UNA MÁSCARA DE DIABLO DEL CARNAVAL DE ORURO, EN BOLIVIA, ENTRE LAS PIEZAS MÁS DESTACADAS DEL MUSEO DE ARTESANÍA IBEROAMERICANA DE TENERIFE

La Diablada es una danza boliviana y es una representación material de una profunda inspiración religiosa. La coreografía de la Diablada representa la lucha entre el bien y el mal y la derrota de los siete pecados capitales. Esta danza se realiza en todas las expresiones artísticas y populares de Bolivia y particularmente en Oruro durante el tiempo del Carnaval. La Diablada es patrimonio cultural del pueblo boliviano es Inalienable, inembargable e imprescriptible forman parte de la expresión, identidad y legado del Estado Plurinacional de Bolivia.

Una colorida máscara decorada con lagartos, dragones y serpientes del carnaval de Oruro, en Bolivia, utilizada para la veneración de la Virgen del Socavón en las fiestas de esta ciudad se encuentra entre las piezas más destacadas del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (Mait).
El carnaval de Oruro es una festividad religiosa, folclórica y cultural de la ciudad, así como la máxima representación de los carnavales de Bolivia con su danza principal de la Diablada, ha detallado en rueda de prensa la jefa de investigación del museo, Milagros Amado.
Esta máscara, de finales del siglo XX, se ha hecho a medida para que no cause daño al danzarín y está elaborada de yeso multicolor que representa a un personaje del infierno, un diablo con los ojos grandes y desorbitados, la boca sermiabierta con enormes dientes puntiagudos y colmillos sobresalientes con el fin de atemorizar al público.
La investigadora del Mait, centro con sede en La Orotava y una afluencia que ronda los 11.000 visitantes al año, ha resaltado otra pieza del museo, el arcón colombiano, un mueble en forma de caja con tapa convexa cerrada que se utilizaba para guardar enseres y ropa de cama.
Se trata de un tipo de mueble, elaborado por Rafael Ruiz, que llegó América de la mano de los colonizadores, donde adopta las costumbres decorativas del lugar, ha agregado.
Entre las piezas más icónicas también se encuentra una batea mexicana, un recipiente hecho en madera laqueado con hilos de oro de 23 quilates de Gerardo García del año 1998.
Esta obra de arte está trabajada con la técnica del maque utilizada por las culturas precolombinas para decorar vajillas y está además decorada con pintura al óleo.
Las tres piezas son propiedad del museo, que ha puesto en marcha la segunda edición del proyecto audiovisual “Indispensables del Mait” para poner en valor sus fondos.
En esta segunda edición se han realizado 12 videos de un minuto de duración, que se publicarán en redes sociales y donde se abordan algunos de los rasgos más destacados, de aquellas piezas de mayor calidad del mencionado centro museístico, según ha precisado el consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina.
Las piezas seleccionas para esta ocasión se pueden encontrar en las salas del Mait y también aparecen aquellas que se guardan y custodian en los depósitos.
Tanto Medina como el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, han señalado que el objetivo es fomentar entre la ciudadanía el conocimiento del notable valor artístico de las piezas que conserva el museo.
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ EN PERÚ Y BOLIVIA NUNCA TERMINAN DE CONSTRUIR LAS VIVIENDAS? ASÍ SON LAS 'CIUDADES INCONCLUSAS' DE LADRILLOS "PROHIBIDOS"
 
La reducción de impuestos y la autoconstrucción responden a este fenómeno histórico del altiplano latinoamericano
 
El Economista de España (https://lc.cx/KSwlFL)
 
