LA FISCALÍA DE BOLIVIA PIDE 20 AÑOS DE PRISIÓN PARA LUIS FERNANDO CAMACHO POR ROMPER EL ORDEN CONSTITUCIONAL

La Fiscalía presentó la acusación formal en contra del excívico Luis Fernando Camacho, la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros seis acusados por los hechos de violencia que derivaron en la dimisión de Evo Morales en 2019. Para Camacho y otros tres acusados se pedirá la pena de 20 años de cárcel. En la acusación formal también están el excívico de Potosí Marco Pumari, el exministro de Defensa Luis Fernando López, los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, además del exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández y del excomandante de la institución armada Carlos Orellana.

La Fiscalía de Bolivia presentó la acusación formal en contra de ocho personas, incluidos el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y la ex presidenta interina Jeanine Áñez, para llevarlos a juicio por el caso conocido como ‘Golpe de Estado I’ por el delito de terrorismo por la crisis de 2019.
El fiscal Omar Mejillones, encargado del caso, informó a los medios que se presentó la acusación formal en contra del opositor Camacho, el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López; el ex jefe militar William Kaliman y el ex jefe policial Yuri Calderón en calidad de “autores”.
Mientras que a la ex presidenta interina Áñez (2019-2020), el líder cívico Marco Antonio Pumari, el ex inspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández y el ex jefe militar Carlos Orellana son acusados en calidad de “cómplices”.
Mejillones sostuvo que se pedirá la máxima pena de 20 años de prisión para los acusados de terrorismo en grado de autor, entre ellos Camacho.
Agregó que existen 133 pruebas documentales y 131 testificales que se ofrecen en la acusación, entre ellas extractos bancarios de Camacho con los que, según dijo, pudieron “probar” que el gobernador movió dinero cuando era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para trasladar a personas de La Paz hacia Santa Cruz en la crisis de 2019.
También manifestó que hay un informe técnico de “cruce de llamadas” entre Camacho y el ex ministro López y Kaliman, al igual que facturas, transferencias de dinero, entre otros.
El abogado Martín Camacho, defensor del gobernador cruceño, indicó que aún no han sido notificados con la acusación formal y que esperarán la notificación oficial, pero consideró que se pretende “perpetuar la detención” del gobernador.
Antecedentes
El gobernador de Santa Cruz está preso preventivamente desde el 28 de diciembre pasado por este caso y otros procesos en su contra en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.
El caso Golpe I fue iniciado por la ex diputada oficialista Lidia Patty y los otros delitos por los que se los acusa son asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos e instigación pública a delinquir, entre otros.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un ‘golpe de Estado’ contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019), mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
Por este caso dos ex ministros de Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, fueron sentenciados a dos años de cárcel en un proceso abreviado en el cual supone la admisión de culpa.
También cuatro ex jefes militares se sometieron a proceso abreviado a cambio de sentencias menores en este caso.
Además de este proceso, hay otro denominado ‘golpe de Estado II’ en el que Áñez fue sentenciada a 10 años, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019. Infobae de Argentina (https://acortar.link/PfVat8)
 
 
 
 
 
¿CUÁLES SON LOS DELITOS POR LOS QUE ACUSA LA FISCALÍA A CAMACHO Y OTROS SIETE IMPLICADOS EN EL CASO GOLPE I?
 
El Ministerio Público presentó este martes la acusación formal para que se instale el juicio oral por el caso golpe de Estado I contra el gobernador Luis Fernando Camacho y otros siete implicados.
El fiscal Omar Mejillones indicó que la Fiscalía pidió 20 años de cárcel contra los principales autores, entre ellos Camacho, el exministro Luis Fernando López y los excomandantes Williams Kaliman y Yuri Calderón, por el delito de terrorismo.
Además, en el grado de complicidad están acusados la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, el excívico potosino Marco Pumari; Jorge Fernández, exinspector de las Fuerzas Armadas y el excomandante militar Carlos Orellana.
En este caso, otras seis personas se declararon culpables y se sometieron a juicio abreviado. Entre ellos están el exministro de Justicia Álvaro Coímbra y el exministro de Energías Rodrigo Guzmán. Además del excomandante del Ejército, general Pastor Mendieta; el excomandante de la Armada, almirante Palmiro Jarjury; el excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros y el exjefe del Estado Mayor, almirante Flavio Arce San Martín.
A continuación, los delitos que la acusación formal atribuye a los ocho implicados:
Por ser autor de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA. ¿TÚ CREES QUE ESTO ESTÁ PREPARADO?
 
