Bolivia
pone en marcha un ambicioso plan contra el narcotráfico: helicópteros, cámaras
de seguridad, personal de elite.
Efraín Torrejón Flores es el Cónsul
de Bolivia en Salvador Mazza. Hace casi dos años que trabaja entre un delicado
territorio, en la frontera más caliente de la Argentina y puerta de entrada de
la cocaína del segundo productor mundial. La droga debe atravesar nuestro
territorio para alcanzar el mar y llegar a los rincones más exclusivos de las
grandes urbes de occidente. En Bolivia se pagan 3.600 dólares por un kilo de
droga, al tipo de cambio paralelo, en Buenos Aires sale el doble y en Europa
más de 40 mil euros. Esta ecuación sembró muerte y mala vida en ese límite que
es más fácil de cruzar que la tabla del dos y más difícil de controlar que la
teoría de la relatividad de Albert Einstein. “La violencia que se vive en
Yacuiba no tiene antecedentes. La población está presa de la situación y pide
seguridad”, dijo.
Pero al joven funcionario boliviano
le llenan la agenda y las horas cuestiones domésticas, pero terribles. Hace dos
semanas, Gendarmería Nacional liberó a una chica boliviana que iba a ser
esclavizada para prostituirla en el sur de Buenos Aires. Pero esa misma fuerza
de seguridad que le salvó la vida a esa joven también le trae dolores de cabeza
a Efraín. “Las zonas de frontera son complicadas todas. Con lo que más
problemas tenemos es con el maltrato entre Gendarmería y ciudadanos bolivianos.
Las detenciones son un poco duras y hasta llegan al maltrato, pero hay casos
denigrantes”, contó el hombre de Chuquisaca.
“¿Ejemplos? A fin de año
secuestraron 33 mil dólares, pero al hombre le devolvieron 22 mil, el tráfico
de divisas está ahora en auge. Hay muchos casos que no le devuelven la plata.
La mayoría de los detenidos no podrían pasar más de 24 horas detenidos, sin
embargo es muy común que estén una semana. Desde que estoy tenemos más de 50
casos de bolivianos en la justicia Orán, pero la carga procesal de ese juzgado
es muy grande. Pero lo más común en mi trabajo es el maltrato a bagayeros que
cruzan mercadería que le es secuestrada y nunca devuelta. Son gente humilde que
terminan endeudados porque Gendarmería se queda con las cosas. Lo más feo es
ver a bolivianos esclavizando bolivianos para trabajar en la Argentina.
“El presidente diseñó un plan de
control de todas las fronteras, pero quiere que Yacuiba sea el ejemplo y la
primera en este ambicioso programa. Hay patrullaje aéreo, equipamiento para las
fuerzas de seguridad, cámaras de vigilancia, escáner, además de personal de
inteligencia, Ejército y lucha anti narcóticos. Las muertes que se vieron en
estos últimos tiempos tienen muy mal a la población. Las directivas son claras:
violencia cero en las fronteras”, dijo el cónsul a El Tribuno.
Operación
en Lima y Puno
POLICÍAS
Y AGENTES DE LA FUERZA AÉREA TRAFICABAN COCAÍNA A BOLIVIA
La República de Perú
(www.larepublica.pe)
Traficaban cocaína a gran escala.
Diez personas, incluidos tres policías y dos miembros de la Fuerza Aérea,
fueron detenidas en Lima y Puno por enviar droga a Bolivia a través de la zona
de frontera con Desaguadero.
Personal de la Dirección Antidrogas,
con intervención de representantes del Ministerio Público, allanó varios
inmuebles que eran usados por la banda para acopiar estupefacientes y ocultar
dinero mal habido.
La llamada operación 'Rayo',
dirigida por los generales Alberto Villalobos Fernández y Víctor Romero
Fernández, jefes del Frente Policial Puno y la Dirandro, respectivamente, se
inició a las 4.30 de la tarde del lunes, luego de un trabajo de inteligencia de
varios meses.
Hasta ayer las fuerzas del orden
habían logrado incautar 80 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza y 30
kg de PBC-lavada.
También se reportó el decomiso de 40
mil dólares (unos 113.000 soles en efectivo) obtenidos por la venta de droga.
Los policías detenidos son los
suboficiales Óscar Peralta Monroy (42), Neptaly Efraín Mendoza Castillo (41) y
Uriel Bartolomé Salazar Bardales, de 54 años de edad.
El primero trabajaba en la Unidad de
Servicios Especiales (USE) de Puno. Trascendió que utilizaba la
casa de su primo Clever Peralta Condori, ubicada en el distrito de Desaguadero,
para esconder droga.
Mendoza Castillo y Salazar Bardales
laboraban en el penal La Capilla de Juliaca, y en la comisaría de Zepita, en
Desaguadero, respectivamente.
Los nombres de los aviadores y
civiles detenidos en Lima no fueron revelados. Los allanamientos estuvieron
supervisados por los fiscales Ricardo Yampara, Nilton Pariguana, Roger Jara e
Isidro Mamani.
EVALÚAN
QUE EL PUERTO LOCAL OPERARÁ TAMBIÉN CON CARGAS PROVENIENTES DE BOLIVIA Y EL NOA
El Comercial de Argentina (www.elcomercial.com.ar)
Con la plena operatividad del puerto
de Formosa, se evalúa que además de los cargamentos provenientes del Paraguay y
Brasil que ya han sido recepcionados, otros derivados desde Bolivia y el NOA
del país, con lo cual ira en franco ascenso toda la dinámica portuaria a partir
de la utilización del sistema multimodal de transporte, situando a todo este
complejo como “nueva herramienta clave para el desarrollo provincial”.
A través de diferentes segmentos privados y oficiales se puso de relieve en los últimos días la importancia que adquiere el puerto nuevo de Formosa para el desarrollo de la ciudad y la provincia, consolidándose esta situación a partir de la febril actividad que se registra en la estación portuaria con el transporte de arrabio proveniente de Brasil y con destino final acerías radicadas en Bragado, provincia de Buenos Aires.
A través de diferentes segmentos privados y oficiales se puso de relieve en los últimos días la importancia que adquiere el puerto nuevo de Formosa para el desarrollo de la ciudad y la provincia, consolidándose esta situación a partir de la febril actividad que se registra en la estación portuaria con el transporte de arrabio proveniente de Brasil y con destino final acerías radicadas en Bragado, provincia de Buenos Aires.
Aquí se recordó que más de un
centenar de camiones ya han pasado por las instalaciones del puerto local en
las últimas dos semanas, para el transporte de más de tres toneladas de arrabio
que provenientes del Puerto de Corumbá en Brasil tienen como destino final una
acería ubicada en la ciudad de Bragado, para su utilización en la industria
metalúrgica. Para esta operatoria se eligió el Puerto de Formosa por su
competitividad y la posibilidad de la integración con los otros sistemas de
transporte que ofrece.
