''Esto es una
hoja de coca, no es cocaína, es parte de una cultura'', aseguró hace cinco años
el presidente boliviano, Evo Morales, cuando la ONU reconoció el masticado de
dicha hoja (acullico) como una tradición milenaria de la nación andino
amazónica.
La Convención
Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU) no solo reivindicó la
identidad de todo un país, sino que dejó de lado la malsana creencia de
considerar que cualquiera que masque la 'milagrosa' planta es un drogadicto; su
productor, un narcotraficante y su consumidor, un narcodependiente.
El acullico traspasó la frontera boliviana y muchos de sus consumidores destacan el valor proteico que posee. De hecho, unos 100 gramos sirven para mejorar el funcionamiento del hígado, combatir el sueño, el hambre, la sed y el mal de altura o soroche.
El acullico traspasó la frontera boliviana y muchos de sus consumidores destacan el valor proteico que posee. De hecho, unos 100 gramos sirven para mejorar el funcionamiento del hígado, combatir el sueño, el hambre, la sed y el mal de altura o soroche.
Como líder
cocalero de Chapare (departamento de Cochabamba), Morales trazó una estrategia
gubernamental para controlar la línea entre la tradición y el contrabando de
estupefacientes.
Bajo la
presidencia de Morales se contempló la Ley General de la Coca para normar la
promoción, circulación, comercialización, consumo, investigación e
industrialización de la planta en su estado natural.
La
legislación vigente desde el año pasado permitió 23 mil hectáreas de cultivos
de coca, reconoció los valores patrimoniales de la misma y, lo más importante,
enfatizó que la planta en su estado natural no es una droga.
Sin embargo,
parte de la producción de la coca cae en manos de contrabandistas, por lo que
el gobierno desplegó un modelo de lucha contra el narcotráfico con el fin de
controlar los cultivos ilegales de hoja de coca. Datos de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés)
reflejan que en 2017 las autoridades bolivianas incautaron 13 mil 745
kilogramos de cocaína base, tres mil 884 de clorhidrato de cocaína y 18 mil 692
de marihuana para expendio, sumando 36 mil 321 kilogramos de droga.
En ese periodo el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron 533 actos de incineración y destrucción de drogas ilegales, informó el representante de la Unodc en Bolivia, Thierry Rostan. El funcionario de la agencia especializada de la ONU recomendó incluir en los registros la incautación de droga sintética, como el éxtasis, e incrementar los operativos logísticos para reducir la actividad del narcotráfico.
En ese periodo el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron 533 actos de incineración y destrucción de drogas ilegales, informó el representante de la Unodc en Bolivia, Thierry Rostan. El funcionario de la agencia especializada de la ONU recomendó incluir en los registros la incautación de droga sintética, como el éxtasis, e incrementar los operativos logísticos para reducir la actividad del narcotráfico.
Rostan
comentó igualmente que la agencia seguirá apoyando técnica y logísticamente a
las autoridades bolivianas para controlar las sustancias ilícitas.
En detalle,
la Unodc participó en la incineración y destrucción del 59 por ciento de la cocaína
base, el 78 por ciento del clorhidrato de cocaína y el 76 por ciento de
marihuana para expendio.
En este
aspecto, las autoridades bolivianas insisten en el lamentable hecho de que el
país se ha convertido en una ruta de tránsito de los narcotraficantes,
principalmente del vecino Perú rumbo a Brasil.
Ello, sumado
a las extensas fronteras bolivianas, dificulta el trabajo de la policía y
organismos afines a la hora de detectar el contrabando ilegal de
estupefacientes.
Prensa Latina
participó en uno de los últimos operativos de muestra de evidencia, tras la
incautación de 130 kilogramos de cocaína realizado por miembros de la Felcn.
Desde la sede
de la institución ubicada en La Paz, el coronel Marco Ibáñez precisó que, según
las investigaciones preliminares, la droga ocupada provenía de territorio
peruano y tenía como destino al gigante sudamericano.
El director
de la Felcn remarcó que hay patrullas desplegadas a lo largo del territorio
nacional como parte de los operativos para atrapar a los narcotraficantes.
Dicha entidad
no está sola en la batalla contra el narcotráfico. En más de una ocasión el
ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha destacado la expansión de las acciones
y la capacidad operativa del Estado a través de la llamada Fuerza de Tarea
Conjunta de Bolivia (FTC).
