Los
derechos legales otorgados a las comunidades indígenas en Bolivia y Chile
difieren enormemente. Bolivia y Chile difieren significativamente en la manera
en que sus gobiernos abordan las cuestiones relacionadas con los pueblos
indígenas. Estas diferencias son causadas por el sistema económico neoliberal y
los legados de la era de Pinochet en Chile, así como por el enfoque de los
asuntos indígenas y la redistribución de la riqueza en Bolivia.
Bolivia
ha dado grandes pasos para asegurar los derechos de sus poblaciones indígenas,
particularmente en su nueva constitución, los derechos de propiedad de la
tierra y el sistema de justicia penal. Chile, sin embargo, no ha hecho
progresos para sus pueblos nativos en ninguno de esos aspectos.
A partir
del censo de 2001, Bolivia es un país indígena mayoritario, con la porción más
grande de pueblos originarios en comparación con el resto de América Latina.
Sesenta y dos por ciento de los bolivianos mayores de 15 años identificados
como indígenas en el censo, con un 30 por ciento quechua, un 25 por ciento
aymara y el resto perteneciente a otras 34 tribus más pequeñas.
Además,
el presidente boliviano, Evo Morales, es reconocido no solo como el primer jefe
de Estado indígena, sino también por haber aprobado una nueva constitución en
2009 que abarca derechos integrales para las comunidades indígenas y un
capítulo completo dedicado a los derechos indígenas. Dichos derechos incluyen
el reconocimiento explícito de las identidades y prácticas culturales nativas;
el derecho a la propiedad colectiva de la tierra; ampliación de la autonomía
regional y local, y el derecho de los nativos a organizar la justicia
comunitaria con su propio sistema legal.
La nueva
constitución de Morales fue aprobada en un referéndum por el 61 por ciento de
los votantes, la mayoría de los cuales provenían de las tierras altas
occidentales, predominantemente indígenas, en enero de 2009.
A pesar
de esto, hubo oposición a la constitución por parte de la elite boliviana
blanca y multirracial concentrada en las tierras bajas porque la redistribución
de la riqueza y los derechos a la tierra a los pueblos indígenas significa que
las poblaciones blanca y multirracial se verían privadas de dichos activos.
Junto con
la provisión de propiedad colectiva de la tierra y más autonomía política, la
nueva constitución también permite la reforma agraria agraria a través de la
limitación del tamaño de las propiedades rurales en las ventas futuras. Además,
el nuevo límite de propiedad de la tierra es de 5.000 hectáreas, aunque las
medidas no son retroactivas.
Progreso
judicial
En cuanto
a los sistemas criminal y judicial de Bolivia, particularmente con respecto a
los pueblos originarios, los sistemas de justicia indígenas tienen un estatus
equivalente al sistema actual oficial. Además, los jueces serán elegidos en
lugar de designados por el Congreso. El poder ha sido descentralizado en la
nación, con cuatro niveles de autonomía, incluyendo departamental, regional,
municipal e indígena.
Por otro
lado, la constitución de Chile, las cuestiones de propiedad de la tierra y el
sistema de justicia penal son regresivos, especialmente en lo que respecta a
los derechos de los pueblos indígenas. A partir del censo de 2012, más de 1,7
millones de chilenos identifican como indígenas: el 88 por ciento mapuche, el
siete por ciento aymara y el restante cinco por ciento compuesto por grupos más
pequeños como las naciones fueguinas Yamana y Qawasqar.
Cinco
años después del censo de 2012, el número de chilenos autoidentificados ha
aumentado en un 50 por ciento, y la mayoría de los pueblos originarios reside
en regiones urbanas.
Tras la
Guerra de la Independencia de España a principios del siglo XIX, el recién
fundado Estado chileno reconoció la región al sur del río Biobio, en el centro
sur de Chile, como territorio mapuche. A pesar de esto, Chile se expandió hacia
el sur a fines del siglo XIX para allanar el camino para más colonos europeos.
Lo logró a través del desplazamiento forzado sancionado por el estado del
pueblo mapuche en la región de Araucania.
El 13 de
septiembre de 2007, el gobierno chileno adoptó la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la actualidad, alrededor
de dos tercios de los 1,5 millones de Mapuches viven en la pobreza en áreas
urbanas, mientras que el otro tercio vive en la pobreza. localidades rurales.
Los nativos se encuentran entre los grupos étnicos más empobrecidos y oprimidos
en Chile, con desempleo y alcoholismo desenfrenado en sus comunidades.
Próxima
generación
Las
generaciones más jóvenes de mapuche y otros chilenos nativos están actualmente
luchando por la preservación de sus culturas, idioma y derechos humanos.
Incluso han formado organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malleco, con el
propósito de abogar por la restauración de sus tierras ancestrales y su
autonomía.
Las
campañas organizadas hasta ahora han incluido ataques armados contra granjeros
blancos; quemando sus casas y cultivos; apoderándose de tierras y numerosos incendios
premeditados contra empresas forestales.
Además,
Chile no ha reformado su constitución, sino que tiene la misma establecida en
1981 por el brutal dictador fascista Augusto Pinochet y sus aliados. Dado que
la constitución es el legado de un régimen fascista, las leyes existentes
refuerzan la regresión, especialmente con respecto a los derechos a la tierra
de los pueblos indígenas.
Por
ejemplo, la Ley N ° 19.253 de 1993 sobre promoción, protección y desarrollo de
los pueblos indígenas sigue vigente. Sin embargo, no cumple con los estándares
de la ley internacional con respecto a los derechos de los indígenas a la
tierra, el territorio, los recursos naturales, la participación y la autonomía
política.
Un nuevo
proyecto de ley relacionado con el papel de los pueblos indígenas ha fundado el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), junto con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El problema con este proyecto de ley es
que no aborda la contribución de los pueblos originarios a la biodiversidad, ni
protege a los pueblos indígenas de las propuestas de conservación públicas y
privadas.
