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Sentado a la sombra, Heinz Teetzen muerde una sandía fresca para combatir
el calor. Es un fin de semana de finales de septiembre e, inusualmente para el
comienzo de la primavera, los termómetros están subiendo hasta los 41 grados,
con alertas de temperatura emitidas en siete de los nueve departamentos de
Bolivia.
Este alemán de 86 años, que vive en Bolivia desde hace más de 30, cree
que el calor extremo es consecuencia de la tala de los bosques para dar paso a
la agricultura y la ganadería. De hecho, la finca Juan Deriba, propiedad de
Teetzen, situada a 124 kilómetros de Santa Cruz, la ciudad más grande del país,
es una especie de isla en medio de grandes extensiones de tierra sembradas
principalmente de soja y arroz, pero también de ganado vacuno que pasta en
extensos pastizales.
Las preocupaciones de Teetzen se agudizaron hace unos años. En 2019,
Bolivia sufrió una de las peores olas de incendios forestales de la década
debido a factores como la autorización de “quemas controladas”. Solo ese año,
ardieron 5,7 millones de hectáreas de bosque, y se dice que los desmontes
fueron alentados por el creciente mercado de exportación de carne de vacuno,
incluso a China, que recibió sus primeros envíos desde Bolivia ese año.
La deforestación en Bolivia ha alcanzado niveles igualmente
significativos en los últimos años, impulsada por la expansión agrícola y las
confiscaciones irregulares de tierras públicas, entre otros factores. Pero esas
pérdidas también han impulsado a diversas organizaciones y ganaderos
individuales a tratar de emplear métodos más sostenibles de ganadería, que
persiguen prácticas respetuosas con los bosques sin dejar de ser productivas.
Récord de ventas: ¿un motivo de preocupación?
Tras un proceso de negociaciones diplomáticas y preparación para ayudar a
los productores bolivianos a cumplir con los requisitos de importación chinos,
el primer envío de 48 toneladas de carne de vacuno a China se realizó
finalmente en agosto de 2019. El entonces presidente Evo Morales lo describió
como un acontecimiento “histórico”.
Desde ese momento, las ventas rompieron récords. De vender 1174 toneladas
de carne en 2012, por 6 millones de dólares a otros países, se pasó a vender
17.542 toneladas, por un valor de 82,5 millones de dólares en los primeros seis
meses de este año. El 65%, a China. Así lo muestran datos preliminares del
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a los que la plataforma periodística
Diálogo Chino tuvo acceso. Y en 2020, el 84% de la producción boliviana terminó
en China.
Las ventas récord de Bolivia han coincidido con la deforestación de los
últimos años, principalmente en Santa Cruz, el departamento de donde procede la
mayor parte de la carne destinada a la exportación. En 2022, el país ocupaba el
tercer lugar del mundo en pérdida de bosque primario, con 385.000 hectáreas,
sólo por detrás de Brasil y la República Democrática del Congo, posición que
mantiene en 2023.
Parte de esta pérdida ha sido respaldada por la política gubernamental:
en julio de 2019, en vísperas de la apertura de las exportaciones a China, el
Gobierno de Morales promulgó el decreto que autorizaba el desmonte y la “quema
controlada” de bosques para actividades agrícolas en tierras privadas y
comunitarias. Sin embargo, este fue derogado un año después por su sucesora, la
presidenta en funciones Jeanine Áñez, durante otra oleada de incendios
forestales, pero su nuevo decreto no prohibía explícitamente las quemas con
fines agroindustriales.
A pesar de las alarmantes tendencias de deforestación, el país sigue
persiguiendo agresivamente sus objetivos ganaderos. El objetivo de llegar a dos
cabezas de ganado por habitante -frente a las 0,9 actuales- es uno de los que
defiende la Agenda Patriótica 2025, documento que establece las directrices
económicas y sociales para el año del bicentenario del país.
Crecimiento sostenible y natural del ganado
Antes de que Teetzen comprara la finca Juan Deriba, de 690 hectáreas,
esta era explotada para la tala de árboles maderables. En los espacios que
quedaron deforestados, ahora se practica un tipo de ganadería más sostenible.
Teetzen afirma que este método evita el uso de hormonas para el crecimiento de
los animales y no los engorda con mezclas especiales de piensos en establos
restrictivos. La granja también rota los pastos para permitir que la vegetación
se regenere.
Esto ha permitido que remanentes de árboles primarios y grandes parches
de vegetación secundaria (bosque chiquitano y amazónico) estén relativamente
bien conservados en Juan Deriba, se lee en un estudio del Museo Natural de
Historia Noel Kempff Mercado.
Teetzen inició esta práctica tras los infructuosos intentos de producir
arroz, soja, judías y maíz sin agroquímicos. En aquella época, a finales de los
90, “no había mercado para los productos ecológicos”, afirma. En su lugar,
decidió buscar un método de cría de ganado que fuera productivo y redujera el
impacto ambiental, empezando con 40 cabezas de ganado.
Hoy tiene unos 300 animales, entre vacas, novillos y terneros. Llegan al
mercado interno de Santa Cruz a un precio similar al de un animal criado de
forma tradicional: unos 20 bolivianos (3 dólares) el kilo, a pesar de que
cuesta más criarlos y requiere un importante esfuerzo adicional. Aun así,
Teetzen afirma que vale la pena, y añade que cree que es mejor cuidar el poco
bosque que queda en su propiedad.
La diferencia clave entre la técnica de Teetzen y la ganadería
tradicional es que sus reses tardan hasta tres o cuatro años en alcanzar la
madurez de forma natural, mientras que otras están listas para la venta en dos
años porque, según explica, “se engordan con hormonas y pienso equilibrado
[compuesto de cereales y minerales], con sorgo, maíz y soja, en establos
cerrados”.
Desde hace tiempo, los grupos de defensa de los derechos de los animales
consideran que mantener y alimentar a las vacas en espacios cerrados constituye
un maltrato y provoca un aumento de la incidencia de la transmisión de
enfermedades entre el ganado, así como daños medioambientales.
Certificar las reservas de ganado
En el mercado boliviano, tanto las variedades de carne de vacuno
producidas de forma tradicional como las producidas de forma sostenible entran
en última instancia en la misma cadena de producción. Mientras que la ganadería
tradicional impulsa la deforestación, por ejemplo, las alternativas sostenibles
buscan soluciones y requieren un mayor esfuerzo para reducir el impacto
medioambiental.
La organización conservacionista boliviana Armonía pretende cambiar esta
situación mediante la certificación, empezando por el departamento nororiental
de Beni, la segunda zona productora de ganado de Bolivia después de Santa Cruz.
Según Tjalle Boorsma, director de conservación de Armonía, la organización
está actualmente “bien encaminada” para desarrollar un rancho modelo en su
Reserva Barba Azul. La reserva, creada por Armonía en 2008, es el lugar donde
la organización aplica estrategias experimentales de ganadería sostenible en
llanuras aluviales. Llamada así por el guacamayo de garganta azul autóctono de
la zona, la Reserva Barba Azul está situada en el corazón de los Llanos de
Moxos, un ecosistema de sabanas y humedales de la Amazonia boliviana, cuya
mayor parte se encuentra en Beni.
La organización considera que su estrategia es viable, ya que los Llanos
de Moxos nunca han sido deforestados. Su ecosistema, descrito como una “sabana
inundable” debido a sus inundaciones estacionales, son pastizales intercalados
con bosques y salpicados de pequeñas islas de bosque y pantanos.
Las investigaciones del Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos señalan
que las “vastas llanuras aluviales de la zona ofrecen abundante forraje natural
para los animales y zonas forestales protegidas, mientras que la estación de
las inundaciones y las sequías dan lugar a un contexto complejo y difícil para
la producción”.
El manejo rotativo del ganado por diferentes potreros para que se
alimente de pasto nativo y el césped se regenere de forma natural, así como el
uso racional del fuego —porque es parte del ecosistema de las pampas nativas—
han dado buenos resultados hasta ahora.
Del mismo modo, pequeños cambios favorables a los animales, como tener un
corral cuadrado en vez de redondo para, según se dice, reducir el estrés, o el
parto planificado -que permite a la vaca tener un descanso para parir y no
parir con frecuencia, como ocurre en la ganadería tradicional- también han
aumentado la productividad, dice Boorsma.
“Un ejemplo es que, en las explotaciones gestionadas tradicionalmente, la
producción de terneros es del 50%. En nuestro caso, ya estamos casi en el 70%,
sólo con aplicar un tipo de gestión diferente”, cuenta.
Una vez nacidos, los terneros se envían a engordar a la Reserva Laney
Rickman, otro lugar de Armonía, donde se dice que los pastos son más nutritivos
y fértiles debido a la ubicación del suelo junto al río Mamoré. Cuando los
animales maduran, esas reses se venden en la capital de Beni, Trinidad.
“Nuestras vacas no irán a Santa Cruz, donde el engorde se hace en pastos no
autóctonos donde antes había bosque chiquitano”, señala Boorsma. La
organización está elaborando una certificación de carne sostenible para su
ganadería.
Regeneración de zonas afectadas por la deforestación
Mientras tanto, en Roboré, una región de Santa Cruz muy afectada por los
incendios y la deforestación en los últimos años, la Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) está llevando a cabo una iniciativa
de ganadería regenerativa.
Hermes Justiniano, supervisor del programa PRIAS (Prácticas Regenerativas
Innovadoras, para una Agropecuaria Sostenible) de la FCBC, explica que se trata
de poner énfasis en la parte biológica del suelo. Para ello, actualmente se
trabaja con 40 propiedades: 10 ganaderas y 30 agrícolas, en cuatro puntos
específicos: no usar herramientas de labranza mecanizadas, mantener el suelo
siempre cubierto de algún tipo de cultivo, mantener una diversificación de
plantas y no así monocultivo, y evitar los agroquímicos.
