Un día como hoy, hace 185 años, la Asamblea Deliberante instituyó la primera bandera nacional que lució la Patria en su primer año de vida independiente. Así, enarbolaron como símbolo patrio una bandera llamada Menor, para los actos civiles, y otra llamada Mayor, para los acontecimientos públicos.
La bandera boliviana nació el 17 de agosto de 1825 para dar a conocer la formación de una nueva nacionalidad ante América y para el mundo.
La bandera boliviana nació el 17 de agosto de 1825 para dar a conocer la formación de una nueva nacionalidad ante América y para el mundo.
La franja de color rojo representa la sangre derramada por los héroes para el nacimiento y preservación de la república, la de color amarillo a las riquezas y recursos naturales y la de color verde a la riqueza de la naturaleza y la esperanza.
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Hoy 17 de Agosto se celebra el Día de la Bandera en Bolivia, en conmemoración al primer pabellón que lució la patria en su inicio a la vida independiente.
En la circunstancia histórica actual, la bandera de Bolivia es un punto de coincidencia y auténtico factor común entre los departamentos que se encuentran divididos y con un sentimiento de desconfianza hacia los poderes del Estado.
HISTORIA
Hace 185 años, el 17 de agosto de 1825, la Asamblea Deliberante reunida en Chuquisaca y encabezada por el general Casimiro Olañeta, tomó la decisión de representar a la Patria con una bandera dividida en tres franjas con un color punzó al centro rodeada por dos verdes.
Se resolvió instalar sobre el espacio central cinco óvalos verdes formados de ramas de olivo y laurel, uno en el medio y cuatro en los costados, dentro de cada uno de éstos se colocó una estrella de oro representando las cinco provincias del Alto Perú en ese momento.
Los asambleístas determinaron estipular dos opciones para la representación del pabellón, una para actos civiles denominada Menor y otra oficial para acontecimientos públicos llamada Mayor. La diferencia radicaba en la cantidad de estrellas que debían poseer, la primera tan sólo con una al centro rodeada de hojas de laurel y la segunda con las cinco distinciones a las provincias como estaba estipulado.
PRIMERA MODIFICACIÓN
Ambas enseñas tuvieron una temporalidad efímera, porque al año siguiente, 25 de julio de 1826, el Mariscal Antonio José de Sucre, presidente de la República, tomó la decisión de sustituirlas por otras, que contaban con tres franjas horizontales de la misma dimensión, agregando una amarilla en el extremo superior, una punzón central y una verde en el margen inferior.
En la firma del decreto que autorizaba la transformación se mantuvo la decisión de continuar con dos versiones del pabellón modificando sus nombres, uno denominado civil y otro estatal que contaba con el escudo de armas del Estado en el centro rodeada por una rama de olivo a la izquierda y una de laurel a la derecha.
ENSEÑA ACTUAL
La bandera actual y oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, fue adoptada el 31 de octubre de 1851 durante el gobierno del ex presidente Manuel Isidoro Belzu.
El Decreto Supremo del 14 de julio de 1888 reglamenta y uniforma el uso de la enseña patria, disponiendo en su artículo 5 que “la bandera nacional consta de tres franjas horizontales de igual anchura y dimensiones, una roja en la parte superior, color oro en el centro y una verde en la parte inferior”.
El rojo representa la sangre derramada por los próceres en la Guerra de la Independencia para el nacimiento y preservación de la república, el amarillo es la representación de la riqueza mineral presente en toda la nación y el verde por ser un país de gran producción agraria.
Belzu encargó a la Policía Nacional la tarea de velar por la bandera para que “no se vilipendien sus colores” desde entonces, nadie más se atrevió a cambiar los matices que representan el país.
VARIACIONES
La bandera actual cuenta con variaciones dependiendo de la entidad por la que es usada.
La estatal es utilizada en actos cívicos de importancia, se diferencia porque incluye en su parte central el escudo de armas.
Las Fuerzas Armadas emplean una enseña con el escudo nacional, pero que es rodeado con una rama de olivo ubicada a la izquierda y una de laurel a la derecha.
A diferencia de ella, la Bandera Naval posee un fondo azul, donde se destaca en el ángulo superior izquierdo la bandera nacional, bordeada por nueve estrellas de color dorado que representan los nueve departamentos del Estado boliviano (Chuquisaca, Beni, La Paz, Cochabamba, Pando, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Tarija). En diagonal a la bandera nacional, casi en el extremo inferior derecho, se observa una estrella solitaria, que simboliza el anhelo del pueblo boliviano por recuperar el territorio que le permita la salida al Océano Pacífico.
INSUSTITUIBLE
El sentir cívico de los bolivianos hacia este símbolo patrio e integrador hace que la Tricolor sea insustituible y que siempre flamee por encima de cualquier otra.
EX PRESIDENTE DE BOLIVIA HABLO SOBRE LA GUERRA DEL CHACO
INSTAN A LA FRATERNIDAD PARAGUAYO-BOLIVIANA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/abc)
El ex presidente de Bolivia, Dr. Carlos Mesa, presentó ayer un audiovisual sobre la Guerra del Chaco desde la perspectiva boliviana y luego instó a emprender el desafío de la hermandad latinoamericana con integración económica. Fue en el aula magna de la Universidad Iberoamericana.
“Muy pocas veces tenemos la ocasión de tener una versión boliviana de la Guerra del Chaco”, sostuvo Benjamín Fernández Bogado, quien ofició de moderador en la presentación del material elaborado y comentado por el igualmente periodista y productor audiovisual, Carlos Mesa.
Fernández Bogado inició el debate consultando a Mesa sobre qué lecciones deberían aprenderse de la Guerra del Chaco.
El ex presidente del Altiplano respondió señalando: “Dos consideraciones, la primera interna, que hace a la propia estructuración histórica de Bolivia, la Guerra del Chaco marcó un punto de inflexión: el fin de una etapa de control de la sociedad por una oligarquía, la toma de conciencia de que el país estaba integrado por una gran mayoría de indígenas que no habían sido considerados como bolivianos, pero sí tuvieron que ser bolivianos a la hora de ir al Chaco”.
Siguió su exposición señalando: “Esa toma de conciencia entre la clase dominante, la clase media de la sociedad generó un proceso que fue hacia la revolución de 1952. Por lo tanto, para nosotros el Chaco es un corte a cuchillo, no tanto en la relación internacional con el Paraguay sino como en la mirada interna que Bolivia hace sobre sí misma sobre sus contradicciones y sobre sus desafíos históricos”.
Motivos de la guerra
Sobre la causa de la conflagración, Mesa sostuvo que para él no hubo intereses internacionales. “Creo que los hechos demostraron a la larga que esta no fue una guerra de títeres manejados desde los intereses transnacionales. Si así fuese, se hubiese confirmado, se hubiese encontrado algo en el territorio en conflicto donde no se encontró una sola gota de petróleo. Todo el petróleo preexistente, el que tiene Bolivia estaba en territorio originalmente boliviano”.
En otra parte de su alocución, el ex presidente de Bolivia señaló: “Una de las cosas que a mí me impresionan es que las dos conclusiones de la guerra son una extraordinaria y una negativa. La primera: una guerra sin resentimientos, que no genera una actitud negativa de Paraguay a Bolivia y viceversa, como por ejemplo le pasa a Paraguay cuando recuerda la Guerra de la Triple Alianza o Bolivia cuando recuerda la del Pacífico. El elemento negativo es que no construimos una relación bilateral que nos hiciese conocernos después de la guerra”.
Finalmente Mesa dejó esta reflexión: “Nos queda el gran desafío de construir una relación de hermandad entre Paraguay y Bolivia y dee...
RELANZARON URUPABOL EN MARZO ULTIMO
DESPUÉS DE CINCO MESES DAN PARTICIPACIÓN A LUGO
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/abc)
Tras cinco meses de haber reactivado bilateralmente el mecanismo Urupabol, en Cochabamba, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica, dieron ayer participación a Fernando Lugo en las conversaciones. Se anuncia un nuevo encuentro entre los tres gobernantes para noviembre, en Montevideo.
Compromiso A mediados de marzo último, el presidente oriental visitó a su colega boliviano, ocasión en que firmaron un compromiso en el cual ambos jefes de Estado formalizaron el interés de sus respectivos gobiernos en consolidar el mecanismo de Urupabol y avanzar en el proyecto de integración. La Corporación Andina de Fomento (CAF) concedió fondos no reembolsables para financiar un estudio de prefactibilidad para el tendido de un gasoducto entre ambos países.
Tanto Morales como Mujica hablaron además en aquella ocasión del proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná, al tiempo de que el presidente uruguayo ofreció a Bolivia la utilización de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira.
También con Kirchner
A propósito, en abril pasado, Mujica estuvo igualmente con la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la residencia de Olivos. Fue para plantear el interés de Uruguay de recibir gas boliviano, lo que por las características de los gasoductos requiere que la línea pase por Argentina, según se había informado luego del encuentro.
ObjetivosEl ministro de Relaciones Exteriores declaró ayer que Urupabol prioriza dos temas: La integración física de los tres países (Uruguay, Paraguay y Bolivia) y la integración energética, específicamente en lo que hace al gas y la electricidad. Así dijo Héctor Lacognata, tras la reunión entre Mujica, Lugo y Morales en Palacio de Gobierno. Comentó que en lo concerniente al gas se está trabajando sobre el proyecto de construcción de un gasoducto que comenzará en Tarija, Bolivia, pasaría por Paraguay y terminaría en Montevideo. “Existen posibilidades de venta de energía eléctrica de Paraguay al Uruguay y la instalación de un puerto de aguas profundas en Uruguay, que sería utilizado como salida al mar”, señaló también.
BM RECONOCE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA PARA ACCESO A CRÉDITOS
Pueblo en Línea de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)
El crecimiento económico de Bolivia posibilitó que el Banco Mundial (BM) lo reconociera como "país de ingresos medios", lo que ahora le facilitará acceder a créditos con mejores condiciones,informó el día 16 Oscar Valle, representante de este ente financiero.
"Bolivia podrá decir, a partir de ahora, yo quiero otras condiciones; tener un préstamo en dólares o en euros; lo quiero tener a 5 años, a 10 ó 15 años", afirmó en conferencia de prensa el representante del BM en Bolivia. La pasada semana, este organismo mundial dio a conocer de manera oficial que Bolivia pasó de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios.
De acuerdo con Oscar Valle, dicha condición le permitirá al país andino acceder a las mismas líneas de crédito y a tener el trato que reciben países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, India, Indonesia u otros.
Este cambio, dijo, se debe a que el ingreso per cápita en Bolivia está ahora por encima de los 1.100 dólares anuales, tras tener un ingreso per cápita inferior a los 1.000 dólares, lo que lo colocaba en el grupo conformado por Nicaragua, Honduras, Haití y otros de ingresos bajos.
En los últimos cuatro años, el ciudadano boliviano tuvo un ingreso promedio de 1.700 dólares al año, entre 800 y 1.000 más que durante 2005, según datos del gobierno.
De acuerdo con el informe de Valle, Bolivia demostró un importante progreso económico entre 2006 y 2009, reflejado en sus Reservas Internacionales Netas (RIN), que a julio de 2010 bordearon los 8.600 millones de dólares, con un crecimiento sostenido del 4 por ciento.
En ese sentido, el BM ha reconocido que la virtud principal de Bolivia es la política macroeconómica que ha tenido.
GENERAL BOLIVIANO PARTICIPA EN ANIVERSARIO POR NATALICIO DE O'HIGGINS
Noticias 123 de Chile (www.noticias.123.cl/noticias)
Entre el 18 y 21 de agosto el comandante general del Ejército de Bolivia, general Antonio Cueto Calderón, realizará una visita oficial a Chile, respondiendo a una invitación extendida por su par general Juan Miguel Fuente- Alba, cuando ambos participaron en la ceremonia de declaración de Terreno Libre de Minas de campos Minados en Tambo Quemado Nº 1 y Nº 2.
La máxima autoridad castrense del vecino país participará el próximo 20 de agosto en la ceremonia cívico-militar en conmemoración del 232º aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Bernardo O'Higgins, que se efectuará en la ciudad de Chillán Viejo, a las 11:00, en la cual participará el Presidente Sebastián Piñera y el comandante en jefe del Ejército general Juan Miguel Fuente- Alba.
El uniformado además tiene agendada una serie de actividades, tales como los saludos protocolares al general Fuente-Alba Poblete y una reunión de trabajo que contempla exposiciones sobre temas de mutuo interés castrense. Por otra parte, el miércoles 18 de agosto se realizará a las 12:00 hrs. en la Escuela Militar, una ceremonia en homenaje a la mencionada autoridad militar de Bolivia, la que recibirá de manos del comandante en jefe del Ejército, la Espada del Libertador Bernardo O´Higgins, como un gesto y expresión del espíritu de integración entre ambas instituciones castrenses.
GOBIERNO BOLIVIANO RATIFICA ADIÓS DEFINITIVO A DEA
El ministro boliviano de Gobierno, Sacha Llorenti, ratificó hoy el adiós definitivo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) del país andino.
La Tercera de España (www.tercerainformacion.es)
Que no se haga ilusiones ninguna persona, la DEA no volverá al país, porque ese organismo utilizaba de manera política la lucha contra el narcotráfico, manifestó.
Al respecto, denunció que esa entidad en lugar de apoyar en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia realizaba tareas de espionaje y de control político a las autoridades nacionales.
Además indicó que el Ejecutivo no permitirá certificaciones unilaterales en la lucha contra el narcotráfico, permeadas por intereses políticos.
Por el contrario, destacó la instalación permanente de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNOD), instancia multilateral capaz de evaluar a todos los países y sus esfuerzos en la lucha antidroga, según sus palabras.
El funcionario señaló que la cooperación será bienvenida siempre que no intente subordinar al país políticamente, o viole la soberanía y pretenda imponer condiciones en la política interna.
Llorenti aseguró que Bolivia cumple a cabalidad sus compromisos y reclama el concurso de la comunidad internacional para trabajar en forma conjunta en el marco de la responsabilidad compartida frente a este flagelo.
Asimismo, subrayó que su nación recibirá “agradecida la cooperación de distintos lugares del mundo, pero con el interés supremo de la humanidad de luchar contra el narcotráfico”.
EL PUEBLO DE POTOSÍ
La Vanguardia de España (www.lavanguardia.es)
Ante todo, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a la embajada española y a la francesa por las acciones que han llevado a cabo para que podamos salir de Potosí; a la Generalitat de Catalunya, que nada más enterarse del problema se puso en contacto con suma celeridad, y a los medios de comunicación por prestarnos atención.
En segundo lugar, queríamos informar de que la gente de Potosí nos ha acogido muy bien y ha sido muy amable. En ningún momento intentamos forzar la situación para salir de la ciudad, nos marchamos cuando se nos indicó. Hemos seguido en todo momento los consejos de la embajada y de las autoridades de la zona. Fuimos a parar a esta región en conflicto por la mala voluntad y desinformación de algunas personas de la frontera. Hasta la misma víspera habíamos encontrado viajeros que venían de este departamento y ninguno de ellos mencionó ningún problema. Finalmente, me gustaría agradecer el apoyo al pueblo de Potosí, que está llevando a cabo sus reivindicaciones de manera unida y bastante pacífica (sin tener en cuenta los grupos más radicales). No tenemos nada en contra del Gobierno central de Bolivia, pero creemos que tendría que ser más valiente y negociar para poner fin al problema.
EL GOBIERNO BOLIVIANO RESUELVE LAS DEMANDAS DE COMITÉ CÍVICO DE POTOSÍ
La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)
Al filo de las 17 horas de hoy se levantó un bloqueo de carreteras que se mantuvo en el departamento de Potosí durante 18 días, tras el retorno a la capital potosina, procedente de la ciudad de Sucre, de la comisión que negoció con funcionarios del gobierno del presidente boliviano Evo Morales las demandas que motivaron esta movilización.
Decenas de miles de potosinos se volcaron a las calles de la ciudad para recibir como héroes a los dirigentes del Comité Cívico Potosinista que encabezaron la negociación con los ministros de la Presidencia, Óscar Coca; de Autonomías, Carlos Romero; de Educación, Roberto Aguilar, y la viceministra de Producción Industrial, Patricia Ballivan.
Los vivas a los líderes de mezclaban con estribillos de “Potosí federal”, “Potosí de pie, Evo de rodillas”, “Triunfamos, Potosí unido”, expresiones que contrastan con el hecho de que el presidente Evo Morales ha ganado con facilidad en este departamento varios procesos electorales recientes, incluida su relección en diciembre del año pasado.
Por la mañana, en Sucre, Coca indicó en rueda de prensa que de los seis puntos de la plataforma del comité se resolvieron todas las cuestiones, excepto la parte vial. Esto último porque se pretendía poner plazos a la construcción de un tramo carretero que implicaría la modificación del contrato con la constructora.
Las negociaciones se realizaron los últimos tres días sin que se cumpliera la exigencia gubernamental de los 15 días previos, de que primero se levantara el bloqueo, porque “el gobierno no negocia bajo presión”. El comité a su vez cedió al aceptar que el diálogo se diera con los ministros y no con el presidente Morales, fuera de Potosí, y no en la capital provincial, como era su exigencia.
Coca deslindó “de cualquier responsabilidad” al gobierno por los enfrentamientos de ayer en uno de los puntos de bloqueo, los comuneros bloqueadores y los transportistas varados en la carretera, que según reportes de medios locales dejaron una veintena de heridos –entre ellos un minero que perdió una mano y parte de un brazo al estallarle una dinamita que iba a lanzar–, además de vehículos con daños ocasionados por los comuneros.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, declaró que se va a investigar a la empresa suiza en la que trabaja el minero –que fue propiedad del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada– para esclarecer por qué un trabajador de la misma portaba dinamita. Esto, pese a que en Potosí se vende dinamita libremente en cualquier tienda de abarrotes, como cualquier turista puede constatar, porque es parte del tour.
Respecto de los acuerdos, el gobierno comprometió la construcción de dos plantas de cemento, una en Potosí y otra en Oruro, departamento con el que existen problemas de límites, que fueron los que detonaron este conflicto.
Sobre la preservación de la estructura cónica del Cerro Rico de Potosí, se acordó crear una comisión interinstitucional para buscar acuerdos entre los cívicos y los cooperativistas mineros para buscar una solución que evite el derrumbe del cerro.
Además, el Ejecutivo presentará un plan y un cronograma para la reactivación de la fundidora de Karachipampa. Acerca de la construcción del aeropuerto en Potosí, el acuerdo es cumplir la Ley 4157, que ya declara de prioridad este proyecto.
Sobre el conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí, se elaborará un anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que será consensuado con las nueve gobernaciones, el sistema municipal y el ministerio de Autonomías, para ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
Durante el paro en Potosí, los trabajadores de tres minas extranjeras suspendieron labores para respaldar las demandas locales. La mina de plata, zinc y plomo San Cristóbal, del grupo japonés Sumitomo, reanudó actividades horas antes del levantamiento formal de este lunes, según un despacho de la agencia Reuters.
Otras dos grandes minas, San Bartolomé, de la compañía francesa Coeur D’Alene, y Porco, de la corporación suiza Glencore, tienen previsto reactivar funciones este martes.
En otro orden, el presidente Evo Morales, al dar posesión anoche a tres vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) elegidos por el Parlamento, más uno designado por el Ejecutivo, los instó a garantizar la democracia “y que no haya fraudes como antes”.
Afirmó que “en las últimas elecciones, sabe el pueblo boliviano, nos robaron tres diputados (a su partido, el Movimiento al Socialismo)... duele cómo legalmente nos pueden robar, asaltar”.
Por su parte, el saliente presidente de la Corte Nacional Electoral, ahora TSE, Antonio Costas, le repuso a Morales Ayma –en declaraciones a la televisora PAT– que “no se roba lo que uno no ha ganado. Entiendo que el presidente no ha sido bien informado, también los de UN (Unidad Nacional) y los otros partidos han dicho que les hemos robado a ellos. Entonces, que se pongan de acuerdo”.
BOLIVIA: POTOSÍ LEVANTA LA HUELGA Y FESTEJA
BBC Mundo (www.bbc.co.uk/mundo)
Potosí es una fiesta. Miles de ciudadanos se concentraron en la plaza central de esa ciudad boliviana para festejar con bandas de música los acuerdos logrados con el gobierno de Evo Morales y la suspensión de las medidas de presión que se prolongaron por 19 días.
Las protestas buscaban el compromiso de las autoridades nacionales con una serie de obras públicas para la región y la resolución de un pleito limítrofe con un departamento vecino.