Fallas
legislativas
El
incumplimiento de estas leyes para proteger a los nativos es evidente dado que
las iniciativas corporativas son responsables de la expansión de extracciones,
proyectos de producción e infraestructura que han amenazado los derechos de los
Mapuches en Araucanía y Los Ríos. La presidenta chilena, Michelle Bachelet,
propuso un proyecto de ley el 16 de enero para reescribir la constitución de la
época de Pinochet a fin de establecer un mejor sentido de la democracia en la
nación, pero aún no se ha concretado.
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Del mismo
modo, dada la Ley Indígena de Chile de 1993, el estado otorga tierras Mapuches
en regiones en conflicto después de ofrecer para comprarlo de sus actuales
propietarios blancos. Sin embargo, la ley no permite a los mapuches que reciben
tierras bajo el artículo 20B vender o usar sus tierras como aseguradas, por lo
que no son elegibles para préstamos para comprar equipo agrícola u otros
activos que les ayuden a cuidar sus tierras.
El pueblo
chileno está siendo sometido a un régimen colonial violento por parte del
Estado chileno. Fueron desplazados y despojados de su patria ancestral por
colonizadores blancos, que luego lo privatizaron como propio, y ahora se espera
que los mapuche vuelvan a comprar la misma tierra que les fue robada.
Las cosas
se agravan porque el gobierno chileno nunca ha reconocido plenamente los
reclamos territoriales mapuches, de acuerdo con el Minority Rights Group
International. El estado chileno ha fomentado la inmigración europea en el
territorio mapuche desde el siglo pasado. Bajo el mando del general Pinochet, a
las empresas de agronegocios y otras corporaciones se les otorgaron tierras y
subsidios para operar en regiones indígenas, lo que resultó en la expulsión de
más gente mapuche de su patria. Desde el siglo XIX, los Mapuche han perdido el
95 por ciento de su tierra.
En
definitiva, Bolivia tiene un excelente historial en derechos de los pueblos
indígenas. No se puede decir lo mismo de Chile, especialmente si tiene tantos
legados de la época de Pinochet. News Front de Rusia (www.es.news-front.info)
BOLIVIA BUSCA INVERSORES PARA IMPULSAR SU REZAGADA
PRODUCCIÓN DE LITIO
Swiss Info de Suiza (www.swissinfo.ch)
Bolivia
espera que el auge en la demanda mundial de litio atraiga a inversores
extranjeros al país donde casi una década de desarrollo liderado por el Estado
ha sido insuficiente para alcanzar sus objetivos para el metal, que se usa para
producir baterías tanto para computadoras como para autos eléctricos.
El país
sudamericano tiene casi un cuarto de los recursos de litio del mundo y aun así
su producción está muy lejos de las de sus vecinos Chile y Argentina.
Bolivia
espera firmar un acuerdo con al menos un socio extranjero para invertir hasta
750 millones de dólares en fábricas para satisfacer la creciente demanda de
China y de otros países por baterías de litio.
El país
está impaciente por monetizar la creciente demanda por litio. Expertos dicen
que los precios al contado por tonelada del metal se han más que duplicado a
25.000 dólares, desde menos de 10.000 dólares en 2015.
La lluvia
y otros desafíos naturales, junto con complicaciones en la ejecución de
proyectos, han obstaculizado las operaciones estatales.
Empresas
extranjeras con más experiencia podrían verse disuadidas por el Gobierno de
izquierda del presidente Evo Morales, cuyas políticas intervencionistas en
otros sectores han molestado a grandes corporaciones y han hecho que otras
empresas sean renuentes a invertir en el futuro, dijeron analistas.
Bolivia
esperaba que su proyecto en Uyuni, el salar más grande del mundo, produjese 40
toneladas por mes de carbonato de litio para 2011. Nueve años y 450 millones de
dólares después, el proyecto está produciendo solo 10 toneladas por mes.
En el
resto del triángulo del litio de Sudamérica, Chile produce 70.000 toneladas por
año y Argentina 30.000. La producción global total es de unas 230.000
toneladas. Bolivia vendió exportaciones a precios muy por debajo del mercado,
dijo un empleado de la estatal de litio YLB, para asegurar participación.
El
presidente ejecutivo de YLB, Juan Carlos Montenegro, rechazó las preocupaciones
sobre la lenta producción.
"Esa
crítica no nos mella y no nos interesa. Lo importante para nosotros son los
resultados. Y los resultados que tendremos de manera realmente muy importante
los vamos a ver el próximo año 2018 y 2019", dijo Montenegro.
Según el
directivo de YLB, Bolivia está conversando con posibles socios, que espera
inviertan hasta 750 millones de dólares.
Montenegro
no quiso mencionar quiénes eran sus interlocutores, pero dijo que podría
alcanzar un acuerdo este mes por el 49 por ciento de participación en una gran
expansión que podría incluir hasta siete nuevas plantas para cátodos, baterías
y más.
En enero
vence el plazo para la presentación de ofertas para construir una planta
industrial de carbonato de litio diseñada por la empresa alemana K-UTEC. La
instalación, que se esperaba que produjera 30.000 toneladas por año en 2017,
ahora genera expectativas de la mitad para 2019.
Sin
embargo, los analistas dudan de que los gigantes del sector como Albemarle Corp
y la chilena SQM vayan a arriesgar capital en Bolivia, donde Morales expropió
una serie de activos extranjeros desde que tomó el poder en el 2006.
Empresas
extranjeras con el conocimiento adecuado, incluyendo una de Corea, rechazaron
la oportunidad de operar en Bolivia, dijo Robert Baylis, director de la
consultora Roskill Information Services Ltd.
"Sintieron
o el riesgo de que serían nacionalizados o que enfrentarían muchos
problemas", dijo, y agregó que nadie completó aún ningún estudio que
pruebe que los recursos bolivianos pueden ser explotados económicamente.
ROMPECABEZAS
El
mercado de litio está listo para recibir nuevos participantes. El nicho de los
autos eléctricos está preparándose para un crecimiento sustancial en momentos
en que los reguladores endurecen los límites a las emisiones de gas invernadero
en el mundo.
En el
proyecto de Uyuni, en el sudoeste de Bolivia, hay una planta piloto que convierte
el litio extraído del salar en carbonato de litio. Otra planta convierte el
carbonato en material catódico y una tercera transforma los cátodos en baterías
simples.