En el caso de la ganadería en particular, la quinta práctica es hacer
pastoreo racional intensivo o PRV (Pastoreo Racional Voisin), una técnica que
subdivide las parcelas de pasto para hacer rotar a las reses, dando oportunidad
a la regeneración natural.
Justiniano habla de los beneficios de este tipo de ganadería
regenerativa: “Si lo haces bien, vas a tener una productividad mucho mayor, y
menores costes en pesticidas y suplementos”. En su opinión, esta es “la única
forma” de mantener la productividad del suelo sin necesidad de deforestar. La
mayoría de los agricultores y ganaderos, dice, “trabajan duro el suelo con
arados, gradas, fertilizantes y pesticidas. Luego, en cinco o seis años, los
suelos se agotan y tienen que ir a deforestar más”.
Más calor, menos agua
Si bien el futuro económico es prometedor para las exportaciones de carne
de vacuno de Bolivia, no lo es tanto para su medio ambiente. Un reciente
estudio de la ONG Fundación Tierra advierte de que Santa Cruz sufrirá
temperaturas más altas y sequías más extremas debido a la agricultura y la
deforestación.
Con el agravamiento de los efectos del cambio climático, las sequías van
a intensificarse, señala Marlene Quintanilla, directora de investigación de la
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). “El problema se está haciendo más
visible este año porque no hay suficiente bosque que genere la humedad
necesaria para la producción de lluvias”, afirma. En el otro extremo, destaca
que las inundaciones podrían presentar problemas en un futuro próximo, incluso
en zonas donde hoy hay sequías.
Por todo ello, Quintanilla insta a políticos y empresas a centrarse en la
ciencia y la investigación, señalando que las pérdidas económicas derivadas de
sequías e inundaciones ya alcanzan los millones de dólares anuales.
“Falta planificación para los próximos años basada en pruebas científicas
y prácticas para adaptarse a estos cambios”, añade, como pozos de agua o
instalaciones construidas para hacer frente a grandes sequías. “Las comunidades
están sufriendo, pero también el productor, por la pérdida de ganado y cultivos.
Necesitamos planificar y unir fuerzas: empresas, políticos, productores y
Gobiernos”. Dialogo Chino - El País de España (https://acortar.link/mKeR5q)
EL PARTIDO MAS DE BOLIVIA SE ENCAMINA HACIA UNA DIVISIÓN
Mientras las luchas internas dentro del Movimiento Al Socialismo amenazan
con dividir al partido, los movimientos sociales históricos de Bolivia se ven
obligados a elegir bando.
NACLA Org. (https://acortar.link/3wNTNg)
La fuerza política más importante de Olivia desde su revolución de 1952,
el Movimiento al Socialismo (MAS), se está desmoronando. Las divisiones en el
liderazgo amenazan no sólo al partido, sino también al proyecto político y la
unidad de los movimientos sociales que llevaron inesperadamente al MAS al poder
en 2005.
El expresidente Evo Morales, el primer presidente indígena del país, está
decidido a ser el candidato de su partido en 2025. Se oponen a él su exministro
de Finanzas, el actual presidente y economista educado en el Reino Unido, Luis
"Lucho" Arce Catacora, y el activista indígena y vicepresidente.
David Choquehuanca, quien trabajó como ministro de Relaciones Exteriores
durante el gobierno de Morales durante 11 años. Pero esta lucha por el
liderazgo no es sólo entre el más moderado Lucho y el radical Evo, sino también
económica. Una disminución en la producción de gas natural , que ha sido la
principal fuente de ingresos del gobierno del MAS, tiene a las dos facciones
peleando por el acceso a fondos estatales cada vez más reducidos.
La profundidad de la división fue evidente el 14 de noviembre, cuando la
facción de Morales hizo una alianza con la oposición conservadora en la
asamblea legislativa para bloquear el presupuesto nacional. Sin dar nombres,
Arce denunció a quienes “intentan silenciar la voz de
nuestras organizaciones fundadoras”, refiriéndose a los principales creadores
de movimientos sociales y partidarios de larga data del MAS, el Pacto Unidad.
Una encuesta de septiembre muestra que entre los posibles candidatos
presidenciales, Arce obtendría el 18 por ciento de los votos y Morales el 9 por
ciento. La caída de la popularidad de Evo era inconfundible mucho antes de las
disputadas elecciones de 2019 en Bolivia. Como explicó el instalador de gas
natural Damián López en una entrevista de 2019: “Queremos que continúe el
proceso que comenzaron Evo y su movimiento político, pero es hora de que él se
vaya y una nueva generación de líderes lo reemplace”.
Raíces de la crisis actual
tEse sentimiento sustenta la crisis actual, que tiene sus raíces
inmediatas en 2016, cuando Morales perdió por poco un referéndum para
postularse para un cuarto mandato constitucionalmente prohibido. Su rechazo a
los resultados permitió a la oposición centrista y de derecha acusarlo de
fraude durante las elecciones de octubre de 2019.
Durante tres semanas de protestas de derecha contra la victoria electoral
de Morales en 2019, su base de movimiento social tradicional estuvo
notoriamente ausente de las calles. El economista Armando Ortuño describe la respuesta demorada
como “una extraña indiferencia, una desmovilización, una actitud de 'me da
igual' o un distanciamiento maduro”. Una combinación de factores alimentó la
tibia respuesta: una clase media ampliada cuyos intereses se habían vuelto más
individualistas y orientados al consumo, movimientos sociales debilitados,
votantes más jóvenes que no se identificaban con Evo como lo habían hecho sus
padres y fatiga de los votantes después de 14 años de gobierno del MAS. en la
oficina. “Cuando las políticas de un gobierno de izquierda transforman las
condiciones materiales de los pobres, permitiendo el ascenso de clase, el
imaginario colectivo cambia”, reconoció el exvicepresidente Álvaro García
Linera en una entrevista justo antes de las disputadas elecciones de 2019.
Después de que Evo fuera expulsado inconstitucionalmente de su cargo,
Jeanine Áñez, quien golpeaba la Biblia, prestó juramento. Su autoritario e
incompetente gobierno de transición desató inmediatamente a los militares
contra los manifestantes desarmados que se habían movilizado para protestar por
el derrocamiento de Morales, matando a unas 30 personas .
Cuando el gobierno de facto finalmente prometió elecciones largamente
retrasadas para mayo de 2020, los movimientos sociales del país optaron por una
fórmula electoral representada por Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, con la
esperanza de reemplazar a Morales con un nuevo liderazgo. Rodríguez, un
cocalero del Chapare de 35 años, es vicepresidente de la asociación de
cocaleros más importante y actualmente preside el Senado de Bolivia. Morales y
García Linera rechazaron la elección de los movimientos sociales del exilio en
Buenos Aires y optaron en su lugar por Arce y Choquehuanca.
Morales y sus partidarios siempre vieron al nuevo presidente y
vicepresidente como líderes interinos. “Te toca Luis”, dijo García Linera en
2019, “luego (el liderazgo) pasa a los legítimos dueños, los campesinos e
indígenas de este país”. Pero Arce y Choquehuanca estaban decididos a gobernar
de forma independiente. “La pelota está en nuestro tejado”, declaró
inequívocamente Lucho. Esto enfureció a Evo, que vio en Arce el principal
obstáculo para su regreso al poder presidencial en 2025. Desde entonces, la
división dentro de un partido que tiene poca solidez institucional y gira en
torno a lealtades personales no ha hecho más que crecer, con Evo proclamando
repetidamente que “El MAS No está en este gobierno”.
Cuando García Linera entró en la contienda en marzo pasado, llamando a la
negociación entre los dos bloques en guerra y, recordando la razón por la que
se formó el MAS en 1995, abogó por “la continuación de un proyecto social
transformador”, Morales se volvió contra él. Aunque había sido su confidente
más cercano, Evo rápidamente calificó a su ex vicepresidente como “un enemigo
más” .
El líder masculino mítico
Durante los 14 años de Morales en el poder, el MAS no pudo identificar un
sucesor, y aquellos que podrían haber asumido el papel se vieron marginados.
Este fracaso a menudo se atribuye directamente a Morales, pero Bolivia nunca ha
tenido mucho éxito en el desarrollo de mecanismos para impedir que los
individuos concentren el poder en sus manos. La última vez que un partido
político entregó el poder entre líderes fue hace 35 años, y antes de eso, 33
años antes, en 1956. Ambas transiciones, entre Víctor Paz Estenssoro y Hernán
Siles Zuazo en los años cincuenta y Paz Estenssorro y Gonzalo Sánchez de Lozada
en 1989—estaban dentro del partido político más antiguo de Bolivia, el ahora
prácticamente desaparecido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que
había sido la fuerza líder detrás de la revolución de 1952.
Aunque ya no esté en el cargo, el poder de Morales es indiscutible: sigue
siendo el líder del partido MAS y de los poderosos sindicatos de cocaleros del
Chapare. Mientras que las organizaciones indígenas y sindicales de Bolivia,
particularmente a nivel local, priorizan lo colectivo sobre lo individual,
insisten en un liderazgo responsable y hacen obligatoria la participación, las
configuraciones regionales y nacionales (tanto obreras como campesinas) con
frecuencia han girado en torno a la lealtad a una fuerza fuerte y carismática.
líder masculino. Esto a menudo se combina con una buena dosis de patrocinio y
jerarquía, y una relación directa entre un líder y sus seguidores, un modelo
que Morales siguió con gran éxito. Las constantes visitas de Evo a comunidades
rurales para inaugurar proyectos le generaron un gran número de seguidores
entre los más pobres del país, que rayan en lo mesiánico.
Entre los habitantes urbanos con mayor movilidad ascendente , el apoyo se
inclina hacia Arce y Choquehuanca. “Tendrías mucha suerte de encontrar un
Evista en El Alto”, me dijo el profesor y autor jubilado Félix Muruchi en un
mensaje de Whatsapp. "Ya no hay ninguno". Esto refleja una visión
creciente fuera del Chapare que ve a Evo como divisivo e irrespetuoso con el
actual presidente y, en particular, con el vicepresidente. Choquehuanca tiene
un fuerte respaldo en la ciudad predominantemente aymara de El Alto, así como
en el interior rural de donde proviene.