Tras lograr los acuerdos con el gobierno nacional, los dirigentes potosinos recorrieron los piquetes de bloqueo y de ayuno para informar de los compromisos y paralelamente se iban levantando las medidas de presión.
Este recorrido duró diez horas y terminó en la plaza central de Potosí con gritos de algarabía, música y discursos.
Los dirigentes potosinos lograron cinco acuerdos con el gobierno de Evo Morales, aunque dejaron pendiente el de un cronograma para la construcción de una carretera.
Las medidas de presión habían afectado a Potosí y al sur del país. De hecho, la tarde de este domingo, mientras se negociaba el acuerdo en la ciudad de Sucre, en Potosí se producían enfrentamientos entre bloqueados y bloqueadores.
Incidentes
Los pasajeros arremetieron contra los manifestantes quemando sus pertenencias en el punto denominado San Antonio, en la ruta entre Potosí y La Paz. En respuesta, los participantes en las protestas lanzaron piedras y dinamita a los camiones parados.
Más de 20 personas resultaron heridas, entre ellas, un minero que perdió la mano por lanzar dinamita. Además, unos 50 camiones y buses tienen los vidrios rotos a causa de las pedradas.
En las mesas de diálogo, el gobierno de Morales se comprometió a construir un aeropuerto internacional en Potosí, a instalar una fábrica de cemento tanto para Potosí como para Oruro, a preservar la estructura del Cerro Rico para evitar su desplome, a reactivar un complejo metalúrgico, a agilizar la construcción de carreteras y a establecer una comisión que fije los límites con el departamento de Oruro.
Tras lograr el acuerdo preliminar, el líder de la protesta, Celestino Condori, pidió a los manifestantes del punto de San Antonio que suspendan esa situación para evitar más hechos de violencia.
También pidió a los residentes potosinos que ayunan en diferentes capitales de Bolivia, que levanten la medida si así lo ven conveniente. Esas huelgas empezaron a desarticularse la mañana de este miércoles.
"Pedirles que, en la medida de sus posibilidades, empiecen a cesar este ayuno voluntario porque ya estamos llegando a acuerdos importantes, se está avanzando en este proceso de diálogo y se vislumbra un atisbo de solución al conflicto potosino", dijo Condori mientras se mantenía la negociación sobre las carreteras.
Entre tanto, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, dio por superado el conflicto. "Podemos decirle al país que es el fin del conflicto. Se ha concluido con la firma de estos documentos. Ellos (los dirigentes) exigían el acuerdo y lo tenemos en las seis mesas. No hay justificativo para que continúen las medidas de presión", dijo la autoridad, quien condujo las mesas de diálogo junto a otros cuatro ministros.
Editorial
EVO Y LAS PROMESAS INCUMPLIDAS
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)
Un líder populista como Evo Morales es incapaz de reconocer que su pérdida de popularidad se deba simplemente a que sus antiguos aliados hayan perdido la fe en sus políticas o que se sientan postergados en sus demandas. Por eso, cada vez que enfrenta una protesta declara que sus adversarios están detrás de ellas y los acusa de convertir "reivindicaciones regionales en movimientos de conspiración" contra el proceso político que él encabeza.
Es lo que ha ocurrido con la prolongada huelga -con bloqueo de carreteras- en Potosí, una región minera que ha votado tradicionalmente por el partido oficialista y a la que Evo consideraba parte de sus incondicionales. Ahora se siente traicionado por ellos y les enrostra estar con la oposición de "derechistas y neoliberales". Los dirigentes de las protestas, en cambio, afirman que la población se siente "frustrada y engañada" por las promesas incumplidas del gobierno.
Las demandas de Potosí son de variada índole: desde la instalación de una cementera y la reactivación de una planta metalúrgica, hasta que el gobierno resuelva sus diferencias con Oruro sobre un cerro rico en minerales, que ambos reivindican como parte de sus provincias.
Morales ha sufrido una fuerte caída de popularidad este año -del 70 por ciento en enero al 54 por ciento en julio-, y este último conflicto podría acarrearle un alto costo político y también económico. Potosí es una importante zona minera y varios yacimientos han sido ya afectados por las huelgas, los bloqueos y los cortes eléctricos. En esa región hay inversiones japonesas, francesas y estadounidenses en yacimientos que producen plata, plomo y zinc. Según la filial de la empresa Sumimoto, su mina pierde a diario dos millones de dólares en exportaciones, y las autoridades sostienen que el paro les cuesta 200 mil dólares diarios a las cooperativas mineras.
El conflicto social está latente en Bolivia, y más en las regiones postergadas como Potosí, que a pesar de sus enormes reservas mineras -el litio del salar de Uyuni no ha sido explotado- registra el mayor índice de pobreza -67 por ciento- del país, que es uno de los más pobres de América. Las grandes esperanzas que los pobres depositaron en Evo pueden, como un bumerán, volcarse contra su gobierno.
Opinión
EVO, UNO DE LOS TRES CHIFLADOS
Revista Analítica de Venezuela (www.analitica.com)
Desde el mismo momento que Evo Morales tomó posesión y comenzó su “gesta revolucionaria”, con los ritos en montañas perdidas en la espectacular cordillera, aquellos hombres, Hugo Chávez y el tropicalísimo y rubio vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, acompañando al boliviano, con sendos ponchos y gorros emulando las personalidades aymaras, quechuas y guaranies , con toda la parafernalia con que la creatividad enfermiza del venezolano pone su firma en estos actos, yo escribí que gobernar a Bolivia no era tarea fácil.
Y no lo es porque su gente, esa amalgama étnica impresionante, hermética y empobrecida, tiene un sentido de posesión con su tierra y su propia raíz que le mantiene vivo un coraje obstinado y casi salvaje que no le ha permitido todavía perder el orgullo. Quieren creer. Pero no creen. Y reaccionan. No se les llena el alma con una “patria” repetida en el vacío.
Bolivia es la pachamama, la tierra, la madre. Y no es de un hombre, de un partido ni de un político. Es de ellos, cada pedazo es la tierra. Los problemas de Evo Morales se vienen sucediendo porque Evo, sin prestarse al clamor de su propia gente, prepotente, no quiere dialogar con Potosí a la que se han unido otros departamentos en sus reclamos y ante la negativa del presidente a enfrentarlos.
Potosí, allá donde Simón Rodríguez, Bolívar y Sucre se abrazaron con un infinito de alturas y sueños. La huelga de hambre continúa, los cierres de vías. Los diferentes diarios abren sus páginas a la opinión pública y los comentarios fluyen:
“Hasta cuando pues, escucharemos que es el entorno y Evo es el bueno, si Evo no sabe que es lo que pasa para que entonces lo reelegimos y me incluyo como responsable de su reelección, el Presidente es el responsable de sus ministros y no al revés, Evo lo elige y deberían ser los mejores para resolver problemas y si no puede Evo debería solucionarlos, pero honestamente y me da pena decirlo, Evo no es conocido por resolver problemas... Bueno y ojalá que ya no moleste Potosí con sus problemitas de nuestro Evo, que tiene que seguir jugando al futbol e inaugurando cosas, que así es como saldremos adelante”.
A uno le suena parecido… El sarcasmo popular lleva la misma intención .
“NO MOLESTEN A EVO, EL SIGUE INAUGURANDO OBRAS POR TODO LADO Y JUEGA FUTBOL CUANDO LE DÉ LA GANA. CUANDO EXISTEN PROBLEMAS MANDA A SUS MINISTROS, PARA ESO ESTÁN. EL JEFAZO DICE: NO ME HAGAN ENOJAR YA QUE NO PUEDO PREPARAR MIS VIAJES TRANQUILO!!!!”
Y por supuesto, el presidente venezolano no puede estar ausente en el reclamo del comentarista.
“Evo no tiene idea de lo que está pasando en Potosí por una sola razón: no le interesa. Me imagino a este tipo rodeado de chupamedias que le dicen el pueblo lo ama señor, Potosí lo idolatra señor, el mundo lo necesita señor, los que lo odian son los que hacen paros, huelgas y los que reclaman por sus derechos, y luego evo dice, que haría sin ustedes compañeros que les parece si ahora jugamos un partidito de futbol, aunque es gracioso es la verdad Evo no está para solucionar temas de simples humanos ya que el es un personaje muy importante a nivel mundial. Uno de los tres chiflados de Suramérica, Cristina, Evo y Chávez”.
Aquí la cita para cambiar las cosas es el 26. Del mes que viene.
BANZER: “!MATEN A LOS COMUNISTAS, YO LES DARÉ UNA RECOMPENSA!”
El odio al campesino e indígena durante el gobierno de Banzer provocó que quizá centenares de ellos fueran masacrados durante los siete años de su gobierno.
Kaos en la red (www.kaosenlared.net/noticia)
El menosprecio por los campesinos y los indígenas originarios se hizo patente en la década de los 70 del siglo pasado, durante los gobiernos de René Barrientos y del más sanguinario de ambos iniciado el 21 de agosto de 1971 liderado por el coronel Hugo Bánzer Suárez.
Estaba vigente el denominado pacto militar-campesino iniciado por René Barrientos Ortuño quien utilizó a los agrarios para mantenerse en el gobierno, aunque no tenía el menor aprecio por ellos.
Esa especie de ideología racista, persiste aún hoy, más en la superficie que en el fondo, en algunos sectores del gamonalismo de Bolivia donde de vez en cuando se enarbola la divisa de una Bolivia sin indios.
Los principales “ideólogos” de esa corriente fueron Gabriel René Moreno, para quien el indio era una vacuidad, sombría, asquerosa, huraña y sórdida. Bautista Saavedra, sostenía que el indio era una bestia de carga, miserable a la que había que explotar hasta la inhumanidad.
Los dos dictadores mencionados pretendieron iniciar el cambio de “raza” con la importación de blancos. Barrientos atrajo a los menonitas, que hoy depredan los bosques y Banzer anunció la llegada de rodesianos, que no se produjo por la oposición a esa “idea”.
El odio al campesino e indígena durante el gobierno de Banzer provocó que quizá centenares de ellos fueran masacrados durante los siete años de su gobierno. Fueron perseguidos y asesinados como respuesta a sus reclamaciones por mejores condiciones de vida.
La eliminación de originarios más dramática fue la ocurrida en Cochabamba. La llamada “Masacre del Valle” ocurrió entre el 22 y 31 de enero de 1974. Varios decretos aprobados por la dictadura, sobre todo relativos a una severa elevación de precios en los alimentos y la devaluación del boliviano de 12 a 20 respecto al dólar estadounidense, fueron justificativo.
El 22 de enero, los obreros de la fábrica de calzados “Manaco” protestaron contra los decretos bloqueando la plaza de la población de Quillacollo. Gritaban “Queremos pan”, “Morir de bala antes que de hambre morir”. Los uniformados ocuparon el lugar de manera violenta. Allí murió un campesino.
A partir del 24 los campesinos del Valle Alto inician el bloqueo de la carretera a Santa Cruz desde el kilómetro 20 al 126. El 26 los originarios de Sacaba se suman y bloquean el ingreso al Chapare hasta el kilómetro 38.
El martes 29, tanques y caimanes con soldados bien pertrechados al mando de un My. Cordero que obedecía “órdenes superiores”, llegaron cerca de Tolata para iniciar un diálogo con la mentirosa presencia de Banzer que no tenía ni la menor intención de ir.
Una mujer lanzó una pedrada, respondida con una ráfaga de ametralladora y el ataque de los blindados. Aviones de combate apoyaron la masacre. El libro “Nunca más para Bolivia”, señala en la página 160 el testimonio de uno de los soldados presentes: “Hemos visto montones de cadáveres, campesinos amontonados como leña”.(1)
Otro testigo contó haber visto unas treinta camillas cubiertas con mantas en un avión militar en el aeropuerto de Cochabamba. Concluida la matanza de Tolata, los militares avanzaron por la carretera, dejando grupos de ellos a lo largo del camino.
El mismo 29 de enero, numerosos campesinos se concentraron en Epizana. Se desconocía lo ocurrido en Tolata, pero estaban acordes en exigir la derogatoria de las medidas de hambre. Sorpresivamente fueron atacados por soldados del regimiento Tarapacá, comandados por el My. Cordero.
Algunos campesinos que portaban fusiles Mauser intentaron defenderse, pero fueron reducidos a metralla. Quince fueron abatidos, veinte resultaron desaparecidos. Se presume que fueron arrojados a los barrancos o al río por la “acción de limpieza” de los militares.
El miércoles 30, campesinos del valle alto, Sacaba, Melga y Aguirre se sumaron a las protestas contra la dictadura que a su vez declaró “zona militar”. En Sacaba, la limpieza étnica dejó más de cuarenta bajas entre muertos y heridos. En Melga y Aguirre, los muertos fueron entregados a sus familiares para su sepultura.
Después de la “Masacre del Valle”, Bánzer reunió un grupo del “Pacto militar-campesino” y en el palacio de gobierno les dijo: “A ustedes hermanos campesinos voy a darles una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responzabilizo, PUEDEN MATARLO. Sino me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente. Yo les daré una recompensa”. (2)
Corriendo riesgo, el periódico “Presencia”, fue el único en publicar el mensaje de este caudillo bárbaro, que no retrocedió en la vigencia de sus decretos elevando el precio de los alimentos, y por el contrario, en la cervecería paceña durante un encuentro con los obreros dijo que estimaba a los hombres trabajadores que no “lloraban por un pan”.
El jefe falangista Mario Gutiérrez respaldaba a su líder indicando que no se debía hacer tanto ruido porque el dólar hubiera subido unos cuantos pesos. A su vez el Ministro del Interior Cnl. Walter Castro Avendaño, amenazó: “Ya no se tolerarán más huelgas ni paros de trabajo, ni por medidas de devaluación ni por elevación de los precios de artículos de primera necesidad”.
Poco después, el 9 de noviembre de 1974, la dictadura aprobó el decreto del Servicio Civil Obligatorio. Se puso fuera de la ley a todos los sindicatos y en su lugar se impusieron interventores con el denominativo de “Coordinadores”. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, fueron perseguidos. El país entero, se convirtió en un gigantesco CAMPO DE CONCENTRACIÓN. Esto es algo que ocurrió hace 39 años y que los bolivianos tenemos la obligación de velar para que no ocurra nuevamente.
IMPONEN PRIMERA SENTENCIA POR LINCHAMIENTO EN BOLIVIA
La Tercera de Chile (www.latercera.com.cl)
Una juez boliviana impuso hoy la primera sentencia por linchamiento a los asesinos del alcalde de la población andina de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, quien fue secuestrado, torturado y quemado en junio de 2004.
La jueza Nancy Bustillos informó a los medios que ocho de los 25 imputados por la muerte del alcalde fueron condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto por los delitos de "asesinato, secuestro, vejámenes y tortura", sentencia que deberán cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.
Seis imputados más fueron condenados a entre dos y 20 años de cárcel, otros cuatro fueron absueltos del caso y siete acusados se encuentran prófugos, informó Bustillos.
El fiscal Milton Mendoza, que estuvo a cargo del caso cuando comenzaron las investigaciones, dijo a Efe que se trata del primer linchamiento donde se dicta una sentencia judicial.
Mendoza destacó que el fallo demuestra que "es difícil pero no es imposible" investigar este tipo de hechos en los cuales participa casi toda una comunidad y se genera "una suerte de solidaridad conjunta" para encubrir a los culpables.
"Los campesinos abrieron entonces una hostilidad directa contra el Estado y lo peor fue que autoridades de Gobierno fueron a negociar (...) Pero la sentencia, aunque lenta y retardada, nos da la razón, ahí hubo asesinato", agregó.
En junio de 2004, el cuerpo de Altamirano apareció totalmente calcinado y maniatado en la plaza central de su pueblo, situado a 87 kilómetros de La Paz, al día siguiente de haber sido secuestrado por desconocidos en esa ciudad.
Los pobladores de Ayo Ayo justificaron entonces el linchamiento en la presunta corrupción del alcalde y aseguraron haber aplicado la llamada "justicia indígena comunitaria", que ha sido reconocida en la Constitución promovida por el Gobierno de Evo Morales y vigente en el país desde febrero de 2009.
El Ejecutivo y las organizaciones indígenas han asegurado que los linchamientos no son parte de la "justicia comunitaria", que ha vuelto a ser cuestionada este año tras el asesinato en mayo pasado de cuatro policías a manos de indígenas de la región andina de Potosí (suroeste).
Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas potosinos torturaron y lincharon a los agentes tras acusarlos de cometer delitos en esa región, donde se presume que hay actividades del narcotráfico y contrabando de vehículos desde Chile.
La Organización de las Naciones Unidas expresó en junio pasado su preocupación por el "progresivo aumento" de los linchamientos en Bolivia, que suman al menos 30 desde 2009, sin contar otros 77 intentos frustrados.
Educación y formación como instrumentos de liberación
"HOY LA PATRIA NO SE HACE CON FUSILES SINO CON UNIVERSIDADES"
El presidente de la República, José Mujica, instó a manejar la globalización a través de la educación y la formación, porque a su juicio hoy la patria "no se hace con fusiles, sino con universidades, investigación y trabajo".
República de Uruguay (www.larepublica.com.uy)
Mujica y su comitiva retornaron ayer de Asunción del Paraguay luego de una visita oficial de poco menos de 48 horas en la cual se reimpulsó la alianza "Urupabol" que integran Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Entre los proyectos incluidos en el acuerdo entre los mandatarios José Mujica, Fernando Lugo y Evo Morales se destacan: mejorar las vías navegables (hidrovía Paraguay-Paraná), instalar en puerto de aguas profundas en Uruguay que le permita a Paraguay y Bolivia obtener una salida al mar, el ingreso al Uruguay del gas boliviano (profundizar los estudios de factibilidad para construir el Gasoducto del Sur), la posibilidad de adquirir energía eléctrica a Paraguay, y armonizar la cooperación de la ciencia y la tecnología.
En setiembre se reunirán en Montevideo los negociadores de los tres países para avanzar en los temas acordados, y en noviembre volverán a encontrarse los mandatarios.
En tanto ayer, Mujica colocó una ofrenda en el Panteón Nacional de los Héroes en homenaje a los padres de la patria paraguaya. Recibió la Orden Nacional al Mérito, grado collar del mariscal Francisco Solano López en reconocimiento a su labor y trayectoria. Asimismo se reunió con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, visitó el Congreso Nacional de Paraguay y asistió, junto con Lugo, a una fiesta por el Día del Niño, que se conmemoró en la Escuela Solar de Artigas de Asunción.
Mujica hizo uso de la palabra tanto en el Congreso paraguayo como luego de recibir la condecoración en la sede de la Presidencia paraguaya. En ambas alocuciones se refirió a la necesidad de los países latinoamericanos de poder manejar la globalización a través del conocimiento, y remarcó que hoy la patria se hace con universidades. A la vez que pidió disculpas al pueblo paraguayo por la participación de Uruguay en la Triple Alianza.
Mujica expresó su convencimiento sobre la inexistencia del "paraíso prometido de llegar a una sociedad perfecta".
El mandatario considera posible que en una América Latina "tan rica en recursos naturales la globalización nos maneje". De todas maneras exhortó a tener la suficiente inteligencia como para tratar de dominar a la globalización.
"Estamos en la alborada de la civilización de la inteligencia digital que sacudirá todos los cimientos institucionales que hemos conocido, no sabemos la forma de gobernarse que las nuevas generaciones van a crear. No tengo duda que se termina la era de la espada y los cañones. Nuestra verdadera dominación se llama el conocimiento, la posesión del conocimiento, ninguna propiedad es más importante que la del conocimiento", remarcó el mandatario ante los legisladores paraguayos. "Ninguna causa es más importante que la calificación de la capacidad promedio de las manos y los cerebros de los latinoamericanos, nadie nos va a regalar la prosperidad y tampoco la prosperidad nos la van a dar a créditos, saldrá de nuestras manos y cerebros o no saldrá", puntualizó. Llamó a los paraguayos "compatriotas de la patria grande", y admitió que los uruguayos tenemos un sentimiento de deuda con el pueblo del Paraguay haciendo referencia explícita a la Guerra de la Triple Alianza (1865). Reconoció que esas páginas "doloridas de la historia no se pueden pagar por la barbaridad que encierran", y aclaró que no se deben olvidar, ni disimular.