El
proyecto fue diseñado para mostrar que el Estado boliviano puede explotar su
propio litio, a diferencia de los principales productores como Australia, Chile
y Argentina, donde empresas privadas extraen el metal.
Pero la
iniciativa enfrenta muchos desafíos.
Las
lluvias suelen inundar los salares, alargando el proceso de producción. La evaporación,
la técnica elegida por Bolivia, deja alrededor de la mitad del litio en la
salmuera. Además, la proporción de magnesio sobre litio en Uyuni es cuatro
veces más alta que en el desierto chileno de Atacama, algo que dificulta la
extracción.
Marcelo
Castro, líder de los trabajos estatales en Uyuni entre 2007 hasta 2016, dijo
que obreros pasaron semanas sin lavarse el cabello para conservar agua en el
inicio del proyecto, antes de que se instalara el suministro junto al de
electricidad en ese paraje inhóspito.
Castro
recordó ver cómo piscinas de evaporación en el borde del salar fallaron,
contaminadas por tierra arrastrada por el viento, y dijo que, si bien no había
planeado pasar una década en el proyecto, "había que quedarse, había que
responder".
El
proyecto buscaba crear una cadena de oferta integrada para ayudar a Bolivia a
librarse de la sobredependencia del volátil mercado de materias primas. Pero la
planta de baterías fue construida en 2013, cuatro años antes que la planta de
cátodos. Empresas chinas continúan proveyendo a la planta de baterías con
cátodos importados.
Según el
gerente de producción de la planta, ninguna de las aproximadamente 3.000
baterías que aguardan en un depósito han sido vendidas. En tanto, el Gobierno
planea utilizar al menos algunas de ellas para electrificación rural.
Son pocos
los analistas que vislumbran un camino sin dificultades para que Bolivia se
convierta en un jugador clave del creciente sector.
"Es
un rompecabezas con tantas piezas sueltas. ¿Quién lo puede armar?", dijo
Juan Carlos Zuleta, un analista boliviano de la industria de litio que calificó
al proyecto como desastroso y "un mal uso de nuestros recursos
escasos".
CONOCE CÓMO LE VA A LA INDUSTRIA TEXTIL EN BOLIVIA Y
ECUADOR
Revista Perú Retail (www.peru-retail.com)
La
industria textil tanto en Bolivia como Ecuador ha bajado en los últimos años;
pese a ello, este sigue siendo uno de los pilares de la economía en ambos
países.
En el
caso de Bolivia, la producción textil ha caído en los últimos tres años a doble
dígito reduciendo así su potencial manufacturero en un 40%. En el 2014, la
industria alcanzó los 167 mil 500 empleos directos en más de las 53 mil
pequeñas, medianas y grandes empresas en el mercado boliviano.
Dicha
cifra se ha recortado hoy en día a 110 mil empleos directos y 31 mil empresas
de diferentes tamaños, ubicándose cerca del 90% del total de las compañías en
las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, informó Fashion Network.
Según
señaló el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de
Desarrollo Productivo de Bolivia, Saturnino Ramos, “la industria textil es uno
de los pilares de la economía boliviana en cuanto a producción. A su vez,
abarca el 22% de la productividad superando a sectores de transformación plástica
y madera”.
En el
2015 el mercado textil en el territorio boliviano representaba cerca del 1% del
PBI con US$451 millones de dólares. Si bien la cifra ha bajado este año, se
espera que para el 2018 esta suba y llegue a lo registrado en el 2015.
Por otra
parte, según cifras oficiales de la Asociación de Industrias Textiles del
Ecuador (AITE), las exportaciones en el mercado ecuatoriano cayeron en los
últimos 9 años en un 60%; sin embargo, en este año las ventas externas
crecieron un 2% frente al 2016.
En el
2008, el país exportó 31 870 toneladas de productos textiles alcanzando ventas
de US$144.9 millones de dólares, a diferencia de las 8 000 toneladas
registradas en este 2017 cerrando el mes de octubre con ventas de US$24.3
millones de dólares; más que los US$24 millones de dólares facturados en el
2016.
Algunos
factores que impactaron la caída de la industria textil en Ecuador fueron la
caída de la economía de Venezuela, país que representaba el 33% del total de
envíos, así como las pocas compras de Colombia y Perú debido al incremento del
precio del dólar.
Actualmente,
Ecuador cuenta con más socios en Europa y Asia, el cual en los últimos 5 años
han aumentado pedidos en un 60% y 6% en lo que va del año, se estima que los
envíos lleguen a los US$30 millones de dólares este 2017.
SANTIAGO DEL ESTERO: SIETE VÍCTIMAS EN EL VUELCO DE UN
COLECTIVO QUE HACÍA EL RECORRIDO BOLIVIA-BUENOS AIRES
El ómnibus pertenece a la empresa El Quirquincho que hace
la ruta Santa Cruz (Bolivia)- Buenos Aires y tiene paradas en Salta
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)
La Ruta
Nacional 34 fue el escenario de un siniestro vial donde cinco adultos y una
menor perdieron esta noche la vida cuando volcó un colectivo de larga distancia
cerca del paraje La Tijera, en la provincia de Santiago del Estero.
El
accidente ocurrió en el kilómetro 730, a pocos metros del empalme con la Ruta
11, paraje La Tijera, pasadas las 11 de la noche, según informó el diario Panorama de esa provincia. Se
trata de un colectivo de la empresa El Quirquincho que venía con 42 pasajeros
desde Bolivia con destino a Buenos Aires y que generalmente tiene paradas en
Salta, Metán y Rosario de la Frontera.
En el
lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de La Banda, seis ambulancias del Sease y
la Policía. Desde el Centro de Salud La Banda indicaron que además de las
víctimas fatales se registraron varios heridos, pero ningún otro de gravedad.
En un
principio medios de la vecina provincia informaron de siete víctimas pero
finalmente la versión oficial dio cuenta de cinco pasajeros que perdieron la
vida.
