DINAMITA ILEGAL. LAS RUTAS DEL MERCADO NEGRO DE EXPLOSIVOS MINEROS EN PERU

Toneladas de artefactos explosivos exportados a Bolivia retornan al país como contrabando por diversos puntos de la frontera. Los beneficiarios son mineros ilegales e informales que consiguen fácilmente este material para extraer, principalmente, oro. Uno de los puntos de la ruta está en La Rinconada de Puno, donde simples tiendas de abarrotes son en realidad expendios de dinamita a la vista de todos. Sin embargo, desde 2019 la Aduana peruana solo ha hecho dos incautaciones de este tipo de mercadería ilegal.

Ninguna chispa de sol asoma en la frontera entre Perú y Bolivia, pero decenas de camiones se estacionan a ambos flancos del río Suches, que separa a los dos países a 4.364 metros sobre el nivel del mar. Por el lado peruano está el distrito de Cojata; por el boliviano, la localidad de Pelechuco. Los comerciantes, a oscuras y con el frío de la madrugada, desembalan y descienden sus mercancías para levantar sus tiendas sobre la tierra. Como todos los viernes, va armándose “Las Perlas”, una tradicional feria contrabandista.
Un descuido volaría por los aires todo este lugar. Entre las zapatillas, juguetes, ropa, balones de gas doméstico, dispositivos para celulares, carne y conservas se mezclan algunos cartuchos de dinamita. Son parte de las toneladas de explosivos que retornan de Bolivia a Perú por este punto y zonas aledañas.
Estos materiales, sumamente peligrosos, son primordiales en la cadena de producción del oro ilegal e informal, que genera más dinero que el narcotráfico. Fueron unos 4 mil millones de dólares durante el 2022, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Sin explosivos, la explotación por socavón sería imposible. Sin explosivos, no se podrían fracturar las rocas para sacar el mineral.
Tanto en tierras peruanas y bolivianas, los comerciantes empiezan a acomodar sus productos a la venta. Otros son cambistas que instalan mesas no solo para cambiar soles por bolivianos o viceversa, también para comprar y vender oro ilegal y mercurio. A lo largo de la frontera ocurre un estallido de delitos y pasa todo tipo de contrabando. Pero, entre todos los negocios, varios son fachada para comerciar el principal insumo de la extracción minera: los explosivos.
Va clareando y en la feria del lado boliviano, un hombre al que llamaremos “Renato” ofrece ropa abrigadora: chompas, guantes, chullos. Al mismo tiempo rastrea potenciales compradores de diversos tipos de dinamita. Recuerda que años atrás la venta se hacía mostrando abiertamente los productos. A más controles, este tráfico ahora funciona a escondidas y con previo trato. Días atrás, este comerciante consiguió una clienta, vecina de la zona: “La he presentado a mis amigos y ellos trataron con ella”.
Los “amigos” de Renato son miembros de una de las 2.423 cooperativas mineras responsables del 99% de la producción aurífera de Bolivia. Éstas cuentan con “cupos”, autorizaciones para comprar una determinada cantidad de explosivos a las comercializadoras. Cada tres meses deben presentar informes para que se les permita volver a adquirir. Sin embargo, parte del material se desvía y termina en el mercado negro.
Metros más allá, “Ernesto” ofrece carne. Sus parientes -reconoce- son parte de esta red ilícita, pero hoy no están en la feria. Casi al final del pasadizo de comerciantes, enfundado en un mameluco minero, está “Calancho”. Tiene un puesto donde vende distintos productos, pero clandestinamente trafica con dinamita de procedencia peruana y boliviana. El trato consiste en pagar un porcentaje y el resto, con la entrega del material, que se concreta en cualquier punto de la frontera por seguridad para los traficantes. “Hay Famesa (marca de fabricación peruana), hay de todo”, revela.
Calancho mira a todos lados para confirmar que hablar es seguro: “Llega a la empresa (comercializadora) y vuelve aquí mismo, regresa”. Su testimonio termina de dibujar la ruta de este insumo, que abastece a gran parte de la minería no legal (ilegal e informal) y que vuelve a Perú como contrabando para distribuirse desde la frontera a diversas regiones. Es una red que actúa gracias a la ausencia de ambos Estados.
La ruta del contrabando de explosivos
“Esta parte (de la comercialización) ya escapa de nuestro control”, confirmará Luis Patón Paredes, jefe de la Unidad de Material Bélico del Ministerio de Defensa de Bolivia, que entrega autorizaciones para venta y compra de estos dispositivos.
Mientras tanto, la feria fronteriza va llegando a su fin. Solo dura hasta las 10:00 de la mañana. Los contrabandistas se retiran de a pocos en sus vehículos y “Calancho” enfatiza que todos los viernes se le puede encontrar aquí.
“Carrusel” de explosivos
Los primeros indicios de esta ruta se dieron en 2015. Mineros peruanos encuestados manifestaron que los productos legalmente exportados volvían a ingresar como contrabando para despistar su origen. Un círculo, un carrusel, según reportó el documento “Desvío de explosivos de uso civil” de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), encargada de fiscalizar y autorizar la compra de estos insumos y quien realizó el sondeo.
Es en Perú donde empieza la ruta, primero de forma legal. Existen nueve empresas fabricantes de los artefactos y siete de ellas los exportan. Uno de los principales clientes es, justamente, Bolivia. En 2023, se exportaron 95 millones de dólares al mundo, de los cuales 13 millones (14% del total) se vendieron al país vecino, según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Para Bolivia representa la mitad (49%) de lo que importó en ese año, según el Instituto Nacional de Estadística. A diferencia del gran tamaño de esta industria en Perú, la boliviana solo tiene a la empresa mixta (privado-estatal) Maxam Fanexa como la única autorizada para la fabricación.
La principal exportadora peruana es Famesa Explosivos S.A.C., una empresa con 71 años en el rubro y que tiene cuatro plantas en Perú y una en Chile. Sus exportaciones alcanzaron los 65 millones de dólares en 2023 para más de 25 países. Es, por lejos, la que más envíos hace al exterior. Sus artículos llegan hasta Zimbabwe (África) y Nueva Zelanda (Oceanía). En Bolivia, Famesa tiene tres oficinas operando bajo el nombre de Carmar LTDA. Allí es el gran jugador del mercado de explosivos: exportó 33 millones de dólares entre el 2019 y 2023, que para Bolivia representa el 27% de todo lo que importó en el mismo periodo.
Tanto en Perú como en Bolivia, el nombre de Famesa se repite en las incautaciones a la minería informal e ilegal de los últimos años. Entre el 2020 y el 2023, el Ministerio de Defensa boliviano decomisó 1.300 kilogramos de nitrato de amonio (ANFO, por sus siglas en inglés) de la marca Famesa, un producto que, combinado con combustible, se convierten en un potente detonador. También hallaron 520 kilogramos de dinamita de la marca boliviana Maxam Fanexa. “La falta de control permite el mercado negro. Si un minero requiere 50 kilos por semana y emplea 20, el resto lo va almacenando o revende”, explica el coronel Jorge Santiesteban, miembro del servicio pasivo del Ejército de Bolivia y analista en seguridad y defensa.
Los puntos de comercio ilegal son conocidos en Bolivia. “Cuando no hay (explosivos), tenemos que ir al mercado negro”, declara Edilberto Huanaco, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí. La minería ilegal necesita de explosivos que se pueden encontrar en la Feria 16 de Julio en la ciudad de El Alto (La Paz), según cuenta Juan Carlos Manuel, secretario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Otros expendios ilícitos se ubican en distritos mineros como Huanuni (Oruro), Guanay y Apolo, que son municipios de La Paz.
La frágil frontera
La Intendencia de Aduanas de la región fronteriza de Puno tiene entre sus funciones combatir el contrabando en Perú. Aunque uno de sus integrantes, a quien llamaremos “Mariano”, reconoce que no hay un control efectivo para bloquear el paso de los explosivos que utiliza la minería no formal. Una vez que cruzan la frontera, el destino final de los artefactos son las principales ciudades peruanas: la propia Puno, Arequipa, Cusco, La Libertad y hasta Lima, la capital.
En 2019, Aduanas quiso intervenir una feria de oro en el distrito peruano de Ananea (Puno). Los agentes montaron vehículos particulares, pero cuando arribaron no encontraron nada, ni una sombra. “Hacer intervenciones es complicado. Nuestras camionetas y placas son conocidas por contrabandistas y malos policías. Desde que salimos y nos ven por la carretera, ya sabemos que no vamos a encontrar nada”, remarca Mariano.
La frontera de Puno con Bolivia es la más violada por el contrabando. Según estimaciones de la Sunat, por esos límites pasa el 38.7% de todas las mercancías ilegales que ingresan al país, que representaron unos 232 millones de dólares durante el 2023. Pese a ello, es ínfima la incautación de productos ilegales en la zona. Aduanas de Puno decomisó 4 millones de dólares, solo el 1.7% del total que calcula la Sunat.
El control es peor si solo nos enfocamos en explosivos. En el último quinquenio (2019-2023) no hubo incautaciones por parte de Aduanas Puno. A lo sumo, entre el 2019 y 2020 se encontraron 18.100 unidades de detonantes de Famesa en cuatro operativos en un puesto de control y carreteras de Puno. En uno de los casos se halló cinco cajas escondidas dentro de un vehículo que ingresaba a la ciudad de Juliaca.
En 2024 sí hubo una confiscación. Sucedió el pasado 14 de agosto, tras el descubrimiento de sacos con 400 detonadores de Maxam Fanexa, 639 kilos de mecha de la misma marca y 1.627 kilos más de mecha Famesa. Todo de procedencia boliviana con rumbo a Arequipa y que se interceptó en carretera peruana a la altura de Cabanillas. La carga estaba oculta entre pacas de heno transportadas por un camión. El producto de Famesa se había exportado a Bolivia, pero retornó a Perú. Aduanas lo considera contrabando así su origen sea nacional. Se solicitó una entrevista con el representante de la Intendencia de Aduanas de Puno de la Sunat, pero no hubo respuesta oficial.
“La minería ilegal recibe explosivos del contrabando y de quienes adquieren en mayores cantidades de las que necesitan. Luego los desvían y venden de manera ilegal a terceros”, confirma el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre.
Raúl Ortega, ex funcionario de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, estima que solo entre el 20% y 30% de mineros informales usan explosivos adquiridos legalmente. El 70% restante se abastece del contrabando. “La mentalidad del peruano es rehuir al marco legal. No piensan en manejar sus operaciones de manera técnica”, señala.
Por su ubicación en la frontera, Puno es la primera región peruana con minería ilegal a la que llegan dinamita y artículos complementarios del contrabando boliviano. En 2021, la Dirección Contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior identificó 11 puntos en los distritos Alto Inambari (provincia de Sandia) y Ayapata (provincia de Carabaya) que padecen esta actividad. Pero este tráfico de explosivos también abastece a La Rinconada, considerada la zona extractiva más alta del planeta (5.200 msnm).
