales y García Linera de pactos políticos con los partidos oligárquicos. Al carecer incluso de la seguridad física más elemental en Sucre, la Asamblea Constituyente huyó primero a una instalación militar y más tarde a Oruro donde fue protegida por los mineros y aprobó una Constitución contradictoria y ambigua.
La nueva Constitución está sometida a la aprobación de los votantes en referéndum. Las cláusulas principales son una mezcolanza de cláusulas «centralista» y cláusulas «autónomas», que potencian el poder federal y fragmentan potencialmente el país en unas 30 a 60 «naciones indias» y en gobiernos regionalistas de derecha.
Declarando al mismo tiempo la intangibilidad de la propiedad privada, la Constitución reivindica limitar la propiedad de la tierra a 25.000 acres por persona, incluyendo la posibilidad de un cierto tipo de reforma agraria (la mayoría de la cual sería invalidada mediante el procedimiento de poner la tierra a nombre de los miembros de la familia ampliada.) La Constitución reivindica la propiedad del Estado de todos los derechos del subsuelo sin por ello denegar a todas las grandes empresas mineras, del gas y del petróleo todas las reservas subterráneas en su cotización según el mercado de valores. La Constitución refleja la ideología y las políticas profundamente contradictorias del gobierno de Morales y García Linera, que proclama cambios radicales pero aplica un programa liberal.
IdeologíaEn la base de estos desastrosos pactos políticos, tácticas y estrategias del gobierno actual, se halla la ideología del capitalismo andino basada en la idea de la protección de la propiedad privada (que incluye la élite de la agroindustria, ese 1% de la población que posee el 80% de las tierras fértiles), de empresas mixtas con multinacionales extranjeras que explotan los grandes recursos naturales, y con campesinos indios de pequeña propiedad basada en la comunidad.
Para sostener el proyecto económico capitalista, Morales y García Linera necesitaban la colaboración y el apoyo de los partidos de derecha oligárquicos, lo que condujo directamente a la firma de los tristemente famosos y fatales pactos políticos que socavaron totalmente las actividades y la dinámica de los movimientos sociales. El indigenismo y la retórica de la defensa de las comunidades indias han sido recursos retóricos rituales en boca de ambos líderes y desmentidos en la práctica, como demostraron concretamente sus supuestos socios, con la destrucción de la disidencia en su reducto económico de Santa Cruz.
IndigenismoEl segundo componente principal de la ideología de Morales y García Linera era la autonomía política indígena y local. La ideología del indigenismo varía en significado y uso según su exponente y propósito político. En Bolivia hoy ambos líderes hablan de indigenismo con varios significados contradictorios y confusos, en función del momento y lugar políticos. El énfasis principal se pone en los derechos culturales y políticos: reconocimiento de la igualdad legal, respeto de las normas culturales indias y sus prácticas jurídicas y reconocimiento del derecho al autogobierno y la autonomía por parte de las 39 a 60 (dependiendo de las ONG y los antropólogos) naciones indias.
Morales y García Linera han puesto de relieve el carácter cultural y democrático de su «revolución», negando cualquier pretexto para la transformación de la propiedad y las relaciones sociales, la expropiación del capital extranjero o los 25 millones de hectáreas en manos de la clase dominante agroindustrial.El reconocimiento de varias docenas de «naciones indias» implica la fragmentación total de Bolivia en una cadena de mini estados insostenibles, si se llegase a poner en práctica la ideología del indigenismo. Inútil decir que los dos líderes no tienen ninguna intención de poner en práctica la «autodeterminación» indígena, un concepto ideológico sin fundamento económico y político prácticos. Sin una redistribución fundamental de la tierra, una reforma agraria profunda que transfiera la tierra de los 100 clanes a 2 millones de indios sin tierra, lo que Morales y García Linera han rechazado categóricamente, la población india no tiene ninguna base económica para afirmar su autodeterminación.
Peor aún, el énfasis de la ideología indigenista de Morales y García Linera en la autonomía local (de departamento y municipal), ha sido aprovechado por la clase oligárquica de derechas que gobierna en seis departamentos (la media luna) como pretexto para poner en marcha un movimiento de secesión, tanto de jure como de facto, para hacerse cargo de la mayor parte de las regiones ricas en minerales y energía de Bolivia. En respuesta, Morales y García Linera han retrocedido y reafirmado la supremacía del gobierno central del Estado y su control total sobre los ingresos de exportación, la autoridad civil y el poder legislativo.La ideología indigenista ha tenido poco o nada de impacto en el aumento de la renta y la resolución de las desigualdades de propiedad, los contratos con las sociedades multinacionales extranjeras, los gastos presupuestarios y los ingresos. Las festividades religiosas indígenas han sido financiadas por el Estado y la ideología indigenista ha dado una cierta legitimidad popular a la clase política, básicamente mestiza, que predomina en el gobierno.
NacionalizaciónLa inmoralidad del gobierno del MAS y su traición a las esperanzas y aspiraciones de los movimientos sociales revolucionarios y sus sacrificios políticos se evidencia claramente en el abandono total, por parte del gobierno, de la nacionalización de la energía y otros recursos materiales primarios. No se ha nacionalizado ni un solo pozo petrolero ni un gaseoducto a pesar de los chillidos de Morales asegurando que «nacionalización no equivale a expropiación».
Por supuesto; la continuación de la propiedad y el control extranjeros en la elaboración de las políticas no era expropiación, pero tampoco ha existido una nacionalización en el sentido que todos expertos, economistas, políticos, periodistas y académicos emplean este término.
Morales y García Linera simplemente aumentaron los pagos por royalties y los impuestos a los niveles de la mayor parte de los países capitalistas occidentales y muy por debajo de porcentajes que se aplican en Próximo Oriente, Asia y partes de África. Peor aún, el ajuste de precios al alza en la venta de gas a Brasil y Argentina estaban aún por debajo de los precios mundiales en un porcentaje de por lo menos un tercio o la mitad. Después de lograr lucrativos y provechosos contratos a largo plazo, Petrobras de Brasil y Repsol de Argentina decidieron hacer nuevas inversiones de gran envergadura para el aprovechamiento de recursos bolivianos. Es decir, que Morales y García Linera ampliaron y profundizaron la desnacionalización de la economía a un coste enorme para la clase trabajadora y los pobres de la ciudad y el campo, que ven poco o nada de unos ingresos cada vez mayores.