APARECIÓ JOVEN QUE ERA BUSCADO EN JUJUY, LUEGO DE SER
ROBADO EN PERÚ Y BOLIVIA
Fue hallado en el barrio San Pedrito, trabajando en una
obra como ayudante de albañil. Su mamá contó que un hombre lo reconoció y le
dijo que me llame.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com)
La
División Trata de Personas y Leyes Especiales de la Dirección General de
Investigaciones dio con el paradero de Elías Ezequiel Sánchez, un joven de 23
años con domicilio en Mar de Ajó, Partido de la Costa, provincia de Buenos
Aires, quien se encontraba desaparecido desde el domingo 24.
El joven
fue encontrado mientras trabajaba como ayudante de albañil en una obra de
construcción del barrio San Pedrito, anoche alrededor de las 20.30, según las
fuentes policiales que fueron consultadas.
Se
presume que como se había quedado sin dinero, optó por conseguir un trabajo
para solventar sus gastos, pero nunca pudo avisar a sus familiares que se
encontraba bien de salud. Elías Sánchez estaba de vacaciones desde hace
casi dos meses, y planeaba pasar la Navidad en su ciudad de origen, pero todo
cambió cuando en Perú le robaron el DNI, según relató a los medios nacionales
Mariana Martín, madre de Sánchez. Es que si bien pudo ingresar a nuestro
país con un certificado, cuando intentó subir al colectivo de la empresa Balut
no lo dejaron por no tener el DNI.
Siguiendo
el relato de la madre de Sánchez, “los problemas para Elías empezaron en Perú
el 22 de diciembre cuando le robaron sus documentos, hizo la denuncia y le
extendieron un certificado que le permitía seguir bajando. Llegó a la frontera
entre Bolivia y Argentina, pero ahí le sacaron el efectivo que le quedaba y su
celular. Igual, pudo cruzar de Villazón a La Quiaca, donde dos chicas le
prestaron un celular para que se comunique conmigo”.
“En La
Quiaca me llamó del celular de una de las chicas que lo ayudaron y por ahí le
mandé las fotos de los pasajes que le saqué por internet. Tenía que tomar un
micro a San Salvador y de ahí otro a Retiro a donde debía llegar el 26 a las
6.30”, agregó.
Los
pasajes fueron comprados por una plataforma on line en la empresa Balut. En las
cámaras de seguridad de la terminal de San Salvador se ve que se acerca al
chofer, hablan y como que no lo dejan subir y se va.
Se puso en contacto con la madre
“Se puso
en contacto conmigo y me avisó que está bien”, aseguró su madre. Indocumentado
y sin dinero, decidió buscar un trabajo para resolver cómo volver a su hogar.
Nahuel
Bogado es un vecino de la capital jujeña que lo reconoció trabajando en una
obra gracias a la foto que se difundió por las redes. Entre él y otro vecino,
Marcos Rojas, que le había dado trabajo, le acercaron un teléfono para que le
avise a su familia que estaba bien. El joven está en la División trata de
personas de la policía local esperando a su mamá que está viajando a buscarlo.
CONSULADO DE BOLIVIA DISTINGUIÓ A LA CTA
Diario La Opinión de Argentina (www.diariolaopinion.com.ar)
EL
Consulado de Bolivia que funciona en Rosario entregó un reconocimiento a la CTA
Castellanos "por su colaboración en la construcción de la Patria
Grande", durante un acto que se realizó el viernes pasado en la sede de la
representación diplomática. El secretario General de la Central de los
Trabajadores Argentinos (CTA), Juan Soffietti, fue el encargado de recibir esta
distinción por parte del Cónsul, Sixto Valdez, quien visitó la sede gremial
ubicada en Tucumán y San Martín de Rafaela en varias oportunidades.
El
reconocimiento consta de un certificado y una medalla con el escudo y los
colores de la bandera boliviana, otorgada a referentes de las organizaciones
que trabajan como constructores de la Patria Grande y de un Mundo sin Muros
hacia una Ciudadanía Universal.
Cabe
señalar, que la CTA Castellanos y el Consulado de Bolivia firmaron un Acta
Acuerdo para el desarrollo de un Programa de Cooperación Mutua en 2016, bajo el
cual se desarrollaron actividades como Talleres de Alfabetización Digital,
Apoyo Escolar Primario y Secundario para niños, niñas y adolescentes, la
instalación en 2 oportunidades de un Centro de Documentación Móvil para la
renovación de Cédulas de Identidad y demás trámites personales, Ciclo de Cine
Latinoamericano en el Predio de la Comunidad, entre otras. "Desde la
Central de Trabajadores de la Argentina-Departamento Castellanos recibimos este
reconocimiento con enorme orgullo ya que entendemos que mediante estas acciones
contribuimos a la consolidación de lazos de hermandad con el hermano pueblo
Boliviano y con los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia que residen
en la ciudad de Rafaela y la zona", destacó la entidad que preside
Soffietti.
EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA LA RENOVACIÓN DE PUPITRES EN
UNA ESCUELA DE BOLIVIA
La Verdad de España (www.laverdad.es)
El
Ayuntamiento y la ONGD SED impulsan un proyecto en el municipio de Comarapa,
Bolivia, con el objetivo de garantizar el pleno derecho a la educación mediante
la mejora de los equipamientos. La ayuda concedida asciende a 2.355,41
&euro. La intervención cuenta como socio local con el Colegio Maristas de
Comarapa, gestionado por los Hermanos Maristas de Bolivia.
La
colaboración del Ayuntamiento permitirá mejorar la calidad de vida del alumnado
con el cambio de pupitres. Estas aulas acogen 1.241 alumnos que se benefician
de una educación de Primaria, Secundaria y Formación Profesional en
Agropecuaria, mientras otros 150 alumnos estudian formación ocupacional en
administración de empresas, mecánica industrial, electricidad industrial e
imagen y sonido.
DETENIDO UN VECINO DE VIGO POR AGREDIR A SU EXPAREJA, CON
LA QUE CONVIVE
Atlántico Net de España (www.atlantico.net)
Agentes
de la Policía Local de Vigo han detenido a un vecino de la ciudad, F.M.O., de
43 años de edad y natural de Bolivia, como presunto autor de un delito de
violencia de género.
