“China ha
sido algo muy positivo para América Latina porque nos ha permitido defendernos
de la crisis”, afirma Enrique García, presidente ejecutivo de CAF-banco de desarrollo
de América Latina. “Estos han sido los mejores años de América Latina en
términos macroeconómicos”.
Pero si bien
China fue una extraordinaria póliza de seguros contra la crisis financiera del
2008, el legado de los más de 15 años de acercamiento entre América Latina y
Pekín va mucho más allá de una década de crecimiento y estabilidad
macroeconómica.
En poco más
de diez años – entre el 2000 y el 2013 – China incrementó más de 20 veces el
comercio bilateral e inyectó en América Latina 80.000 millones de dólares, una
cifra que según el Ministerio de Comercio chino representa el 13 por ciento de
la inversión del país en el mundo.
Pero el
gigante asiático no sólo se ha posicionado como uno de los principales socios
comerciales de la región, sino que también se ha convertido en un nuevo
referente en áreas en las que tradicionalmente Estados Unidos era el único polo
de influencia en América Latina: la defensa, la seguridad, la gobernanza y
hasta el intercambio político y cultural.
“Las
inversiones, la financiación por parte de bancos chinos, la progresiva
importancia en el comercio de servicios, los potenciales intercambios políticos
y la cooperación en áreas de defensa, científica, energética y cultural son ya
parte importante de las relaciones”, según Ignacio Bartesaghi, coordinador del
Observatorio América Latina–Asia Pacífico de la ALADI, CAF y la CEPAL.
Y ahora,
además de los rubros tradicionales como el petróleo, el gas o la minería, las
empresas y el gobierno chino están centrando la mirada en áreas menos
exploradas, aprovechando la necesidad de América Latina de mejorar su
infraestructura, modernizar sus políticas de defensa y combatir el delito tras
años de crecimiento económico que sumaron a millones de personas a las filas de
la clase media.
“China está
interesada, por un lado, en obtener recursos y, por otro, en abrir nuevos
mercados para sus productos, y el mercado de la seguridad y defensa es uno de
sus principales objetivos“, dice Ricardo Neeb, profesor del Instituto de
Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. “De
tecnologías que datan principalmente de la era soviética, China ha modernizado
y ampliado su oferta de productos en áreas como pertrechos militares,
policiales y, en general, de seguridad. Su interés es ser un actor más y
competir con Rusia, EE. UU. y Europa“, indica.
En los
últimos dos años, China ha construido y puesto en órbita un satélite de
comunicaciones para Bolivia y también ha entrado en el sector de la seguridad
ciudadana, un mercado que mueve miles de millones de dólares en América Latina.
La seguridad
ciudadana está intrínsecamente ligada al crecimiento de las urbes
latinoamericanas y, en este aspecto, el gigante asiático podría ser un gran
aliado para América Latina. Se estima que para el año 2020, tanto en China como
en América Latina habrá por lo menos siete grandes ciudades con más de 10
millones de habitantes. Esto presentará un desafío en cuanto a políticas de
urbanización, sanidad y seguridad. América Latina podría beneficiarse de la
experiencia china en alianzas público-privadas y de crecimiento coordinado de
las ciudades.
Estas
ciudades presentan además una oportunidad para que América Latina logre hacer
de su vínculo una relación de dos vías. Los ambiciosos planes de urbanización
impulsados recientemente por el gobierno de ese país representan una
extraordinaria oportunidad de diversificar las exportaciones de la región a
productos de mayor valor agregado.
“América
Latina no puede seguir exportando a China principalmente materias primas. En el
futuro debe haber una simetría, donde la región exporte también bienes de valor
agregado”, dice García, el presidente ejecutivo de CAF, organismo que estará
organizando esta semana una conferencia en Pekín sobre la perspectivas en
materia de seguridad ciudadana y gobernanza en China y América Latina.
Bartesaghi
destaca que el gobierno chino está llevando a cabo una transformación que lo
convertirá al país en una potencia tecnológica. Así, razona, “es esperable que
los países latinoamericanos logren modificar la lógica del relacionamiento con
este país, pasando desde la perspectiva de la amenaza a la de la oportunidad“.
Las
oportunidades, de hecho, están a la vista: entre 2000 y 2013, la participación
de China en las exportaciones regionales pasó del 1 % al 10 % y la CEPAL estima
que si simplemente el comercio bilateral se expande en los próximos años al
mismo ritmo al que lo hizo en 2013 (un 6 por ciento), llegará a los 500.000
millones de dólares entre 2023 y 2024. Revista
Semana de Colombia (www.semana.com)
Pilar
Mateo. Investigadora y empresaria
"LA
CIENCIA SIEMPRE HA ESTADO PENSADA PARA LOS RICOS"
Asegura
que "emprender no es tener una idea, sino asumir un riesgo" y cree
que "ahora hay que arriesgar". "El dinero no puede ser nunca el
propósito, sino el camino para hacer otras cosas", expresa.
El
Diario de Sevilla, España (www.diariodesevilla.es)
Otra forma de
tratar la pobreza y las plagas. Defensora de "poner el
conocimiento en acción" hacia los demás, la valenciana Pilar Mateo es uno
de los grandes talentos españoles en estos momentos, tal como le han reconocido
en numerosos organismos. Su último galardón ha sido en los Premios Optimistas
Comprometidos, organizados por la revista Anoche tuve un sueño. En El Chaco
boliviano, "más deprimido que muchos lugares de África" se le moría
la gente en sus brazos. Con su sistema de pintura por microencapsulación ha
abierto un camino para tratar de otra manera los parásitos que matan a millones
de personas en los países pobres.
-Su
repercusión a nivel mundial ha sido el tratamiento de pinturas que impide la
proliferación de parásitos en el interior de los hogares del Tercer Mundo.
Inventos que no salen del relámpago de un impulso, sino de años de labor. ..
-Siempre
estoy trabajando, emprendiendo. Estoy haciendo microencapsulación de otros
productos como el que impulsé en Bolivia. La fábrica que he puesto en marcha en
Ghana tiene 12.000 metros cuadrados y estamos en Nigeria, en Congo, en Bangla
Desh. Tengo un proyecto con la OMS contra la leishmaniosis.
