BOLIVIA: DE LAS ELECCIONES JUDICIALES FALLIDAS A LA AUTO PRÓRROGA DE FACTO

¿El Estado de Derecho y la independencia judicial de Bolivia en cuidados intensivos? ¿Qué implicaciones tiene la decisión del TCP que prórroga el mandato de sus miembros?

El próximo 2 de enero de 2024, se cumplen los períodos para los que fueron electos las más altas autoridades del sistema de justicia en Bolivia que, conforme con la Constitución, tienen una duración de seis años, improrrogables, no pudiendo ser reelegidos, quienes “cesarán en sus funciones al cumplimiento de su mandato” (art. 183-II). Bolivia es el único país en la región que elige sus altas cortes por voto popular directo, previo proceso de selección de candidatos por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El contexto de las elecciones judiciales fallidas
En el mes de marzo, este órgano legislativo aprobó un primer reglamento, que fue motivo de dos acciones constitucionales porque supuestamente lesionaba derechos de potenciales candidatos; lo que paralizó el proceso, ya que medidas cautelares ordenaron suspender la convocatoria hasta que sus fallos sean dictados. Luego, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) finalmente se pronunció exhortando a la Asamblea crear condiciones para la construcción de los consensos políticos necesarios a fin de que dicha convocatoria se apruebe mediante ley por la mayoría calificada de los dos tercios. Todo esto produjo un retraso de seis meses.
En consecuencia, el 31 de agosto, el Senado aprobó un proyecto de ley -recortando plazos y simplificando el procedimiento para lograr la elección este año-, que además incluía unas disposiciones transitorias específicas en relación a la improrrogabilidad de las actuales autoridades, así como en el caso de un desfase, establecía un sistema de atención de los servicios judiciales a cargo de los subalternos, a fin de garantizar la continuidad de la función judicial.
El Presidente de la Cámara de Diputados, actuando como Cámara revisora, en vez de convocar a sesiones para deliberar esta norma, volvió a interrumpir el proceso, con una consulta oficiosa y extendida a otros órganos. Este escenario le ofreció al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la posibilidad presentar una solicitud de control previo de constitucionalidad del proyecto de ley de convocatoria ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El contexto de la auto prórroga de facto
Cerca al plazo de emitirse la resolución, el 8 de noviembre, el Presidente del TSJ presentó una nueva solicitud, ampliando el objeto de la consulta, pidiendo al TCP que, anticipadamente a los hechos, pueda prevenir un “vacío de poder indefinido que atente contra el principio de continuidad al servicio”, si es que las elecciones judiciales no se daban oportunamente.
El 11 de diciembre, en la consulta de control previo sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley C.S. 144/2022-2023 “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” de 31 de agosto de 2023, formulada por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el TCP ha dictado la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 (Expediente: 58030-2023-117-CCP), por la que: “Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades” conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y, exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en cuanto a la preselección de las candidatas y los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera inmediata.
La lupa en la decisión del TCP y sus implicaciones
Recordemos que, conforme al artículo 111° de Código de Procedimiento Constitucional, la consulta previa de constitucionalidad de un Proyecto de Ley tiene por objeto confrontar si el texto de dicho Proyecto es conforme a la Constitución Política del Estado, con el fin de garantizar la supremacía constitucional. En este contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional solo puede declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley consultado. Si la declaración es de inconstitucionalidad, el Órgano Legislativo deberá adecuar o eliminar solo aquellas normas observadas por el Tribunal Constitucional, y aprobar lo pertinente.
Así pues, en ningún caso, el TCP podía disponer la prórroga anticipadamente y, por lo tanto, debía circunscribir su actuación a devolverle a la asamblea la iniciativa para que prosiga la aprobación, tomando las salvaguardas constitucionales del caso. De inicio, el TCP se excedió en su mandato y en el objeto de la consulta, estableciendo una prórroga de facto, por la fuerza de los hechos, pero no de la Ley.
Asimismo, el TCP señala que siguiendo la “pauta interpretativa de la voluntad del constituyente es posible establecer que la elección por sufragio universal de las Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, fue garantizar su independencia e imparcialidad en el ejercicio de las funciones de carácter jurisdiccional, libre de toda injerencia, presión o amenaza política”, lo que sería la base de su legitimidad.
Sin embargo, no toma en cuenta los estándares interamericanos aplicables para el caso de autoridades electas. Conforme a la Opinión Consultiva 028 de la Corte IDH, la obligación de celebrar elecciones periódicas implica indirectamente que los mandatos de cargos electos deben tener un período fijo, cuyas funciones no pueden tener plazos indefinidos. “Esta prohibición de mandatos indefinidos busca evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder” (párr 73).
Por otra parte, la Carta Democrática Interamericana resalta que, en las democracias, se debe acceder y ejercer el poder público con sujeción al Estado de Derecho, por lo que toda forma de detentar una función pública electa que sea diferente al tiempo y forma que estable la Constitución significa una alteración al Estado de Derecho.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha dejado establecido que la duración en el nombramiento de las autoridades judiciales es un corolario de su independencia. Su permanencia e inamovilidad debe estar protegida, con plazos ciertos y definidos, tanto de inicio como de término de sus funciones. Establecer que la duración de sus mandatos no tiene una fecha precisa, sino que están sujetos a una condición futura, que como en este caso, podría ser de realización imprevisible, podría poner a esos jueces en una situación de provisionalidad indefinida, generando una duda objetiva sobre su actuación independiente. Por lo tanto,  aún en situaciones de emergencia y excepcionalidad, como puede ser una transición, estos cargos deben ser adecuadamente y en propiedad designados por un tiempo prestablecido.
Finalmente, esta declaración constitucional del TCP constituye una especie de (auto) prórroga de facto de sus mandatos, con una interpretación en beneficio propio, violando de manera manifiesta el artículo 263 – II de la CPE que prohíbe a los servidores públicos actuar en aquellos casos donde concurre una situación de conflicto de intereses.
EL TCP pudo ser más asertivo ante esta cuestión, identificando el estado de cosas inconstitucionales, proponiendo una hoja de ruta o algunas directrices que aseguren la generación de las condiciones para la selección y elección de las autoridades judiciales y fijando un plazo determinado, asegurando su calidad y oportunidad. Esta declaración ambigua constituye más bien un incentivo para mantener el statu quo de la justicia, lo que solo beneficia al poder. Revista de Agenda de Estado de Derecho (https://acortar.link/bTqtVD)
 
 
 
 
 