Resumen Latinoamericano Org. (https://acortar.link/f4dXIT)
 
(Sigue a “Bolivia. ¡Cuidado que vienen”) Los equipos de trabajo del estado imperialista están día y noche proyectando sombras sobre el muro al que miramos mientras permanecemos en la cueva, así lo explica Platón. Otros equipos hacen la labor más escondida, preparan acontecimientos que deben, según sus cálculos, producirse lo más milimétricamente posible. El acontecimiento se va a presentar detrás de las sombras. ¿Tu crees que esto está preparado?
El departamento de estado yanqui tiene husmeando permanentemente a los guardianes actuando agentes de alienación cultural, trabajan para que la gente “crea”, para que contemple las sombras y las oscuridades les parecer de un soplo de felicidad, es la pérdida de toda referencia, lo propio del delirio, si preguntásemos ¿qué nos respondería el ignorante?: ¿Tu crees que esto está preparado?
Quien quiera la explicación del procedimiento empleado tendrá que partir de la raíz, para lo que deberá saltar el muro en el que se proyectan las sombras, entonces verá el fuego cuya luz es utilizada para producir la mancha negruzca y a sus productores, dedicados a buscar las debilidades de los países elegidos como víctimas propicias para que el imperio se aplaque.
Bien, pues tenemos el fuego delante, vamos a seguir la luz, estamos viendo a los productores de sombras de la CIA, la DEA y sus semejantes en el continente sur de América, husmean en Bolivia. La víctima elegida ha sido examinada por sus representantes en el continente llegados a Paraguay, y tanta importancia ha tenido el examen, que la gran reunión ha sido dirigida por el general mayor a cargo de los servicios de inteligencia del Comando Sur con asesoramiento y participación de la CIA. El objetivo era acordar la puesta en marcha de dos tipos de acusaciones: la comisión de delitos internacionales de narcotráfico, y, tratar como amenazas la presencia de Rusia, China en el continente con los que se entienden en la región, ya saben ustedes a cuáles se refieren. Pero no quedó todo ahí, los productores de sombras que se expresan en inglés hablaron de la urgente necesidad de emplear las sombras del cóndor, ¿recuerdan lo que fue “el plan cóndor”?, así sobrevolaron Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, Cuba, …
Entre lo que consideraron debían mejorar estaba el perfeccionamiento de los canales de influencia doctrinaria sobre los poderes de defensa, fuerzas obedientes de EEUU en el continente sur, y la influencia doctrinaria va en dos direcciones, una lleva el camino de apropiación de los recursos naturales, el litio en concreto, ¿recuerdan a la generala estadounidense diciendo que América del Sur era suya?, y la otra dirección lleva el camino de la desestabilización de los gobiernos que no sirvan al imperio, esos son los gobiernos de izquierda.
Y en su análisis entró un país en particular: Bolivia, la mayor reserva de litio, materia principal para industria armamentística y con ella el sostenimiento de la hegemonía militar. “Plan cóndor”, tiene mala historia, ¿lo recuerdan? Y lo cruzan con el nombre de Bolivia. Soldadito de Bolivia, soldadito “peruano” para matar a tu hermano, hoy el estribillo termina diciendo “peruano”, porque el golpe al Presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene preparativos que han elaborado en su reunión los fabricantes de sombras, CIA, DEA y demás oscuridades imperiales. Las sombras que van a proyectar sobre el muro, las que la gente va a ver, ocultan la luz que desprende el fuego al otro lado de la pared, esa luz que tiene la explicación, porque al ¿Tu crees que esto está preparado? hay que decirle que salte el muro y verá quien dirige las provocaciones: el tráfico de drogas, los choques fronterizos, la “crisis política”, que añadirán que afecta a Perú; verá a las agencias reunidas con el Comando Sur moviéndose rápidamente por el Perú golpista y de Fujimori a sus anchas empezando a proyectar la sombra oscura que dice que es por la defensa del territorio nacional, y ya sabemos lo que significa la palabra “defensa” en boca del imperio. No me digas que no sabes que esto está preparado.
 