-Habla de
fábricas en esos países ¿es rentable crear riqueza (que no explotación) en el
Tercer Mundo?
-Les
explico: la fábrica de productos microencapsulados ha supuesto cien
puestos de trabajo cualificados en Ghana. Y a su vez eso ha supuesto que
en España hayamos creado un centro de investigación y he multiplicado por
cuatro mi plantilla aquí. Hay quienes van a vender en África. Yo prefiero crear
empleo y generar riqueza allí.
-¿Y lo de
diversificar el negocio?
-También he
creado una productora de cine en la que voy a dar trabajo a paisanos míos que
despidieron de Canal 9. En Nigeria con los programas divulgativos es la
forma más directa de llegar a los ciudadanos en temas de higiene.
-¿Cómo surgió
en concreto lo del remedio contra el mal de chagas a través de las pinturas?
-Eso me
supuso quince años viviendo en la selva guaraní de Bolivia. Nadie se imagina
una mujer inventora ¿verdad?... pocos podrían decir el nombre de ocho mujeres
científicas actuales. El mal de chagas y tantos otros azotes en Bolivia o en
tantos países son enfermedades de la pobreza y por eso son enfermedades que
hemos erradicado aquí. En aquellos países hay gente que me ha amenazado, que me
ha querido expulsar. Entre España y el Tercer Mundo estamos educando, generando
empleo. Estamos haciendo las cosas de otra manera. En la selva me di cuenta de
que el dinero no puede ser nunca el propósito por sí mismo, sino que es el
camino para hacer muchas otras cosas.
-¿Y qué otras
cosas se pueden hacer con el dinero que gana?
-He creado un
línea cosmética y de productos de higiene Mujer a Mujer by Pilar Mateo,
artículos destinados a microempresarias mayores de 45 años, a mujeres de
exclusión laboral. No hay trabajo para ellas. Son productos de alta
tecnología para personas que tienen así una oportunidad. Es un proyecto
social. Trabajamos en una patente como un tratamiento de microencapsulación de
aceite de té que provoca la muerte mecánica de piojos, con jabón de
aceite de oliva. Tenemos a la vista artículos de cosmética masculina, complementos
alimenticios, aparatos de cosmetología...
-¿Qué es la
microencapsulación?
-Es un
proceso que permite menos contaminación con los tratamientos, y con el mismo
efecto. La envoltura de las microcápsulas puede ir en aceite, pintura, que
son la forma de aplicar el tratamiento. Pero en el caso de
Bolivia, antes de aplicar la pintura contra el mal de chagas había que
emprender mejores casas, a construir paredes que resguarden contra los
parásitos...
-Una
operación integral para erradicar enfermedades...
-Porque la
ciencia hasta ahora ha estado pensada sólo para los ricos. La malaria se
erradicó en España en 1964, hace 50 años, cuando este país empezó a despegar.
Que no digan que no sabemos cómo erradicar las enfermedades en el Tercer Mundo,
sino que hay que buscar soluciones e invertir.
-En esos
países se muere por causas bien distintas a las nuestras...
-Es por
pobreza, por falta de higiene. De malaria ya sólo se mueren los pobres, los que
no tienen acceso a las medicinas. O los que mueren por mal de chagas es por
mala alimentación. Los problemas se agravan porque además se ha hecho un mal
uso de los insecticidas. La mayor parte de los bichos se han hecho resistentes
a los insecticidas. Por eso no hay que buscar una solución química
convencional. Es importante que la tecnología se aplique de todas las
maneras posibles. Antes las enfermedades llegaban despacio, en barcos, ahora se
transmiten con más rapidez. O se ve el mundo en global, o los problemas
terminan llegando a casa, como el picudo rojo, el mosquito tigre.
-¿La ciencia
tiene que ser, entonces, más justa?
-La ciencia
tiene que estar al lado del que sufre porque sólo piensa en el mundo
desarrollado. Tenemos que entrar en acción, pero no invadiendo países, sino
desarrollándolos y creyendo en ellos. Llevar la ciencia y el conocimiento donde
no los hay. Emprender no es tener una idea, sino asumir un riesgo. Lo hemos
tenido todo tan fácil hasta ahora que hay que arriesgar, y es un mensaje
que daría a nuestros hijos.
-¿Habría que
resignarse a emigrar, por ejemplo?
-Si nuestros
jóvenes emigran no son unos pobrecitos. Debemos estar formándonos continuamente
porque vamos a vivir más de 90 años. Pues entonces hay que
aprender, emigrar, trabajar, compartir nuestros conocimientos en otros
países...
SALTA:
INTENTARON INGRESAR DESDE BOLIVIA 180 KILOS DE COCAÍNA EN UN CAMIÓN
El
vehículo de carga, de capitales bolivianos, pasó el control de la Aduana, pero
la Policía sospechó y lo hizo regresar para escanear la carga, con lo cual se
descubrió el estupefaciente.
El
Diario de Argentina (www.nuevodiarioweb.com.ar)
Un camión de
la empresa de transporte de carga Creta, de capitales bolivianos, fue
secuestrado este mediodía cuando intentaba ingresar a la Argentina unos 180
kilos de cocaína,
según los primero datos que se pudieron conocer.
Efectivos de
la Unidad de Análisis y Reunión de la Policía de la Provincia y personal de
Aduanas de Salvador Mazza, en el paso internacional, inspeccionaron con un
escáner el vehículo, y de acuerdo con el volumen señalado en el equipo se hizo
una primera estimación de la cantidad de ladrillos de cocaína.
Inmediatamente
el vehículo fue trasladado con una fuerte custodia a la ciudad de Tartagal,
distante a 50 kilómetros, donde el vehículo fue desmantelado por efectivos de
la Unidad Regional 4 para retirar la carga de estupefacientes.
El operativo
policial alteró el mediodía de Salvador Mazza. Cerca de las 12 un camión Volvo
blanco de la empresa Creta ingresó desde Bolivia y atravesó el control de la
Aduana. Apenas cruzó la barrera, una patrulla policial lo siguió cuatro cuadras
por el centro de Salvador Mazza.