EVO MORALES ADMITIÓ SU INJERENCIA EN LA JUSTICIA BOLIVIANA Y SOBRE EL CASO DE LA EX PRESIDENTA JEANINE ÁÑEZ
 
El líder cocalero impulsó un juicio de ordinario en lugar de uno de responsabilidades durante una reunión en la que participaron el actual mandatario Luis Arce, su vice David Choquehuanca y el ministro de justicia, Iván Lima
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/xsF5UL)
 
Por Humberto Vacaflor Ganam.- Después de haber admitido que vive de incendiar bosques, Evo Morales revela ahora que él decidió que la justicia boliviana someta a la ex presidente Jeanine Áñez a un juicio ordinario en lugar de un juicio de responsabilidades, como corresponde.
Todavía humeantes, las 3,3 millones de hectáreas de bosques incendiados este año han sido asignadas a clientes o seguidores de Morales, pero el problema del cocalero es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprueba en La Paz lo sometida que está la justicia boliviana.
Morales reveló que el futuro de la señora Áñez, presa sin sentencia desde hace dos años, fue definido por él en una reunión de alto nivel: será sometida a un juicio ordinario a pesar de que jueces de El Alto y Sacaba (Cochabamba) sentenciaron que le correspondía un juicio de responsabilidades.
Sin ser presidente desde 2019, Morales impuso ahora su criterio en una reunión con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de justicia, Iván Lima, donde éste último insistía en que lo correcto sería someter a Áñez a juicio de responsabilidades.
En medio de estas revelaciones acerca del control que tiene el gobierno del MAS sobre todo lo que hace la justicia, una delegación de la CIDH, con su relator José Luis Caballero, acaba de observar que la justicia boliviana sólo se ocupó de 4 de las 36 recomendaciones que le había dejado en una visita anterior.
Y que los temas descuidados fueron, casualmente, los que podían haber favorecido a la señora Áñez y el gobierno que ella tuvo que conducir cuando el cocalero Morales renunció y huyó de Bolivia el 11 de noviembre de 2019.
Por ejemplo, dijeron los funcionarios de la CIDH, no hubo ninguna investigación sobre el accionar de francotiradores venezolanos que dispararon a grupos de viajeros que, en esos días, intentaban llegar a La Paz para apoyar las protestas contra la dictadura de Morales. Tampoco investigó la justicia las denuncias sobre el accionar de un grupo de guerrilla armada que estuvo actuando en Montero, Santa Cruz, durante los días de la tensión política de 2019.
Arce y Morales se disputan ahora con fiereza el control de los cerca de mil jueces bolivianos, como parte del enfrentamiento por el liderazgo del MAS.
El presidente Arce logró en estos días el control del Tribunal Constitucional, cuyos miembros decidieron, ante la sorpresa de políticos y jurisconsultos, además de las protestas de Morales, prorrogar ellos mismos sus propios mandatos mientras no se hagan elecciones judiciales.
Además, Arce consiguió que el poder judicial ordene que se haga un nuevo congreso del MAS, con lo que queda nulo el que había organizado Morales y donde fue proclamado como “único” candidato para las elecciones de 2025.
Por su lado, Morales parece decidido a exigir a los jueces que mantengan la mano dura contra quienes él considera los “golpistas” de 2019.
La renovación de todo el poder judicial debía hacerse en elecciones generales, pero las diferencias entre los dos bandos del MAS en el parlamento impidieron que se definiera los detalles de esa elección.
Aparte del odio que siente por la persona que lo reemplazó en la presidencia en 2019, Morales estaría apuntando a conseguir que el gobierno de Áñez sea declarado ilegal y por lo tanto quedaría en esa misma condición todo lo que ella hizo, incluida la elección en que fue elegido Luis Arce en octubre de 2020.
Los jueces de El Alto y Sacaba, que se excusaron de llevar adelante el juicio ordinario contra Áñez, advirtieron del riesgo de que la eventual condena de ese gobierno decrete la ilegalidad de absolutamente todo lo actuado en esa gestión.
En ese caso, dicen abogados de la oposición, el parlamento tendría que destituir a Arce y devolver a Morales la presidencia para que concluya su mandato, unos setenta días, y llame a elecciones.
En este complicado juego político, se analiza también la eventualidad de que Morales pueda, o no, presentarse como candidato en esas hipotéticas elecciones que él mismo convocaría.
Por otro lado, si Áñez fuera sometida a juicio de responsabilidades se estaría abriendo un escenario en que deberían dar testimonio todos los actores de aquel momento, comenzando por el propio cocalero Morales.
Y eso sería lo que él no quiere que ocurra de ninguna manera. Tendría que encarar a los militares que en ese momento asistieron a su renuncia y le ayudaron a huir en un avión enviado por el gobierno mexicano.
Las diferencias en la dirección del MAS, con la tensa rivalidad entre Arce y Morales, tiene paralizada la política boliviana cuando surgen señales de una muy grave crisis económica.
 
 
 
 
 
ECONOMÍA CIRCULAR EN BOLIVIA: DESARROLLOS Y OPORTUNIDADES
 
Abogados Com. de Argentina (https://acortar.link/Wc0UJr)
 