En el otro lado del enfrentamiento, muchos en la base de agricultores
cocaleros de Morales en el Chapare desconfían del presidente Arce, quien no
tiene fuertes vínculos con ningún movimiento social. Los productores le dijeron
al antropólogo Tom Grisaffi en julio de este año que temían que el gobierno de
Arce planeara traer de vuelta a la odiada Agencia Antidrogas de Estados Unidos
(DEA). “Solo estamos esperando los próximos dos años para que termine el
mandato de Lucho, luego debemos traer de vuelta a Evo”, insistió la dirigente
sindical cocalera Faustina Casillas. Otro motivo de sospecha es la caída en el
acceso a la financiación gubernamental de la que se habían beneficiado los
cultivadores de coca durante la presidencia de Morales. Líderes sindicales,
como la ex reportera de la estación de radio de coca Alieta Ortiz , perdieron
sus empleos en el gobierno.
A pesar de estas preocupaciones de los productores, la administración de
Arce adoptó un plan de desarrollo de cuatro años y 69 millones de dólares en
2021 dirigido a los productores de coca.
Entre Arcistas y Evistas
ta división en el MAS pone en peligro la unidad ganada con tanto esfuerzo
y frecuentemente tenue entre los heterogéneos movimientos sociales del país,
que a lo largo de la historia han competido por el liderazgo nacional. Los
movimientos de Bolivia siempre han estado entre los más militantes del mundo,
con tradiciones de resistencia desafiante que datan de la invasión española.
Los movimientos clasistas e indígenas fueron esenciales para la revolución
boliviana de 1952, forzaron el regreso de la democracia en 1982 después de 18
años de dictadura y lucharon decididamente contra la guerra contra las drogas
respaldada por Estados Unidos en los años noventa. En 2000 bloquearon los
esfuerzos por privatizar el agua de Cochabamba y en 2003 se movilizaron con
éxito contra un plan para enviar gas natural hacia el norte a través de Chile.
El “instrumento político” que luego se convirtió en el MAS fue
considerado el brazo electoral de los movimientos sociales. “La idea era formar
un partido que pudiera involucrar al 100 por ciento de las bases [en la toma de
decisiones] y que los líderes nos respondieran”, le dijo a Grisaffi un exlíder
sindical en 2005.
Una vez que el MAS estuvo en el poder, estos movimientos impulsaron una
de las constituciones más radicales del mundo en 2009. Sin embargo, a lo largo
de los años de gobierno del MAS, los movimientos sociales de Bolivia se fueron
debilitando constantemente debido a su incorporación, marginación y cooptación
por parte del partido gobernante. . Pero ante la represión del gobierno de Áñez
en 2019-20, los impactos de la epidemia de Covid-19 y el exilio o la ocultación
de la dirección del MAS, los mismos movimientos lograron reagruparse.
No solo reafirmaron su centralidad en el “proceso de cambio ”, como se
llama el proyecto político del MAS, sino que forzaron nuevas elecciones en
octubre de 2020, que Arce y Choquehuanca ganaron cómodamente con el 55 por
ciento de los votos. Su victoria se basó en los 14 años de éxito del MAS al
supervisar el período más largo de crecimiento económico en la historia del
país, así como en una estabilidad política incomparable y una notable
disminución de la pobreza.
Arce y Choquehuanca establecieron una administración “tecnocrática”
compuesta por más profesionales que la de Morales, que, particularmente al
principio, había incorporado a más representantes de los movimientos sociales
en puestos clave del gobierno. Entre las medidas que ha adoptado la
administración Arce se encuentran un impuesto especial a las fortunas
personales superiores a $4,3 millones, un pago a los trabajadores del sector
informal para ayudarlos a recuperarse del Covid que benefició a un tercio de la
población, igual salario por igual trabajo para las mujeres e impuestos sobre
importaciones agrícolas en un esfuerzo por proteger la producción nacional en
pequeña escala.
Pero la desagradable disputa entre Arcistas y Evistas amenaza la
capacidad del MAS para permanecer en el cargo. En agosto, en un congreso de la
mayor confederación sindical campesina, la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las dos partes arrojaron sillas y
se golpearon , causando más de 450 heridos. Hasta la fecha, la única
organización principal del movimiento social que ha evitado la división es la
central obrera boliviana, que ha declarado lealtad a Arce y Choquehuanca.
A principios de octubre, los cocaleros organizaron un congreso del
partido decididos a mantener su hegemonía histórica dentro del MAS. Los
arcistas no asistieron, sobre todo los “Interculturales ” de Santa Cruz, un
electorado clave del MAS que representa a los campesinos de las tierras altas
que han migrado a las tierras bajas. En rebeldía, Arce y Choquehuanca fueron
expulsados del partido y se les informó que no podían competir en las
elecciones nacionales de 2025, y Morales fue declarado candidato presidencial
del MAS. Esta decisión pronto fue revocada en los tribunales . Dos semanas
después, Arce y Choquehuanca demostraron cuánto apoyo podían obtener al
celebrar una gran reunión pública en El Alto a la que asistieron 100
organizaciones.
El resultado de esta batalla campal sigue siendo incierto. Pero lo que
está claro es que si no se llega a una resolución, los mayores perdedores serán
los movimientos sociales y su centenario proyecto de justicia social y económica.
Después de la elección del ultraderechista Javier Millei en Argentina el 19 de
noviembre, Andrónico Rodríguez instó al MAS a resolver su crisis internamente o
poner en peligro las elecciones de 2025. "No podemos poner en riesgo las
grandes transformaciones del país que comenzaron en 2006", escribió en su
feed X. “[Necesitamos] irreverencia en [nuestras] discusiones y unidad en la
acción”.
PENSAMIENTO CRÍTICO. EL WAYRALEVISMO COLONIAL
Resumen Latinoamericana Org. (https://acortar.link/XrETM7)
La reproducción del poder para beneficio propio es la señal inequívoca de
un sistema corrupto y corruptor ese es el actual estado de la justicia en
Bolivia. La justicia en Bolivia tiene precio, es decir se ha convertido en una
vil mercancía.
Desde tiempos coloniales “la justicia” ha servido para legitimar el
enriquecimiento de pocos, las leyes y los argumentos jurídicos, han permitido
el despojo de territorios de pueblos originarios, práctica vigente hasta el día
de hoy.
En los últimos tiempos feminicidas, estafadores, violadores, han sido
sentenciados, pero el mismo sistema que los puso entre rejas, lo libera con las
más rebuscadas argucias leguleyescas. Todo este sistema corrupto se apartó de
los principios fundamentales que le dieron vigencia como práctica social y
conocimiento científico-filosófico.
Quién no ha escuchado las palabras del abogado que pide “un adelanto”
para “aceitear” la maquinaría de la justicia, la naturalidad de los sobornos
para que los expedientes se escondan o se extravíen o también para ser puestos
como primeros en las listas de atención.
La justicia boliviana es heredera de las prácticas coloniales, pero no
debemos olvidar cómo el neoliberalismo (gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada)
desmontó todo el sistema judicial para ponerlo a disposición de sus medidas
económicas.
Estas prácticas no fueron erradicadas durante el proceso de cambio debido
a la capacidad de articulación del poder político con los mecanismos jurídicos
que conforman el poder judicial. La imprescindible presencia de abogados en
todas las instancias de gobierno, son la demostración de este sistema diseñado
como poder omnipresente.
La historia boliviana esta plagada de “revoluciones” o mejor de
caricaturas de revolución como señala el Che, estas “revoluciones” fueron cambios
epidérmicos de un Estado que conserva su matriz de poder colonial, mientras no
se llegue a transformar ese núcleo que sostiene el armazón estatal, vanas serán
las quejas, los enojos y la pérdida de vidas, porque transcurridos los tiempos
se cierran heridas para los abrazos y se cruza los “puentes de sangre” para
seguir reproduciendo esa matriz de poder.
Recuperar la indignación como fuerza creadora de nuevas situaciones
revolucionarias, es, como lo señalaron varios pensadores del Abya Yala, el
único camino para desmontar este sistema que en todos sus componentes,
económicos, jurídicos y políticos es un atentado a la vida en toda su cabal
expresión.
Cualquier argumento expresado por los jueces para prorrogar su poder, es
antidemocrático, es antiético y es la angurria de poder revestida de toga y
boato, que bien nos recuerda a los “doctorcitos de Charcas” o expresadas mejor
con el adjetivo singular que les dio Carlos Medinaceli: los wayralevas.
BOLIVIA Y RUSIA FIRMAN ACUERDO POR 450 MILLONES DE DÓLARES PARA EXPLOTAR
LITIO
En una acelerada competencia por controlar la producción de litio en el
triángulo latinoamericano (Bolivia, Argentina y Chile) donde están los mayores
yacimientos, Rusia da un paso adelante con una enorme inversión en primera
etapa hasta 2025.
Semanario Universidad de Costa Rica (https://acortar.link/xZ44yz)
Bolivia, uno de los países con las mayores reservas de litio en el mundo,
anunció este miércoles un acuerdo por 450 millones de dólares con la estatal
rusa Uranium One Group para la explotación de este mineral clave en la
transición hacia energías limpias.
El convenio prevé la instalación de una planta piloto para la extracción
de litio, principal componente para la fabricación de las baterías para autos
eléctricos, en los salares del sur del país, según anunció el gobierno y
representantes de la empresa.
La firma rusa, que forma parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía
Atómica (Rosatom), asumirá el total de la inversión durante los siguientes dos
años.
“Este convenio ratifica el modelo de producción y comercialización que
planteamos a todas las empresas que quieren trabajar con nuestro litio.