 
 
 
 
EL RÉGIMEN TIRÁNICO DE BOLIVIA MANTIENE PRISIONERA A UNA DESTACADA FIGURA DE LA OPOSICIÓN DESDE HACE UN AÑO
 
New York Post de EEUU (https://acortar.link/jkj8Fk)
 
El jueves se cumple un año desde el encarcelamiento injusto de Luis Fernando Camacho, gobernador de la región más importante de Bolivia y enemigo número uno del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Después de que más de 40 agentes estatales fuertemente armados, vestidos de civil y con el rostro cubierto, lo arrestaran violentamente sin orden judicial, Camacho fue trasladado en helicóptero militar a La Paz y mantenido cautivo en la infame prisión de Chonchocoro (reservada para los criminales más peligrosos de Bolivia). .
¿Su crimen? Habiendo liderado las manifestaciones no violentas a nivel nacional que terminaron con la renuncia del líder autoritario del MAS, Evo Morales, en 2019.
El gobierno sucesor de Luis Arce califica a Camacho de terrorista por convocar protestas por el fraude electoral de Morales después de que el expresidente ignorara el resultado de un referéndum de 2016 en el que el pueblo boliviano rechazó su candidatura a la reelección indefinida.
Al igual que los más de 200 presos políticos de Bolivia, Camacho aún no ha sido juzgado.
El gobierno busca castigar su ejercicio legítimo de las libertades de expresión y reunión.
Si intentar silenciar a Camacho no fuera suficientemente malo, el MAS ha tratado de impedirle ocupar el cargo de gobernador de Santa Cruz.
El día después del arresto de Camacho, un juez subordinado al gobierno ordenó su detención durante cuatro meses, a pesar de que no representaba ningún riesgo de fuga como funcionario público.
Desde entonces, la prisión preventiva de Camacho se ha ampliado cinco veces, mientras que el MAS ha iniciado seis acciones penales diferentes en su contra por otros 15 delitos falsos, entre ellos “incumplimiento de deberes”, “resoluciones contrarias a la constitución” y “profanación de símbolos patrios”.
La terrible experiencia de Camacho no es nada nuevo para los presos políticos bajo el régimen del MAS.
El presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, pasó 10 años en prisión sin condena entre 2010 y 2020; Un ex funcionario público opositor, José María Bakovic, pasó ocho años enfrentando hasta 76 causas penales hasta que murió bajo custodia.
El régimen del MAS también toma represalias contra los críticos dentro de su partido: Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, fue sometido a más de 250 procesos penales por denunciar la corrupción de su partido y murió en abril de 2022 después de pasar siete años en prisión sin ser condenado.
Durante su año de reclusión en Chonchocoro, Camacho y su familia han sido víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos.
La vida de Camacho está en peligro inminente, no sólo porque Chonchocoro es la cárcel boliviana donde han sido asesinados más reclusos de Santa Cruz que cualquier otra.
Padece una enfermedad subyacente que requiere un tratamiento especial en un centro médico adecuado.
Pese a ello, el gobierno de Arce ha restringido el acceso de Camacho a medicamentos y tratamientos, poniendo su vida en peligro en varias ocasiones.
Ha perdido más de 40 libras y muestra signos de grave deterioro físico.
Tampoco se le permite recibir luz solar y no se le permite hacer ejercicio físico, como lo han solicitado reiteradamente sus abogados.
Grupos de choque de partidarios del gobierno realizan “vigilias” y cavan zanjas en la carretera a Chonchocoro para acosar, amenazar, golpear y dificultar la entrada a médicos, familiares y abogados.
Camacho y su esposa han sido víctimas de tratos crueles y degradantes, mediante la instalación de una cámara espía en su celda para ejercer tortura psicológica.
Un representante del gobierno lo justificó diciendo: “La cámara mostrará y será prueba de todos los privilegios de los que disfruta este hombre”.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados señaló con “preocupación” en 2022 que el delito de “terrorismo” en la legislación boliviana es un “tipo penal ambiguo”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó en 2021 cambiar el “vago y abstracto” delito de terrorismo “al principio de legalidad y estándares internacionales”, diciendo que su aplicación “arbitraria” es parte de un “patrón de uso político de la legislación penal”.
El arresto injusto y la detención arbitraria de Camacho es un grave abuso de poder y un error judicial contra el principal líder de la oposición de Bolivia.
Demuestra la ausencia de un sistema auténticamente democrático y ratifica el carácter tiránico del régimen del MAS. La administración Biden y los jefes de Estado democráticos en América Latina, así como las organizaciones internacionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos en la región, deberían pedir al gobierno boliviano que libere a todos los presos políticos de inmediato.
 