Ante la alarmante contaminación que estamos viviendo en Bolivia provocada por la quema indiscriminada de tierras y bosques y la sequía que atraviesan varias regiones del país, es fundamental avanzar en iniciativas para acelerar la respuesta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Una de ellas es el nuevo modelo económico que propone la Economía Circular (EC) como una oportunidad de generar un cambio en la forma de desarrollo, producción y consumo a partir del uso eficiente de los recursos, a través de la reutilización, reparación, reciclaje o renovación de materiales y productos para favorecer al medio ambiente y combatir los gases efecto invernadero.
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina sólo un 10% de las 541.000 toneladas/día de residuos sólidos generados son aprovechas, lo que significa que el 90% restante se desecha, creando focos de contaminación.
Según estudios realizados por el Estado boliviano en cooperación con el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD), el país genera 2,6 millones de toneladas de residuos al año (equivalente a 7.022 toneladas al día), de las cuales el 87% son del área urbana y el restante 13% del área rural. De los sitios de disposición final sólo el 3,1% son rellenos sanitarios y 6,1% son botaderos controlados. El 90,8% se constituyen en botaderos a cielo abierto, creando repercusiones ambientales negativas.
A pesar de estos preocupantes indicadores en Bolivia hay evidencia de una creciente actividad económica innovadora y circular del sector privado, destacándose las siguientes:
La CBN lanzó cuatro objetivos de EC al 2025: (i) Gestión del agua (las comunidades de sus áreas de influencia tendrán una disponibilidad y calidad de agua mejorada en Cochabamba y Oruro; (ii) Agricultura inteligente, que consiste en la cooperación de financiamiento a los agricultores que trabajan con la empresa; (iii) Empaque circular, para que sus productos y en envases retornables sean retornables o reciclables y (iv) Acción climática que consiste en conseguir fuentes renovables de electricidad para reducir las emisiones de CO2).
Por su parte, ITACAMBA ha implementado una política de EC estructurada cuya finalidad es que el CO2 involucrado en su sistema de producción no vuelva a la biosfera. Además de la captura de CO2 y polvo en sus procesos de producción en su planta de cemento Yacuses tiene procesos de sostenibilidad con mayor eficiencia energética. También, es parte de un proceso internacional de investigación que busca modificar la actual formula de hormigón a través de aditivos que ayuden a combatir el cambio climático.
REPSOL tiene una estrategia de EC basada en: (i) Diseño de productos con materias que alberguen su vida útil; (ii) Reutilizar residuos para que tengan un nuevo uso; (iii) Fabricación de productos con fuentes de energía renovables; (iv) Reutilización del agua doméstica de campamentos y (v) tratamiento de lodos empetrolados mediante el proceso de desorción térmica.
 Desde la perspectiva estatal y del sector público también se han tomado acciones concretas sobre a EC. A continuación, algunos ejemplos:
La ley 755 del 28 de octubre de 2015 de Gestión Integral de Residuos tiene por objeto establecer la política general y el régimen jurídico para la prevención y la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura. Para la aplicación de la gestión de residuos, el Estado y las entidades territoriales autónomas, deben orientar sus acciones a prevenir para reducir la generación de residuos, maximizar su aprovechamiento y minimizar su disposición final.
El Municipio de La Paz, con el apoyo de la cooperación italiana COOPI-Cooperazione Internazionale, la UMSA y la Universidad de Insubria en Varese, está implementando un proyecto de EC denominado "LaPazRecicla" a través de un sistema de gestión integral de residuos sólidos y de reciclaje. El proyecto se centra en el uso de nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje de las 120.000 toneladas de residuos que se generan al año para transformarlos en fuentes de energía.
La Fundación Suiza para la Cooperación Técnica Swisscontact a partir del 2023 ha iniciado un proyecto de cuatro años denominado “Ciudades Circulares” para ser ejecutado en Santa Cruz - Bolivia y Cali-Colombia. El proyecto tiene la particularidad que, además de brindar financiamiento, también ofrece asistencia técnica, que permite el intercambio de experiencias entre ciudades, poniendo a disposición su conocimiento con relación a la gestión integral de residuos sólidos bajo un enfoque de EC.
En Bolivia donde más del 80% de la población económicamente activa forma parte del sector informal, existe una tendencia creciente hacia el desarrollo de emprendimientos por cuenta propia para la generación de ingresos. En ese sentido, la EC no solamente juega un papel fundamental para palear el daño ambiental, sino que se constituye en una alternativa para la generación de nuevos negocios y empleos basados en la reutilización de insumos de segunda mano y la aplicación de las multi R´s: repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
Esta nueva forma de economía ya es una realidad exitosa en Bolivia y hay ejemplos sobresalientes de empresas como: Mamut, Qireuco Top Glas, Detux, Empacar, Enkarte, Cruz Verde, Bohemia Papel, Zafar, entre otras, que, en sus diferentes rubros, tiene como base de su negocio la EC, creando nuevas oportunidades de negocios y empleos para muchos bolivianos.
Cabe también al Estado boliviano tomar mayores iniciativas en esta materia y considerar la EC no solo como un producto, sino como un enfoque integral para aprovechar su potencial y darle un enfoque diferente a sus políticas ambientales.
Por último, y no menos importante, es el sector financiero boliviano que debería tener un rol articulador para la provisión de recursos a las empresas y a las PYME en esta transición económica, tal y como se está haciendo en Colombia a través de un Sistema de Categorización que están usando los bancos para identificar y clasificar los proyectos de EC para darles un financiamiento con mayores ventajas que un crédito ordinario.
 
 
 
 
 
COMISIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CELAM DENUNCIA VULNERACIONES CONTRA COMUNIDADES DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA
 
«Nos duelen las vulneraciones contra los pueblos originarios de la Amazonía boliviana,» afirma la Comisión del Celam que propende por la defensa y el acompañamiento de esta población tras conocer la grave situación que vienen padeciendo miles de personas que sufren los efectos de por lo menos 1.056 focos de incendio activos en el país andino.
 
ADN Celam de Colombia (https://acortar.link/OX2drB)
 