Nosotros participamos en todos los puntos de la cadena productiva”, señaló el
presidente Luis Arce durante la suscripción del acuerdo.
Bolivia cuenta con una de las mayores reservas certificadas de litio en
el mundo, unas 23 millones de toneladas, y se alió con China y Rusia para
iniciar su explotación a escala industrial.
Junto a Chile y Argentina, el país conforma el llamado “triángulo del
litio”, el mayor depósito global del llamado ‘oro blanco’.
Uranium One Group fue seleccionada entre siete postulantes tras la
convocatoria lanzada por la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) hace
más de un año.
A partir del acuerdo suscrito este miércoles, se comenzará a “procesar
carbonato de litio a grado batería (ndlr, destinado a ese fin). La planta
piloto producirá mil toneladas” el primer año, precisó Karla Calderón,
presidente de YLB, durante el mismo acto.
En una segunda fase “la producción escalará a 8.000 toneladas y en una
tercera fase se sumarán 5.000 toneladas más”, para un total de 14.000 toneladas
anuales, añadió.
Todo el proyecto prevé una inversión de 450 millones de dólares hasta
2025, de acuerdo con el gobierno de Arce.
Bolivia espera que sus exportaciones de litio alcancen el próximo año los
5.000 millones de dólares, por encima de las ventas de gas, hasta hace poco su
principal recurso, pero cuya industria atraviesa una profunda crisis por la
falta de inversiones en exploración.
NUEVO ZARPAZO A LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA: MIEMBROS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PRORROGAN ILEGALMENTE SUS CARGOS
La Gaceta de España (https://acortar.link/ry4ju9)
El Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno en Bolivia, acaba
de dar una nueva estocada a la democracia. Se trata de una decisión sobre la
que había mucha expectativa, pero conociendo los extensos antecedentes
profundamente iliberales y antidemocráticos del oficialismo, no constituye
sorpresa alguna.
Este martes el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prorrogó su
mandato y el de los magistrados del Órgano Judicial, debido a que no se
celebraron elecciones este año -como se tenía programado-, pero además lo hacen
en contra de lo que, paradójicamente, establece la Constitución del Estado
Plurinacional, incurriendo en una aberración jurídica solamente comparable a la
de la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial en 2020 luego de
que el referéndum de 2016 se lo impidió y de que el jefe cocalero presentó el
argumento de que podía hacerlo porque tenía derechos humanos.
Este hecho de abuso de poder se suma a los innumerables que el régimen
socialista acumula desde que se instaló en el poder en 2006, pero también
ilustra el tamaño de las mentiras que viene ventilando para mantener una
expectativa de cambio y mejora en el público ante un país cuyo modelo y
economía se desmoronan y se hunden.
El régimen de Arce viene prometiendo desde su campaña en 2020 una reforma
del sistema judicial, debido al deterioro que su propio partido provocó con la
imposición de la Constitución Política plurinacional que fue pactada entre
gallos y media noche con la oposición de aquel entonces. Pero fracasó una vez
tras otra o, lo que es más obvio, nunca tuvo la intención de hacer dichas
modificaciones. Sin embargo, todo esto encaja con la idea de permanecer en el
poder, sin reparar en mecanismos para lograrlo. Una muestra de ello la
constituye el monumental fraude electoral cometido por Morales a finales de
2019.
El primer desafío que tuvo Arce para que la maquinaria fraudulenta
permaneciera debidamente lubricada, fue la huelga general que convocó el
liderazgo cívico del departamento de Santa Cruz a finales de 2022 y que duró 36
días, buscando con ello obligar al régimen a celebrar el censo de población y
vivienda que había asegurado que tenía listo para ejecutar, y para que, en base
a la información obtenida, se convocara a elecciones judiciales para 2023. Esto
hubiese permitido una reasignación de escaños parlamentarios y de recursos,
además de aportar evidencia sobre cómo está compuesto el padrón electoral, el
mismo que la ex vocal del Tribunal Electoral, Rosario Baptista, en 2021,
denunció que se impedía que se indague.
La manera en que Arce decidió solucionar el entuerto fue, pocos días
después de la huelga, ordenar la detención ilegal y encarcelamiento del
gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, hasta el día de hoy, y postergar
indefinidamente tanto el censo como las elecciones judiciales que debían ser
celebradas alrededor de estas fechas.
Ahora, para coronar la impostura del orden democrático y constitucional
en el país, para que Arce y el MAS se sostengan en el poder, los miembros del
Tribunal Constitucional y los magistrados han decidido ilegal e ilegítimamente
prorrogarse en el cargo en tanto no se celebren las elecciones judiciales.
Lo mínimo que podría suceder en consecuencia, es que el Tribunal
Constitucional no tendrá competencia legal alguna sobre cualquier decisión que
tome a partir del primer día de 2024, porque está actuando políticamente y
porque será nula de Pleno Derecho.
Esta es la manera en que el régimen del Movimiento al Socialismo ha
decidido instrumentalizar el Poder Judicial, destruir la institucionalidad
democrática y tratar de seguir forzando a la ciudadanía a actuar en contra de
su voluntad. ¿Hasta cuándo?
FORO MADRID CELEBRA LA VICTORIA DE MILEI: “NO HAY QUE CONCEDER UN SÓLO
CENTÍMETRO A LA IZQUIERDA”
Ok Diario de España (https://acortar.link/IvYimk)
Foro Madrid, la iniciativa de Vox para tejer alianzas en Iberoamérica que
frenen el avance del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, celebró la
investidura de Javier Milei con un coloquio este lunes en el Hotel Emperador de
Buenos Aires donde el presidente de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías,
llamó a «no conceder ni un centímetro a la izquierda» tras la apabullante
victoria sobre el peronismo del libertario argentino.
En el seminario participaron parlamentarios, intelectuales y periodistas
de España e Iberoamérica como la líder opositora colombiana María Fernanda
Cabal Molina (Centro Democrático); el consultor político venezolano Alejandro
Peña Esclusa; el secretario de Eduación de la República Argentina, Carlos
Torrendell; el eurodiputado español de Vox, Hermann Tertsch; el ex canciller de
Brasil, Ernesto Araújo; la periodista argentina Karina Mariani; la congresista
peruana Norma Yarrow (Avanza País); y el presidente del Movimiento Republicano
de Chile, José Antonio Katz, entre muchos otros.
El seminario, dirigido por el politólogo salvadoreño Eduardo Cader,
director de Foro Madrid, fue una llamada a defender los valores de Occidente
del «relativismo absoluto» que intenta imponer la izquierda. En palabras del
pensador argentino Agustín Monteverde, «no buscan controlar nuestras acciones
sino nuestro pensamiento, nuestros sentidos, nuestras percepciones. Buscan
borrar nuestros valores morales para re-presentar la realidad cuando lo cierto
es que la moral no es susceptible de votación. Pretenden hacernos iguales y
uniformes».
La colombiana María Fernanda Cabal Molina lamentó que su país hoy esté
viviendo «una de las peores pasadillas de su historia» con la asunción al poder
del terrorista Gustavo Petro. Así, también denunció que Brasil está sometido a
«una dictadura judicial criminal» al servicio del corrupto Lula da Silva y puso
como ejemplo el escandaloso caso de Alexandre de Moraes, designado juez de la
Corte Suprema de Brasil pese a las sospechas de haber sido abogado privado de
la sangrienta organización narco PCC (Primer Comando Capital) de San Pablo. De
Moraes ocupa el asiento que quedó vacante por la extraña muerte en un accidente
aéreo de Teori Zavascki, que tramitaba los casos de políticos con fuero
privilegiado de la Operación Lava Jato, como se conoce al caso Petrobras.
Una de las ideas que sobrevoló el encuentro fue el poder que tiene el
narcotráfico en Iberoamérica, que le permite poner y sacar parlamentarios a su
antojo. Uno de los ejemplos los expuso la diputada boliviana Luisa Nayar (Comunidad Ciudadana) cuando contó cómo el
Gobierno de Luis Arce está sometido a las órdenes del cárteles mexicanos de la
droga y cómo su Gobierno protegió al narco uruguayo Sebastián Marset.
El caso de este delincuente es surrealista. Protegido por el Gobierno de
Uruguay, llegó a advertirle a un ministro boliviano que si él hablaba «la
política de Bolivia se iba a la mierda» y hasta le llamó «burro». Nayar recordó
que este mismo narco admitió que todo el mundo sabe que la «mejor materia prima
que produce Bolivia es la coca y que el crecimiento del país en los últimos
años es producto del ingreso del dinero que ingresa por el narcotráfico».
Una de las ponencias más esclarecedoras estuvo a cargo del ex preso
político venezolano Alejandro Peña
Esclusa, autor La guerra cultural del Foro de San Pablo, en la que mostró cómo
el Foro de Sao Paulo se ha dedicado a adulterar las elecciones utilizando
programas informáticos fraudulentos. Un modelo con máquinas electrónicas de
votación que se está exportando a otros países.
Peña Esclusa explicó que el modelo para robar las elecciones fue
desarrollado en Venezuela por los cubanos con la complicidad de Hugo Chávez,
porque Venezuela ha sido un laboratorio del régimen Castro-comunista para
muchas cosas, desde metodologías de control social a nuevas formas de corrupción.
Este mecanismo de fraude electoral se ha probado en 29 elecciones en Venezuela:
presidenciales, gubernamentales, regionales, locales y referéndums.
Peña Esclusa defiende que para evitar un fraude en el recuento es
necesario tener representantes en todas las mesas electorales y acceso a las
urnas para compararlas con las actas electorales. Y propone crear un
observatorio electoral con expertos en informática para hacer escrutinios
paralelos que hagan saltar las alarmas cuando se esté cometiendo un fraude.