Además, fue señalado que “esta
operatoria destaca la intensa dinámica que ha cobrado el puerto de Formosa en
un hecho que sumado a la oferta de energía eléctrica, al contar hoy con la
línea 500 kv, ubica a la provincia con las mejores posibilidades de ingresar a
fases industriales metalúrgicas”.
También se aprecia que “la
consolidación del puerto en la ciudad de Formosa, como referente a nivel
regional y nacional, comenzó a concretarse luego de completarse la
infraestructura de servicios y las instalaciones para que funcionen allí las
dependencias de los organismos de los servicios de controles de la navegación y
el comercio, lo que lo hizo plenamente operable, de allí que recepcionara el
importante cargamento de arrabio en siete barcazas de río. Es de destacar que
el puerto cuenta con zona primaria aduanera, destacamento de la Prefectura
Naval y oficinas del SENASA”.
De esta manera, se considera que “el
puerto de Formosa pasa a tener un rol fundamental dentro de la implementación
del sistema multimodal de transportes recreado con la finalidad de hacer más
competitivos y eficiente la logística de los productos primarios e industriales
de la provincia y de la región, con lo cual la política de la integración
comercial regional a partir de la estrategia del estado formoseño es ya una
realidad”.
Evolución
Asimismo, fue señalado que “esta operatoria con arrabio fue dentro de una fase inicial, y forma parte de una compra total que hizo el importador por 30 mil toneladas, con lo cual en los próximos meses continuaran arribando nuevos cargamentos, y por ende se mantendrá este importante movimiento, el cual beneficia a obreros locales y a empresas de servicio que operan en la ciudad”.
Asimismo, fue señalado que “esta operatoria con arrabio fue dentro de una fase inicial, y forma parte de una compra total que hizo el importador por 30 mil toneladas, con lo cual en los próximos meses continuaran arribando nuevos cargamentos, y por ende se mantendrá este importante movimiento, el cual beneficia a obreros locales y a empresas de servicio que operan en la ciudad”.
Otro aspecto subrayado tuvo que ver
con el hecho de que estos procedimientos portuarios marcan la evolución que ha
adquirido la actividad comercial y el progresivo reconocimiento de los países
del Mercosur acerca de la ubicación clave del puerto formoseño que es el
primero de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
“El Puerto de Formosa además de convertirse en receptor de cargas que provengan de Brasil y Paraguay, se aguardan las de Bolivia y las del Noroeste argentino a partir de la utilización del sistema multimodal de transportes se convierte en el hito del que permanentemente hace referencia el gobernador Gildo Insfrán en el contexto de las políticas de integración enunciadas en el modelo formoseño e impulsadas desde el poder Ejecutivo y desde su gestión como presidente de CRECENEA Litoral”, se significó.
“El Puerto de Formosa además de convertirse en receptor de cargas que provengan de Brasil y Paraguay, se aguardan las de Bolivia y las del Noroeste argentino a partir de la utilización del sistema multimodal de transportes se convierte en el hito del que permanentemente hace referencia el gobernador Gildo Insfrán en el contexto de las políticas de integración enunciadas en el modelo formoseño e impulsadas desde el poder Ejecutivo y desde su gestión como presidente de CRECENEA Litoral”, se significó.
Además se destacó finalmente en esto
la integración y complementación de la hidrovía Paraguay – Paraná, la Ruta
Nacional 81, la reactivación del Ramal C-25 como obras estructurales para
dinamizar la producción regional y permitir un desarrollo equitativo de todo el
NOA y NEA Argentino.
CANCILLER
DE PARAGUAY RECIBE DEPÓSITO DE ACUERDO REGIONAL
El
canciller José Félix Fernández Estigarribia recibió depósito del "Acuerdo
de restitución de vehículos y/o embarcaciones que trasponen ilegalmente las
fronteras del Mercosur, Chile y Bolivia".
UPI de España
(www.espanol.upi.com/Politica)
El canciller José Félix Fernández
Estigarribia recibió depósito del "Acuerdo de restitución de vehículos y/o
embarcaciones que trasponen ilegalmente las fronteras del Mercosur, Chile y
Bolivia".
Fue de manos del embajador chileno
en Paraguay, Christian Maqueira. Aunque el diplomático andino rehusó hablar con
la prensa, el Canciller dijo que "es un acto normal de depósito en
Asunción, lugar del Mercosur donde debe hacerse, aunque no debe haber caído muy
bien en otras latitudes", como muestra de que "Chile no acepta así
nomás esa suspensión" que pesa sobre el Paraguay.
Consideró Estigarribia que es
"un acto positivo, muestra de la posición chilena que continúa la que
tienen en la OEA y la Aladi. Otros países han depositado el Acuerdo, pero en la
Secretaría en Montevideo, lo que es irregular". "Este Acuerdo
favorece precisamente a Bolivia que devolverá una enorme cantidad de autos a
Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, por lo que Chile se
apresura pues tienen interés en recibir de vuelta esos automóviles",
enfatizó el canciller, al tiempo que reiteró: "Es la normalidad jurídica
que debe existir siempre en el Mercosur".
BOLIVIA:
UN (POTENCIAL) TERREMOTO POLÍTICO
El
inicio de una ruptura de la burocracia sindical con el gobierno de Morales ha
suscitado un gran interés político en la vanguardia obrera y juvenil boliviana
La Jornada de Argentina
(www.lajornadanet.com/diario)
Las direcciones de la COB (central
obrera boliviana) y de la FSTMB (federación sindical de mineros) convocaron a
una conferencia político-sindical en Cochabamba, a mediados de enero pasado, la
que fue realizada con la presencia de más de 500 activistas. La conferencia
lanzó la convocatoria a la creación del IPT (Instrumento Político de los
Trabajadores) en una nueva plenaria nacional, a ser realizada en el distrito
minero de Huanuni el próximo 21 de febrero. Ya han sido divulgados una
declaración de principios, un “programa de gobierno” y un estatuto orgánico del
nuevo partido, elaborados por una Comisión Política de tres miembros. En
Bolivia habrá elecciones generales en 2014.
En los últimos años, diversas luchas
obreras y campesinas produjeron una radicalización política y ruptura creciente
de las masas explotadas con el gobierno del MAS (Evo Morales) y su “capitalismo
andino”. Las luchas contra el “gasolinazo”, contra la construcción de una carretera
en los territorios indígenas del TIPNIS, favoreciendo los intereses brasileños
y multinacionales, la lucha contra el código antiobrero de trabajo, por la
nacionalización del complejo minero de Colquiri, las diversas luchas contra el
congelamiento salarial (público y privado), así como la huelga de los
trabajadores de la salud contra la extensión de la jornada de trabajo, fueron
sus episodios más destacados.