Varios
vehículos lograron detener al camión y, con una fuerte custodia, regresaron al
complejo internacional. Allí los policías solicitaron la colaboración de
Aduanas para escanear el acoplado y verificar la carga que había declarado sólo
minutos antes en el paso fronterizo.
De acuerdo
con las imágenes logradas por el equipo electrónico se detectó que llevaba una
importante cantidad de estupefaciente. Se calcula que son unos 180 kilos.
Completado este paso, con una custodia aún más grande el camión de Creta fue
trasladado hasta Tartagal, a la Unidad Regional 4, para abrir la caja y retirar
la carga ilegal.
El ministro
de Seguridad, Alejandro Cornejo D'Andrea, y el jefe de la Policía, Marcelo
Lami, viajaron a la ciudad norteña para supervisar el operativo. También se
indicó que el juez Federal de Orán Raúl Reynoso podría trasladarse a Tartagal.
EMBONOR
SUBE UTILIDAD POR MAYORES VENTAS EN CHILE Y BOLIVIA
El
Diario de Chile (www.df.cl/noticias)
Un incremento
de 39,6% tuvieron las utilidades de la embotelladora Embonor en el primer
trimestre del año, alcanzando $ 12.045 millones (unos US$ 19,2 millones), lo
que se compara con los $ 8.630 millones del mismo periodo del año pasado.
Según informó
la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el incremento en
las ganancias tiene relación con el mejor desempeño en Chile y Bolivia.
En el consolidado,
las ventas físicas subieron 4,8% hasta 68,2 millones de cajas. En el caso de
Chile, los ingresos por ventas subieron 9,1% respecto al trimestre enero-marzo
de 2014, aunque los volúmenes cayeron 0,3%.En Bolivia, los volúmenes subieron
10,9% hasta 32,7 millones de cajas.
Los ingresos
netos del negocio subieron 16,5%, hasta $ 133.366 millones, mientras que el
Ebitda consolidado llegó a $ 24.480 millones, un incremento de 17,8%.
La ONG Mugarik Gabe organizó un
debate entre feministas para valorar si el uso de este término, extendido en
América Latina, puede estimular la lucha contra los asesinatos machistas. La
principal motivación es incluir a todas las víctimas, frente a la decisión del
Gobierno español de contabilizar solo a aquellas que habían mantenido una
relación afectiva con su agresor.
El Ciudadano de Chile (www.elciudadano.cl)
La violencia
machista es la principal causa de muerte para las mujeres de entre 15 y 44 años
en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Diana Russell
, activista y escritora, fue la pionera en utilizar ‘femicide’ en 1976 para
definir estas violencias extremas contra las mujeres, con resultado de muerte.
En los años 90, las feministas latinoamericanas incorporaron ese término en dos
variantes: feminicidio y femicidio. El primero, defendido por la mexicana
Marcela Lagarde, añade un componente político, ya que se refiere no solo a los
asesinatos sistemáticos de mujeres, sino a que estos ocurren en un contexto de
complicidad o inacción por parte de los Estados.
El Gobierno
español, en cambio, optó por emplear “violencia de género” como categoría
jurídica que se aplica en delitos en los que el agresor tenga o haya tenido una
relación sentimental con la víctima. Esta decisión política ha contribuido a
que la sociedad tienda a identificar como violencia de género solo la que ocurre
en la pareja y que no acabe de situar su origen en la desigualdad y la
dominación masculina. El movimiento feminista ha denunciado que excluye
realidades como la violencia sexual por parte de hombres que no tenían una
relación afectiva con la víctima o las agresiones contra las trabajadoras del
sexo.
La ONG vasca
Mugarik Gabe convocó un debate entre feministas el pasado 21 de abril en
Bilbao, para reflexionar sobre las potencialidades de apostar también en el
Estado español por el concepto de ‘feminicidio’ o ‘femicidio’, como forma de
nombrar y castigar todos los asesinatos machistas.
En el encuentro
participaron integrantes de Mugarik Gabe, Pikara Magazine, Medicus Mundi y
expertas en violencia machista a título individual. Se contó con la
intervención por videoconferencia de Gabriela Atencio, integrante de Otro
Tiempo , colectivo impulsor de la plataforma feminicidio.net, que documenta y
clasifica todos los asesinatos de mujeres en el Estado español desde el 2010.
Su nuevo proyecto ha sido la edición del libro Feminicidio. El asesinato de
mujeres por ser mujeres, que incluye aportaciones de autoras como Beatriz
Gimeno, Irene Ballester, Laura Rebolledo Génisson, Ana Messuti, Elena Laporta y
la propia Atencio.
La impulsora de
Feminicidio.net defendió la idoneidad de “feminicidio” como un término
“aglutinador”, que permitiría “nombrar a las nadie”: a las mujeres asesinadas
fuera del contexto de la pareja. En el Estado español, entre el 50 y 60 por
cierto de las muertes de mujeres se producen en manos de las parejas, pero el
resto de violencias no constan en los registros oficiales de violencia de
género.
A diferencia
del genocidio, el feminicidio lo determinante en los asesinatos no es tanto un
objetivo como la razón: el hecho de que, en una sociedad patriarcal, las
mujeres son percibidas como objeto de control, de dominación y de desprecio. El
asesinato machista es la punta del iceberg de una violencia estructural contra
las mujeres presente en todos los ámbitos de la vida. En palabras de Atencio,
utilizar el término ‘feminicidio’ en el Estado español para nombrar estos
asesinatos “propiciaría un reconocimiento jurídico” que contribuiría a una
lucha más eficaz contra estos crímenes.
Hacia una radiografía más completa
Feminicio.net
ha registrado en su base de datos 460 feminicidios -asesinatos a mujeres por el
hecho de ser mujeres- y asesinatos de mujeres -por otras causas- entre entre
2010 y 2013, que clasifica en 12 tipos (entre otros, feminicidio íntimo, no
íntimo, familiar, infantil o por prostitución). En el libro se detalla que
260 de ellos fueron cometidos por la pareja o expareja (mientras que las cifras
oficiales se quedan en 240), que 22 de las víctimas fueron prostitutas y 20
fueron niñas. El 26% del total de víctimas (121) eran de nacionalidad extranjera.