De acuerdo con sus políticas favorables al capital extranjero, Morales y García Linera firmaron un acuerdo con la multinacional india Jindal para aprovechar una de las tres minas principales de hierro y manganeso de América Latina. La cordillera de Mutún fue desnacionalizada, se privatizó y se liquidó en condiciones sumamente favorables para sus nuevos dueños extranjeros. El acuerdo propuesto de industrializar el mineral de hierro implica el tratamiento mínimo del mineral en lingotes y tendría lugar después de que Jindel recuperase su inversión inicial. Morales y García Linera han firmado contratos con casi todas las multinacionales extractoras oligárquicas y extranjeras existentes en Bolivia. Por otra parte, Bolivia ha incrementado su dependencia del capital extranjero al aceptar la participación de nuevos explotadores foráneos. A principios de 2008, cuarenta y dos empresas de gas y petróleo de propiedad extranjera explotan los campos energéticos bolivianos.
A excepción de un par de operaciones muy marginales, el gobierno boliviano no ha nacionalizado ni una sola mina, pozo petrolero o campo de gas de propiedad extranjera. Pagaron un precio excesivo por dos refinerías propiedad de Petrobras. Y lo que es peor, las condiciones de propiedad extranjera siguen siendo tan desfavorables como siempre. En casi todos los casos el estado boliviano aparece como socio minoritario, con poca influencia sobre las decisiones de inversión, producción y comercialización. En segundo lugar, los dueños extranjeros obtienen préstamos subvencionados del Estado boliviano, con un porcentaje medio del 3%, para financiar gastos corrientes. En cambio, el Estado boliviano pide préstamos al 8% al Banco Andino (Corporación Andina de Fomento). Las empresas extranjeras reciben gas a precios subvencionados. El gobierno boliviano no ha hecho cumplir o poner en práctica viejos o nuevos acuerdos y no ha iniciado un sólo proyecto industrial de gran envergadura, confirmando con ello la economía de estilo colonial de Bolivia.
La lista de multinacionales extractoras extranjeras con influencia dominante en la economía boliviana incluye a Petrobras (Brasil), Repsol (España), Transredes (Enron-Shell), Jindal (India), Total (Francia), British Gas, Apex Silver (EE UU), Sumitomo (Japón), Ashmore (Gran Bretaña), British Petroleum y docenas de otras empresas importantes, que siguieron ganando miles de millones de dólares entre 2006 y 2008. En total, 42 multinacionales extranjeras dominan las industrias del gas y el petróleo bolivianos, una de las cifras más altas de todo el mundo.
Hay datos que confirman que el gobierno boliviano ha firmado más contratos de explotación, muy favorables para las empresas, con más corporaciones multinacionales del petróleo, la minería y el gas que cualquier otro país de América Latina. El hecho de que la mayoría de los nuevos contratos impliquen la exportación de las materias primas, significa una carencia de recursos energéticos para desarrollar el consumo interno de Bolivia y generar empleo industrial y comercial.
Reforma agraria
Después de dos años en el poder y a pesar de repetidas promesas demagógicas a las comunidades indias y campesinas, Morales y García Linera han fracasado totalmente en la ejecución de cualquier tipo sustancial de reforma agraria, y más todavía en lo que se refiere a tierras fértiles, productivas y de fácil acceso a los mercados, de los oligarcas y agro-exportadores más poderosos y más ricos. Al contrario, el régimen, desde el principio, dio garantías categóricas de que defendería a los «productores productivos» con independencia del tamaño de sus explotaciones, algunas de ellas de cientos de miles de hectáreas. Los niveles masivos de desposesión de la tierra y de pobreza (70%) continuaron, como en el pasado, entre los electores rurales del gobierno. Morales y García Linera se explayaron sobre «la expropiación de las explotaciones improductivas e ilegales» (tierras públicas arrebatadas y ocupadas por los terratenientes), pero a partir de finales de 2007, se había redistribuido poca tierra.
Según un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cien familias son propietarias de 25 millones de hectáreas de la tierra más fértil, mientras que dos millones de agricultores y campesinos pobres poseen cinco millones de hectáreas de tierra sobrexplotada. En el departamento clave de Santa Cruz, según el propio Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), 15 clanes familiares poseen 500.000 hectáreas de tierras fértiles colindantes con los mercados y centros de transporte.
Los poderosos clanes «de los 100 mayores terratenientes» son los mayores propietarios, accionistas y consejeros de los principales bancos de Bolivia, emisoras de televisión, plantas de embalaje, industrias de procesos alimentarios, supermercados y empresas de comercio exterior.
En el departamento de Beni, 10 familias poseen 534.000 hectáreas. En Pando, 8 familias poseen un millón de hectáreas de tierra fértil. Esta estructura de poder clan-familia oligárquica se extiende mucho más lejos del reino económico. Los miembros del clan ocupan posiciones importantes en la alta judicatura, administrativa y militar, en los medios de comunicación de masas y en las instituciones civiles.
El régimen de Evo Morales y García Linera ha garantizado repetidamente la inviolabilidad de la propiedad de la oligarquía, así como su fuerza sobre el crédito público (el 80% del cual va a la élite de la agro-exportación). Con el apoyo económico gubernamental, la oligarquía domina la maquinaria política y la utiliza para intimidar, y frecuentemente atacar, a los partidarios del régimen de Morales con impunidad. Como resultado, la oligarquía ha intensificado su férreo dominio en los cinco estados orientales de Bolivia. Mediante la fuerza, la intimidación y la persuasión, la oligarquía tiene la hegemonía sobre las clases bajas en sus regiones.
En lugar de enfrentarse a la oligarquía, Morales y García Linera han pretendido reclutarla. En Pando, ofrecieron a un importante oligarca, el gobernador Fernández, un cargo en su gobierno. El gobernador Fernández lo rechazó, porque no tenía ningún deseo de tener nada que ver con los «indios».
Ganancias y política fiscal
Las «políticas económicas estructurales» diseñadas por Morales ampliaron el poder y la riqueza de la oligarquía y del capital extranjero. Las políticas socioeconómicas del régimen fracasaron en elevar el nivel de vida. En su campaña electoral de 2005, Morales prometió duplicar el salario mínimo y aumentar sustancialmente los sueldos de los obreros, los maestros y los trabajadores sanitarios.
Dado el masivo aumento de la renta pública debido a los extraordinarios precios del mercado mundial para las exportaciones bolivianas de energía y metales, el régimen estaba en una buena posición para financiar aumentos sustanciales para los mal pagados empleados públicos y los trabajadores del sector privado. Nada de esto sucedió. El salario mínimo para 2008 aumentó un 10% -de 70 a 76 dólares al mes-. Con la actual tasa de inflación del 11%, el aumento real fue de 1 dólar al mes, con mucho, el salario mínimo más bajo de América Latina, en el momento de mayor acumulación de reservas extranjeras (5.000 millones dólares bajo las bóvedas del Banco Central) en Bolivia.