Superadas las tentativas de
rebeliones derechistas contra el gobierno de Morales, sobre todo en la
medialuna cruceña, el gobierno pseudo-indígena del MAS se evidenció
crecientemente en el instrumento del gran capital y los terratenientes contra
las masas explotadas. La constitución del “Estado Plurinacional”, saludada como
revolucionaria por la izquierda del Foro Social Mundial y asemejadas, realizó
concesiones de segundo orden, o simplemente cosméticas, a los sectores
indígenas y comunitarios, al tiempo que consolidó la inviolabilidad de la
propiedad gran capital y de la oligarquía terrateniente. Simultáneamente, el
gobierno evista realizó una importante cooptación de las direcciones obreras,
populares, indígenas y campesinas, al Estado, subsidios y cargos
gubernamental-parlamentarios mediante.
Esa integración entró en crisis con
la lucha de clases. Los escándalos de corrupción del gobierno de Morales dieron
también relieve al inicio de una importante crisis política. De la combinación
de esa crisis “por arriba” con las luchas obreras y populares, y también con el
peso excepcional de la tradición de independencia política clasista en el país,
surgió el terremoto político que se ha expresado ahora con la propuesta de
creación del IPT.
Diversas organizaciones de izquierda
revolucionaria han subrayado que la iniciativa del IPT la ha tomado la
burocracia dirigente de la COB (Trujillo) y la FSTMB (Pérez), que hasta el
momento había mantenido una política de apoyo abierto o velado a Evo Morales.
La ruptura con el MAS se debería a que esa burocracia fue marginada en las
componendas políticas del gobierno, cada vez más derechizado, y también a la
presión de las bases de la COB en favor de una actitud combativa frente al
gobierno antiobrero. Dos de las cinco centrales campesinas, que también
apoyaron a Morales en los últimos años, proclamaron ahora la ruptura con su
gobierno. La verdad es que el IPT, con ese nombre y sigla inclusive, ya estaba
en la agenda política de la COB desde antes de las insurrecciones de febrero y
octubre de 2003, que dieron inicio a la demolición del ciclo de gobiernos
“neoliberales” (Sánchez de Losada, Mesa Gisbert) y de sus políticas
privatizantes, entreguistas y represivas, cuando la dirección de la COB fue
capturada por el “Bloque Sindical Antineoliberal” (con Jaime Solares como
secretario general de la central).
Frente a la emergencia electoral del
MAS, esa heterogénea izquierda político-sindical fue incapaz de plantear una
alternativa política obrera independiente, disgregándose después entre
corrientes integracionistas, economicistas-sindicalistas y sectarias. El
planteo actual de que Morales habría “traicionado la agenda de 2003”
(identificada con la nacionalización integral de todos los recursos nacionales
y la mejora de la condición de vida de los explotados), que parte de la falsa
base de que Morales se habría comprometido programáticamente con ella,
planteada como base política para el lanzamiento del IPT, revela que éste no
parte de un sólido balance de la pérdida de independencia de clase de las
organizaciones obreras frente al limitado nacionalismo evista en los últimos
años. El documento-programa del IPT endilga, paradójicamente, una política
colaboracionista a la dirección cobista y a la izquierda en la revolución de
1952 (que tuvo una política mucho más nacionalista que la de Evo, y que para
anular la independencia de la COB tuvo que integrarla directamente al
“cogobierno” del país), o sea, apunta acusadoramente con el índice al
colaboracionismo clasista de hace seis décadas, para omitir el colaboracionismo
mucho más grave del último lustro.
La “declaración de principios” del IPT
no parte de una caracterización de la actual crisis capitalista mundial, a la
que se refiere pasajera y superficialmente, diluyéndola dentro de un “desastre
medioambiental” (un proceso de décadas o, si creemos a Marx y Engels, de los
últimos siglos), que no caracteriza específicamente a la actual fase de la
crisis del capital, desastre del que serían responsables las “transnacionales
capitalistas”. Con el adorno de una referencia constante al “socialismo” y al
“anticapitalismo” se desliza así un planteo de naturaleza nacionalista,
reafirmado en el punto 9 del documento, que plantea el “rechazo rotundo (sic) a
la injerencia extranjera transnacional, a través de sus empresas” (demonizadas
no por ser capitalistas, sino por ser extranjeras). El propio capitalismo es
caracterizado, con resonancias claramente católicas e “indigenistas”, como
teniendo por base la “actitud de carácter individualista... la realización
personal egoísta” (lo que puede ser atribuido a cualquier persona en cualquier
circunstancia social), no la extracción de plusvalía por el capital mediante la
explotación del trabajo asalariado, y la subordinación a ella de todas las
formas de opresión social.
El proto-IPT se propone construir
“un mundo nuevo y mejor (para) corregir el desequilibrio de la realidad
material existente”, y otras formulaciones semejantes, un planteo
“redistributivista” opuesto a la lucha contra la explotación capitalista y por
la propiedad socialista. Proclama la lucha por la “justicia social” a través de
un “Estado gobernado por las mayorías” – todo en nombre, claro, de la
“democracia” y la “lucha de clases”, ésta última una concesión retórica a la
presencia de un marxista en la Comisión Política redactora (que un “trotskista”
se encuentre entre los tres redactores del documento revela solo que la
degeneración teórica se extiende a todo el arco ideológico de izquierda). El
programa propuesto para el IPT contiene reivindicaciones radicales (no pago de
la deuda externa, control del comercio exterior, nacionalización integral de
los recursos naturales) pero no es un programa de transición, un sistema de
reivindicaciones transitorias orientadas hacia la cuestión del poder (gobierno
obrero y campesino). Se autodefine como un “programa mínimo”. En los marcos
burgueses, el “radicalismo” de reivindicaciones aisladas es siempre materia de
negociación. A la cuestión agraria, expropiación del latifundio, históricamente
clave en Bolivia, le es dedicada apenas una línea.
Como ya es un clásico en este tipo
de entuertos, del que la trayectoria del PT brasileño dio la muestra acabada,
los principios elaborados entre cuatro paredes por la mini comisión política
son acompañados por una demagogia “basista” de la peor especie: “el programa no
tiene que ser elaborado en un gabinete o laboratorio, tiene que ser
consecuencia de un trabajo de campo, consciente y científico, recogido desde
las bases-masas-pueblos o nacionalidades, ciudad y campo. Solo después tiene
que ser sistematizado técnica y ecdémicamente (sic)”. Esta formulación
intelectualoide busca, en lo inmediato, evitar la confrontación clara y
democrática de programas divergentes y eventualmente opuestos, que son el
producto de la experiencia de la lucha de clases en Bolivia, América Latina y
el mundo, y sobre todo preservar el poder burocrático-“científico” de la
reducida corte de “sistematizadores” autoproclamados, en nombre de las “bases”.
En otras condiciones políticas, el PT llevó este arte del burocratismo basado
en la demagogia basista hasta las últimas consecuencias. Es desde ya notable
que el escueto “programa mínimo”, que ocupa apenas una página, sea acompañado
por un “estatuto orgánico” ultra detallado de... diez páginas, que no
analizaremos en detalle.