Esta plataforma
aboga por visibilizar también a los 29 hombres asesinados entre 2010 y 2013
como víctimas indirectas de la violencia de género: una cifra que incluye 16
casos de padres que quitaron la vida a sus hijos para vengarse de sus
exmujeres, así como otros familiares, amigos o nuevas parejas de la víctima de
violencia de género asesinadas por el agresor.
Atencio criticó
también que las estadísticas oficiales no recaban suficientes datos sobre las
víctimas como el origen étnico, la nacionalidad, la situación administrativa,
la clase social, la identidad de género, la orientación sexual o la diversidad
funcional. Contar con estos indicadores permitiría visibilizar factores de
discriminación determinantes que inciden en la violencia de género. Una de las
preguntas en el debate fue qué ocurre cuando las víctimas son transexuales o
transgénero: si el Gobierno está incluyendo en los registros a mujeres
transexuales que no hayan cambiado de nombre y sexo, o a las personas que se
identifiquen como hombres pese a que en su DNI conste el sexo femenino asignado
al nacer.
El riesgo: jerarquizar entre violencias
Las
participantes coincidieron en que el concepto ‘feminicidio’ es claro (al
contrario que ‘violencia de género’, difícil de comprender para una ciudadanía
con escasa o nula formación en feminismo), que aporta fuerza para “reclamar
reconocimiento y reparación social” hacia las víctimas y sus familias, y que
sirve para denunciar “la dejación del Estado” en su obligación de garantizar la
integridad y los derechos de la ciudadanía.
Por ello, se
mostraron partidarias de proponer su uso al movimiento feminista y debatir
sobre cómo extenderlo a los medios de comunicación y la opinión pública.
Atencio disipó la duda sobre si habría que elegir entre ‘feminicidio’ o
‘feminicidio’, considerando que ambos términos son válidos y complementarios.
La principal
preocupación que mostraron es si el uso de ‘feminicidio’ puede implicar “una
jerarquización entre violencias”, por lo que subrayaron la importancia de
seguir denunciando las múltiples consecuencias de la dominación machista en la
vida de las mujeres.
También se
interesaron por su dimensión jurídica. Atencio señaló que hay diferentes formas
de legislar, ya sea a través de una ley específica contra el feminicidio, o incluyendo
un tipo penal que se aplique como agravante en los juicios. En el libro cita la
legislación uruguaya, en el que reconoce el feminicidio como un crimen
universal, y también el caso de países que han desarrollado una ley específica
para el feminicidio, como Perú, México, Chile, Bolivia y Ecuador.
Además, abogó
por consolidar una política internacional que unifique criterios jurídicos. Si
bien en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamaericana (celebrada el 29 de
marzo del 2014 en Atenas) se aprobó una resolución de urgencia sobre el
feminicidio, empleando este término, falta que el derecho penal internacional
llegue a unos consensos que vinculen a los diferentes Estados.
EL GOBIERNO TÍTERE DE VENEZUELA
Por Carlos
Sánchez Berzaín.- )Nicolás
Maduro llegó al poder como el elegido de la dictadura castrista, y desde
entonces, lo que en principio pudo interpretarse como acciones de solidaridad o
de ayuda, han pasado a ser de intervención directa, el gobernante venezolano
cumple decisiones de un poder externo, contrarias a los intereses de Venezuela
y de su pueblo. La realidad objetiva muestra que Maduro encabeza un gobierno
impuesto, dirigido y protegido por la dictadura castrista: Venezuela está
sometida a un gobierno títere.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Con la muerte
de Hugo Chávez y del truculento proceso montado para que Nicolás Maduro sea su
sucesor, se han denunciado y probado hechos muy importantes: que la fecha del
deceso de Chávez fue cuanto menos manipulada, que Maduro estaba inhabilitado
por las propias leyes del régimen chavista para ser el sucesor, que para tal
fin violaron su propia institucionalidad, que el poder judicial chavista
prevaricó con ese propósito, que hicieron fraude electoral. Todo un verdadero
concurso delictivo desde el poder para prorrogar el régimen dictatorial en
Venezuela, como acción imprescindible para el sostenimiento de la dictadura
cubana y su influencia en América Latina.
El títere es un
“individuo que se deja manejar por otro”, es un muñeco, una marioneta. Un
gobierno títere es aquel que “debe su existencia”, su esencia y sobrevivencia
“al apoyo o control de una entidad más poderosa”, a un poder extranjero. Este
tipo de gobierno “es una imposición” que se produce y sostiene siempre “en
contra del sentimiento de la Nación sometida”.
El gobierno
títere da lugar al “país satélite” por la evidente dependencia. Un gobierno
títere no puede darse nunca en democracia, porque se trata de un gobierno de
hecho, de fuerza. El gobierno títere se impone y responde por un poder ajeno a
la soberanía nacional, pero queda protegido por el poder externo que lo
articula en lo interno y lo arropa en las relaciones internacionales.
Un país bajo un
gobierno títere no es soberano, no es democrático, no es independiente, no
tiene posibilidad de poseer oposición política, está reducido a la dependencia
y lo que puede tener es “resistencia”. La oposición política para ser tal debe
tener la posibilidad de acceder al gobierno por los mecanismos democráticos
fundados en el estado de derecho y la alternancia en el poder, situación
imposible en el gobierno títere que es dictatorial e indefinido.
Ser un gobierno
títere no es sinónimo de debilidad pero sí de imposición e impopularidad, ya
que el Estado dominante tiene como tarea esencial mantener su marioneta en el
poder por razones estratégicas, económicas y políticas, de interés propio. La
fortaleza del títere viene de su mandante y está fundamentalmente destinada a sostenerse
en el gobierno, para lo que implementa políticas y acciones antinacionales y de
clara traición a la Patria. No puede ser de otra manera, ya que el interés al
que responde el gobierno títere no es el de los ciudadanos de su país, sino el
del poder que lo ha impuesto y lo sostiene.
