EL ASESINATO DE UN LÍDER INDÍGENA AVIVA EL DEBATE SOBRE LA MINERÍA EN ZONAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA

El Estado asegura que el homicidio fue por “un altercado personal”, pero otros activistas apuntan que no es un caso aislado, sino un episodio más del amedrentamiento de la minería ilegal a los campesinos.

La ambición por la nueva fiebre del oro es desmedida en Bolivia. El cuerpo desfigurado del líder indígena y defensor medioambiental Francisco Marupa, de 66 años, fue encontrado el pasado viernes en el área protegida Madidi, al norte de la ciudad de La Paz. Los representantes de la nación nativa leco, a la que pertenecía el fallecido, y varias organizaciones indígenas coinciden en señalar como responsables a los operadores de la minería ilegal, en su intento de ingresar a explotar zonas prohibidas. Mientras el Estado asegura que el homicidio fue por “un altercado personal”, los jefes originarios insisten en que no es un caso aislado, sino un episodio más que se suma a amedrentamientos, quema de sus casas y avasallamiento de terrenos que sufren desde al menos seis años.
“Es un síntoma de un mal mucho más grande. El otro día hacíamos el recorrido habitual del río con otras mancomunidades y no pudimos terminarlo porque los mineros trancaron el paso. No nos dejaron pasar, lo que quiere decir que no se puede transitar libremente en Bolivia porque los mineros han tomado ciertas áreas. Hemos perdido la soberanía de nuestra propia tierra”, cuenta la indígena uchupiamona Ruth Alipaz, también vocera de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). Alipaz recuerda especialmente la toma agresiva con “dinamita, armas de fuego y retroexcavadoras” en 2022 de la comunidad Chushuara, en el municipio de Apolo, el mismo donde fue asesinado Marupa. “Nos decían: aquí nadie puede venir, ni el presidente”.
Mauricio Terrazas, miembro del pueblo takana y de la Coordinadora Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), asegura que, por denunciar actividad minera ilegal en el río Tequeje, fue amenazado de muerte y le quemaron su platanal el 2024. “Esto está pasando desde hace muchos años (…) Desde Cpilap insistimos en que existe un autor intelectual en la muerte del compañero Marupa. Descartamos la versión del Gobierno de que sean problemas personales, porque su asesino solo fue un enviado”, sostiene quien ayudó en el levantamiento del cadáver del dirigente leco. Son todas acusaciones concentradas en la zona tropical de La Paz, donde en los últimos 10 años se han multiplicado los asentamientos mineros a causa de su riqueza aurífera. El oro se ha vuelto un mineral muy codiciado. Su precio ha subido de 250 dólares por onza troy (poco más de 31 gramos) a principios de siglo, a 1.800 en 2022; además, ese año fue el principal material de exportación del país.
Extractivismo en parques naturales
A pesar de que existe un órgano público encargado de administrar y conceder permisos para la explotación minera, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, hay zonas, como los parques naturales, donde su actividad está prohibida. Sin embargo, las presiones de las cooperativas mineras, con gran poder de influencia en el Gobierno, son cada vez mayores para habilitar nuevas regiones donde se permite la extracción. El guardaparques Hugo Santa Cruz dijo haber sido amenazado de muerte por denunciar públicamente esta práctica en el Madidi, en un caso que llegó hasta los tribunales.
Con o sin autorización, tanto Terrazas como Alipaz aseguran que ya existe explotación aurífera en el Madidi, un parque natural de cerca de 19.000 kilómetros cuadrados y poseedor de la mayor diversidad de anfibios de América. “Cuando llevamos el cuerpo hasta la Policía, nos encontramos a tres personas lavando oro de manera artesanal”, cuenta Terrazas. A Marupa se lo recuerda como un longevo protector de este colosal parque natural. “No solo mataron a un indígena leco, también mataron a un defensor de la naturaleza, de nuestra madre tierra”, aclara el capitán grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla).
El deceso de Marupa causó conmoción en el país, llevando al presidente Luis Arce a pronunciarse. La Unión Europea también condenó el caso en un comunicado que expresaba que “la violencia, el despojo de tierras y la expansión de actividades ilegales en parques nacionales atentan contra la vida, la seguridad y los derechos de las personas”.
El cuerpo de Marupa fue encontrado a unos 200 metros de su parcela, a orillas del río Hondo, un caudal con riqueza aurífera. Los resultados de la autopsia, a la que tuvo acceso este medio, concluyen que la causa de muerte fue “traumatismo craneoencefálico”, luego de varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. “Su muerte tiene que ver netamente con aquellos que quieren despojarnos de nuestro territorio y aprovecharse de nuestros recursos. Es lo siguiente en la escalada de violencia que estamos sufriendo: han estado pegando a los hermanos, les cierran el paso a sus chacos, les queman sus casas y les roban sus herramientas”, advierte Gutiérrez.
Cabos sueltos con el acusado
Los comunarios de Apolo encontraron el cuerpo de Marupa el viernes, después de estar desaparecido tres días. Pocas horas después, ellos mismos hallaron río arriba al presunto autor, una persona de la etnia chimané de 20 años, que está en detención preventiva desde el martes. “Me enviaron a matarlo”, justificó el hombre, según recoge la Agencia de Noticias Fides. No obstante, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sustenta otra versión: “Reconoció ser el autor del asesinato porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”, publicó en su cuenta de Facebook el domingo. El comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunther Agudo, respaldó esta interpretación el martes en conferencia de prensa.
Las declaraciones resultaron ofensivas para las asociaciones indígenas, quienes insisten en que los responsables reales son los peticionarios de concesiones de las mineras y que el aprehendido es solo un enviado. Para el capitán grande leco, las palabras del ministro son “una puñalada sobre la herida abierta”. “Son declaraciones aberrantes y falsas, sostuvo. “Pedimos públicamente que el señor ministro pida disculpas al pueblo leco por los familiares de la víctima que están sufriendo y rectifique esa manifestación”. Desde la Cpilap también descartan la versión del Estado.
Para la uchupiamona Alipaz, hay muchos cabos sueltos detrás de la detención del presunto asesino. Defiende que sea un sospechoso, pero al mismo tiempo cree que no recibió un proceso justo porque “apenas habla español” y no declaró con la presencia de su abogado defensor. “No hay garantías de que sus declaraciones se hayan desarrollado sin presión. Estos avasallamientos violentos de la minería tienen en común el mismo propósito: enfrentarnos a los pueblos y comunidades entre sí para que después haya este tipo de violencia e incriminarnos”, opina la vocera.
En 2022, el indígena takana Miguel Supa fue detenido como supuesto responsable de la toma violenta de Chushuara, a pesar de ser un jornalero (la escala más baja en la producción minera, que recibe pago por día o jornada) y no tener acceso a una defensa legal. Fue liberado después de pasar seis meses en la cárcel y que se demostrara su inocencia. Para que no se repita un suceso similar con el caso Marupa, la comunidad internacional que apoya las luchas indígenas tiene puesta su mirada en el caso. Mientras se esclarece si su muerte tiene que ver o no con la minería ilegal, Terrazas, quien vivió de cerca la consternación de los lecos por la muerte de uno de sus líderes, tiene claro lo que está haciendo la fiebre de oro en su entorno: “La gente está cambiando, el modo de vida en la selva se está transformando, la forma de relacionarnos”. El País de España (https://lc.cx/EiUPTK)
 