El paisaje que se vislumbra desde el avión cuando empieza su aterrizaje en Lima, Perú, o en La Paz, Bolivia, es de enormes urbanizaciones, muchas de ellas aisladas, con un patrón en común: viviendas inconclusas, sin terminar, semiobras, o, como propiamente se dice en estos rincones altiplánicos, casas sin 'terrajeo' (tejados sin terminar). Un escenario que puede tener varias explicaciones, las cuales van desde la propia cultura de la construcción local o desde las regulaciones legales que impulsan la evasión o reducción de impuestos, pese a los esfuerzos políticos por cambiar esta tendencia para "embellecer" a estas ciudades de cara al mundo.
"Somos un país que no se termina de construir", describió a su país, en una entrevista a Trome, el escritor peruano Santiago Roncagliolo. Hablamos de un fenómeno "estético" que a simple vista podría tratarse de una decisión habitacional e independiente de cada propietario. Pero que va más allá de una razón meramente vista desde el diseño.
Al indagar en el universo de la construcción altiplánica de América Latina para encontrar una explicación a este fenómeno, hemos recogido de foros testimonios de ciudadanos peruanos, bolivianos que han adquirido esta tendencia. Así como información sobre regulaciones legales, políticas habitacionales e incluso culturales sobre la realización de obras inconclusas en estos rincones.
A las preguntas que aparecen en la plataforma Reddit: ¿Es verdad que pago menos impuestos por una casa sin tarrajeo? o ¿Por qué es tan común que las viviendas peruanas y bolivianas tengan aspecto de no estar terminadas?, sus usuarios evidencian algunas de las razones sobre estas prácticas históricas de la vivienda que van vinculadas por decisiones políticas.
Programa peruano 'Techo Propio' y sus límites de ayuda
Uno de los usuarios peruano explicó en Reddit que la razón por la cual no ha terminado de construir su vivienda es por el límite que entrega el programa peruano 'Techo Propio': "Mi casa luce así por el hecho que está construida gracias al programa de 'Techo Propio' y ellos te brindan una vivienda que cumpla las necesidades básicas (luz, agua, desagüe) y lo normal es que te dejen fierros visibles por si quieres seguir construyendo tu casa más de lo que te pueda brindar el programa. Pues ellos ya no ponen pintura o un voladizo, por ejemplo. Esos ya son gastos extra, pero me imagino que las personas que construirán sus casas no tendrán dinero para cosas como la pintura, que al final no parecen tan importantes".
Según define la plataforma del Estado Peruano, "se trata de un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no excedan el valor de 3.715 soles (967 euros al cambio) para comprar y 2.706 soles (705 euros al cambio) para construir o mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios básicos de luz, agua y desagüe"
Regulación legal sobre impuestos de una propiedad
Al mismo tiempo, otro usuario de la red manifestó que "si tu casa tiene los fierros visibles, legalmente se considera como no acabada o en construcción. Por lo que, aparte de pagar menos (impuestos), la municipalidad (ayuntamiento) no te puede exigir que termines la fachada ya que la ley te protege".
Para contrastar esta información, rescatamos de una entrevista publicada en el medio La República, el fundamento legal del abogado tributarista de Perú Jorge Picón.
A modo de contexto, en el país latinoamericano existen dos tipos de impuestos que las personas deben pagar al momento de tener una propiedad: el impuesto predial y el impuesto arbitrio.
El vacío legal de la fiscalización y la recaudación de impuestos
El predial consiste en el pago generado por el hecho de poseer una propiedad, mientras que los arbitrios, sirven para costear algunos servicios. De acuerdo con la declaración de Picón al medio peruano, "los impuestos prediales se pagan dependiendo de la valoración de la propiedad y en eso sí logran influir los acabados que tenga dicho predio". En esta línea, afirmó que una vivienda construida, tiene mayor valor que una que está en proceso, hecho por lo cual, se pagan mayores impuestos prediales. Sin embargo, "el problema ocurre en el proceso de fiscalización y recaudación de los impuestos, por lo cual, algunas personas no declaran que su vivienda ha sido finalizada y no pagan el monto correspondiente".
El experto, además, reveló que este fenómeno puede ocurrir en el "90% de municipios distritales de Perú", sumado a los actos de corrupción en dichas entidades. "No se puede tener un control de las personas que tributan correctamente. Una posible solución a ello, según el Picón, "es la creación de una entidad equivalente a la Sunat, pero que fiscalice el cobro de impuestos en los ayuntamientos".
La cultura de las viviendas autoconstruidas
La otra explicación para interpretar esta tendencia llega por la cultura de la construcción en estas zonas altiplánicas. El cual tiene directa relación con la autogestión "informal" de los propietarios en realizar los proyectos de sus casas con "maestros de obra", sin ingenieros, arquitectos, u otros profesionales del sector.
Según datos de un estudio peruano de 2024 realizado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), que recoge la Agencia Peruana de Noticias Andina, la autoconstrucción de viviendas en el Perú mueve alrededor de 25.000 millones de soles al año (6.505.850.712 euros al cambio), lo que equivale al 4,1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional del país latinoamericano.
Al detalle, el informe evidencia que el 71%, 7 de cada 10 viviendas en Perú, han sido autoconstruidas y que actualmente, hay 2,9 millones de casas en proceso activo de autoconstrucción, de las cuales 1,6 millones son de material precario y 1,3 millones están en fase de edificación con material noble.
El peligro de lo artesanal ante terremotos y seísmos
En este contexto, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) agregó que un alto número de viviendas de Lima no han sido edificadas correctamente para resistir un seísmo y son vulnerables a un terremoto de alta intensidad. Al respecto, el director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Carlos Zavala, explicó a la Agencia Andina que la reducción de costes que hacen algunas familias al construir sus hogares representa un riesgo real ante un terremoto.
"Utilizan ladrillos tubulares, que no son aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la normatividad vigente. En el Perú la gente autoconstruye con el material más barato. No saben que por carga de gravedad pueden funcionar, pero cuando venga la carga de un sismo fuerte no van a resistir y perderán su inversión", señaló a Andina. El experto indicó que una construcción con ladrillos tubulares resiste 50% menos que otra edificación con ladrillos de fábrica e incluso los de tipo sólido artesanal. Incluso señala que esto ni siquiera representa una gran diferencia en el presupuesto de construcción para las familias. La diferencia de coste entre el ladrillo tubular y el artesanal es menor al 30%.
Financiamiento y calidad de vida
En promedio, una familia gasta 190.000 soles, 49.507 euros al cambio, para construir su vivienda, con 44.000 soles, 11.460 euros, destinados al terreno y 146.000 soles, 38.000 euros, a la construcción. "Este alto coste, a pesar de la falta de trámites legales y permisos formales, resalta la ineficiencia económica de la autoconstrucción", agrega el informe.
Con este gasto, la mayoría de las familias (70%) financia su vivienda exclusivamente mediante ahorros, realizando la construcción en un promedio de 21 etapas, debido a la dificultad de volver a juntar el dinero necesario, y llegan a gastar alrededor de 6.700 en cada una, 1.745 euros al cambio.
Este proceso prolongado "afecta la calidad de vida, obligando a las familias a vivir en condiciones precarias en promedio durante ocho años, y ocho años adicionales en plena construcción. Entre las pocas familias que logran recurrir a créditos bancarios, el 92% lo hace mediante créditos de consumo con altas tasas de interés, mientras que solo el 2% obtiene créditos hipotecarios", concluye el estudio.
El caso boliviano
En un video, Álvaro Pacheco, un tiktoker y experto en construcción, ha abordado el fenómeno arquitectónico en La Paz, Bolivia. Según Pacheco, muchas de estas viviendas permanecen en estado de obra bruta o semi bruta como una estrategia para eludir la "carga impositiva" que implicaría su terminación. Esta práctica ha llevado a que aproximadamente el 80% de las viviendas en las laderas de la ciudad y en otras localidades del occidente del país mantengan esta estética inacabada, lo que ha generado un paisaje urbano característico pero también problemático.
Sorprendentemente, la situación ha sido reconocida incluso por las autoridades locales. Desde la alcaldía de La Paz han implementado incentivos para fomentar la finalización de estas casas, buscando transformar el entorno y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, la resistencia de los propietarios a completar las construcciones persiste, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de estas políticas públicas y la necesidad de un enfoque más integral que contemple tanto los aspectos económicos como sociales del desarrollo urbano en la región.
 
 
 
 
 
LA HOJA DE COCA, PERSEGUIDA POR UNA PROHIBICIÓN DE LA DICTADURA
 
En 2020 se presentó un proyecto para legalizar la importación de la hoja de coca, planta que no se cultiva en la Argentina, pero el Congreso no lo trató. La situación por los bagayeros detenidos en Aguas Blancas es analizada por la Cancillería.
 