Jaime Solares, que ahora tiene un
cargo de segunda línea en la dirección de la COB, ha criticado a la dirección
(de la COB y del proceso pro IPT) pero sin proponer una política y programa
alternativos, solo radicalizando la demagogia basista. El POR (Partido Obrero
Revolucionario), que mantiene fuerza en el magisterio y es el depositario
esclerosado de una parte de la tradición revolucionaria boliviana, ha repetido
frente al IPT su política crónicamente sectaria y abstencionista, declarando
que no es preciso un nuevo partido porque ya existe el POR, y denunciando todo
lo que se encuentra fuera de él (o sea, casi todo) como contrarrevolucionario.
La AMR (organización que se reclama
simpatizante o próxima de la CRCI) participa del proceso del IPT criticando su
programa, y defendiendo una definición estratégica contra el Estado burgués, por
la independencia de clase y el gobierno obrero y campesino (dictadura del
proletariado); criticando también el oportunismo pseudo-izquierdista de
Solares. Denuncia también la (anti)política del POR como una alianza objetiva
con Evo Morales. Ha llamado a formar un bloque obrero independiente en el IPT
(“revolucionario, anti-imperialista, democrático y de masas”) buscando agrupar
a sectores obreros clasistas de trayectoria conocida (sindicatos fabriles de La
Paz, en primer lugar) y a diversas organizaciones de izquierda. Plantea la
necesidad de que el IPT presente su propia alternativa electoral ya en 2014,
contra los que quieren hacer del IPT una simple amenaza política para presionar
al gobierno.
El inicio de una ruptura de la
burocracia sindical con el gobierno de Morales ha suscitado un gran interés
político en la vanguardia obrera y juvenil boliviana, frente al que los
revolucionarios no pueden permanecer ajenos o en actitud abstencionista. La
referencia al PT brasileño, constante en el sector oportunista actualmente
hegemónico, es una ilusión, pues éste contó con más de dos décadas de
desarrollo, en otras condiciones políticas e internacionales, hasta
transformarse en alternativa electoral viable para el gran capital y el
imperialismo. Actualmente su gobierno sostiene totalmente a Morales y su
política, con la que solo tuvo roces (fuertes) cuando éste “rozó” los intereses
de la Petrobrás y del capital brasileño en el Altiplano. Bolivia no es Brasil,
2013 no es 1980. Las contradicciones que en el PT tuvieron un cuarto de siglo
para expresarse y resolverse (en favor de la dirección burguesa) se plantean en
Bolivia con una urgencia que pone la alternativa entre un desarrollo clasista y
revolucionario o una completa frustración política en el orden inmediato del
día. La política revolucionaria debe estructurarse de acuerdo con esta
perspectiva.
CAE
CAMIÓN CON 9 TONELADAS DE LADRILLO BOLIVIANO
Los Andes de Perú
(www.losandes.com.pe)
Cerca de 9 toneladas de ladrillos
tipo pandereta procedentes del vecino país de Bolivia, han sido decomisadas por
el personal de Aduanas Puno, en sorpresivo operativo realizado a la altura del
distrito de Chucuito.
Al momento de la intervención, el
propietario de la mercancía, identificado como Fredy Calizaya LLatosi, no presentó
ninguna documentación respecto a la mercadería, por lo que se dispuso su
decomiso.
El vehículo que transportaba
ladrillo de contrabando, con placa de rodaje B95-923 fue intervenido en
circunstancias que transitaba en la vía Ilave-Puno, procedente de la localidad
de Viacha (Bolivia).
La mercadería ilegal, consistente en
material de construcción, no solamente evade el impuesto tributario, sino
también hace una competencia desleal a los micro y pequeños empresarios que
fabrican ladrillos en las ciudades de Puno y Juliaca.
EL
SUPREMO DE CHILE RECHAZA POR SEGUNDA VEZ EL AMPARO CONSTITUCIONAL DE LOS TRES
SOLDADOS BOLIVIANOS
Europa Press de España
(www.europapress.es/latam)
El viceministro de Exteriores
boliviano, Juan Carlos Alurralde, ha informado este martes de que el Tribunal
Supremo de Justicia de Santiago de Chile ha rechazado, por segunda vez, el
amparo constitucional presentado por los abogados de los tres soldados
bolivianos detenidos en enero mientras realizaban una operación contra el
contrabando en la frontera entre ambos países.
"Lamentablemente tenemos que
informar de que la decisión ha sido negativa, el Tribunal Supremo de Santiago
ha rechazado el amparo (constitucional)", ha declarado Alurralde a la
radio Red Patria Nueva.
Los soldados Alex Choque Quispe,
Augusto Cárdenas García y José Luis Fernández Choque fueron detenidos por la
unidad de Carabineros de Chile el pasado 25 de enero, en un punto de la
frontera que separa Bolivia y Chile, en Los Andes por entrar ilegalmente en
Chile. Según fuentes oficiales chilenas, los tres militares fueron arrestados
cuando llevaban a cabo una operación contra actos ilícitos, en concreto, de
contrabando, que es común en esa zona limítrofe.
Con esta detención "se han
incumplido los tratados internacionales. Tenemos varios convenios de
cooperación jurídica con Chile", destacó la semana pasada el ministro de Exteriores
boliviano, David Choquehuanca.
A su vez, ha indicado que uno de los
convenios, fue ratificado el 21 de noviembre de 2008 y suscrito por la Policía
de Bolivia y los Carabineros de Chile, en el que se establecía "que ambos
países deben de cooperar mutuamente en actos delictivos, entre ellos, el
contrabando".
Alurralde ha explicado que el
Ministerio de Exteriores boliviano esperará la resolución oficial del Tribunal
de Justicia para analizar la estrategia que utilizará Bolivia al respecto, de
acuerdo con la agencia de noticias ABI. No obstante, ha subrayado que se podría
iniciar un "proceso internacional", además de efectuar "el reclamo
pertinente" ante organismos internacionales.
"Vamos a analizar cuál ha sido
el fundamento de la decisión, pero obviamente esto implica el inicio de un
proceso internacional" y "se va hacer un reclamo en todas las
instancias pertinentes", ha destacado el viceministro.
A lo largo de este miércoles, se
llevará a cabo la vista definitiva para determinar si los tres soldados serán
juzgados, según ABI.
Alurralde ha anunciado que Bolivia
podría acudir a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA),
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
BOLIVIA
PEDIRÁ A LA ONU, OEA, UNASUR Y CELAC POR LIBERTAD DE TRES SOLDADOS DETENIDOS EN
CHILE
Los
militares fueron arrestados al pasar la frontera portando un fusil de asalto.
El gobierno boliviano postula que estos estaban persiguiendo contrabandistas de
autos.
La Tercera de Chile
(www.latercera.com)
El
gobierno boliviano anunció que planteará reclamaciones en la ONU, OEA, Unasur y
Celac por la libertad de sus tres soldados detenidos en Chile el 25 de
enero al pasar la frontera mientras perseguían a contrabandistas de
autos.
El
vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, hizo el anuncio en
declaraciones a la radio estatal Patria Nueva, después de lamentar la decisión tomada hoy por la Corte Suprema chilena de confirmar
un fallo contrario a la libertad a los conscriptos.