La venta al público en la Rinconada
En el Perú existe un catálogo de 1.088 explosivos y elementos relacionados aprobados por la Sucamec. Los más utilizados por los mineros ilegales e informales del país son el cartucho de dinamita, el detonante y el cordón de mecha. El detonante contiene un explosivo primario sensible a la chispa de la mecha, que activa finalmente el cartucho para su estallido. A la unión de estos tres elementos se le conoce como “cebo” o “prima”.
Varias tiendas del centro poblado de La Rinconada son puntos de expendio de estos tres elementos para abastecimiento de sus minas informales. El lugar está ubicado en el distrito puneño de Ananea y es reputado por sus altos niveles de violencia, inseguridad, trata y contaminación. Por sus laderas, hasta la cumbre de la cordillera Carabaya, proliferan minas ricas en yacimientos de oro.
"Todos los explosivos son ilegales, todo es boliviano”, comenta un ex minero de La Rinconada a quien por su seguridad llamaremos “Mauro”. Su cuñada adquiría los artefactos en Bolivia y los vendía en este poblado minero hasta que lo abandonó. “Es como comprar cualquier cosa, como comprar pan”, grafica.
Lo comprobamos al acompañar a una tienda a un ex minero a quien nombraremos “Roberto”. A 30 metros de la comisaría La Rinconada se ubica una tienda y el hombre le consulta a la vendedora si tiene dinamita.
- ¿Cuánto quieres? -pregunta con voz baja la mujer en medio de víveres, embutidos y gaseosas.
- Dos metros de mecha, dos cartuchos y tres fulminantes… ¿Qué marca tienes? – consulta el minero.
- Famesa – señala la mujer y se ausenta un momento para luego volver con una bolsa negra. Adentro hay dos cartuchos marcas Famesa, uno para quebrar rocas duras (Emulnor 5000) y otro para semiduras (Gelatina 80). Ambos son suficientes para dos detonaciones en minería, pero también para volar accidentalmente esta pequeña tienda en completo riesgo.
– Es 12,60 (soles) – culmina la mujer. Al cambio de moneda, el costo es de tan solo 3 dólares.
Estos negocios se han vuelto verdaderos arsenales. El 10 de septiembre del 2024, agentes de la Policía Nacional detectaron 506 cartuchos Famesa en dos abarrotes de La Rinconada. Dos meses atrás, en julio, una licorería ofrecía 29 sacos y costales de ANFO, como también explosivos fabricados por Famesa. Mientras que, en octubre de 2023, Néstor Surco Alcahua fue apresado cuando encontraron en su negocio 1 toneladas en sacos de ANFO, 22 cajas de dinamita Famesa, 7 de mecha y 1 de fulminante.
En el poblado vecino a La Rinconada también es común el expendio de explosivos a vista de todos. Cerro Lunar de Oro se asienta al pie de la cordillera, y para llegar, hay que descender 10 minutos en un transporte para mineros. Roberto aquí regenta un baño público. Lunar de Oro, como La Rinconada, no cuenta con servicios básicos; lo más prioritario fue construir alcantarillados para los relaves que se precipitan violentamente desde las moliendas de zonas arriba.
Cerca al paradero del transporte, hay más de una decena de tiendas de abarrotes. Roberto envía a su amigo, un minero moledor de mineral, para demostrar que estos comercios ofrecen como si nada los explosivos. Su compañero regresa con dos dinamitas, dos metros de mecha y tres detonadores. Todo por 13 soles, todo de marca Famesa.
Entre el 2014 y 2015, el 98% de las incautaciones de explosivos en Perú habían sido de Famesa y Exsa S.A. Pero eso cambió. Ahora son solo los artículos de la primera empresa los que más se desvían con fines ilícitos. En 2023 la Policía Nacional incautó 43.3 toneladas de material explosivo en el país. De los 24 operativos que se realizaron, en la mitad se encontró algún producto de Famesa. También se decomisaron artefactos de Exsa SAC y Maxam, aunque en menores cantidades. En el 2022 ocurrió el mismo patrón, con 52,2 toneladas decomisadas.
Se contactó al área de marketing de Famesa Explosivos S.A.C. y se solicitó una entrevista. Pero hasta el cierre de esta investigación no hubo respuesta de la empresa.
Secocha y su mercado negro
El contrabando desde Bolivia no es la única fuente de abastecimiento de dinamita ilegal en Perú. Secocha es un asentamiento minero informal del distrito Mariano Nicolás Valcárcel, provincia Camaná, ubicada a cinco horas de la ciudad de Arequipa. “Víctor” llegó aquí hace siete años. Vio que la minería artesanal dejaba buenos ingresos y se quedó. “Acá hay un mercado negro para conseguir explosivos. Son dos o tres personas que te venden de manera clandestina y tú les compras sin ningún tipo de documento”, relata en su centro de molienda de oro.
Moisés evita decir el nombre del principal abastecedor en Secocha. Solo menciona que le llaman “Munra” (como el villano de un dibujo animado). “Pide cantidades al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y justifica documentalmente que tiene una labor”, explica. La Sucamec no puede autorizar la compra de dinamita sin la opinión favorable de las direcciones de Minería de los gobiernos regionales. Estas dependencias locales analizan los expedientes con los planos de voladura con que se justifica la cantidad de material que requieren sus operaciones.
Solo los mineros formales y los que están activos en el Registro Integral de Formalización Minero (REINFO) pueden adquirir estos insumos por cada seis meses de vigencia del permiso. En el país están inscritos en ese sistema 84.440 mineros, pero habilitados solo 19.749. El resto está suspendido, principalmente por no presentar el Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera (IGAFOM) o por no declarar su producción semestral.
Arequipa es la región del Perú con más inscritos en el REINFO. Tiene 16.260, pero solo 3.894 están vigentes a octubre de 2024. Aun así, menos del 10% de esos mineros solicita legalmente a la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) en Arequipa la compra de dinamita. La entidad aprobó 265 solicitudes en 2023. Mientras que la Sucamec emitió autorizaciones para la adquisición de más de 62 millones de explosivos y accesorios para la minería informal de Arequipa ese año.
Iván Prado, titular de la GREM en Arequipa, niega que haya un acaparamiento en la adquisición de explosivos para desviarlos al mercado negro. “Es imposible”, responde. Resalta que el 90% de requerimientos son devueltos a los mineros para que corrijan sus expedientes. “Si tienes una labor pequeña, ¿por qué me pides una cantidad más allá del 100% que necesitas? Lo que hacemos es evitar (observando el trámite) que los explosivos vayan al mercado negro”, añade. Sin embargo, existen casos que demuestran que algo no cierra en el negocio ilícito: diversas personas jurídicas y naturales presentan solicitudes para un mismo derecho minero. Es el caso de Posco, ubicado en Secocha, para el que 41 mineros presentaron solicitudes en 2023 por un total de 21 millones de unidades. Prado indica que no tienen facultades para verificar los saldos de dinamita de los expedientes.
Otra parte de los desvíos se da en los traslados, sostiene la Sucamec. “No llega a su destino final o lugar de almacenaje (polvorines)”, advirtieron ante la consulta para esta investigación. El vehículo autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para trasladar insumos peligrosos no permite identificar qué se transporta, ni horario ni fecha de llegada a su destino. La entidad añadió que está estableciendo estrategias de control con la identificación de los conductores y agentes policiales que custodian el desplazamiento.
No es poca la cantidad de explosivos que mueve esta industria al interior del Perú. En 2023, desde las fábricas se movilizaron 4.769 millones de artefactos a diferentes polvorines. El 75% tuvo como origen las fábricas de Famesa. En 2022 fue mayor el desplazamiento: 5.993 millones de unidades.
Debido a esto, la Sucamec coteja cuánto explosivo sobra en los polvorines de Arequipa, entre ellos a los que tienen material para mineros en procesos de formalización. Además, instalará mesas de trabajo para analizar propuestas, como un sistema de rastreo al transporte de explosivos. “Los trámites para adquirir y transportar deben necesariamente ser rigurosos. Se está trabajando con cooperación internacional para acceder a tecnología que nos permita un mejor control”, detalló el alto comisionado de la PCM, Rodolfo García Esquerre.
“La mayoría de mineros artesanales compran de gente que solicita legalmente los explosivos… Es toda una mafia”, asegura Máximo Franco Becker, presidente de la Federación de Pequeños Productores Mineros y Artesanales de Arequipa. Acusa que adquirir explosivos es engorroso, porque el trámite dura meses, y que tiene un alto costo. Cada compra cuesta unos 15.000 soles, que, al cambio de moneda, equivalen a 3.900 dólares. Los gastos se reparten en la elaboración de los planos de voladura, el alquiler del polvorín y el traslado, además del derecho a trámite ante la Sucamec. “Mejor llamo por teléfono y en minutos los explosivos están en la puerta de mi casa”, concluye el dirigente con una sonrisa irónica.
Para César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, el tráfico de estos dispositivos ha sido poco atendido: “La incapacidad del gobierno central es tremenda y se replica en los gobiernos regionales que no tienen presupuesto, ni mecanismos para fiscalizar y sancionar”. El especialista remarcó que se intentó castigar a los mineros informales suspendidos con tenencia ilegal de explosivos, expulsándolos del sistema de formalización. Sin embargo, el Congreso boicoteó la medida derogando en marzo del 2024 el Decreto Legislativo N°1607.
Mucho menos hay sanciones para suplantadores. Cuatro kilómetros arriba del punto de molienda de oro de Moisés trabaja Hernán Chávez, un minero artesanal de Secocha que se dedica a pallaquear, es decir a buscar oro en los restos de piedras que abandonan las operaciones mineras prendidas de las laderas de los cerros. Para llegar allí, los mineros trepan camionetas que muchas veces cargan ANFO o cajas de dinamita.
Chávez señala que nunca compró explosivos. Aun así, para la GREM y la Sucamec, él en 2023 adquirió 7.500 kilos de dinamita y 200.000 metros de mecha por un valor de 100.000 dólares. El minero denunció la falsificación de su firma y huellas digitales ante el Ministerio Público. Está seguro de que la carga tenía intenciones de abastecer la producción de la minería ilegal. “No solo me han perjudicado a mí, sino a varios”, reclama.
La única solución para todo esto, a decir del dirigente Máximo Franco Becker, es liberar la venta y puntos de comercio en las zonas mineras de todo material explosivo. “Así todo el mundo tendrá acceso a la comercialización. Lo que sucede es que los únicos que comercializan son los que fabrican. Ahí hay un monopolio”, sostuvo.
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“PETRÓLEO BLANCO” DIVINO TESORO
 