Página 12 de Argentina (https://lc.cx/rOPp9R)
           
La coca, planta sagrada de la cultura andina, con gran valor nutriente y curativo, es objeto de persecución en la Argentina desde la última dictadura cívico militar, que en 1978 prohibió su ingreso al país y su traslado, aunque en el norte argentino es de consumo habitual.
El decreto 648/78, firmado por el dictador Jorge Rafael Videla, es la base de la prohibición de la importación de la hoja de coca en la Argentina. Y si bien hay una discusión sobre si este decreto sigue o no vigente, en la práctica se aplica para justificar operativos contra los trabajadores de frontera que introducen el vegetal al país, donde se usa para el coqueo o masticación, en infusiones y en ceremonias religiosas, sobre todo en las provincias de Salta y Jujuy, y también en algunas zonas de Tucumán.
La reciente detención de dos bagayeros, o "chancheros" en la jerga de frontera, reactualizó un debate que antes había sido activado por la afirmación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de que la Nación impulsará la eliminación de plantaciones de hojas de coca en Perú (aunque también se cultiva en Bolivia). Ayer el propio gobernador Gustavo Sáenz recordó que el consumo de hoja de coca es una tradición arraigada en el norte del país y opinó que la posibilidad de erradicr la planta merece un análisis más profundo. "Me parece que habría que explicarlo mejor", dijo.
La hoja de coca, que no es equiparable a la cocaína, tuvo diferente tratamiento en el país desde 1945, cuando mediante el decreto 31.306, de 1945, se facultó a la Dirección Nacional de Salud Pública a un máximo de hojas de coca que anualmente se podía introducir al país.
En 1951, a través de una resolución, Salud Pública incorporó a la hoja de coca como estupefaciente. Sin embargo, el artículo 5 de esa norma reconoció “como zona de consumo habitual” a Salta, Jujuy y Tucumán.
En 1958 se fijó que se podía importar hasta 190 mil kilogramos de hojas de coca (se entiende que anualmente) a estas provincias. Luego se redujo el cupo a 10 mil kilogramos y solamente a Salta y Jujuy.
Con estas condiciones se llegó a 1978, cuando la dictadura prohibió la importación, mediante el decreto 648, derogando todas las normas anteriores. Este decreto lleva la firma de Videla y su entonces responsable de Bienestar Social y Salud, Julio Bardi.
Para algunos legistas, este decreto fue derogado, pero en la práctica aún es tomado como referencia al momento de incautar hojas de coca.
En esta contradicción algunas posibles consecuencias derivadas de la aplicación de esta prohibición son los homicidios recientes del bagayero Fernando Gómez en la frontera salteña con Bolivia, y la del joven indígena Ivo Rodrigo Torres en la frontera jujeña. Gómez era "chanchero", transportaba hojas de coca en mayor cantidad, Torres fue baleado cuanddo transportaba a su comunidad una escasa cantidad que había comprado en La Quiaca. En ambos casos se investiga la actuación de integrantes de la Gendarmería Nacional.
Legalizar la importación
La actual directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ex diputada nacional por Salta, Virginia Cornejo, y los ex diputados nacionales Miguel Nanni y Martín Grande, presentaron en 2020 un proyecto para regular la importación y comercialización de la hoja de coca en el norte argentino.
No es extraño que la iniciativa haya aparecido apenas iniciada la pandemia cuando, por los controles establecidos entre países, la hoja de coca dejó de ingresar en la cantidad habitual, con lo que lo poco que llegaba a estas provincias se encareció de manera exhorbitante. La falta de este producto de uso tan habitual en el norte argentino provocó un reclamo masivo de los consumidores. La escasez incluso motivó que la fiscalía federal entregara hoja de coca incautada para que fuera repartida para el consumo en Salta y Jujuy.
La propuesta legislativa de Cornejo, Nanni y Grande proponía que la legalización de la importación se sumara al texto del “artículo 15 de la ley 23.737" y "la derogación del Decreto Nacional 648/78”.
Con esto se iba a continur la labor que impulsó en 1989 el entonces diputado nacional por Salta Juan Carlos Castiella, quien pudo incluir en la ley 23.737 el artículo 15, que indica que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.
Fue el ex diputado provincial Guillermo Martinelli, quien recordó el aporte de Castiella. "La introducción de hojas de cocas para esos menesteres no está habilitada en su importación, por consiguiente, la que se consume acá es fruto del contrabando, algunas veces con la mirada para otro lado de funcionarios. Salta ofrece para el consumo a ojos vista la más amplia variedad de hojas y no se infracciona ni a los quioscos del mercado ni los otros que pululan por la ciudad”, señaló Martinelli en conversación con Salta/12.
Ex diputado dijo que el hecho de que sea legal el uso de la hoja de coca en su estado natural pero se prohíba su importación, “efectivamente, es una contradicción que varios legisladores pretendieron corregir, pero sus proyectos nunca fueron aprobados en el Congreso”.
“En base a mi experiencia como legisladora presenté un proyecto de ley para que esto se corrija”, dijo por su parte Cornejo al sostener que “es una incoherencia que se pueda coquear, pero no importar y que no la produzcamos ni podamos producir”.
La funcionaria agregó que este es “un trabajo que deben llevar adelante los diputados nacionales" e hizo un llamado a "quienes realmente tienen en sus manos una posibilidad de este análisis”. “Es muy difícil tapar el sol con el dedo”, añadió al sostener que es un tema que merece debate. Incluso consideró que en caso de lograr que se legalice la importación de la hoja de coca (dado que la planta no se cultiva en el país) se podría pensar en recursos que podrían ir a las arcas estatales a través del agregado de valor o industrialización.
Cancillería analiza la detención de los bagayeros
El debate sobre el uso y el transporte de la hoja de coca se actualizó el martes último, cuando dos pasadores de hojas de coca (los denominados "chancheros") fueron detenidos y entregados por la Armada Boliviana a la Prefectura Naval Argentina en la orilla argentina del río Bermejo, en el municipio de Aguas Blancas.
Lo que llamó la atención en este caso fue que las fuerzas bolivianas incautaron las hojas de coca a los trabajadores de frontera pese a que en ese país el consumo y el traslado es legal. En principio, según fuentes bolivianas, el secuestro se llevó a cabo porque los "chancheros" quisieron cruzar la frontera por pasos no habilitados.
"Es un tema que sin duda se está analizando a los niveles que se deben analizar”, dijo Virginia Cornejo ayer ante la consulta de este diario. Sostuvo que, por un lado, se encuentra en evaluación de la Justicia, pero por el otro también interviene la Comisión de Límites de la Cancillería.
Añadió que ahora conocen que los paseros fueron detenidos en Bolivia porque insistían en cruzar la frontera pese a la creciente del río Bermejo, que en este punto hace de límite natural entre ambos países. Al llegar a la orilla nacional los hombres “habían sido detectados como con contrabando de algo que no se puede contrabandear en Argentina, que es la coca”, explicó Cornejo.
La funcionaria añadió que la presencia de los uniformados bolivianos en el suelo argentino “requiere de un análisis más profundo y ver responsabilidades entre un país y otro y ver de tratarlo en la Comisión de Límites de Cancillería”.
Añadió que si aparecieron procedimientos coordinados entre las fuerzas de seguridad argentinas y de Bolivia es porque ahora hay una autoridad de aplicación como la PNA para actuar en esta parte de la frontera en el control del río. Afirmó que existen tratados anteriores en este sentido, pero “al no tener una autoridad de aplicación no se cumplían”. “Somos países vecinos, que no somos enemigos y que debemos hacer funcionar estos organismos de control”, agregó.
Respecto de la contradicción entre la legalidad del consumo de hojas de coca y la persistencia de la prohibición del ingreso al país de este vegetal, la funcionaria afirmó: “nosotros hoy tenemos en claro que se cumple la ley que es la que se acaba de mencionar. Y cada organismo se debe hacer cargo de lo que corresponde. Y desde el Ministerio Seguridad (de la Nación) se lucha contra los ilícitos como son justamente el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, delitos complejos y peligrosos y es donde estamos poniendo todas nuestras fuerzas para devolver a la Argentina la seguridad”.
Cornejo dijo que su reflexión es “bajo la mirada de la función" que hoy cumple: "La ley se cumple y somos responsables de hacerla cumplir”.
 