Precisamente,
la FTC comenzó la erradicación de plantaciones de coca cultivadas de manera
ilícita, para lo cual se destinaron 450 millones de dólares en dispositivos
tecnológicos y adquisición de helicópteros.
La hoja de
coca ha sido usada como vía para dañar la imagen de Bolivia ante el mundo, en
detrimento de los esfuerzos gubernamentales por mantener una de las costumbres
ancestrales que forman parte de su patrimonio cultural.
Ante ello, el
gobierno boliviano aplica una estrategia de concertación con los productores de
coca para garantizar solo la producción necesaria y evitar así que el excedente
sea empleado por grupos dedicados a la fabricación y comercialización de
estupefacientes.
Si antes era
considerada un 'veneno' y penalizada por la comunidad internacional, el
acullico hoy se mantiene como una tradición que se pretende conservar y legar a
las futuras generaciones.
Tanto es así,
que cada 11 de enero el país celebra el Día Nacional del Acullico para
conmemorar su incorporación a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre
Estupefacientes de 1961, y también para recordar esa milenaria costumbre.
LOS
PADRES DE LA NIÑA DE 11 AÑOS QUE DIO A LUZ EN MURCIA: "ESTAMOS
AVERGONZADOS"
La
familia reside en Murcia desde hace casi una década, a donde llegaron desde
Bolivia. El matrimonio pasa fuera de casa trabajando prácticamente todo el día,
mientras los hijos permanecían en el hogar. Una fuente próxima asegura que
"se ha tratado de un acto de irresponsabilidad por ignorancia".
El
Español de España (www.elespanol.com)
Los padres de
la niña de 11
años que dio a luz en Murcia el pasado viernes se sienten "avergonzados" por lo sucedido. La
familia está afectada y rehusa hablar con su entorno y los medios de
comunicación más allá de un "nos sentimos avergonzados" después de
que la Comunidad
murciana haya asumido la tutela de la menor madre del bebé y de
este. También han perdido del seno familiar al padre del recién nacido, hermano
mayor (14 años) de la madre, que
pasará a vivir en un centro de menores.
Según ha
podido saber EL ESPAÑOL por fuentes cercanas al círculo familiar, vinculadas a
una asociación de bolivianos con la que
los protagonistas tienen contacto, la familia afectada está
“avergonzada” por lo sucedido, y no quieren dar la cara ni realizar ningún tipo
de declaración a los medios, ya que “todos
se conocen entre la comunidad boliviana”.
De acuerdo a
esta misma fuente, esta familia reside en
Murcia desde hace unos ocho o nueve años, y ambos padres trabajan a
jornada completa. Esta intensidad laboral hace que abandonen el hogar durante largas horas y supone, como
afirman las fuentes, uno de los principales riesgos para los niños. “Hay madres
que salen a las 6 de la mañana de casa y vuelven a las 10 de la noche, dejando a los niños solos todo el día.
Y los niños acaban creciendo, aunque no creo que ellos vieran la magnitud ni la
gravedad de lo que podía suponer lo que estaban haciendo”.
La misma
fuente -que prefiere permanecer en el anonimato- asegura que se trata de un
suceso fruto de la "irresponsabilidad
por ignorancia". "No creo que no fueran conscientes del estado
de la niña, simplemente lo dejarían pasar esperando que nadie se diera cuenta y
que no saliera a la luz, o por no querer aceptar la realidad”.
Algunos
vecinos bolivianos del barrio de San
Andrés, una de las zonas donde se concentra la población latina en la ciudad de Murcia, han comentado a este
periódico que se sienten dañados por la noticia, ya que da una imagen de la
comunidad boliviana que no se corresponde con la realidad. “Esto no es algo que
pase de manera habitual, sino que ha sido cosa de las circunstancias en las que
vivía esta familia. No queremos que se
nos estigmatice”, comenta el regente de un locutorio de la zona.
NO ES UN CASO
AISLADO
No obstante,
desde la asociación con la que ha podido hablar EL ESPAÑOL afirman
estar “muy preocupados” por el
aumento de este tipo de casos entre la comunidad boliviana en Murcia que, según
datos del padrón municipal, alcanza los
11.093 miembros.