EL Tiempo de Argentina (https://acortar.link/FZuCSW)
 
Hoy está de moda el litio. Parece que sirve tanto para tratamientos médicos anti-depresivos y tratamiento de trastornos bipolares, como para que funcionen los celulares, los autos y motos eléctricos. Bueno, bajo diferente forma y prescripción, claro. También es utilizado en la fabricación de aviones y en el blindaje de los tanques. Vaya si es importante ese alcalino, cuyas reservas más importantes parecen estar en Nuestra América: Bolivia, Argentina, Chile… ¿México?
La prensa convencional, tanto local como internacional, califica al litio como “el petróleo blanco” de este tiempo, indispensable en este nuevo giro del capitalismo. Uno más. No sabemos si así lo describen o nos maldicen. Veamos.
Evo Morales nacionalizó el litio boliviano. Cuando ocurrió el putsch que lo desplazó del poder, Elon Musk –el nuevo dueño de Twitter- respaldó tal golpe de Estado al afirmar que podían derrocar a cualquiera. Es que los autos Tesla dependen de ese recurso, y no hay nada mejor para un gran emprendimiento que contar con materias primas abundantes y aseguradas.
Bien parece que las cuestiones de propiedad de los recursos naturales de una Nación son pilares del poder real: quién los maneje, cómo los explote, y qué haga con la renta obtenida pueden marcar el rumbo de una sociedad, tanto como la naturaleza y el ejercicio –o la renuncia- de la soberanía.
Así lo entendió la Argentina en otros tiempos, cuando el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 especificaba que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social” (…)  “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”. Un bando militar de un gobierno de facto terminó con esa Constitución en 1956.
Sin embargo, esa impronta inspiró la nacionalización del cobre chileno, efectuada durante el gobierno de Salvador Allende. Derrocado en 1973. Pareciera que nuestras sociedades están condenadas por las riquezas que contienen nuestros territorios.
Hoy México sorprende, porque hace política. El presidente López Obrador intentó una reforma del sector eléctrico, demasiado privatizado, habida cuenta que el manejo de la energía es uno de los factores reales de poder. Pero precisaba una ley con mayoría especial, que no consiguió en el Congreso.
Así es que AMLO (como le dicen al presidente mexicano) mandó otra ley que establece la nacionalización de los yacimientos de litio, que sólo necesitaba mayoría simple. En Diputados hubo 298 votos a favor y 196 abstenciones; el Senado confirmó con 87 votos a favor, 20 en contra, y 16 abstenciones. El litio de México es mexicano. ¿Qué dirá Elon Musk?
En esa lección de gobierno que brinda López Obrador, vemos que es mejor la política de movimiento –cuando los objetivos son claros- que el conformismo o la queja cuando algo no resulta. Frente a la imposibilidad de reformar el sector eléctrico, la respuesta fue anunciada y superadora. El litio es nuestro. Es decir, de México, que es lo mismo. Eso es construir poder: una realidad efectiva.
 