Aún peor, a los maestros públicos y trabajadores se les concedió un incremento salarial del 6% -en realidad una disminución si tenemos en cuenta la inflación-, en un momento en el que la oligarquía del agro-negocio, la energía de titularidad extranjera y las compañías petroleras cosechaban grandes beneficios del registro.
El régimen de centro-izquierda de Morales y García Linera ha tenido un severo efecto negativo en la organización y actividad de los movimientos sociales. Ha fortalecido y aumentado el poder institucional de los partidos de derechas y ha atrincherado al poderoso capital extranjero en todos los sectores estratégicos de la economía. Las políticas centrales, las políticas de rentas de los anteriores y desacreditados regímenes neoliberales permanecen intactas y los programas de mejora, pobremente dotados, han tenido poco impacto en los niveles de vida de los indios, obreros y empleados públicos.
La política fiscal ortodoxa del FMI de Morales y García Linera y su manipulación de los símbolos indigenistas están aportando poco a los sectores crecientes de la clase obrera, a los mal pagados empleados públicos (maestros, trabajadores sanitarios), a los pequeños y medianos empresarios del transporte y la minería, estudiantes y profesores universitarios, gobiernos municipales y trabajadores públicos. Los paros laborales, las huelgas, barricadas y protestas cívicas se han multiplicado por el declive de los salarios reales entre los maestros de la escuela pública, el personal hospitalario, médicos, enfermeras, camioneros, cooperativas de mineros y otros. Morales respondió a las huelgas de los empleados públicos con reducciones en los sueldos, represión contra los mineros huelguistas de Oruro y con decretos ejecutivos. El doble discurso de Morales y García Linera ha conducido a agrias confrontaciones entre sus partidarios originarios. Por ejemplo, persiguiendo el voto de los pensionistas, Morales aumentó las pagas y rebajo la edad la edad de jubilación; una medida loable. Sin embargo, en lugar de utilizar el excedente de las reservas externas, Morales transfirió el 30% de los recursos destinados a los gobiernos municipales y estatales y a las universidades, con un impuesto de hidrocarburos para financiar los costos del aumento de pensiones, que provocó protestas cívicas masivas. Aún peor, el ministro de Minas de Morales, que captó el apoyo de las cooperativas de mineros (empresas pequeñas y medianas) decidió cooperativizar una gran mina sindical, en detrimento de la clase trabajadora minera. Tuvo lugar una confrontación armada y murieron más de dos docenas de personas. Como resultado, Morales nacionalizó las minas, pacificó a los mineros y expropió las cooperativas mineras. Morales ha adoptado la táctica de amenazar a los trabajadores públicos en huelga con represalias de sus leales indios campesinos que componen el sector más bajo de su máquina de patrocinio electoral.A pesar de su abrazo a las políticas fiscales del FMI, la expansión de la explotación privada extranjera de las materias primas de Bolivia y sus subsidios al agro-negocio, los precios al alza de las exportaciones agrarias, energéticas y de metales, han permitido al régimen mantener su máquina de patrocinio de masas y subvenciones a líderes indios «populares» y líderes sindicales. La acción de la clase independiente es esporádica; la derecha controla gran parte de la acción cívica y en la izquierda no hay ninguna alternativa política en el horizonte, sobre todo a medida que se profundiza la confrontación entre Morales y la oligarquía política de la derecha.
Opinión
INGOBERNABILIDAD AMENAZA A BOLIVIA
El Periódico de Guatemala (www.elperiodico.com.gt)
Hace unos pocos días en la Cumbre de Presidentes del Grupo de Río, celebrada en República Dominicana, se logró aliviar el conflicto que se viene dando entre los gobiernos de Venezuela y el Ecuador con el de Colombia, y que se agravó por la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano el recién pasado 1 de marzo. El resultado de la Cumbre de Presidentes distensionó la crisis, pero aún falta un largo camino por recorrer para sentar nuevas bases de entendimiento y armonía, que permitan una convivencia política entre los respectivos gobiernos y que preserven la paz. Ahora hay que esperar los resultados de la misión investigadora de la OEA para que se puedan estudiar sus conclusiones y recomendaciones.
Precisamente otra misión de la OEA dirigida por el ex canciller de Argentina, Dante Caputo, se está desplazando a Bolivia para estudiar la situación política interna a solicitud del Gobierno de Evo Morales, que enfrenta serios problemas de gobernabilidad y que necesita urgentemente del aval interamericano para fortalecer su posición y poder evitar un rompimiento entre el Gobierno central que él representa y las prefecturas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, la llamada media luna de Bolivia, que han convocado a sendos referéndums de sus estatutos autonómicos para mayo y junio de este año. La situación es muy compleja: el 28 de febrero el Congreso aprobó, en medio de violentas presiones sociales, los referendos constitucionales para aprobar la nueva Constitución y dirimir lo relativo a los grandes latifundios de Bolivia, a celebrarse el próximo 4 de mayo. Pero al mismo tiempo, anuló la facultad departamental de convocar a las consultas populares sobre el tema de las autonomías. El diálogo que Morales había impulsado con los prefectos (gobernadores) de las provincias ya mencionadas, no logró limar asperezas ni encontró fórmulas de avenimiento. Los enfrentamientos políticos y legales han cobrado nueva fuerza, a tal grado que la Corte Nacional Electoral ha resuelto suspender las consultas constitucionales, y ha pedido al Congreso que emita nueva convocatoria aduciendo la imposibilidad de dichas consultas por razones técnicas y por el clima de confrontación que priva en Bolivia. Esta resolución fue inmediatamente cuestionada por el sector oficial y por las cortes electorales departamentales de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, quienes decidieron continuar los preparativos para las consultas autonómicas con lo que tácitamente desconocieron la autoridad de la Corte Nacional Electoral que se encuentra presionada por ambas partes y que, además, a su presidente José Luis Exeni se le cuestiona su imparcialidad.