Reservas en peligro
La comisión aboga por una intervención desde lo legal que contribuya a la superación de la crisis, garantice el bienestar de los habitantes y la conservación del patrimonio natural de los pueblos originarios. «Exhortamos a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas adecuadas para revertir los marcos normativos que incentivan la violación del derecho al territorio de los pueblos originarios,» advierten al referirse a una problemática con causas estructurales.
Para la Comisión de Pueblos Originarios del Celam, los múltiples impactos ocasionados por los incendios o “chaqueos” en la Amazonía boliviana, se originan en la adaptación a la ley de uso de suelos promulgada en 2019; porque sus modificaciones, determinaron “la ampliación a un 42%  de las tierras del departamento del Beni que estaban destinadas para los trabajos agropecuarios, lo que quiere decir que unos 9 mil millones de hectáreas estarán disponibles para el agronegocio, bajo nuevas zonificaciones y formas de explotación agropecuaria, silvopastoril y forestal,” cambios que afectan el territorio y las formas de vida de sus habitantes a lo que se suman los efectos de la devastación y la sequía.
Este proceso implica la explotación en condiciones “excepcionales,” incluso en territorios indígenas, áreas y reservas protegidas reconocidas por el propio Estado Plurinacional de Bolivia. Al respecto, la Comisión de Pueblos Originarios del Celam aclara que esta ley no fue puesta en consideración, ni sometida a los protocolos de lo que se conoce como la consulta previa, libre e informada para las 18 naciones indígenas que habitan este territorio, lo que desconoce la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT.
Efectos colaterales
Según advierte la comisión estas disposiciones jurídicas generan impactos concretos y negativos que se reflejan en la pérdida de viviendas al menos en la región de Maniqui Bajo, en donde encontraron aproximadamente «1.500 personas damnificadas que han improvisado sus viviendas en carpas temporales, porque las llamas han arrasado sus hogares». Igualmente aparecen efectos colaterales de los incendios, como la desaparición de «las cosechas de maíz y cacao, productos fundamentales para el intercambio y comercio de sus poblaciones». Incluso, el documento de la Comisión recuerda que en los últimos meses se han realizado visitas a los territorios tanto de las organizaciones de la sociedad civil, como de los misioneros que acompañan a las comunidades para conocer la realidad de primera mano.
Esto garantiza un proceso confiable frente a la obtención de información directa, por parte de quienes se encuentran viviendo en las poblaciones y padecen las consecuencias del desastre natural ocasionado por los incendios. Se trata de hechos que fueron documentados por misioneras y misioneros que acompañan a los pueblos originarios en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Beni, además del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Sécure, conocido como TIPNIS.
Un Territorio Indígena Multiétnico, que incluye al sub-consejo Tsiname y los sectores Yacuma y Maniqui Alto y Bajo, cuyos habitantes durante los momentos más álgidos de la emergencia, emitieron la alerta ante la incesante quema de la selva y el bosque nativo que, en este momento, afecta a más de 18 naciones de pueblos originarios. De acuerdo con los datos proporcionados por la Solidaridad Médica Boliviana  “los incendios han llegado a varios puntos cercanos a los ríos y ante la sequía y falta de lluvias, el acceso al agua se ha disminuido significativamente para toda la población”.
Una Iglesia encarnada
Realidad que para la Comisión es una invitación para alzar la voz desde la Iglesia y avanzar con firmeza en su misión vivificadora. “Animamos a la presencia encarnada de la Iglesia a través de los misioneros y misioneras que caminan día tras día junto al pueblo acompañándolo su dolor y en la renovación de su esperanza,” comentan al mencionar el camino que se ha conocido gracias al testimonio de los misioneros y misioneras que fueron  escuchados por los obispos durante la CXIII Asamblea del Episcopado boliviano realizada en noviembre.
Allí resonó la voz de la Hna. Gladys Montecinos, misionera que acompaña al pueblo Tsiname en Yacuma. Esta presencia de la Iglesia es la que permite profundizar en las problemáticas que padecen los territorios y la presión que ejercen los incendios sobre los pueblos originarios para que abandonen sus tierras ancestrales. Situación que preocupa a la comisión que es consciente del impacto de la sequía, la contaminación por la minería y la afectación que esto produce en la salud de la población.
Intenciones que la dependencia del Celam denuncia al tiempo que aboga por una pronta solución por parte de las autoridades y que en este tiempo previo a la Navidad, encomiendan a la Virgen de Guadalupe para que “pueda acompañarnos a renovar la esperanza, como también para exigir justicia y la reparación adecuada para todos los pueblos de nuestra Amerindia que están siendo amenazados”. Situación que involucra a las autoridades, la Iglesia y los pueblos originarios de la Amazonía Boliviana, porque como afirma el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si’ un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios”.
 
 
 
 
 
VERRA Y BOLIVIA FIRMAN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA FORTALECER EL MERCADO NACIONAL DE CARBONO
 
Verra y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra del Gobierno de Bolivia firman un Memorando de Entendimiento para compartir conocimientos y educar a las partes interesadas sobre el mercado de carbono boliviano, incluyendo conocimientos prácticos, requisitos técnicos y metodologías clave.
 
Verra Org. (https://acortar.link/qjndU9)
 
Verra y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia anunciaron hoy que firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para respaldar su trabajo colaborativo para compartir conocimientos y educar a las partes interesadas sobre el mercado de carbono boliviano. Verra es la organización sin fines de lucro detrás del programa de créditos de carbono líder en el mundo y se unirá a los funcionarios del gobierno boliviano para organizar seminarios web, talleres, seminarios y otros eventos educativos y técnicos.
El esfuerzo es parte del trabajo continuo de Verra para aumentar el conocimiento entre el diverso conjunto de partes interesadas dentro de los mercados de carbono y brindar información sobre su Programa de Estándares de Carbono Verificado, su Programa de Estándares de Impacto Verificado de Desarrollo Sostenible y su Programa de Estándares de Carbono Verificado y sus Programas de Estándares de Impacto Verificado para el Desarrollo Sostenible. Programa de Estándares de Biodiversidad. El desarrollo de capacidades entre Verra y el gobierno de Bolivia ya comenzó y las actividades se reanudarán en el primer semestre de 2024.
La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra es una entidad estratégica y autónoma de derecho público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, dependiente del Ministerio de Ambiente y Agua, encargada de formular e implementar la Política Plurinacional de Cambio Climático y Plan para el Vivir Bien.
Como parte del compromiso Nueva Era para Verra de ampliar el impacto y comprometerse más activamente con las partes interesadas, Verra está mejorando su trabajo con los gobiernos para apoyar el desarrollo de capacidades, brindar apoyo técnico y ayudar a canalizar el financiamiento hacia su trabajo para cumplir con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.
Verra actualmente tiene MOU con entidades gubernamentales en Argentina, Benin, México, Pakistán, Panamá y Singapur y está en el proceso de concluir acuerdos adicionales con entidades públicas nacionales y subnacionales en otros países de América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente. y la región de Asia Pacífico. Mientras Verra trabaja para aumentar la rendición de cuentas y la responsabilidad general en el mercado del carbono, colaboraciones como estos MOU son esenciales para promover una acción climática impactante.
Verra es un líder global que ayuda a abordar los desafíos ambientales y sociales más difíciles del mundo. Como organización sin fines de lucro impulsada por una misión, Verra se compromete a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar los medios de vida y proteger los recursos naturales trabajando con los sectores público y privado. Apoyamos la acción climática y el desarrollo sostenible con estándares, herramientas y programas que evalúan de manera creíble, transparente y sólida los impactos ambientales y sociales y permiten financiar el mantenimiento y la ampliación de proyectos que brindan estos beneficios de manera verificable.
 
 
 
 
 
COCA VÍA LIBRE: LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE ENTREGAS CONTROLADAS QUE INVOLUCRAN AL GOBIERNO MEXICANO
 
Revista Omnia de México (https://acortar.link/qX9NTx)
 
El agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Era 16 de diciembre de 2020. Dos meses atrás había solicitado el uso de agentes encubiertos para realizar una entrega controlada de cocaína, pero hubo un abrupto cambio de planes con base en nueva información de inteligencia. A la operación se agregaría México como país de tránsito rumbo a los Estados Unidos. Incluía el permiso de transporte de hasta 200 kilos de coca, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de alguna otra sustancia sintética ilegal no especificada. También la utilización de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.
El membrete de la misiva anunciaba a la División Criminal del Departamento de Justicia, y la solicitante directa era la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.
En la carta también pidieron permiso y apoyo para realizar vigilancias y seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptación de teléfonos de los criminales para obtener evidencia que en el futuro les pudiera ayudar a nuevas capturas y extradiciones.
La comunicación cerró con la certeza de que la diplomacia mexicana ya estaba enterada y aprobaba el eventual cruce de drogas por su territorio.
 “El gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de México, específicamente la Policía Nacional de México, a través de canales diplomáticos en México. Con esta solicitud la DEA afirma que esta operación ha sido autorizada en México”, se lee textual en la carta del gobierno de los Estados Unidos enviada a la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Al día siguiente, a las 10 de la mañana del 17 de diciembre de 2020, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la fiscalía colombiana llenó el formato que se necesitaba para aceptar el trabajo de agentes encubiertos y entregas controladas de drogas.
El gobierno colombiano aceptó la incorporación de dos agentes encubiertos miembros del Grupo Apoyo Estupefacientes SIU (una estructura nacional que opera en apoyo de la DEA en Colombia y otros países), acompañados de dos agentes de control para supervisarlos y apoyarlos. La operación general fue calificada como de riesgo medio, pero el trabajo de los agentes de riesgo alto.
La misión no era fácil de lograr. Lo primero que tenían que hacer era ganarse la confianza de la organización delictiva para que les permitiera comerciar con la droga y lavar el dinero. El gobierno colombiano les dio permiso para pactar con el crimen y acudir a lugares públicos y privados: domicilios, trabajos, habitaciones de hoteles y fincas. A la operación la llamaron New Generation.
“Se requiere emplear esta técnica especial de investigación por cuanto no existe otro medio legal para lograr el objetivo que se quiere alcanzar en las presentes diligencias, que a partir de esta técnica de investigación que es permitir que una mercancía de carácter ilegal sea transportada por el territorio Nacional entre o salga de él, bajo la estricta vigilancia de funcionarios de Policía Judicial”, se lee en el formato de aprobación.
Antes de actuar como agentes encubiertos de una entrega controlada, las personas previamente entrenadas por la DEA deben firmar un acta de voluntariedad donde se establecen sus facultades, deberes y prohibiciones.
Tienen permitido efectuar acercamientos con la organización criminal, intervenir en el tráfico comercial y adelantar transacciones con los indiciados. Les está prohibido modificar sus identidades, provocar o inducir a cometer un delito o atentar contra la vida e integridad de las personas. Además, como se ejemplifica más adelante, entre sus deberes están recolectar información, ubicar e identificar a los integrantes de la estructura orgánica y los roles de cada miembro; apuntar el modus operandi, dar aviso al agente de contacto o control sobre novedades de interés para la investigación e informar de situaciones que comprometan su seguridad, entre otros.
También se determina la protección para el agente encubierto: “estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencias necesarias del desarrollo de una orden legítima”.
En los permisos, la fiscalía colombiana asegura en negritas que los agentes encubiertos no forman parte de la delincuencia organizada.
La redacción de los documentos de la Fiscalía de Colombia es cuidadosa de la legalidad de los procedimientos y de las justificaciones para realizar un trabajo como este. Se insiste en que no existe otra forma de obtener la información necesaria para desmantelar la estructura criminal investigada.
Dejan una pequeña ventana para la improvisación, pero intentan plasmar en tinta toda la operación a emprender.
El agente encubierto recibirá la droga en Colombia de manos de integrantes de la organización delincuencial.
Los peritos químicos realizarán un análisis rápido para establecer el tipo de alcaloide recibido.
Previa coordinación con la DEA y el agente de control colombiano “se trasladará el alcaloide hacia los Estados Unidos y México, este último como país de tránsito”.
La droga podrá ser transportada en vuelos de carga o comerciales.
Los agentes encubiertos serán protegidos por un equipo de vigilancia y seguimiento antes, durante y después de la entrega.
Para la protección se usarán cámaras de video, foto, vehículos y armamento; también se contará con apoyo técnico de interceptación de llamadas telefónicas.
Se cuidará que el dinero ilícito y el estupefaciente no sean incautados de manera inmediata al contacto con los miembros de la organización para generar confianza y proteger a los funcionarios.
Se tramitarán los permisos para el paso “razonable” de la droga.
Una vez que el producto llegue a los Estados Unidos, el dinero de su venta será depositado en cuentas de la criminalidad a través de la técnica de “smurfing” o pitufeo, una forma de lavar dinero en múltiples y pequeñas cuentas.
Con este método prevén identificar a las personas, los sistemas y las cuentas bancarias de la estructura criminal, así como recolectar evidencia para desmantelar y enjuiciar a sus miembros.
En los documentos de la fiscalía colombiana se lee de manera recurrente el permiso de México a la entrega controlada: “La operación propuesta cuenta con la participación de las autoridades de Estados Unidos y México, por lo tanto, esta Dirección entiende que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia DEA, ha efectuado las coordinaciones con las autoridades respectivas”.
 
 
 
 
 
FUERTE INTERNA EN BOLIVIA: LUIS ARCE RECONOCIÓ QUE EVO MORALES SE CONVIRTIÓ EN SU PRINCIPAL OPOSITOR Y DIJO QUE EL MAS NO TIENE DUEÑO
 
“Lamentamos que haya pasado eso”, afirmó el presidente boliviano tras ser expulsado del partido oficialista en el congreso de octubre. Indicó que la principal diferencia con el ex jefe de Estado radica en el respeto a las organizaciones sociales
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/pIUwEX)
 