 
 
 
 
EL BOOM DE LAS CRIPTOMONEDAS EN BOLIVIA
 
Revista Yo Reportero de Colombia (https://lc.cx/fyF9dJ)
 
En el último año, el uso de criptomonedas en Bolivia ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Impulsado por la escasez de dólares y la necesidad de alternativas de comercio e inversión, este fenómeno refleja una transformación en la economía boliviana. Sin embargo, junto con las oportunidades, también emergen desafíos significativos, especialmente en términos de educación financiera y regulación.
Criptomonedas en Bolivia, un auge inesperado en medio de la escasez de dólares
La crisis de disponibilidad de dólares en Bolivia ha llevado a muchos ciudadanos a buscar alternativas financieras innovadoras. Las criptomonedas, encabezadas por Bitcoin y USDT han emergido como una solución viable para realizar transacciones internacionales y proteger el valor de sus ingresos ante la devaluación del boliviano.
En 2024, unas 252,801 personas poseían criptomonedas en Bolivia, representando el 6% de la población con ingresos formales, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). Este incremento se tradujo en un valor de 3,000 millones de dólares en criptoactivos en manos de bolivianos, lo que evidencia la rápida adopción de estas monedas digitales en el país.
La digitalización como catalizador del cambio
El crecimiento de las criptomonedas en Bolivia ha sido facilitado en gran parte por la digitalización de las finanzas. En junio de 2024, el BCB habilitó canales electrónicos para la compra y venta de criptoactivos, lo que permitió transacciones más ágiles tanto a nivel nacional como internacional. Esta flexibilización normativa también abrió la puerta para que negocios y consumidores adopten pagos digitales en criptomonedas.
Este cambio ha llevado a que comercios en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba acepten pagos en Bitcoin y USDT, desde salteñerías hasta agencias de viajes. La creciente adopción se debe a la facilidad y rapidez que ofrecen las criptomonedas en comparación con los métodos de pago tradicionales.
Empresas públicas y sector privado: Una adopción creciente
La influencia de las criptomonedas no se limita al sector privado. La Ley del Presupuesto General del Estado 2025 permite a las empresas estatales realizar pagos con criptomonedas cuando no pueden acceder a divisas convencionales. El Decreto Supremo 5301 establece los mecanismos para llevar a cabo estas transacciones de manera regulada, marcando un hito en la integración de criptoactivos en el sector público boliviano.
A nivel personal, muchos bolivianos han encontrado en las criptomonedas una herramienta útil para recibir pagos del exterior o realizar inversiones. Según el economista financiero Orlando López, las transacciones con criptomonedas permiten enviar dinero al extranjero en segundos y con bajos costos, evitando las demoras y comisiones de los bancos tradicionales.
La promesa de una economía digitalizada
El auge de las criptomonedas en Bolivia representa un avance hacia una economía más abierta a la digitalización. Al igual que el uso de códigos QR en transacciones comerciales, las criptomonedas han demostrado ser una opción viable para pagos locales e internacionales. Esta tendencia sugiere que las criptomonedas se convertirán en una forma habitual de comercio si la escasez de dólares persiste en el país.
Riesgos latentes de las criptomonedas en Bolivia
A pesar del crecimiento acelerado, el mercado de criptomonedas en Bolivia enfrenta desafíos significativos. La alta volatilidad de estas monedas digitales representa un riesgo importante para los inversionistas, especialmente para aquellos sin conocimientos financieros sólidos. El propio Banco Central de Bolivia ha advertido sobre el riesgo de invertir en activos virtuales debido a su cotización altamente variable.
Un aspecto crítico es la proliferación de criptoactivos especulativos. Actualmente, existen más de 23,000 tipos de criptomonedas, pero la mayoría son considerados instrumentos de alto riesgo.
Además, la presencia de esquemas fraudulentos y la falta de regulación efectiva representan desafíos importantes. Esto ha llevado a expertos a resaltar la necesidad de educación financiera para evitar que los inversionistas caigan en promesas de ganancias rápidas y poco realistas.
¿El futuro de las criptomonedas en Bolivia?
El crecimiento de las criptomonedas en Bolivia refleja una transformación en la forma en que se realizan las transacciones y se gestiona el dinero. Si bien aún persisten desafíos en términos de regulación y seguridad, la adopción de criptoactivos sugiere que seguirán desempeñando un papel fundamental en la economía boliviana.
Para consolidar este crecimiento de manera sostenible, Bolivia necesita reforzar su marco regulatorio y educar a sus inversionistas sobre los riesgos inherentes al mercado de criptomonedas. Solo así podrá aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la digitalización económica sin exponer a su población a riesgos innecesarios.
El uso de criptomonedas en Bolivia ha demostrado ser una solución alterna ante la escasez de dólares y una vía hacia la modernización financiera. Sin embargo, para garantizar un crecimiento seguro y sostenible, es imprescindible un enfoque equilibrado que incluya regulación efectiva y educación financiera.
A medida que Bolivia avanza hacia una economía digitalizada, el desafío radica en encontrar el balance adecuado para aprovechar las oportunidades que ofrecen las criptomonedas, mitigando al mismo tiempo sus riesgos inherentes. La adopción continua de estas monedas digitales podría redefinir el panorama financiero del país en los próximos años.
 