Condecoración
Posteriormente en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, el presidente Mujica recibió la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, grado Collar Mariscal Francisco Solano López, por parte del Presidente paraguayo Fernando Lugo. En la oportunidad, Lugo recordó que en 1820 José Artigas solicitó asilo político solidario en Paraguay, donde vivió durante 30 años, y murió dejando una descendencia ideológica que hoy simboliza la continuación de la lucha por la reivindicación de la soberanía y la libertad de los pueblos "Y usted, como hombre de lucha se merece, sin duda alguna, este reconocimiento". Reiteró el concepto de que "ninguna batalla es más importante que calificar a nuestro pueblo, y al cerebro de nuestros muchachos".
"Seremos libres por encima de los fusiles si somos capaces de lograr que los latinoamericanos entiendan que en le lenguaje de la ciencia está esta el verdadero contenido de la liberación. No le echemos la culpa al mundo por nuestras debilidades asumamos el compromiso", señaló
En ese marco agregó: "Hoy la patria no se hace con fusiles. Se hace con universidades e investigación con trabajo sistemático y metódico y nadie nos va a reglar la prosperidad Quedaremos sometidos si somos ignorantes".
ACUERDOS
Los presidentes José Mujica y Fernando Lugo firmaron un acuerdo de cooperación para la atención de comunidades nacionales en el extranjero a través de las cancillerías.
Dicho acuerdo tiene como cometido mejorar la atención consular tanto de los ciudadanos uruguayos como paraguayos que debieron emigrar de sus respectivos países.
El canciller Luis Almagro y el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Jorge Lara, firmaron el convenio que busca establecer vehículos de cooperación para brindar apoyo conjunto y coordinado en la atención a las comunidades que tuvieron que radicarse en el exterior.
Se apuesta a establecer Ågacciones efectivas y políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los compatriotas, en la atención y asistencia consular a las comunidades de ambos estados en el extranjeroÅh.
En el documento final suscrito por ambos mandatarios se expresa la congratulación del gobierno paraguayo con Ågel desarrollo y la madurez del sistema democrático uruguayoÅh, y la valoración del Uruguay de los avances alcanzados por el proceso político democrático paraguayo.
Remarcaron la importancia del avance y el fortalecimiento de los procesos de integración regional con equidad y seriedad.
Acordaron una nueva dinámica de relacionamiento bilateral incorporando en los asuntos tradicionales elementos del área energética, cultural, salud y educación.
BRASIL ENTRA EN LA ETAPA DECISIVA DE CARA AL 3 DE OCTUBRE
LULA PIDE POR DILMA EN LA TV
Hoy comienza la publicidad televisiva para los comicios brasileños marcando el verdadero inicio de la disputa entre la favorita y delfín del presidente, Dilma Rousseff, y su rival, José Serra, quien intentará pasar a segunda vuelta.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Hoy tiene inicio, en Brasil, el horario de propaganda electoral por radio y televisión. Eso significa que dos veces al día se interrumpe la programación normal y todas las radios y emisoras abiertas de televisión exhiben programas elaborados por las campañas de los candidatos a presidente, gobernador, senador, diputado nacional y diputado provincial. Serán 45 días, sin treguas. Que, también, serán la última –y frágil– esperanza del opositor José Serra de dar vuelta al juego, lograr que su principal adversaria, Dilma Rousseff, no alcance el 50 por ciento de los votos el 3 de octubre, y forzar una nueva y decisiva confrontación en las urnas 28 días después. Hasta marzo de este año, la situación era exactamente la inversa: quien hacía de todo para evitar que las elecciones se decidiesen en la primera vuelta era precisamente la candidata del PT de Lula. Tal era, entonces, la ventaja de Serra sobre Dilma.
El principal fantasma del maltrecho candidato de la oposición surgirá hoy mismo en las pantallas de millones de residencias a lo largo y a lo ancho de Brasil: Lula da Silva, el más popular de los presidentes brasileños del último medio siglo, pidiendo que se vote a Dilma Rousseff. Para hacerle contrapeso, la única arma de Serra sería llegar a la televisión con un margen consistente sobre Dilma. No llega. Y la tendencia natural para Dilma es crecer aún más, gracias a la presencia de Lula en sus programas.
No hay nada en ningún horizonte que permita suponer que ocurrirá algún fenómeno poderoso para transformar radicalmente ese escenario. La aprobación del gobierno sigue por las nubes, la popularidad de Lula no tiene antecedentes y su candidata no cesa de crecer en los sondeos. Ayer mismo, un día antes del estreno de la propaganda electoral por radio y televisión, se rumoreaba que nuevos sondeos indicarían que la ventaja de Dilma Rousseff sobre Serra pasó de ocho puntos (en promedio) a trece o catorce. Al mismo tiempo, crecen los indicios de que se instaló, del lado de la oposición, una especie de sálvese quien pueda, con los candidatos a los gobiernos provinciales haciendo de todo, o casi todo, para ocultar el nombre de su aliado en la disputa por la sucesión de Lula. De Serra poco se habla. Es como si no fuese candidato.
Queda por saber, entonces, cuáles han sido las causas de semejante desastre. Analistas y sociólogos dicen que el escenario sería, desde siempre, ingrato para cualquier candidato de oposición: con el consumo popular acelerado, la creación de puestos de trabajo avanzando a niveles inéditos, la economía estabilizada y una amplia gama de programas sociales con elevada aprobación, el gobierno saldría al ruedo con buenas posibilidades de elegir su sucesor. Lo que le faltaba al PT, partido del presidente, era un candidato claramente competitivo. La principal misión y el principal desafío de Lula pasó a ser transformar a una técnica que jamás disputó ningún cargo electivo en una candidata viable. Y todo indica que lo logró, con creces.
Ya José Serra –quien fue secretario provincial, diputado, senador, dos veces ministro, alcalde de la mayor ciudad y luego gobernador de la principal provincia brasileña– disputó varias elecciones, inclusive una a la presidencia (en 2002, cuando fue derrotado por Lula en la segunda vuelta), tiene amplia experiencia administrativa y es un nombre nacionalmente conocido. Además, luego de ocho años en el poder, contaba con que el PT de Lula hubiese sufrido un desgaste natural, abriéndole espacio a un candidato oposicionista con una propuesta alternativa concreta.
La verdad es que nada de eso ocurrió. La confusa propuesta de continuismo sin continuidad, eje inicial del discurso de Serra (“no soy oposición, soy el futuro”, alcanzó a decir en los prolegómenos de su campaña), se hizo trizas. La apuesta siguiente, y que persistirá en la propaganda por radio y televisión, es la de comparar currículos, diciendo que él está más capacitado que Dilma para mejorar políticas actuales e implementar nuevos avances. Es muy probable que tampoco funcione.
En las últimas semanas Serra fortaleció sus críticas a varias de las políticas del gobierno de Lula, aunque evitando criticar directamente al presidente. Disparó contra la política económica, contra la falta de incentivos a la industria, contra la política externa regional (acusó al gobierno de malgastar recursos haciendo filantropía junto a vecinos como Paraguay, Bolivia y Uruguay) y global (críticas a las buenas relaciones de Lula con los gobiernos de Cuba, Venezuela e Irán), pero sin proponer alternativas concretas. Es decir, elevó el tono de sus palabras pero sin agregarles contenido alguno.
Cuando se piensa que el próximo presidente brasileño tendrá, entre otros desafíos, el de conducir el país al puesto de quinta economía mundial, se constatan varias divergencias. Mientras Dilma Rousseff defiende que serán prioridades erradicar la miseria e intensificar la movilidad social, agregando cada vez más parcelas de la población al mercado de consumo, Serra prefiere cuestionar la capacidad de planificación del actual gobierno y defender el potencial de inversiones que provienen de la iniciativa privada. Dilma dice que el Estado debe actuar como organizador de políticas de desarrollo tecnológico, planificar acciones concentradas en estructura urbana, ampliar la protección social a niños y jóvenes. Serra defiende que se estimule la creación de cursos técnicos para desempleados, se cambie la política de comercio exterior, se abran concesiones de carreteras y aeropuertos al sector privado.
Esa distancia entre propuestas gana, a partir de hoy, un elemento nuevo: será Lula en la pantalla, mirando al espectador y pidiendo su voto para Dilma Rousseff. Y contra esa especie de arma, José Serra no cuenta con escudo alguno.
CUADERNOS DEL PENSAMIENTO CRITICO LATINOAMERICANO
Las democracias malas de Centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
CON DEMOCRACIA, ¿SE ACENTUAN LOS PROBLEMAS?
El cristal con que se miran las democracias centroamericanas en este 2010 es como un calidoscopio, muchos colores con imágenes que cambian según se vaya moviendo el artilugio. Para unos, muy pocos, aparece el verde, que es como la epifanía de la esperanza democrática, pues recuerdan que en estos países la república despótica estuvo desde sus orígenes. ¿Cómo van a olvidarse de que en Nicaragua el “orden” lo organizó una dictadura dinástica, plebeya pero con aires sultanescos? En ese país, los Somoza retuvieron el poder durante 42 años (1937-1979). En El Salvador, durante casi medio siglo (1932-1981) los militares cuidaron ininterrumpidamente que la distribución de la riqueza asegurara el bienestar de unas 14 familias. La democracia, por mala que sea, se argumenta, es mejor que esas dictaduras militares, o que la dictadura de Guatemala, que en 14 meses asesinó entre 80.000 y 100.000 civiles indígenas.
No hay ninguna razón para que la memoria se debilite y olvide esa historia que no debe repetirse. Sin embargo, la mayoría ciudadana ve que el color del cristal es de tonos oscuros, grises. ¿Hay pesimismo? El propósito de estas notas es responder esa pregunta y examinar cómo estas democracias malas, como la de Honduras, lo son porque defraudan las esperanzas o llenan de incertidumbre a la gente. Y examinar en Honduras el ejemplo desordenador, con causas y efectos locales e internacionales, que ha demostrado cuán irreversible es la democracia. En 2010 ya no basta con argumentar, con la complacencia de hace algunos años, que nunca en Centroamérica se había vivido, en toda ella y de manera continua, un período de más de 25 años de democracia. Ello significó que más de 28 millones de personas nacieran en un clima político diferente al del pasado, donde organizarse, enfrentar a la policía o practicar la oposición política ya no implicaba riesgos mortales. Más de 30 millones de ciudadanos han votado en una treintena de elecciones presidenciales nunca impugnadas por fraude.
Pero el culto a las formas de la democracia política, el ceremonial electoral, se va convirtiendo en una rutina que se desacredita a medida que se ejerce, entre los millones de ciudadanos que habitan el sótano del edificio, desinformados y sin interés por lo público, ahogados en una carencia de los bienes que otorgan un mínimo de dignidad a la vida, enfermos, analfabetos, sin trabajo ni protección objetiva por parte del Estado. Algunos síntomas dispersos de desinterés por lo político, que por supuesto no son solo los que recogen las encuestas, apuntan a una manifiesta desmoralización de importantes sectores que antes creyeron que con la democracia política se empezarían a resolver sus graves problemas de supervivencia. Desde 1998, y durante casi un decenio, ha habido crecimiento, pero ha aumentado la desigualdad y, con ella, el mundo de la informalidad, de las exclusiones sociales, de la concentración del ingreso y del poder.
La democracia mala no puede entenderse sin aludir al Estado que la cobija. Hoy Estado y democracia deben asumirse como una unidad funcional y conceptual, tema al que no habremos de referirnos aquí. Como lo prueban especialmente los casos de Guatemala, Nicaragua y Honduras, se ha ido formando un Estado débil (sin recursos, ineficaz, colonizado por intereses corporativos, corrupto y con baja legitimidad), junto a una enorme población en situación de pobreza y afectada por desigualdades múltiples, de las cuales la más estudiada —y no necesariamente la más visible— es la desigualdad económica. La derivación de estos datos estructurales es que, bajo esas condiciones, el Estado no puede ser plenamente democrático, o la democracia se vuelve frágil y da paso a situaciones de inestabilidad que se manifiestan en conflicto de poderes (especialmente entre el Parlamento y el Ejecutivo), prácticas autoritarias con violaciones a los derechos humanos, nostalgias por el pasado militar y esperanzas, cuando se le encargan al Ejército tareas de seguridad frente al desborde criminal o la batalla contra el narconegocio.
Al parecer, la democracia mala se origina como resultado de factores estructurales como los que se mencionan en el párrafo anterior. No es el destino, al margen de la subjetividad política, y son los hombres los que se mueven según su libertad, en cuyo ámbito los intereses se transmutan en pasiones. Por ejemplo, las serias amenazas a la participación política de la oposición y los pactos antidemocráticos que propicia hoy el sandinismo en Nicaragua mantienen a la sociedad en una tensión destructiva permanente; la creciente presencia de poderosos actores criminales y el llamado “Estado-paralelo” en Guatemala vuelven parcial e inoperante la acción del Estado, sin resultados en la vida democrática; la intolerancia conservadora de la elite dirigente hondureña que condujo al golpe de Estado muestra no solo el total irrespeto de los recursos legales, democráticos, sino también la prevalencia de grupos de interés privados en la vida pública. Todas estas situaciones críticas ocurren en sociedades empobrecidas, que son también las más desiguales de América latina.
Desde que se implantó la democracia en Centroamérica, a comienzos de los ’80, han aumentado la pobreza absoluta y las desigualdades relativas (ver cuadro), lo cual sugiere la paradoja de una cierta correspondencia negativa entre las desigualdades políticas y las económicas: ¿a más democracia, más pobreza? No hemos investigado suficientemente la relación entre tales desigualdades que agobian a una ciudadanía confundida. ¿Cuál es el límite? Es difícil precisar cuánta democracia soportan las desigualdades o cómo la democracia convive con la pobreza. Pero sí sabemos que las amenazas no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada concentración de la riqueza. De hecho, en muchos otros países la desigualdad acompaña la vida política, y su persistencia es objeto no solo de estrategias públicas para disminuirla sino de interés teórico para entender tanto sus orígenes como su trayectoria y sus efectos.
El Estado fuerte es democrático y, por definición, pro-igualitario y pro-mayoría; con ello, asume una tendencia a ser prodistributivo, pro-justicia social. El combate contra la pobreza puede contar entonces con victorias relativas, aunque la injusta distribución del ingreso parezca irreversible. Un Estado débil puede ser resultado de una doble causa: o no existe una ciudadanía extensa y participativa o el Estado reprime la vida democrática e inhibe ese tipo de ciudadano. Esta doble vía está presente en la Centroamérica de hoy: la pobreza produce ciudadanos mal informados y con bajo interés político, que son portadores de una visión “alimenticia” de la democracia, dispuestos a aceptar el mandato autoritario. Y esta clase de ciudadanía fomenta un poder clientelista, patrimonial y personalista, con tendencias al populismo, al abuso de los derechos humanos y todos los males propios del atraso.
En toda Centroamérica se registran los efectos de las desigualdades sociales que en los últimos años han producido estas democracias malas: la ideología neoliberal a la que desde los ’80 adhirieron las elites conservadoras en el poder fomentó aún más la concentración de la riqueza social. Esto condujo a la concentración de los recursos de poder (prensa, partidos políticos, grupos de presión empresarial, control de políticas públicas, manejo de sicarios), a la polarización ideológica, a ganar créditos con una cultura política que privilegia el uso de la violencia, el temor al diálogo, la victoria del más fuerte. Y está probado que una ciudadanía desorganizada, junto con una alta concentración de la riqueza y el poder, vuelve el sistema fácilmente corrupto: una asimetría donde no es posible el control, la accountability, que estimula el saqueo y la ilegalidad.
Como se menciona más adelante, las desigualdades (sociopolíticas, culturales, étnicas, de lugar, género, edad…), tal como hoy ocurren en estas sociedades, refuerzan los síntomas negativos de las democracias malas: mercado libre para el narconegocio, desbordes criminales imparables, impunidad y Poder Judicial impotente, bienes públicos escasos y de difícil acceso, infinitas formas de ilegalidad; es decir, una erosión del Estado de derecho o dificultades para su constitución. Finalmente, también se producen efectos en el nivel macro: en una matriz con desigual reparto de la riqueza social hay dificultades para atraer la inversión extranjera, surgen obstáculos al crecimiento y la misma economía genera regresividad social y estimula las tendencias negativas en la obligación tributaria. En resumen, las desigualdades afectan no solo a los ciudadanos pobres sino a las sociedades mismas.
POBREZA Y DESIGUALDAD EN CENTROAMERICA, 1990-2008
c. 1990 c. 1995 c.2000 c. 2005 c. 2008
POBREZA (en porcentaje de la población)
Guatemala 69,4 61,1 54,8
El Salvador 54,2 49,8 47,5
Honduras 80,8 77,9 79,7 71,5 68,9
Nicaragua 73,6 69,9 69,3 61,9
Costa Rica 26,3 23,1 20,3 21,1 16,4
Panamá 36,9 31 27,7
POBREZA EXTREMA (en porcentaje de la población)
Guatemala 42 31,6 29,1
El Salvador 21,7 21,9 19
Honduras 60,9 53,9 56,8 49,3 45,6
Nicaragua 48,4 44,6 42,4 31,9
Costa Rica 9,9 8 7,8 7 5,5
Panamá 18,6 14,1 13,5
DESIGUALDAD (coeficiente de Gini de los ingresos familiares)
Guatemala 0,582 0,56 0,542 0,585
El Salvador 0,507 0,525 0,493
Honduras 0,615 0,56 0,564 0,605 0,58
Nicaragua 0,582 0,579 0,532
Costa Rica 0,438 0,461 0,473 0,47 0,473
Panamá 0,567 0,529 0,524
Fuente: elaboración del autor con datos de Cepal, INE y PNUD Guatemala.
LAS TRANSICIONES DEMOCRATICAS
En Centroamérica, el arribo a la democracia electoral no fue, salvo en el caso de Costa Rica, la “restauración” de una tradición interrumpida, sino una problemática “instauración” que ocurrió como un desafío a la teoría política: en efecto, cuando todas las condiciones socioeconómicas y políticas locales parecían contrarias a lo que prescriben las ciencias sociales, la democracia fue instaurada. La democratización ocurrió en medio de una sangrienta guerra civil en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, en momentos en que la crisis de la deuda producía daños que después fueron equivalentes a dos décadas perdidas. En el remolino de la crisis se realizaron convocatorias a asambleas constituyentes para promulgar constituciones razonables, innovadoras. No fueron democracias surgidas “desde abajo”, efectos del reclamo de fuerzas populares movilizadas desde la oposición, sino decisiones de una cúpula reaccionaria y en crisis. La democracia no fue resultado de la derrota de los militares ni de la victoria de la guerrilla. Fue un arreglo contrainsurgente, sugerido por iniciativa de Estados Unidos, cuya política exterior explica desde hace un siglo y en un alto grado las circunstancias de la guerra y de la paz, de las dictaduras o la democracia en la región.
En Centroamérica, lo autoritario se define también por la concurrencia sobresaliente de dos rasgos perversos: la violencia extrema como recurso primario y la criminalización de toda expresión de oposición política; una cultura que premia la arbitrariedad y la intolerancia. Por ello, la democratización no fue una transición, sino el resultado de pactos acordados entre fracciones de la elite militar, empresarial y política guiadas por las iniciativas de “La Embajada”.
Líneas arriba se señaló la paradoja centroamericana, que contradice lo ocurrido en otras regiones del mundo: aquí primero llegó la democracia (1980 en Honduras, 1982 en El Salvador, 1985 en Guatemala) y luego se firmó la paz (1990 en El Salvador, 1996 en Guatemala). En Nicaragua la lógica fue otra: la presión externa forzó la conversión del proyecto de democracia directa que quería el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en otro, de democracia electoral. Entre 1984, fecha de las primeras elecciones libres, que ganó el Frente, y 1990, cuando se realizaron las segundas, que perdió, Nicaragua vivió las tensiones propias del cambio de una democracia participativa a una representativa; o, en el lenguaje del marxismo vulgar, de la democracia real a la democracia formal.
Las “transiciones” tienen otro ritmo: una vez implantadas las instituciones democráticas por decisión de actores no democráticos, lo que se espera es la estabilidad, el respaldo ciudadano, la rutina cívica. Por ello, en Centroamérica la herencia autoritaria condiciona el carácter de la estabilidad que se pone a prueba, que solo será positiva si fuerzas portadoras de distintos intereses e ideologías se alternan en la dirección del Estado. Es decir, cuando los intereses díscolos del disenso alcanzan el valor del pluralismo democrático y los conflictos sociales, y no el consenso, definen el carácter de la integración y la plena legalidad de la vida política. ¿Cómo calificar, por ejemplo, la experiencia de Guatemala? En este país, desde 1985 hasta 2009, solo ganan y pierden los partidos de la derecha: la competencia ocurre solo entre actores con los mismos intereses electorales. El pluralismo es monocolor y no hay ninguna posibilidad de que la izquierda pueda acceder al poder. Existen razones fundadas para creer que esta democracia conservadora no resistiría una victoria de las fuerzas ex guerrilleras, ahora reducidas a un 3% electoral.