 
 
 
 
FORO MADRID REACCIONA A LA RATIFICACIÓN DE LA CONDENA DE JEANINE ÁÑEZ: «LUIS ARCE Y EVO MORALES SON CRIMINALES» 
 
La Gaceta de España (https://acortar.link/VU22Ua)
 
Foro Madrid, la alianza en defensa de la libertad y de la democracia en la Iberosfera, rechazó el martes el encarcelamiento de la expresidente boliviana Jeanine Áñez, luego de que el fin de semana el Supremo del país andino decidió ratificar la condena a diez años de prisión en su contra, en el marco del denominado caso «Golpe II», que se remonta a la crisis política ocurrida en la nación hispanoamericana en 2019.
Áñez, quien asumió interinamente el poder luego del intento de robo de elecciones por parte de Evo Morales y su posterior renuncia a la presidencia, se encuentra actualmente detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz.
El caso, que no es el único afrontado por la líder política opositora, la señala por supuesto incumplimiento de deberes y adoptar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Justicia boliviana, intervenida por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ha sustentado toda la acusación en el hecho de que, presuntamente, Áñez habría asumido de manera ilegal la presidencia del Senado y, por ende, su posterior ascenso a la jefatura del Ejecutivo sería ilegítima. 
Sin embargo, luego de aceptar de forma transitoria la presidencia del país, la exmandataria organizó un proceso electoral en el que, en noviembre de 2020, fue electo el izquierdista Luis Arce.  
Foro Madrid ha incidido especialmente en este aspecto, señalando que si las acusaciones de ilegitimidad del mandato de Áñez son ciertas, las actuaciones de su Gobierno no tendrían efecto legal. De allí entonces que los comicios producidos durante dicho período quedarían sin efecto, invalidando la elección de Arce.
«Pero en el supuesto negado de que Jeanine Áñez fuese culpable, la elección de Luis Arce sería inválida, por haber sido gestionada por un gobierno ilegítimo», remarca Foro Madrid a través de la red social X.
La ratificación de la condena de la líder disidente supone un punto de coincidencia entre Evo Morales y Luis Arce, quienes desarrollan desde hace meses un intenso enfrentamiento personal que ha derivado en una división del MAS, avizorando el lanzamiento de candidaturas separadas en las presidenciales de 2025.
«Luis Arce y Evo Morales son criminales. Para comprobarlo, basta escuchar lo que cada uno de ellos dice del otro. Las acusaciones que Arce y Morales se lanzan mutuamente son tan graves, que son ellos quienes deberían estar tras las rejas», remarca además Foro Madrid sobre la situación de los líderes izquierdistas bolivianos.
La Fiscalía de Bolivia pide 20 años de prisión para el líder opositor Luis Fernando Camacho
La Fiscalía de Bolivia, manejada por el régimen de Luis Arce, ha presentado este martes la acusación formal contra ocho investigados en el caso conocido como ‘golpe de Estado I’ por la crisis de 2019, incluido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para el que han pedido 20 años de prisión, y la expresidenta Jeanine Áñez.
El fiscal Omar Mejillones ha indicado que este anuncio tiene lugar después de un largo proceso de investigación en el que ha acumulado pruebas, ya que hace poco más de tres años se presentó la denuncia por el caso, informa la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Camacho está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, uso indebido de deberes y servicios públicos. Por su parte, Áñez está acusada de terrorismo en grado de complicidad.
Entre los acusados está también el gobernador de Potosí, Marco Pumari, el exministro de Defensa Luis Fernando López, los excomandantes de la Fuerzas Armadas y de la Policía, Williams Kaliman y Yuri Calderón, respectivamente, el exinspector del Ejército Jorge Fernández y el excomandante Carlos Orellana.
 
 
 
 
 
LA CRISIS JUDICIAL EN BOLIVIA SE PROFUNDIZA SIN ELECCIONES Y CON PRÓRROGA DE MAGISTRADOS
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/4vNAj8)
 