 
 
 
 
ESTOS PAÍSES DE SUDAMÉRICA SON LOS ÚNICOS RIVALES DE ESTADOS UNIDOS EN RESERVAS LITIO, ORO Y PLATA EN EL MUNDO
 
Fuentes como Trading Economics, Bloomberg y Statista GmbH destacan el liderazgo de países sudamericanos en reservas minerales, posicionándolos entre los más grandes del mundo.
 
La República de Perú (https://acortar.link/0WHe3r)
 
La región sudamericana se destaca por sus vastas reservas de minerales, posicionándose como un competidor formidable frente a potencias como Estados Unidos y China. Con países como Venezuela, Perú y Bolivia liderando en oro, plata y litio, respectivamente, Sudamérica se convierte en un actor clave en el panorama global de la minería. Según informes de Trading Economics, Bloomberg y Statista GmbH, las reservas minerales de la región no solo son significativas, sino que también influyen en la economía mundial.
Esta riqueza mineral permite a la región desafiar la hegemonía de las principales potencias mineras, consolidando su papel en el mercado global. Las reservas de oro, plata y litio en Sudamérica no solo posicionan a la región como un competidor importante frente a China y Estados Unidos, sino que también destacan su papel en la industria minera mundial. Con recursos naturales abundantes, Sudamérica se consolida como un jugador clave en el mercado global de minerales estratégicos.
Venezuela: líder en reservas de oro
Venezuela se posiciona como el país con la mayor reserva de oro en Sudamérica, con un estimado de 161 toneladas métricas. Este volumen supera ampliamente las reservas de Brasil y Argentina, consolidando a Venezuela como el principal depositario aurífero de la región. Según datos de Trading Economics, las reservas de oro en Brasil alcanzan las 130 toneladas, mientras que Argentina cuenta con 61,74 toneladas.
Perú: potencia en reservas de plata
Perú destaca como el país con la mayor reserva de plata en Sudamérica, liderando también a nivel mundial. Con 110.000 toneladas, Perú supera a potencias mineras como China y Estados Unidos. Las reservas de plata más importantes se encuentran en regiones como Puno, Pasco, Junín y Áncash, lo que refuerza su posición en la industria global de la plata.
Bolivia: reserva de litio en el ‘Triángulo del Litio’
Bolivia, junto a Chile y Argentina, forma parte del 'Triángulo del Litio', una región que alberga la mayor concentración de este mineral en el mundo. Con un total de 21 millones de toneladas, Bolivia tiene la mayor reserva de litio no explotada, aunque enfrenta desafíos en infraestructura y tecnología para su extracción eficiente. Chile, por su parte, se destaca como el mayor exportador de litio, con 9.300.000 toneladas, superando a Australia y China.
El Triángulo de Litio abarca partes de Argentina, Bolivia y Chile, y es conocido por tener las mayores reservas de litio en el mundo. Las áreas clave incluyen el Salar del Hombre Muerto en Argentina, el Salar de Uyuni en Bolivia y el Salar de Atacama en Chile. Esta región es crucial para la producción de litio, un mineral esencial en la fabricación de baterías y otros productos tecnológicos.
Usos del litio en la industria moderna
El litio ha ganado relevancia en la actualidad, principalmente por su uso en la fabricación de baterías para dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. Además, se utiliza en la producción de cerámica, vidrio y lubricantes. En el ámbito de la salud mental, el carbonato de litio es un fármaco utilizado para tratar trastornos bipolares, estabilizando el estado de ánimo de los pacientes.
 
 
 
 
 
BOLIVIA DIVERSIFICA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO
 
Prensa Latina de Cuba (https://acortar.link/qjeKH4)
 
Bolivia diversifica la industrialización del litio con inversiones tecnológicas que involucran a Australia, Alemania, Argentina y Francia, según acuerdos firmados la víspera en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental).
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) rubricó este martes tres acuerdos con empresas internacionales para introducir y desarrollar modernas tecnologías en Coipasa, Pastos Grandes y Empexa, salares de los departamentos de Oruro y Potosí, que permitirán aprovechar los recursos evaporíticos en estas canteras,
“Este es un importante paso que dan estas tres empresas al firmar este convenio con el Gobierno nacional, a través de YLB, para hacer todos los trabajos necesarios para probar sus tecnologías”, afirmó el presidente Luis Arce, quien asistió a la firma de los documentos en un acto en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental).
Las corporaciones internacionales con las que YLB rubricó convenios son: Eau Lithium PTY, Tecpetrol y Geolith Actaris, la primera australiana–alemana; la segunda argentina y la tercera franco-boliviana.
Arce informó que todas fueron seleccionadas por YLB tras una evaluación rigurosa entre otras compañías, “que demostraron el interés de venir a Bolivia para industrializar el litio junto con el Gobierno nacional”.
Según el dignatario, Eau Lithium PTY trabajará en los salares de Coipasa, Pastos Grandes y Empexa, mientras que Tecpetrol operará en Pastos Grandes y Geolith Actaris estará también en Coipasa.
“Estamos dando un paso importante -sostuvo Arce-, por lo tanto, nuevamente, en el objetivo de industrializar nuestro litio, de avanzar en este proceso que ha sido largo, tedioso, complicado, pero que lo estamos avanzando”, indicó enfático,
Aclaró Arce que la política del Gobierno nacional “no es cerrarse a una sola empresa” en materia de litio, sino atraer también a otras compañías con la mejor tecnología “que se pueda adaptar a los salares bolivianos y que pueda producir la mejor y mayor calidad del metal blanco”.
Resaltó que hoy el litio orureño va a ser explorado primero con tecnologías, y expresó seguridad en que “vamos a tener éxito y luego de aquí a unos tres meses que tienen estas empresas para poder probar la tecnología estaremos empezando la negociación para suscribir un contrato para la explotación concretamente de litio boliviano en sus diferentes salares”.
El jefe de Estado resaltó que el salar de Empexa entra a partir de ahora en el mapa como un recurso natural útil para el país.
Ahora lo que le interesa al Gobierno nacional es que se cumplan los tiempos para arrancar con la segunda etapa que tiene que ver con el contrato que se suscribiría entre YLB y las empresas que puedan demostrar la calidad de sus tecnologías para explotar el litio boliviano, concluyó el presidente.
 
 
 
 
 
LA JUSTICIA DE ARCE CONDENÓ A SEIS AÑOS DE CÁRCEL AL EX PRESIDENTE BOLIVIANO GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA POR EL CASO “PETROCONTRATOS”
 
La investigación también involucró a los ex mandatarios Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, quienes fueron excluidos del proceso penal por una amnistía otorgada por Evo Morales
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/YvmLUM)
 