Según han
informado fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar en la tarde del
miércoles, cuando el 092 recibió un aviso de que se estaba produciendo un
episodio de violencia de género en un domicilio de la calle Ecuador.
Una vez
en el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer, quien les relató que
había sido agredida por su expareja, y padre de sus hijos, en el transcurso de
una discusión. Según señaló la mujer, rompió la relación con el hombre hace 9
meses pero, debido a su falta de ingresos, se ve obligada a mantener la
convivencia con él, en el mismo domicilio.
Los
policías requirieron al presunto agresor que, en ese momento, se encontraba
encerrado en otro dormitorio. Cuando el hombre abrió la puerta, los agentes le
informaron de que estaba detenido por un supuesto delito de violencia de
género.
El puerto de Ilo se mostró siempre como la solución ideal
para aquellos exportadores e importadores bolivianos que tienen la mira puesta
en el Pacífico.
Toda Logística de Argentina (www.todologistica.com)
El puerto
de Ilo se mostró siempre como la solución ideal para aquellos exportadores e
importadores bolivianos que tienen la mira puesta en el Pacífico.
Poder
dejar de depender en gran parte de puertos chilenos, es un gran atractivo
debido a que se evitan inconvenientes relacionados con las huelgas y otras
cuestiones que afectan a recintos en Chile con demasiada frecuencia, según la
mirada de los empresarios bolivianos
Con toda
la expectativa puesta, la realidad demuestra que aún no de han logrado cambios
significativos en cuanto a Ilo como "reemplazo" de Arica o Iquique y
según las palabras de David Sanchez, gerente de la empresa Administradora de
Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), la utilización del recinto peruano
depende pura y exclusivamente de resultado del análisis de costos tarifarios y
fletes marítimos por parte de los sectores privados, así como del terrestre.
El
funcionario destacó que hay avances concretos pero que se sigue trabajando en
aspectos relacionados con mejorar las posibilidades para integrar el comercio
boliviano con el sur peruano, ya que se sabe que mudar operaciones para muchas
firmas es algo bastante caótico y necesita su tiempo de adaptación.
Sanchez
explicó que no se trata sólo de trabajar con el puerto de Ilo, sino que se
baraja la posibilidad de consolidar la presencia boliviana en el Puerto de
Callao, y trabajar en la parte naviera para darle aún más alternativas al
comercio exterior boliviano.
“HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA EN NICARAGUA”, DICE ANALISTA
BOLIVIANO
De acuerdo con el analista, el efecto no solo es para
Nicaragua, sino también para el grupo de países aliados de Ortega: Venezuela,
Cuba y Bolivia
La Prensa de Nicaragua (www.laprensa.com.ni)
La
aplicación de sanciones
al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, del
círculo cercano del designado presidente Daniel Ortega, tiene un menaje claro
para el régimen y sus aliados, que no solo abarca la corrupción y violación de
los derechos humanos, también que ya nadie en el mundo democrático cree en las
“simulaciones de democracia” y de “elecciones en Nicaragua”, opinó el analista
político boliviano Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Democrático
Interamericano.
De
acuerdo con el analista, el efecto no solo es para Nicaragua, sino también para
el grupo de países aliados de Ortega: Venezuela, Cuba y Bolivia.
En esta
entrevista con LA PRENSA, Sánchez Berzain, exiliado en Estados Unidos, analiza
los posibles impactos políticos de la Ley Magnitsky.
¿Qué impacto puede tener la aplicación de la Ley Magnitsky a funcionarios
del régimen de Daniel Ortega, en el ámbito político internacional?
Esto
significa que Estados Unidos está señalando al gobierno de Daniel Ortega como
no democrático, como un gobierno al margen de la ley, como uno más de los
gobiernos del castro-chavismo en América Latina que comprende a Cuba,
Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En el caso de Nicaragua en las sanciones
específicas que han empezado a imponer, es decir, que hay condiciones
criminales contra los principales personeros que hacen que hoy día Nicaragua
tenga un gobierno sin democracia: primero, porque se violan los derechos;
segundo, se ha hecho desaparecer el estado de derecho donde no rige la ley,
sino la voluntad de Ortega y su grupo; tercero, no hay división e independencia
en los poderes del Estado, es una simulación de independencia, todos están controlados
por Ortega y su grupo; cuarto, las elecciones no son libres, limpias,
transparentes y no reflejan la voluntad popular, son una simulación de un acto
de perpetuación dictatorial, que Ortega ha venido repitiendo con maniobras que
prueban los factores anteriores como la violación a los derechos humanos, la
ausencia de estado de derecho, la ausencia de independencia de los poderes
públicos, entonces, hay que ver en estas sanciones ya concretas del Gobierno de
Estados Unidos, y porque hay acciones a nivel del Congreso, el señalamiento al
gobierno Ortega como una dictadura en el ámbito latinoamericano, que no va a
ser tolerado por la comunidad internacional, (Nicaragua) está en la lista de
los países que no tienen democracia, igual que Cuba Venezuela y Bolivia.
¿El inicio de estas sanciones podría tener consecuencias en el resto de
países que integran el llamado Socialismo del Siglo XXI?
El
impacto es para todos porque están al descubierto sus simulaciones de
democracia, son países que están en crisis. Tienen tremenda crisis de
legitimidad, la mayoría de las poblaciones de esos países, incluida Nicaragua,
desprecian y no quieren ese tipo de gobiernos, la impopularidad mayor debe ser
la de Cuba, Venezuela con un 80 por ciento de desaprobación popular; Nicaragua
y Bolivia también son absolutamente impopulares. Tienen una crisis de legalidad
porque los sistemas legales están hechos a su medida, son sistemas ilegales e
infames porque están destinados a violar los derechos de la gente. Tienen
crisis económicas y crisis sociales muy grandes. Los países en América Latina
que tienen el mayor nivel de crisis son precisamente los autollamados países de
Socialismo del Siglo XXI, que son los países castro-chavistas, porque sus
regiones bases se sostienen a partir de la alianza que Fidel Castro y Hugo
Chávez hicieron en 1999, para recrear el expansionismo de la denominada
Revolución cubana, es un neocomunismo con el dinero venezolano puesto por
Chávez que ha llegado a Venezuela a la situación de pobreza en la que está. Y
Ortega se está presentando como un claro violador de los derechos humanos, como
un flagrante destructor de la independencia de los poderes y del estado de
derecho en Nicaragua, que ha cerrado los espacios electorales para perpetuarse
en el poder por encima de la voluntad popular. Es como un enemigo de la paz y
la seguridad internacional, que son las actitudes que ha estado tomando en el
último tiempo.