"Primero se va a recurrir a los medios diplomáticos a través de las
Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de Unasur (Unión de
Naciones Suramericanas) y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños) que son instancias de integración donde se va a hablar del
tema", dijo Alurralde.
"Y si es que esto no se resuelve, en los próximos días, seguramente,
ya se diseñará la estrategia de
presentación (de una denuncia) ante un tribunal internacional de justicia",
agregó.
El
Gobierno de Evo Morales sostiene que los tres soldados rasos pasaron la
frontera de forma involuntaria, mientras perseguían a contrabandistas de
vehículos que intentaron ingresar a Bolivia.
El grupo de contrabandistas, según
el Gobierno, quiso sobornar a los soldados, dos de 18 y uno de 19 años, para
internar siete vehículos sin papeles a Bolivia, pero luego huyeron para hacer
una denuncia contra los uniformados ante los Carabineros de Chile.
Los tres fueron detenidos el 25 de enero en el sector de Colchane, en
la región de Tarapacá, 1.987 kilómetros al norte de Santiago, portando un fusil
de asalto Fal, de 7,62 milímetros, y trasladados después en helicóptero a la
ciudad norteña de Iquique.
Los soldados bolivianos están
recluidos en una cárcel en Alto Hospicio, a 1.800 kilómetros al norte de
Santiago, mientras se realizan las investigaciones.
Autoridades de la policía boliviana
están reuniendo en un cuartel cerca de la frontera con Chile medio millar de
vehículos robados en ese país, que han sido decomisados en diferentes regiones
de Bolivia en el marco de operaciones contra el contrabando.
Los autos serán entregados en los próximos días a las
autoridades de Chile en la frontera para que sean devueltos a sus dueños.
Antes
de presentarles esta buena lectura de lo ocurrido, consideramos necesario hacer
una pregunta... ¿Es la reivindicación de Bolivia una reivindicación justa? Si
lo vemos desde la necesidad de un territorio de generar una economía que le
permita independencia y desarrollo -con todo lo manoseado que pueda tener ese
concepto-, CLARO QUE SI. Sin embargo creemos necesario hacer un paréntesis en
torno a cómo se construyen territoriales en base al Estado-Nación, y de la
misma forma, la validación de las reivindicaciones que potencian y profundizan
estas formas. Es por eso que, más allá de la reivindicación que levanta una
identidad nacional (artificial, como toda construcción de identidad nacional),
consideramos necesario ver la reivindicación como lo que es: La demanda de un
pueblo construido desde la limítrofe visión territorial de Estado-nación, al
igual que la negación de la demanda por parte de la identidad nacional chilena.
Como medio, antes que darle mar a Bolivia, preferiríamos eliminar las fronteras
existentes entre nuestros países.
Revista Metiendo Ruido de Chile
(www.metiendoruido.com)
Las imágenes de un grupo de marinos
chilenos entonando canticos xenófobos colocaron nuevamente en discusión las
tensiones que cada cierto tiempo enfrentan a los gobiernos de la región.
Efectivamente las heridas abiertas por la Guerra de Pacífico (1879-1883) y las
inequidades establecidas en los diferentes tratados suscritos con nuestros
vecinos alimentan tanto la justa reivindicación (como por ejemplo el
derecho de Bolivia a un acceso soberano al mar), como viejos y artificiales
rencores. De esta manera, y cada cierto tiempo, situaciones como la
protagonizada por los marinos chilenos permiten instalar nuevamente en el escenario
público la polémica entre los gobiernos y el aparente encono entre los pueblos.
Pero cabe preguntarse ¿Qué hay
detrás de esta cacofonía wagneriana?
No mucho si pensamos en el conflicto
armado de tipo interestatal. Lo cañones dejaron de tronar con Bolivia el 26 de
mayo de 1880, tras la batalla del Campo de la Alianza; mientras que con Perú el
último enfrentamiento militar se registro en el llamado combate de Huamachuco
del 10 de julio de 1883. Es decir los combates cesaron hace más de 132 años. No
está demás señalar que con Argentina nunca hemos sostenido una guerra formal.
Por el contrario, buena parte de los esfuerzos militares que concluyeron con la
Independencia de Chile, como las batallas de Chacabuco (12 de febrero de 1817)
y Maipú (5 de abril de 1818), tuvieron como principales protagonistas (tanto en
la tropa como en la oficialidad) a militares “cuyanos”. Al punto que el
primer Presidente de la República de nuestro país fue un argentino, Manuel
Blanco Encalada (1826). Tampoco está demás decir que los llamados “países
civilizados”, o de manera más clara, los países de capitalismo avanzado,
sostuvieron durante el siglo XX dos guerras que alcanzaron connotaciones
mundiales: La primera entre 1914 y 1918 y la segunda entre 1939 y 1945. Sumados
ambos conflictos se alcanza la cifra de aproximadamente 80 millones de muertos;
el 40% de ellos civiles desarmados. Mientras que los 4 años de la Guerra del
Pacífico dejaron como saldo la pérdida de 15.000 vidas entre todos los
beligerantes. Los guarismos no admiten comparación y el afán obsesivo de
nuestras autoridades por alimentar el rencor entre los pueblos no tiene ninguna
justificación. No se trata de olvidar, minimizar o pretender negar la
existencia del conflicto; por el contrario no se debe dejar de explicar a
nuestros pueblos que la guerra existió y que la motivación fundamental de la
misma fue la apropiación de la renta salitrera. Como tampoco se debe dejar de
enfatizar que este tipo de enfrentamientos fratricidas no tiene ninguna
justificación y nuca más se deben volver a repetir. De esta manera se avanza
efectivamente hacia una cultura de la paz que coloque en el centro de la
preocupación de los sistemas educativos el respeto por el otro y la búsqueda
colectiva de estrategias de desarrollo para nuestros pueblos.
Pero tampoco se debe obviar, como lo
hacen sistemáticamente los gobiernos, los medios comunicación de masas y los
sistemas educativos, que los ejércitos de nuestros respectivos Estados,
formados para defender los intereses de las oligarquías locales y del capital
transnacional, han desplegado sistemáticamente la violencia contra sus propios
pueblos a lo largo de toda la historia de nuestras repúblicas. Y los efectos
demográficos, sociales, culturales y económicos han sido mucho más devastadores
que los conflictos interestatales sobre los cuales se centra la atención y la
preocupación.
Haciendo un recuento somero se puede
establecer que las guerras interoligárquicas por la organización y control del
Estado verificadas durante el siglo XIX, se llevaron a cabo reclutando de
manera forzosa a campesinos, indígenas y trabajadores. La resistencia frente a
este tipo de reclutamiento era generalmente castigada con la ejecución sumaria;
a la par que los ejércitos movilizados construían su intendencia expoliando al
máximo los recursos de los trabajadores agrícolas.