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por la aprobación de contratos petroleros sin aval del Legislativo en un juicio en ausencia tras un largo proceso judicial que duró unos 20 años.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó que Sánchez de Lozada, de 94 años, y los dos ex ministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y el ex viceministro Carlos Alberto López fueran condenados por ser “autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, según la sentencia leída la noche del lunes.
La investigación también involucró a los ex mandatarios Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, quienes fueron excluidos del proceso penal por una amnistía otorgada por Evo Morales en 2018 para colaborar en la centenaria reclamación marítima boliviana ante Chile.
Quiroga siempre rechazó la acusación y aseguró ser perseguido por el entonces Gobierno de Morales.
El ministro de Justicia, César Siles, informó el martes en conferencia de prensa que el ex mandatario y sus ministros fueron juzgados en rebeldía y defendidos por abogados públicos. Sánchez de Lozada reside desde 2003 en Estados Unidos. El gobierno boliviano ha pedido la extradición del ex mandatario pero Washington no la ha aprobado. El ex presidente tiene las nacionalidades boliviana y estadounidense.
Siles agregó que el proceso marca un “precedente y habilita la posibilidad no solamente de extradición sino también de empezar con la acción reparatoria por el cuantioso daño económico”.
Según la sentencia del proceso que comenzó en 2005, el ex mandatario debería cumplir su condena en la cárcel de Chonchocoro, a las afueras de La Paz, pero primero Bolivia debe formalizar un nuevo pedido de extradición.
El ministerio indicó que el fallo judicial es un “acto de justicia esperado y ansiado” largamente y también “habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados”, que están fuera del país.
El gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) no pidió la autorización del Congreso para la firma de 107 contratos con petroleras extranjeras. Esos acuerdos atrajeron inversión extranjera para desarrollar la explotación, exploración y distribución de hidrocarburos, pero no fueron beneficiosos para el Estado.
“Con estos contratos las petroleras tenían una ganancia del 82% y el Estado sólo se quedaba con el 18%. Celebramos esta condena”, sostuvo el ministro Siles.
En 2006 el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó los hidrocarburos en un cambio de política de Estado. Desde su gobierno se declararon nulos los contratos con las petroleras extranjeras.
Bolivia fue uno de los principales exportadores de gas pero sus campos fueron declinando y actualmente es dependiente de la importación de combustibles.
Sánchez de Lozada también enfrenta acusaciones de genocidio tras las protestas callejeras de 2003 que dejaron 64 muertos y más de 400 heridos durante la llamada “guerra del gas” en rechazo a un proyecto del entonces gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a través de puertos chilenos.
En septiembre del año pasado Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas que murieron en esas protestas y aceptó pagar una indemnización por daños y perjuicios poniendo fin a un proceso judicial de 16 años.
El caso ‘Petrocontratos’ investigó a las ex autoridades por haber supuestamente favorecido a trasnacionales petroleras causando un daño económico al Estado al haber aprobado contratos petroleros sin la autorización del Congreso
 
 
 
 
 
NO ES PERÚ NI BOLIVIA: ESTE ES EL PAÍS DE SUDAMÉRICA AL QUE MÁS RECHAZAN LA VISA PARA ESTADOS UNIDOS
 
Aunque Perú y Bolivia presenten altos porcentajes de rechazo de visa a EEUU, con 21,30% y 28,93% respectivamente, hay tres países con mayor índice
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/wRXbzg)
 
Muchas personas en el mundo buscan obtener una visa para Estados Unidos debido a que este país es visto como un destino atractivo por sus oportunidades laborales, educación de calidad y una amplia oferta turística. Además, algunas personas desean visitar familiares, recibir atención médica especializada o participar en eventos académicos y culturales. El interés también se debe a la percepción de estabilidad económica y seguridad que EEUU ofrece, así como su influencia global.
Sin embargo, el proceso para obtener una visa puede ser complejo y costoso, con procesos y tarifas que han aumentado recientemente. También se requiere demostrar vínculos sólidos con el país de origen para asegurar el regreso del solicitante. Estos factores combinados hacen que no a todas las personas les acepten el pedido y hay ciertas naciones cuyo porcentaje de rechazo son notoriamente mayores que otras.
¿Cuál es el país de Sudamérica al que más le rechazan la visa para Estados Unidos?
Venezuela es el país de Sudamérica al que más le rechazan la visa B para Estados Unidos, un porcentaje de 37,40%. Le siguen Ecuador y Guyana, con 36,99% y 34,25%, respectivamente.
El alto rechazo de visas estadounidenses a venezolanos está profundamente ligado a la situación política y económica del país. La crisis humanitaria en Venezuela ha generado una migración masiva, y muchos solicitantes no logran demostrar vínculos sólidos con su país de origen, como empleo estable o propiedades, lo que despierta sospechas sobre sus intenciones de regresar.
Además, las tensiones diplomáticas entre ambos países agravan la situación. Las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro afectan la percepción de las solicitudes, especialmente cuando están relacionadas con funcionarios o ciudadanos cercanos al régimen. Esto refuerza el rigor de las revisiones consulares, impactando incluso a quienes no están vinculados políticamente, pero sufren las consecuencias de las políticas restrictivas.
A continuación, te compartimos la lista completa de los países de Sudamérica junto con sus porcentajes de rechazo de visa B de Estados Unidos.
•          Argentina: 8,90%
•          Bolivia: 28,93%
•          Brasil: 15,48%
•          Chile: 20,15%
•          Colombia: 24,70%
•          Ecuador: 36,99%
•          Guyana: 34,25%
•          Paraguay: 18,09%
•          Perú: 21,30%
•          Surinam: 13,63%
•          Uruguay: 2,63%
•          Venezuela: 37,40%
•          ¿Cuáles son los países del mundo a los que se les rechaza más la visa a EEUU?
En 2024, los países con mayores tasas de rechazo para visas estadounidenses reflejan serias dificultades internas, como inestabilidad política, pobreza o crisis humanitarias. Laos lidera la lista con un 82,84%, debido a su aislamiento económico y limitadas oportunidades.
Le sigue Liberia, con un 79,38%, donde las secuelas de la guerra civil y una economía frágil generan altas tasas de denegación. Somalia, con un 77,02%, ocupa un lugar destacado debido a sus prolongados conflictos armados y crisis humanitaria, lo que incrementa la sospecha de intenciones migratorias permanentes.
Guinea-Bisáu, con un 76,59%, enfrenta una débil institucionalidad y pobreza extrema que afectan la confianza en el retorno de sus ciudadanos. En Mauritania, el rechazo es del 70,07%, impulsado por la pobreza generalizada y restricciones políticas. Guinea, con un 70,25%, también enfrenta el mismo problema debido a tensiones internas y un desarrollo económico limitado.
Otros países como Sierra Leona, con un 69,36%, sufren las consecuencias de desastres sanitarios y pobreza estructural, mientras que Gambia (66,03%) y Togo (66,60%) enfrentan problemas crónicos de gobernanza y desigualdad que dificultan la aprobación de visas. Uzbekistán, con un 64,41%, cierra este grupo con un contexto de derechos humanos restrictivo y un sistema político controlado que afecta las percepciones consulares.
Mónaco y Liechtenstein registran 0% de rechazo
Por otro lado, los países con las tasas más bajas de rechazo para las visas de Estados Unidos reflejan estabilidad económica y relaciones diplomáticas positivas con el país americano. Entre ellos destaca Mónaco, con un 0% de rechazo, probablemente debido a su reducido número de solicitantes y alto nivel de desarrollo.
De manera similar, Liechtenstein también registra un 0%, favorecido por su economía sólida y pocos problemas migratorios. Otros países con bajos índices incluyen, curiosamente, a Israel, con un 8,64%, gracias a fuertes lazos económicos y políticos con Estados Unidos, y los Emiratos Árabes Unidos, con un 1,46%, donde sus ciudadanos suelen demostrar solvencia económica y motivos claros de viaje.
¿Qué es la visa?
Una visa es un permiso oficial otorgado por un país que autoriza a una persona a ingresar, permanecer o transitar por su territorio durante un tiempo determinado. Generalmente, se solicita para viajar a otro país y se concede tras evaluar razones como el propósito del viaje, la seguridad y el cumplimiento de ciertos requisitos. Este permiso puede tener restricciones, como la duración de la estadía o el tipo de actividades que se pueden realizar, y se expide en forma de un sello o documento que se coloca en el pasaporte del solicitante.
 