La estrategia de estos países ha sido mantenerse en el poder a través de
simulación de elecciones para venderse como democracia. ¿Cree usted que la
decisión de Estados Unidos, al sancionar al presidente del Consejo Electoral de
Nicaragua, significa que ya no le está funcionando el discurso de que son
electos por los votos?
Hace rato
que no se cree en ese cuento. En el momento que hay oposiciones que no pueden
nunca ganar una elección, de que estos países tienen perseguidos y presos
políticos, tienen exilio político; Cuba, Bolivia y Venezuela tienen exilios
marcados, pero en Nicaragua hay persecución política a través del mecanismo
judicial, se inhabilitan candidatos, se evita que gente aspire a sus derechos
legítimos electorales, y eso es persecución política. Ni Estados Unidos ni
nadie se cree el cuento electoral. La decisión de Estados Unidos no es
caprichosa, está cumpliendo sus leyes, no es que se le ocurrió al secretario
del Tesoro, y de pronto se le ocurrió a la Casa Blanca, Estados Unidos está
cumpliendo las leyes vigentes, calificando en el marco de la delincuencia a
personeros y personalidades del gobierno de Ortega.
¿Cree usted que otras personas en Nicaragua pudieran ser incluidas en las
sanciones de la Magnitsky?
Creo que
Estados Unidos no va a tardar en expandir esa lista y abarcar los entornos de
Ortega, que son ampliamente conocidos por su corrupción, lo que hacen estos
regímenes es producir una cantidad de nuevos ricos. Los nicaragüenses saben
quiénes son los nuevos ricos, empezando por Ortega junto a su entorno familiar
y su esposa, que es ahora la vicepresidenta de Nicaragua, que ostentan riquezas
que no pueden justificar, que son injustificables y que después terminan o
terminarán como el gobierno de los Kirchner en Argentina, donde usted está
viendo que recuperada la independencia de los jueces y los tribunales de
justicia no se ha tardado en establecer la corrupción extraordinaria que esta
gente ha cometido y de señalar de lo mal habido de sus bienes. Ortega, su
familia y su mujer no van a ser la excepción.
¿Podría esta decisión de EE.UU. afectar al sector privado cercano a Ortega?
Los que
están metidos en los negocios (de Ortega) y su corrupción, por supuesto que sí,
porque corrupción es corrupción y en ese tema cada quien sabe dónde está
ubicado. Se comenta mucho que Ortega en vez de perseguir a los empresarios,
como se ha hecho en Venezuela y en parte en Bolivia, lo que ha hecho es
asociarse con algunos de ellos y convertirse en patrocinador-socio de un sector
de la burguesía, hay algo de eso también en Bolivia, uno sabe con claridad
quiénes son los nuevos ricos y quiénes los empresarios que están al lado del
régimen de Ortega beneficiándose de la violación a los derechos humanos, las
violaciones al estado de derecho que existe en ese país.
¿Esta sanción al presidente del Consejo Electoral de Nicaragua podría
catalogarse como un golpe a la corrupción del gobierno de Ortega?
El
impacto es grandísimo, porque lo señala como no democrático y como corrupto. Le
está poniendo el dedo al autor principal y señalado de corrupto que ha
propiciado que Ortega permanezca a través de maniobra electoral (en el poder),
hace rato que en Nicaragua no hay elecciones libres, es puro fraude electoral,
pura manipulación. Entonces, el señalamiento de Estados Unidos es una manera de
decirles sabemos lo que está pasando y son gente corrupta. Cómo pueden
justificar funcionarios de ese nivel y en esas funciones el dinero y los
recursos que ostentan, eso, por una parte, y por la otra, quiero insistir en
que los señalamientos y las listas que hace Estados Unidos no son elaborados de
manera arbitraria, son con base en el cumplimiento de las leyes norteamericanas
y con base en los datos con que cuenta el gobierno, no son listas imaginarias,
hay datos (información) y son investigaciones serias.
Plano
personal
Carlos
Sánchez Berzain es abogado experto en Derecho Constitucional, máster en
Ciencias Políticas y máster en Sociología. Es además politólogo y perseguido
político del Gobierno de Bolivia. Se encuentra exiliado en Estados Unidos.
POLÉMICA EN CHILE POR LA REUNIÓN DE FRANCISCO CON
MAPUCHES
Bachelet ya tuvo un roce por Bolivia. Preocupación en la
Rosada por el operativo en los pasos fronterizos
Jornada Online de Argentina (www.jornadaonline.com)
La
llegada del Papa Francisco a Chile está provocando grandes
polémicas por su agenda de concentrar sus actividades en temas sensibles
para el gobierno trasandino, como la cuestión mapuche y el tema limítrofe con
Bolivia, lo que ya provocó un roce diplomático con Michelle Bachelet. Mientras
tanto, al gobierno argentino le preocupa el impacto político del viaje de
Francisco.
Fiel a su
costumbre, el Papa hará en Chile gestos más que evidentes para dejar en claro
sus posiciones, sin que le hagan falta discursos grandilocuentes. La más
evidente es la rogativa mapuche que compartirá con referentes de 23 comunidades
en Temuco, la capital de la región de la Araucanía donde tiene su epicentro el
conflicto mapuche, que en Chile es bastante más complicado que en Argentina.
Esta foto
tendrá impacto en los dos lados de la frontera. Francisco ya había dado un
mensaje incómodo para el gobierno argentino cuando a principios de mes recibió
a la familia de Santiago Maldonado, muerto en el marco de una protesta mapuche.
En Chile,
Bachelet ya tomó nota del mensaje papal. "Nosotros creemos y propiciamos
el diálogo siempre. Sin duda, en la Araucanía hay tareas pendientes
importantes, y en ese sentido creo que la visita del Papa a la región es una
oportunidad para tratar de entendernos en las diferencias, en la tolerancia y
la aceptación de que hay miradas distintas", afirmó la Presidenta.