 
 
 
 

LA IGLESIA AMAZÓNICA DE BOLIVIA EXIGE JUSTICIA TRAS EL ASESINATO DE UN LÍDER INDÍGENA
 
Redes eclesiales y vicariatos apostólicos han denunciado que esta muerte “no fue un hecho aislado”, sino el resultado de una violencia sistemática
 
Vida Nueva Digital de España (https://lc.cx/loOL3g)
 
El asesinato de Francisco Marupa, líder indígena boliviano del pueblo Leco y defensor de la naturaleza, tiene conmocionada a la Iglesia amazónica de este país.
El crimen fue perpetrado en la comunidad Torewa, territorio Indígena Originario (TCO) Leco, en el parque nacional Madidi, departamento de La Paz. El hombre fue encontrado muerto – con visibles signos de violencia – en su chaco (casa) en las riberas del río Hondo.
Es así como los capítulos nacionales de la Red Eclesial Panamazónica (Repam), la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama) como también los vicariatos apostólicos de Pando, Reyes y Beni, expresaron su “profundo repudio y consternación”.
“Este crimen no es un hecho aislado, sino el resultado del asedio y violencia sistemática por parte de intereses económicos dedicados al tráfico de tierras y a la minería ilegal”, denunciaron.
Defender a los indígenas
La muerte de Marupa se inscribe en una historia de violencia contra poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana por el control del territorio para la explotación minera, que incluye desalojo de cientos de familias, quema de vivienda y amenazas.
Las organizaciones eclesiales llevan años advirtiendo sobre esta violencia sistemática contra comunidades indígenas. Es el caso de los tsimanes en la provincia de Yacuma, departamento del Beni.
Han recordado las palabras del papa Francisco en su encíclica Laudato si’, “la defensa de la tierra tiene que ver con la dignidad de los más frágiles”. Por lo que debe ser custodiada y no ser explotada sin límites, sino verla como “un don de Dios para todos los pueblos”
“Es nuestra responsabilidad proteger a quienes, como el Pueblo Leco, resguardan la creación y la vida en armonía con la naturaleza”, apuntaron.
Hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional para exigir “justicia y garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas que defienden la vida y la Madre Tierra”.
El líder indígena era presidente de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. Fue reconocido por su firme defensa de los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Mantuvo una férrea oposición a las actividades mineras en áreas protegidas como el parque Nacional y el área Natural de Manejo Integrado Madidi.
También fue reconocido por su lucha contra la minería ilegal de oro y otros proyectos que ponen en riesgo el ecosistema y cultura de los pueblos indígenas, no sólo de Leco, sino de toda Bolivia.
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA DE BOLIVIA: EL VOTO POPULAR NO RESOLVIÓ EL PROBLEMA DE JUSTICIA
 
Sergio Ardaya, abogado boliviano especialista en temas de transparencia, junto con un grupo de expertos, hablará hoy en la Cámara de Diputados sobre lo que han aprendido durante las elecciones judiciales de su país.
 
Proceso de México (https://lc.cx/HWdBp3)
 