La crisis que arrastra desde hace décadas la Justicia boliviana, evidenciada por organismos y expertos internacionales, se profundizó en 2023 por la decisión del Constitucional de prorrogar el mandato de los magistrados de los principales tribunales del país al no haberse realizado los comicios judiciales previstos para este año.
La lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados son algunos de los males crónicos en la administración de justicia de Bolivia que se esperaba resolver con la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de ese órgano.
El abogado experto en derechos humanos Franco Albarracín dijo a EFE que al iniciar el año, la situación "ya era muy preocupante", con informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, que señalaron que en Bolivia "no había ni hay independencia de jueces ni del Ministerio Público".
El listado de la organización civil World Justice Project situó a Bolivia "entre las peores justicias en el mundo", una situación que, según dijo Albarración, "solo ha empeorado" durante este año.
"Y eso que aún no se ha registrado en los datos de estos organismos los hechos recientes, como la falta de las elecciones judiciales y la resolución emitida por el Tribunal Constitucional de oficio que faculta su autoprórroga de manera inconstitucional, generando nuevamente un golpe a la democracia", sostuvo.
Para el experto, el órgano Judicial "ha encaminado acciones" que incrementaron "la falta de independencia" y generaron "quiebres constitucionales" y "problemáticas de orden estructural en los otros órganos de poder".
Mencionó, como ejemplo, la reciente decisión del vicepresidente del país y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, de instruir el receso parlamentario de fin de año pese al reclamo de la oposición y la facción oficialista leal al expresidente Evo Morales (2006-2019) ante temas urgentes que deben resolver los legisladores, entre ellos, la elección judicial.
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Este año el proceso de preselección de candidatos no avanzó por medidas dispuestas por salas constitucionales y además por las peleas internas en el MAS que dificultaron la aprobación de leyes en el Parlamento.
Hace dos semanas, el TCP dispuso la continuidad de las funciones de los magistrados a partir de enero próximo y declaró inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales para "evitar un vacío de poder" en ese órgano mientras se elige a las nuevas autoridades.
En su momento, el Gobierno de Arce se mostró contrario a prorrogar el mandato de cualquier autoridad, en apego a la Constitución.
Pero tras la decisión del Constitucional, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió que "una sociedad como la boliviana, que es profundamente respetuosa de su Constitución, exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente y permanentemente".
Expresidentes, oposición y expertos criticaron la prórroga al considerarla un "golpe judicial".
"Al parecer, vamos a tener una justicia inconstitucional durante 2024" al estar en tela de juicio la legitimidad de las autoridades prorrogadas, lo que generará "un caos de gobernabilidad y de administración de la Justicia" en Bolivia, consideró Albarracín.
Este "caos judicial y constitucional" dará "mucho más poder al órgano Ejecutivo" sobre los otros órganos del Estado, señaló el experto, para quien probablemente a eso apuntaba el Gobierno, "a tener ese caos en la administración de justicia para tener una gobernabilidad casi total durante 2024".
Para Albarracín, lo que se desea es que haya elecciones judiciales, que exista una reestructuración en la justicia y se garantice la independencia de poderes, pero lo que se prevé es "que haya una influencia mucho más grande" del Ejecutivo, "sobre todo a la luz de las futuras elecciones" generales de 2025.
El abogado sostuvo que si bien las elecciones judiciales "no iban y no van a cambiar la problemática de la administración de justicia, eso no quita la obligación que tenían las autoridades" para convocar a esos comicios.
"Se deberían realizar estas elecciones y luego pensar en algún tipo de reforma que sí pueda brindar un verdadero cambio a la administración de justicia", agregó.
 
 
 
 
 
DECRETAZO. LAS MINERAS DE LITIO PODRÍAN QUEDARSE CON LOS SALARES DE JUJUY GRACIAS A MILEI
 
Se habilita esta situación a partir del decreto que deroga la Ley de Tierras. Fondos de inversión extranjeros podrán comprar sin límites tierras dedicadas a la minería, petróleo o el agro. Frenar este salto en el saqueo y la contaminación requiere de la unidad de trabajadores y comunidades. Exigir con fuerza el paro general activo a la CGT y CTA hasta lograr que caigan todos los decretos.
 
La Izquierda Diario de Argentina (https://acortar.link/7v8A3V)
 