IRÁN Y HEZBOLLAH, AMENAZA EN AMÉRICA
El Montonero de Perú (https://acortar.link/tcXwUJ)
La República Islámica de Irán figura en la Lista de Estados
Patrocinadores del Terrorismo (SSOT, por sus siglas en inglés) como Siria,
Corea del Norte y Cuba. Irán ha extendido su influencia en Medio Oriente con
proxies como Hezbollah en el Líbano, chiitas en Irak, Huties en Yemen y Hamas
en Gaza, fuerzas terroristas paramilitares con intereses ideológicos y
religiosos que desafían los valores occidentales.
Latinoamérica atestigua la creciente presencia de Hezbollah –respaldada
por Irán– con actividades ilícitas, crimen organizado y alianzas de larga data
con gobiernos de izquierda. Fidel Castro apoyó al terrorismo en Oriente Medio
–con milicias– desde inicios de la Revolución, organizando encuentros como la
Tricontinental de Asia, África y América en 1966. Hugo Chávez estrechó
relaciones con líderes como Mahmoud Ahmadinejad (Irán), Muammar Gaddafi
(Libia), Bashar al-Assad (Siria) y Saddam Husseub (Irak), entre otros.
Durante la Guerra Civil Libanesa en la década de 1980, la Triple Frontera
entre Argentina, Brasil y Paraguay se convirtió en la base donde clérigos de
Hezbollah recibían apoyo financiero para operaciones de lavado de dinero,
reclutamiento y capacitación.
En 1992 los ataques terroristas contra la Embajada de Israel en Argentina
y en 1994 el bombardeo de la AMIA fueron atribuidos a Hezbollah, respaldado por
Irán. Mohsen Rabbani, clérigo radical chií iraní, implementó la red de
inteligencia argentina como diplomático, artífice del complot contra la AMIA.
Hezbollah diversificó sus operaciones terroristas con atentados no
convencionales como envenenamiento de un lote de carne destinado a Israel;
urdido por Imad Mughniyeh.
Participan en tráfico de drogas, contrabando de armas, falsificación de
dinero y piratería de software, enviando 300 a 500 millones de dólares anuales
a grupos extremistas de Oriente Medio, con el apoyo de Cuba, Venezuela,
Nicaragua, Bolivia, cárteles mexicanos y grupos guerrilleros, compartiendo el
sentimiento antiestadounidense.
La conexión entre narcotraficantes del cártel mexicano Los Zetas y
Hezbollah quedó expuesta con Ayman Joumaa, colombiano-libanés, acusado de
enviar cargamentos de cocaína a Estados Unidos y lavado de dinero. Usaron a
Lebanese Canadian Bank lavando US$ 850 millones. En 2019 Luis Almagro,
secretario de la OEA, calificó a Hezbollah como una organización terrorista
que, apoyada por Irán, mantiene bases de operaciones en América. Ese año
Argentina declaró a Hezbollah grupo terrorista y en 2020 Colombia agregó a
Hamas y la Guardia Republicana de Irán.
En 2021, agencias de seguridad de Estados Unidos, Brasil y Paraguay
desmantelaron la red de tráfico de cocaína liderada por el libanés Nasser Abbas
Bahmad de Hezbollah; mafia con contactos gubernamentales.
El caso del libanés Muhamad Ghaleb Hamdar, arrestado en Perú en 2014,
mostró la convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo. A
pesar de las evidencias, posesión de explosivos, vínculos con Hezbollah y
presunta planificación de actos terroristas, Hamdar fue absuelto en 2017 por
supuestos errores procesales, demostrando la complejidad y peligros del sistema
judicial frente a la amenaza terrorista.
En 2021 se intensifican las reuniones entre Ahmed Abdullah Qasem –asesor
yemení del congreso boliviano, cercano a Evo Morales y Hezbollah–, con el
régimen de Pedro Castillo, incluyendo 11 reuniones con el primer ministro; con
Vladimir Cerrón y encuentros con delegaciones árabes. En 2023, Evo Morales
ingresa a territorio peruano con Qasem.
Son ejemplos de las actividades ilícitas de Irán en América, con campos de
entrenamiento terroristas, narcotráfico y crimen organizado amenazando nuestra
seguridad con sedes en la Isla Margarita venezolana, en Bolivia y Cuba. A pesar
de los arrestos y esfuerzos internacionales, Irán busca perpetrar la yihad
islámica contra Estados Unidos y sus aliados.
Listar a Irán como “Estado Patrocinador del Terrorismo” y Hezbollah como
terrorista es fundamental para derrotar a esta red criminal en suelo americano.
El gobierno peruano y América en general deben luchar contra la corrupción, redes
delictivas y terrorismo internacional como imperativo para garantizar su
estabilidad y seguridad, y para proteger a nuestras naciones.
QUÉ HACEN LOS PRESIDENTES DE AMÉRICA LATINA CUANDO DEJAN EL PODER Y
CUÁNTO COBRAN DE PENSIÓN VITALICIA
Salvo Chile y Uruguay, el de los exmandatarios condenados es un mal que
recorre la región; el presente de los diferentes exjefes de Estado y el debate
sobre los sueldos que les corresponden
La Nación de Argentina (https://acortar.link/bjQGyk)
Relegado del poder, Alberto Fernández dejará la Argentina y se radicará
por un tiempo en España para volver a la docencia. Antes de irse de la Casa
Rosada, firmó un polémico decreto que establecía que el Estado pagaría de por
vida los servicios de seguridad para todos los expresidentes también en el
exterior. Un gasto que -hasta ayer, cuando el gobierno de Javier Milei anunció
su derogación- se iba a sumar a la pensión vitalicia que reciben los
exmandatarios, equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema,
algo más de tres millones de pesos.
La vida pospresidencial que eligió Fernández es bastante diferente a la
de sus dos antecesores, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, quienes se han
mantenido estrechamente vinculados a la política local. Sin ir más lejos, el
fundador de Pro y actual presidente ejecutivo de la FIFA jugó un rol clave en
el último tramo de la campaña de Javier Milei, mientras que la líder de Unión
por la Patria ejerció hasta el 10 de diciembre como vicepresidenta del
mandatario que ella misma había elegido como candidato en 2019, y con quien
terminó enfrentada. La duda ahora recae sobre su futuro judicial; la
expresidenta, condenada en una causa de corrupción, ya no está protegida por
los fueros.
Lo que sucede en la Argentina es apenas una muestra de una tendencia
regional: son minoría los expresidentes que se dedican a la actividad privada,
mientras que en general siguen vinculados a la política, ya sea de manera
directa (a través de nuevos cargos o la búsqueda de una reelección) o
indirecta, a través de la elección de “delfines” o herederos.
Rut Diamint, profesora de Estudios Internacionales de la Universidad
Torcuato Di Tella (UTDT), menciona que “la permanencia en el poder no es sólo
un fenómeno latinoamericano”, pero que en la región “sucede más porque la
limitada institucionalidad permite dibujar normas que permiten sucesiones,
modificaciones constitucionales y el descrédito de la legalidad existente”.
Para Javier Corrales, profesor de Ciencia Política de Amherst College, el
rol “prepotente” de los expresidentes en la política, tanto en el caso de que
su partido siga en el oficialismo como si cruzan a la oposición, representa el
“nuevo caudillismo latinoamericano”.
“Los gobiernos por lo general cuando hay expresidentes en el horizonte
buscan su apoyo, o el modo de marginarlos o sobrevivirlos”, plantea en diálogo
con LA NACION. En ese sentido, menciona que a veces las causas judiciales
contra los expresidentes surgen como una estrategia para sacarlos del plano,
más allá de la existencia o no de delitos.
“Si la división de poderes funcionara correctamente, habría más respeto
por las decisiones judiciales, pero muchos ven a una justicia revanchista,
atada a un poder de turno, y utilizan o politizan la justicia para eliminar
adversarios políticos”, señala en ese sentido Diamint.
Sobre este mal que recorre a la región –el de los expresidentes
condenados- hay apenas dos excepciones: Chile y Uruguay. “Son dos ejemplos de
excepciones en América Latina en varios sentidos: son dos de las tres
democracias más consolidadas de la región; ambos tienen instituciones fuertes,
bajo índice de corrupción y una opinión pública que, más allá de las
diferencias, celebra los diálogos entre exmandatarios de distintos colores
políticos”, dice Clarisa Demattei, investigadora del Centro de Estudios Internacionales
de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Por lo pronto, algunos mandatarios tienen más urgencias que otros para
conseguir un nuevo empleo cuando dejan el poder. Es que, en la mayoría de los
países latinoamericanos los expresidentes tienen garantizada una pensión
vitalicia, una situación no exenta de polémica. De hecho, en México, Brasil y
Uruguay es un beneficio que fue eliminado.
Bolivia
Aunque disponen de una pensión de por vida de unos 10 salarios mínimos
por mes (3420 dólares), muchos expresidentes bolivianos se han mantenido
activos políticamente tras dejar el cargo, y en algunos casos se han intentado
aferrar a éste, incluso acudiendo a métodos inconstitucionales.
Sin ir más lejos, la última expresidenta, Jeanine Áñez (2019-2020), está
presa por su papel en el golpe de Estado contra su antecesor, Evo Morales
(2006-2019), quien había renunciado al cargo y abandonado el país bajo amenazas
de las Fuerzas Armadas luego de intentar asegurarse un cuarto mandato pese a
que la Constitución boliviana lo prohíbe. Pero no se apartó totalmente del
poder: desde la Argentina, donde estuvo exiliado un año, ofició como jefe de
campaña del actual presidente, Luis Arce, con la esperanza de prolongar su
enorme influencia.
Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró rápidamente hasta el
punto en que Morales llegó a hablar de traición. “Así es el delfinismo: a veces
vienen amoríos eternos y en otros una pelea mortal, como en Bolivia”, dice
Javier Corrales.