Bolivia, el país en cuyo modelo se inspiró Andrés Manuel López Obrador para crear la reforma judicial, ya vivió sus primeras tres elecciones de juzgadores entre errores y aciertos que han demostrado que el voto popular no resolvió el problema de justicia en dicho país.
En entrevista con Proceso, Sergio Ardaya, abogado boliviano especialista en temas de transparencia, comentó que con el tiempo las autoridades de su país han aprendido que entre más participación ciudadana y menos politización de los procesos de elección judicial haya, mejores perfiles llegan a los altos puestos de justicia.
Sin embargo, explicó que el más reciente proceso electoral se retrasó durante un año y tuvo que realizarse de manera parcial por diversos problemas internos con los juzgadores que aún se oponen al sistema y la falta de mujeres participantes.
Esta casa editorial informó el 3 de febrero de 2024 que la iniciativa de reforma del expresidente López Obrador se inspiró en el ejemplo de Bolivia para instaurar la elección de jueces por voto popular.
En cambio, las leyes bolivianas establecieron la renovación sólo de las altas cortes de justicia, mientras que en México el modelo de López Obrador establece una renovación total del Poder Judicial de la Federación (PJF) y los poderes judiciales locales, que deberán concretarse en dos procesos electorales.
“(Este sistema) surge por una crítica que hay al sistema de justicia en muchos de nuestros países, en varios países de la región, por una cultura elitista, muchas veces vista como corrupta, alejada del ciudadano, no entendida en una concepción de derechos humanos, de defensa de grupos minoritarios, indígenas, mujeres, etcétera”, explicó Ardaya.
“Entonces surge en un momento de crisis también del propio sistema de justicia con muchas observaciones desde distintos actores de la política, de la ciudadanía, y surge como una iniciativa del partido de gobierno para, evidentemente, promover un cambio, que es la bandera con la que se promueve en muchos de nuestros países estos cambios radicales y vienen a ser lo mismo”.
Aunque reconoció que el primer proceso electoral judicial de Bolivia fue complicado, consideró que el de México, al renovar a todos los juzgadores, puede representar un reto mayor.
Compartirá su experiencia
Este miércoles, Ardaya acudirá junto con un grupo de expertos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil boliviana, a la Cámara de Diputados a compartir con los legisladores mexicanos las lecciones aprendidas con sus elecciones judiciales, sistema que se pondrá en práctica, por primera vez en este país, en junio próximo con la elección de la mitad de juzgadores del PJF y de los poderes judiciales locales.
El 1 de agosto de 2024 Proceso dio cuenta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una nota técnica sobre el sistema de justicia de Bolivia en el que, pese a que los titulares de las altas cortes son elegidos mediante voto popular, aún prevalecen la desconfianza ciudadana, la opacidad y deficiencias estructurales y normativas.
Detalló que inicialmente los criterios para los interesados en postularse para las elecciones eran subjetivos porque sólo establecían un listado de requisitos que no permitían distinguir entre qué perfiles tenían mejor preparación o mayor experiencia para desempeñar la función de juzgadores, lo que provocó que, en algunos casos, no llegaron los mejores a la planilla de elección.
“Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos venido haciendo recomendaciones, sugerencias técnicas, porque evidentemente lo que debería cumplir este proceso es contar con un barómetro que permita además, meritocráticamente, ponderar los mejores perfiles”, comentó.
“(También) para que los procesos sean públicos, cuenten con veedores (observadores) ciudadanos que desde la sociedad civil, desde organizaciones que ven temas de medio ambiente, salud, educación, violencia contra las mujeres, derechos LGBTI, indígenas, de manera plural puedan observar cómo se realizan y eso ha sido algo positivo porque, evidentemente, más allá de que estés a favor o en contra del proceso, la ciudadanía tiene que ejercer ese rol de no sólo participar con el voto en las elecciones, sino ser un controlador de la gestión pública y éste es un rol de la ciudadanía activa, entonces se ha logrado inclusive incorporar en los reglamentos este rol de las veedurías ciudadanas”.
En cada proceso electoral judicial los observadores ciudadanos pueden entregar informes a las comisiones encargadas de revisar los perfiles de los candidatos para coadyuvar en la selección de los mismos antes del día de la elección.
Actualmente existe una ponderación de los criterios de evaluación en los que se otorga una puntuación diferente a los aspirantes dependiendo de los años de experiencia, cuántos posgrados tiene, si tiene publicaciones, entre otros, para acotar más la subjetividad con la que pueden ser seleccionados para una candidatura y reducir la politización de los procesos.
La última elección judicial de Bolivia estaba programada para 2023, sin embargo se realizó parcialmente en diciembre de 2024, porque ante el Tribunal Constitucional las autoridades elegidas por el partido en el gobierno presentaron impugnaciones a la reforma constitucional que instauró la elección por voto popular de esos cargos y han decidido autoprorrogar sus nombramientos, además de que anularon la elección en parte del país porque no hubo candidatas mujeres.
Esta situación también ha provocado que los procesos de validación y revisión de los perfiles aspirantes permanezcan frenados.
“Esto además ha generado un conflicto de intereses, porque las autoridades que deciden cómo se va a fallar en esos casos que se han presentado en el sistema constitucional eran las mismas que decidían sobre su futuro, es decir, si se iban o no se iban y han decidido su autoprórroga”, refirió.
En el primer proceso de Bolivia los mejores abogados del país rechazaron postularse porque, al tener criterios tan subjetivos, existía desconfianza en el equilibrio en la contienda y la intervención de intereses políticos para colocar a personas afines, por lo que los aspirantes que se postularon no necesariamente eran los mejores.
“Hubo una movida muy fuerte en el país en la primera elección para que se promoviera el voto blanco y nulo para demostrar que gran parte de la ciudadanía estaba disconforme con esta modalidad de voto y evidentemente en esa primera elección, y en la segunda también, ganó el voto nulo y blanco”, lamentó.
Aunque en la tercera elección también se intentó promover el voto nulo y blanco, la participación ciudadana creció y se postularon mejores perfiles.
“Hemos sido invitados ahora para comunicar los aciertos y errores que han tenido nuestros procesos y el rol que deben tener tanto la academia como la sociedad civil, que debería ser de acompañamiento desde los procesos de registro, de todo lo que está pasando, que esto permita además llevar registro de lo bueno, lo malo y lo feo, como se dice, para hacer recomendaciones”, afirmó.
Pese a las correcciones que Bolivia ha realizado a su sistema de elección judicial, Sergio Ardaya precisó que los problemas de rezago, elitismo, falta de perspectiva de género o la emisión de resoluciones que afectan los derechos de las minorías no ha cambiado con la designación por voto popular.
“El mayor problema está en la preselección, porque es donde se debería tener más cuidado, más participación ciudadana, mejores filtros, mucho más rigor, porque muchas veces, inclusive en el país, hemos escuchado ‘se han presentado 700 candidatos, entonces es un proceso altamente legítimo’. No, o sea, eso no es bueno, porque si se van a presentar todos en masa, quiere decir que el reglamento no es lo altamente riguroso para que los mejores perfiles lleguen”, abundó.
“Si en determinado momento una sola fuerza política puede elegir a todos los postulantes que van a ir como candidatos, ahí hay también un conflicto, porque evidentemente una sola fuerza elige quiénes van a ser los candidatos y en últimas los ciudadanos vamos a ir a convalidar algo donde no hemos tenido margen de definición”, finalizó.
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA DE BOLIVIA: EL VOTO POPULAR NO RESOLVIÓ EL PROBLEMA DE JUSTICIA
 