En este contexto, una prueba de estabilidad institucional fue la de El Salvador, donde la polarización de la guerra se trasladó, sin solución de continuidad, al escenario electoral. En 1995 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se situó como la segunda fuerza electoral y en 2001 alcanzó la mayoría parlamentaria. En marzo de 2009 triunfó en la contienda presidencial luego de que la burguesía de este país, la más poderosa de Centroamérica, aceptara su derrota, y su partido, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), entrara en una crisis de descomposición.
Otra prueba de estabilidad se alcanzó tempranamente en Nicaragua, cuando, en 1990, el FSLN convocó a elecciones generales. Nótese que en ellas no se apostaba propiamente a la victoria de un partido frente a otro; como se señaló más arriba, se jugaba la vida de un proyecto de cambio económico-social. Y así, el programa socialista-sandinista de nueva sociedad fue barrido, en la democracia electoral, por el voto de la oposición. En los dos países se interrumpió lo que había sido una tradición autoritaria: la continuidad de las mismas fuerzas. El argumento es que la calidad de la democracia en construcción se pone realmente a prueba cuando hay un cambio de dirección de proyecto, cuando el timón debe pasar a manos de otros. Luego pues, no es un asunto de tiempo sino de sustancia.
HONDURAS Y LA PRUEBA DE LA DEMOCRACIA CONTINENTAL
En 1982 hubo en Honduras una guerrilla de 20 hombres, los “cinchoneros”, que fueron fácilmente aniquilados, en menos de seis meses. No hubo guerra civil, pero sí una absoluta complicidad con el Ejército norteamericano, con el salvadoreño y el guatemalteco y con los mercenarios antisandinistas, que encontraron en este país refugio y ayuda. Un país con cinco ejércitos, diáfano ejemplo del negocio de la democratización a disgusto, de cómo las Fuerzas Armadas aceptaron la propuesta norteamericana de jugar al antisandinismo y devolver el gobierno a los civiles (en 1980) a cambio de modernizar su armamento, adiestrar a sus tropas y aceptar varias bases militares estadounidenses en su territorio. Todo ello tal vez alimentado por ese sordo rencor que dejó la guerra Honduras-El Salvador, la llamada “guerra inútil”. Hubo momentos, en 1984, en que se estacionaban tantos aviones de guerra en Honduras que el país fue calificado como el mayor portaaviones norteamericano.
La operación de devolver el gobierno a los civiles se basó en la confianza de EEUU en un bipartidismo que data del siglo XIX, la seguridad de que la “competencia” entre los partidos Liberal y Nacional no generaba peligro, por feroz que fueran sus rivalidades. Son fuerzas gemelas, del mismo tronco oligárquico, solo diferenciables por lealtades regionales o comerciales. Una clase poseedora en precario de extensos pastos, donde las vacas eran fuente de poder; ganaderos, cafetaleros y dueños de la pulpería local, que se organizaron en dos fuerzas políticas de indefinidas fronteras programáticas pero que han vivido matándose por ocupar el gobierno. El poder residía en el enclave bananero; todavía en los años ’30, los liberales eran financiados por la United Fruit Co., y los nacionales por la Cuyamel Fruit Co., en lo que William Krehm llamó desde entonces “república bananera”. Lo que hubo fue una lucha por el poder en estado puro, que desde 1980 se convirtió en un acuerdo de elites: el bipartidismo en la alternancia presidencial con reparto de canonjías y cargos. El pacto oligárquico se mantuvo 29 años y garantizó la estabilidad política a costa del inmovilismo social.
Es en el interior de esta matriz donde tiene que interpretarse el golpe de Estado de junio de 2009. La destitución del presidente Manuel Zelaya por el Congreso con el voto de su propio partido (el Liberal) fue solo el punto final de un profundo desencuentro de múltiples rostros. Uno, el que ocurre entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y que se exacerba en el primer semestre de 2009; otro, más profundo pero asaz particular, es el rompimiento del tácito acuerdo bipartidista, histórico, que forma parte de la tradición nacional. Desde su difícil elección en noviembre de 2005, donde Porfirio “Pepe” Lobo casi le gana, el inquieto Mel Zelaya empezó a actuar al margen de su partido, buscando otras formas de apoyo popular. Se ganó así el odio de la burguesía, que lo acusó de “traición a la clase” por su política de acercamiento a laAlianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). A mediados de 2007, Zelaya contrató con Petrocaribe, después de una breve visita a Venezuela, petróleo barato, conjurando así a los demonios de la derecha. De nada valió que esa decisión fuera menos ideológica que una defensa de la economía frente a un barril de gasolina a 150 dólares.
En agosto de 2007, Zelaya invitó a Honduras a Hugo Chávez y Daniel Ortega y cambió su retórica. Se inició un proceso de “golpes” y “contragolpes” políticos en una escena de intensa conflictividad social, de la que Zelaya quiso sacar provecho: un decreto justo pero no negociado de aumento del salario mínimo que enfrentó a la patronal hondureña como nunca antes, intensas huelgas de los profesores de la Universidad Nacional, junto con un aumento del desempleo, la pobreza visible, los terribles índices de violencia e inseguridad, que hacen de Honduras el país más expuesto a los efectos criminales de las pandillas juveniles de la región. La incorporación al ALBA abarató los costos de la gasolina, pero el precio político fue diez veces superior, al incorporar a Chávez y a EE.UU. al conflicto interno.
La confrontación institucional fue más onerosa y puso en una situación precaria la coexistencia del 29 de noviembre y la misma elección de un nuevo gobierno. En enero de 2009, Zelaya intentó ubicar a sus propios magistrados en la nueva Corte Suprema de Justicia, de manera patrimonial. El Congreso nombró a otros, el 25 de enero, según la ley. En marzo ocurrió lo mismo con el fiscal general y adjunto, que el presidente también perdió. Casi de inmediato destapó la caja de Pandora y propuso la llamada “cuarta urna”, con el propósito de consultar al electorado, en el mismo acto de las elecciones generales, la posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial.
La propuesta dividió de inmediato al país y llevó a su límite la confrontación del presidente con los partidos, los poderes Legislativo y Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la prensa, la Iglesia, los gremios patronales, el Ejército. En su soledad política, Mel intentó apoyarse en las organizaciones sociales, escasas y débiles, que no podían ser suficientes para sustituir el respaldo del partido.
En mayo, Zelaya perdió la elección de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, que convocó legalmente a las elecciones de noviembre de 2009; amenazó con cerrar el Congreso e ignoró una orden judicial, formulada a petición del Tribunal Supremo Electoral, que declaraba ilegal la consulta de la “cuarta urna”. Fue entonces cuando, ciego de poder, dijo: “Ni Kalimán puede parar este proceso…”. A mediados de junio, con casi toda la nación en contra, ordenó a las Fuerzas Armadas que organizaran la distribución de la boleta electoral adicional; éstas lo desobedecieron, por lo que el 27 de junio destituyó a su jefe, general Romeo Vásquez. En esa fecha, un tribunal judicial lo procesó, en tanto el Congreso decidió su destitución y ordenó su captura.
Los militares incumplen la orden de arresto y, en un gesto vitando, inaudito, sin duda inducido desde afuera, lo capturan y lo trasladan vergonzosamente a Costa Rica. La remoción ilegal de un mandatario constitucional, generalmente realizada por el Ejército, constituye un golpe de Estado. ¿Fue legal el proceso judicial iniciado por su proyecto de consulta que modificaba artículos “pétreos” de la Constitución? ¿Podía el Congreso destituirlo sin derecho a defenderse? ¿Quién debió ordenar la captura? ¿Puede el Ejército recibir órdenes del Congreso? ¿Por qué incumplió el Ejército las instrucciones recibidas?
Hay que reconocer que las más importantes instituciones del Estado hondureño decidieron la expulsión de Mel del gobierno. Podrían haberlo hecho legalmente, con antejuicio, proceso judicial y sentencia, que quizás habría terminado con la cárcel. Habría sido un juicio político pero formalmente aceptado. La impaciencia no solo fue de los funcionarios sino de los empresarios, que no adujeron razones legales sino motivos ideológicos. Este es uno de los efectos del fenómeno Chávez: basta su mención, y no su proyecto, para concitar el rechazo inmediato, a la manera del anticomunismo de hace ya muchos años. En las últimas dos décadas, se ha ido concentrando en Honduras el poder de una elite comercial/industrial a la que pertenecen los Canahuati Larach, los Flores Facussé, los Andonie Fernández, los Ferrari, los Kafie, los Nasser, los Rosenthal y los Goldstein, casi todos de origen árabe-palestino y de confesión cristiana, excepto los dos últimos, judíos, todos de derecha militante. Muchos de ellos afiliados a los partidos tradicionales. Las razones fueron los eventuales efectos de la “cuarta urna”, consulta previa para una consulta de reforma constitucional: de haberse aprobado ambas iniciativas, Zelaya sólo habría podido ser presidente ¡hasta 2014!
EL GOLPE EN LA ORBITA INTERNACIONAL
La crisis hondureña fue una en el país y otra afuera, y fue leída de distintas maneras, que variaron con el tiempo. Internamente, fue un ansiado golpe empresarial que terminaron dando los militares. En una visión democrática, externa, fue una ruptura del orden constitucional inaceptable. Una primera reacción, tomando al pie de la letra lo que ocurrió en Honduras y que la información internacional simplificó, interpretó la destitución del presidente constitucional como un hecho grotesco, torpe, al ser capturado en su casa, a las seis de la mañana, en pijama, por un destacamento armado y llevado violentamente fuera del país. Cualesquiera que hubiesen sido los antecedentes, lo que la acción militar configuró o completó fue vergonzosamente un golpe de Estado.
En América latina ha habido por lo menos una docena de hondas crisis políticas desestabilizadoras, de variado cariz, por lo general nacidas de conflictos de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, que impidieron que los presidentes terminaran su período legal. Fueron reyertas entre civiles que, en última instancia, respetaron la Constitución, revueltas dentro de la institucionalidad, como ocurrió en Bolivia antes de Evo Morales, en Argentina antes de Néstor Kirchner, en Ecuador antes de Rafael Correa y en Guatemala, Haití, Paraguay. No ha habido golpes parecidos al hondureño, pues Alberto Fujimori disolvió las dos cámaras del Congreso peruano en 1992 y convocó de inmediato a elecciones; en Guatemala, Jorge Serrano Elías hizo lo mismo en 1993, pero la reacción de la sociedad civil organizada, los partidos políticos y una parte del Ejército se lo impidió y debió renunciar; en Haití, el general Raoul Cedras expulsó al presidente Jean-Bertrand Aristide, que volvió por presión de la Organización de las NacionesUnidas (ONU) y de EEUU y luego renunció; en Ecuador, tres presidentes debieron renunciar debido a fuertes manifestaciones populares con presencia indígena. Lo más parecido a Honduras ocurrió en Venezuela, en abril de 2002, cuando el presidente Chávez fue tomado prisionero… y devuelto al poder 48 horas después.
Lo ocurrido en Honduras puso a prueba, en primer lugar, la credibilidad de la Carta Democrática Interamericana y la sensibilidad de la Organización de Estados Americanos (OEA). El rechazo fue unánime: un cuarto de siglo sin que los militares arrojen a un presidente civil habla bien del cambio ocurrido y de un ambiente internacional que condena y castiga acciones tan profundamente antidemocráticas. En la OEA se movieron, primero, EEUU y paralelamente la mayor parte de países latinoamericanos, que tenían diversas razones para la condena y que, con diferente énfasis, exigieron la restitución de Zelaya. La posición de los países del ALBA fue condenar la complicidad oculta del imperialismo yanqui y pedir la intervención inmediata. Otros países, como Costa Rica, Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil, también rompieron relaciones por el pésimo ejemplo que daban los militares hondureños y hablaron del “regreso no negociado”. La iniciativa de EE.UU. fue seguida por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, cuya propuesta satisfacía la formalidad de la condena y proponía un “acuerdo” entre las partes en conflicto, pero restableciendo a Zelaya en el cargo.
Y es en este punto donde la crisis hondureña plantea varios interrogantes fundamentales. No es tanto el mal ejemplo político de un país minúsculo, con una débil tradición democrática y un enorme atraso social, sino el arduo problema de cómo restituir la democracia para que permanezca como una lección aprendida. Es decir, la efectividad de las sanciones que desde el exterior se formulan y cómo puede ella salvar no tanto a la OEA como a su Carta Democrática.
A la condena continental siguió el reclamo casi unánime de la restitución del presidente expulsado. Pero volver al statu quo ante era una exigencia desmesurada, una estrategia que solo valoró la fuerza de los principios desconociendo la razón de lo real, exigiendo una rectificación de los golpistas, la autocondena de los vencedores. Fue la solución de Venezuela que, como los milagros, solo puede ocurrir una vez en mucho tiempo. No se produjo la restitución de Zelaya, a pesar de una enorme presión, por varias razones, todas igualmente poderosas. Primero, porque no se entendió que no era Micheletti el único culpable sino casi el conjunto de la sociedad hondureña. Ha sucedido en algunos países africanos, donde los militares juegan a la ilegalidad en distintos niveles pero dependen totalmente de la ayuda exterior para sobrevivir. En el caso hondureño, líneas arriba se habló de la historia de la crisis, de cómo las fuerzas sociales y políticas más influyentes, las que constituyen el corpus nacional y la opinión pública, estaban ferozmente enfrentadas a Zelaya.
La segunda razón por la cual era imposible retornar a la situación previa al golpe tampoco se apreció lo suficiente. Lo ocurrido en Honduras abrió la oportunidad para que la derecha, activa de nuevo en todos los países, tomara partido y profundizara la polarización ideológica. Son espacios de reacomodo neoliberal, definiciones polares conservadoras. En EE.UU., la extrema derecha republicana reorganizada, con ocasión de Obama, utilizó lo de Honduras para algo inaudito: una política exterior paralela. Así, tres senadores reaccionarios, que un mes atrás no sabían dónde quedaba este país de nombre tan extraño, viajaron a Tegucigalpa encabezados por Jim DeMint, de Carolina del Norte, y se entrevistaron con Micheletti. Tres torvos personajes de la época de Bush –Otto Reich, Roger Noriega y Daniel W. Fisk– alentaron públicamente a los golpistas. En un lúcido análisis, Jeffrey Sachs reconoció que “las divisiones ideológicas del país se están volviendo cada vez más profundas”. En Guatemala, Colombia y Perú hubo abiertas felicitaciones para los militares hondureños. En suma, lo ocurrido sirvió para que las fuerzas de derecha aparecieran agresivamente. La tercera razón es más compleja. Sin actuar conjuntamente, las raquíticas fuerzas de izquierda y los partidarios de Mel se movilizaron ruidosamente y se agruparon en el llamado Frente Nacional de Resistencia, que por momentos pareció ser una fuerza realmente desestabilizadora, crecientemente importante. Fueron reprimidos al precio de diez muertos y numerosos heridos, además de detenidos. Obviamente, el régimen golpista no era democrático, pero la lucha popular, heroica como es siempre, hizo soñar a la izquierda latinoamericana con la idea de que en Honduras se estaba forjando una opción revolucionaria. Su lucha por la democracia no pedía la restitución de Zelaya, sino la derrota de Micheletti y los golpistas. A mediados de septiembre, cuando el ex presidente volvió en lo que pareció ser un “enroque maestro” de Chávez y una audaz iniciativa de Luiz Inácio Lula da Silva, el movimiento popular llegó a su clímax. Después, el propio Zelaya se encargó de retirar a sus seguidores, liberales disidentes, y dejar en el abandono a los sectores populares de izquierda, inorgánicos. Así, la presión interna se desmoronó.
La Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron el cese de la asistencia financiera, y EEUU cortó la ayuda social, retiró la visa de ingreso a varios funcionarios del nuevo gobierno y hasta deportó a la hija de Micheletti… pero no interrumpió la asistencia militar. Cuba se alejó de Chávez, guardó silencio y dejó en Honduras a sus médicos rurales. Los países con gobiernos progresistas, como Chile, Ecuador y Uruguay, fueron enfriando su apoyo a Zelaya. Suponemos que, a medida que transcurría el tiempo, se hacía cada vez más difícil respaldar a un personaje como Mel, que resultó ser contradictorio y de escaso talento político, que no fue capaz de articular alguna propuesta política positiva, creadora, para superar la crisis y que sólo jugó a volver.
Fue importante pero arriesgada la posición de Brasil, independiente y distinta de la de EE.UU. Encabezó la protesta latinoamericana en la OEA y fuera de ella. El 21 de septiembre le abrió las puertas de su embajada en Tegucigalpa a Zelaya, en un gesto que hubiera sido ganador de haberse multiplicado la presencia de las masas populares en torno del ex presidente. Nunca fueron tan débiles Micheletti y las fuerzas golpistas como en aquellos momentos, sobre todo cuando Brasil exigió respeto a la territorialidad de su embajada Pero el problema surgió con el tiempo en contra y la fecha de las elecciones acercándose. EE.UU. aceptó las elecciones como solución y Brasil las rechazó. La brecha estaba abierta y la fecha llegó. Sin buscarlo, Lula se aproximó a Chávez. El desconcierto latinoamericano no podía ser mayor.
Y de la “restitución no negociada” se pasó a la fórmula más realista de negociar… o de esperar las elecciones; el realismo asomó, con el tiempo a favor de Micheletti. Probablemente el régimen golpista habría aceptado, no exactamente el retorno inmediato de Zelaya pero sí, como empezó a aceptar el gobierno estadounidense, alguna fórmula intermedia, como aparentemente se logró con el llamado Diálogo Guaymuras (complemento del Plan Arias), que dejaba en manos del Congreso el retorno del ex presidente después de las elecciones del 29 de noviembre. ¿Podía el Congreso que lo destituyó hacer tan dolorosa rectificación? ¿A título de qué dejar en sus manos el destino de la democracia? El Congreso solo se reunió después de las elecciones para decidir y, como se esperaba, ratificó la defenestración de Zelaya. Se realizaron las elecciones el 27 de noviembre que, de manera objetiva, inevitable, ganó el candidato del Partido Nacional.
Y la vida misma, con el vigor de lo que ocurre porque está en la lógica de las cosas, planteó el problema de la legalidad de las elecciones presidenciales a la sombra de un gobierno ilegal, condenado. Sin duda, en la historia de todos los países latinoamericanos esto ha ocurrido muchas veces: convocatorias electorales realizadas por regímenes de facto y cuya realización legitima al elegido. En el caso hondureño, la convocatoria se hizo durante el mandato de Zelaya: desde mayo de 2009 todas las encuestas daban a Porfirio Lobo una mayoría apreciable, que el evento de diciembre ratificó ampliamente.
La izquierda política hondureña, agrupada en el partido Unificación Democrática (UD), logró sobrevivir y mantenerse dentro del sistema, al retener cuatro de las cinco diputaciones que tenía, pese a ser objeto de una sistemática campaña de desprestigio gestada tanto por los golpistas como por los integrantes de la llamada “resistencia zelayista”. Tras la declaratoria oficial de las elecciones del pasado noviembre, donde el Tribunal Supremo Electoral otorgó el triunfo al Partido Nacional, la balanza no estuvo nada mal para la UD.
COLOFON
Como tema de política internacional, Honduras ha pasado a un segundo lugar. El FMI ha reiniciado su ayuda y EE.UU., Perú, Costa Rica, Panamá y Colombia han reconocido la victoria de Lobo, paso previo al restablecimiento de la normalidad. Zelaya se trasladó a República Dominicana. Pausadamente, y si la gestión de Lobo es inteligente, los países latinoamericanos irán restableciendo relaciones, o no lo harán. Lo importante ahora, para el gobierno, es retomar los vínculos con quienes dan “solidaridad económica”. La economía del país está deshecha: sobrevive con las remesas, que constituyen 25% del PIB, algo del turismo y el comercio con EE.UU.En una decisión para la cual no hay una explicación fácil, la Corte Suprema de Honduras, a solicitud del Ministerio Público, ha iniciado un juicio penal contra la cúpula militar golpista. El presidente de ese alto tribunal, Jorge Rivera Avilés, ha sido nombrado juez natural (en la terminología local) para iniciar un proceso penal a los militares que en aquel momento formaban la dirección del Ejército, a solicitud del fiscal general, Luis Rubí. Se los acusa de ilegalidad en su comportamiento frente al poder civil en los sucesos del 28 de junio. El general Romeo Vásquez Velásquez y cuatro generales más ya fueron interrogados inicialmente, con prohibición de salir del país y con sus casas como cárcel provisional. El golpista Micheletti y varios jefes del Partido Liberal ya han roto con el nuevo presidente. La OEA guarda silencio mientras el desenlace ocurre. La lección es difícil de aprender, pues se confundió la defensa de la democracia con un hecho difícil de imponer o negociar: la restitución del golpeado y la rectificación de los golpistas. ¿Hay otra opción?