Es un verdadero embrollo político–legal lo que se ha producido. Entre tanto, el Tribunal Constitucional aún no se integra porque falta elegir algunos magistrados a pesar que le correspondería dirimir jurídicamente la situación. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linares, calificó la decisión de la CNE de oportuna para abrir nuevos escenarios de diálogo. Pero por de pronto, no se ve una salida fácil a este grave “impasse” y por ello se escuchan voces que llaman a la cordura como la del cardenal Julio Terrazas, quien pidió poner fin a las provocaciones y resentimientos entre bolivianos y afirmó que existe demasiada intolerancia en algunos ambientes en el país. Por su parte, un conocido escritor y analista político, Juan Claudio Lechin, exhortó al presidente Evo Morales a suspender su proyecto de Constitución Política de Estado por ser la “causa nuclear de las desavenencias nacionales”. También Ana María Romero de Campero, la ex Defensora del Pueblo y actual directora de la Fundación UNIR, aseveró que Bolivia ha entrado en un estado de ingobernabilidad, porque el primer mandatario no puede imponer el orden democrático usando las leyes por la vía pacífica. El país en términos prácticos está profundamente dividido. El partido oficial domina el Congreso, pero la oposición controla el Senado y cuatro departamentos a los que se puede sumar Chuquisaca. La llamada refundación de Bolivia a la luz de las circunstancias parece que tendrá que esperar.
Análisis
EL FIASCO DEL GAS
La absurda situación que vive Sudamérica —un continente ahíto de gas natural y sin embargo atrapado en déficits energéticos crónicos— es el resultado de políticas que le prometieron al pueblo proteger el tesoro nacional del capitalismo foráneo y depredador. La región es más pobre de lo que sería si el marco político e institucional bajo el cual se explota el gas natural fuese propicio a la inversión privada competitiva y al libre comercio, lo mismo interno que mundial.
Diario de las Américas de Estados Unidos (www.diariodeamerica.com)
Por ALvaro Vargas Llosa.- Pocas cosas ilustran mejor la tragedia de las políticas nacional-populistas que la cuestión del gas natural en América del Sur. Una región dotada de vastas reservas y con gobiernos que dicen ser “socios” vive una escasez de energía sin solución de corto plazo y está enfrascada en disputas entre diversos países por los recortes en la provisión del hidrocarburo. La gente se manifiesta cada vez más frustrada por todo ello.
En 2002, los políticos argentinos decidieron controlar el precio del gas natural, cuyas abundantes reservas se habían descubierto en las dos décadas anteriores. En el contexto del rebote económico, la demanda creció rápidamente. El hidrocarburo se convirtió en un componente esencial de la matriz energética: por ejemplo, el mercado del automóvil se pasó, en buena parte, al gas natural. Debido al poco incentivo que el control de precios ofrecía a las compañías extranjeras y a que el gobierno llevó adelante una agresiva campaña contra el capital privado, la inversión se secó.
Cuando la oferta fue incapaz de satisfacer la demanda, aparecieron los faltantes. Argentina se vio obligada, violando contratos internacionales, a reducir las exportaciones a Chile de 20 millones de metros cúbicos diarios en 2003 a un décima parte hoy día. Los chilenos, que dependen de las importaciones de energía, se sintieron traicionados por su vecino aun cuando los dos gobiernos de izquierda se declaraban aliados. El recorte de las exportaciones a Chile no fue suficiente para resolver el problema en la Argentina, que terminó importando hidrocarburos más costosos y menos limpios que el gas natural.
En Bolivia, el capital privado descubrió grandes reservas de gas natural en los años 90: potencialmente, 52 billones de pies cúbicos (“trillion” en inglés). Como dirigente de la oposición, Evo Morales, el actual presidente, encabezó un movimiento en contra de la explotación privada de los hidrocarburos. Como Presidente, nacionalizó la industria. Cuando el gobierno fue incapaz de explotar los recursos naturales, Morales volvió parcialmente sobre sus pasos, pero el efecto ha sido el agotamiento de gran parte de la inversión privada. Inevitablemente, se vieron afectados los compromisos de exportación al Brasil, muchos de cuyos estados, incluido San Pablo, dependen en parte de los hidrocarburos bolivianos, y a la Argentina. Bolivia recortó sus exportaciones a la Argentina en un tercio y triplicó el precio. Pronto surgieron tensiones entre los dos gobiernos izquierdistas.
Hace dos décadas, fueron descubiertas importantes reservas de gas natural en el área amazónica del Cuzco, en el Perú; hoy día representan, potencialmente, unos 13 billones de pies cúbicos, suficientes para alimentar el mercado doméstico y exportar durante décadas. Como el gobierno y la mayoría de la oposición demonizaron la inversión extranjera, la explotación de esas reservas comenzó hace apenas pocos años. En todo este tiempo, el Perú desperdició recursos importando hidrocarburos más costosos. El gas natural ha comenzado a abastecer el mercado energético recientemente, pero el Perú no tiene aun capacidad para exportarlo. Por ahora, sólo exporta líquidos. Una vez que la costosa planta licuadora esté construida, el Perú podrá enviar gas natural a México. Sin embargo, sería más sencillo y menos costoso exportarlo a Chile, el país vecino�sólo que las heridas históricas de la Guerra del Pacífico, librada en el siglo 19, hacen imposible, desde el punto de vista político, que el gobierno de Alan García considere esa posibilidad.
Venezuela posee las mayores reservas de gas natural de América del Sur. No han sido explotadas significativamente debido a la obsesiva concentración estatal en el petróleo, en detrimento de los países latinoamericanos cuyos gobiernos se han vuelto serviles a Caracas por motivos no sólo ideológicos sino también prácticos: el crudo venezolano subvencionado ayuda a compensar el déficit energético que seguirán soportando durante años. Por estar en manos de un Estado ineficiente y corrupto, y por ser una herramienta política de Hugo Chávez, la producción petrolera ha caído bien por debajo de los 3 millones de barriles diarios. En algún momento, Venezuela se verá obligada a dar marcha a atrás en sus compromisos con los países sur y centroamericanos.
Esta absurda situación —un continente ahíto de gas natural y sin embargo atrapado en déficits energéticos crónicos— es el resultado de políticas que le prometieron al pueblo proteger el tesoro nacional del capitalismo foráneo y depredador. La región es más pobre de lo que sería si el marco político e institucional bajo el cual se explota el gas natural fuese propicio a la inversión privada competitiva y al libre comercio, lo mismo interno que mundial. Y Sudamérica está también menos integrada y es menos estable de lo que sería si el mercado energético fuera libre y estuviera exento de la demagogia que le impide florecer. El populismo y el nacionalismo han tenido sobre los latinoamericanos, exactamente, el efecto que las nacionalizaciones, el control de los precios y una tributación depredadora pretendían evitar.