Apliquemos las
características precedentes a hechos de la historia reciente de Venezuela: la
designación de Maduro como sucesor de Chávez fue hecha en Cuba y por el
gobierno castrista que estableció incluso el día de la muerte oficial del
caudillo; la seguridad interna del régimen venezolano está dirigida, sino
operada por el régimen cubano; el gobierno de Maduro pese a la crisis económica
venezolana no deja –sin pago evidente- de enviar petróleo a Cuba para que ésta
lo revenda y se sostenga, pues el interés del interventor está por encima del
Estado sometido; la defensa de la dictadura de Maduro está a cargo del
castrismo y de su influencia internacional trabajada con dinero y petróleo
venezolanos; el modelo de gobierno –y de crisis– en Venezuela es una copia del
cubano; y como ya no cuidan ni siquiera las apariencias, Maduro ha desfilado el
primero de Mayo ¡en La Habana!
El pueblo
venezolano, sus periodistas, obreros, líderes, estudiantes, empresarios, presos
políticos, exiliados, mujeres que claman por la libertad, todos, pueden llenar
un libro con los casos que comprueban la naturaleza del gobierno títere que los
oprime. Pero además, tal vez sea tiempo de que en Ecuador, Bolivia y Nicaragua
lo piensen, porque se trata del modelo dictatorial del socialismo del siglo XXI
de propiedad castrista que también rige en esos países.
Ex Presidente Jorge Quiroga:
"QUÉ PARADOJA QUE PEDIMOS JUSTICIA EN LA HAYA Y EN BOLIVIA LA TRITURAMOS"
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com.cl)
Formulando
duras críticas contra el Presidente Evo Morales, el ex Mandatario boliviano
Jorge Quiroga (2001-2002) denunció que es objeto de una "persecución
política" por parte del gobierno luego que la Fiscalía General lo acusara
ante la Justicia de haber aprobado de forma ilegal contratos petroleros durante
su mandato.
"Es un
juicio político", afirmó Quiroga, quien acusó directamente a Morales y a
su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), de promover este proceso porque
es un adversario.
Quiroga, quien
fue candidato presidencial por el opositor Partido Demócrata Cristiano en las
elecciones de 2014, destacó la falta de coherencia del gobierno, que manipula a
su antojo a la Justicia local mientras que acude a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya para demandar a Chile. "Qué paradoja que, cuando como
nación, pedimos respeto al derecho internacional y justicia en La Haya, acá en
Bolivia la trituremos y la destrocemos con los fiscales masistas (del partido
de Morales) y la guillotina judicial masista", dijo.
En un caso
conocido como "Petrocontratos", la fiscalía presentó el martes una
acusación ante el Tribunal Supremo contra Quiroga y el ex Presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), dos ex secretarios y un ex ministro
de hidrocarburos por haber aprobado contratos petroleros sin permiso del
Congreso, favoreciendo a trasnacionales y causando un daño económico al Estado.
Quiroga fue acusado por aprobar irregularmente cuatro contratos, mientras
Sánchez de Lozada visó otros 53.
Sin embargo,
Quiroga argumenta que se trata de una persecución contra él, porque de todos
los acusados, solo él se encuentra en Bolivia (Sánchez de Lozada reside en
EE.UU. desde 2003). Destacó que la primera acusación en este caso fue
presentada en 2005 por el propio Morales cuando era diputado, fue aprobada en
el Congreso en 2010 cuando el oficialismo tenía mayoría y ahora es avalada por
el fiscal general, Ramiro Guerrero, quien antes fue constituyente del MAS.
Quiroga subrayó
también "el contrasentido" de que uno de los contratos que se
firmaron en su gobierno permitió el "único descubrimiento
significativo" de hidrocarburos logrado bajo el gobierno de Morales, y
adelantó que pedirá citar al Mandatario como testigo.
SE COMPLICAN LOS AUMENTOS SALARIALES EN BOLIVIA
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) de Bolivia reconoció
que será difícil que sus afiliados cumplan con el aumento salarial determinado
por el Gobierno y con el pago con carácter retroactivo a enero hasta finales de
este mes porque muchas empresas no están en las posibilidades financieras de
hacerlo. La Central Obrera Boliviana (COB) denunció que en algunas empresas en
Oruro se emitieron preavisos de despidos a varios trabajadores.
Urgente 24 de Argentina (www.urgente24.com)
El gerente general
de la CNC, Xavier Hinojosa, consideró necesario que el Ejecutivo promulgue el
reglamento del incremento salarial para cumplir con la medida y señaló que su
sector respalda la posición expresada por la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), que demandó al Gobierno una prórroga de tres meses
para cumplir con dichas medidas que benefician a los trabajadores.
"Aún no ha
salido la reglamentación y la norma dice que debería haber una reglamentación,
no conocemos la reglamentación estamos casi a mediados de mayo y parecería
prácticamente que no se pueda cumplir con esto (...) no estamos en contra del
incremento salarial pero creemos que debería tener correlación con el
rendimiento de las empresas", argumentó Hinojosa.
Hinojosa acotó
que la CNC tiene sus dudas en el tratamiento del aumento salarial porque en el
sector público unos tendrán todo el incremento dispuesto por el Ejecutivo y
otros estarán supeditas a una evaluación pero en el caso del sector privado se
le obliga acatar la medida sin ninguna discusión
Por su parte,
el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos
Trujillo, denunció que en varias empresas en Oruro se emitieron preavisos de
despido a los trabajadores y ratificó su posición de que se opone a cualquier
prórroga en el cumplimiento del aumento salarial.
Trujillo
anunció que se convocará a un ampliado nacional que determinará las acciones
que se asumirán ante la actitud asumida por los empresarios porque "no se
soportará" estas acciones y afirmó que no es necesario que el Ministerio
de Trabajo apruebe una reglamentación sobre el aumento salarial porque
"está claro".