En Chile
también hay tensión por otra de las actividades de Francisco: la misa que
dará en Iquique, en el norte del país, cerca de la zona de conflicto con
Bolivia. Desde la Iglesia chilena, que está a cargo de la organización, ya
adelantaron que el Papa rezará por los "migrantes" y todos descuentan
que volverá a referirse al conflicto por la salida al mar.
Este tema
ya generó un roce diplomático con Bachelet, según informó LPO.
El mes pasado, el embajador chileno en el Vaticano, Mariano Fernández, dijo que el Gobierno de su país pretende que el
Papa "se abstenga de opinar" sobre el conflicto con Bolivia porque es
un tema que se dirime en la corte internacional de La Haya.
La
advertencia del diplomático generó tanto ruido que Bachelet tuvo que salir a aclarar que Francisco puede hablar de lo que quiera. "Como es obvio, en
una visita de carácter pastoral el Papa tiene la libertad de expresar lo que
estime que es bueno para el pueblo católico", le dijo la presidenta
chilena a la agencia Télam. "No nos corresponde a nosotros hacer juicios
al respecto, menos aún imponer restricciones", agregó.
En 2015,
durante su visita a Bolivia, Francisco
aseguró que el "diálogo es indispensable" para resolver la disputa de
soberanía abierta luego de la guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX, por
la que Bolivia perdió una franja costera que le daba salida al mar. En Chile no
quieren volver a escuchar algo parecido.
El Papa
llegará a Chile el lunes 15 por la tarde para iniciar una visita en la que
recorrerá Santiago el martes 16, la sureña Temuco el miércoles 17 y la norteña
Iquique el jueves 18, antes de seguir viaje hacia Perú.
Miles de argentinos cruzaran la frontera
Más allá
de la foto con la comunidad mapuche, en el gobierno argentino hay otras
preocupaciones en torno a la visita del Papa a Chile.
La
preocupación mayor en la Rosada es operativa y tiene que ver con el aluvión de
fieles que se espera que crucen la frontera. Según dijeron fuentes del Gobierno
a LPO,
se estima que alrededor de un millón de personas viajarán, lo que seguramente
provoque inconvenientes en los cruces fronterizos, con el agravante que se dará
en un cambio de quincena en plena época de vacaciones.
En la
Rosada cree que podría haber problemas serios en los pasos fronterizos de
Mendoza, Neuquén y Salta, y hasta temen que termine en algún escándalo
internacional. El presidente Macri decidió mandar al número dos de la
Secretaría de Culto para tratar de evitar inconvenientes. Uno de los temas que
preocupa es las autoridades chilenas sean demasiado estrictas con los papeles.
CAPACITAN A JUECES PARA EVITAR DISCRIMINACIÓN HACIA
MUJERES
Radio Primerísima de Nicaragua
(www.radiolaprimerisima.com)
Cuando
Michelle Zeledón se quedó embarazada a los 16 años, su padre le dijo que no
quería saber nada más de ella. Ahora que era madre, argumentaba él, ya no tenía
por qué seguir pagándole una pensión alimenticia. Él llevó el caso ante los
tribunales de Estelí, en el norte de Nicaragua.
Yorlin
Matamoros, la jueza de distrito que se encargó del caso, había recibido
recientemente una formación sobre la importancia de juzgar con “perspectiva de
género”, es decir, teniendo en cuenta aquellas diferencias que afectan a las
mujeres y que a menudo las ponen en una situación de desigualdad ante la
justicia con respecto a los hombres.
“Me di la
tarea de leer bien la normativa con respecto a los derechos de los grupos en
condiciones de vulnerabilidad, así como también todos los instrumentos que nos
permiten dar un análisis en nuestras sentencias para ir disminuyendo la
discriminación hacia las mujeres, y en este caso, por la condición de madre se
quería limitar un derecho”, explicó la juez Matamoros.
Matamoros
ordenó que el padre de Michelle siga proporcionando la pensión alimenticia
hasta que la joven termine sus estudios universitarios. “No podemos limitarle
el derecho a que ella obtenga un pleno desarrollo,” subrayó la juez. “Y para
lograr esa meta ella debe contar con el apoyo de ambos progenitores”.
Yorlin
Matamoros es parte de un poco más de 100 jueces, magistrados y asesores del
poder judicial de Nicaragua graduados del magíster en “Derecho y Desarrollo
Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil”, apoyado por el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés).
Jueces y juezas machistas
“El
problema es difícil. Existe un machismo bien profundo no solo en los jueces,
sino también en las juezas, porque somos producto de una cultura”, explicó Alba
Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
La
perspectiva de igualdad de género es una política de Estado en Nicaragua, y las
autoridades judiciales decidieron comenzar con los jueces a la hora de
profundizar sus conocimientos sobre los derechos de las mujeres. “En vez de
tratarlas como iguales, teniendo en cuenta sus diferencias, se las trata en
condiciones de desigualdad frente a los hombres”, añadió Ramos.
Una
muestra de esta discriminación de género es dejar de proporcionar la pensión
alimenticia, sobre todo a las mujeres más jóvenes. “Es una de las formas más
frecuentes de violencia que estamos viendo”, explica Ramos, cuando la ley exige
que debe proporcionarse hasta los 18 años, o bien hasta los 21 si la joven está
estudiando.
“Después
del magíster puedo entender que esas circunstancias muy particulares de las
mujeres, si no se las reconocemos, entonces ¿quién se las va a reconocer?”,
reflexionó Matamoros.
Su
sentencia en el caso de Michelle Zeledón obtuvo el segundo lugar en el II
Concurso de Sentencias con Perspectiva de Género, promovido por la Corte
Suprema de Justicia de Nicaragua.
Embarazo adolescente
A sus 19
años, Michelle ya cuenta con grandes responsabilidades para una persona de su
edad. Además de cuidar de su hija de 4 años y estudiar en la universidad, la
joven trabaja desde las 6:30 a.m. hasta 10:30 p.m. en una empresa tabacalera.