Este no es,
por tanto, un caso aislado, sino que se
suma a otros tantos que no han terminado en embarazo, pero que sí han
implicado relaciones sexuales entre
menores. “El sexo sigue siendo un tema tabú en la sociedad boliviana,
aunque vivamos en España. Es algo de lo que no habla, hay mucho desconocimiento
y esto acaba provocando estas situaciones”. Afirma, además, que por mucho que
se intente educar y conversar con las familias sobre la necesidad de tratar
estos temas, muchas hacen oídos sordos.
Ante esta
situación de indefensión, la Comunidad Autónoma activó el lunes el protocolo de protección de menores, con el fin
de velar por la protección e integridad tanto de la madre de 11 años como de
otra menor, de 16, que también dio a luz hace unos días en el municipio
murciano de Torre Pacheco.
EL
JOVEN QUE DENUNCIÓ HABER SIDO ABUSADO ABANDONÓ LA CIUDAD
Antes
de partir a Bolivia, su país de origen, el joven ratificó su denuncia y aportó
aún más datos. Los supuestos atacantes ya estarían identificados aunque la
investigación aún se encuentra en etapa preliminar.
Info
Fueguina de Argentina (www.infofueguina.com)
El joven que
denunció haber sido abusado sexualmente por dos obreros en la ciudad de Ushuaia
regresó a Bolivia, su país natal, luego
de haber formulado la denuncia penal correspondiente ante la Justicia.
Antes de
partir, el joven de 18 años accedió a
someterse a estudios médicos y ratificó su versión de lo sucedido ante
las autoridades judiciales.
Según
trascendió, en su última declaración el muchacho no sólo relató las
circunstancias en que habría sido abusado, sino que describió a las dos personas que habrían cometido el hecho.
Con estos
datos, la Justicia ya logró identificar
a los sospechosos, que son dos hermanos quienes se desempeñan en la
construcción como albañiles. Sin embargo, según trascendió, la investigación aún se encuentra en etapa
preliminar y los imputados no fueron citados a prestar declaración indagatoria hasta
que existan elementos de prueba que hagan presumir la veracidad de la denuncia.
En la causa
penal interviene la jueza María Cristina Barrionuevo y el fiscal en turno,
Daniel Curtale.
EN
BOLIVIA Y HONDURAS, LOS PRESIDENTES AMBICIOSOS SE HAN ALINEADO CON LOS
TRIBUNALES PARA ANULAR LOS LÍMITES DEL MANDATO CONSTITUCIONAL
¿Es
la crisis electoral actual de Honduras un presagio del futuro político de
Bolivia?
Nacla
de EEUU (www.nacla.org)
En noviembre
pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó de lado el término
límites consagrados en la constitución del país recientemente aprobada en 2009,
allanando el camino para que Evo Morales se postule por cuarto período
presidencial consecutivo en 2019. La polémica sentencia, que desafió los
resultados de un referéndum popular vinculante celebrado en febrero de 2016,
cuando los votantes rechazaron por poco la candidatura de Morales para
postularse nuevamente, ha seguido perturbando el panorama político de Bolivia.
Al mismo
tiempo, una decisión judicial similar en Honduras condujo a una exitosa
candidatura a la reelección por parte del presidente conservador Juan Orlando
Hernández, luego de un voto amargamente disputado con amplia evidencia de
fraude patrocinado por el estado. Las protestas masivas han persistido durante
la toma de posesión de Hernández, dejando más de 30 muertos, cientos de heridos
y miles de detenidos. La coalición opositora se ha negado a reconocer los
resultados de las elecciones. El país parece estar tambaleándose al borde de
una crisis constitucional o, tal vez, de una guerra civil.
Algunos
críticos de Morales han aprovechado estos eventos como un presagio del futuro
electoral de Bolivia. "Lo que el presidente socialista confeso de Bolivia
y el presidente conservador y puño de hierro de Honduras tienen en común",
escribe el analista político Chris Sabatini, "es una sed compartida por el
poder y la indiferencia hacia las instituciones y las limitaciones de su
autoridad ... Cualquier elección futura [en Bolivia] probablemente siga el
libro de estrategias de Hernández de asegurar la victoria electoral [a cualquier
costo] ".
¿Podría una
crisis electoral como la de Honduras desarrollarse en Bolivia? Sin duda, hay
paralelos obvios, comenzando con los controvertidos fallos judiciales que
invalidaron los límites del mandato constitucional en cada país, cada uno lleno
de maniobras políticas y con base en argumentos jurídicos altamente dudosos.