El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó este jueves que el ex jefe de Estado Evo Morales (2006-2019) se haya convertido en el “principal opositor” de su Gobierno. “Hemos visto las encuestas, hemos visto claramente que el compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor, así lo identifica la población. Lamentamos que haya pasado eso.”, manifestó Arce en un encuentro con los medios en la Casa Grande del Pueblo, el Ejecutivo del país.
El mandatario boliviano enfatizó que la principal diferencia con Morales es el respeto “a las organizaciones sociales”, ya que a su juicio el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Gobierno, no tiene un “dueño”.
Recalcó que son las “organizaciones sociales fundadoras” las que lideran el “instrumento”, el MAS, y son ellos los que tienen que “decidir”, pero que lamentablemente “se los ha dejado al margen, se los ha excluido de la gestión de su propio instrumento”.
“Es como que uno está construyendo su casa con mucho esfuerzo y viene alguien, lo saca de su casa y se entra ahí a vivir. Eso es lo que está pasando. No es correcto que no se respete a nuestras organizaciones sociales”, subrayó el mandatario boliviano.
Enfatizó que los fundadores del MAS son las organizaciones sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la confederación de Interculturales, campesinos que migran a otras regiones del país y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia- Bartolina Sisa.
Además señaló que Morales incumplió su palabra, ya que se había decidido en una reunión en la que estaban presentes las organizaciones sociales de no hablar sobre las candidaturas para las elecciones generales de 2025 hasta un año antes, pero que esto se incumplió.
El pasado mes de octubre se realizó el congreso del MAS en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Evo Morales, en el que no participó Arce ni el vicepresidente David Choquehuanca ya que las organizaciones sociales fundadoras no estaban debidamente representadas.
Ante esta situación, esas organizaciones convocaron a un cabildo en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.
En el congreso en Cochabamba se ratificó a Morales como presidente del partido y se le nombró “candidato único” para las elecciones de 2025, aunque luego ese congreso fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral por no cumplir con ciertos requisitos y convocó a hacer uno nuevo.
La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, dijo en octubre que el anuncio de la candidatura “única” del ex presidente es una “imposición” y señaló que el MAS debe ir a primarias sin “restricciones” para definir su postulación en las elecciones de 2025. “La Constitución habla de una democracia participativa donde realmente podamos debatir y tomar decisiones, cómo eso no se va a aplicar al interior de nuestro propio instrumento político, se determina ya una candidatura única y eso significa una imposición (...) sin que exista una amplia deliberación del pueblo”, afirmó.
El vicepresidente Choquehuanca, por su parte, sostuvo que el pueblo boliviano “sabe quiénes” lo abandonaron “en los momentos más difíciles”, en una alusión a la salida del país de Evo Morales y su colaboradores más cercanos tras su renuncia durante la crisis de 2019.
Arce y Morales están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 ante los pedidos del ex mandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ha ignorado.
La división interna del partido ha hecho que unos sean los que apoyen a Morales, los “evistas” y otros que respaldan a Arce, “arcistas”.
 
 
 
 
 
LOS PRESOS POLÍTICOS SE MULTIPLICAN EN VENEZUELA, CUBA, NICARAGUA, BRASIL, BOLIVIA...
 
DE LA REPRESIÓN SILENTE DE LULA A LA MAQUINARIA PERSECUTORIA DEL CHAVISMO: ASÍ ENCARCELA LA IZQUIERDA IBEROAMERICANA A LA OPOSICIÓN
 
La Gaceta de España (https://acortar.link/klSQhk)
 
La represión a la disidencia se ha convertido en el signo común de la izquierda en Iberoamérica. Resulta notable cómo desde la Bolivia del MAS, el Brasil gobernado por Lula da Silva, la Venezuela secuestrada por el chavismo, una Nicaragua oprimida por el sandinismo criminal y la maltratada Cuba administrada por los herederos del castrismo, cientos de disidentes presos han devenido en parte del relato habitual de unos países sojuzgados por las filiales locales del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.
Si se parte del hecho de que las tiranías criminales no contemplan los más mínimos preceptos de la democracia, y por ende son incompatibles con la existencia de voces críticas que reclamen sus desafueros, es lógico pensar que todo aquel que se convierta en un opositor abierto a dichos sistemas inmediatamente entra en el radar de la persecución, exponiéndose a ser encarcelado sin que medien razones legales o jurídicas para ello.
«Traidores a la patria», «golpistas», «conspiradores» y «terroristas» son los apelativos frecuentes que estos regímenes utilizan para referirse a sus oponentes políticos, echando mano de ellos para sustentar supuestos expedientes de subversión e imponerles condenas de forma exprés que en muchos casos alcanzan hasta los 30 años de cárcel. El modus operandi siempre es el mismo.
El régimen del MAS en Bolivia
Luego de convertirse en el heredero político de Evo Morales, e independientemente de los enfrentamientos personales que hoy le mantienen separado de su mentor, Luis Arce ha edificado una poderosa maquinaria represiva en Bolivia, más allá de que quiera presentarse ante el mundo como un gobernante democrático más.
Un reportaje del Panampost de octubre de este año cifró en más de 230 las personas que se mantienen detenidas por motivaciones políticas en la nación andina.
Solamente basta ver el tratamiento que ha recibido la expresidente Jeanine Áñez, hoy injustamente encarcelada por los sucesos de 2019, en medio de los que Morales pretendió robarse unas elecciones para mantenerse en el poder. Áñez, quien ha llegado incluso a practicar huelgas de hambre para reclamar sus derechos, ha sido sentenciada a una condena de 10 años de cárcel por supuesta «sedición» y «terrorismo»; todo ello mientras sigue siendo «investigada», por lo que podría imponérsele una nueva pena.
Del mismo modo, uno de los principales opositores, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumplirá un año detenido el 28 de diciembre. Camacho fue aprehendido por el régimen de Arce tras estar en la primera línea de las protestas que durante más de un mes se escenificaron en dicha región boliviana tras los reclamos de la ciudadanía sobre irregularidades en la realización de un censo poblacional que determinará cuál será el padrón electoral empleado para las presidenciales de 2025.
La maquinaria represiva del chavismo
El chavismo ya alcanza cinco lustros al frente del poder en Venezuela. Probablemente si éste no hubiese empleado la represión y las irregularidades electorales desde hace varios años, la realidad sería otra en el país caribeño. En ese contexto los prisioneros políticos se han transformado además gran emblema de las ejecutorias del régimen rojo.
Nicolás Maduro se ha convertido en el rostro visible de una autocracia que no repara en recurso alguno para quedarse en el poder, exhibiendo para finales de noviembre un registro de 275 presos políticos, de acuerdo a cifras de la oenegé Foro Penal.
Recientemente el régimen y la oposición venezolana suscribieron en la isla de Barbados un acuerdo para «avanzar» en torno a la realización de elecciones presidenciales y la eventual liberación de estos prisioneros en 2024, un pacto que incluso contó con la bendición de la Unión Europea y Estados Unidos.
Sin embargo, tras la excarcelación de apenas cinco presos políticos, la tiranía embistió nuevamente. A principios de diciembre ordenó detener a Roberto Abdul, uno de los responsables técnicos de la realización de las primarias opositoras de octubre, al tiempo que giró órdenes de captura contra tres miembros del entorno de la líder disidente María Corina Machado. En ello mediaron los habituales señalamientos contra estas personas por estar incursos en «conspiraciones» y «traición a la Patria».
Brasil: una gigantesca persecución silente
Los polémicos hechos del 8 de enero de este año en la Plaza de los «Tres Poderes» en Brasilia, han servido al Gobierno de Luiz Inázio Lula da Silva para victimizarse y generar así una campaña de condicionamiento sobre sus opositores, quienes permanentemente están sometidos al escrutinio de toda la maquinaria del Estado para que «aquello» no se repita.
La ocupación temporal de las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se convirtió en el alfil utilizado por el lulismo para, desde el campo de las percepciones, contraponerse a los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, a quienes de modo genérico se les ha calificado de «locos», «hordas» y otros epítetos que sólo buscan la aniquilación en el plano simbólico de todo aquel que no respalde el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT).
Aunque poco se lea sobre esto en medios del mundo, las acciones de ese día generaron una auténtica cacería de brujas en el gigante sudamericano. Pese a que aquel 8 de enero fueron detenidos 243 individuos por ingresar a estos edificios, con posterioridad se dio pie a una persecución sistemática en la que supuestas investigaciones daban cuenta de una mega conspiración que fungió como el pretexto perfecto para llevar a la cárcel a más de 1.900 personas.
Con el paso de los meses la mayoría de dichos presos fueron excarcelados paulatinamente. Pero eso no acaba allí, pues buena parte de ellos quedaron sometidos a medidas de presentación periódica ante los tribunales e incluso están siendo monitoreados actualmente con tobilleras electrónicas.
Al día de hoy todavía hay 103 detenidos por los sucesos acontecidos hace casi un año, de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF). Entre las acusaciones que se les han impuesto, en medio de procesos judiciales que han sido severamente cuestionados, figuran tentativas de «golpe de Estado», intentos de «abolir violentamente el Estado Democrático de Ley» y asociación armada para delinquir, entre otros señalamientos.
En Nicaragua no se respeta ni a la Iglesia
Luego de las protestas de abril de 2018, que llevaron al régimen izquierdista de Daniel Ortega a pender de un hilo, los niveles de represión de la dictadura sandinista se han incrementado ostensiblemente. Hasta febrero de este año la tiranía centroamericana llegó a acumular casi 300 presos políticos en sus calabozos, optando ese mes por enviar a 222 de ellos en un avión a los Estados Unidos, desterrándolos de su país.
Sin embargo, dicha medida dio pie a sucesivas rondas de encarcelamientos de otros disidentes, una argucia conocida habitualmente como el efecto «puerta giratoria», que consiste en negociar la liberación de presos políticos a cambio de concesiones con la comunidad internacional para luego apresar nuevamente a otro grupo de personas. Dicho mecanismo también es habitualmente puesto en práctica por las autoridades de Venezuela.
En esa escalada contra la oposición, Ortega se ha ensañado especialmente contra integrantes de la Iglesia Católica. Quizá el caso más destacado en este sentido lo constituye el del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien ya cumple más de un año encarcelado en un penal de máxima seguridad y ha sido condenado a casi 27 años de cárcel por presuntos señalamientos de «traición a la Patria».
Un reporte publicado por La Gaceta de la Iberosfera en octubre daba cuenta de al menos 13 religiosos siendo llevados a prisión en los últimos meses por la tiranía sandinista. Este diciembre, por sexto año consecutivo, los familiares de las más de 150 personas que se mantienen en los calabozos o con medidas de casa por cárcel, han exigido al régimen dar paso a una navidad sin presos políticos en el país. 
Cuba y sus más de seis décadas de represión
El caso de Cuba es uno de los más dolorosos en la región. Y es que desde que Fidel Castro tomó el poder por la vía de las armas en la isla a principios de 1959, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Hoy, casi 65 años después de aquello, decenas de miles los cubanos han visitado un calabozo por disentir de la dictadura comunista, así como otros tantos han tenido que huir de su país para evitar caer bajo las garras del régimen.
En tiempos recientes, con Miguel Díaz-Canel al frente de la tiranía, los cubanos protagonizaron una de las más emocionantes jornadas de protesta en contra de este régimen oprobioso. El movimiento del 11-J de 2021 llevó a las calles a miles de personas que se plantaron sin miedo frente al poder, exigiendo libertades y mejoras en sus condiciones de vida.
Sin embargo, el surgimiento de este espíritu ciudadano de indignación vino acompañado de una de las más feroces arremetidas de la dictadura de las que se tenga memoria, causando estragos que todavía están frescos. Hace pocos días la oenegé Prisoners Defenders informó que hay 1.062 presos políticos en la isla, con una media de unos 15 prisioneros nuevos por día durante el último medio año.
Como la capacidad para «procesar» a estos «criminales» es limitada en el país caribeño, las autoridades cubanas han optado en muchos casos por hacerlo a través de juicios exprés, en los que incluso se agrupa a un conjunto de presos a los que se les vincula con un mismo «delito», buscando así despachar la represión de manera expedita.
 