Más allá de estos dos casos complicados, otros antiguos mandatarios
también se han reinventado en el ámbito público. Carlos Mesa (2003-2005) se
presentó como candidato en las últimas elecciones, aunque perdió contra Arce,
mientras que Jaime Paz Zamora (1989-1993) se postuló sin éxito en dos ocasiones
después de dejar la presidencia. Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) se
desempeñó como agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia hasta
2019 y Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), que pertenece al foro de líderes de
centroderecha Grupo Libertad y Democracia, firmó la semana pasada una carta
contra el régimen de Maduro junto a decenas de otros exmandatarios de la
región, incluido Mauricio Macri.
Brasil
En Brasil, los presidentes desde el regreso de la democracia en general
se mantuvieron ligados al poder y debieron enfrentar causas judiciales. El caso
más claro es el del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien, sin
posibilidad de una tercera elección consecutiva, eligió en 2010 a una heredera
dentro del Partido de los Trabajadores: Dilma Rousseff. Entre 2018 y 2019, Lula
estuvo preso por una causa de corrupción durante un año y medio, periodo en el
cual designó a otro “delfín” para las presidenciales, Fernando Haddad, quien
cayó frente al ultraderechista Jair Bolsonaro. En 2021, tras la revocación de
los fallos en su contra, Lula recuperó sus derechos políticos y los usó: se
lanzó a la presidencia para evitar la reelección de Bolsonaro. El 1° de enero
de este año comenzó su tercer mandato.
Pero Lula no fue el único a quien le costó soltar su influencia en la
política. José Sarney (1985-1990) y Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien
cayó por una causa de corrupción y fue inhabilitado para ejercer cargos
públicos por ocho años, fueron senadores. El año pasado, Collor de Mello se
postuló para gobernador de Alagoas, pero perdió, en unas elecciones en las que
apoyó a Bolsonaro. Ahora, alejado de los cargos públicos, enfrenta la
posibilidad de ir preso por el Lava Jato.
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), el padre del plan real, se dedicó
al mundo académico (como dicen sus memorias, fue “un intelectual en la
política”), y sigue siendo presidente honorífico de su Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB). Una voz todavía influyente, el año pasado apoyó a
Lula –histórico rival del PSDB- en la segunda vuelta.
Rousseff (2011-2016), destituida por maquillar las cuentas públicas, se
postuló al Senado dos años después de dejar el poder, pero no lo logró, y
recobró protagonismo el año pasado, en la campaña de Lula, quien al asumir la
envió a China como presidenta del banco de los Brics. Su exvice y sucesor,
Michel Temer (2016-2018), estuvo detenido en 2019 –por apenas días- por una
causa de corrupción. Fuera de los focos de la política, en junio pasado se
conoció que había sido contratado como lobista por Google.
Aunque sigue muy activo en la política con declaraciones e incluso con su
viaje a la asunción de Milei, Bolsonaro (2019-2022) fue inhabilitado para
participar de elecciones por ocho años, tras una condena por abuso de poder
político, por lo que también deberá elegir a un delfín para 2026. ¿Será su
mujer, Michelle Bolsonaro? En su paso por Buenos Aires, el expresidente rechazó
esa versión.
Bolsonaro también enfrentó este año una polémica por sus gastos. En
Brasil, los expresidentes no reciben una pensión especial, pero por ley tienen
derecho, de por vida, a ocho empleados pagados por el Estado: cuatro agentes de
seguridad, dos choferes con autos oficiales, y dos asesores personales, además
de gastos de viajes, hoteles y viáticos. Según el diario O Globo, en su estadía
de tres meses en Estados Unidos a comienzos de año, Bolsonaro gastó unos
US$150.000 de las arcas públicas, casi el doble de lo que usó la siguiente en
la lista en el mismo periodo, Dilma Rousseff (unos US$80.000).
Chile
En Chile, aun fuera de los cargos públicos, los expresidentes mantienen
un rol institucional, una alta popularidad (Michelle Bachelet y Sebastián
Piñera están entre los diez políticos mejor valorados) y son una voz de peso.
Este año, los cuatro expresidentes vivos firmaron junto a Gabriel Boric una
carta por los 50 años del golpe de Estado. Y, antes del plebiscito del domingo
sobre la nueva Constitución –redactada con una fuerte influencia de la
derecha-, los cuatro hicieron público su voto: Ricardo Lagos y Bachelet en
contra; Eduardo Frei (desmarcándose de su partido) y Piñera, a favor.
Los expresidentes chilenos cobran una pensión vitalicia similar a la de
un senador -de unos 8000 dólares-, a lo que se suman costos de traslados y
funcionamiento de oficinas por un promedio de 11.000 dólares. La nueva
propuesta de Constitución contempla que esos beneficios continúen, mientras que
la Carta Magna rechazada en 2022 planteaba su eliminación. Este año, además,
dos legisladores presentaron un proyecto para modificar la dieta. “Ningún
expresidente necesita recibir mensualmente cerca de $20 millones (20.000
dólares) para vivir”, dijo uno de los impulsores de la iniciativa. El debate
probablemente se profundizará cuando Boric deje el cargo en 2026, con apenas 40
años.
En cuanto a sus vidas después de La Moneda, los mandatarios suelen optar
por el ámbito privado y no gubernamental, aunque también aprovechan su período
pospresidencial para hacer campaña por otro mandato.
Eduardo Frei (1994-2000) fue senador e intentó volver a la presidencia en
2010. Cuando dejó el Parlamento, Bachelet lo designó embajador extraordinario
para Asia-Pacífico, su último cargo público, que ocupó hasta 2022. Ricardo
Lagos (2000-2006) se abocó a la vida académica e intelectual en Chile y el
exterior, y en 2017 se volvió a acercar a la política como precandidato
presidencial para las primarias del progresismo, pero se retiró.
Entre sus dos mandatos, Bachelet moldeó un perfil internacional como la
primera directora de ONU Mujeres, cargo al que renunció en 2013 para dedicarse
a su nueva campaña. Y en 2018, tras su segundo mandato, fue elegida como Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, rol que cumplió hasta el año
pasado, cuando regresó a Chile. Piñera se dedicó a la Fundación Futuro entre
sus dos mandatos y ahora sigue en el mundo de los think tanks, pero con mirada
regional, junto a otros expresidentes conservadores de la región, como Mauricio
Macri. Este año viajó con Boric a la asunción de Santiago Peña en Paraguay, en
momentos en que el mandatario izquierdista enfrentaba varios desafíos. “La
situación de Chile es muy grave (…) y yo por eso como expresidente siempre voy
a colaborar para que haya un buen diálogo y buenos acuerdos”, dijo. La
cordialidad se terminó la semana pasada, cuando cuestionó públicamente cómo
Boric aborda la crisis de la inseguridad en Chile y recibió una dura respuesta.
Colombia
En Colombia, los últimos dos expresidentes se pasaron al sector privado
tras dejar el cargo. Iván Duque (2018-2022), que hasta que cumpla 50 años no
puede acceder a la pensión vitalicia —de entre 5200 y 8400 dólares—, trabaja
para el Woodrow Wilson Center de Estados Unidos, donde gana 10.000 dólares por
mes, y está activo en algunos foros internacionales, mientras que Juan Manuel
Santos (2010-2018) da clases en la Universidad de Harvard y en la Universidad
Nacional de Colombia y es miembro de la junta de la Fundación Rockefeller.
No ha sido el caso de Álvaro Uribe (2002-2010), quizá el presidente vivo
más influyente de Colombia, quien se mantuvo muy activo después de dejar el
cargo. Apoyó la elección de Santos, aunque después se convirtió en su principal
opositor. Fue elegido senador para el periodo 2014-2018 por el partido Centro
Democrático, que él mismo fundó y con el que lideró la “resistencia civil” en
contra de los acuerdos de paz con las FARC-EP, haciendo campaña por el “No” en
el plebiscito de 2016.
Los otros tres expresidentes vivos, César Gaviria (1990-1994), Ernesto
Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002), también mantuvieron algún
vínculo con la política. El primero es el actual presidente del Partido Liberal
Colombiano (PLC) y fue secretario general de la OEA entre 1994 y 2004; el
segundo, después de 20 años alejado de la palestra pública, fue elegido para
presidir la Unasur hasta 2019; y el tercero, actual líder del partido Nueva
Fuerza Democrática, residió un tiempo en España al terminar su mandato, pero
volvió al país para enfrentar sin éxito los intentos reeleccionistas de Uribe.
Ecuador
En Ecuador, la mayoría de los expresidentes se enfrentaron a opciones
poco felices al dejar de poder: la cárcel o el exilio, aunque eso no
significaba abandonar la política.
Esta situación obligó a cambiar la Ley Orgánica de Servicio Público
(Losep) que establece para los expresidentes y exvicepresidentes una pensión
mensual equivalente al 75% del sueldo que tenían durante su mandato. El año
pasado, excluyeron del beneficio a los mandatarios que fueron destituidos o
condenados por una serie de delitos.
Guillermo Lasso (2021-2023), quien dejó el poder el mes pasado de manera
anticipada, recibe, por ejemplo, la pensión más alta, de 3804 dólares, que,
según dijo, donará a obras sociales. Además, días antes de abandonar el Palacio
de Carondelet, firmó un decreto que establece que el Estado debe brindarles
seguridad a él y a su esposa por dos años, y al vicepresidente y su esposa por
un año, tanto dentro como fuera del país, una medida similar a la de Alberto
Fernández.
Hoy, tres de nueve expresidentes vivos están fuera del país. Jamil Mahuad
(1998-2000), quien fue derrocado después de dolarizar la economía y desde
entonces vive en Estados Unidos, es profesor de Harvard. “Yo estoy fuera de mi
país hace 23 años porque Correa ordenó a los jueces que reabrieran un proceso
que me hicieron por haber aplicado el corralito, que no es un delito”, dijo
este año a LA NACION, sobre una sentencia de ocho años de prisión en su contra.