La Inmersión de México (https://lc.cx/JT_24s)
 
El texto analiza la experiencia de Bolivia en la elección de jueces por voto popular, un modelo del que se inspiró Andrés Manuel López Obrador para la reforma judicial en México. Sergio Ardaya, un abogado boliviano, comenta que, aunque esta modalidad buscaba mejorar la justicia, ha enfrentado varios problemas a lo largo de sus tres elecciones de juzgadores, demostrando que el sufragio popular no ha resuelto los desafíos del sistema judicial en el país.
Ardaya destaca que, con el tiempo, Bolivia ha aprendido que una mayor participación ciudadana y menos politización en la elección de jueces da lugar a mejores perfiles en el sistema de justicia. Sin embargo, menciona que el último proceso electoral se retrasó un año y tuvo que ejecutarse de forma parcial debido a problemas internos y a la escasez de mujeres en el proceso.
A diferencia de Bolivia, donde las leyes solo permiten la renovación de las altas cortes, el modelo propuesto por López Obrador busca una renovación total del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, que se llevará a cabo en dos procesos electorales. Ardaya subraya que este sistema nace de una crítica general al sistema de justicia en la región, caracterizado por ser visto como elitista y corrupto, y se presenta como una respuesta a la crisis de confianza en la justicia, promoviendo un cambio que busca atender las necesidades de grupos marginados y promover los derechos humanos.
 
 
 
 
 
No hay límite de peso para las hojas de coca que vienen de Bolivia
 
AFIRMAN QUE LOS BAGAYEROS FUERON DETENIDOS POR USAR UN PASO NO HABILITADO
 
En medios de Bolivia se indicó que los pasadores quisieron atravesar el río Bermejo pese a la crecida.
 
Página 12 de Argentina (https://lc.cx/MDuW6B)
 
Tras la difusión de un video en el que se observa que miembros de la Armada Boliviana detienen a dos pasadores de hojas de coca y los entrega a la Prefectura Naval Argentina, autoridades del vecino país dieron explicaciones públicas sobre este hecho, ocurrido en la frontera entre ambos países.
El comandante del Área Naval N° 3, Edgar Zenteno, dijo a Radio Fides de Bermejo (ciudad boliviana ubicada frente al pueblo argentino de Aguas Blancas) que los pasadores de hojas de coca, a quienes se conoce como “chancheros” o “coqueros”, fueron detenidos porque “pretendían cruzar el río Bermejo portando cuatro taques de coca y dos bultos con cigarros”. El taque es una unidad de medida que representa 50 libras (casi 25 kilos) de hojas de coca.
Otras fuentes de Bolivia indicaron a Salta/12 que otra cuestión que provocó la reacción de los integrantes del Área Naval 3, el grupo de la Armada de aquel país que tiene a su cargo el control de frontera en Bermejo, fue el hecho de que los pasadores o bagayeros quisieron cruzar la frontera por pasos no permitidos.
En comunicación con Radio Fides, que también tiene un portal digital, el comandanate Zenteno también mencionó las condiciones del río. Dijo que “a pesar de que la navegación estaba suspendida por la crecida del río, estas personas hicieron caso omiso”.
Dijo que por eso decidieron la detención y el decomiso de la mercadería, que será entregada a las autoridades competentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Fuentes de las fuerzas de seguridad bolivianas informaron a este diario que no existe límite alguno en la cantidad de hojas de coca que se pueden pasar hacia Argentina. Pero insistieron en que este traslado debe hacerse por los pasos fronterizos habilitados porque de lo contrario pueden desplegarse operativos como el del martes último.  Y afirmaron que también se coordinan los operativos con la Prefectura Argentina.
Prohibición dictatorial
La prohibición de la importación de las hojas de coca tiene un origen en el decreto 648/78 . En ese instrumento se indica que, hasta entonces, y por resolución del Gobierno nacional, se había dispuesto la posibilidad del ingreso de hasta 10 mil kilogramos de hojas de coca para el consumo de las provincias del norte (Salta, Jujuy y Tucumán).
En 1976, según indica el decreto, ingresaron las últimas 10 toneladas y con el decreto de 1978, que lleva la firma del dictador Rafael Videla, se prohibió la importación de la hoja de coca.
Actualmente, en general se imputa y condena (en el caso de que la causa avance, porque muchas veces se desestiman) a quienes son atrapados trasladando el vegetal por “encubrimiento de contrabando”, enmarcado en el artículo 874 “d” del Código Aduanero.
Aunque se dan casos en que se intenta equiparar el transporte de hojas de coca con el transporte de drogas.
Por ejemplo, en mayo del año pasado el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a un hombre por encubrimiento de contrabando, desestimando el de "transporte de materias primas para producir estupefacientes" por el que había llegado acusado y que está previsto en el artículo 5 inciso c de la Ley 23.737, que pena el transporte o comercialización de estupefacientes.
“Se encuentra probado que en su estado natural las hojas de coca no producen dependencia física o psíquica, no calificando por ende como ‘estupefacientes’ en los términos del artículo 77 del Código Penal, no poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado por la ley 23.737 'salud pública’ por su falta de nocividad”, aclaró el juez Luciano Homero Lauría al resolver el caso.
Agregó que en el caso que se juzgaba las “hojas de coca se encontraban dispuestas en paquetes de aproximadamente 250 gramos, forma habitual en la que se acondicionan para su venta en el norte de nuestro país, donde su oferta es absolutamente abierta y masiva para el ‘coqueo’”. El fallo reseña lo que es común en las provincias del norte argentino, la hoja de coca es “promocionada en la vía pública”, y destaca que el “coqueo” forma parte de una “costumbre de consumo en la población norteña y en especial en el ámbito de los choferes que recorren largas distancias por considerarse que mitiga el cansancio y el hambre”.
A pesar de fallos como este, como sigue vigente aquel decreto de la dictadura, que impone una distancia entre la legalización del consumo en Argentina y la prohibición de su ingreso desde Bolivia, continúan los secuestros de hojas de coca y en los tribunales siguen llegando casos para su análisis sobre la punibilidad que se puede aplicar a la única posibilidad de ingresar y trasladar el producto en el país: la ilegalidad.
 