 
 
 
 
PRODUCTOS PERUANOS ‘INVADEN’ SUPERMERCADOS DE BOLIVIA EN MEDIO DE CRISIS ECONÓMICA Y A POCAS SEMANAS DE NAVIDAD
 
Durante el primer trimestre de 2024, las exportaciones que superaron los 170 millones de dólares explican la presencia de numerosas marcas de Perú en las tiendas del país altiplánico
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/iVLJFJ)
 
A tan solo unas semanas de la Navidad 2024, Bolivia enfrenta una crisis económica caracterizada por un bajo crecimiento, una inflación persistente y una creciente incertidumbre en su panorama económico. En este contexto, la presencia de numerosos productos peruanos en los supermercados del país vecino ha captado la atención de los consumidores.
El fenómeno de la expansión de los productos nacionales en el mercado boliviano ha sido documentado recientemente por el youtuber Roberto Viajero Vlogs, quien compartió un video en el que recorrió los pasillos del supermercado Hipermaxi en La Paz, donde las estanterías estaban repletas de marcas y productos originarios de Perú.
A pesar de los desafíos económicos que atraviesa la región, la relación comercial entre Perú y Bolivia ha mantenido una tendencia positiva. En 2023, las exportaciones peruanas hacia Bolivia llegaron a los 533 millones de dólares, un incremento significativo que ha consolidado a Perú como uno de los principales socios comerciales de su vecino del sur.
¿Qué productos peruanos están en los supermercados de Bolivia?
Perú ha logrado penetrar el mercado boliviano principalmente a través de productos alimenticios procesados, bebidas y productos agrícolas. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el 2023 fue un año clave, con exportaciones de productos como leche Gloria, panetón Donofrio y pisco Tabernero destacando en los anaqueles de supermercados en todo Bolivia.
La cercanía geográfica, los acuerdos comerciales y el atractivo precio de estos productos han facilitado el ingreso de estos productos en un mercado que, a pesar de las dificultades económicas internas, sigue siendo un punto clave para el comercio de Perú.
El impacto de los productos peruanos en los supermercados de Bolivia ha sido notable. Desde panetones Donofrio hasta pisco Mosto Verde, pasando por marcas de galletas y chocolates como Sublime y ChocoSoda. Según el video, en el supermercado Hipermaxi de La Paz, se puede encontrar una amplia gama de productos alimenticios de reconocidas marcas peruanas. Otros productos peruanos destacados en el mercado extranjero incluyen el Ajino-moto, las galletas ChocoSoda de Field, el atún San Lucas de Chimbote y los productos Don Vittorio, entre otros.
Crecimiento de las exportaciones en Perú
El panorama de las exportaciones peruanas sigue siendo alentador. Entre enero y septiembre de 2024, Perú registró un total de 8.539 exportadores, lo que representa un incremento del 3.4% con respecto al año anterior. De este total, un 30% corresponde a exportaciones de productos agropecuarios, lo que refleja la importancia de este sector en la economía peruana. Además, el 16% de las exportaciones corresponden a minerales, otro pilar fundamental para la economía del país.
Un dato relevante es que el 69% de las empresas exportadoras en Perú son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que indicaría el dinamismo de este sector en la economía peruana y su creciente participación en el comercio internacional.
Bolivia vería al Perú como la solución la su crisis económica
La reciente inauguración del Megapuerto de Chancay, ubicado en la ciudad peruana de Huaral, ha captado la atención de países vecinos, como Bolivia, que atraviesa una grave crisis económica caracterizada por la escasez de dólares, el debilitamiento de su modelo económico y serios problemas en su comercio exterior.
En este contexto, a las puertas de las elecciones de 2025, políticos bolivianos han comenzado a presentar propuestas para revitalizar la economía, tratando de solucionar los desafíos derivados de su modelo económico. Entre ellos, destaca Samuel Doria Medina, empresario y opositor político, quien ha tenido presencia en gobiernos anteriores como ministro de Planeamiento.
Doria Medina ha propuesto convertir la ciudad de El Alto en el motor económico de Bolivia, con un plan que incluye la creación de una “zona franca sin impuestos” y la construcción de una vía directa hacia el Megapuerto de Chancay, en Perú. Esta iniciativa busca impulsar el comercio exterior boliviano y reducir los costos logísticos, aprovechando el puerto peruano como un puente estratégico para conectar a Bolivia con los mercados asiáticos.
“Convertiré a El Alto en una plataforma de comercio exterior. Habilitaré una vía de acceso al puerto de Chancay, que será la puerta a los grandes mercados del mundo”, señaló Doria Medina en una reciente presentación.
 
 
 
 
 
ALCALDES BOLIVIANOS DE MIZQUE Y TOLEDO SE DESTACAN DENTRO DEL MOVIMIENTO REGIONAL DE MUNICIPIOS, CIUDADES Y COMUNIDADES SALUDABLES DE LAS AMÉRICAS
 
OPS Org (https://acortar.link/zQWpb5)
 
Bolivia consolida su presencia en el Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) de las Américas. Dos alcaldes bolivianos asumen liderazgo en carteras importantes del Movimiento. Por un lado, el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Mizque, Fernando Álvarez, fue elegido primer vicepresidente del Comité Ejecutivo del MCCS; y, por otra parte, durante el VII Encuentro de Alcaldes y Alcaldes por Municipios Saludables de las Américas, el Movimiento acordó la creación de su primera comisión temática, que versará sobre Alcaldesas por Municipios Saludables, donde la alcaldesa de Toledo, Maria Estela Ayma, presidenta de la Primera red de alcaldesas por municipios de Buen Vivir, ejercerá como coordinadora de esta comisión.
El Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) de las Américas es una plataforma regional impulsado por la OPS de gobiernos locales integrada por ciudades, municipios, alcaldías, cantones, comunas, comunidades y mancomunidades comprometidos con la promoción de la salud. En la actualidad, cuenta con la participación de 32 municipios bolivianos.
El MCCS está liderado por alcaldes y alcaldesas, se constituye como una red integral e integradora en la que tienen cabida las diferentes iniciativas de salud que se implementan sinérgicamente en el ámbito local. Esta plataforma ofrece una gran oportunidad para construir alianzas y asociaciones estratégicas con otros actores comprometidos con la salud y el bienestar.
“Un Municipio Saludable se compromete en mejorar la salud, el bienestar y la equidad a través de la implementación de políticas públicas saludables, intersectoriales y participativas. Cada municipio saludable debe basarse en los valores del derecho universal a la salud, la justicia social, la igualdad de género, la solidaridad, la inclusión y el desarrollo sostenible”, señala la OPS.
Logros destacados de Bolivia en el MCCS
En noviembre, en un proceso de elecciones para la Primera y Segunda Vicepresidencia del Comité Ejecutivo del MCCS, se postularon candidatos de México, Ecuador y Bolivia. Tras una jornada democrática, el alcalde de Mizque, Cochabamba, Fernando Álvarez, fue elegido Primer vicepresidente.
El asesor internacional de Curso de Vida de la OPS/OMS, Erick Rousselin, manifestó que “la elección de un representante boliviano en este Comité es un reconocimiento al compromiso y los esfuerzos que los municipios del país están realizando para promover la salud, la equidad y el bienestar de sus comunidades, alineándose con una visión regional compartida”.
Mizque se ha convertido en uno de los municipios líderes de la Salud. Es uno de los pioneros del MCCS en Bolivia y forma parte de la Red Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.
El municipio de Mizque cuenta con más de 26 mil habitantes. El alcalde Álvarez caracteriza su gestión edil con un enfoque de derechos a todas las personas mayores. Promueve prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas mayores.
Mizque cuenta con programas públicos municipales para prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, garantizando el desarrollo e incorporación de las personas mayores a la sociedad con dignidad e integridad; así como trabaja en la preservación de la interculturalidad con el respeto a la expresión, diálogo y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. Mizque es un municipio esencialmente rural de habla quechua, dedicado a la agricultura y el turismo.
Liderazgo femenino en la salud
En el marco del VII Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por Municipios Saludables de las Américas del MCCS, realizado en Cuzco el mes de octubre, María Estela Ayma, alcaldesa del municipio de Toledo, Oruro, se destacó. Fue nombrada para presidir la primera comisión temática de Municipios Saludables de la región de las Américas. Este nombramiento subraya el papel crucial de las mujeres en la gobernanza local y su liderazgo en la promoción de la salud como un derecho fundamental.
La alcaldesa de Toledo, municipio ubicado en el altiplano boliviano es una localidad ganadera de auquénidos, rubro del cual obtienen carne, lana y fibra, destinado tanto a la comercialización como al consumo doméstico. Gracias al impulso de la alcaldesa, su población, de origen aimara y quechua, se ha convertido en guardiana de las fuentes de agua, elemento que garantiza la salud de su población.
“El fenómeno de El Niño y otros factores del cambio climático afectan municipios como Toledo impactando la salud y la producción agrícola. Implementamos la cosecha de aguas de lluvia, reforestación y gestión de residuos sólidos con proyectos innovadores, como la crianza de cuyes para reducir residuos verdes”, enfatizó María Estela Ayma.
La alcaldesa Ayma lidera la Red de Alcaldesas de municipios del buen vivir de Bolivia, que en mayo firmó su adhesión al Movimiento de MCCS de la Región de las Américas. Fue parte de la redacción del Estatuto de la Red en Bolivia y comparte la responsabilidad de presidir la Red junto a las alcaldesas Nancy Colque Mamani de Capinota en representación de los Valles de Bolivia y Gresli Justiniano Duran de Porvenir en representación de los Llanos bolivianos.
Rousselin dijo que “la participación de alcaldes y alcaldesas bolivianos en espacios internacionales como el MCCS demuestra el trabajo que se desarrolla en el país para mejorar las condiciones de vida de su población. Este logro no solo visibiliza los avances locales, sino que refuerza el compromiso de Bolivia en contribuir a una región más saludable, equitativa y sostenible”.
 Con estos importantes logros, Bolivia reafirma su posición como un actor clave en los esfuerzos por garantizar la salud y el bienestar en las Américas. 
 