Antes de 2015, Honduras tenía quizás las disposiciones más rígidas del límite de mandato presidencial de cualquier constitución en el mundo: una presidencia de mandato único, una prohibición de reelección no enmendable y una disposición que cualquier funcionario que hiciera un esfuerzo por alterar la prohibición podría ser removido y excluido de la oficina por 10 años. Esta última cláusula de "píldora venenosa" se usó para justificar el derrocamiento del ex presidente Manuel Zelaya en un golpe militar de 2009, basándose en que sus esfuerzos por sondear a ciudadanos sobre la cuestión de convocar una nueva Asamblea Constituyente representaban un intento encubierto e inconstitucional de hacer de distancia con límites de término.
Justo antes de su propia toma de posesión en 2013, Hernández, el entonces presidente del Congreso nacional, y un fuerte partidario del golpe, ilegalmente reemplazó a cuatro de los cinco jueces en la Sala Constitucional de la Corte Suprema con incondicionales del Partido Nacional gobernante. Dos años después de su primer mandato, el Tribunal anuló las tres disposiciones sobre límites de mandato, como una "enmienda constitucional inconstitucional" y una violación de los derechos de libertad de expresión. Como han señalado los expertos en derecho, estas afirmaciones son extremadamente dudosas ya que las disposiciones en cuestión no fueron enmiendas, sino características centrales de la Constitución de 1982.
Antes de 2015, Honduras tenía quizás las disposiciones más rígidas del límite de mandato presidencial de cualquier constitución en el mundo: una presidencia de mandato único, una prohibición de reelección no enmendable y una disposición que cualquier funcionario que hiciera un esfuerzo por alterar la prohibición podría ser removido y excluido de la oficina por 10 años. Esta última cláusula de "píldora venenosa" se usó para justificar el derrocamiento del ex presidente Manuel Zelaya en un golpe militar de 2009, basándose en que sus esfuerzos por sondear a ciudadanos sobre la cuestión de convocar una nueva Asamblea Constituyente representaban un intento encubierto e inconstitucional de hacer de distancia con límites de término.
Justo antes de su propia toma de posesión en 2013, Hernández, el entonces presidente del Congreso nacional, y un fuerte partidario del golpe, ilegalmente reemplazó a cuatro de los cinco jueces en la Sala Constitucional de la Corte Suprema con incondicionales del Partido Nacional gobernante. Dos años después de su primer mandato, el Tribunal anuló las tres disposiciones sobre límites de mandato, como una "enmienda constitucional inconstitucional" y una violación de los derechos de libertad de expresión. Como han señalado los expertos en derecho, estas afirmaciones son extremadamente dudosas ya que las disposiciones en cuestión no fueron enmiendas, sino características centrales de la Constitución de 1982.
Los reclamos
de libertad de expresión, si bien son relevantes para la onerosa disposición de
"píldora de veneno", apenas proporcionaron una justificación para la
eliminación total de los límites del mandato constitucional.
En Bolivia, tras la sorpresiva derrota del referéndum de Morales, un gran golpe después de tres victorias electorales consecutivas con márgenes superiores al 60%, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) se obsesionó con asegurar su reelección de otra manera. Culpando de la pérdida, por un margen de apenas 136,000 votos, en una conspiración de propaganda del escándalo orquestada por las fuerzas de oposición derechistas y la Embajada de los Estados Unidos, el MAS discutió abiertamente estrategias alternativas de reelección. Estos incluyeron: un segundo referéndum constitucional, desencadenado por una votación de la Asamblea Plurinacional o una iniciativa ciudadana; una renuncia al cargo de Morales 6 meses antes de las elecciones; o una sentencia judicial para reinterpretar la Constitución inaugurada por Morales y el MAS menos de una década antes.
En Bolivia, tras la sorpresiva derrota del referéndum de Morales, un gran golpe después de tres victorias electorales consecutivas con márgenes superiores al 60%, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) se obsesionó con asegurar su reelección de otra manera. Culpando de la pérdida, por un margen de apenas 136,000 votos, en una conspiración de propaganda del escándalo orquestada por las fuerzas de oposición derechistas y la Embajada de los Estados Unidos, el MAS discutió abiertamente estrategias alternativas de reelección. Estos incluyeron: un segundo referéndum constitucional, desencadenado por una votación de la Asamblea Plurinacional o una iniciativa ciudadana; una renuncia al cargo de Morales 6 meses antes de las elecciones; o una sentencia judicial para reinterpretar la Constitución inaugurada por Morales y el MAS menos de una década antes.