 
 
 
 
PUERTO DE IQUIQUE TRANSFIERE 901 MIL TONELADAS DE CARGA BOLIVIANA EN 2024
 
Portal Santuario de Chile (https://lc.cx/SYL5Do)
 
El Puerto de Iquique manipuló un total de 901.253 toneladas de carga ligada a Bolivia a lo largo de 2024, lo que fue menor a lo conseguid tanto en 2023 como en 2022, según datos de la Empresa Portuaria Iquique (EPI) analizados por PortalPortuario.
En su desglose, se tiene que 295.351 toneladas corresponden a carga boliviana embarcada en el recinto portuario iquiqueño, siendo julio el mes en que se trató la mayor cantidad con 35.185 toneladas, lo que fue seguido por lo concretado en junio (32.628 toneladas) y diciembre (29.584 toneladas).
En tanto, en febrero se manipularon 14.298 toneladas y se situó como el de menor rendimiento en los 12 meses observados de 2024, lo que fue escolado por agosto con 16.342 toneladas, enero con 18.681 toneladas y noviembre 20.254 toneladas.
Por su parte, 605.902 toneladas fueron proprias del proceso de desembarque de mercancías cuyo destino final fue Bolivia. En este caso fue enero el que se instauró como el de mayor volumen con 69.301 toneladas, lo que fue seguido por diciembre con 63.777 toneladas, luego por julio con 58.263 toneladas y junio con 57.417 toneladas.
En caso contrario, agosto fue el mes con menor cantidad de carga tratada, la que llegó a 40.638 toneladas. Esta cifra fue seguida por lo descargado en noviembre, abril y marzo con 42.922 toneladas, 44.649 toneladas y 44.754 toneladas, respectivamente.
Cabe mencionar que el Puerto de Iquique manipuló un total de 919.162 toneladas ligadas a Bolivia en 2022 y en 2023 se llegó a las 934.946 toneladas, lo que correspondió a 260.235 toneladas de embarque y 674.711 de desembarque. Esto se concretó a través de su rol como facilitador logístico, el que permite mantener conectada a la Macro Región Andina.
Finalmente, el recinto portuario iquiqueño transfirió 2.639.696 toneladas de carga en 2024, lo que implicó un decrecimiento al tener en cuenta las 3.002.875 toneladas tratadas en 2023. Una tendencia que también se experimentó en los demás puertos y terminales de la Región de Tarapacá.
 
 
 
 
 
EVO MORALES LANZA SU CUARTA CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN BOLIVIA, DESAFIANDO EL LÍMITE DE MANDATO
 
Morales es objeto de una orden de arresto en una investigación en curso sobre acusaciones de que tuvo una relación sexual con una adolescente mientras estuvo en el cargo entre 2006 y 2019.
 
Revista Newsweek de EEUU (https://lc.cx/BEpLNF)
 
El ex presidente boliviano Evo Morales lanzó el jueves una nueva candidatura electoral antes de las elecciones de agosto, desafiando un límite de mandato constitucional y pendiente de cargos penales.
“Ganaremos”, dijo Morales a los periodistas en su feudo político de Cochabamba, en el centro de Bolivia, al anunciar su candidatura.
Morales, de 65 años, afirma ser víctima de una campaña para marginarlo políticamente, liderada por el actual presidente Luis Arce, quien alguna vez fue un aliado pero ahora es su principal rival.
Morales es objeto de una orden de arresto en una investigación en curso sobre acusaciones de que tuvo una relación sexual con una adolescente mientras estuvo en el cargo entre 2006 y 2019.
Tras salir de la extrema pobreza para convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia, conserva un gran número de seguidores en el país sudamericano.
Su negativa a renunciar al poder en 2019 condujo a una salida tumultuosa que ensombreció casi 14 años de progreso económico y reducción de la pobreza.
Desde entonces, los tribunales han confirmado el límite constitucional de dos mandatos de Bolivia, que Morales había logrado evadir anteriormente gracias a un cambio en las reglas durante su primer mandato.
Dijo el jueves que buscaría la reelección con un partido distinto al izquierdista MAS, al que él y Arce han representado.
En lugar de ello, se presentará como candidato de un pequeño grupo de izquierda llamado “Frente para la Victoria”, que no tiene escaños en el Parlamento.
En medio de la disputa entre Morales y Arce, quien no ha dicho si buscará la reelección, Bolivia también enfrenta una severa crisis económica con una inflación en su nivel más alto en casi dos décadas y un creciente déficit fiscal.
Ante la grave escasez de divisas, combustible, medicinas y alimentos, los precios se han disparado, lo que ha provocado numerosas protestas.
Morales ha permanecido escondido en Cochabamba desde que en diciembre se emitió una orden de arresto en su contra por cargos de “trata de personas que involucran a un menor”.
El año pasado, los partidarios del expresidente, en su mayoría indígenas, bloquearon las carreteras que conducen a Cochabamba para evitar su amenaza de arresto.
 
 
 
 
 
EVO MORALES INSISTE EN PRESENTARSE A ELECCIONES DE BOLIVIA Y PARTICIPARÁ EN OTRA ALIANZA
 
Evo Morales insiste en participar en elecciones en Bolivia y lo hará en otra alianza, distinta al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Ya tenemos partido, Frente Para la Victoria", dijo el exmandatario en conferencia de prensa.
 