 
 
 
 
BOLIVIA REGISTRA UNA DESACELERACIÓN DE SU TRÁFICO AÉREO EN 2024
 
Aviación News (https://acortar.link/Y15UoO)
 
La industria de la aviación en Bolivia está experimentando una desaceleración en 2024, con una disminución estimada del 4,9% en el tráfico total de pasajeros en comparación con 2023. Las cifras provienen del informe ALTA Aviation Insight Bolivia. Este descenso es liderado por el mercado doméstico, reporta una caída estimada del 7,9%, mientras que el segmento internacional muestra un crecimiento del 5,8%. Se estima que el tráfico doméstico alcance los 5,1 millones de pasajeros, frente a los 5.5 millones del año anterior, evidenciando las dificultades en la recuperación del mercado interno.
“El informe subraya la urgente necesidad de fortalecer el diálogo entre el Gobierno y la industria aérea para abordar desafíos estructurales como los altos costos operativos, la conectividad limitada y la falta de incentivos para atraer nuevas aerolíneas”, explicó José Ricardo Botelho, director ejecutivo y CEO de ALTA. “El mercado doméstico sigue siendo el más afectado por la falta de capacidad de recuperación, con una caída de la demanda en rutas clave, como la conexión entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, el segmento internacional continúa mostrando señales de crecimiento, especialmente en rutas a San Pablo, que registró 246 mil pasajeros en 2024”, destaca el informe. Aunque el contexto boliviano es desafiante, la aviación sigue desempeñando un papel crucial en la economía de Bolivia. En 2019, la industria de viajes y turismo contribuyó con un 5,7% al Producto Interno Bruto (PIB) del país, y pese a que se espera una leve disminución en 2024, con una contribución del 5,5%, continúa siendo un sector clave para el desarrollo económico. Además, la contribución de viajes y turismo al empleo también ha crecido, pasando del 5,3% en 2019 al 5,7% en 2023.
“La continuidad de servicio es el compromiso de hombres y mujeres especializados en aviación que han depositado sus conocimiento y esfuerzo en esta estratégica actividad que no solo significa una fuente de trabajo formal sino es la salida segura, puntual y eficiente para el turismo y actividades de comercio exterior en un país mediterráneo, como lo es Bolivia”, afirmó Yanela Zárate Morón, CEO de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia (ALA Bolivia). Por su parte, Ricardo Botelho agregó: “La situación actual requiere acción inmediata a los problemas que están frenando el potencial de la industria. Instamos al Gobierno de Bolivia a abrir un canal de comunicación con los actores de la aviación para implementar políticas que favorezcan un entorno de crecimiento y sostenibilidad y, principalmente, seguridad jurídica para un ambiente de negocios adecuado. Sin un esfuerzo conjunto, el país perderá la oportunidad de posicionarse como un hub clave en la región”.
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS, EL NUEVO BLANCO EN EL PLAN DE AJUSTE DE MILEI
 
El gobierno de Argentina anunció que, como parte de una estrategia para reducir el gasto público, implementará una reforma migratoria que pondrá fin a la gratuidad de la educación y la salud pública para los extranjeros en el país.
 
Voz de América de EEUU (https://acortar.link/3YvLwO)
 
El gobierno del ultraderechista Javier Milei anunció el martes que impulsará una reforma migratoria para terminar con la gratuidad de la educación y la salud pública para extranjeros en Argentina, una medida con la que busca profundizar el ahorro fiscal.
Al mismo tiempo, el país sudamericano endurecerá los requisitos para el ingreso y expulsión de extranjeros que delincan.
“El objetivo de las medidas es avanzar, por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, dijo el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, encargado de hacer el anuncio.
Por un lado, el gobierno pretende que las universidades nacionales cobren matrículas a los estudiantes extranjeros no residentes. Adorni no detalló cómo se implementará esta medida, dado que las universidades nacionales son entes autárquicos.
“Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para solamente poner un ejemplo: hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, indicó el portavoz.
Este anuncio se da en el marco de la pulseada que mantiene el presidente con las universidades públicas por recortes de presupuesto y que ha motivado multitudinarias movilizaciones de estudiantes y docentes en contra del ajuste.
La otra reforma apunta a restringir el acceso de los extranjeros a la salud gratuita en Argentina, una de las más calificadas de la región.
“Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”, indicó Adorni, en referencia al negocio de los viajes grupales de extranjeros al país sudamericano para recibir asistencia médica gratuita.
“Un extranjero que viene, en estos tours médicos, a quitarle recursos al argentino, con todas las necesidades que tienen los argentinos, que por ahí no tienen acceso a una prepaga (servicio médico privado) y que necesitan atenderse en un hospital público, la verdad es que es bastante poco justo”, acotó el funcionario.
Esta medida por ahora solo regirá para el servicio de salud dependiente de Estado Nacional. En el caso de hospitales provinciales y municipales, su aplicación dependerá de cada distrito.
Adorni resaltó el ejemplo de la provincia de Salta —en el norte de Argentina y limítrofe con Bolivia— que a principios de año decidió cobrarle el servicio de salud a los extranjeros, en su mayoría bolivianos.
“Salta ahorró más de 60 millones de pesos (58.000 dólares). Bajó 95 % la atención a extranjeros”, detalló.
En materia de seguridad, el gobierno impulsará en el Congreso una reforma penal para incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o como justificativo para expulsar a un inmigrante del país.
“El país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grande a una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos. Luego la doctrina ´garantista' (más permisiva), en términos migratorios, ha hecho desastres y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas, del otro lado de la frontera”, concluyó Adorni.
 
 
 
 
 
COBRO DE LA ATENCIÓN MÉDICA A EXTRANJEROS: CÓMO SE APLICA EN LAS CUATRO PROVINCIAS QUE ADOPTARON LA MEDIDA
 
Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza establecieron en 2024 aranceles para los foráneos no residentes que se atiendan en los hospitales públicos. La lista de precios y el ahorro que ya se materializó
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/6nvTMa)
 