En la circunstancia histórica actual, la bandera de Bolivia es un punto de coincidencia y auténtico factor común entre los departamentos que se encuentran divididos y con un sentimiento de desconfianza hacia los poderes del Estado.
HISTORIA
Hace 185 años, el 17 de agosto de 1825, la Asamblea Deliberante reunida en Chuquisaca y encabezada por el general Casimiro Olañeta, tomó la decisión de representar a la Patria con una bandera dividida en tres franjas con un color punzó al centro rodeada por dos verdes.
Se resolvió instalar sobre el espacio central cinco óvalos verdes formados de ramas de olivo y laurel, uno en el medio y cuatro en los costados, dentro de cada uno de éstos se colocó una estrella de oro representando las cinco provincias del Alto Perú en ese momento.
Los asambleístas determinaron estipular dos opciones para la representación del pabellón, una para actos civiles denominada Menor y otra oficial para acontecimientos públicos llamada Mayor. La diferencia radicaba en la cantidad de estrellas que debían poseer, la primera tan sólo con una al centro rodeada de hojas de laurel y la segunda con las cinco distinciones a las provincias como estaba estipulado.
PRIMERA MODIFICACIÓN
Ambas enseñas tuvieron una temporalidad efímera, porque al año siguiente, 25 de julio de 1826, el Mariscal Antonio José de Sucre, presidente de la República, tomó la decisión de sustituirlas por otras, que contaban con tres franjas horizontales de la misma dimensión, agregando una amarilla en el extremo superior, una punzón central y una verde en el margen inferior.
En la firma del decreto que autorizaba la transformación se mantuvo la decisión de continuar con dos versiones del pabellón modificando sus nombres, uno denominado civil y otro estatal que contaba con el escudo de armas del Estado en el centro rodeada por una rama de olivo a la izquierda y una de laurel a la derecha.
ENSEÑA ACTUAL
La bandera actual y oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, fue adoptada el 31 de octubre de 1851 durante el gobierno del ex presidente Manuel Isidoro Belzu.
El Decreto Supremo del 14 de julio de 1888 reglamenta y uniforma el uso de la enseña patria, disponiendo en su artículo 5 que “la bandera nacional consta de tres franjas horizontales de igual anchura y dimensiones, una roja en la parte superior, color oro en el centro y una verde en la parte inferior”.
El rojo representa la sangre derramada por los próceres en la Guerra de la Independencia para el nacimiento y preservación de la república, el amarillo es la representación de la riqueza mineral presente en toda la nación y el verde por ser un país de gran producción agraria.
Belzu encargó a la Policía Nacional la tarea de velar por la bandera para que “no se vilipendien sus colores” desde entonces, nadie más se atrevió a cambiar los matices que representan el país.
VARIACIONES
La bandera actual cuenta con variaciones dependiendo de la entidad por la que es usada.
La estatal es utilizada en actos cívicos de importancia, se diferencia porque incluye en su parte central el escudo de armas.
Las Fuerzas Armadas emplean una enseña con el escudo nacional, pero que es rodeado con una rama de olivo ubicada a la izquierda y una de laurel a la derecha.
A diferencia de ella, la Bandera Naval posee un fondo azul, donde se destaca en el ángulo superior izquierdo la bandera nacional, bordeada por nueve estrellas de color dorado que representan los nueve departamentos del Estado boliviano (Chuquisaca, Beni, La Paz, Cochabamba, Pando, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Tarija). En diagonal a la bandera nacional, casi en el extremo inferior derecho, se observa una estrella solitaria, que simboliza el anhelo del pueblo boliviano por recuperar el territorio que le permita la salida al Océano Pacífico.
INSUSTITUIBLE
El sentir cívico de los bolivianos hacia este símbolo patrio e integrador hace que la Tricolor sea insustituible y que siempre flamee por encima de cualquier otra.
EX PRESIDENTE DE BOLIVIA HABLO SOBRE LA GUERRA DEL CHACO
INSTAN A LA FRATERNIDAD PARAGUAYO-BOLIVIANA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/abc)
El ex presidente de Bolivia, Dr. Carlos Mesa, presentó ayer un audiovisual sobre la Guerra del Chaco desde la perspectiva boliviana y luego instó a emprender el desafío de la hermandad latinoamericana con integración económica. Fue en el aula magna de la Universidad Iberoamericana.
“Muy pocas veces tenemos la ocasión de tener una versión boliviana de la Guerra del Chaco”, sostuvo Benjamín Fernández Bogado, quien ofició de moderador en la presentación del material elaborado y comentado por el igualmente periodista y productor audiovisual, Carlos Mesa.
Fernández Bogado inició el debate consultando a Mesa sobre qué lecciones deberían aprenderse de la Guerra del Chaco.
El ex presidente del Altiplano respondió señalando: “Dos consideraciones, la primera interna, que hace a la propia estructuración histórica de Bolivia, la Guerra del Chaco marcó un punto de inflexión: el fin de una etapa de control de la sociedad por una oligarquía, la toma de conciencia de que el país estaba integrado por una gran mayoría de indígenas que no habían sido considerados como bolivianos, pero sí tuvieron que ser bolivianos a la hora de ir al Chaco”.
Siguió su exposición señalando: “Esa toma de conciencia entre la clase dominante, la clase media de la sociedad generó un proceso que fue hacia la revolución de 1952. Por lo tanto, para nosotros el Chaco es un corte a cuchillo, no tanto en la relación internacional con el Paraguay sino como en la mirada interna que Bolivia hace sobre sí misma sobre sus contradicciones y sobre sus desafíos históricos”.
Motivos de la guerra
Sobre la causa de la conflagración, Mesa sostuvo que para él no hubo intereses internacionales. “Creo que los hechos demostraron a la larga que esta no fue una guerra de títeres manejados desde los intereses transnacionales. Si así fuese, se hubiese confirmado, se hubiese encontrado algo en el territorio en conflicto donde no se encontró una sola gota de petróleo. Todo el petróleo preexistente, el que tiene Bolivia estaba en territorio originalmente boliviano”.
En otra parte de su alocución, el ex presidente de Bolivia señaló: “Una de las cosas que a mí me impresionan es que las dos conclusiones de la guerra son una extraordinaria y una negativa. La primera: una guerra sin resentimientos, que no genera una actitud negativa de Paraguay a Bolivia y viceversa, como por ejemplo le pasa a Paraguay cuando recuerda la Guerra de la Triple Alianza o Bolivia cuando recuerda la del Pacífico. El elemento negativo es que no construimos una relación bilateral que nos hiciese conocernos después de la guerra”.
Finalmente Mesa dejó esta reflexión: “Nos queda el gran desafío de construir una relación de hermandad entre Paraguay y Bolivia y dee...
RELANZARON URUPABOL EN MARZO ULTIMO
DESPUÉS DE CINCO MESES DAN PARTICIPACIÓN A LUGO
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/abc)
Tras cinco meses de haber reactivado bilateralmente el mecanismo Urupabol, en Cochabamba, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica, dieron ayer participación a Fernando Lugo en las conversaciones. Se anuncia un nuevo encuentro entre los tres gobernantes para noviembre, en Montevideo.
Compromiso A mediados de marzo último, el presidente oriental visitó a su colega boliviano, ocasión en que firmaron un compromiso en el cual ambos jefes de Estado formalizaron el interés de sus respectivos gobiernos en consolidar el mecanismo de Urupabol y avanzar en el proyecto de integración. La Corporación Andina de Fomento (CAF) concedió fondos no reembolsables para financiar un estudio de prefactibilidad para el tendido de un gasoducto entre ambos países.
Tanto Morales como Mujica hablaron además en aquella ocasión del proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná, al tiempo de que el presidente uruguayo ofreció a Bolivia la utilización de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira.
También con Kirchner
A propósito, en abril pasado, Mujica estuvo igualmente con la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la residencia de Olivos. Fue para plantear el interés de Uruguay de recibir gas boliviano, lo que por las características de los gasoductos requiere que la línea pase por Argentina, según se había informado luego del encuentro.
ObjetivosEl ministro de Relaciones Exteriores declaró ayer que Urupabol prioriza dos temas: La integración física de los tres países (Uruguay, Paraguay y Bolivia) y la integración energética, específicamente en lo que hace al gas y la electricidad. Así dijo Héctor Lacognata, tras la reunión entre Mujica, Lugo y Morales en Palacio de Gobierno. Comentó que en lo concerniente al gas se está trabajando sobre el proyecto de construcción de un gasoducto que comenzará en Tarija, Bolivia, pasaría por Paraguay y terminaría en Montevideo. “Existen posibilidades de venta de energía eléctrica de Paraguay al Uruguay y la instalación de un puerto de aguas profundas en Uruguay, que sería utilizado como salida al mar”, señaló también.
BM RECONOCE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA PARA ACCESO A CRÉDITOS
Pueblo en Línea de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)
El crecimiento económico de Bolivia posibilitó que el Banco Mundial (BM) lo reconociera como "país de ingresos medios", lo que ahora le facilitará acceder a créditos con mejores condiciones,informó el día 16 Oscar Valle, representante de este ente financiero.
"Bolivia podrá decir, a partir de ahora, yo quiero otras condiciones; tener un préstamo en dólares o en euros; lo quiero tener a 5 años, a 10 ó 15 años", afirmó en conferencia de prensa el representante del BM en Bolivia. La pasada semana, este organismo mundial dio a conocer de manera oficial que Bolivia pasó de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios.
De acuerdo con Oscar Valle, dicha condición le permitirá al país andino acceder a las mismas líneas de crédito y a tener el trato que reciben países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, India, Indonesia u otros.
Este cambio, dijo, se debe a que el ingreso per cápita en Bolivia está ahora por encima de los 1.100 dólares anuales, tras tener un ingreso per cápita inferior a los 1.000 dólares, lo que lo colocaba en el grupo conformado por Nicaragua, Honduras, Haití y otros de ingresos bajos.
En los últimos cuatro años, el ciudadano boliviano tuvo un ingreso promedio de 1.700 dólares al año, entre 800 y 1.000 más que durante 2005, según datos del gobierno.
De acuerdo con el informe de Valle, Bolivia demostró un importante progreso económico entre 2006 y 2009, reflejado en sus Reservas Internacionales Netas (RIN), que a julio de 2010 bordearon los 8.600 millones de dólares, con un crecimiento sostenido del 4 por ciento.
En ese sentido, el BM ha reconocido que la virtud principal de Bolivia es la política macroeconómica que ha tenido.
GENERAL BOLIVIANO PARTICIPA EN ANIVERSARIO POR NATALICIO DE O'HIGGINS
Noticias 123 de Chile (www.noticias.123.cl/noticias)
Entre el 18 y 21 de agosto el comandante general del Ejército de Bolivia, general Antonio Cueto Calderón, realizará una visita oficial a Chile, respondiendo a una invitación extendida por su par general Juan Miguel Fuente- Alba, cuando ambos participaron en la ceremonia de declaración de Terreno Libre de Minas de campos Minados en Tambo Quemado Nº 1 y Nº 2.
La máxima autoridad castrense del vecino país participará el próximo 20 de agosto en la ceremonia cívico-militar en conmemoración del 232º aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Bernardo O'Higgins, que se efectuará en la ciudad de Chillán Viejo, a las 11:00, en la cual participará el Presidente Sebastián Piñera y el comandante en jefe del Ejército general Juan Miguel Fuente- Alba.
El uniformado además tiene agendada una serie de actividades, tales como los saludos protocolares al general Fuente-Alba Poblete y una reunión de trabajo que contempla exposiciones sobre temas de mutuo interés castrense. Por otra parte, el miércoles 18 de agosto se realizará a las 12:00 hrs. en la Escuela Militar, una ceremonia en homenaje a la mencionada autoridad militar de Bolivia, la que recibirá de manos del comandante en jefe del Ejército, la Espada del Libertador Bernardo O´Higgins, como un gesto y expresión del espíritu de integración entre ambas instituciones castrenses.
GOBIERNO BOLIVIANO RATIFICA ADIÓS DEFINITIVO A DEA
El ministro boliviano de Gobierno, Sacha Llorenti, ratificó hoy el adiós definitivo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) del país andino.
La Tercera de España (www.tercerainformacion.es)
Que no se haga ilusiones ninguna persona, la DEA no volverá al país, porque ese organismo utilizaba de manera política la lucha contra el narcotráfico, manifestó.
Al respecto, denunció que esa entidad en lugar de apoyar en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia realizaba tareas de espionaje y de control político a las autoridades nacionales.
Además indicó que el Ejecutivo no permitirá certificaciones unilaterales en la lucha contra el narcotráfico, permeadas por intereses políticos.
Por el contrario, destacó la instalación permanente de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNOD), instancia multilateral capaz de evaluar a todos los países y sus esfuerzos en la lucha antidroga, según sus palabras.
El funcionario señaló que la cooperación será bienvenida siempre que no intente subordinar al país políticamente, o viole la soberanía y pretenda imponer condiciones en la política interna.
Llorenti aseguró que Bolivia cumple a cabalidad sus compromisos y reclama el concurso de la comunidad internacional para trabajar en forma conjunta en el marco de la responsabilidad compartida frente a este flagelo.
Asimismo, subrayó que su nación recibirá “agradecida la cooperación de distintos lugares del mundo, pero con el interés supremo de la humanidad de luchar contra el narcotráfico”.
EL PUEBLO DE POTOSÍ
La Vanguardia de España (www.lavanguardia.es)
Ante todo, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a la embajada española y a la francesa por las acciones que han llevado a cabo para que podamos salir de Potosí; a la Generalitat de Catalunya, que nada más enterarse del problema se puso en contacto con suma celeridad, y a los medios de comunicación por prestarnos atención.
En segundo lugar, queríamos informar de que la gente de Potosí nos ha acogido muy bien y ha sido muy amable. En ningún momento intentamos forzar la situación para salir de la ciudad, nos marchamos cuando se nos indicó. Hemos seguido en todo momento los consejos de la embajada y de las autoridades de la zona. Fuimos a parar a esta región en conflicto por la mala voluntad y desinformación de algunas personas de la frontera. Hasta la misma víspera habíamos encontrado viajeros que venían de este departamento y ninguno de ellos mencionó ningún problema. Finalmente, me gustaría agradecer el apoyo al pueblo de Potosí, que está llevando a cabo sus reivindicaciones de manera unida y bastante pacífica (sin tener en cuenta los grupos más radicales). No tenemos nada en contra del Gobierno central de Bolivia, pero creemos que tendría que ser más valiente y negociar para poner fin al problema.
EL GOBIERNO BOLIVIANO RESUELVE LAS DEMANDAS DE COMITÉ CÍVICO DE POTOSÍ
La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)
Al filo de las 17 horas de hoy se levantó un bloqueo de carreteras que se mantuvo en el departamento de Potosí durante 18 días, tras el retorno a la capital potosina, procedente de la ciudad de Sucre, de la comisión que negoció con funcionarios del gobierno del presidente boliviano Evo Morales las demandas que motivaron esta movilización.
Decenas de miles de potosinos se volcaron a las calles de la ciudad para recibir como héroes a los dirigentes del Comité Cívico Potosinista que encabezaron la negociación con los ministros de la Presidencia, Óscar Coca; de Autonomías, Carlos Romero; de Educación, Roberto Aguilar, y la viceministra de Producción Industrial, Patricia Ballivan.
Los vivas a los líderes de mezclaban con estribillos de “Potosí federal”, “Potosí de pie, Evo de rodillas”, “Triunfamos, Potosí unido”, expresiones que contrastan con el hecho de que el presidente Evo Morales ha ganado con facilidad en este departamento varios procesos electorales recientes, incluida su relección en diciembre del año pasado.
Por la mañana, en Sucre, Coca indicó en rueda de prensa que de los seis puntos de la plataforma del comité se resolvieron todas las cuestiones, excepto la parte vial. Esto último porque se pretendía poner plazos a la construcción de un tramo carretero que implicaría la modificación del contrato con la constructora.
Las negociaciones se realizaron los últimos tres días sin que se cumpliera la exigencia gubernamental de los 15 días previos, de que primero se levantara el bloqueo, porque “el gobierno no negocia bajo presión”. El comité a su vez cedió al aceptar que el diálogo se diera con los ministros y no con el presidente Morales, fuera de Potosí, y no en la capital provincial, como era su exigencia.
Coca deslindó “de cualquier responsabilidad” al gobierno por los enfrentamientos de ayer en uno de los puntos de bloqueo, los comuneros bloqueadores y los transportistas varados en la carretera, que según reportes de medios locales dejaron una veintena de heridos –entre ellos un minero que perdió una mano y parte de un brazo al estallarle una dinamita que iba a lanzar–, además de vehículos con daños ocasionados por los comuneros.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, declaró que se va a investigar a la empresa suiza en la que trabaja el minero –que fue propiedad del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada– para esclarecer por qué un trabajador de la misma portaba dinamita. Esto, pese a que en Potosí se vende dinamita libremente en cualquier tienda de abarrotes, como cualquier turista puede constatar, porque es parte del tour.
Respecto de los acuerdos, el gobierno comprometió la construcción de dos plantas de cemento, una en Potosí y otra en Oruro, departamento con el que existen problemas de límites, que fueron los que detonaron este conflicto.
Sobre la preservación de la estructura cónica del Cerro Rico de Potosí, se acordó crear una comisión interinstitucional para buscar acuerdos entre los cívicos y los cooperativistas mineros para buscar una solución que evite el derrumbe del cerro.
Además, el Ejecutivo presentará un plan y un cronograma para la reactivación de la fundidora de Karachipampa. Acerca de la construcción del aeropuerto en Potosí, el acuerdo es cumplir la Ley 4157, que ya declara de prioridad este proyecto.
Sobre el conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí, se elaborará un anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que será consensuado con las nueve gobernaciones, el sistema municipal y el ministerio de Autonomías, para ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
Durante el paro en Potosí, los trabajadores de tres minas extranjeras suspendieron labores para respaldar las demandas locales. La mina de plata, zinc y plomo San Cristóbal, del grupo japonés Sumitomo, reanudó actividades horas antes del levantamiento formal de este lunes, según un despacho de la agencia Reuters.
Otras dos grandes minas, San Bartolomé, de la compañía francesa Coeur D’Alene, y Porco, de la corporación suiza Glencore, tienen previsto reactivar funciones este martes.
En otro orden, el presidente Evo Morales, al dar posesión anoche a tres vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) elegidos por el Parlamento, más uno designado por el Ejecutivo, los instó a garantizar la democracia “y que no haya fraudes como antes”.
Afirmó que “en las últimas elecciones, sabe el pueblo boliviano, nos robaron tres diputados (a su partido, el Movimiento al Socialismo)... duele cómo legalmente nos pueden robar, asaltar”.
Por su parte, el saliente presidente de la Corte Nacional Electoral, ahora TSE, Antonio Costas, le repuso a Morales Ayma –en declaraciones a la televisora PAT– que “no se roba lo que uno no ha ganado. Entiendo que el presidente no ha sido bien informado, también los de UN (Unidad Nacional) y los otros partidos han dicho que les hemos robado a ellos. Entonces, que se pongan de acuerdo”.
BOLIVIA: POTOSÍ LEVANTA LA HUELGA Y FESTEJA
BBC Mundo (www.bbc.co.uk/mundo)
Potosí es una fiesta. Miles de ciudadanos se concentraron en la plaza central de esa ciudad boliviana para festejar con bandas de música los acuerdos logrados con el gobierno de Evo Morales y la suspensión de las medidas de presión que se prolongaron por 19 días.
Las protestas buscaban el compromiso de las autoridades nacionales con una serie de obras públicas para la región y la resolución de un pleito limítrofe con un departamento vecino.
Tras lograr los acuerdos con el gobierno nacional, los dirigentes potosinos recorrieron los piquetes de bloqueo y de ayuno para informar de los compromisos y paralelamente se iban levantando las medidas de presión.
Este recorrido duró diez horas y terminó en la plaza central de Potosí con gritos de algarabía, música y discursos.
Los dirigentes potosinos lograron cinco acuerdos con el gobierno de Evo Morales, aunque dejaron pendiente el de un cronograma para la construcción de una carretera.