"La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pide ampliación,
flexibilización y pide muchas cosas y no respetan nuestros derechos laborales,
más al contrario ya están emitiendo los preavisos y no lo vamos aceptar",
apuntó
El primer
mandatario, Evo Morales, aprobó por decreto supremo el 1 de mayo el aumento al
salario mínimo nacional del 15% y 8,5% al salario que deberá ser pagado con
carácter retroactivo a enero hasta el 31 de este mes. En el caso de los
trabajadores de las empresas estratégicas el alza salarial será en función de
sus utilidades.
El presidente
de la CEPB Ronald Nostas, explicó el martes que el pedido realizado al Gobierno
de una prórroga de tres meses para el cumplimiento del aumento salarial se debe
a que el plazo es muy corto y muchas empresas no están en la capacidad
financiera.
El dirigente de
la Confederación de Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani, recordó que los
empresarios siempre pidieron ampliación de plazos pero sus utilidades nunca
bajaron y por tal motivo el Ministerio de Trabajo debe sancionar a los
empresarios que incumplan con el aumento salarial y emitan preavisos de
despidos sin ninguna justificación.
OLLANTA HUMALA ASEGURÓ QUE DARÁN GARANTÍAS DE SEGURIDAD
PARA VUELTA DE BELAUNDE LOSSIO A PERÚ
La República de Perú (www.larepublica.pe)
El presidente habló sobre la alerta de Belaunde Lossio, quien será
extraditado desde Bolivia y que afirmó que su vida corre peligro en el Perú.
El jefe de
Estado, Ollanta
Humala Tasso, se refirió al temor de Martín
Belaunde Lossio por su vida -había asegurado que, en caso llegue a
una cárcel en el Perú, podía correr peligro- y señaló que van a garantizar su
seguridad, como lo harían con cualquier ciudadano.
“Vamos a garantizar, como a todo ciudadano, la seguridad en este tema. En todo momento hemos tratado estos casos dentro del marco institucional”,
declaró el presidente, señalando que su exasesor de campaña tendrá que acatar
el mandato judicial en su contra.
Humala Tasso
también consideró que el anuncio de la extradición de Belaunde Lossio, quien es
investigado por presuntas actividades irregulares con diferentes gobiernos
regionales del país, en Bolivia “es un tema que calla a esos opinólogos y
novelistas que especulaban que había cosas por debajo de la mesa”.
Cabe recordar
que Belaunde Lossio dijo el último miércoles temer por su vida si lo trasladan
desde Bolivia a una prisión del Perú, luego de que un tribunal boliviano
aprobara su extradición a fin de que responda ante la justicia peruana.
“Yo estoy seguro
que mi vida corre peligro en Perú, llego a una cárcel en Perú, lo más probable
es que me maten”, declaró Belaunde Lossio en diálogo con la agencia Reuters en
La Paz.
AFIRMA QUE NADINE COLABORARÁ
Respecto a la
anunciada citación de su esposa, la primera dama Nadine Heredia, a la comisión
Belaunde Lossio, Ollanta Humala señaló que ambos intentan colaborar
siempre al esclarecimiento de este caso.
“Lo que se
investiga del señor Belaunde es su relación con el caso La centralita y por
supuestamente haber promovido a empresas para que consigan obras. ¿Qué tendría
que ver el Presidente o la Primera Dama en este asunto? Absolutamente nada que
ver”, manifestó tras calificar de "política" la labor de dicha
comisión.
LA CORTEIDH DICE QUE BOLIVIA CUMPLIÓ LA SENTENCIA POR LA
EXPULSIÓN DE UNA FAMILIA PERUANA
El Economista de España (www.eleconomistaamerica.com)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, informó hoy que Bolivia cumplió con una sentencia dictada en noviembre del 2013 por la expulsión de la familia inmigrante peruana Pacheco Tineo.
La CorteIDH dio
por concluido el caso al corroborar que el Estado boliviano cumplió con
"cada una de las reparaciones ordenadas en la sentencia", indicó el
tribunal en un comunicado.
Los hechos de
este caso ocurrieron en el 2001 y se refieren a la expulsión de la familia del
territorio boliviano, cuando sus miembros se encontraban en condición de
inmigrantes en situación irregular y de solicitantes del reconocimiento del
estatuto de refugiados, explicó la corte.
"Dicha
expulsión se produjo sin que las víctimas hayan sido escuchadas y sin que los
órganos estatales realizaran las valoraciones que correspondían", reseñó
el tribunal hemisférico.
La CorteIDH
afirmó que Bolivia cumplió con las órdenes que se le dieron como el pago de las
indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial a las víctimas y la
elaboración de un programa de capacitación dirigido a funcionarios de la Dirección
Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Refugiados.
"La corte
tomó en cuenta que el contenido del programa abarca materias relativas a los
estándares internacionales de los derechos humanos de los migrantes, las
garantías del debido proceso y el derecho internacional de refugiados y
contempla una materia específica sobre la sentencia del presente caso",
agrega el comunicado.
La familia
Pacheco abandonó Perú en 1995 después de que un incidente jurídico con el
Gobierno del entonces presidente peruano, Alberto Fujimori, derivara en una
orden de captura en contra de Juan Pacheco, el padre de la familia.
Un año más
tarde obtuvieron el estatuto de refugiados en Bolivia y en 1998 se trasladaron
a vivir a Chile. En febrero de 2001 los Pacheco Tineo regresaron a Perú para
realizar algunos trámites pero abandonaron el país a los pocos días al
percatarse que la orden de detención en su contra seguía vigente.
Ese mismo año
entraron a Bolivia por un paso ilegal con la idea de llegar nuevamente a Chile,
pero las autoridades migratorias bolivianas decretaron su expulsión del país y
les negaron asilo.
COLOMBIA DA UN GIRO EN LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO
Frena la fumigación con glifosato, la principal arma,
auspiciada por EE UU, para erradicar cultivos de coca
El País de España (www.internacional.elpais.com)
Con el guiño
del presidente Juan Manuel
Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), un órgano que
integran ministros y otros funcionarios del Estado, ha suspendido este jueves,
tras cuatro horas de discusión, el uso del glifosato
para fumigar los cultivos de coca en Colombia. La decisión supone un
nuevo enfoque a la lucha contra las drogas. La votación ha quedado siete contra
uno. El único que se opuso fue el procurador general, Alejandro Ordóñez.