Opinión
La ceguera ideológica de Chávez
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
El Premio Nobel mexicano Octavio Paz dijo que: "la ceguera biológica impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar". Efectivamente, el proyecto ideológico y geopolítico de Chávez, en América Latina, lo conduce a actuar en contra de los intereses permanentes del Estado venezolano, tanto internos como externos. La reacción guerrerista del caudillo frente a la incursión colombiana contra las FARC, en territorio ecuatoriano, el minuto de silencio para el narcoguerrillero, terrorista y secuestrador confeso Raúl Reyes y las evidencias que están saliendo de sus computadores, ratifican lo que los entendidos en la materia sabían y la gran prensa nacional e internacional había denunciado en múltiples ocasiones, "id est": la obvia asociación de mutuo apoyo entre las FARC, el presidente Chávez y su "cachorro" Rafael Correa. Más allá de las anécdotas y el sainete diplomático poco serio, escenificado en la reunión del Grupo de Río, en Santo Domingo, lo que queda claro es que Chávez persigue un evidente proyecto ideológico y geopolítico en América Latina, que implica usar los abultados ingresos petroleros venezolanos, para lograr que, en la mayor parte posible de América Latina y del Caribe, lleguen al poder gobiernos ideológicamente afines, que, en la visión megalómana de Chávez, se conviertan en aliados para el enfrentamiento con el "imperialismo" norteamericano. El objetivo se logró en Bolivia, Ecuador y Nicaragua y fracasó, por poco, en México, Perú y Costa Rica. Sin embargo, es evidente que la "joya de la corona" sería Colombia, el aliado fundamental de Washington en la región. El proyecto del Teniente Coronel pasa por el debilitamiento y la salida del poder de Uribe y su coalición de gobierno. De allí el apoyo a las FARC, no sólo logístico-militar, sino sobre todo político, concretado en la solicitud a la comunidad internacional de darles el status de beligerancia a las FARC y sacarlas de la lista de organizaciones terroristas. Es bueno recordar que las FARC son terroristas no porque están en una lista, arbitrariamente compilada, sino por los actos que han ejecutado. No toda violencia es terrorista, pero sí aquella que tiene como objetivo la muerte de civiles inocentes de forma indiscriminada, como el atentado explosivo al Club Social El Nogal de Bogotá, donde murieron alrededor de 40 personas, incluyendo mujeres, niños, ancianos, humildes mesoneros y un diplomático extranjero. Las FARC colaboran con Chávez en entregarle, con bombos y platillos, unos pocos de los centenares de secuestrados, en manos del grupo, para que el caudillo se gane unos puntos "humanitarios", aun cuando se haga evidente que no es un mediador, sino un colaborador de confianza del grupo terrorista. La táctica de Chávez en Colombia no se limita al apoyo a las FARC, militar y políticamente muy disminuidas, sino incluye el respaldo a figuras de una izquierda civil, que podría tener más posibilidades de llegar al poder, aun cuando los sondeos de opinión demuestran que la conducta de Chávez ha fortalecido a Uribe y debilitado a los grupos de izquierda. Mientras tanto, se abandonan los intereses permanentes de Venezuela como la reclamación del territorio Esequibo y la calidad de vida de los venezolanos se deteriora, por el enfrentamiento "contra natura" con Colombia, que agrava el desabastecimiento y la inflación.
LA JUNTA ENVÍA MÁS DE 500.000 EUROS A LOS AFECTADOS EN BOLIVIA POR LAS INUNDACIONES
Las ayudas están destinadas a ofrecer alimentos y nuevas captaciones de agua
ABC de España (www.abc.com.es)
El Gobierno regional de Castilla-La Mancha destinará más de 500.000 euros para los damnificados en Bolivia por las inundaciones, especialmente en los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Beni, que beneficiará a más de 4.000 familias. El Ejecutivo castellanomanchego ha aprobado tres ayudas de emergencia que serán gestionadas por las ONG Proyecto Solidario y la Fundación Hombres Nuevos en los dos departamentos mencionados, que han sido los más afectados por el fenómeno meteorológico de La Niña. Las lluvias, riadas e inundaciones que afectan a Bolivia desde noviembre pasado han ocasionado ya 73 muertos, mientras cinco personas siguen desaparecidas y hay más de 95.000 familias damnificadas, según fuentes oficiales bolivianas.
De las más de 95.000 familias afectadas, unas 20.000 se encuentran en el departamento amazónico de Beni, cuya capital (Trinidad) estuvo a punto de anegarse hace algunas semanas. En los últimos días, la región más dañada ha sido Santa Cruz, donde al menos cinco niños murieron por derrumbes que destruyeron varias viviendas en la localidad de El Torno. Las ayudas del Gobierno regional están destinadas a ofrecer alimentos, recursos sanitarios adecuados y nuevas captaciones de agua, así como prestar una especial atención a los niños.
Dos de las ayudas serán gestionadas por la Fundación Hombres Nuevos, la cual destinará 360.000 euros a la adquisición y reparto de alimentos, así como la atención sanitaria, la captación de agua potable y la reparación de las infraestructuras de saneamiento, con el fin de evitar la propagación de epidemias y enfermedades en la región de Santa Cruz de la Sierra. Según el consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, «serán más de 3.500 familias las que se beneficiarán de estas ayudas, muchas de las cuales se han quedado sin casa, perdiendo con ello todo medio de subsistencia e, incluso, de acceso al agua potable».
Mañas dijo que «también existen unas 30 comunidades campesinas de la zona que han sido afectadas por estas inundaciones, a las que se ayudará en aquellos daños sufridos durante las últimas semanas».
EVALUARÁ CEPAL EMERGENCIA EN BOLIVIA POR LLUVIAS
El Financiero de México (www.elfinanciero.com.mx)
Expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llegarán el próximo lunes a Bolivia para evaluar los daños provocados por las lluvias y preparar la etapa de reconstrucción del país, anunció hoy el gobierno local.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Graciela Toro, dijo a periodistas que la misión de la Cepal estará pocos días en el país, evaluando en terreno los daños que ha generado el fenómeno de "La Niña" en Bolivia, pero en el futuro retornará por más tiempo.
"Ellos (los especialistas de la Cepal) están viniendo con un equipo para hacer una preparación de lo que será toda la elaboración y recolección de información, estarán unos días y luego regresarán para quedarse unos 15 a 20 días", explicó la funcionaria.
El grupo de trabajo realizará una evaluación técnica de los daños ocasionados por las lluvias e inundaciones en el territorio nacional, que han dejado miles de familias damnificadas, además de afectar caminos, cultivos, ganadería y otros.
De acuerdo a estimaciones oficiales, las lluvias, riadas e inundaciones que afectan al país andino desde noviembre pasado han dejado 73 muertos, cinco desaparecidos y más de 95 mil familias damnificadas.