 
 
 
 
PREOCUPACIÓN POR EL DESCONTROL EN LA FRONTERA DE AGUAS BLANCAS
 
Un nuevo episodio en la frontera de Aguas Blancas con Bolivia, reavivó el debate sobre el control y la aplicación de normativas en la zona.
 
La 17 de Argentina (https://lc.cx/5qSAIT)
 
Dos hombres fueron detenidos por la Armada boliviana al intentar ingresar varios kilos de hojas de coca. Posteriormente, fueron entregados a la Prefectura Naval Argentina, pero quedaron en libertad ya que no poseían el cargamento.
El interventor Adrián Zigarán brindó declaraciones en Radio Salta tras la viralización de videos sobre el hecho. "Hay mucho descontrol en la frontera y un gran desconocimiento de las leyes vigentes", expresó. Además, criticó la desinformación generada en redes sociales y medios de comunicación.
Zigarán aclaró que el transporte de ciertos productos es legal, pero el ingreso de hojas de coca está prohibido. "Si llevás ropa, no hay problema. Pero si transportás hojas de coca, estás cometiendo contrabando y eso tiene consecuencias", explicó.
El funcionario destacó que existen diferencias en la aplicación de las normas. Mientras que algunas personas son detenidas con pequeñas cantidades de hojas de coca, otros puntos de venta manejan volúmenes mayores sin intervención oficial. "Es momento de sincerar la situación y establecer reglas claras", sostuvo.
La falta de cooperación con las autoridades bolivianas también fue un punto de discusión. "No existe un mecanismo de colaboración directa. Esto dificulta la coordinación en los procedimientos de control", manifestó Zigarán.
El interventor también se refirió a la polémica en torno a la instalación de un alambrado en la frontera. "Se generó una gran novela con el tema. La colocación de un poste fue simbólica, pero algunos medios lo exageraron", comentó. Destacó que las obras aún no comenzaron oficialmente.
Sobre el impacto en el comercio local, Zigarán descartó efectos negativos. "No conozco ninguna frontera que se haya visto afectada de un día para el otro por una medida así", afirmó. Además, sostuvo que la falta de colaboración del lado boliviano sigue siendo un problema recurrente.
La instalación del alambrado podría incentivar el uso del paso fronterizo formal. "Del lado argentino se cuenta con recursos adecuados, pero en Bolivia hay demoras por la falta de personal en los controles aduaneros", explicó. La diferencia en la infraestructura genera complicaciones en el tránsito de personas y mercancías.
El interventor pidió a las autoridades bolivianas que adopten medidas similares a las implementadas en Salvador Mazza. "Si el sistema funcionó en otros puntos, no entiendo por qué no lo aplican aquí", concluyó. Mientras tanto, el descontrol en la frontera sigue generando preocupación.
 
 
 
 
 
PREOCUPACIÓN POR EL DESCONTROL EN LA FRONTERA DE AGUAS BLANCAS CON BOLIVIA Y EL DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS
 
El interventor Adrián Zigarán, habló de la detención y liberación de dos pasadores de hojas de coca, quienes fueron detenidos por la Armada boliviana
 
Agenda Salta de Argentina (https://lc.cx/wk77iW)
 
La mañana de miércoles comenzó con un hecho que generó confusión en la frontera de Aguas Blancas, donde dos hombres fueron entregados por la Armada de Bolivia a la Prefectura Naval Argentina por intentar pasar varios kilos de hojas de coca. Sin embargo, la fuerza boliviana se llevó el cargamento tras dejar a los coqueros del lado argentino, quienes fueron liberados al poco tiempo porque no tenían el contrabando.
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, indicó que tras el revuelo que se armó por este hecho, ya que se viralizaron videos de la situación y la lluvia de comentarios negativos y de desinformación no se hicieron esperar.
"Acá nos tenemos que acostumbrar a que se apliquen las leyes vigentes. Hay mucho descontrol en la frontera y también desconocimiento de las normativas vigentes, y si les prestan los micrófonos a terceros les das la oportunidad a la gente que opine cualquier cosa y desinforme", comenzó
Y agregó: "Si vos llevas ropa u otro tipo de mercadería es legal. Pero si vos llevas hojas de coca es contrabando, y cuando te atrapen más vale que hagas silencio porque estás por fuera de la norma".
Al ahondar en la normativa, Zigarán señaló que es algo que viene desde muchos años y que hay que sincerarlo de alguna forma o realizar algún cambio.
"Creo que alguien se tiene que poner los pantalones, porque no puede ser que te agarren con 20 kg de hojas de coca y te mandan preso, mientras que hay puestos que tienen más 200 kg y no pasa nada", indicó.
Además, añadió: "Con las normativas vigentes no podes traer hojas de coca, sea la cantidad que sea, y por eso la Prefectura Naval actuó".
Más allá de lo ocurrido, Zigarán manifestó que no hay una colaboración directa establecida con las autoridades bolivianas.
El interventor de Aguas Blancas señaló que se hizo una "gran novela" en torno al alambrado que se tiene programado instalar en la frontera y que aún no han iniciado las obras oficialmente.
"Lo que hicimos el otro día con la ministra Bullrich fue una colocación simbólica de un poste, todos sabemos que no se pone con tierra solamente. Pero vino gente de C5N a armar toda una novela del pozo", explicó.
Consultado sobre las posibles consecuencias para el comercio local por la instalación del alambrado, Zigarán fue categórico. "Yo no conozco ninguna frontera que se haya muerto de un día para el otro. 200 metros de alambre no le van a cambiar la vida al pueblo pero si podría cambiar la comodidad, porque no hay colaboración desde el lado boliviano", alertó.
La instalación del alambrado haría que más gente use el paso fronterizo, a lo que Zigarán indicó que si bien del lado argentino las condiciones estarían dadas para una atención óptima. Del lado boliviano no destinan los mismos recursos para el control aduanero.
"Ayer no estuvo funcionando el paso de chalanas, por lo que la gente que quería pasar a Bolivia tenía que cruzar por la aduana. Allí, se destinaron hasta tres agentes que agilizaban el paso de la gente, No obstante, del lado boliviano comenzaba a verse una fila muy grande porque había solamente una persona controlando", explicó.
Y añadió: "Por eso digo que no hay colaboración del lado boliviano. Les he pedido a las autoridades que se instaure el mismo sistema que se utiliza en Salvador Mazza, ya que se pasa con más facilidad si vos vas y volves en el día. Sin embargo, no me saben explicar por qué no se hace".
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO DE EEUU TRAS OPOSICIÓN AL LITIO EN BOLIVIA
 