Rafael Correa (2007-2017) se fue a vivir a Bélgica –de donde es su mujer-
el mismo año que dejó su cargo. En 2020, fue condenado a ocho años de prisión e
inhabilitación política en un caso de corrupción y dos años después obtuvo
asilo político en Bruselas. A casi 10.000 kilómetros de su país, no deja de
manejar los hilos de la política ecuatoriana. En todas las elecciones puso a un
candidato: con el único que alcanzó la presidencia, Lenín Moreno, terminó
peleado. Moreno (2017-2021), en tanto, vive en Paraguay, donde trabaja como
comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas de
discapacidades. Debe presentarse mensualmente en la Embajada de Ecuador en
Asunción, y cada cuatro meses en Quito, porque está procesado en una causa de
sobornos.
Abdalá Bucaram (1996-1997), quien fue presidente por apenas seis meses y
fue destituido por “incapacidad física y mental”, estuvo exiliado cuatro veces
en Panamá mientras lo perseguían más de 50 causas. En 2017, finalmente pudo
volver definitivamente a su país con las causas ya prescritas y ahora no
descarta postularse a la presidencia en 2025.
Después de ser destituido, Lucio Gutiérrez (2003-2005) se exilió en
Brasil, en Estados Unidos y en Colombia, pero luego regresó a Ecuador y estuvo
detenido un año. Desde que salió de la cárcel, intentó tres veces obtener la
presidencia y este año finalmente consiguió una banca en la Asamblea Nacional.
Su exvice, Alfredo Palacio (2005-2007), se dedica a ejercer la medicina en
forma privada. Osvaldo Hurtado (1981-1984) y Rodrigo Borja (1988-1992) vivieron
sus pospresidencias entre la política y la vida académica.
México
De los últimos cinco presidentes mexicanos, también tres se radicaron en
el exterior, aunque por motivos totalmente diferentes. Ernesto Zedillo
(1994-2000) se fue a Estados Unidos para ejercer la docencia en la Universidad
de Yale, mientras que Carlos Salinas Gortari (1988-1994), tildado de corrupto,
abandonó el país dos días después de que su hermano fuera arrestado por tráfico
de influencias, evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de un
gobernador. También vivió en Cuba y Canadá, para afincarse finalmente en
Irlanda, país que no tiene un tratado de extradición con México.
La historia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), uno de los presidentes más
impopulares de los últimos tiempos, es menos clara. Durante mucho tiempo se
desconocieron detalles sobre su paradero hasta que en 2020 El País reveló que
obtuvo una visa dorada para instalarse en España, en donde compró un local
comercial en Madrid por un valor superior a 500.000 dólares. Sin embargo, Peña
Nieto, con investigaciones abiertas por lavado de dinero y enriquecimiento
ilícito, ha desmentido que viva en España.
Felipe Calderón (2006-2012) también vivió en el exterior, pero sólo por
un año, para cursar una beca de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en
Estados Unidos. Hoy lidera la agrupación “México Libre” junto a su esposa, la
diputada Margarita Zavala, cuya solicitud para ser partido político fue
impugnada en 2020 por falta de transparencia en los recursos de financiamiento.
Ninguno de los expresidentes goza de una pensión vitalicia ya que Andrés
Manuel López Obrador las eliminó tras su llegada al poder en 2018, argumentando
que su gobierno sería austero.
Paraguay
Sancionado por Estados Unidos por “significativamente corrupto” y por sus
supuestos vínculos con Hezbollah, investigado en Paraguay por lavado de dinero
y enriquecimiento ilícito y acusado de instigar el crimen del fiscal Marcelo
Pecci, el empresario Horacio Cartes (2013-2018) ha tenido que sortear numerosos
obstáculos desde que dejó la presidencia en 2018. Pero a pesar de sus vaivenes
con la justicia, sigue siendo uno de los exdirigentes más influyentes del país.
Este año asumió la presidencia del Partido Colorado y jugó un papel importante
en la llegada de su delfín, Santiago Peña, al poder.
Cartes no es el único expresidente paraguayo que ha tenido problemas con
la justicia. Raúl Cubas Grau (1998-1999) se exilió en Brasil después de
renunciar al cargo en medio de acusaciones de conspirar para el asesinato de su
vicepresidente, Luis María Argaña, mientras que, su sucesor, Luis Ángel
González Macchi (1999-2003), fue condenado a seis años de prisión por el
presunto origen ilegítimo de fondos depositados en una cuenta numerada en
Suiza. Aunque más tarde apeló la sentencia y quedó libre de todos los cargos.
En la política se mantuvieron el destituido Fernando Lugo (2008-2012),
quien ejerció como senador del Frente Guasú hasta 2023, y Nicanor Duarte Frutos
(2003-2008), quien ofició como embajador de Paraguay en la Argentina entre 2013
y 2016 y ahora dirige la Entidad Binacional Yacyretá. El último expresidente,
Mario Abdo Benítez (2018-2023), ha mantenido un perfil bajo desde que entregó
la posta a Peña en agosto. Comparte fotos y videos en sus redes cocinando o
abrazando a sus perros.
Perú
Francisco Sagasti (2020-2021) es el único expresidente peruano vivo que
no terminó encarcelado o procesado por delitos cometidos en el ejercicio del
cargo. Pedro Castillo (2021-2022) cumple actualmente dos condenas en prisión de
Barbadillo de 18 y 36 meses por el delito de rebelión y por liderar una
presunta red criminal luego de un intento fallido de autogolpe. En la misma
cárcel permanece recluido de forma preventiva y a la espera de su juicio
Alejandro Toledo (2001-2006), quien fue extraditado desde Estados Unidos este
año, acusado de haber recibido más de 25 millones de dólares de la constructora
brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas.
Barbadillo se ha convertido en un destino popular para los exmandatarios
peruanos. Alberto Fujimori (1990-2000), con 85 años, fue liberado de esta
cárcel la semana pasada después de ser condenado hace 16 años por abusos contra
los derechos humanos. Ollanta Humala (2011-2016) también pasó por allí nueve
meses luego de entregarse voluntariamente en 2017, acusado de lavado de activos
y de asociación ilícita para delinquir en el caso Lava Jato. Pedro Pablo
Kuczynski (2016-2018) se salvó del traslado al infame penal, aunque estuvo bajo
arresto domiciliario luego de ser procesado por las presuntas transferencias de
dinero de Odebrecht a sus empresas.
Ni Martín Vizcarra (2018-2020) ni Manuel Merino (2020) fueron a prisión,
pero ambos tuvieron problemas con la Justicia. Merino, que tiene 10 efectivos a
disposición y que pide que el Congreso pague su movilidad a pesar de haber
ejercido como presidente por tan sólo cinco días, fue denunciado penalmente por
los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones, después de
que dos jóvenes murieran durante las protestas que tuvieron lugar durante su
breve mandato. Vizcarra, por su parte, se encuentra inhabilitado desde 2021
para ejercer la función pública por diez años tras el juicio político en su
contra por infracciones a la Constitución cometidas en el marco del caso
“Vacunagate”.
Quienes asumieron por sucesión constitucional, como Merino y Sagasti, no
reciben la pensión vitalicia de aproximadamente 4100 dólares que pueden
solicitar los exmandatarios peruanos al Congreso. También están excluidos de
ese beneficio los que hayan sido condenados, como Fujimori. Además, existe un
proyecto para que se derogue dicha ley.
Uruguay
Además del rol institucional de los expresidentes (este año, los tres
exmandatarios vivos acompañaron a Luis Lacalle Pou en los actos por los 50 años
del último golpe de Estado) y de que ninguno de ellos enfrentó una condena
judicial, hay otro punto en común entre Chile y Uruguay: en ninguno de esos
países se permite la reelección consecutiva, por lo que a veces los ex jefes de
Estado usan su capital político para intentar volver al poder. Pero también hay
una diferencia crucial: desde 1996, los expresidentes uruguayos deben jubilarse
por el mismo régimen que cualquier trabajador (a partir de los 60 años, con 30
de aportes como mínimo). José “Pepe” Mujica, por ejemplo, se jubiló en 2018 con
un ingreso de unos 1800 dólares por mes.
Aunque Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Mujica
(2010-2015) tienen orígenes políticos muy distintos (el primero, un académico
del tradicional Partido Colorado; el segundo, un exguerrillero del izquierdista
Frente Amplio), el final de sus carreras en la función pública los encontró
unidos. En 2020, ambos dejaron sus bancas en el Senado con un abrazo simbólico,
para “mostrarle a la nueva generación lo que es la convivencia republicana”.
Con la misma intención, publicaron este año un libro con sus conversaciones.
“Ninguno de los dos estamos retirados de la vida pública, sí de la contienda
electoral”, dijo Sanguinetti, quien todavía es secretario general de su
partido, y se dedica a nutrir su perfil de periodista (escribe columnas en LA
NACION) y académico, como hizo durante su periodo entre presidencias, cuando
colaboró con la Universidad de Georgetown.
“Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida”, dijo, por
su parte, Mujica en su despedida. Nunca se fue del todo: sigue siendo una
persona de consulta para la izquierda nacional y regional, y una referencia en
Uruguay. Según una encuesta de junio, es el político que recibe más “simpatías”
en Uruguay (50%), seguido por Lacalle Pou (43%).
Por su parte, Luis Alberto Lacalle (1990-1995), padre del actual
mandatario, intentó tres veces volver a la presidencia (una no superó las
primarias), fue senador y desde 2015 se dedica al trabajo intelectual, sin
dejar de ocupar un lugar en el Partido Nacional.
BOLIVIA SUPERA RÉCORD DE MOVIMIENTO DE CARGA POR PUERTO DE MATARANI
Portal Portuario de Chile (https://acortar.link/tif8Jc)
La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) informó que,
entre enero y noviembre de 2023, el
movimiento de carga de importación con tránsito hacia ese país por el Puerto de
Matarani, Perú, marcó nuevo récord, superando hasta la fecha a la gestión 2022.