Voz de América de EEUU (https://lc.cx/QRILGx)
 
El expresidente boliviano Evo Morales dio a conocer el jueves su alianza con una fuerza política de izquierdas poco conocida para poder participar como candidato a presidente en las elecciones de agosto ante las disputas internas en su partido de siempre y pese al fallo constitucional que le impide volver a presentarse en unos comicios presidenciales.
Morales, sobre quien pesa una orden de detención por presunto abuso a una menor de 15 años en su etapa como presidente, renunció a participar en las próximas elecciones con el Movimiento al Socialismo —las siglas con las que gobernó por más de 13 años— y anunció el jueves que lo hará en alianza con el Frente para la Victoria.
Hay un fallo constitucional que le impide ser candidato debido a que hace prevalecer la Constitución del país, que no le permite una nueva reelección, así como una resolución del Tribunal Supremo Electoral que entregó la dirigencia del partido oficialista al sector afín al presidente Luis Arce, con quien Morales está en disputa pese a haberlo designado como heredero político.
“Ya tenemos partido, Frente Para la Victoria… No hay ningún condicionamiento, es para recuperar la patria”, señaló Morales en conferencia de prensa desde el Chapare, al centro de Bolivia, donde esta atrincherado desde hace cuatro meses para evitar a la justicia.
El Frente Para la Victoria es una fuerza política reconocida desde febrero de 2009 por el Tribunal Electoral. Es un partido pequeño que obtuvo en los comicios de 2020 un 1,54% de la votación a nivel nacional y no ha logrado ningún representante pero sí mantener la sigla vigente.
Morales había celebrado reuniones con representantes de varios partidos y el Frente para la Victoria estaba entre las últimas opciones.
Eliseo Rodríguez , representante de esta fuerza, a quien no se lo había visto cerca de Morales en ocasiones anteriores, tomó protagonismo al anunciar la alianza con el exgobernante.
"Vamos a estar hasta tomar el poder, venga lo venga; pase lo que pase. Aquí vamos a estar”, expresó en medio de aplausos de los seguidores de Morales.
El exmandatario, de 65 años, gobernó tres periodos continuos (2006-2019) y ahora busca un cuarto mandato, pero existe un fallo constitucional que le cierra las puertas a una nueva reelección.
A ello se suma que tiene un proceso judicial en su contra y una orden de detención por no presentarse a declarar ante la justicia por el caso de presunto abuso a una menor de 15 años que resultó embarazada en 2016 cuando él era mandatario.
“Quieren proscribirnos, pero no podrán”, señaló Morales, quien después del anuncio festejó el acuerdo bailando en la sede de una radio cocalera.
Morales perdió el año pasado el liderazgo del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que actualmente está en manos de una dirigencia leal al presidente Luis Arce. Las disputas entre ambos han divido a esa fuerza, que ha ocupado el poder por 18 años y ahora corre el riesgo de perder su hegemonía.
Morales anunció días atrás que cuando inscriba su candidatura llegará a La Paz, desde el Chapare, en un marcha con miles de personas.
Según las leyes electorales, Morales podría inscribirse como candidato pero en el proceso de depuración podría ser impugnado y es el Tribunal Supremo Electoral el que definirá su inhabilitación.
"Tendrá una hermosa respuesta”, adelantó el vocal del Órgano Electoral Tahuichi Tahuichi, recientemente a los medios.
En tanto, la nueva dirigencia del MAS ha anunciado que en marzo decidirá quiénes serán sus candidatos. Arce ha sumado apoyo de sus partidarios pero su popularidad está baja y en varios eventos públicos ha sido abucheado ante la crisis económica que sufre el país.
           
 
 
 
 
PAN AMERICAN INVERTIRÁ HASTA US$ 103.5 MLLS EN MINAS HUARÓN Y SHAHUINDO EN PERÚ
 
La minera canadiense Pan American Silver definió las inversiones que realizará en todas sus operaciones en 2025, incluyendo sus minas de plata Huarón y de oro Shahuindo, en Perú.
 
Gestión de Perú (https://lc.cx/anX4NQ)
 
La canadiense Pan American Silver Corp, que opera minas de plata y oro en Canadá, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, definió que la inversión total en sus diferentes propiedades estará en un rango de entre US$ 360 millones y US$ 385 millones este 2025. De este monto, hasta US$103.5 millones irán para sus minas de plata Huarón (Pasco) y de oro Shahuindo (Cajamarca) en Perú.
En detalle, la minera estableció un capital de mantenimiento en su mina de plata Huarón de entre US$18 millones y US$19 millones, que se destinará principalmente a reemplazos y renovaciones de equipos mineros, exploración cercana a la mina y la construcción de una instalación de almacenamiento de relaves en una pila de filtros.
Además, estimó un capital residual estimado de entre US$12 millones a US$13.5 millones para la nueva planta de filtración de relaves y la instalación de almacenamiento de relaves en pila de filtros, y cuentas por pagar finales y los pagos de arrendamiento de los equipos de la planta de filtración de relaves.
En tanto, para la mina de oro Shahuindo, el capital de mantenimiento en este 2025 se ubicará entre los US$ 67 millones y US$ 71 millones, monto que estará relacionado principalmente con la preparación de vertederos de desechos, las expansiones de la plataforma de lixiviación en pilas y la construcción de una planta de tratamiento de agua.
Proyección de producción de las minas Huarón y Shahuindo
En su pronóstico de producción de plata para este 2025, Pan American Silver espera que la mina Huarón entregue entre 3.7 millones y 3.9 millones de onzas, mayor a los 3.52 millones producidas el año pasado. La mejora respondería a la previsión de que el desarrollo de la zona Horizonte impulse un mayor rendimiento y leyes de plata.
Por el contrario, en su mina Shahuindo, la canadiense estima que la producción de oro en 2025 será de entre 125,000 y 135,000 onzas, menor a las 135,100 onzas producidas en 2024. La disminución obedecería a un mineral de menor calidad apilado, lo que refleja la actualización de la reserva mineral al 30 de junio del año pasado, que agregó mineral grueso de menor calidad adicional a la reserva mineral necesaria para mezclar con los minerales finos de mayor calidad.
 
 
 
 
 
NO ES COLOMBIA NI BRASIL: ESTE ES EL ÚNICO PAÍS DE AMÉRICA LATINA QUE LOGRÓ REVERTIR LA DEFORESTACIÓN
 
Mientras el mundo pierde ecosistemas a un ritmo alarmante por la tala y los incendios forestales, un país de Latinoamérica ha conseguido revertir el daño y atraer millones en financiamiento internacional sin depender de la extracción de recursos naturales
 
Infobae de Argentina (https://lc.cx/FrV_gn)
 