Las medidas de presión habían afectado a Potosí y al sur del país. De hecho, la tarde de este domingo, mientras se negociaba el acuerdo en la ciudad de Sucre, en Potosí se producían enfrentamientos entre bloqueados y bloqueadores.
Incidentes
Los pasajeros arremetieron contra los manifestantes quemando sus pertenencias en el punto denominado San Antonio, en la ruta entre Potosí y La Paz. En respuesta, los participantes en las protestas lanzaron piedras y dinamita a los camiones parados.
Más de 20 personas resultaron heridas, entre ellas, un minero que perdió la mano por lanzar dinamita. Además, unos 50 camiones y buses tienen los vidrios rotos a causa de las pedradas.
En las mesas de diálogo, el gobierno de Morales se comprometió a construir un aeropuerto internacional en Potosí, a instalar una fábrica de cemento tanto para Potosí como para Oruro, a preservar la estructura del Cerro Rico para evitar su desplome, a reactivar un complejo metalúrgico, a agilizar la construcción de carreteras y a establecer una comisión que fije los límites con el departamento de Oruro.
Tras lograr el acuerdo preliminar, el líder de la protesta, Celestino Condori, pidió a los manifestantes del punto de San Antonio que suspendan esa situación para evitar más hechos de violencia.
También pidió a los residentes potosinos que ayunan en diferentes capitales de Bolivia, que levanten la medida si así lo ven conveniente. Esas huelgas empezaron a desarticularse la mañana de este miércoles.
"Pedirles que, en la medida de sus posibilidades, empiecen a cesar este ayuno voluntario porque ya estamos llegando a acuerdos importantes, se está avanzando en este proceso de diálogo y se vislumbra un atisbo de solución al conflicto potosino", dijo Condori mientras se mantenía la negociación sobre las carreteras.
Entre tanto, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, dio por superado el conflicto. "Podemos decirle al país que es el fin del conflicto. Se ha concluido con la firma de estos documentos. Ellos (los dirigentes) exigían el acuerdo y lo tenemos en las seis mesas. No hay justificativo para que continúen las medidas de presión", dijo la autoridad, quien condujo las mesas de diálogo junto a otros cuatro ministros.
Editorial
EVO Y LAS PROMESAS INCUMPLIDAS
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)
Un líder populista como Evo Morales es incapaz de reconocer que su pérdida de popularidad se deba simplemente a que sus antiguos aliados hayan perdido la fe en sus políticas o que se sientan postergados en sus demandas. Por eso, cada vez que enfrenta una protesta declara que sus adversarios están detrás de ellas y los acusa de convertir "reivindicaciones regionales en movimientos de conspiración" contra el proceso político que él encabeza.
Es lo que ha ocurrido con la prolongada huelga -con bloqueo de carreteras- en Potosí, una región minera que ha votado tradicionalmente por el partido oficialista y a la que Evo consideraba parte de sus incondicionales. Ahora se siente traicionado por ellos y les enrostra estar con la oposición de "derechistas y neoliberales". Los dirigentes de las protestas, en cambio, afirman que la población se siente "frustrada y engañada" por las promesas incumplidas del gobierno.
Las demandas de Potosí son de variada índole: desde la instalación de una cementera y la reactivación de una planta metalúrgica, hasta que el gobierno resuelva sus diferencias con Oruro sobre un cerro rico en minerales, que ambos reivindican como parte de sus provincias.
Morales ha sufrido una fuerte caída de popularidad este año -del 70 por ciento en enero al 54 por ciento en julio-, y este último conflicto podría acarrearle un alto costo político y también económico. Potosí es una importante zona minera y varios yacimientos han sido ya afectados por las huelgas, los bloqueos y los cortes eléctricos. En esa región hay inversiones japonesas, francesas y estadounidenses en yacimientos que producen plata, plomo y zinc. Según la filial de la empresa Sumimoto, su mina pierde a diario dos millones de dólares en exportaciones, y las autoridades sostienen que el paro les cuesta 200 mil dólares diarios a las cooperativas mineras.
El conflicto social está latente en Bolivia, y más en las regiones postergadas como Potosí, que a pesar de sus enormes reservas mineras -el litio del salar de Uyuni no ha sido explotado- registra el mayor índice de pobreza -67 por ciento- del país, que es uno de los más pobres de América. Las grandes esperanzas que los pobres depositaron en Evo pueden, como un bumerán, volcarse contra su gobierno.
Opinión
EVO, UNO DE LOS TRES CHIFLADOS
Revista Analítica de Venezuela (www.analitica.com)
Desde el mismo momento que Evo Morales tomó posesión y comenzó su “gesta revolucionaria”, con los ritos en montañas perdidas en la espectacular cordillera, aquellos hombres, Hugo Chávez y el tropicalísimo y rubio vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, acompañando al boliviano, con sendos ponchos y gorros emulando las personalidades aymaras, quechuas y guaranies , con toda la parafernalia con que la creatividad enfermiza del venezolano pone su firma en estos actos, yo escribí que gobernar a Bolivia no era tarea fácil.
Y no lo es porque su gente, esa amalgama étnica impresionante, hermética y empobrecida, tiene un sentido de posesión con su tierra y su propia raíz que le mantiene vivo un coraje obstinado y casi salvaje que no le ha permitido todavía perder el orgullo. Quieren creer. Pero no creen. Y reaccionan. No se les llena el alma con una “patria” repetida en el vacío.
Bolivia es la pachamama, la tierra, la madre. Y no es de un hombre, de un partido ni de un político. Es de ellos, cada pedazo es la tierra. Los problemas de Evo Morales se vienen sucediendo porque Evo, sin prestarse al clamor de su propia gente, prepotente, no quiere dialogar con Potosí a la que se han unido otros departamentos en sus reclamos y ante la negativa del presidente a enfrentarlos.
Potosí, allá donde Simón Rodríguez, Bolívar y Sucre se abrazaron con un infinito de alturas y sueños. La huelga de hambre continúa, los cierres de vías. Los diferentes diarios abren sus páginas a la opinión pública y los comentarios fluyen:
“Hasta cuando pues, escucharemos que es el entorno y Evo es el bueno, si Evo no sabe que es lo que pasa para que entonces lo reelegimos y me incluyo como responsable de su reelección, el Presidente es el responsable de sus ministros y no al revés, Evo lo elige y deberían ser los mejores para resolver problemas y si no puede Evo debería solucionarlos, pero honestamente y me da pena decirlo, Evo no es conocido por resolver problemas... Bueno y ojalá que ya no moleste Potosí con sus problemitas de nuestro Evo, que tiene que seguir jugando al futbol e inaugurando cosas, que así es como saldremos adelante”.
A uno le suena parecido… El sarcasmo popular lleva la misma intención .
“NO MOLESTEN A EVO, EL SIGUE INAUGURANDO OBRAS POR TODO LADO Y JUEGA FUTBOL CUANDO LE DÉ LA GANA. CUANDO EXISTEN PROBLEMAS MANDA A SUS MINISTROS, PARA ESO ESTÁN. EL JEFAZO DICE: NO ME HAGAN ENOJAR YA QUE NO PUEDO PREPARAR MIS VIAJES TRANQUILO!!!!”
Y por supuesto, el presidente venezolano no puede estar ausente en el reclamo del comentarista.
“Evo no tiene idea de lo que está pasando en Potosí por una sola razón: no le interesa. Me imagino a este tipo rodeado de chupamedias que le dicen el pueblo lo ama señor, Potosí lo idolatra señor, el mundo lo necesita señor, los que lo odian son los que hacen paros, huelgas y los que reclaman por sus derechos, y luego evo dice, que haría sin ustedes compañeros que les parece si ahora jugamos un partidito de futbol, aunque es gracioso es la verdad Evo no está para solucionar temas de simples humanos ya que el es un personaje muy importante a nivel mundial. Uno de los tres chiflados de Suramérica, Cristina, Evo y Chávez”.
Aquí la cita para cambiar las cosas es el 26. Del mes que viene.
BANZER: “!MATEN A LOS COMUNISTAS, YO LES DARÉ UNA RECOMPENSA!”
El odio al campesino e indígena durante el gobierno de Banzer provocó que quizá centenares de ellos fueran masacrados durante los siete años de su gobierno.
Kaos en la red (www.kaosenlared.net/noticia)
El menosprecio por los campesinos y los indígenas originarios se hizo patente en la década de los 70 del siglo pasado, durante los gobiernos de René Barrientos y del más sanguinario de ambos iniciado el 21 de agosto de 1971 liderado por el coronel Hugo Bánzer Suárez.
Estaba vigente el denominado pacto militar-campesino iniciado por René Barrientos Ortuño quien utilizó a los agrarios para mantenerse en el gobierno, aunque no tenía el menor aprecio por ellos.
Esa especie de ideología racista, persiste aún hoy, más en la superficie que en el fondo, en algunos sectores del gamonalismo de Bolivia donde de vez en cuando se enarbola la divisa de una Bolivia sin indios.
Los principales “ideólogos” de esa corriente fueron Gabriel René Moreno, para quien el indio era una vacuidad, sombría, asquerosa, huraña y sórdida. Bautista Saavedra, sostenía que el indio era una bestia de carga, miserable a la que había que explotar hasta la inhumanidad.
Los dos dictadores mencionados pretendieron iniciar el cambio de “raza” con la importación de blancos. Barrientos atrajo a los menonitas, que hoy depredan los bosques y Banzer anunció la llegada de rodesianos, que no se produjo por la oposición a esa “idea”.
El odio al campesino e indígena durante el gobierno de Banzer provocó que quizá centenares de ellos fueran masacrados durante los siete años de su gobierno. Fueron perseguidos y asesinados como respuesta a sus reclamaciones por mejores condiciones de vida.
La eliminación de originarios más dramática fue la ocurrida en Cochabamba. La llamada “Masacre del Valle” ocurrió entre el 22 y 31 de enero de 1974. Varios decretos aprobados por la dictadura, sobre todo relativos a una severa elevación de precios en los alimentos y la devaluación del boliviano de 12 a 20 respecto al dólar estadounidense, fueron justificativo.
El 22 de enero, los obreros de la fábrica de calzados “Manaco” protestaron contra los decretos bloqueando la plaza de la población de Quillacollo. Gritaban “Queremos pan”, “Morir de bala antes que de hambre morir”. Los uniformados ocuparon el lugar de manera violenta. Allí murió un campesino.
A partir del 24 los campesinos del Valle Alto inician el bloqueo de la carretera a Santa Cruz desde el kilómetro 20 al 126. El 26 los originarios de Sacaba se suman y bloquean el ingreso al Chapare hasta el kilómetro 38.
El martes 29, tanques y caimanes con soldados bien pertrechados al mando de un My. Cordero que obedecía “órdenes superiores”, llegaron cerca de Tolata para iniciar un diálogo con la mentirosa presencia de Banzer que no tenía ni la menor intención de ir.
Una mujer lanzó una pedrada, respondida con una ráfaga de ametralladora y el ataque de los blindados. Aviones de combate apoyaron la masacre. El libro “Nunca más para Bolivia”, señala en la página 160 el testimonio de uno de los soldados presentes: “Hemos visto montones de cadáveres, campesinos amontonados como leña”.(1)
Otro testigo contó haber visto unas treinta camillas cubiertas con mantas en un avión militar en el aeropuerto de Cochabamba. Concluida la matanza de Tolata, los militares avanzaron por la carretera, dejando grupos de ellos a lo largo del camino.
El mismo 29 de enero, numerosos campesinos se concentraron en Epizana. Se desconocía lo ocurrido en Tolata, pero estaban acordes en exigir la derogatoria de las medidas de hambre. Sorpresivamente fueron atacados por soldados del regimiento Tarapacá, comandados por el My. Cordero.
Algunos campesinos que portaban fusiles Mauser intentaron defenderse, pero fueron reducidos a metralla. Quince fueron abatidos, veinte resultaron desaparecidos. Se presume que fueron arrojados a los barrancos o al río por la “acción de limpieza” de los militares.
El miércoles 30, campesinos del valle alto, Sacaba, Melga y Aguirre se sumaron a las protestas contra la dictadura que a su vez declaró “zona militar”. En Sacaba, la limpieza étnica dejó más de cuarenta bajas entre muertos y heridos. En Melga y Aguirre, los muertos fueron entregados a sus familiares para su sepultura.
Después de la “Masacre del Valle”, Bánzer reunió un grupo del “Pacto militar-campesino” y en el palacio de gobierno les dijo: “A ustedes hermanos campesinos voy a darles una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responzabilizo, PUEDEN MATARLO. Sino me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente. Yo les daré una recompensa”. (2)
Corriendo riesgo, el periódico “Presencia”, fue el único en publicar el mensaje de este caudillo bárbaro, que no retrocedió en la vigencia de sus decretos elevando el precio de los alimentos, y por el contrario, en la cervecería paceña durante un encuentro con los obreros dijo que estimaba a los hombres trabajadores que no “lloraban por un pan”.
El jefe falangista Mario Gutiérrez respaldaba a su líder indicando que no se debía hacer tanto ruido porque el dólar hubiera subido unos cuantos pesos. A su vez el Ministro del Interior Cnl. Walter Castro Avendaño, amenazó: “Ya no se tolerarán más huelgas ni paros de trabajo, ni por medidas de devaluación ni por elevación de los precios de artículos de primera necesidad”.
Poco después, el 9 de noviembre de 1974, la dictadura aprobó el decreto del Servicio Civil Obligatorio. Se puso fuera de la ley a todos los sindicatos y en su lugar se impusieron interventores con el denominativo de “Coordinadores”. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, fueron perseguidos. El país entero, se convirtió en un gigantesco CAMPO DE CONCENTRACIÓN. Esto es algo que ocurrió hace 39 años y que los bolivianos tenemos la obligación de velar para que no ocurra nuevamente.
IMPONEN PRIMERA SENTENCIA POR LINCHAMIENTO EN BOLIVIA
La Tercera de Chile (www.latercera.com.cl)
Una juez boliviana impuso hoy la primera sentencia por linchamiento a los asesinos del alcalde de la población andina de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, quien fue secuestrado, torturado y quemado en junio de 2004.
La jueza Nancy Bustillos informó a los medios que ocho de los 25 imputados por la muerte del alcalde fueron condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto por los delitos de "asesinato, secuestro, vejámenes y tortura", sentencia que deberán cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.
Seis imputados más fueron condenados a entre dos y 20 años de cárcel, otros cuatro fueron absueltos del caso y siete acusados se encuentran prófugos, informó Bustillos.
El fiscal Milton Mendoza, que estuvo a cargo del caso cuando comenzaron las investigaciones, dijo a Efe que se trata del primer linchamiento donde se dicta una sentencia judicial.
Mendoza destacó que el fallo demuestra que "es difícil pero no es imposible" investigar este tipo de hechos en los cuales participa casi toda una comunidad y se genera "una suerte de solidaridad conjunta" para encubrir a los culpables.
"Los campesinos abrieron entonces una hostilidad directa contra el Estado y lo peor fue que autoridades de Gobierno fueron a negociar (...) Pero la sentencia, aunque lenta y retardada, nos da la razón, ahí hubo asesinato", agregó.
En junio de 2004, el cuerpo de Altamirano apareció totalmente calcinado y maniatado en la plaza central de su pueblo, situado a 87 kilómetros de La Paz, al día siguiente de haber sido secuestrado por desconocidos en esa ciudad.
Los pobladores de Ayo Ayo justificaron entonces el linchamiento en la presunta corrupción del alcalde y aseguraron haber aplicado la llamada "justicia indígena comunitaria", que ha sido reconocida en la Constitución promovida por el Gobierno de Evo Morales y vigente en el país desde febrero de 2009.
El Ejecutivo y las organizaciones indígenas han asegurado que los linchamientos no son parte de la "justicia comunitaria", que ha vuelto a ser cuestionada este año tras el asesinato en mayo pasado de cuatro policías a manos de indígenas de la región andina de Potosí (suroeste).
Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas potosinos torturaron y lincharon a los agentes tras acusarlos de cometer delitos en esa región, donde se presume que hay actividades del narcotráfico y contrabando de vehículos desde Chile.
La Organización de las Naciones Unidas expresó en junio pasado su preocupación por el "progresivo aumento" de los linchamientos en Bolivia, que suman al menos 30 desde 2009, sin contar otros 77 intentos frustrados.
Educación y formación como instrumentos de liberación
"HOY LA PATRIA NO SE HACE CON FUSILES SINO CON UNIVERSIDADES"
El presidente de la República, José Mujica, instó a manejar la globalización a través de la educación y la formación, porque a su juicio hoy la patria "no se hace con fusiles, sino con universidades, investigación y trabajo".
República de Uruguay (www.larepublica.com.uy)
Mujica y su comitiva retornaron ayer de Asunción del Paraguay luego de una visita oficial de poco menos de 48 horas en la cual se reimpulsó la alianza "Urupabol" que integran Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Entre los proyectos incluidos en el acuerdo entre los mandatarios José Mujica, Fernando Lugo y Evo Morales se destacan: mejorar las vías navegables (hidrovía Paraguay-Paraná), instalar en puerto de aguas profundas en Uruguay que le permita a Paraguay y Bolivia obtener una salida al mar, el ingreso al Uruguay del gas boliviano (profundizar los estudios de factibilidad para construir el Gasoducto del Sur), la posibilidad de adquirir energía eléctrica a Paraguay, y armonizar la cooperación de la ciencia y la tecnología.
En setiembre se reunirán en Montevideo los negociadores de los tres países para avanzar en los temas acordados, y en noviembre volverán a encontrarse los mandatarios.
En tanto ayer, Mujica colocó una ofrenda en el Panteón Nacional de los Héroes en homenaje a los padres de la patria paraguaya. Recibió la Orden Nacional al Mérito, grado collar del mariscal Francisco Solano López en reconocimiento a su labor y trayectoria. Asimismo se reunió con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, visitó el Congreso Nacional de Paraguay y asistió, junto con Lugo, a una fiesta por el Día del Niño, que se conmemoró en la Escuela Solar de Artigas de Asunción.
Mujica hizo uso de la palabra tanto en el Congreso paraguayo como luego de recibir la condecoración en la sede de la Presidencia paraguaya. En ambas alocuciones se refirió a la necesidad de los países latinoamericanos de poder manejar la globalización a través del conocimiento, y remarcó que hoy la patria se hace con universidades. A la vez que pidió disculpas al pueblo paraguayo por la participación de Uruguay en la Triple Alianza.
Mujica expresó su convencimiento sobre la inexistencia del "paraíso prometido de llegar a una sociedad perfecta".
El mandatario considera posible que en una América Latina "tan rica en recursos naturales la globalización nos maneje". De todas maneras exhortó a tener la suficiente inteligencia como para tratar de dominar a la globalización.
"Estamos en la alborada de la civilización de la inteligencia digital que sacudirá todos los cimientos institucionales que hemos conocido, no sabemos la forma de gobernarse que las nuevas generaciones van a crear. No tengo duda que se termina la era de la espada y los cañones. Nuestra verdadera dominación se llama el conocimiento, la posesión del conocimiento, ninguna propiedad es más importante que la del conocimiento", remarcó el mandatario ante los legisladores paraguayos. "Ninguna causa es más importante que la calificación de la capacidad promedio de las manos y los cerebros de los latinoamericanos, nadie nos va a regalar la prosperidad y tampoco la prosperidad nos la van a dar a créditos, saldrá de nuestras manos y cerebros o no saldrá", puntualizó. Llamó a los paraguayos "compatriotas de la patria grande", y admitió que los uruguayos tenemos un sentimiento de deuda con el pueblo del Paraguay haciendo referencia explícita a la Guerra de la Triple Alianza (1865). Reconoció que esas páginas "doloridas de la historia no se pueden pagar por la barbaridad que encierran", y aclaró que no se deben olvidar, ni disimular.
Condecoración
Posteriormente en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, el presidente Mujica recibió la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, grado Collar Mariscal Francisco Solano López, por parte del Presidente paraguayo Fernando Lugo. En la oportunidad, Lugo recordó que en 1820 José Artigas solicitó asilo político solidario en Paraguay, donde vivió durante 30 años, y murió dejando una descendencia ideológica que hoy simboliza la continuación de la lucha por la reivindicación de la soberanía y la libertad de los pueblos "Y usted, como hombre de lucha se merece, sin duda alguna, este reconocimiento". Reiteró el concepto de que "ninguna batalla es más importante que calificar a nuestro pueblo, y al cerebro de nuestros muchachos".