El MAS eligió
el camino judicial como la opción menos riesgosa. El Tribunal Constitucional,
cuyos magistrados son elegidos popularmente de listas controladas por la
Asamblea Plurinacional dominada por el MAS, generalmente se ha aliado con
Morales, por ejemplo, al permitirle buscar un tercer mandato presidencial en
2014 a pesar del límite de dos mandatos de la Constitución. El Tribunal
Constitucional dijo que el primer mandato de Morales no contó, porque comenzó
antes de que se promulgara la Constitución de 2009.
En el caso
actual, dejando de lado los límites a los mandatos, el Tribunal Constitucional
consideró que el derecho inalienable de los ciudadanos a "elegir y ser
elegido", derivado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -el
principal tratado de derechos humanos en el hemisferio- reemplaza al boliviano
Constitución. Según el director de Human Rights Watch, José Vivanco, esta
interpretación es una lectura errónea de una cláusula diseñada para evitar que
los gobiernos abusivos excluyan arbitrariamente a los candidatos de la
oposición, no para impedir los límites del mandato constitucional. El propio
Morales ha invocado con frecuencia la soberanía nacional contra los reclamos
internacionales de derechos humanos afirmados por grupos indígenas y
ambientales que se oponen a las políticas extractivistas de su gobierno, y ha
amenazado con retirar a Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
Para el
jurista David Landau, estas sentencias son ejemplos de "constitucionalismo
abusivo": el uso indebido de la doctrina de los derechos humanos para
ayudar a erosionar, en lugar de salvaguardar, la democracia. Si bien la
manipulación de los principios constitucionales no es nueva en América Latina,
argumenta, el uso de altos tribunales para legitimar maniobras políticas es un
fenómeno relativamente reciente y creciente.
A pesar de
estos precedentes judiciales similares, es poco probable que la próxima
contienda presidencial de Bolivia se parezca a las elecciones robadas de
Honduras, con su flagrante manipulación de votos y aparente complicidad de una
rama electoral que está controlada constitucionalmente por el poder ejecutivo.
En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque elegido por el Congreso
controlado por MAS, constituye un cuarto brazo de gobierno con legitimidad
independiente. Incluso los detractores más persistentes de Morales admiten que
el fraude electoral ha sido insignificante bajo el régimen del MAS, aunque
algunos advierten que Morales podría solicitar que los tribunales suspendan,
pospongan o incluso anulen las elecciones si se anticipa un resultado
desfavorable.
Curiosamente,
el TSE de Bolivia, que organizó el referéndum de 2016 y es responsable de hacer
cumplir sus resultados, recientemente acaparó titulares al parecer cuestionando
la compatibilidad del fallo del Tribunal Constitucional con el referéndum. Si
bien el fallo judicial no hace referencia al referéndum, el TSE insiste en que
es "obligatorio, vinculante y actualmente en vigor", lo que levanta
la esperanza improbable en algunos sectores de oposición de que el TSE podría
negarse a calificar a Morales como candidato.
El escenario
más probable es que Morales se postule y vuelva a prevalecer en 2019 a través
de medios "legítimos", incluidas las vastas ventajas de la
incumbencia proporcionada por el control del MAS del aparato y los recursos del
estado. Si bien hay pocas dudas de que Morales ha perdido la legitimidad del
fallo del Tribunal Constitucional, su apoyo en la mayoría de las encuestas de
opinión todavía ronda el 50%, con un núcleo duro de 30% que representa su base
campesina rural. Y aunque el 51% de "voto nulo" en las elecciones
judiciales de diciembre -alimentado por cinco ex presidentes y políticos opositores-
se ha celebrado en algunos sectores como evidencia de una corriente
anti-Morales, la experiencia demuestra que los bolivianos votan de manera
diferente en los concursos judiciales y municipales (y referendos) de lo que lo
hacen en la selección de un líder nacional.
Un cuarto
triunfo de Morales también se deberá en gran parte a la economía aún resistente
de Bolivia. Gracias a las agresivas políticas económicas impulsadas por el
Estado de Morales y su gestión fiscal prudente, Bolivia ha mantenido una de las
tasas de crecimiento más altas de América Latina en los últimos años. Bolivia
también experimentó la mayor reducción en la desigualdad de ingresos, en
contraste, por ejemplo, con Honduras, que tiene la distribución de ingresos más
desigual en la región.