De la misma manera las
manifestaciones más radicales de resistencia de los campesinos e indígenas
frente a las compulsiones elitarias, como las montoneras y el bandolerismo,
fueron brutalmente reprimidas. Las comunidades campesinas que las protegían
eran destruidas, sus habitantes expulsados de sus tierras y los integrantes de
las bandas eran ejecutados, siendo sus cuerpos desmembrados y expuestos
públicamente para escarmiento de los demás. Así, los emergentes ejércitos de
las Repúblicas americanas iniciaron su primer ejercicio formativo, en la
práctica histórica de la brutalidad y el genocidio contra sus propios pueblos.
A partir de la segunda mitad del
siglo XIX, los gobiernos de las Repúblicas Oligárquicas, fuertemente influidos
por el ideario Positivista y en especial por una de sus vertientes, el
Darwinismo Social, inauguraron la fase expansiva del capitalismo agrario. Los
ejércitos nacionales se desplazaron hacia las zonas de “frontera”: La Patagonia
en Argentina, la Araucanía en Chile, la sierra en Perú, las Yungas en Bolivia,
los Sertones en Brasil, etc. Las comunidades indígenas y campesinas que los
habitaban fueron violentamente despojadas de sus tierras y sus pueblos
reducidos a una lógica concentracionaria (las reducciones) o aniquiladas si
oponían resistencia. La violencia operó como el principal mecanismo de
sometimiento: Quema de rancheríos, asesinatos de hombres, mujeres y niños,
desplazamientos masivos de población, etc. El proceso “civilizatorio” y
“modernizador”, con el cual el capitalismo se abrió camino en nuestras tierras
se hizo a sangre y fuego; y una vez más, los ejércitos nacionales demostraron
especial eficacia en el ejercicio de la brutalidad contra sus propios pueblos.
A fines del siglo XIX y comienzos
del siglo XX, la fase expansiva del capitalismo industrial a escala global
estimuló un incipiente proceso de modernización de las actividades fabriles en
la región. Tanto en Buenos Aires, como Córdoba, Rosario, Lima, Santiago y Valparaíso,
se experimentó un importante desarrollo de las actividades manufactureras. De
la misma manera, la minería del salitre en Chile, del cobre en Perú y del
estaño en Bolivia, alcanzaron un notable auge. Así, en torno a los polos
industrial y minero se inició el desarrollo y formación de la clase obrera y
junto con ella del movimiento de trabajadores. Pero las reivindicaciones
obreras de este período fueron también violentamente reprimidas por las fuerzas
represivas de los Estados latinoamericanos. Las matanzas de trabajadores han
dejado una huella indeleble en la memoria colectiva del movimiento obrero
regional: La matanza de la Escuela Domingo Santa María de Iquique (Chile,
1907), La Patagonia Trágica (Argentina, 1920-1921), la masacre de Uncía
(Bolivia, 1923), la matanza de Trujillo (Perú, 1931). En todos y cada uno de
estos episodios y en otros de similar naturaleza, las tropas regulares de los
ejércitos oligárquicos dispararon a mansalva contra trabajadores inermes o mal
armados. Los cuerpos de los asesinados eran apilados en tumbas clandestinas,
mientras que sus dirigentes eran fusilados sin juicio previo. Tras la matanza
los comandantes a cargo de la represión eran regularmente promovidos a
jerarquías superiores o distinguidos con medallas por el cumplimiento de sus
deberes militares. De esta manera, la impunidad se comenzaba a internalizar
como un privilegio de los que defienden el poder en nombre de las clases
dominantes.
El ciclo histórico comprendido entre
1930 y 1960 estuvo jalonado en la región (con la excepción de Chile), por una
serie de gobiernos militares o autoritarios, que ejercieron la represión cada
vez que la estabilidad de sus respectivos gobiernos estuvo amenazada: Es el
caso de las dictaduras de Germán Busch y de René Barrientos en Bolivia; Luis
Miguel Sánchez y Manuel Odría en Perú; y José Felix de Uriburú y Pedro Eugenio
Aramburu en Argentina. En Chile, si bien se mantuvo la estructura formal de una
democracia, la represión también arreció cuando los trabajadores se
movilizaron. Esto ocurrió habitualmente en el contexto de las huelgas generales
convocadas por los trabajadores, como en Santiago en 1946, en abril de 1957 en
Santiago y Valparaíso, y en mineral de El salvador en 1966. En esta etapa, el
ejercicio de la violencia por parte de las fuerzas represivas del Estado
declinó en intensidad, pero no cesó definitivamente.
El triunfo de la Revolución Cubana
en 1959 estimuló ampliamente el desarrollo de las luchas populares en América
Latina. Al calor del ejemplo caribeño, miles de trabajadores, campesinos y
estudiantes, se movilizaron en pos de la conquista del poder y de la
construcción del socialismo. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por
el ascenso de las luchas populares y revolucionarias. La lucha armada, como
expresión superior del desarrollo del movimiento revolucionario, alcanzó su
apogeo en esta fase. No obstante, una serie de golpes de Estado, inaugurados en
Brasil en 1964 y continuados en Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973),
Perú (1975), Ecuador (1976) y Argentina (1976), restablecieron a los militares
en el ejercicio directo del poder. Esta vez fundando su liderazgo político en
la Doctrina de la Seguridad nacional, que relevaba como principal adversario al
“enemigo interno”, es decir al campo popular y a las organizaciones
revolucionarias. Este diseño ideológico se operacionalizó a través de la
Estrategia de Contrainsurgencia, que sancionaba la aniquilación de dicho
“enemigo interno”. A partir de este momento las ejecuciones sumarias, la
tortura, las detenciones y desapariciones, el exilio y el confinamiento y la
prisión política, se convirtieron en los instrumentos de represión y control
más recurridos por los militares y las policías de seguridad. La matanza, en
esta fase, se llevó a cabo con mayor sofisticación y saña.
Es por lo anterior que, más allá del
carácter chapucero de la manifestación de los marinos chilenos, se hace
importante develar la naturaleza represiva de los contingentes militares
latinoamericanos. Efectivamente han matado, han fusilado y han degollados (y la
verdad sea dicha, han cometido bastantes tropelías más); pero no lo han hecho
contra sujetos armados que en igualdad de condiciones están dispuestos a
enfrentarlos y repelerlos; han llevado a cabo estas acciones contra personas de
sus respectivos pueblos desarmados e inermes. Lo han hecho con saña, alevosía y
una gran cobardía. No hay valor ni heroísmo detrás de sus campañas de
“pacificación”, sólo felonía y vileza. Es más, enfrentados al juicio de la
Historia y ocasionalmente al juicio popular, demuestran cuan bajos son.
Algunos, para intentar justificar sus acciones, apelan (al igual que los nazis
en Nuremberg, 1946), a la verticalidad del mando (“sólo obedecíamos órdenes”);
otros se escudan en su senilidad (“no me acuerdo, ocurrió hace tantos años”); y
no faltan los que demandan políticamente el olvido y la impunidad (“hay que
olvidar el pasado”). Todos pierden sin pudor el coraje que ostentaban cuando
asesinaban trabajadores, violaban mujeres o torturaban a niños. Todos, sin
excepción, han demostrado ser valientes para matar, pero cobardes al morir.