Toro señaló que la comisión de la Cepal trabajará de manera conjunta con entidades del gobierno, prefecturas, municipios y otras instancias, con la finalidad de levantar toda la información posible sobre la emergencia. Adelantó que la información recopilada en Bolivia será incluida en el plan final de reconstrucción y rehabilitación del país sudamericano.
Una misión similar de la Cepal visitó el año pasado el país andino para evaluar y cuantificar en esa ocasión los daños causados por el fenómeno climático de "El Niño", que también provocó fuertes lluvias, inundaciones, riadas y heladas.
La estatal agencia ABI recordó que en esa ocasión, el equipo de expertos del organismo de Naciones Unidas se dividió en cuatro grandes áreas de evaluación: Infraestructura, Social, Económica y Ambiental, que cuantificaron los daños.
¿LOS DEMONIOS SE ESCONDEN EN LA HOJA DE COCA?
ONU sataniza esta planta y censura el chacchado. El 81% de los peruanos rechaza la censura de la ONU. La milenaria planta tiene 19% de proteínas y altos niveles de calcio. 4 millones de compatriotas están relacionados con la hoja de coca.
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
Irma Roque Chira. Puneña. Campesina y curandera. Madre de tres hijos. Cuarenta años consume aquella planta tan satanizada. Sus dientes han virado a un color verdoso. Masticar coca significa, para esta mujer, conservar una tradición que heredó de sus ancestros. "En la chacra siempre chaccho. Formo una bolita de hojas en mi boca y me paso horas trabajando", ilustra Irma, a quien le indigna que un grupo de extranjeros prohíban el consumo de la coca.
La preocupación de Irma no es banal. La masticación de la hoja de coca ha sido censurada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Viena. Una condena que, a juicio de los especialistas, no tiene asidero científico, social y médico. Sucede que el chacchado es parte del menú diario del hombre andino.
DE PRIMER ORDEN
"La coca es un nutriente de primer orden, tiene 19% de proteínas. Además es la planta con mayor porcentaje de calcio en el mundo", asegura Sacha Barrios Healey, médico en herbolaria y acupuntura. Si los chinos tienen al ginseng, los polinesios al noni y los indonesios a la cava, por qué la ONU no respeta el uso histórico de la coca, se cuestionan los involucrados en este serio problema. Desde Viena llegan las repuestas.
"Masticar coca es dañino. La gente que redactó la Convención de las Naciones Unidas en 1961 estimó prohibir esa práctica, pues se consideraba que generaba drogodependencia", así argumenta el presidente de la JIFE, Philip Emafo.
Según Milton Rojas, investigador de Cedro, hay un estudio de la Universidad de Harvard que concluye que si bien la hoja de coca posee micronutrientes, la presencia de algunos alcaloides e insecticidas sugieren cautela en su consumo. "Esta planta es poco digerible por el organismo", sostiene Rojas.
Para el doctor Sacha Barrios, los argumentos de Cedro son inconsistentes. "¿Quién financia a Cedro? Devida, y todo viene de la embajada de Estados Unidos. Tendríamos que analizar de quién viene el comentario", dice Barrios Healey.
CULPA INEXPLICABLE
"El Perú debe sumarse al pedido de Bolivia y exigir que la JIFE retire a la coca de ‘La lista de sustancias prohibidas’, estar ahí nos carga de una culpa inexplicable", expresa Ricardo Soberón, el experto que participó en el 51 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
Según Soberón, la Naciones Unidas planean abolir el chacchado, aún cuando en el artículo 14.2 de la Convención de Viena de 1988, que reunió a representantes de todo el globo, se expresó el respeto a los usos tradicionales de plantas como la coca.
El rechazo hacia la ONU es multitudinario. La última encuesta de la Universidad de Lima indica que el 81.4% de los peruanos está en desacuerdo con la prohibición de la masticación de la hoja de coca. Y es que cuatro millones de compatriotas relacionados al consumo lícito de esta planta –según cifras del INEI del 2004– se perjudicarían de concretarse el pedido de la ONU.
Los peruanos han tomado conciencia de las bondades de la hoja de coca, pero en el Ejecutivo hay temas por resolver. Aún está vigente el Decreto ley 22095 dictado en 1978 por Morales Bermúdez. Ahí se indica que el chacchado es una toxicomanía.
"Por esa errónea ley no se puede introducir hoja de coca a la prisión, ni a los colegios porque es punible. En 1953 fui a la cárcel y pude ver cómo los campesinos que chacchaban limpiaban su celda animados", cuenta el psicólogo Baldomero Cáceres, quien chaccha desde hace 30 años.
LA COCA NO ES EL PROBLEMA
El psiquiatra Teobaldo Llosa también descarta algún tipo de anomalía en la persona que consume esta planta. "Hace 15 años se detectaron que 150 mil hectáreas producían coca y habían 100 mil adictos. En la actualidad se han reducido las plantaciones y los cocainómanos han aumentado", asegura Llosa.
El combate al narcotráfico, entonces, no debería involucrar la abolición del consumo de hoja de coca. "Vamos a pedirle al ministro Ismael Benavides que evalúe el expediente técnico elaborado en el Congreso, que sitúa a la coca como cultivo milenario y medicinal que es nativo del Perú", apunta la parlamentaria María Sumire.
Otras hubieran sido las conclusiones de los miembros de la ONU, si antes de la asamblea se hubieran reunido a chacchar. La masticación de esta planta, según los expertos, te abre el corazón. Por eso en el Ande, los campesinos arreglan sus problemas luego de someterse al Acullicu, que consiste en formar un círculo "donde se cuentan sus verdades". En una sociedad tan falsa, las hojas de coca se hacen necesarias. Todos a chacchar.
"El narcotráfico se frena con la coca"
1) "Si vamos a erradicar la coca para acabar con el narcotráfico, entonces para eliminar el alcoholismo debemos quemar los cultivos de cebada. Esa, desde luego, no es una solución. La hoja de coca la podemos utilizar para combatir la drogadicción, de la misma manera que se usan los parches de nicotina para combatir el tabaquismo. Si eres adicto a la cocaína, puedes mitigar la ansiedad consumiendo la harina de hoja de coca o el mate. Eso es legal y además fomentaría el comercio responsable", asegura el doctor Sacha Barrios Healey.
2) "El narcotráfico se puede frenar con la hoja de coca. Parece contradictorio, pero la única forma de evitar que esas plantaciones se destinen a la cocaína es comprando la coca para fines lícitos. Los estadounidenses padecen de osteoporosis y son los que más toman leche. Ese es un mercado potencial para colocar esta planta", agrega el experto.