En los múltiples y variados decretos firmados por Milei se deroga la Ley de Tierras (26.737). La misma fue sancionada en 2011 y fue un gesto ante la resistencia de comunidades, pequeños productores y ambientalistas que cuestionan el avance imparable de fondos de inversión y magnates que se compraron lagos, ríos y cientos de miles de hectáreas en el país.
Así buscaron poner cierto límite a la compra de tierras rurales por parte de empresas o particulares no residentes de hasta un 15% del total del territorio. Y expresamente establece que los extranjeros no puedan comprar o tener la posesión de tierras que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura o permanentes” (Art. 10).
El decreto reglamentario 274/2012 define a los cuerpos de agua como «todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman el sistema hidrológico».
Entonces, de caer esta Ley, se habilitaría la compra (o la concesión legal) sin restricción alguna de campos, ríos, lagos, lagunas, acuíferos o humedales (como son los salares) que se encuentran en la mira de los fondos de inversión ligados a los negocios agrarios, petroleros y mineros. Lo que debería ser protegido frente a los negocios extractivistas, pretender ser rematado al mejor postor, y en esto hay un consenso importante entre las fuerzas políticas tradicionales como en la LLA.
Respecto al litio, la puja por capitales norteamericanos, chinos y europeos es cada vez mayor. De aquí, también que el avance sobre miles de hectáreas sucede, aún con la Ley de Tierras vigente. Por ejemplo, Sales de Jujuy (grupo Arcadium Lithium) este año pasó de operar en 450 hectáreas a 1450. Los cateos mineros y solicitud de mina en la provincia se duplicaron en entre el período 2021-2023 respecto a 2018-2020 según el Juzgado de Minas de Jujuy.
Pero también empresarios locales como el caso del grupo Vila-Manzano (Integra) posee 243.000 hectáreas de salares entre Catamarca y Jujuy. A su vez, otros como la familia Bulgheroni, asociada a capitales chinos y británicos junto al Estado jujeño, solicitaron acceso a 11.000 hectáreas. También el grupo Techint, otros de los beneficiados por los decretos de Milei respecto a Vaca Muerta, desembarcó este año en el negocio del litio comprando acciones de Alpha Lithium que opera en Salta y Catamarca.
El avance sin freno minera de litio traerá mayores impactos ambientales y sociales. Ya sea por el consumo de millones de litros de agua en salares ubicados en zonas desérticas, como por la contaminación que generan los residuos sobre el territorio habitado por las comunidades y pobladores del lugar. Así mismo, dan más poder a las multinacionales para avanzar sobre el derecho preexistente de posesión y vida en territorios que tienen las comunidades originarias, aprovechando que los títulos comunitarios de tierras son negados históricamente como sucede en territorios donde se encuentran los salares.
Cada día que pasa es más difícil ocultar que detrás de cada decreto de Milei hay un grupo empresario de peso. El propio presidente lo dio a entender, al ser consultado en el programa de Mirtha Legrand sobre la Ley de Tierras, y en particular por el litio en Jujuy. Ante esto respondió, “Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk. Está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos, y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad”.
La cuestión de la “seguridad jurídica” siempre es un motivo para ordenar todo tipo de libertades legales al saqueo sin límites. Incluso justificar golpes de Estado como hizo Musk al referirse a Bolivia. Lo cierto es que la libertad para el capital implica pasar por encima los derechos conquistados por la lucha del pueblo trabajador. Y eso que en el país ya gozan de muchas leyes para hacer lo que quieran en la minería. Esto es gracias al Código Minero, Ley de Inversiones Mineras y legislaciones provinciales en la materia.
El caso de Jujuy, con la reforma de la Constitución -que votaron legisladores de la UCR y el PJ- también puso su granito de arena. El agua y los territorios tienen una consideración en la nueva Carta Magna provincial solo como medios para la producción de mercancías.
Recordemos además que el propio CEO de Allkem/Sales de Jujuy en el encuentro de Arminera este año solicitó “seguridad jurídica”. Ese mismo día, comenzaba la Convención Constituyente en Jujuy donde quien la presidía, Gerardo Morales, viajó a la feria minera desde la cual aprovechó para invitar a las mineras a ser parte de la mesa del litio que conformaba junto a los gobernadores de Salta y Catamarca.
Milei, al igual que Morales, basaron sus campañas en un ocultamiento al pueblo de grande parte de sus verdaderos fines. El actual presidente diciendo que la crisis la iba a pagar la “casta”, la cual no solo sale ilesa de su plan de ajuste (que recae sobre el pueblo trabajador), sino que la casta empresaria, por su parte, es la gran beneficiaria de las medidas económicas y el decretazo. En el caso de Morales, ocultó al pueblo que su Reforma de la Constitución era para quitarle derechos, en particular a las comunidades originarias de la quebrada y Puna.
Esto demuestra que la izquierda es la única alternativa para defender los intereses del pueblo trabajador. Por eso, hace falta fortalecer a la izquierda que pelea por unir a la clase trabajadora y exigir el paro general activo a las centrales sindicales. Única forma de derrotar el plan de guerra de Milei como en su momento sostuvimos respecto a la Reforma de Morales. En Jujuy necesitamos poner en pie una asamblea de trabajadores y comunidades para impulsar esta perspectiva y que la crisis la paguen los grandes empresarios y sus gobiernos. La votación de esta propuesta en la última asamblea del Cedems es un paso en este sentido y a ser replicando en todos los gremios y comunidades de la provincia para unir la fuerza social que puede derrotarlos.
 