FIRMA ASEGURA
QUE EL CHACO ES UN YACIMIENTO DE CLASE MUNDIAL
Titular de Darmatal
SRL dijo que hay documentos que muestran un territorio de 6.300 km de “cuerpo
mineralizado”.
La Nación de Paraguay
(www.lanacion.com.py)
El representante de Darmatal SRL,
Carlos Parra, dijo que el hallazgo de la empresa (una gran reserva de metales
en Boquerón, Chaco paraguayo) tiene la categoría de yacimiento de clase
mundial. “Eso significa que puede haber producción de seis o diez millones de
toneladas al año”, manifestó. La firma explora minerales en el Chaco paraguayo.
El directivo de la minera extranjera
señaló que para las primeras exploraciones se requerirá un total de 2.500.000
dólares. “Solo espera el decreto del Ejecutivo que autorice la tarea de
perforación, el monto de inversión está asegurado”, expresó.
Parra puntualizó que existen
documentos que maneja la empresa, los cuales muestran indicios de un “cuerpo
mineralizado” a una profundidad importante, en una región que abarca
aproximadamente 6.300 kilómetros cuadrados de terreno.
HALLAZGO
La empresa de origen chileno-estadounidense abarca la zona de Boquerón, en la frontera con Bolivia, y descubrió un importante yacimiento de hierro cuando realizaba estudios en busca de petróleo en una zona del Paraguay adyacente a la frontera boliviana.
La empresa de origen chileno-estadounidense abarca la zona de Boquerón, en la frontera con Bolivia, y descubrió un importante yacimiento de hierro cuando realizaba estudios en busca de petróleo en una zona del Paraguay adyacente a la frontera boliviana.
Al respecto, el viceministro de
Minas y Energía, Hugo Cacace, luego de una rueda de prensa en el palacio de
Gobierno, informó que hay serios indicios del hallazgo de cobre y níquel en la
misma zona de prospección.
MAYOR EN LA REGIÓN
MAYOR EN LA REGIÓN
Por su parte, el presidente Federico
Franco, días atrás, en una entrevista con la cadena de noticias CNN, destacó
que con el descubrimiento de pozos petrolíferos en el Chaco paraguayo, con el
hallazgo de la “mina de metales, de hierro, cobre, níquel, más grande que hay
en la región, más grande que el Mutún, de Bolivia; esa potencialidad del Chaco,
que tiene gas, petróleo y ahora hierro, cobre, la posibilidad real de que
tenemos oro, titanio, uranio, hace del Paraguay un verdadero diamante que con
un poco de pulida puede ser de aquí a poco de proyecciones fundamentales para
el hemisferio sur, América Latina y con proyecciones hacia el Pacífico”.
El Cerro Mutún, provincia de Germán
Busch, Santa Cruz, Bolivia, tiene el yacimiento más grande de hierro del mundo
al igual que en menor cantidad manganeso. Tiene una superficie aproximada de 75
km2 de área mineralizada. La reserva estimada está entre los 40.205 y 42.000
millones de Tn de hierro.
Opinión
LOS
DESAFÍOS DE LOS GOBIERNOS
Página 12 de Argentina
(www.pagina12.com.ar)
Parte importante de las izquierdas
sudamericanas, especialmente en el Cono Sur, fue duramente afectada por la
represión impuesta por las dictaduras de la región en las décadas del ’60, ’70
y parte de los ’80, en Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
La derrota sufrida por las organizaciones de izquierda en aquel período fue
política, organizacional y, en donde recurrieron a la lucha armada, militar. En
algunos países, como Argentina y Chile, la represión asumió dimensiones
gigantescas dejando miles de muertos, desaparecidos, presos y exiliados.
En los países donde ese proceso fue
acompañado por la aplicación de políticas neoliberales se produjeron cambios
importantes que afectaron las bases sociales de los sindicatos, movimientos y
partidos identificados históricamente con las clases trabajadoras.
Esos cambios tuvieron un fuerte
impacto en el papel que las izquierdas desempeñaron en el período de transición
a la democracia en algunos países de la región. Las políticas económicas
conservadoras ampliaron la pobreza, debilitaron a la clase trabajadora
tradicional y sus organizaciones. Al minimizar el rol del Estado en la
economía, el recetario del Consenso de Washington debilitaba las nociones de
Estado-Nación y soberanía nacional y, en consecuencia, la propia soberanía
popular. El debilitamiento de la democracia económica y social debilitó la
democracia política.
En Brasil, los militares, aunque
represores, autoritarios y oscurantistas, llevaron adelante políticas de
desarrollo económico que expandieron la economía aunque profundizaron las
desigualdades. Con eso fueron creadas las bases materiales para el surgimiento
de importantes movimientos sociales, para un nuevo sindicalismo y para la
creación del Partido de los Trabajadores. Ese marco fue distinto en países con
economías basadas en el petróleo y la minería como Venezuela, Ecuador y Perú,
al igual que Colombia, por décadas escenario de una importante insurgencia
rural.
La hegemonía de las ideas
neoliberales en el plano económico durante el período de transición a la
democracia proyectó personajes funestos como Carlos Menem en Argentina, Collor
de Mello en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia, figuras centrales de un
movimiento del que también formaban parte Salinas de Gortari en México y Vargas
Llosa o Fujimori en Perú.
La idea de la integración
latinoamericana fue sustituida por el proyecto de creación de un Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Estados Unidos. Las
privatizaciones y la desregulación productiva, financiera y del mundo del
trabajo se transformaron en palabras clave del pensamiento único que pasó a
configurar una nueva propuesta programática de amplia aceptación en sectores
conservadores y, sobre todo, en los medios de comunicación.
Es claro que esa ola conservadora
fue estimulada por la crisis de los proyectos nacionales-desarrollistas de
América latina y, más allá del colapso del modelo soviético, por la deriva de
la socialdemocracia europea y por los nuevos rumbos de la economía y la
política de China. Acosadas por la nueva derecha y privadas de los valores
clásicos que habían seguido durante décadas en el pasado, las izquierdas
vivieron un momento de perplejidad que incluso afectó a aquellos sectores que
se habían disociado de una herencia ortodoxa y adoptado una postura crítica.
El renacimiento de las izquierdas en
la región ocurrió esencialmente a partir de los movimientos sociales, de sus
luchas reivindicativas y embates electorales que comenzaron a ser victorias en
Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Paraguay, y la
evolución del proceso político chileno.
La consecuencia de ese renacimiento
a partir de las luchas sociales, sin un proyecto político-ideológico común y
consistente previo, fue una comprensible (algunos dirán saludable)
heterogeneidad y fragmentación programática. Ese fenómeno refleja las
particularidades de las tradiciones culturales y políticas nacionales que las
dictaduras y las políticas neoliberales no habían logrado anular.