“Como
adolescentes necesitamos una segunda oportunidad porque la mayoría de las que
salimos embarazadas somos niñas”, dijo Michelle.
El
embarazo adolescente es un grave problema en América Latina y el Caribe, la
región del mundo con más embarazos no planeados. Nicaragua es uno de los países
de la región con un mayor número de jóvenes menores de 19 años embarazadas, tan
solo superado por Bolivia, Honduras y Venezuela, según el último informe de
UNFPA sobre el estado de la población mundial.
La capacidad
de una mujer para decidir si quiere quedarse embarazada o no depende en parte
de si vive en una ciudad o en una zona rural, de su nivel de estudios y de su
situación de riqueza o pobreza, según el informe de UNFPA.
En los
países en desarrollo, las mujeres pobres no suelen contar con la suficiente
información, capacidad y medios para decidir si quedarse embarazadas. Sin
acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres pobres, en particular las que
tienen menor escolaridad y viven en áreas rurales, están más expuestas a
embarazos no deseados.
Las niñas
adolescentes no suelen disfrutar del mismo acceso a métodos anticonceptivos que
los niños de su edad debido a las políticas discriminatorias, los proveedores
de servicios que emiten juicios de valor o las actitudes predominantes respecto
al comportamiento aceptable de las niñas.
El acceso
limitado a la planificación familiar se traduce en 89 millones de embarazos no
planeados y 48 millones de abortos al año en los países en desarrollo del
mundo. Esto no solo es perjudicial para la salud de las mujeres, sino que
también restringe su capacidad para incorporarse al mercado laboral o conservar
un trabajo remunerado y avanzar hacia la independencia financiera, explica el
informe.
El
proceso judicial iniciado por su padre sumió a Michelle en la depresión: “Pero
yo dije, por mi hija voy a salir adelante, no voy a retroceder, yo decidí
seguir estudiando”.
Ahora
está ya terminando el último año de sus estudios en psicología clínica, algo
que la ha ayudado mucho más allá de lo que se imaginaba: “Todo el maltrato que
vivimos crea ese odio, pero yo me iba ayudando a mí misma porque es psicología
clínica, por ejemplo con las formas de duelo: aprender uno a vivir con eso”.
Leyes que excluyen a las mujeres
Las leyes
pueden reflejar o reforzar las normas o actitudes discriminatorias que bloquean
el acceso de las mujeres a la fuerza de trabajo o reducen sus ingresos en
relación con los de los hombres.
Según el
Banco Mundial, en 18 países los hombres pueden impedir legalmente a sus mujeres
que trabajen fuera del hogar. Las leyes de algunos países restringen el acceso
de las mujeres a los servicios bancarios y de crédito, lo que puede socavar su
potencial de obtener ingresos.
La
legislación —o su falta o aplicación inadecuada— puede afectar a la salud y el
bienestar de las mujeres y, por tanto, influir en su participación en la fuerza
de trabajo y su capacidad para obtener ingresos. Según un informe del Banco
Mundial en el que se evalúan 173 países, 46 no disponen de leyes contra la violencia
doméstica, y 41, en materia de acoso sexual.
Asimismo,
según el Banco Mundial, raras veces existen leyes que protejan contra la
“violencia económica”. La violencia económica sucede cuando se priva a las
mujeres de los medios económicos necesarios para abandonar una relación
abusiva, bien porque su pareja controla los recursos económicos, o bien porque
le impide conseguir o mantener un trabajo.
Para la
juez Matamoros, el magíster le aportó muchos conocimientos útiles para evitar
que su aplicación de la ley sea discriminatoria: “Nos ayudó a combinar los
aspectos académicos con los aspectos propios de cada persona, resolver no solo
desde el punto de vista de funcionaria. Eso ha permitido que nosotros pongamos
más empatía, nos pongamos más en el problema de la persona, pero sobre todo
garantizándole los derechos a ella y también a sus hijos”.
¿Cómo contribuir a la igualdad?
En su
informe sobre el estado de la población mundial de 2017, la UNFPA propone
algunas medidas para reducir la discriminación de las mujeres y contribuir a un
mundo más equitativo:
• Cumplir
todos los compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos acordados
en tratados y convenios internacionales.
•
Eliminar las barreras —leyes discriminatorias, normas o deficiencias en los servicios—
que impiden a las adolescentes y las jóvenes acceder a la información y los
servicios de salud sexual y reproductiva.
• Llegar
hasta las mujeres más pobres con servicios esenciales de atención de salud
materna y prenatal.
•
Responder a todas las necesidades de planificación familiar insatisfechas y
conceder prioridad a las mujeres que viven en el 40% de los hogares más pobres.
• Prestar
un servicio de protección social universal que ofrezca seguridad de los
ingresos básicos y cubra los servicios esenciales, incluidas las asistencias y
prestaciones relacionadas con la maternidad.
•
Impulsar los servicios que permiten a las mujeres incorporarse o permanecer en
la fuerza de trabajo remunerada, como los de cuidado del niño.
• Adoptar
políticas progresivas encaminadas a acelerar el aumento de los ingresos entre
el 40% más pobre de la población, a través de, por ejemplo, la intensificación
de las inversiones en el capital humano de las niñas y las mujeres.
•
Eliminar los obstáculos económicos, sociales y geográficos que impiden el
acceso de las niñas a la educación secundaria y terciaria y su participación en
cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
•
Acelerar la transición del trabajo no estructurado al trabajo formal decente
—con énfasis en los sectores que concentran la mayoría de las trabajadoras
pobres—, y permitir el acceso de las mujeres a los servicios de crédito y la
propiedad.
•
Trabajar en pos de la medición de todas las dimensiones de la igualdad y del
modo en que influyen unas sobre otras, y fortalecer los vínculos entre los
datos y las políticas públicas.
“Los
países que quieran hacer frente a la desigualdad económica pueden empezar por
atajar otras desigualdades, como las existentes en la salud y los derechos
reproductivos, y derribar las barreras sociales, institucionales o de otra
naturaleza que impiden que las mujeres alcancen su pleno potencial”, concluye
la directora ejecutiva de UNFPA, la doctora Natalia Kanem.
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