Además, como
ha señalado el politólogo Jorge Lazarte, Bolivia tiene quizás la oposición
política más débil de cualquier país latinoamericano, sin un candidato
disponible para competir con el poder, el carisma y el atractivo de Morales
hacia la población indígena mayoritaria del país. Las fuerzas de oposición de
izquierda y derecha permanecen fragmentadas, con poco potencial para la unidad.
Los principales líderes de la oposición, que todavía tienen sus raíces en los
sectores de élite, no han podido generar un discurso que atraiga a una amplia
base popular.
Como en
Venezuela actualmente, la pérdida de legitimidad gubernamental en Bolivia no ha
producido una oposición revitalizada. Esto también contrasta con Honduras,
donde los sectores populares progresistas indígenas, campesinos y urbanos se
unieron a las fuerzas anticorrupción de centroderecha en una amplia coalición
para desafiar al presidente en funciones.
Para un
electorado desconfiado del poder siempre en expansión de Morales, el MAS ha
comercializado hábilmente la naturaleza excepcional del liderazgo de Evo,
enfatizando la necesidad de completar el ambicioso programa de inversión
pública y desarrollo del gobierno (Agenda 2025). "Es un liderazgo
histórico, no funciona en ciclos cortos", dice Gabriela Montaño,
presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia.
Mientras tanto, como observa Pablo Stefanoni, el discurso hiperbólico entre algunos grupos opositores que denuncian al gobierno de Morales como peor que la dictadura de los 70 -o, para el caso, similar al régimen de Hernández en Honduras- socava el potencial de la unidad de la oposición. En las grandes ciudades, señala Stefanoni, las progresivas fuerzas de oposición están cada vez más alienadas por el comentario divisivo de las redes sociales que "combina una crítica legítima de los déficits institucionales [del gobierno] con dosis evidentes de racismo social".
Mientras tanto, como observa Pablo Stefanoni, el discurso hiperbólico entre algunos grupos opositores que denuncian al gobierno de Morales como peor que la dictadura de los 70 -o, para el caso, similar al régimen de Hernández en Honduras- socava el potencial de la unidad de la oposición. En las grandes ciudades, señala Stefanoni, las progresivas fuerzas de oposición están cada vez más alienadas por el comentario divisivo de las redes sociales que "combina una crítica legítima de los déficits institucionales [del gobierno] con dosis evidentes de racismo social".
En resumen, a
pesar de la desconfianza generalizada en Bolivia de los líderes que maniobran
para permanecer en el poder, no está claro que la mayoría de los votantes
quieran, o estén dispuestos a aceptar, una alternativa al status quo.
Un punto
final de contraste entre Honduras y Bolivia se evidencia por la respuesta
hipócrita del gobierno de los Estados Unidos y la Organización de los Estados
Americanos (OEA) a la revocación de los límites de mandato en los dos países.
En Honduras, el fallo judicial de 2015 que abolió los límites del mandato no
provocó ninguna reacción por parte de la administración Obama. Dos días después
de las recientes elecciones, en medio de crecientes evidencias de fraude y
represión policial violenta de manifestantes, el Departamento de Estado de los
EE. UU. Certificó que Honduras había progresado lo suficiente en mejorar los
derechos humanos y combatir la corrupción para recibir millones más en ayuda de
seguridad. Posteriormente, el gobierno de EE. UU. Fue uno de los primeros en
reconocer formalmente la victoria robada de Hernández.
Por su parte,
la OEA también se negó a investigar la manipulación de la judicatura por parte
de Hernández con fines políticos, a pesar de las reiteradas solicitudes de las
fuerzas populares de oposición. El secretario general de la OEA, Luis Almagro,
quien a menudo se ha aliado con los regímenes de derecha en la región, revirtió
el rumbo de Honduras en diciembre pasado luego de recibir un informe
sorprendentemente crítico de su misión electoral sobre el terreno, e incluso
pidió inicialmente una nueva votación presidencial.