"Seremos libres por encima de los fusiles si somos capaces de lograr que los latinoamericanos entiendan que en le lenguaje de la ciencia está esta el verdadero contenido de la liberación. No le echemos la culpa al mundo por nuestras debilidades asumamos el compromiso", señaló
En ese marco agregó: "Hoy la patria no se hace con fusiles. Se hace con universidades e investigación con trabajo sistemático y metódico y nadie nos va a reglar la prosperidad Quedaremos sometidos si somos ignorantes".
ACUERDOS
Los presidentes José Mujica y Fernando Lugo firmaron un acuerdo de cooperación para la atención de comunidades nacionales en el extranjero a través de las cancillerías.
Dicho acuerdo tiene como cometido mejorar la atención consular tanto de los ciudadanos uruguayos como paraguayos que debieron emigrar de sus respectivos países.
El canciller Luis Almagro y el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Jorge Lara, firmaron el convenio que busca establecer vehículos de cooperación para brindar apoyo conjunto y coordinado en la atención a las comunidades que tuvieron que radicarse en el exterior.
Se apuesta a establecer Ågacciones efectivas y políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los compatriotas, en la atención y asistencia consular a las comunidades de ambos estados en el extranjeroÅh.
En el documento final suscrito por ambos mandatarios se expresa la congratulación del gobierno paraguayo con Ågel desarrollo y la madurez del sistema democrático uruguayoÅh, y la valoración del Uruguay de los avances alcanzados por el proceso político democrático paraguayo.
Remarcaron la importancia del avance y el fortalecimiento de los procesos de integración regional con equidad y seriedad.
Acordaron una nueva dinámica de relacionamiento bilateral incorporando en los asuntos tradicionales elementos del área energética, cultural, salud y educación.
BRASIL ENTRA EN LA ETAPA DECISIVA DE CARA AL 3 DE OCTUBRE
LULA PIDE POR DILMA EN LA TV
Hoy comienza la publicidad televisiva para los comicios brasileños marcando el verdadero inicio de la disputa entre la favorita y delfín del presidente, Dilma Rousseff, y su rival, José Serra, quien intentará pasar a segunda vuelta.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Hoy tiene inicio, en Brasil, el horario de propaganda electoral por radio y televisión. Eso significa que dos veces al día se interrumpe la programación normal y todas las radios y emisoras abiertas de televisión exhiben programas elaborados por las campañas de los candidatos a presidente, gobernador, senador, diputado nacional y diputado provincial. Serán 45 días, sin treguas. Que, también, serán la última –y frágil– esperanza del opositor José Serra de dar vuelta al juego, lograr que su principal adversaria, Dilma Rousseff, no alcance el 50 por ciento de los votos el 3 de octubre, y forzar una nueva y decisiva confrontación en las urnas 28 días después. Hasta marzo de este año, la situación era exactamente la inversa: quien hacía de todo para evitar que las elecciones se decidiesen en la primera vuelta era precisamente la candidata del PT de Lula. Tal era, entonces, la ventaja de Serra sobre Dilma.
El principal fantasma del maltrecho candidato de la oposición surgirá hoy mismo en las pantallas de millones de residencias a lo largo y a lo ancho de Brasil: Lula da Silva, el más popular de los presidentes brasileños del último medio siglo, pidiendo que se vote a Dilma Rousseff. Para hacerle contrapeso, la única arma de Serra sería llegar a la televisión con un margen consistente sobre Dilma. No llega. Y la tendencia natural para Dilma es crecer aún más, gracias a la presencia de Lula en sus programas.
No hay nada en ningún horizonte que permita suponer que ocurrirá algún fenómeno poderoso para transformar radicalmente ese escenario. La aprobación del gobierno sigue por las nubes, la popularidad de Lula no tiene antecedentes y su candidata no cesa de crecer en los sondeos. Ayer mismo, un día antes del estreno de la propaganda electoral por radio y televisión, se rumoreaba que nuevos sondeos indicarían que la ventaja de Dilma Rousseff sobre Serra pasó de ocho puntos (en promedio) a trece o catorce. Al mismo tiempo, crecen los indicios de que se instaló, del lado de la oposición, una especie de sálvese quien pueda, con los candidatos a los gobiernos provinciales haciendo de todo, o casi todo, para ocultar el nombre de su aliado en la disputa por la sucesión de Lula. De Serra poco se habla. Es como si no fuese candidato.
Queda por saber, entonces, cuáles han sido las causas de semejante desastre. Analistas y sociólogos dicen que el escenario sería, desde siempre, ingrato para cualquier candidato de oposición: con el consumo popular acelerado, la creación de puestos de trabajo avanzando a niveles inéditos, la economía estabilizada y una amplia gama de programas sociales con elevada aprobación, el gobierno saldría al ruedo con buenas posibilidades de elegir su sucesor. Lo que le faltaba al PT, partido del presidente, era un candidato claramente competitivo. La principal misión y el principal desafío de Lula pasó a ser transformar a una técnica que jamás disputó ningún cargo electivo en una candidata viable. Y todo indica que lo logró, con creces.
Ya José Serra –quien fue secretario provincial, diputado, senador, dos veces ministro, alcalde de la mayor ciudad y luego gobernador de la principal provincia brasileña– disputó varias elecciones, inclusive una a la presidencia (en 2002, cuando fue derrotado por Lula en la segunda vuelta), tiene amplia experiencia administrativa y es un nombre nacionalmente conocido. Además, luego de ocho años en el poder, contaba con que el PT de Lula hubiese sufrido un desgaste natural, abriéndole espacio a un candidato oposicionista con una propuesta alternativa concreta.
La verdad es que nada de eso ocurrió. La confusa propuesta de continuismo sin continuidad, eje inicial del discurso de Serra (“no soy oposición, soy el futuro”, alcanzó a decir en los prolegómenos de su campaña), se hizo trizas. La apuesta siguiente, y que persistirá en la propaganda por radio y televisión, es la de comparar currículos, diciendo que él está más capacitado que Dilma para mejorar políticas actuales e implementar nuevos avances. Es muy probable que tampoco funcione.
En las últimas semanas Serra fortaleció sus críticas a varias de las políticas del gobierno de Lula, aunque evitando criticar directamente al presidente. Disparó contra la política económica, contra la falta de incentivos a la industria, contra la política externa regional (acusó al gobierno de malgastar recursos haciendo filantropía junto a vecinos como Paraguay, Bolivia y Uruguay) y global (críticas a las buenas relaciones de Lula con los gobiernos de Cuba, Venezuela e Irán), pero sin proponer alternativas concretas. Es decir, elevó el tono de sus palabras pero sin agregarles contenido alguno.
Cuando se piensa que el próximo presidente brasileño tendrá, entre otros desafíos, el de conducir el país al puesto de quinta economía mundial, se constatan varias divergencias. Mientras Dilma Rousseff defiende que serán prioridades erradicar la miseria e intensificar la movilidad social, agregando cada vez más parcelas de la población al mercado de consumo, Serra prefiere cuestionar la capacidad de planificación del actual gobierno y defender el potencial de inversiones que provienen de la iniciativa privada. Dilma dice que el Estado debe actuar como organizador de políticas de desarrollo tecnológico, planificar acciones concentradas en estructura urbana, ampliar la protección social a niños y jóvenes. Serra defiende que se estimule la creación de cursos técnicos para desempleados, se cambie la política de comercio exterior, se abran concesiones de carreteras y aeropuertos al sector privado.
Esa distancia entre propuestas gana, a partir de hoy, un elemento nuevo: será Lula en la pantalla, mirando al espectador y pidiendo su voto para Dilma Rousseff. Y contra esa especie de arma, José Serra no cuenta con escudo alguno.
CUADERNOS DEL PENSAMIENTO CRITICO LATINOAMERICANO
Las democracias malas de Centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
CON DEMOCRACIA, ¿SE ACENTUAN LOS PROBLEMAS?
El cristal con que se miran las democracias centroamericanas en este 2010 es como un calidoscopio, muchos colores con imágenes que cambian según se vaya moviendo el artilugio. Para unos, muy pocos, aparece el verde, que es como la epifanía de la esperanza democrática, pues recuerdan que en estos países la república despótica estuvo desde sus orígenes. ¿Cómo van a olvidarse de que en Nicaragua el “orden” lo organizó una dictadura dinástica, plebeya pero con aires sultanescos? En ese país, los Somoza retuvieron el poder durante 42 años (1937-1979). En El Salvador, durante casi medio siglo (1932-1981) los militares cuidaron ininterrumpidamente que la distribución de la riqueza asegurara el bienestar de unas 14 familias. La democracia, por mala que sea, se argumenta, es mejor que esas dictaduras militares, o que la dictadura de Guatemala, que en 14 meses asesinó entre 80.000 y 100.000 civiles indígenas.
No hay ninguna razón para que la memoria se debilite y olvide esa historia que no debe repetirse. Sin embargo, la mayoría ciudadana ve que el color del cristal es de tonos oscuros, grises. ¿Hay pesimismo? El propósito de estas notas es responder esa pregunta y examinar cómo estas democracias malas, como la de Honduras, lo son porque defraudan las esperanzas o llenan de incertidumbre a la gente. Y examinar en Honduras el ejemplo desordenador, con causas y efectos locales e internacionales, que ha demostrado cuán irreversible es la democracia. En 2010 ya no basta con argumentar, con la complacencia de hace algunos años, que nunca en Centroamérica se había vivido, en toda ella y de manera continua, un período de más de 25 años de democracia. Ello significó que más de 28 millones de personas nacieran en un clima político diferente al del pasado, donde organizarse, enfrentar a la policía o practicar la oposición política ya no implicaba riesgos mortales. Más de 30 millones de ciudadanos han votado en una treintena de elecciones presidenciales nunca impugnadas por fraude.
Pero el culto a las formas de la democracia política, el ceremonial electoral, se va convirtiendo en una rutina que se desacredita a medida que se ejerce, entre los millones de ciudadanos que habitan el sótano del edificio, desinformados y sin interés por lo público, ahogados en una carencia de los bienes que otorgan un mínimo de dignidad a la vida, enfermos, analfabetos, sin trabajo ni protección objetiva por parte del Estado. Algunos síntomas dispersos de desinterés por lo político, que por supuesto no son solo los que recogen las encuestas, apuntan a una manifiesta desmoralización de importantes sectores que antes creyeron que con la democracia política se empezarían a resolver sus graves problemas de supervivencia. Desde 1998, y durante casi un decenio, ha habido crecimiento, pero ha aumentado la desigualdad y, con ella, el mundo de la informalidad, de las exclusiones sociales, de la concentración del ingreso y del poder.
La democracia mala no puede entenderse sin aludir al Estado que la cobija. Hoy Estado y democracia deben asumirse como una unidad funcional y conceptual, tema al que no habremos de referirnos aquí. Como lo prueban especialmente los casos de Guatemala, Nicaragua y Honduras, se ha ido formando un Estado débil (sin recursos, ineficaz, colonizado por intereses corporativos, corrupto y con baja legitimidad), junto a una enorme población en situación de pobreza y afectada por desigualdades múltiples, de las cuales la más estudiada —y no necesariamente la más visible— es la desigualdad económica. La derivación de estos datos estructurales es que, bajo esas condiciones, el Estado no puede ser plenamente democrático, o la democracia se vuelve frágil y da paso a situaciones de inestabilidad que se manifiestan en conflicto de poderes (especialmente entre el Parlamento y el Ejecutivo), prácticas autoritarias con violaciones a los derechos humanos, nostalgias por el pasado militar y esperanzas, cuando se le encargan al Ejército tareas de seguridad frente al desborde criminal o la batalla contra el narconegocio.
Al parecer, la democracia mala se origina como resultado de factores estructurales como los que se mencionan en el párrafo anterior. No es el destino, al margen de la subjetividad política, y son los hombres los que se mueven según su libertad, en cuyo ámbito los intereses se transmutan en pasiones. Por ejemplo, las serias amenazas a la participación política de la oposición y los pactos antidemocráticos que propicia hoy el sandinismo en Nicaragua mantienen a la sociedad en una tensión destructiva permanente; la creciente presencia de poderosos actores criminales y el llamado “Estado-paralelo” en Guatemala vuelven parcial e inoperante la acción del Estado, sin resultados en la vida democrática; la intolerancia conservadora de la elite dirigente hondureña que condujo al golpe de Estado muestra no solo el total irrespeto de los recursos legales, democráticos, sino también la prevalencia de grupos de interés privados en la vida pública. Todas estas situaciones críticas ocurren en sociedades empobrecidas, que son también las más desiguales de América latina.
Desde que se implantó la democracia en Centroamérica, a comienzos de los ’80, han aumentado la pobreza absoluta y las desigualdades relativas (ver cuadro), lo cual sugiere la paradoja de una cierta correspondencia negativa entre las desigualdades políticas y las económicas: ¿a más democracia, más pobreza? No hemos investigado suficientemente la relación entre tales desigualdades que agobian a una ciudadanía confundida. ¿Cuál es el límite? Es difícil precisar cuánta democracia soportan las desigualdades o cómo la democracia convive con la pobreza. Pero sí sabemos que las amenazas no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada concentración de la riqueza. De hecho, en muchos otros países la desigualdad acompaña la vida política, y su persistencia es objeto no solo de estrategias públicas para disminuirla sino de interés teórico para entender tanto sus orígenes como su trayectoria y sus efectos.
El Estado fuerte es democrático y, por definición, pro-igualitario y pro-mayoría; con ello, asume una tendencia a ser prodistributivo, pro-justicia social. El combate contra la pobreza puede contar entonces con victorias relativas, aunque la injusta distribución del ingreso parezca irreversible. Un Estado débil puede ser resultado de una doble causa: o no existe una ciudadanía extensa y participativa o el Estado reprime la vida democrática e inhibe ese tipo de ciudadano. Esta doble vía está presente en la Centroamérica de hoy: la pobreza produce ciudadanos mal informados y con bajo interés político, que son portadores de una visión “alimenticia” de la democracia, dispuestos a aceptar el mandato autoritario. Y esta clase de ciudadanía fomenta un poder clientelista, patrimonial y personalista, con tendencias al populismo, al abuso de los derechos humanos y todos los males propios del atraso.
En toda Centroamérica se registran los efectos de las desigualdades sociales que en los últimos años han producido estas democracias malas: la ideología neoliberal a la que desde los ’80 adhirieron las elites conservadoras en el poder fomentó aún más la concentración de la riqueza social. Esto condujo a la concentración de los recursos de poder (prensa, partidos políticos, grupos de presión empresarial, control de políticas públicas, manejo de sicarios), a la polarización ideológica, a ganar créditos con una cultura política que privilegia el uso de la violencia, el temor al diálogo, la victoria del más fuerte. Y está probado que una ciudadanía desorganizada, junto con una alta concentración de la riqueza y el poder, vuelve el sistema fácilmente corrupto: una asimetría donde no es posible el control, la accountability, que estimula el saqueo y la ilegalidad.
Como se menciona más adelante, las desigualdades (sociopolíticas, culturales, étnicas, de lugar, género, edad…), tal como hoy ocurren en estas sociedades, refuerzan los síntomas negativos de las democracias malas: mercado libre para el narconegocio, desbordes criminales imparables, impunidad y Poder Judicial impotente, bienes públicos escasos y de difícil acceso, infinitas formas de ilegalidad; es decir, una erosión del Estado de derecho o dificultades para su constitución. Finalmente, también se producen efectos en el nivel macro: en una matriz con desigual reparto de la riqueza social hay dificultades para atraer la inversión extranjera, surgen obstáculos al crecimiento y la misma economía genera regresividad social y estimula las tendencias negativas en la obligación tributaria. En resumen, las desigualdades afectan no solo a los ciudadanos pobres sino a las sociedades mismas.
POBREZA Y DESIGUALDAD EN CENTROAMERICA, 1990-2008
c. 1990 c. 1995 c.2000 c. 2005 c. 2008
POBREZA (en porcentaje de la población)
Guatemala 69,4 61,1 54,8
El Salvador 54,2 49,8 47,5
Honduras 80,8 77,9 79,7 71,5 68,9
Nicaragua 73,6 69,9 69,3 61,9
Costa Rica 26,3 23,1 20,3 21,1 16,4
Panamá 36,9 31 27,7
POBREZA EXTREMA (en porcentaje de la población)
Guatemala 42 31,6 29,1
El Salvador 21,7 21,9 19
Honduras 60,9 53,9 56,8 49,3 45,6
Nicaragua 48,4 44,6 42,4 31,9
Costa Rica 9,9 8 7,8 7 5,5
Panamá 18,6 14,1 13,5
DESIGUALDAD (coeficiente de Gini de los ingresos familiares)
Guatemala 0,582 0,56 0,542 0,585
El Salvador 0,507 0,525 0,493
Honduras 0,615 0,56 0,564 0,605 0,58
Nicaragua 0,582 0,579 0,532
Costa Rica 0,438 0,461 0,473 0,47 0,473
Panamá 0,567 0,529 0,524
Fuente: elaboración del autor con datos de Cepal, INE y PNUD Guatemala.
LAS TRANSICIONES DEMOCRATICAS
En Centroamérica, el arribo a la democracia electoral no fue, salvo en el caso de Costa Rica, la “restauración” de una tradición interrumpida, sino una problemática “instauración” que ocurrió como un desafío a la teoría política: en efecto, cuando todas las condiciones socioeconómicas y políticas locales parecían contrarias a lo que prescriben las ciencias sociales, la democracia fue instaurada. La democratización ocurrió en medio de una sangrienta guerra civil en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, en momentos en que la crisis de la deuda producía daños que después fueron equivalentes a dos décadas perdidas. En el remolino de la crisis se realizaron convocatorias a asambleas constituyentes para promulgar constituciones razonables, innovadoras. No fueron democracias surgidas “desde abajo”, efectos del reclamo de fuerzas populares movilizadas desde la oposición, sino decisiones de una cúpula reaccionaria y en crisis. La democracia no fue resultado de la derrota de los militares ni de la victoria de la guerrilla. Fue un arreglo contrainsurgente, sugerido por iniciativa de Estados Unidos, cuya política exterior explica desde hace un siglo y en un alto grado las circunstancias de la guerra y de la paz, de las dictaduras o la democracia en la región.
En Centroamérica, lo autoritario se define también por la concurrencia sobresaliente de dos rasgos perversos: la violencia extrema como recurso primario y la criminalización de toda expresión de oposición política; una cultura que premia la arbitrariedad y la intolerancia. Por ello, la democratización no fue una transición, sino el resultado de pactos acordados entre fracciones de la elite militar, empresarial y política guiadas por las iniciativas de “La Embajada”.
Líneas arriba se señaló la paradoja centroamericana, que contradice lo ocurrido en otras regiones del mundo: aquí primero llegó la democracia (1980 en Honduras, 1982 en El Salvador, 1985 en Guatemala) y luego se firmó la paz (1990 en El Salvador, 1996 en Guatemala). En Nicaragua la lógica fue otra: la presión externa forzó la conversión del proyecto de democracia directa que quería el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en otro, de democracia electoral. Entre 1984, fecha de las primeras elecciones libres, que ganó el Frente, y 1990, cuando se realizaron las segundas, que perdió, Nicaragua vivió las tensiones propias del cambio de una democracia participativa a una representativa; o, en el lenguaje del marxismo vulgar, de la democracia real a la democracia formal.
Las “transiciones” tienen otro ritmo: una vez implantadas las instituciones democráticas por decisión de actores no democráticos, lo que se espera es la estabilidad, el respaldo ciudadano, la rutina cívica. Por ello, en Centroamérica la herencia autoritaria condiciona el carácter de la estabilidad que se pone a prueba, que solo será positiva si fuerzas portadoras de distintos intereses e ideologías se alternan en la dirección del Estado. Es decir, cuando los intereses díscolos del disenso alcanzan el valor del pluralismo democrático y los conflictos sociales, y no el consenso, definen el carácter de la integración y la plena legalidad de la vida política. ¿Cómo calificar, por ejemplo, la experiencia de Guatemala? En este país, desde 1985 hasta 2009, solo ganan y pierden los partidos de la derecha: la competencia ocurre solo entre actores con los mismos intereses electorales. El pluralismo es monocolor y no hay ninguna posibilidad de que la izquierda pueda acceder al poder. Existen razones fundadas para creer que esta democracia conservadora no resistiría una victoria de las fuerzas ex guerrilleras, ahora reducidas a un 3% electoral.
En este contexto, una prueba de estabilidad institucional fue la de El Salvador, donde la polarización de la guerra se trasladó, sin solución de continuidad, al escenario electoral. En 1995 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se situó como la segunda fuerza electoral y en 2001 alcanzó la mayoría parlamentaria. En marzo de 2009 triunfó en la contienda presidencial luego de que la burguesía de este país, la más poderosa de Centroamérica, aceptara su derrota, y su partido, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), entrara en una crisis de descomposición.