Mientras gran parte de América Latina enfrenta una alarmante crisis de deforestación, con Brasil, Bolivia y Paraguay entre los países con mayores pérdidas de bosques en el mundo, Costa Rica se ha convertido en una excepción sorprendente. Es el único país de la región que ha logrado no solo detener la deforestación, sino revertirla. Gracias a una combinación de enfoques, Costa Rica ha triplicado su cobertura forestal desde los años 80. Actualmente, casi el 60% de su territorio está cubierto por bosques, un cambio radical para un país que, en 1987, había reducido su selva a solo un 21% del territorio.
El éxito costarricense no es casualidad. Se basa en un modelo que ha demostrado que es posible crecer económicamente sin destruir los recursos naturales, un mensaje clave para el resto del mundo en plena crisis climática. En América Latina, la deforestación es una crisis sin freno. Brasil, Colombia , Argentina y Paraguay están entre los países con mayor pérdida de bosques en el mundo, según datos de Global Forest Watch. La tala ilegal, la expansión agrícola y los incendios forestales han llevado a una disminución alarmante de la selva amazónica y otros ecosistemas esenciales.
•          Brasil ha perdido más de 9.400 km² de la Amazonia solo en 2022.
•          Colombia ha destruido el 51% de su bosque primario en las últimas dos décadas.
•          Paraguay y Argentina han visto desaparecer más del 25% de sus bosques en una década.
¿Cómo logró Costa Rica marcar la diferencia? Con un enfoque basado en tres pilares: regulación estricta, incentivos financieros y apoyo internacional.
La clave del éxito: proteger los bosques y hacer que sea rentable
Costa Rica no siempre fue un referente en conservación. En las décadas de 1940 a 1980, el país perdió más de la mitad de su bosque maduro debido a políticas que incentivaban la deforestación para expandir la agricultura y la ganadería. La situación llegó a tal punto que, en 1987, la cobertura forestal cayó a un mínimo histórico del 21%.
El giro comenzó en los años 90 con dos decisiones clave:
•          La Ley Forestal de 1996, que prohibió la tala sin permiso y estableció fuertes sanciones para la deforestación ilegal.
•          El programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), que paga a los propietarios de tierras para conservar los bosques en lugar de talarlos.
El PSA ha sido un éxito rotundo. Financiado en parte con impuestos a los combustibles fósiles, ha permitido que más de 18.000 familias costarricenses reciban ingresos por mantener y restaurar áreas boscosas. Este modelo ha sido replicado por otros países y ha convertido a Costa Rica en un referente mundial en conservación. Gracias a estas políticas, el país pasó de un 21% de cobertura forestal en 1987 a casi el 60% en 2020.
A diferencia de otros países que dependen de la extracción de recursos naturales, Costa Rica ha construido una economía basada en la sostenibilidad. El país ha logrado acuerdos con el Banco Mundial, el Fondo Verde del Clima y la coalición LEAF, que reconocen económicamente la captura de carbono de sus bosques. Por ejemplo, en 2020, Costa Rica recibió 54,1 millones de dólares por la absorción de 14 millones de toneladas de CO₂ entre 2014 y 2015.
1.         El PIB del país creció más de 13 veces desde 1987, pasando de 4.533 millones de dólares a más de 61.520 millones en 2020.
2.         El ecoturismo representa más del 8% del PIB y atrae a millones de visitantes cada año.
3.         La venta de bonos de carbono y acuerdos internacionales han generado más de 135 millones de dólares en financiamiento en los últimos dos años.
Además, en 2021, Costa Rica ganó el premio Earthshot Prize, otorgado por el Príncipe Guillermo de Inglaterra, por su éxito en la reforestación.
El futuro: neutralidad de carbono y nuevos desafíos
A pesar de sus logros, Costa Rica enfrenta nuevos desafíos. El país se ha comprometido a ser carbono neutral para 2050, lo que significa que deberá seguir innovando en políticas ambientales.
Algunas de las estrategias incluyen:
•          Expansión del PSA a ecosistemas marinos, para proteger los océanos.
•          Desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles para regenerar suelos degradados.
•          Reducción progresiva de los vehículos de combustión fósil, reemplazándolos por eléctricos y de hidrógeno verde.
Además, el país deberá encontrar nuevas formas de financiamiento, ya que los ingresos por impuestos a los combustibles fósiles disminuirán a medida que la economía se descarbonice.
Costa Rica ha demostrado que es posible detener la deforestación y, al mismo tiempo, crecer económicamente. Su modelo es una referencia para otros países que buscan equilibrar el desarrollo con la protección ambiental. Mientras América Latina sigue perdiendo bosques a un ritmo alarmante, Costa Rica ofrece una alternativa viable. Su éxito envía un mensaje claro al mundo: proteger los bosques no solo es posible; también es rentable y esencial para el futuro del planeta.
 
 
 
 
 
EL PAPEL DE MERCOSUR EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANO
 
Política Exterior de España (https://lc.cx/JUMqnA)
 