La
determinación, según lo ha explicado el ministro de Justicia, Yesid Reyes, se
hará efectiva cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
“revoque o suspenda” el plan de manejo ambiental que permite en la actualidad
la aspersión con este herbicida. También se creará un comité técnico que en un
mes deberá hacer las recomendaciones necesarias para “ajustar la política
contra las drogas a la realidad que implica la suspensión”.
La decisión
estaba anunciada. El sábado pasado, Santos hizo pública su intención de acabar con
las fumigaciones con glifosato y les pidió a los ministros de su
gabinete que forman parte de la CNE, que así lo decidieran en la reunión de
este jueves. También habló de un periodo de transición para reemplazar las
aspersiones con el herbicida por otros mecanismos, como la erradicación manual,
para seguir combatiendo la producción, que es solo un eslabón de la cadena del
narcotráfico. La lucha incluirá intensificar la destrucción de laboratorios y
de cargamentos.
Mantener la
aspersión se hacía insostenible desde que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicara un informe el pasado mes de abril en el que se afirmaba que el
glifosato puede causar cáncer en
humanos. Este herbicida ha sido utilizado a lo largo de 14 años en
Colombia para asperjar 1.800.000 hectáreas cultivadas con coca, lo que se
constituyó la principal estrategia, auspiciada por Estados Unidos a través del Plan Colombia,
para combatir los cultivos ilícitos en el país.
Desde el año
pasado, el constitucional colombiano había ordenado a los ministerios de Salud
y Ambiente suspender las fumigaciones con glifosato si se demostraba que
representaba un riesgo para la salud. No son pocas las denuncias de pobladores
expuestos a este herbicida, que lo relacionan con problemas en la piel y abortos
no deseados.
Por eso, poco
después del informe de la OMS, el Ministerio de Salud colombiano recomendó que
se suspendieran de inmediato las fumigaciones con el herbicida. Al ministro de
Salud, Alejandro Gaviria, se sumaron el ministro de Justicia, Yesid Reyes, el
fiscal general, Eduardo Montealegre y finalmente Santos. Solo faltaba que el
Consejo Nacional de Estupefacientes, encargado de tomar la decisión, se
pronunciara.
No valieron las
afirmaciones de funcionarios de Estados Unidos como el de Kevin Whitaker,
embajador de ese país en Colombia,
quien en una columna publicada en el diario El Tiempo, defendió la
fumigación aérea afirmando que es gracias a esta estrategia que se ha logrado
reducir los cultivos de coca. “Es el medio más eficaz y seguro para eliminar la
coca”, escribió. Y con relación al glifosato dijo que está probado que es
seguro y afirmar lo contrario es estar “mal informado”. Sin embargo, también
dijo que su país sería respetuoso de la decisión que tomara Colombia.
Algunos
sectores opositores al Gobierno, incluido el procurador Ordóñez, se habían
declarado contrarios a la decisión que finalmente anunció la CNE. Ordóñez
vaticinó que sin aspersión aérea dentro de unos meses el país estaría “nadando
en coca”. Por su parte, el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro
Uribe, aseguró que en los últimos meses se ha ido reduciendo la lucha contra el
narcotráfico.
Pero contrario
a lo que piensa Whitaker y los opositores, la Comisión Asesora en Política de
Drogas, un grupo de expertos que Santos creó hace dos años, afirmó en un
informe divulgado el miércoles que la estrategia de la aspersión aérea de
cultivos ilícitos es poco efectiva. “Para eliminar una hectárea de
coca mediante la aspersión aérea se necesitaría fumigar cerca de 30 hectáreas”,
dice el informe, lo que equivale a invertir 72.000 dólares por hectárea. “Desde
el punto de vista costo-efectividad, esta política resulta muy ineficiente,
pues el valor de la hoja de coca sembrada en una hectárea es de 400 dólares, y
el valor de la cocaína que de allí se puede extraer de cerca de 3.600”.
La suspensión
de la fumigación con glifosato también fue respaldada por 19 congresistas
estadounidenses del partido demócrata, quienes en una carta pública le hicieron
saber a Santos que debe actuar rápidamente para implementar esta decisión.
"Y deje en tierra todos los aviones usados para la fumigación".
La decisión se
produce a pesar de que el ministerio de Defensa había advertido que los
cultivos de coca crecieron en el último año entre el 15% y el 20%, basado en
cifras de Naciones Unidas. Para la Casa Blanca, la cifra llega al 39%. El reto
ahora es contener el crecimiento de esos cultivos sin el glifosato, que ya
estaba prohibido en parques naturales y en una parte de la frontera con
Ecuador.
LA PARADOJA DE LAS FUMIGACIONES
El Confidencial de Colombia (www.confidencialcolombia.com)
La de la
inconveniencia de fumigar los cultivos de uso ilícito no es una discusión
nueva. Diferentes voces, a lo largo de más de treinta años han llamado la
atención sobre las implicaciones médicas, sociales y económicas de esta
actividad. Varias voces autorizadas, entre ellas las de Pedro Arenas o Camilo
González han logrado establecer la historia de esas discusiones y establecer el
papel del Gobierno Colombiano en ese debate.
Un primer
momento fue durante el gobierno del expresidente Julio César Turbay Ayala,
cuando se fumigó la Sierra Nevada de Santa Marta a pesar de que el Consejo
Nacional de Plaguicidas dijo que no era conveniente hacerlo.
En 1984 hay un
nuevo debate sobre el particular, cuando Jaime Arias era el ministro de Salud.
Un estudio contratado a expertos internacionales concluyó que no era
conveniente usar glifosato u otro agente químico en esas labores ya que no se
sabía qué consecuencias podía tener. Equivalía a experimentar con seres
humanos. A pesar de ello se utilizó aduciendo razones de seguridad pública.
La discusión se
retoma en 1992, cuando Camilo González fungía como ministro de Salud. Él
reporta la inconveniencia del glifosato al Ministerio de Justicia y al Consejo
Nacional de Estupefacientes. Es en ese marco que se prueban las fumigaciones
con otros agentes químicos.