EL GOBIERNO PORTEÑO CLAUSURÓ UN TALLER TEXTIL CLANDESTINO EN FLORES
Se llegó a dar con él gracias a denuncias de los vecinos del barrio. Allí, nueve empleados bolivianos trabajaban en condiciones infrahumanas, con deplorable estado de salud y prácticamente reducidos a la servidumbre. Además, eran indocumentados.
Telam de Argentina (www.telam.com.ar)
Un taller clandestino que funcionaba en Flores, donde nueve empleados bolivianos trabajaban en condiciones infrahumanas, fue desbaratado este martes por el gobierno porteño a partir de denuncias formuladas por vecinos de ese barrio.
El director general de Protección del Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Nicolás Siseles, señaló que los trabajadores eran prácticamente reducidos a la servidumbre en una pequeña casa de Tandil 3563, informó un comunicado emitido este martes por esa área metropolitana.
En el allanamiento secuestraron más de 4.000 camperas que iban a ser comercializadas en Capital Federal, materia prima para la confección de al menos otras 1.000 prendas y 15 máquinas de coser, precisó el funcionario. En la terraza había "dos minúsculas habitaciones con 16 camas cuchetas, por lo que creemos que los empleados eran obligados a descansar dentro de las mismas instalaciones del taller", detalló Siseles.
Esas dependencias, agregó, presentaban "un estado deplorable, muy lejos de lo que realmente necesita un trabajador y con poquísimas condiciones de seguridad".
Los empleados "estaban absolutamente indocumentados", por lo que de inmediato fueron puestos en contacto con profesionales del gobierno porteño, que "los asistirá para que regularicen su situación", indica el parte de prensa.
Los dueños del taller, también bolivianos, fueron denunciados por "reducción a la servidumbre" y violación a las leyes laborales vigentes en el país y en la ciudad de Buenos Aires.
Los trabajadores esclavizados por sus compatriotas fueron derivados para su atención médica, pues "en este tipo de talleres es muy común la aparición de casos de tuberculosis, que si no son tratados a tiempo pueden tener consecuencias muy graves", agregó Siseles.
El operativo fue realizado en forma conjunta por la Dirección General de Fiscalización y Control, a cargo de Vanesa Berkosky, y el CGP número 7, cuyo director es Cristian Brugnara.
EL PELIGRO DEL NARCOTRÁFICO EN DEMOCRACIAS REGIONALES
Total de News de Argentina (www.totalnews.com.ar)
La Argentina, sin embargo, no está en el listado de los países amenazados. La Argentina salió "ilesa" de un duro informe internacional sobre narcotráfico en el cual se advierte sobre las políticas que se llevaron a cabo durante años desde los Estados Unidos, la Unión Europea y los países latinoamericanos.
El estudio habla de "políticas inefectivas" en su lucha contra el tráfico de estupefacientes y asegura que es momento de cambiarlas porque de lo contrario se perderá la batalla contra las drogas.
Es que según el Grupo Internacional de Crisis, la producción de coca y de cocaína creció en la región andina al menos un 40% en 2007.
El think tank que compone este grupo está encabezado por el ex primer ministro de Australia, Gareth Evans. En tanto, el analista principal de esa agrupación, Mauricio Ángel, señaló que "la amenaza planteada por el tráfico de drogas y el crimen organizado y el fracaso de las políticas contra las drogas, son dos caras de la misma moneda".
"Está costando mucho a las instituciones democráticas, sistemas políticos y a las sociedades en general de varios países, latinoamericanos, entre ellos Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y México", alertó el especialista, quien omitió nombrar a la Argentina entre los países en peligro.
El crítico estudio agrega además que "las políticas antidroga de los Estados Unidos, la Unión Europea y sus estados miembros y los gobiernos latinoamericanos, han resultado inefectivos y, en parte, contraproducentes, amenazando severamente la democracia y la estabilidad en la América Latina", según consignó el Diario Las Américas.
LA INTIMIDAD DE DIEGO EN LO ALTO DEL FÚTBOL BOLIVIANO
El "Diez" jugó en La Paz, acompañado por C5N, a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Defendió el derecho de Bolivia de jugar en su capital, frente al "veto" de la FIFA.
Infobae de Argentina (www.infobae.com)
No fue un partido más, no se jugó por los puntos, por entrar a un campeonato o a una liguilla; ni siquiera puede decirse que por amor a la camiseta, porque, en realidad, se hizo por el derecho del pueblo boliviano (y de su Selección, claro está) a disputar los encuentros, organizados por la FIFA, en la altura de La Paz.Sin embargo, también hubo otro motivo, por si a alguno le parece banal el anterior: recaudar alimentos y ropa en beneficio de los 70.000 damnificados por las inundaciones que afectaron a Bolivia.
De esta forma, a 3.650 metros de altura, en el estadio Hernando Siles, Diego Maradona, vistiendo la 10 celeste y blanca, junto al periodista de C5N, Daniel Tognetti, y otras figuras de la Argentina, se "enfrentó" al Presidente Evo Morales, también con la 10, y varios representantes de Bolivia.
El resultado del partido, si bien puede considerarse anecdótico, fue 7 a 4 a favor del combinado albiceleste, que contó con la colaboración en la red de Diego en tres oportunidades, mientras que para los bolivianos anotó su mandatario.
En su discurso, frente a una cancha colmada por 25.000 personas que lo coreaba, el astro del fútbol mundial declaró: "Buenas tardes a todos. La invitación del Presidente Evo Morales y de toda la gente me puso muy contento. Mirar por televisión a la gente que está sufriendo y poder ayudar me pone muy bien".A su vez, Maradona, tras recibir una condecoración, declaró: "Esta medalla se la voy a llevar a mis hijas, porque, viniendo de un pueblo tan solidario, me enorgullece".
"Con 47 años, y el Presidente con algunos menos (risas, pues Morales tiene 49), le hemos demostrado a la FIFA que se puede correr dentro de esa cancha, que no pueden tomar una determinación porque se les cante a ellos", sentenció, en alusión a la decisión de la entidad que dispuso que debe haber una semana de aclimatación del equipo que juegue de visitante en una ciudad ubicada a 2.750 metros sobre el nivel del mar, y dos semanas de aclimatación del conjunto que juegue en una ciudad de más de tres mil metros. Al mismo tiempo, cabe recordar que si el equipo no puede o quiere cumplir con el requisito del tiempo de aclimatación, puede solicitar que el partido se juegue en otra ciudad.