La historia del proyecto de integración de América Latina es larga, dispersa, compleja y fragmentada. De hecho, se podría hablar más bien de “proyectos de integración”, en plural. Algunos son complementarios y otros contradictorios entre sí; unos pocos se mantienen vivos y la mayoría han fracasado o se han visto abandonados. De ninguno, parece, se puede esperar que logre una integración que supere, en el futuro próximo, la mera intergubernamentalidad. De entre todas estas iniciativas, ¿por qué deberíamos hablar de Mercosur?
En primer lugar, por su importancia económica, política y geográfica. Tomados en conjunto los seis países que lo componen ¬—Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, actualmente suspendida—, constituyen la quinta mayor economía del mundo. Tienen un territorio de casi 15 millones de kilómetros cuadrados, dos países miembros del G20, uno de los BRICS y una de las mayores reservas de biodiversidad y recursos del planeta, incluyendo agua dulce, petróleo y gas. Pero, además, su objetivo es dejar de ser considerados como un conjunto de países más y convertirse en un actor internacional con voz propia, mediante un proceso de integración económica, social y política.
Este análisis pretende delimitar los objetivos y alcance actual de dicho proceso. Para ello, será de utilidad la comparación con otros proyectos de integración latinoamericana, así como con el proyecto de integración más exitoso hasta la fecha, la Unión Europea.
La página oficial de Mercosur lo define como un “proceso de integración regional”. Hay dos apuntes importantes que hacer sobre esta definición. Primero, que no se limita a una integración comercial ¬—aunque fuera, en un inicio, su objetivo, pronto sumó la integración económica completa, incluyendo inversiones, complementariedad productiva y convergencia estructural, para lo cual se creó el FOCEM— y ni siquiera simplemente económica —la adopción del protocolo de Ushuaia en 1998, en virtud del cual se suspendería a Venezuela, marcó la voluntad de compromiso democrático, a lo que se suman los acuerdos en materia migratoria, social, laboral y cultural.
Segundo, se trata de un “proceso”, lo que implica una perspectiva de progresar en la integración, en vez de quedarse en la funcionalidad de unos objetivos específicos. Esta idea recuerda a los comienzos de la UE, que tampoco se hizo “de una vez y para siempre” aunque comenzara por acuerdos económicos específicos. Además, tiene una proyección que abarca el conjunto de Sudamérica. Esto queda plasmado en su adopción de distintos acuerdos regionales, como el mismo Protocolo de Ushuaia, que incluye también a Chile, o la complementariedad con estructuras regionales más amplias pero con menor grado de integración, como ALADI. Todos los países sudamericanos son Estados Asociados con derecho a adherirse a Mercosur siguiendo los requisitos y procedimientos previstos.
Sin embargo, frente a estas ambiciones, la realidad es que la integración de los países del Mercosur dista mucho de los objetivos propuestos y de convertirlo en un actor independiente. Ni siquiera los principios más básicos, de integración comercial, se cumplen: el comercio de los países miembros con el exterior es 14 veces mayor que entre ellos. Hoy por hoy, Mercosur es poco más que una zona de libre comercio, con escasa complementariedad agroindustrial, una unión aduanera muy incompleta —y, de cumplirse los deseos de flexibilización que han expresado algunos de sus miembros, volvería al bilateralismo que lastraba a ALALC y lastra a ALADI— y la idea de crear un mercado común similar al europeo es poco más que un sueño.
En cuanto a la integración social, laboral y económica, se han dado pequeños pasos. La Patente Única del Mercosur establece una matrícula para automóviles común entre los países. Se ha establecido un Área de Libre Residencia con Derecho a Trabajar para favorecer la movilidad laboral y personal, que incluye también a Perú, Ecuador y Colombia, que es un avance prometedor pero aún lejos del nivel del espacio Schengen, donde además del reconocimiento de la libre circulación —que es más profundo, con la práctica eliminación de las fronteras— hay una red de infraestructuras que la hacen materialmente posible. Se han adoptado acuerdos específicos de contenido sociolaboral para conciliar las diferentes regulaciones y circunstancias, además de crearse un proceso de resolución de controversias comerciales y laborales, pero sus decisiones son meras recomendaciones.
El FOCEM, que entró en vigor en 2006 para lograr la convergencia estructural de las economías de los diferentes estados miembros, y así establecer las condiciones materiales para su integración y la creación de un mercado común, no parece estar consiguiendo su objetivo, como ilustra la persistencia de las desigualdades en la región. En gran parte, este fracaso se debe a la modestia de sus fondos, unos 100 millones de dólares anuales, lo que contrasta con, por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con un presupuesto de más de 360.000 millones de euros para el periodo 2021-2027.
En cuanto a la integración geopolítica, frente a las pretensiones de convertir al bloque en un actor protagonista, no periférico, del escenario internacional, crece la desalineación entre los intereses nacionales, poniendo en peligro el proceso de integración. Esta desalineación se debe a dos factores principales. En primer lugar, la distancia creciente entre las dos mayores economías del bloque, Brasil y Argentina, principalmente por diferencias ideológicas entre sus gobiernos. Ambas potencias no son solo el motor económico, sino que han sido también el motor integrador, pues el propio acuerdo de Asunción nació gracias al fortalecimiento del bilateralismo entre los dos.
En segundo lugar, frente a lo que Kjellen llamaba la geopolítica de los débiles, que lleva al interés por la integración, está el riesgo del bandwagoning, de sumarse a las relaciones bilaterales con las grandes potencias globales. En el presente, esta amenaza es especialmente China, principal socio comercial de los países de la región, y los BRICS, una alianza a la que la política exterior de Brasil está concediendo mucha más importancia que el Mercosur.
Mercosur constituye uno de los proyectos de integración más ambiciosos y con más potencial de América Latina. Sin embargo, se encuentra prácticamente estancado desde su aparición, con un grado modesto de integración económica y social, y tendencias que apuntan a una regresión de la misma, especialmente en cuanto a la conformación de un bloque que se pueda proyectar como un actor de gran importancia internacional.
 
 
 
 
 
CHOCOLATES HELENA: DEL AMARGO RIESGO DE QUIEBRA EN PERÚ AL ÉXITO RUMBO A CHILE Y BOLIVIA
 
La empresa familiar de Elena Soler, fundada en Ica hace 50 años, logró sortear la crisis de 2021 y evitó su cierre total. Hoy, con una hoja de ruta revisada cada tres meses, proyecta un crecimiento de doble dígito para 2025.
 
DF Sud de Chile (https://lc.cx/Q86UXo)
 
Elena Soler de Panizo sigue liderando Chocolates Helenas con la misma fuerza con la que inició esta travesía familiar en 1975, en Ica. Incansable, prueba y ajusta cada nuevo producto hasta asegurarse de que merece llegar al mercado.
Parte de la historia del negocio ha sido de prueba y error.
En febrero de 2021, su empresa estuvo al borde de la quiebra, pero logró darle un giro y ahora, en su medio siglo de vida, se alista para abrir tiendas en Chile y Bolivia, adelanta su gerente general, José Antonio Mendizábal. ¿Cómo lo consiguió?
Estrategia de tres pasos
El camino hacia los 50 años de Chocolates Helenas estuvo a punto de truncarse. "La pandemia fue nuestro momento más duro como empresa. Básicamente estábamos a punto de quebrar", admitió Mendizábal.
Su experiencia en Backus y Grupo Gloria, sumada a la visión de Elena Soler de Panizo, permitió diseñar un "plan de supervivencia", con una estrategia de tres pasos.
Primero, la reducción de costos. El staff, incluidos miembros de la segunda generación, salió de la empresa para priorizar la mano de obra en la producción de tejas y chocotejas. "Si no se hacía, la empresa cerraba. En una empresa pequeña, estas decisiones se toman más rápido que en una grande. Se volaron cabezas por supervivencia", explica Mendizábal.
Segundo, la optimización del portafolio. El número de productos se redujo en casi 50% y se enfocaron en los de mayor rotación y se reemplazaron las cajas de 12 unidades por presentaciones más rentables de seis.
Y tercero, la visibilidad de la marca. Optaron por publicidad en televisión en lugar de abrir nuevas tiendas. "Aplicamos la estrategia de AJE: colocamos nuestro producto en un programa que era visto por nuestro público, personas mayores de 40 años. Beto Ortiz lo probaba en vivo y las ventas se dispararon, aunque el efecto duró solo unos meses", recuerda el ejecutivo.
Hoy, con la crisis superada, Mendizábal reflexiona: "No hay segunda oportunidad para una primera impresión. Cuando el tren pasa, hay que subirse. Eso hicimos para sobrevivir".