 
 
 
 
SOLO SUPERADO POR BOLIVIA, PARAGUAY CUENTA CON EL PRECIO MÁS BAJO DE NAFTA EN LATINOAMÉRICA
 
La Nación de Paraguay (https://acortar.link/tJHIvV)
 
El medio argentino El Clarín realizó un ranking de precios de combustible en Sudamérica, teniendo en cuenta que las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei tuvieron un impacto directo en los precios. Uno de los afectados fue el combustible con un disparo importante.
Por ende, Argentina dejó de tener el combustible más barato en la región. Ahora es superado por Bolivia en primer lugar y en segundo, Paraguay. Los precios en centavos de dólar por litro de nafta premium quedaron de la siguiente forma: (del más barato al más caro) Bolivia con USD 0,542, Paraguay con USD 0,867, Estados Unidos USD 0,912, Argentina 0,950, Colombia USD 0,971, Brasil USD 1,132, Perú USD 1,393, Chile USD 1,473 y el más caro de Sudamérica, Uruguay con USD 1,921. Datos recogidos de Global Petrol Prices.
Desde que asumió el presidente Santiago Peña el pasado 15 de agosto, Petropar redujo en dos ocasiones los precios de todas las naftas por un valor de G. 1.000 el litro. También se redujo el precio del gas de uso doméstico por G. 1.500 el kilo.
Mientras tanto, los precios de combustibles en Argentina acumulan un aumento de casi el 70 % en seis días, tras la suba de emblemas privados e YPF, que solo el miércoles aumentó un 37 %. Esta drástica suba se debe en primer lugar por la devaluación del peso argentino tras haberse sincerado el precio del dólar, que pasó de 400 pesos a 800.
Precios reales
El medio recordó que el expresidente Alberto Fernández junto al exministro y candidato presidencial Sergio Massa mantuvieron el valor de los combustibles con un congelamiento de precios por varios meses, por lo tanto, hoy se ve reflejado el precio real.
El periodista de Cadena Sol de Clorinda, Formosa, Sergio Guzmán, habló sobre la crisis que atraviesa la ciudadanía por la suba del combustible, pero sostuvo que es lo que la gente votó. Es decir, conscientes de que Javier Milei aclararía y blanquearía el problema de precios en su país, asumieron las consecuencias que tendrían estas medidas los primeros meses, para luego repuntar en los próximos años.
“El fin de semana cargábamos a 350 pesos el combustible. Hace 48 horas estaba a 560, hoy estamos a 800 pesos Infinia, que es la más cara y 730, la super. En una semana de 300 fuimos a 800. Milei anticipó un año o un año y medio de ajuste, de pelea, de lucha y fundamentalmente que terminen los privilegios, los sueldos de privilegio, la secretaría del secretario. De todo eso la gente se cansó”, dijo a la 780 AM.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ELECTRA WATCH: TRAYENDO LA EXCELENCIA EN EL CONTROL DEL TIEMPO CON LA ARTESANÍA BOLIVIANA
 