Mientras el Gobierno Nacional anunció esta tarde el cobro de aranceles a los extranjeros no residentes que se atiendan en hospitales públicos, ya son varias las provincias que desde este año comenzaron esta práctica que supuso una disminución de la atención diaria de personas y un ahorro en los gastos del sistema sanitario de cada jurisdicción.
“Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada.
Adorni puso como ejemplo el antecedente de la provincia de Salta. “Allí bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica ahorro fiscal y mejor atención para el resto de los ciudadanos residentes en nuestro país. Nos despedimos de los tours sanitarios”, indicó el funcionario.
Salta, la primera provincia en cobrar a extranjeros
El caso de Salta citado por Adorni es el más emblemático, ya que dicha provincia fue la primera en el país en implementar el cobro de la salud a los extranjeros.
“Esta regulación comenzó con un decreto de necesidad y urgencia implementado en febrero último, lo que ha resultado en un ahorro importante para la provincia y una reducción drástica en la atención médica a extranjeros, especialmente de países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay”, dijeron las autoridades sanitarias salteñas a las pocas semanas de su implementación.
La provincia estableció un tarifario detallado que incluye cobros sustanciales por servicios como internación y tratamientos especializados, lo que derivó en una disminución de los llamados “tours sanitarios”. Dicho tarifario se actualizó con una suba del 20% en septiembre último.
Según datos comparativos del Ministerio de Salud de Salta, en los dos primeros meses de la implementación de la medida, la disminución de la atención sanitaria alcanzó el 42,86% en el hospital Tartagal, 55,26% en el Materno Infantil, 95,45% en el hospital Profesor Salvador Mazza y casi el 90% en el de San Ramón de la Nueva Orán.
“Cada mes en toda la provincia se atendían unos 3300 extranjeros, es decir más de 100 pacientes por día, lo que llevaba que muchas veces los vecinos locales debían esperar meses para poder acceder a un turno”, explicó el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione que citó como ejemplo la disminución drástica que se da desde marzo en el hospital San Vicente de Paul. “Desde que entró en vigor el decreto, se atienden apenas unos 30 pacientes no residentes, los cuales en la mayoría de los casos abonan sus consultas o tratamientos”.
Y destacó que con la disminución de la demanda “el Estado provincial se ahorra alrededor de $60 millones solo en un hospital, lo cual representa casi el 50% del presupuesto total que recibe por ejemplo el hospital de Santa Victoria Este”.
“Un día cama nos representa 65 mil pesos, un día común, y un día de terapia, 250 mil pesos. Si uno hace el traslado y ve cuánto nos representaba un paciente extranjero, es importante. Lo mismo con los tratamientos odontológicos, que son tratamientos sumamente caros, sobre todo por los insumos”, detalló el funcionario provincial.
“El que está radicado en Salta y paga los impuestos, es un salteño más y no se le cobra nada. El que viene de tránsito, que es muchísima gente, como tenemos el sistema automatizado con las historias clínicas, sabemos perfectamente quiénes son. Las urgencias no se negocian, si está en riesgo de vida el paciente se lo atiende, y después vemos cómo lo cobramos y a quién”, describió Mangione.
Mendoza también implementó la medida
Mendoza estableció su sistema de cobro a través de un decreto en agosto, con el objetivo de recuperar fondos y fortalecer el sistema de salud local. La medida especifica que los costos deben ser cubiertos por los propios pacientes extranjeros o sus seguros, y aplica a aquellos categorizados como residentes transitorios o precarios. Las autoridades provinciales afirmaron que esta política es parte de un esfuerzo más amplio para manejar el déficit en los servicios de salud públicos.
A un mes de vigencia del decreto, el ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero, confirmó que en la provincia se habían cobrado 5 millones de pesos a extranjeros en concepto de atención de la salud en forma pública.
Santa Cruz imitó a Salta
Santa Cruz siguió los pasos de Salta y Mendoza al implementar la medida desde abril pasado. Fue tomada en respuesta a un déficit económico significativo en el sistema de salud provincial. Las tarifas se ajustan según el tipo de atención y la duración de la internación y busca disuadir el uso no contributivo del sistema de salud por parte de extranjeros.
Jujuy, la cuarta provincia en cobrar a extranjeros
Jujuy se convirtió en septiembre último en la cuarta provincia en Argentina en implementar estos cobros tras aprobar la Ley 6.116. Si bien esta norma fue originalmente sancionada en 2019, no había sido reglamentada hasta ayer debido a un acuerdo de asistencia sanitaria recíproca firmado entre Argentina y Bolivia.
Este acuerdo impactó directamente en la aplicación de la ley, posponiendo su puesta en práctica hasta ahora. El gobierno jujeño busca garantizar el acceso equitativo al sistema de salud a través de un marco de reciprocidad, especialmente con países vecinos como Bolivia. El cobro incluye consultas, operaciones e internaciones, pero exceptúa las emergencias que siguen siendo gratuitas.
Provincias como Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba están evaluando o han iniciado proyectos de ley para lanzar políticas similares.
Aranceles de los servicios médicos públicos en Salta
La provincia de Salta actualizó en septiembre los aranceles de salud que cobra a los extranjeros no residentes.
La lista de los nuevos aranceles, a la que accedió Infobae, quedó de la siguiente manera:
Internaciones
•          Una cama en habitación con baño por día: $93.481
•          Internación entre dos y cuatro horas: $39.330
•          Bloqueo de habitación para el acompañante por día: $107.712
•          Consulta en guardia: $8.362
•          Atención médica por día: $8.362
•          Uso de material descartable por día: $8.196
Algunas cirugías
•          Apendicectomia: $647.209
•          Colicistectomia: $658.681
•          Legrado: $252.191
•          LT: $368.805
•          Anestesia: $119.380
•          Parto: $328.421
•          Cesárea + LT: $594.814
•          Cesárea: $505.995
•          Control obstétrico del trabajo de parto: $6.109
•          Atención del RN en la habitación por día: $24.045
•          Ecografía
•          Ginecológica: $10.332
•          Mamaria: $11.824
•          De testículo: $9.924
•          Hepática: $12.100
•          Vejiga o próstata: $8.566
•          Renal: $10.740
•          Radiografías
•          Cráneo, cara, senos paranasales: $7.750
•          Rx de raquis: $8.610
•          Rx de hombro, húmero, pelvis, cadera, fémur: $9.110
•          Rx codo, antebrazo, muñeca, mano, rodilla, tobillo, pie: $5.302
•          Rx de tórax: $7.886
•          Rx de abdomen: $7.478
•          Laboratorios
•          Hemograma, urea, creatinina, glucemia, ionogr.: $25.500
•          Serologías hasta tres: (Ej: toxo, VIH, VDRL): $35.468
 
 
 
 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL EN ARICA “GRUPO BOLIVIA- CHILE MUJERES CONSTRUYENDO HERMANDAD VECINAL”
 
Encuentros buscan propuestas focalizadas a un desarrollo inclusivo y sustentable, orientadas a la integración regional para abrir senderos de buena vecindad.
 
Arica dl Día de Chile (https://acortar.link/oYSyvz)
 
En el marco de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas (RIMLAC), en mayo de 2021 se constituyó el “Grupo Bolivia- Chile Mujeres construyendo hermandad vecinal”, destinado a incorporar la voz y el pensamiento de las mujeres en la política internacional.
Este grupo está integrado por mujeres bolivianas y chilenas, caracterizado por la pluralidad y diversidad de historias de vida, desempeño y experiencia profesional, vinculadas a la política, academia y relaciones internacionales.
Como una organización de la sociedad civil, el grupo reflexiona alrededor de temas como:  Género, Derechos Humanos, Cultura, democracia, integración y paz.
Con el auspicio de la Fundación Alemana Friedrich Ebert FES en Bolivia y Chile se han realizado 3 Seminarios presenciales: Sede FES La Paz 2022; Instituto de Estudios Internacionales – Universidad de Chile Santiago 2023; y Universidad Santo Tomás Arica 2024.
La anfitriona del III Seminario Internacional, denominado “Integración regional, migraciones y política exterior feminista”, Dra. Ansonia Lillo Tor rectora UST Sede Arica, señaló que: “hemos analizado propuestas desde la sociedad civil, para un nuevo enfoque de integración latinoamericana, constatando el crítico momento que se encuentra la región, que no ha logrado construir un espacio de diálogo y coordinación frente a temas cruciales para el desarrollo de nuestros países”.
Estos Encuentros buscan propuestas focalizadas a un desarrollo inclusivo y sustentable, orientadas a la integración regional para abrir senderos de buena vecindad, cimentada en una cultura de paz y de cooperación.
La Dra. Lillo Tor enfatizó en que “estamos convencidas y esperanzadas que trabajando juntas podremos lograr una integración regional y cooperación binacional que durante tantos años hemos anhelado, todo esto bajo el prisma de una cultura de paz, inclusión y respeto por los derechos humanos de todas y todos quienes integran nuestros territorios. Por último, este Grupo Bolivia Chile quiere (re)conocernos en nuestras historias comunes, así como también en nuestras diferencias en cuanto son oportunidades para procesos de aprendizaje entre nuestras sociedades”.