Pero volviendo al encuentro, aunque en este caso a las declaraciones de Diego, el "D10S" continuó: "Nosotros, yo en nombre de los argentinos, decimos que no le tenemos miedo a la altura. Ustedes tienen que jugar donde nacieron y eso no lo puede prohibir ni Dios y menos Blatter", el presidente de la FIFA.La intimidad del vestuario
Diego "gambetita" Latorre recibió a las cámaras de C5N y a Tognetti, junto a Nazareno Casero, el actor y conductor, y el futbolista Silvio Carrario, quien declaró que "en la altura cuesta al principio, pero después te adaptás".Por su parte, el arquero Esteban Pogani, ganador de cuatro Copas Libertadores, expresó, también en defensa de la altura de Bolivia: "Se tiene que seguir jugando, no le veo el tema por el cual no juegue. Es su país, tienen que jugar".
El "Diez" no sólo habló sobre la altura, sino que no escatimó en elogios hacia el peridiosta argentino, quien jugó de 3 (ojo, no es el puntaje con el que lo calificamos): "Estuviste bárbaro, de verdad, para el partido de los famosos te llamo", dijo, mientras un nene lo llamaba.
Por su parte, Pogani también lanzó flores, aunque esta vez hacia el Presidente boliviano, quien ofició de volante, y dijo que "tiene una buena visión del fútbol, pensé que iba a jugar menos, se banco todo el partido, corrió, estuvo muy bueno, emotivo".
Vuelta a la cancha y a las declaraciones
Diego siguió, querido y amado, con sus declaraciones, aquellas que ponen la piel de gallina a cualquiera que lo escuche: "Darse una mano entre pueblos es muy bueno. Ustedes no se pueden ir de Bolivia, es como pedirle a los argentinos que no tengamos el obelisco (...) Tiene todo el derecho de jugar en su país".El hombre, el astro que genera amores mágicos, pese a ser polémico, hoy, con 78 kilos y en buen estado de ánimo, grita, mientras se golpea el pecho: "Se puede, se puede Bolivia, se puede, se puede jugar acá".¿Se le podrá ganar a la FIFA?
ANTOFAGASTINOS APARECERÁN COMO BOLIVIANOS
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Lo que prometía ser la ventana para salir al mundo, parece cerrarse para Antofagasta, ya que a días de prestarse para el rodaje de la película "Quantum of Solace" con James Bond, surge el rumor que sus locaciones llevarán el nombre de una ficticia "Bolivia".
Hecho que sin duda molesta a los pobladores, ya que según el director regional del Sernatur de Antofagasta, Roddiam Aguirre, "nosotros teníamos esperanzas de mostrar al mundo muestra imagen país a través de una producción importante", explicando que "si el desarrollo de la película va a ser en locaciones que van a simular un país altiplánico o ficticio, no vamos a sacar ningún provecho en ese sentido".
Al respecto, el jefe de turismo de la localidad, menciona que la producción no ha querido referirse al tema, ya que "todo lo que están haciendo se mantiene en secreto, al estilo de James Bond".
Algo a lo que Bud Theisen, productor ejecutivo de Stillking Films, prefiere bajarle el perfil, indicando que "no puedo comentar al respecto, sólo que no se puede creer todo lo que se dice".
NEGOCIOS SON NEGOCIOS
Un hecho que sin duda, se contrapone al beneficio turístico que tendría la realización de la cinta en la Segunda Región, es el provecho económico que tiene por estos días la zona, ya que el mismo Aguirre, comenta que "el equipo está trabajando hace varias semanas acá, contratando servicios de hoteles, gastronómicos, transportes, extras…así que gran parte del recurso fresco, montos millonarios, se están gastando en la región".
Cabe mencionar que son más de 210 profesionales extranjeros los que llegarán en total al norte de Chile dentro de los próximos días, entre los que se cuentan el británico Daniel Craig, su pareja Satsuki Mitchell, la modelo ucraniana Olga Kurylenko y el actor francés Mathieu Amalrik. Elenco que llegará el lunes 24 para permanecer hasta el 4 de abril en territorio nacional.
Los elementos técnicos para la realización de la cinta, ya se encuentran en el puerto de Mejillones.
Ayer desembarcaron los dos autos Range Rovers que utilizará Craig en las filmaciones que se efectuarán en Cobija, Paranal y la estación de trenes de Baquedano, donde los recién llegados, serían los protagonistas de una escena nocturna cargada de acción.
"JAMES BOND NOS MOSTRARÁ COMO PARTE DE BOLIVIA"
La Cuarta de Chile (www.lacuarta.cl)
En Antofagasta la emoción por la llegada de James Bond se está transformando lentamente en indignación. De acuerdo a los blablá que están circulando en la II Región, y que tienen como fuente a personas ligadas al equipo de guionistas de "Quantum of Solace", la venidera película del agente 007, cuando en los cines de todo el mundo vean los paisajes nortinos criollos, no se hablará de Chile, sino de un país latinoamericano que a todas luces puede ser Bolivia.
Las primeras luces del hecho las dio a La Cuarta Hernán Rivera Letelier. El autor de "La Reina Isabel cantaba rancheras", dijo que además de mostrar a Jaguarlandia viviendo como hace cinco siglos "será Bolivia quien se llevará los créditos".
- ¿Oiga, cómo es eso que en medio de tanta euforia por allá usted esté amurrado con el cuento?
- Creo que no es malo que vengan a hacer esta película acá, pero pienso que si vienen de tan lejos al menos deben mostrarnos como Chile y no bajo el nombre de Bolivia, como aparecerá en la película. Si nos quieren disfrazar mejor que vayan al país mismo, poh.
- ¿O sea que estamos puro haciendo el tony?
- Mira, acá Sernatur dijo que con esto saldríamos al mundo y resulta que nos vienen a faltar el respeto mostrándonos como una caricatura.
- ¿Lo dice por las localidades que escogieron?
- Son lugares bellos, pero es una burla, poh... si falta que le pongan pluma y taparrabos a los extras. Esa no es nuestra realidad.
AUTORIDADES
Pero Letelier no está solo en esto. El director de Sernatur en Antofagasta, Robian Aguirre, nos comentó: "Cuando decidimos aceptar la filmación de la película lo hicimos porque traería muchos beneficios a Chile. No nos sirve de nada que no aparezca nuestro nombre".
Por su parte el diputado por ese distrito, Manuel Rojas, aseguró: "Voy a conversar con la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, para que averigüe sobre el guión y conozca si será el nombre de Chile el que aparecerá en la filmación".
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