Prensa Latina de Cuba (https://lc.cx/Bae5Pr)
 
La publicación digital El Radar denuncia hoy el financiamiento, tras bambalinas, de las instituciones estadounidenses Ford Foundation y Rockefeller Philantrhropy Advisors a las organizaciones que rechazan la industrialización del litio en Bolivia.
Bajo el título de ¿Quiénes están detrás de las organizaciones que se oponen a la industrialización del litio?, el medio electrónico afirma que esta oposición sigue en primer lugar un interés económico por este recurso natural, y en segundo, una aspiración de poder político en torno a este mineral.
Recuerda que, recientemente, en Potosí se publicó el documento Pronunciamiento Público Litio o Agua y Humedales-No a los Contratos que nos Dejan Sin Futuro, rubricado por un grupo de organizaciones ambientales y de la sociedad civil.
Advierte al respecto que, sin embargo, existen importantes intereses económicos detrás de esas organizaciones no gubernamentales (ONGs), las cuales en su mayoría reciben financiamiento de un grupo de entes internacionales.
Menciona entre ellas a la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (Gagga, por sus siglas en inglés) y la Fair Green and Global (FGG) Alliance, financiadores que a su vez utilizan a organismos como Both Ends y Mama Cash para promover diversas iniciativas en países de Latinoamérica y África.
En una radiografía de este tema, El Radar sostiene que “más arriba en la línea están otros colaboradores como la Ford Foundation y la Rockefeller Philanthropy Advisors”.
Precisa que estas dos últimas fundaciones están regidas por los herederos de los iniciadores de dos trasnacionales muy relacionadas con los combustibles fósiles, pero que, desde hace una década, decidieron desviar sus intereses hacia las energías limpias o renovables.
En este contexto, razona la publicación, es comprensible su interés en el litio, pues se trata de un recurso natural clave en la transición energética hacia la electromovilidad con miras al año 2030.
Precisa que la forma en que lograrían “poner las manos” sobre este recurso, sería mediante el empleo de ONGs a las que sentarían en la mesa de negociaciones.
Indica que eso ocurrió recientemente en Potosí, donde un grupo de estas estructuras denominadas no gubernamentales se opusieron a los contratos para la industrialización del litio, y denominó a varias de ellas por su nombre.
Resaltan entre las enumeradas el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate (CDHE), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem Bolivia), Colectivo Angirú Bolivia, Colectivo CASA, Colectivo Plurales, Yo Soy Semilla y Ríos de Pie.
Estados Unidos se opone a las inversiones de China y Rusia en los países del llamado Triángulo del Litio (Argentina, Bolivia y Chile), según reiteró en 2023 la exjefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala de cuatro estrellas Laura Richardson.
 
 
 
 
 
AUMENTA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN BOLIVIA, CON LOS POLÍTICOS DANDO EL EJEMPLO
 
Agencia NOVA de EEUU (https://lc.cx/QlYlNP)
 
Las estadísticas publicadas recientemente sobre delitos contra las mujeres son estremecedoras: el número de casos de violencia doméstica ha aumentado un 40 por ciento en los últimos seis meses. Los expertos afirman que la aterradora tendencia puede deberse al comportamiento de los políticos.
El principal ejemplo para quienes gustan de ejercitar sus habilidades de boxeo doméstico ha sido, por supuesto, Manfred Villa Jr, implicado en un escándalo de agresión a una chica.
A pesar de que niega su implicación en el delito, los cargos parecen muy graves. Corresponderá a la justicia determinar en qué calidad será juzgado el hijo del alcalde de Cochabamba.
Evo Morales también está dando un mal ejemplo. El ex mandatario boliviano se ha negado a obedecer la ley y a defender su nombre ante los tribunales frente a las acusaciones de violación, pederastia y trata de seres humanos. En lugar de eso, sigue escondiéndose en la selva y afirma que se saldrá con la suya.
 