 
 
 
 
MICHELLE FUENTES MENDOZA: "LA PRIMERA VEZ QUE PISÉ UNA PASARELA SENTÍ QUE HABÍA ENCONTRADO ALGO QUE ME MOVÍA"
 
Agencia NOVA de EEUU (https://acortar.link/ZUUgOn)
 
Michelle Fuentes Mendoza es una bella modelo de 25 años que nació en Cochabamba, Bolivia, pero actualmente vive en la Ciudad de Buenos Aires, y en una entrevista exclusiva con NOVA nos abriò las puertas de su mundo y nos contó sobre sus primeras experiencias en el modelaje, las motivaciones y los proyectos futuros.
La vida de Michelle giraba entre Argentina y Bolivia, a los 11 años regresó a su ciudad natal “por temas familiares”, y en el último año del secundario conoció los flashes. “Mi colegio participó en un concurso para Miss Colegial y fui la representante de mi grado”, explicó y confesó: “No voy a olvidar nunca la primera vez que pisé una pasarela, sentí que había encontrado algo que me movía, que me gustaba y me hacía feliz. Más aún porque mi madre me apoyaba y estaba a mi lado compartiendo esa experiencia”.
A partir de ese día, la carrera de Michelle tomó ascenso: “Después de ese primer certamen fui convocada para ser modelo de una de las peluquerías más reconocida de Cochabamba, “Salon los espejos”, para ser su modelo en una exposición internacional que se realiza anualmente”.
“Lo que más me gusta de la profesión es que te ayuda a desarrollar confianza en una misa, te da experiencia únicas de conocer a mucha gente que está en el ámbito del modelaje y también conocer más acerca de la moda”, expresó la joven y agregó: “En el modelaje tuve la oportunidad de reencontrarme conmigo misma”.
Mish recordó que en una de las primeras sesiones de fotografía y desfile “estaba aterrada y nerviosa, recuerdo que se me habían olvidado las poses y tuve que improvisar”. Ese momento fue un punto y aparte en su vida y “empecé a soltarme más y resolver la situación que se presente. Fue la barrera que tuve que saltar para mejorar”.
Además del mundo de la moda, es trabajadora de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no descarta estudiar un carrera universitaria y también danza. “Me gustaría poder llegar a pertenecer a un staff de algún diseñador, también poder viajar y conocer el ámbito del modelaje en otros países”, reveló Mish y soñando a lo grande manifestó: “A futuro, si dios lo permite, me gustaría tener mi propia agencia de modelos”.
Un llamado a todas las mujeres
Michelle abrió su corazón y les habló a todas aquellas mujeres que alguna vez sufrieron violencia y las incentivó a que confíen en ellas mismas. “Desde muy niña crecí en un ambiente de violencia, donde la mujer tenía que ser sumisa y vestir discretamente, hacer y aceptar lo que un marido/pareja dijera e impusiera”, remarcó.
“A todas esas mujeres que se sienten identificadas quiero decirles que no tengan miedo al cambio, a decir ‘yo quiero ser feliz porque me merezco una oportunidad de triunfo y voy a buscarlo y lo voy a encontrar’”, alentó Michelle y enfatizó: “Que aunque el mundo entero se ponga en contra y se venga encima, si se puede. Que sean valientes. No permitan que nadie opaque ese brillo que las hace ser quienes son y por nada permitan que alguien limite su libertad”, cerró.
 
 
 
 
 
HERMANO DE SEBASTIÁN MARSET SERÁ EXTRADITADO A PARAGUAY, AFIRMA INTERPOL
 
El hermano de Sebastían Marset, detenido en Foz de Iguazú, Brasil, será extraditado a Paraguay en el marco del Operativo A Ultranza, que desarticuló una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos.
 