A pesar de las
carta enviadas por el entonces ministro de Salud, en el sentido de que no se
debe fumigar, se decidió la continuación de estas acciones. Esa política
empieza con el expresidente César Gaviria y se afianza durante la debilidad
política del proceso 8000 en la administración Samper.
Las
movilizaciones campesinas de 1994 hicieron que la atención estatal se centrara
en las exigencias campesinas de detener las fumigaciones. El expresidente
Ernesto Samper envió una comisión al departamento del Guaviare para lograr un
acuerdo que finalmente tuvo, entre otros, como resultado que los cultivos de
menos de tres hectáreas no podrían ser fumigados. El acuerdo, en Bogotá, fue
refutado por la Fiscalía General de la Nación y la Embajada de los Estados
Unidos en Colombia.
La
discusión sobre la fumigación con glifosato llega al Congreso de los Estados
Unidos al iniciar el Plan Colombia, cuando varias organizaciones ambientales y
sociales ponen de presente los riesgos de estas actividades. Se acepta que
estas pueden generar daños serios a los ecosistemas y seres humanos y se
establece un fondo destinado para reparar a quienes resulten afectados.
Adam Isaacson
de WOLA, señaló que de todas las quejas presentadas en 10 años de fumigaciones,
desde que se estableció dicho fondo, solo el 1% había sido reparado.
En 2005 se le
pidió a la CICAD de la OEA que realizara un estudio independiente y la
conclusión fue que le glifosato es seguro. Sin embargo, cuatro años después esa
misma entidad emitió un informe, en inglés, que fue poco difundido en el mundo
hispanohablante, en el que se admitía la posibilidad de daños sobre fauna
anfibia y acuática.
En 2005, la
Corte Constitucional de Colombia aceptó que los campesinos desplazados por
cuenta de erradicaciones violentas, que incluyen las fumigaciones, deberían ser
considerados víctimas.
Al final de la
década de 2000 los indígenas de Colombia interponen una acción de tutela para
exigir consulta previa en los territorios ancestrales antes de adelantar fumigaciones.
Entre 2010 y
2011 la Corte Constitucional y Consejo de Estado adelantan varios procesos muy
a propósito del llamado principio de precaución. Astrid Puentes, representante
de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, señaló que ese
principio no da espera ni es conciliable. Sin embargo, el Gobierno de Juan
Manuel Santos, con la alerta emitida por el Ministerio de Salud, basado en el
informe de la OMS sobre la posibilidad del glifosato de generar cáncer,
establece un periodo de transición que va hasta octubre de 2015, sin que se
suspendan las fumigaciones de manera inmediata.
Las
fumigaciones sobre cultivos ilícitos genera desplazamiento y victimización de
quienes son fumigados como una plaga. No es un acto de salud pública o de control
del orden público; es un acto de guerra y de control territorial. Es un drama
que se da en Colombia, el único país del mundo que continúa fumigando los
cultivos ilícitos. Todo esto a pesar de los estudios que señalan la
inconveniencia de seguirlo haciendo, de la vocación de cambio de las
comunidades que quedan inscritas en el círculo vicioso que hace de la miseria
el principal caldo de cultivo de esta actividad.
Además, de
todas estas consideraciones hay algo que las aspersiones han dejado claro y es
la poca eficiencia de esa actividad. Mientras que los cultivos en Colombia
disminuyen de tamaño aumentan en Bolivia y Perú, dándose el mismo fenómeno de
manera orgánica para cada uno de esos países. Un ejemplo de ello es que Perú
fue considerado como el productor número uno en 2014; algo que cambia este año
cuando Colombia vuelve a ser el primero.
Una de las
preguntas que salen a flote es el ¿por qué si las voces autorizadas han dicho
en más de treinta años que es potencialmente nocivo el uso de este tipo de
agentes, el gobierno nacional continúa con las fumigaciones? Pedro Arenas
señala que una de las razones podría atender al cabildeo en el Congreso de
Estados Unidos, llevado a cabo por diferentes empresas que se encargan de las
aspersiones, la distribución de las sustancias y de la fabricación de las
mismas.
Un hecho
llamativo de las últimas declaraciones sobre la posibilidad de suspender el uso
de glifosato en las fumigaciones es que no ha existido presión de Monsanto,
fabricante del glifosato usado actualmente, o pronunciamiento alguno sobre esa
situación. Algo que sí sucedió cuando la Policía de Colombia compró glifosato
chino en la década pasada; la presión de esta empresa llevó a que se hablara
sobre la ineficacia de la versión china de ese producto y tuvieran que regresar
al que vende Monsanto.
En el marco de
la discusión que decidirá el futuro del glifosato en Colombia, el pasado 13 de
mayo se llevó a cabo el conversatorio denominado #Nofumigación que trató sobre
la inconveniencia de continuar con las fumigaciones sobre cultivos considerados
ilícitos en el marco de la política antidrogas del Estado colombiano.
Estuvieron como participantes Adam Isaacson de WOLA, Astrid Puentes de AIDA y
Camilo González, presidente de Indepaz y exministro de Salud. Además contó con
la moderación de Pedro Arenas, coordinador del Observatorio Indepaz de Cultivos
y Cultivadores Declarados Ilícitos.
Sumado a esto
Camilo González y Pedro Arenas radicaron en el despacho de Javier Flores
director de política de drogas, viceministro de política criminal del
Ministerio de Justicia y secretario técnico del Consejo Nacional de
Estupefacientes, 20 mil firmas que piden el cese de las fumigaciones.
Así las cosas,
el futuro de la fumigaciones en Colombia aún no es nada claro, toda vez que la
Policía Antinarcóticos está probando nuevos agentes químicos en caso de ser
retirado el glifosato. Uno de los llamados hechos desde el conversatorio es a
que el Gobierno Nacional suspenda de manera inmediata la aspersión de glifosato
y se considere realmente el fin de las fumigaciones con cualquier tipo de
agente químico o biológico, siendo imperativo un nuevo enfoque de la política
antidrogas que adelanta el Estado colombiano.
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