Estos registros de carga gestionados por la ASP-B revelan un total de
191.103,653 toneladas hasta noviembre, respecto de las 181.492,947 que se
obtuvieron en todo el año pasado.
Sin embargo, la estatal anunció que hasta fin de año, la carga de
recepción puede llegar a las 200 mil toneladas, esto por la demanda de arribo
de motonaves de alto tonelaje que actualmente están arribando a la terminal.
El gerente ejecutivo de la ASP-B, Dante Justiniano, explicó que este
incremento se debe a los servicios y beneficios que brinda la empresa, asimismo
a las condiciones operativas y logísticas que ofrece la Terminal Internacional
del Sur (Tisur) en el Puerto de Matarani. “Como empresa pública del estado
Plurinacional de Bolivia, tenemos la misión de contribuir a la integración del
comercio exterior boliviano, proyectando el crecimiento del movimiento de
carga, también garantizar una mejor atención a importadores y exportadores”,
sustentó.
El tipo de mercancías de importación que se mueve por ese puerto son
bobinas, planchas, tubos, perfiles, estructuras metálicas de acero, alambrones,
paletas de cemento asfáltico y sacas de resina.
DEBATE GASTRONÓMICO: HISTORIADOR BOLIVIANO AFIRMA QUE LA “SALTEÑA” ES DE
BOLIVIA
Radio Pachamama de Perú (https://acortar.link/XK2yog)
El reconocido historiador boliviano Juan José Toro Montoya generó
controversia durante su visita a Juliaca al afirmar que la empanada conocida
como “salteña” tiene sus raíces en Bolivia. En una conferencia de prensa, instó
a la región de Puno a considerar cambiar el nombre de este popular platillo,
argumentando que la denominación actual ha generado confusión entre ambos
países.
Durante una feria gastronómica en Estados Unidos, Toro Montoya reveló que
una vendedora de salteñas en Juliaca las presentó como un aperitivo tradicional
de la región de Puno. Ante esta situación, decidieron intervenir para aclarar
que la salteña es de origen boliviano, no peruano.
A pesar de las similitudes y diferencias entre la versión puneña y
boliviana de la salteña, el historiador contextualizó la historia al afirmar
que el término se originó en el siglo XVII en Potosí, Bolivia. Destacó que, en
Bolivia, la salteña es considerada un exquisito producto culinario, mientras
que en Puno es más comúnmente vista como una comida al paso.
Para respaldar sus afirmaciones, Toro Montoya anunció la publicación de
un libro titulado “Una Empanada Llamada Salteña”. En la conferencia, contó con
la presencia de una regidora de Potosí, que también viajó a la región de Puno
para respaldar la historia y la investigación compilada en el libro.
LOS GLACIARES COLOMBIANOS "ESTÁN EN AGONÍA", ALERTA RECONOCIDA
ACTIVISTA
France 24 (https://acortar.link/iQqBd2)
"Mártires del cambio climático", los glaciares colombianos
"están en agonía", alerta la activista Marcela Fernández, reconocida
por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2023.
De los 14 glaciares tropicales que existían en Colombia a comienzos del
siglo XX solo quedan seis, repartidos en cuatro volcanes y dos sierras nevadas,
lamentó la colombiana de 33 años en conversación telefónica con la AFP.
Fundadora hace un lustro de la ONG Cumbres Blancas, Fernández fue
distinguida por la BBC por su lucha "creativa" en defensa de estas
cumbres de hielo perpetuo.
Los glaciares están "alertando de las consecuencias de lo que viene
(...) es la crónica de una muerte anunciada", advierte Fernández.
"Están en agonía, están en resistencia, pero nos quieren enseñar
muchas lecciones antes de que sea demasiado tarde", pues "su pérdida
es irremediable", añade.
Luto por un gigante
Atravesada por la cordillera de los Andes, Colombia se divide en tres
cadenas montañosas, con 17 volcanes y cumbres que superan los 5.700 metros de
altitud.
Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), "desde
mediados del siglo XIX, los glaciares colombianos han perdido el 90% de su
cobertura. La extinción de ocho nevados durante el siglo pasado permite
visualizar el futuro de los últimos seis nevados restantes".
La superficie de los glaciares colombianos pasó de 350 km2 a 36,1 km2 en
2019, apunta el SIAC en su reporte más reciente.
Se están derritiendo de manera "acelerada", a "casi un
kilómetro (cuadrado) al año", sostiene Fernández y asegura que solo quedan
33 km2 en 2023.
El 16 de septiembre, "el glaciar más estudiado del trópico, la masa
glaciar del Conejera (4.900 metros de altitud), dejó de ser glaciar" en el
Nevado de Santa Isabel (oeste), advierte la activista.
"El país debería estar de luto al saber que un gigante que está
dando la vida por sus ciudadanos se va (...) sin que muchos nos
enteremos", lamenta Fernández.
El Conejera desapareció cinco años antes de lo previsto y al resto de los
glaciares colombianos les queda 25 años de vida si se mantiene la tendencia,
añade.
Según la experta, "a diferencia del Himalaya, los Alpes o los
Pirineos, los (glaciares) tropicales tienen muchísima conexión con el ser
humano. (...) Nuestras ciudades están cerca, son accesibles y tienen un
componente ancestral".
De acuerdo a la cosmovisión de los indígenas colombianos los glaciares
"son nuestros dioses", explica Fernández.
"Aún estamos a tiempo de que no seamos la generación que se quedó de
brazos cruzados sabiendo que sus glaciares estaban a punto de
extinguirse", añade.
A diferencia de Bolivia o Perú, que dependen de los glaciares para su
suministro de agua dulce, el 70% del agua que consumen los colombianos proviene
de los páramos: frágiles ecosistemas de alta montaña, ubicados bajo los
glaciares y sobre los bosques andinos.
"Muriendo de hambre"
Con su ONG Cumbres Blancas, Fernández lucha por salvar los glaciares
protegiendo y restaurando los páramos, reguladores de las reservas de agua y
amenazados a su vez por incendios, ganadería y otras actividades humanas.
"El alimento del glaciar es la nieve, entonces (...) me dije: lo que
le está pasando a los glaciares es que se están muriendo de hambre",
explica.
Cumbres Blancas encontró una solución sembrando en los páramos frailejones:
plantas pequeñas de tronco grueso que retienen de forma natural el agua de las
nubes y la neblina, contribuyendo a mantener bajas temperaturas y regulando el
caudal de ríos y quebradas, según estudios de la Universidad Nacional de
Colombia.
"Pensar y soñar que de pronto podemos hacer nevar a través de una
restauración de los páramos es una utopía", reconoce Fernández.
Pero espera que el reconocimiento de la BBC sea el "campanazo"
para que "todos" los colombianos participen de la "protección,
estudio y conservación" de páramos y glaciares.
Según el observatorio europeo Copernicus, 2023 será probablemente el año
más caluroso de la historia alentado por el uso de combustibles fósiles, una
amenaza para estos mantos de hielo que representan el 75% de agua dulce de la
Tierra.
El derretimiento de los glaciares eleva el nivel del mar y afecta la
disponibilidad de agua fresca para uso doméstico, riego de plantas y
supervivencia de animales.
El panel de expertos sobre el clima de la ONU (IPCC) señaló en su reporte
de 2022 que "el calentamiento global acelerado está reduciendo los
glaciares tropicales a una velocidad nunca vista desde la mitad de la Pequeña
Edad de Hielo" (siglo 17), "impactando directamente" el
suministro de agua en la región andina.
EL DESIERTO DE SAL MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ EN SUDAMÉRICA
Nuevo Diario Rojense de Argentina (https://acortar.link/Cjc0ha)
Sudamérica tiene destinos maravillosos para conocer. Uno de ellos se
trata del desierto de sal más grande.
Cuenta con vistas impresionantes producto de lagos prehistóricos que se
evaporaron tiempo atrás. La corteza de sal se extiende al horizonte cubierta de
patrones de sal que se elevan desde el suelo creando el efecto espejo.
El Salar de Uyuni se encuentra ubicado en medio de los Andes en el sur de
Bolivia. Es la salina más grande del mundo.
El Salar de Uyuni, ubicado en Bolivia, se trata del salar más grande de
Sudamérica.
Se trata de lo que era un lago prehistórico que se secó y dejó un paisaje
desértico de casi 11.000 kilómetros cuadrados de sal blanca brillante y cactus.
Aunque la fauna es escasa, se pueden observar hasta algunos flamencos rosa.La
mejor época del año para visitarlo es durante los meses de mayo a abril y
octubre y parte de diciembre. Se trata de la temporada ideal ya que el clima no
es extremo y se tiene grandes paisajes con cielos despejados.
Muchos turistas aprovechan para tomarse fotografías muy divertidas con el
paisaje de fondo.
Qué se puede hacer en Uyuni
Uyuni es una ciudad turística del suroeste de Bolivia, ubicada en las
tierras altas del país. Se encuentra más precisamente en el departamento de
Potosí y al borde del Salar de Uyuni. Si uno visita este destino lo
imprescindible será primero, por supuesto, conocer el salar.
Sin embargo, cuenta con más atractivos como:
Isla Incahuasi
En quechua significa «la casa del Inca». Es una isla situada en la parte
central del Salar de Uyuni, cuenta con paisajes repletos de cactus y senderos
con vistas panorámicas desde distintos lados del salar.
Cementerio de Trenes
Es un lugar de trenes abandonados en el borde de las salinas del Salar de
Uyuni en Bolivia. Vale la pena conocerlo.
Laguna Colorada
Es una laguna que por los minerales que posee hace que sus aguas se vean
de color rojo. Se encuentra repleta de flamencos, ubicada dentro de la Reserva
Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, en el departamento de Potosí.
Termas de Polques
Aguas termales en Bolivia, ubicadas en la región del Altiplano andino.
Ideal para darse un baño rodeado de un paisaje sinigual.
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