Ultima Hora de Paraguay (https://acortar.link/maH9de)
 
Interpol Paraguay recibió alrededor de las 22:30 del martes un radiograma que avisaba sobre la detención de Diego Marset, hermano del narcotraficante Sebastián Marset, ambos buscados en el marco del Operativo A Ultranza, que se realizó hace casi 2 años.
“La detención es con fines de extradición y fue realizada en Foz Iguazú, Paraná, Brasil”, explicó el comisario Julio Maldonado, jefe de Interpol Paraguay, en radio Monumental 1080 AM.
Esto se debe a que el joven de 21 años, al igual que su hermano es investigado en nuestro país por su participación en la red de narcotráfico y lavado de dinero.
La información fue compartida al fiscal de Delitos Internacionales, Manuel Doldán, para su conocimiento y procesamiento, atendiendo a que deben realizar los trámites para la extradición.
Diego Marset es de nacionalidad uruguaya, pero durante las intervenciones ejecutadas en Bolivia, donde residía junto a su familia, se encontraron también cédulas brasileña y paraguaya.
 
 
 
 
 
 
¿EL FUTURO DE LAS DROGAS RECREATIVAS? SUIZA EVALÚA LA LEGALIZACIÓN DE LA COCAÍNA
 
La posibilidad de legalizar la droga con fines recreativos se plantea en Berna, capital de Suiza, marcando un potencial precedente en la política suiza.
 
Revista Semana de Colombia (https://acortar.link/aA2Tr4)
 
En un enfoque pionero en la guerra contra las drogas, Berna, la capital suiza, está considerando un plan piloto para permitir la venta de cocaína con fines recreativos. Esta propuesta radical ha ganado respaldo en el Parlamento de Berna, aunque enfrenta obstáculos significativos, incluida la oposición del gobierno local y la necesidad de cambios en la legislación nacional.
Según Reuters, la evolución de las políticas contra las drogas es evidente a nivel global, con países europeos como España, Italia y Portugal eliminando penas de prisión por posesión de drogas, incluyendo cocaína. Sin embargo, ninguno ha llegado tan lejos como contemplar la legalización del uso recreativo, como se plantea en Suiza.
La reconsideración de la postura suiza sobre el uso de drogas ha sido impulsada por críticas a las prohibiciones consideradas “ineficaces” por políticos y expertos. La propuesta actual se encuentra en sus primeras etapas, siguiendo los pasos de los ensayos en curso para la venta legal de cannabis en el país.
Eva Chen, miembro del consejo de Berna del Partido Alternativa de Izquierda y promotora de la propuesta, argumenta que la guerra contra las drogas ha fracasado y que es necesario explorar nuevas ideas. “El control y la legalización pueden ser mejores que la mera represión”.
En medio del debate sobre la posible legalización de la cocaína con fines recreativos en Suiza, surgen diversas perspectivas respecto al proyecto. Algunos argumentan que este requeriría cambios en la legislación nacional, mientras que otros lo ven como una estrategia para combatir el narcotráfico.
Los proponentes del proyecto destacan los intentos fallidos de prohibir el consumo de drogas y la abolición de penas de prisión por el porte de dosis mínimas como fundamentos para su implementación. Según informes locales, la venta controlada de cocaína podría contribuir a combatir el microtráfico y prevenir el consumo desmesurado.
Por su parte, The Telegraph, señala que Suiza presenta uno de los consumos más altos de cocaína en Europa. Se sugiere que este aumento en los últimos años se debe a la reducción de los precios de la droga y al crecimiento del consumo.
Así mismo, Frank Zobel, subdirector de Addiction Switzerland comentó: “Tenemos mucha cocaína en Suiza ahora mismo, a los precios más baratos y con la mejor calidad que hemos visto nunca. Hoy en día se puede conseguir una dosis de cocaína por unos 10 francos, no mucho más que el precio de una cerveza”. “Hoy en día se puede conseguir una dosis de cocaína por unos 10 francos (casi 12 dólares)”.
Según expertos políticos, la realización de un juicio para legalizar el uso recreativo de la droga implicaría una modificación parlamentaria de la ley actual que prohíbe dicho consumo. Esta decisión podría tomar años, aunque algunos sugieren que la rapidez dependerá de los resultados de los actuales esquemas de venta de cannabis en farmacias.
La opinión de los expertos está dividida, incluso entre aquellos a favor del juicio, quienes expresan preocupación por los posibles riesgos asociados. El debate sobre la legalización se torna complejo, con la necesidad de equilibrar la experimentación con posibles peligros inherentes a cambios significativos en las políticas de drogas.
Chen, dijo que era demasiado pronto para decir cómo se desarrollaría un plan piloto, incluido dónde se vendería el medicamento o cómo se obtendría. “Todavía estamos lejos de una posible legalización, pero deberíamos buscar nuevos enfoques”, afirmó Chen. “Por eso exigimos que se lleve a cabo una prueba piloto supervisada científicamente”