A pesar de esas diferencias, algunos
elementos programáticos estuvieron presentes, con distintos enfoques y
perspectivas, en las luchas y movimientos de los distintos países: 1) énfasis
en las cuestiones sociales (combate a la pobreza, la exclusión y las
desigualdades), 2) democratización del Estado y participación social, 3)
defensa de la soberanía nacional e 4) integración sudamericana y
latinoamericana capaz de garantizar a la región un lugar en un mundo que vivía
(y vive) una intensa y acelerada transformación.
En el gobierno, las izquierdas
impulsaron el crecimiento, el combate a la pobreza, la reducción de las
desigualdades por medio de políticas económicas y sociales. Estas últimas
dejaron de tener un carácter “compensatorio”, como en la agenda conservadora, y
pasaron a ser el eje estructurante de la nueva política económica. Con
diferencias, ligadas a los antecedentes económicos de cada país y las
orientaciones adoptadas, la región logró el equilibrio macroeconómico
(reducción de las deudas internas y externas, control de la inflación y el
incremento de las reservas internacionales). La articulación de esos factores
provocó una expansión significativa de la economía regional, mejoras sensibles
en la situación social y explican el nuevo rol que pasó a tener América del Sur
en la economía global, especialmente cuando estalló la crisis.
Los gobiernos de izquierda fueron
sometidos a constantes procesos electorales y estimularon la creciente
participación popular. En la región andina –Venezuela, Bolivia y Ecuador, sobre
todo– la inestabilidad política anterior, resultante en parte de la
obsolescencia de las instituciones, puso a la orden del día la convocatoria de
Asambleas Constituyentes para ampliar el espacio público y la base de
sustentación gubernamental. Se refundaron las instituciones. En otros países
los cambios se hicieron sin grandes rupturas institucionales. La caída de
Fernando Lugo en Paraguay fue, en parte, el resultado de la falta de una
movilización popular fuerte y del aislamiento del gobierno en el interior de
las instituciones heredades del antiguo régimen.
El éxito de los gobiernos
democráticos populares de los últimos años tuvo un efecto desintegrador sobre
las oposiciones. En la mayoría de los países las fuerzas tradicionales de
derecha entraron en crisis. Incapaces de comprender los nuevos fenómenos
políticos y sociales de la región, parte importante de las oposiciones asumió
posiciones profundamente conservadoras, cuando no golpistas. Descalificaron las
políticas económicas y sociales de las izquierdas, llamándolas “populistas” o
instrumentos de “cooptación” de amplios sectores sociales que se estarían
dejando comprar por “políticas asistencialistas”. A partir de ahí pasaron a
descalificar las elecciones como proceso de constitución de los gobiernos
democráticos. El pueblo se transformó en la “masa de maniobra populista”. Las
derechas reactivaron sus agendas pro-mercado y desarrollaron una fuerte crítica
a las políticas externas, especialmente a los procesos de integración
sudamericana.
El papel central de la oposición en
la mayoría de los países fue ocupado por los medios de comunicación, que
sustituyeron a los partidos conservadores. Los éxitos de las experiencias de
gobierno de izquierda y de centroizquierda en América del Sur no pueden
ocultar, sin embargo, sus límites cuyo examen crítico es fundamental para la
continuidad de esas experiencias y, sobre todo, para su profundización.
Si bien es necesario realizar un
análisis detallado de cada una de las trayectorias nacionales de la última
década, no hay aquí espacio para realizar ese inventario crítico.
Confrontaciones exageradas o conciliaciones innecesarias, voluntarismo o
pasividad burocrática, centralismo o basismo son algunas de las tendencias
conflictivas que pueden observarse en los discursos y la práctica de los
gobiernos progresistas sudamericanos.
Falta un relato coherente de los
procesos políticos en curso en nuestros países. En su ausencia, la izquierda
corre el riesgo de renunciar a cualquier discurso explicativo de su rica
experiencia actual, cayendo en un empirismo peligroso, vacío y, a menudo,
ocupado por las críticas de la derecha. Otro riesgo es el de otorgarle a ese
relato una retórica de izquierda anticuada o la invocación de supuestas
tradiciones históricas que remiten a los pueblos originarios o a las luchas de
independencia.
Muchas veces esa “invención de
tradiciones”, para retomar una expresión de Eric Hobsbawm, aunque justificable,
oculta nuestra incapacidad para comprender y explicar la novedad de la
experiencia que estamos desarrollando y los problemas que tenemos enfrente. El
riesgo implícito en esa postura es el de estar luchando en batallas de guerras
pasadas y, por lo tanto, equivocarnos de enemigos.
Esa advertencia sirve no sólo para
tratar nuestras experiencias nacionales sino también para definir el horizonte
de nuestros proyectos de integración. Esos procesos de integración son más
complejos porque involucran a grupos de países con diferentes afinidades
político-ideológicas. Baste recordar que en el marco de Unasur están los
gobiernos del ALBA, pero también aquellos del Arco del Pacífico, además de
aquellos que no siguen ninguna de estas opciones. La complejidad de esas
cuestiones y los problemas de relación de fuerza involucrados muestran la
necesidad de construir también un relato de la integración sudamericana.
Es necesario superar los tiempos de
las Internacionales. Eso no significa abandonar un esfuerzo teórico político de
análisis de las experiencias exitosas de reconstrucción de las izquierdas en
esta última década. Es necesario establecer un debate calificado que,
reconociendo las particularidades de cada experiencia nacional, sea capaz de
establecer un ideario común a ser compartido.
Una de las paradojas de la situación
actual de nuestro continente es que la derrota política y electoral del
conservadurismo no ha sido acompañada por la derrota de muchas de sus ideas, de
sus valores, y, sobre todo, de sus medios de difusión. La construcción de una
América del Sur posneoliberal pasa por ese movimiento de reconstrucción de las
izquierdas en varios países. La crisis de los paradigmas pasados de las
izquierdas y los avances de los últimos años muestran que, contra las ideas
dominantes, debemos afirmar las políticas económicas de crecimiento,
sustentabilidad económica, social y ambiental. Una política económica que
apunte a la construcción de una economía poscapitalista. Una reflexión que
contribuya a la democratización radical del Estado, para la ampliación del
espacio público y la socialización de la política. Tenemos que construir una
democracia política fundada en la más amplia participación de hombres y mujeres
en la vida política, en una sociedad plural, respetuosa de la ley, de los
derechos humanos, capaz de asegurar la libre organización y expresión. Una
sociedad solidaria, laica y de paz que socialice los bienes culturales y las
oportunidades, que valore su diversidad étnica.
* Asesor para Asuntos
Internacionales de la Presidencia de Brasil. Este texto es una reproducción de
los pasajes salientes de la exposición “Las izquierdas: la hora de la
integración sudamericana”, realizada el 21 de enero de 2013, en el Encuentro
con intelectuales sudamericanos “Caminos progresistas para el desarrollo y la
integración regional”, organizado por el Instituto Lula de San Pablo.
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