Otra prueba de estabilidad se alcanzó tempranamente en Nicaragua, cuando, en 1990, el FSLN convocó a elecciones generales. Nótese que en ellas no se apostaba propiamente a la victoria de un partido frente a otro; como se señaló más arriba, se jugaba la vida de un proyecto de cambio económico-social. Y así, el programa socialista-sandinista de nueva sociedad fue barrido, en la democracia electoral, por el voto de la oposición. En los dos países se interrumpió lo que había sido una tradición autoritaria: la continuidad de las mismas fuerzas. El argumento es que la calidad de la democracia en construcción se pone realmente a prueba cuando hay un cambio de dirección de proyecto, cuando el timón debe pasar a manos de otros. Luego pues, no es un asunto de tiempo sino de sustancia.
HONDURAS Y LA PRUEBA DE LA DEMOCRACIA CONTINENTAL
En 1982 hubo en Honduras una guerrilla de 20 hombres, los “cinchoneros”, que fueron fácilmente aniquilados, en menos de seis meses. No hubo guerra civil, pero sí una absoluta complicidad con el Ejército norteamericano, con el salvadoreño y el guatemalteco y con los mercenarios antisandinistas, que encontraron en este país refugio y ayuda. Un país con cinco ejércitos, diáfano ejemplo del negocio de la democratización a disgusto, de cómo las Fuerzas Armadas aceptaron la propuesta norteamericana de jugar al antisandinismo y devolver el gobierno a los civiles (en 1980) a cambio de modernizar su armamento, adiestrar a sus tropas y aceptar varias bases militares estadounidenses en su territorio. Todo ello tal vez alimentado por ese sordo rencor que dejó la guerra Honduras-El Salvador, la llamada “guerra inútil”. Hubo momentos, en 1984, en que se estacionaban tantos aviones de guerra en Honduras que el país fue calificado como el mayor portaaviones norteamericano.
La operación de devolver el gobierno a los civiles se basó en la confianza de EEUU en un bipartidismo que data del siglo XIX, la seguridad de que la “competencia” entre los partidos Liberal y Nacional no generaba peligro, por feroz que fueran sus rivalidades. Son fuerzas gemelas, del mismo tronco oligárquico, solo diferenciables por lealtades regionales o comerciales. Una clase poseedora en precario de extensos pastos, donde las vacas eran fuente de poder; ganaderos, cafetaleros y dueños de la pulpería local, que se organizaron en dos fuerzas políticas de indefinidas fronteras programáticas pero que han vivido matándose por ocupar el gobierno. El poder residía en el enclave bananero; todavía en los años ’30, los liberales eran financiados por la United Fruit Co., y los nacionales por la Cuyamel Fruit Co., en lo que William Krehm llamó desde entonces “república bananera”. Lo que hubo fue una lucha por el poder en estado puro, que desde 1980 se convirtió en un acuerdo de elites: el bipartidismo en la alternancia presidencial con reparto de canonjías y cargos. El pacto oligárquico se mantuvo 29 años y garantizó la estabilidad política a costa del inmovilismo social.
Es en el interior de esta matriz donde tiene que interpretarse el golpe de Estado de junio de 2009. La destitución del presidente Manuel Zelaya por el Congreso con el voto de su propio partido (el Liberal) fue solo el punto final de un profundo desencuentro de múltiples rostros. Uno, el que ocurre entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y que se exacerba en el primer semestre de 2009; otro, más profundo pero asaz particular, es el rompimiento del tácito acuerdo bipartidista, histórico, que forma parte de la tradición nacional. Desde su difícil elección en noviembre de 2005, donde Porfirio “Pepe” Lobo casi le gana, el inquieto Mel Zelaya empezó a actuar al margen de su partido, buscando otras formas de apoyo popular. Se ganó así el odio de la burguesía, que lo acusó de “traición a la clase” por su política de acercamiento a laAlianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). A mediados de 2007, Zelaya contrató con Petrocaribe, después de una breve visita a Venezuela, petróleo barato, conjurando así a los demonios de la derecha. De nada valió que esa decisión fuera menos ideológica que una defensa de la economía frente a un barril de gasolina a 150 dólares.
En agosto de 2007, Zelaya invitó a Honduras a Hugo Chávez y Daniel Ortega y cambió su retórica. Se inició un proceso de “golpes” y “contragolpes” políticos en una escena de intensa conflictividad social, de la que Zelaya quiso sacar provecho: un decreto justo pero no negociado de aumento del salario mínimo que enfrentó a la patronal hondureña como nunca antes, intensas huelgas de los profesores de la Universidad Nacional, junto con un aumento del desempleo, la pobreza visible, los terribles índices de violencia e inseguridad, que hacen de Honduras el país más expuesto a los efectos criminales de las pandillas juveniles de la región. La incorporación al ALBA abarató los costos de la gasolina, pero el precio político fue diez veces superior, al incorporar a Chávez y a EE.UU. al conflicto interno.
La confrontación institucional fue más onerosa y puso en una situación precaria la coexistencia del 29 de noviembre y la misma elección de un nuevo gobierno. En enero de 2009, Zelaya intentó ubicar a sus propios magistrados en la nueva Corte Suprema de Justicia, de manera patrimonial. El Congreso nombró a otros, el 25 de enero, según la ley. En marzo ocurrió lo mismo con el fiscal general y adjunto, que el presidente también perdió. Casi de inmediato destapó la caja de Pandora y propuso la llamada “cuarta urna”, con el propósito de consultar al electorado, en el mismo acto de las elecciones generales, la posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial.
La propuesta dividió de inmediato al país y llevó a su límite la confrontación del presidente con los partidos, los poderes Legislativo y Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la prensa, la Iglesia, los gremios patronales, el Ejército. En su soledad política, Mel intentó apoyarse en las organizaciones sociales, escasas y débiles, que no podían ser suficientes para sustituir el respaldo del partido.
En mayo, Zelaya perdió la elección de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, que convocó legalmente a las elecciones de noviembre de 2009; amenazó con cerrar el Congreso e ignoró una orden judicial, formulada a petición del Tribunal Supremo Electoral, que declaraba ilegal la consulta de la “cuarta urna”. Fue entonces cuando, ciego de poder, dijo: “Ni Kalimán puede parar este proceso…”. A mediados de junio, con casi toda la nación en contra, ordenó a las Fuerzas Armadas que organizaran la distribución de la boleta electoral adicional; éstas lo desobedecieron, por lo que el 27 de junio destituyó a su jefe, general Romeo Vásquez. En esa fecha, un tribunal judicial lo procesó, en tanto el Congreso decidió su destitución y ordenó su captura.
Los militares incumplen la orden de arresto y, en un gesto vitando, inaudito, sin duda inducido desde afuera, lo capturan y lo trasladan vergonzosamente a Costa Rica. La remoción ilegal de un mandatario constitucional, generalmente realizada por el Ejército, constituye un golpe de Estado. ¿Fue legal el proceso judicial iniciado por su proyecto de consulta que modificaba artículos “pétreos” de la Constitución? ¿Podía el Congreso destituirlo sin derecho a defenderse? ¿Quién debió ordenar la captura? ¿Puede el Ejército recibir órdenes del Congreso? ¿Por qué incumplió el Ejército las instrucciones recibidas?
Hay que reconocer que las más importantes instituciones del Estado hondureño decidieron la expulsión de Mel del gobierno. Podrían haberlo hecho legalmente, con antejuicio, proceso judicial y sentencia, que quizás habría terminado con la cárcel. Habría sido un juicio político pero formalmente aceptado. La impaciencia no solo fue de los funcionarios sino de los empresarios, que no adujeron razones legales sino motivos ideológicos. Este es uno de los efectos del fenómeno Chávez: basta su mención, y no su proyecto, para concitar el rechazo inmediato, a la manera del anticomunismo de hace ya muchos años. En las últimas dos décadas, se ha ido concentrando en Honduras el poder de una elite comercial/industrial a la que pertenecen los Canahuati Larach, los Flores Facussé, los Andonie Fernández, los Ferrari, los Kafie, los Nasser, los Rosenthal y los Goldstein, casi todos de origen árabe-palestino y de confesión cristiana, excepto los dos últimos, judíos, todos de derecha militante. Muchos de ellos afiliados a los partidos tradicionales. Las razones fueron los eventuales efectos de la “cuarta urna”, consulta previa para una consulta de reforma constitucional: de haberse aprobado ambas iniciativas, Zelaya sólo habría podido ser presidente ¡hasta 2014!
EL GOLPE EN LA ORBITA INTERNACIONAL
La crisis hondureña fue una en el país y otra afuera, y fue leída de distintas maneras, que variaron con el tiempo. Internamente, fue un ansiado golpe empresarial que terminaron dando los militares. En una visión democrática, externa, fue una ruptura del orden constitucional inaceptable. Una primera reacción, tomando al pie de la letra lo que ocurrió en Honduras y que la información internacional simplificó, interpretó la destitución del presidente constitucional como un hecho grotesco, torpe, al ser capturado en su casa, a las seis de la mañana, en pijama, por un destacamento armado y llevado violentamente fuera del país. Cualesquiera que hubiesen sido los antecedentes, lo que la acción militar configuró o completó fue vergonzosamente un golpe de Estado.
En América latina ha habido por lo menos una docena de hondas crisis políticas desestabilizadoras, de variado cariz, por lo general nacidas de conflictos de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, que impidieron que los presidentes terminaran su período legal. Fueron reyertas entre civiles que, en última instancia, respetaron la Constitución, revueltas dentro de la institucionalidad, como ocurrió en Bolivia antes de Evo Morales, en Argentina antes de Néstor Kirchner, en Ecuador antes de Rafael Correa y en Guatemala, Haití, Paraguay. No ha habido golpes parecidos al hondureño, pues Alberto Fujimori disolvió las dos cámaras del Congreso peruano en 1992 y convocó de inmediato a elecciones; en Guatemala, Jorge Serrano Elías hizo lo mismo en 1993, pero la reacción de la sociedad civil organizada, los partidos políticos y una parte del Ejército se lo impidió y debió renunciar; en Haití, el general Raoul Cedras expulsó al presidente Jean-Bertrand Aristide, que volvió por presión de la Organización de las NacionesUnidas (ONU) y de EEUU y luego renunció; en Ecuador, tres presidentes debieron renunciar debido a fuertes manifestaciones populares con presencia indígena. Lo más parecido a Honduras ocurrió en Venezuela, en abril de 2002, cuando el presidente Chávez fue tomado prisionero… y devuelto al poder 48 horas después.
Lo ocurrido en Honduras puso a prueba, en primer lugar, la credibilidad de la Carta Democrática Interamericana y la sensibilidad de la Organización de Estados Americanos (OEA). El rechazo fue unánime: un cuarto de siglo sin que los militares arrojen a un presidente civil habla bien del cambio ocurrido y de un ambiente internacional que condena y castiga acciones tan profundamente antidemocráticas. En la OEA se movieron, primero, EEUU y paralelamente la mayor parte de países latinoamericanos, que tenían diversas razones para la condena y que, con diferente énfasis, exigieron la restitución de Zelaya. La posición de los países del ALBA fue condenar la complicidad oculta del imperialismo yanqui y pedir la intervención inmediata. Otros países, como Costa Rica, Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil, también rompieron relaciones por el pésimo ejemplo que daban los militares hondureños y hablaron del “regreso no negociado”. La iniciativa de EE.UU. fue seguida por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, cuya propuesta satisfacía la formalidad de la condena y proponía un “acuerdo” entre las partes en conflicto, pero restableciendo a Zelaya en el cargo.
Y es en este punto donde la crisis hondureña plantea varios interrogantes fundamentales. No es tanto el mal ejemplo político de un país minúsculo, con una débil tradición democrática y un enorme atraso social, sino el arduo problema de cómo restituir la democracia para que permanezca como una lección aprendida. Es decir, la efectividad de las sanciones que desde el exterior se formulan y cómo puede ella salvar no tanto a la OEA como a su Carta Democrática.
A la condena continental siguió el reclamo casi unánime de la restitución del presidente expulsado. Pero volver al statu quo ante era una exigencia desmesurada, una estrategia que solo valoró la fuerza de los principios desconociendo la razón de lo real, exigiendo una rectificación de los golpistas, la autocondena de los vencedores. Fue la solución de Venezuela que, como los milagros, solo puede ocurrir una vez en mucho tiempo. No se produjo la restitución de Zelaya, a pesar de una enorme presión, por varias razones, todas igualmente poderosas. Primero, porque no se entendió que no era Micheletti el único culpable sino casi el conjunto de la sociedad hondureña. Ha sucedido en algunos países africanos, donde los militares juegan a la ilegalidad en distintos niveles pero dependen totalmente de la ayuda exterior para sobrevivir. En el caso hondureño, líneas arriba se habló de la historia de la crisis, de cómo las fuerzas sociales y políticas más influyentes, las que constituyen el corpus nacional y la opinión pública, estaban ferozmente enfrentadas a Zelaya.
La segunda razón por la cual era imposible retornar a la situación previa al golpe tampoco se apreció lo suficiente. Lo ocurrido en Honduras abrió la oportunidad para que la derecha, activa de nuevo en todos los países, tomara partido y profundizara la polarización ideológica. Son espacios de reacomodo neoliberal, definiciones polares conservadoras. En EE.UU., la extrema derecha republicana reorganizada, con ocasión de Obama, utilizó lo de Honduras para algo inaudito: una política exterior paralela. Así, tres senadores reaccionarios, que un mes atrás no sabían dónde quedaba este país de nombre tan extraño, viajaron a Tegucigalpa encabezados por Jim DeMint, de Carolina del Norte, y se entrevistaron con Micheletti. Tres torvos personajes de la época de Bush –Otto Reich, Roger Noriega y Daniel W. Fisk– alentaron públicamente a los golpistas. En un lúcido análisis, Jeffrey Sachs reconoció que “las divisiones ideológicas del país se están volviendo cada vez más profundas”. En Guatemala, Colombia y Perú hubo abiertas felicitaciones para los militares hondureños. En suma, lo ocurrido sirvió para que las fuerzas de derecha aparecieran agresivamente. La tercera razón es más compleja. Sin actuar conjuntamente, las raquíticas fuerzas de izquierda y los partidarios de Mel se movilizaron ruidosamente y se agruparon en el llamado Frente Nacional de Resistencia, que por momentos pareció ser una fuerza realmente desestabilizadora, crecientemente importante. Fueron reprimidos al precio de diez muertos y numerosos heridos, además de detenidos. Obviamente, el régimen golpista no era democrático, pero la lucha popular, heroica como es siempre, hizo soñar a la izquierda latinoamericana con la idea de que en Honduras se estaba forjando una opción revolucionaria. Su lucha por la democracia no pedía la restitución de Zelaya, sino la derrota de Micheletti y los golpistas. A mediados de septiembre, cuando el ex presidente volvió en lo que pareció ser un “enroque maestro” de Chávez y una audaz iniciativa de Luiz Inácio Lula da Silva, el movimiento popular llegó a su clímax. Después, el propio Zelaya se encargó de retirar a sus seguidores, liberales disidentes, y dejar en el abandono a los sectores populares de izquierda, inorgánicos. Así, la presión interna se desmoronó.
La Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron el cese de la asistencia financiera, y EEUU cortó la ayuda social, retiró la visa de ingreso a varios funcionarios del nuevo gobierno y hasta deportó a la hija de Micheletti… pero no interrumpió la asistencia militar. Cuba se alejó de Chávez, guardó silencio y dejó en Honduras a sus médicos rurales. Los países con gobiernos progresistas, como Chile, Ecuador y Uruguay, fueron enfriando su apoyo a Zelaya. Suponemos que, a medida que transcurría el tiempo, se hacía cada vez más difícil respaldar a un personaje como Mel, que resultó ser contradictorio y de escaso talento político, que no fue capaz de articular alguna propuesta política positiva, creadora, para superar la crisis y que sólo jugó a volver.
Fue importante pero arriesgada la posición de Brasil, independiente y distinta de la de EE.UU. Encabezó la protesta latinoamericana en la OEA y fuera de ella. El 21 de septiembre le abrió las puertas de su embajada en Tegucigalpa a Zelaya, en un gesto que hubiera sido ganador de haberse multiplicado la presencia de las masas populares en torno del ex presidente. Nunca fueron tan débiles Micheletti y las fuerzas golpistas como en aquellos momentos, sobre todo cuando Brasil exigió respeto a la territorialidad de su embajada Pero el problema surgió con el tiempo en contra y la fecha de las elecciones acercándose. EE.UU. aceptó las elecciones como solución y Brasil las rechazó. La brecha estaba abierta y la fecha llegó. Sin buscarlo, Lula se aproximó a Chávez. El desconcierto latinoamericano no podía ser mayor.
Y de la “restitución no negociada” se pasó a la fórmula más realista de negociar… o de esperar las elecciones; el realismo asomó, con el tiempo a favor de Micheletti. Probablemente el régimen golpista habría aceptado, no exactamente el retorno inmediato de Zelaya pero sí, como empezó a aceptar el gobierno estadounidense, alguna fórmula intermedia, como aparentemente se logró con el llamado Diálogo Guaymuras (complemento del Plan Arias), que dejaba en manos del Congreso el retorno del ex presidente después de las elecciones del 29 de noviembre. ¿Podía el Congreso que lo destituyó hacer tan dolorosa rectificación? ¿A título de qué dejar en sus manos el destino de la democracia? El Congreso solo se reunió después de las elecciones para decidir y, como se esperaba, ratificó la defenestración de Zelaya. Se realizaron las elecciones el 27 de noviembre que, de manera objetiva, inevitable, ganó el candidato del Partido Nacional.
Y la vida misma, con el vigor de lo que ocurre porque está en la lógica de las cosas, planteó el problema de la legalidad de las elecciones presidenciales a la sombra de un gobierno ilegal, condenado. Sin duda, en la historia de todos los países latinoamericanos esto ha ocurrido muchas veces: convocatorias electorales realizadas por regímenes de facto y cuya realización legitima al elegido. En el caso hondureño, la convocatoria se hizo durante el mandato de Zelaya: desde mayo de 2009 todas las encuestas daban a Porfirio Lobo una mayoría apreciable, que el evento de diciembre ratificó ampliamente.
La izquierda política hondureña, agrupada en el partido Unificación Democrática (UD), logró sobrevivir y mantenerse dentro del sistema, al retener cuatro de las cinco diputaciones que tenía, pese a ser objeto de una sistemática campaña de desprestigio gestada tanto por los golpistas como por los integrantes de la llamada “resistencia zelayista”. Tras la declaratoria oficial de las elecciones del pasado noviembre, donde el Tribunal Supremo Electoral otorgó el triunfo al Partido Nacional, la balanza no estuvo nada mal para la UD.
COLOFON
Como tema de política internacional, Honduras ha pasado a un segundo lugar. El FMI ha reiniciado su ayuda y EE.UU., Perú, Costa Rica, Panamá y Colombia han reconocido la victoria de Lobo, paso previo al restablecimiento de la normalidad. Zelaya se trasladó a República Dominicana. Pausadamente, y si la gestión de Lobo es inteligente, los países latinoamericanos irán restableciendo relaciones, o no lo harán. Lo importante ahora, para el gobierno, es retomar los vínculos con quienes dan “solidaridad económica”. La economía del país está deshecha: sobrevive con las remesas, que constituyen 25% del PIB, algo del turismo y el comercio con EE.UU.En una decisión para la cual no hay una explicación fácil, la Corte Suprema de Honduras, a solicitud del Ministerio Público, ha iniciado un juicio penal contra la cúpula militar golpista. El presidente de ese alto tribunal, Jorge Rivera Avilés, ha sido nombrado juez natural (en la terminología local) para iniciar un proceso penal a los militares que en aquel momento formaban la dirección del Ejército, a solicitud del fiscal general, Luis Rubí. Se los acusa de ilegalidad en su comportamiento frente al poder civil en los sucesos del 28 de junio. El general Romeo Vásquez Velásquez y cuatro generales más ya fueron interrogados inicialmente, con prohibición de salir del país y con sus casas como cárcel provisional. El golpista Micheletti y varios jefes del Partido Liberal ya han roto con el nuevo presidente. La OEA guarda silencio mientras el desenlace ocurre. La lección es difícil de aprender, pues se confundió la defensa de la democracia con un hecho difícil de imponer o negociar: la restitución del golpeado y la rectificación de los golpistas. ¿Hay otra opción?
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