Revista ZBR de México (https://acortar.link/ihVrtN)
 
En un mundo dominado por la tecnología y los dispositivos electrónicos, los relojes siguen siendo una parte esencial de nuestra vida diaria. Sin embargo, no todos los relojes son iguales. Bolivia Electra Watch, una nueva marca emergente, fusiona la excelencia en el control del tiempo con la herencia artesanal de Bolivia. Estos relojes son verdaderas obras maestras que capturan la esencia de la cultura boliviana y la tradición relojera.
Detrás de cada Bolivia Electra Watch se encuentran artesanos altamente capacitados que han perfeccionado sus habilidades a lo largo de generaciones. Cada detalle está cuidadosamente elaborado a mano, desde la selección de materiales de alta calidad hasta el ensamblaje meticuloso de cada componente. Estos relojes no solo son precisos en términos de tiempo, sino que también reflejan la belleza y el encanto de la artesanía boliviana.
Los diseños de los relojes Bolivia Electra Watch son una combinación perfecta de innovación y tradición. Cada modelo tiene un estilo único que refleja la diversidad y riqueza cultural de Bolivia. Desde los patrones intrincados inspirados en los tejidos tradicionales hasta los colores vibrantes que evocan los paisajes bolivianos, estos relojes son verdaderas obras de arte que se llevan en la muñeca.
La marca Bolivia Electra Watch se compromete con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Cada reloj es producido de manera ética, utilizando materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente. Además, la empresa colabora estrechamente con comunidades locales en Bolivia, brindando empleo y apoyo a los artesanos locales.
Con Bolivia Electra Watch, puedes tener la seguridad de que estás adquiriendo un reloj de alta calidad que combina el arte y la precisión. Estos relojes son más que simples accesorios, son una declaración de estilo que muestra tu aprecio por la dedicación y la artesanía tradicional.
Preguntas Frecuentes:
1. ¿Dónde se fabrican los relojes Bolivia Electra Watch?
Los relojes Bolivia Electra Watch se fabrican en Bolivia, por artesanos locales altamente capacitados.
2. ¿Qué tipo de materiales se utilizan en la fabricación de los relojes?
Se utilizan materiales de alta calidad, como acero inoxidable, cerámica y cristal de zafiro, para garantizar la durabilidad y la precisión de los relojes.
3. ¿Los relojes Bolivia Electra Watch son resistentes al agua?
Sí, la mayoría de los modelos son resistentes al agua hasta cierta profundidad. Sin embargo, se recomienda leer las instrucciones específicas de cada modelo para conocer sus características exactas de resistencia al agua.
4. ¿Qué tipo de garantía ofrecen los relojes Bolivia Electra Watch?
Bolivia Electra Watch ofrece una garantía limitada para cubrir defectos de fabricación y problemas relacionados con la precisión del reloj. Se recomienda consultar los términos y condiciones de la garantía antes de realizar una compra.
5. ¿Dónde puedo comprar los relojes Bolivia Electra Watch?
Puedes comprar los relojes Bolivia Electra Watch a través de su página web oficial o en tiendas selectas alrededor del mundo.
 
 
 
 
 
LA FAO PREVÉ UNA NUEVA CRISIS DE GRIPE AVIAR EN 2024
 
The San Diego Union-Tribune de EEUU (https://acortar.link/8WNFEm)
 
La Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un fuerte llamado a los países de la región para mantener el estado de alerta y colaborar con los sistemas de notificación para afrontar de mejor manera el impacto de la nueva temporada de influenza aviar que por su evolución ha sido considerada como una “situación sin precedentes”.
En el marco de la III Reunión Regional de Respuesta ante la Emergencia de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) realizada este jueves en Santiago de Chile se estimó el efecto de este virus para 2024, y se prevé que este sea igual o mayor al último año, en el que 12,5 millones de aves murieron o debieron ser sacrificadas para contener la enfermedad.
De acuerdo con los análisis de la FAO, esta nueva temporada de migración de las aves que viajan desde el norte del continente hacia el sur tiene una alta probabilidad de mantener un comportamiento similar a la pasada.
En Estados Unidos, por ejemplo, se han contabilizado cerca de 100 nuevos brotes en los últimos 30 días, y en México se ha registrado una recurrencia del virus H5N1 en el estado de Sonora desde el pasado mes de octubre.
Si bien la influenza aviar altamente patógena no ha tenido una repercusión directa en la salud humana por el consumo de carnes o huevos de las aves, si genera un problema a los ganaderos de la región considerando que en la zona se produce el 20,4 % de la carne de ave y el 10 % de los huevos a nivel mundial.
En el encuentro en el que participaron los delegados de los servicios veterinarios oficiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela, además de altos representantes de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de la Organización Panamericana de Salud (OPS) se solicitó apoyo técnico y logístico a la FAO con el fin de contener la propagación de la enfermedad en el continente.
“Ha sido un año de mucho trabajo por la emergencia, pero a su vez de aprendizaje y colaboración. Este grupo de países atendió el llamado de la FAO para abordarla como una enfermedad de carácter regional. Gracias a la colaboración transparente y activa, con datos reales, hemos podido sugerir medidas que benefician a toda la región, construyendo una hoja de ruta para mantener el riesgo de introducción y diseminación en niveles controlados”, expresó Andrés González, oficial de Ganadería Sostenible, Sanidad y Biodiversidad Animal de la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
El interés de la FAO, organismo con el que EFE mantiene un acuerdo de difusión de contenidos, es que los países se mantengan en estado de alerta y colaboren con los sistemas de notificación para afrontar de mejor manera la emergencia regional.
“Nuestro mayor interés es poder contribuir desde la cooperación internacional a minimizar el impacto que puede generar en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia, la ecología, la biodiversidad, el turismo y el comercio”, complementó González.
En ese sentido, la organización ha mantenido el apoyo técnico, a través del fortalecimiento de los servicios veterinarios, el suministro de materiales esenciales y el apoyo a la movilización de recursos para atender la contingencia a nivel regional.