 
 
 
 
BOLIVIA PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE CON UN AMPLIO USO DE ENERGÍA SOLAR
 
Revista Crónica Viva de Perú (https://lc.cx/2nBTyM)
 
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Bolivia) produce hoy unos 170 megavatios (MW) de energía eléctrica limpia en condiciones amigables con el medio ambiente mediante cuatro plantas solares instaladas en Oruro, Potosí, Tarija y Pando.
“En Bolivia existen cuatro plantas de energía solar operadas por ENDE Corporación: una es la Planta Solar Oruro, con una potencia instalada de 100 MW (…)», destaca este martes un reporte de la empresa estatal.
Añade que la segunda es la de Uyuni I, con una potencia de 60 MW, en fase de ampliación en estos momentos.
La tercera es la de Yunchará, en Tarija, con capacidad de cinco MW, igual que la de Cobija, en Pando, informa la nota institucional.
ENDE Corporación señala que, con una inversión de 28.6 millones de bolivianos (más de cuatro millones de dólares) financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno impulsa la ampliación de la Planta Solar Uyuni Fase II.
Ejecutada esta última por la filial ENDE Guaracachi, contempla la instalación de una planta de generación fotovoltaica con una capacidad nominal de 2.5 MW, cuya entrega está prevista para los próximos meses.
Reitera el informe que la central Fotovoltaica Uyuni en su fase I ya tiene un potencial instalado de 60 MW y con su ampliación llegará a 62.5, que beneficiará al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Asimismo, se indica, es una fuente de empleos directos e indirectos en esta esfera durante la etapa constructiva.
Sobre Uyuni II, se informó que incrementará la generación eléctrica del país, con el aprovechamiento de los rayos solares en un lugar considerado estratégico donde se presentan los niveles de irradiación más altos del mundo.
El proyecto está localizado en el municipio de Uyuni, en la provincia de Antonio Quijarro del departamento de Potosí, y forma parte del compromiso de Bolivia con la transición energética, se informó.
De igual manera, permitirá disminuir la emisión de gases de efecto invernadero originada por la combustión de gas natural para la generación de energía termoeléctrica.
 
 
 
 
 
ZAPATERO SE COMPRA UN CHALET EN MADRID A NOMBRE DE SU MUJER UN MES DESPUÉS DE REUNIRSE EN BOLIVIA CON DELCY
 
La Gaceta de España (https://lc.cx/8ovI00)
 
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprado una vivienda valorada en 500.000 euros en la exclusiva urbanización Puerta de Hierro, en Madrid. La propiedad, inscrita en el Registro de la Propiedad número 32 de la capital, aparece formalmente a nombre de su esposa, Sonsoles Espinosa. La adquisición del inmueble se realizó el 18 de abril de 2024, poco después de su regreso de un viaje a Bolivia, donde sostuvo reuniones con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
El inmueble, cuya compra fue revelada inicialmente por El Confidencial, cuenta con una superficie de 134 metros cuadrados y se asienta sobre una parcela de 318 metros cuadrados. Construida en 1935, la casa dispone de una única planta y presenta un estado de conservación deficiente, lo que explica su precio relativamente bajo en comparación con otras propiedades de la zona. Para financiar la compra, la pareja solicitó una hipoteca por el mismo valor de 500.000 euros.
Paralelamente, El Debate adelantó que las hijas de Zapatero trabajan para el empresario Pedro Hermosilla, quien ha recibido ayudas gubernamentales por un total de 3,2 millones de euros. Hermosilla mantiene importantes negocios en Guinea Ecuatorial, país en el que Zapatero ha realizado múltiples visitas. Además, el empresario estuvo encarcelado en Cuba hace más de una década por un caso de corrupción y logró su liberación tras la mediación del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, bajo la gestión del propio Zapatero.
Además de su reciente viaje a Bolivia, el exmandatario ha realizado múltiples desplazamientos a China, donde colabora con diversas compañías y es invitado frecuentemente para impartir conferencias. La adquisición de la vivienda coincide con estos viajes, generando interrogantes sobre sus fuentes de ingresos y sus vínculos con empresarios y líderes políticos de otros países.
 
 
 
 
 
ADIÓS AL OBISPO DE LOS POBRES
 
Nicolás Castellanos, el obispo leonés que lo dejó todo para irse de misionero, deja un legado de más de 30 años en Bolivia
 
Diario León de España (https://lc.cx/JOelHW)
 
Nicolás Castellanos Franco (Mansilla del Páramo. 1935 – Santa Cruz de la Sierra. 2025) «pasó a la habitación de al lado» —como se refirió a la muerte San Agustín— en su querida misión boliviana. Leonés de corazón universal, entregó una gran parte de su vida a los más pobres del planeta desde que, en 1991, dejó voluntariamente la Diócesis de Palencia para poner en marcha la Fundación Hombres Nuevos.
Obispo en España y padrecito en Bolivia, este agustino de la generación de vocaciones de la posguerra deja una huella de obras y varias generaciones bolivianas formadas para tomar las riendas de la fundación. En el corazón del Plan 3000, el barrio más pobre de Santa Cruz de la Sierra, tenía su «palacio», una sencilla morada en la que vivía en comunidad rodeado del equipo de Hombres Nuevos.
A Nicolás Castellanos, premio Príncipe de Asturias de Asturias de la Concordia en 1998, le encantaba regar el césped del patio, que tanto le recordaba a su comarca paramesa regada por los canales que llegaron con el pantano de Luna. Su infancia fue en tierra seca y entre gente esforzada. Recordaba a su padre y a su madre por su fe en el trabajo, en Dios y en la educación de sus hijos. En Mansilla del Páramo aprendió que «da más alegría dar que recibir». «Yo creo que fui hombre nuevo desde niño», afirmaba al cumplirse los 25 años de Hombres Nuevos.
Era leonés y agustino. O agustino y leonés. De fina vocación, cultivada formación y hombre de acción y pensamiento.
La idea de ser misionero rondaba su cabeza tocada por la mitra de Palencia y tras visitar el país más pobre de América del Sur invitado por los agustinos cambió su vida. Lo más difícil fue conseguir que un obispo local aceptara su proyecto. «Me rechazaron cuatro obispos de Bolivia, decían que era comunista y de la teología de la liberación». El arzobispo de Santa Cruz, Julio Tarrazas Cardenal, fue quien le abrió las puertas.
El 16 de enero de 1992, en las vísperas del quinto centenario del descubrimiento de América, llega a Santa Cruz de la Sierra el leonés Nicolás Castellanos, dejando atrás trece años como obispo de Palencia. En el mercado y en las calles «pescó» a muchos de sus primeros usarios el padre Nicolás. Los niños trabajadores empezaron a ir a la escuela y muchos han llegado hasta la universidad gracias al proyecto.
«Su presencia fue como una caricia de Dios, llegó a nosotros, convivió con nosotros, dedicó su vida a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, dejando un legado imborrable en nuestra comunidad». Es el epitafio que le dedica la Fraternidad y Proyecto Hombres Nuevos en Bolivia a este hombre a quien prometen que «su pasión y compromiso seguirán siendo una fuente de inspiración para todos nosotros».
Son los herederos y herederas —en Hombres Nuevos, a pesar del nombre, las mujeres tienen un papel protagonista— de un proyecto cuyo norte ha sido y es la educación. El balance es de 121 escuelas fundadas y más de 6.000 universitarios licenciados, además de irradiar a más de 60.000 personas de forma directa solo en Santa Cruz de la Sierra.
Fundó las primeras 14 escuelas con el apoyo de un mecenas español, Carlos Laborde Pulido, que le dio 400 millones de pesetas y le dijo que no quería catequesis. Pero la gente le pedía templos, porque «dicen que donde hay iglesia hay escuela», señalaba. La gente pasaba hambre y los niños y las niñas, más hambre. Lo urgente era lo importante y el padresito decidió abrir un centro para atajar la desnutrición infantil.
Una de las obras de las que estaba más orgulloso es la facultad de Teatro. Un templo de la cultura erigido entre las pobres y destartaladas viviendas del plan 3000 y la única de Bolivia que recibió alumnado de toda América Latina y tuvo acuerdos con Francia y la Real Escuela de Teatro de Madrid.
Santa Cruz de la Sierra era su base de operaciones, pero en las últimas décadas logró extender la labor al Altiplano. Con ayuda de la Obra Social de la extinta Caja España, primero, y la Junta de Castilla y León abrió internados en Cochabamba y El Alto, una ciudad de nueva creación por encima de La Paz a la que llegaron millones de personas.
Nicolás Castellanos se ganó la condición de autoridad en Bolivia sin tener ningún poder. En la fraternidad de la Ciudadela Andrés Ibáñez del plan 3000 la mesa siempre tenía hueco para compartir con los numerosos voluntarios y voluntarias de España que llegaban a Santa Cruz de la Sierra a conocer el milagro de los panes y los peces del leonés. Su primera fuente de ingresos era la «utopía», decía, consciente de que nada de lo que recibía un año era seguro para el año siguiente.
En los últimos años, siempre ironizaba con que su único papel como presidente de la Fundación Hombres Nuevos en España era recoger fondos para seguir con el proyecto en Bolivia. «Con 200 euros que done un leonés, puede estudiar un boliviano», aseguraba, mientras defendía que «cada euro entregado es euro invertido». La fraternidad, con una veintena de personas al frente de los diferentes programas, era autónoma o así quería que fuera.
Su capacidad de acción fue acompañada siempre por un pensamiento activo y proactivo sobre la cuestión de la pobreza. Sus inquietudes intelectuales quedaron plasmadas en una extensa obra que inició en 1978 con el libro «Encuentros de juventud. Celebrar la vida».
La etapa boliviana fue también la más fructífera como escritor. Desde que en el año 1995 publicó su primer libro como misionero, «Las siete palabras de América», no dejó de poner negro sobre blanco la intensa experiencia — «Utopía y realidad: hombres nuevos» (2000)—, sus inquietudes —’Ser cristiano en el Norte con el Sur al fondo» (2010) o «Memoria, profecía y liberación hacia el reino»— y sus orígenes vitales y religiosos. Con «Memorias, vida, pensamiento e historia de un obispo del Concilio Vaticano II», de 2021, y «El arte del bien y el buen vivir» (2023) puso el broche a un legado intelectual perdurable.
Su pasión y su obsesión era acercar a las personas de los países ricos, y en particular a España, la sensibilidad hacia la justicia y las personas más pobres del planeta. La pobreza, decía, «verdaderamente es un problema planetario porque dos terceras partes de la humanidad están en esa situación y es escalofriante».
«La pobreza es la gran indignidad de la humanidad, una vergüenza», fueron las palabras que dejó clavadas en el mensaje a sus convecinos de Mansilla del Páramo este verano, en el homenaje que le tributaron. «Aquí, en Mansilla, aprendí los valores que han guiado el resto de mi vida», confesó con la mitra de obispo emérito sobre su lúcida cabeza.
Nicolás Castellanos ingresó en la Orden de San Agustín y realizó sus primeros votos en Palencia el 10 de septiembre de 1953. En 1973 fue elegido provincial de los agustinos y, cuando disfrutaba de su segundo mandato como provincial, fue nombrado obispo de Palencia. El 30 de septiembre fue ordenado por el nuncio apostólico Luigi Dadaglio. En la Conferencia Episcopal Española fue miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades (1981-1990) y de la Comisión Episcopal de Pastoral (1984-1987). También perteneció a la Comisión Episcopal de Límites de 1987 hasta 1991. Este año presentó su renuncia para irse de misionero, deseo que le concedió Juan Pablo II el 4 de septiembre de 1991.
Además del Príncipe de Asturias a la Concordia, con Vicente Ferrer, Joaquín Sanz Gadea y Muhammad Yunus, fue galardonado por la Junta de Castilla y León con el Premio Valores Humanos en 2002. En 2006 el Gobierno de Rodríguez Zapatero le otorgó la Medalla de Oro al Trabajo, que recibió de manos de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en una visita de estado. En 2022, la Junta entregó en 2022 a monseñor Castellanos la Medalla al Mérito Profesional de Castilla y León. También es Leonés del Año, de Radio León.
Su fallecimiento se produjo tras varios días ingresado en el hospital. En Palencia se celebrará un funeral el día 25, presidido por el obispo de la diócesis, Mikel Garciandía. Los pésames han llegado desde todas partes. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le recordó como un referente de «entrega y solidaridad».
Nicolás Castellanos ha pasado a la habitación de al lado, donde los creyentes esperan la resurrección.