Además de
contar anomalías groseras en el proceso electoral, el informe condenó
enérgicamente los esfuerzos de Hernández para reescribir la Constitución a
través de los tribunales. La misión electoral estuvo encabezada nada menos que
por Jorge "Tuto" Quiroga, un ex presidente boliviano conservador que
ha denunciado a Morales como un dictador ante la CIDH. Quiroga fue uno de los
cinco líderes de la oposición que trabajó activamente para socavar las
elecciones judiciales de Bolivia en un esfuerzo por deslegitimar al gobierno de
Morales. Irónicamente, al utilizar el informe de Honduras para avanzar en su
propia agenda política interna, Quiroga logró restaurar parcialmente la
credibilidad de la OEA en la región, aunque temporalmente, ya que Almagro
anunció su "firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades
electas de Honduras". "
En contraste,
pocos días después de que el Tribunal Constitucional invalidara los límites de
mandato en Bolivia, Almagro registró su fuerte desaprobación, mientras que el
Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su profunda preocupación por
el "desprecio [por] la voluntad del pueblo boliviano". Morales
declaró que la reacción de los Estados Unidos lo convenció de postularse
nuevamente y solicitó al TSE que condenara a Estados Unidos por entrometerse en
los asuntos internos de Bolivia, tal como lo había hecho en 2002, cuando el
embajador Manuel Rocha amenazó con retener la ayuda estadounidense a Bolivia si
Morales ganaba las elecciones.
En 2002, los
votantes respondieron a la desagradable advertencia de los EE. UU. Al impulsar
a Morales a un inesperado y fuerte segundo puesto. Una reacción similar en 2019
podría ser justo lo que Morales necesita para obtener una victoria en el cuarto
mandato.
¿HAY UN GIRO CONSERVADOR EN AMÉRICA LATINA?
Las reelecciones y la falta de renovación en los
liderazgos muestran la escasa vocación de cambio de las dirigencias.
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
El
declive de la "marea rosada" y el ascenso al poder de presidentes de
derecha -Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Michel Temer- inspiran a menudo esta
pregunta, formulada por algunos con horror y por otros con esperanza.
En la
tradición política de derecha, "conservador" evoca un compromiso con
valores que demandan sacrificio: familia, comunidad, religión, república. En la
tradición política de izquierda, "conservador" evoca resistencia al
progreso para defender el privilegio de pocos.
Ambos
significados tienen razones históricas y permiten iluminar el momento actual de
América Latina. La región enfrenta un momento conservador, no porque la derecha
esté ganando poder, sino porque sus democracias confrontan hoy un dilema:
defender principios o defender privilegios.
El dilema
de todo pensamiento conservador puede resumirse en una pregunta: ¿cómo
distinguir los valores esenciales, que deben ser preservados, de sus
manifestaciones contingentes, que cambian con cada momento histórico? La
respuesta a esta pregunta a menudo elude a los poderosos, quienes confunden su
propio poder con la esencia del sistema que dicen defender.
Planteado
de esta forma, el dilema conservador no es un problema exclusivo de la derecha.
Es el dilema de quienes se aferran al pasado para defender su poder futuro.
América Latina lo expresa de dos maneras distintivas: en el continuismo
presidencial y en la falta de renovación en los partidos políticos. Ambos males
afectan a todo el espectro ideológico.
El
continuismo presidencial se funda en la falacia de creer que el gobierno
exitoso de una república depende exclusivamente de una persona. Los resultados
del referendo ecuatoriano del domingo, en que un 64% de los electores votó para
eliminar la reelección indefinida, mostraron la resistencia social a esta
falacia, quizás el error más arraigado entre los gobernantes latinoamericanos.
Honduras,
en cambio, muestra las consecuencias de este mal. Desafiando la tradición
constitucional de su país, el presidente Juan Orlando Hernández buscó la
reelección en diciembre. El conteo de votos daba el triunfo a su oponente,
hasta que el tribunal electoral suspendió el proceso y, tras días de incertidumbre,
declaró ganador a Hernández. En medio de protestas violentas, la Organización
de los Estados Americanos reclamó nuevas elecciones.
Muchos
recuerdan todavía la crisis hondureña de 2009, cuando Manuel Zelaya fue
depuesto por una operación militar. El Congreso y la Corte Suprema respaldaron
este desatino con el argumento de que Zelaya buscaba alterar la Constitución
para ser reelegido. El artículo 239 prohibía la reelección y el artículo 374
prohibía cualquier intento de alterar esta norma, considerada un principio
constitucional pétreo.
El
principio "pétreo" fue desmantelado por sus supuestos defensores
pocos años más tarde. La politóloga costarricense Ilka Treminio mostró que Juan
Orlando Hernández, aunque popular y en control de su partido, llegó a la
presidencia sin respaldo parlamentario para reformar esta Constitución
legalmente irreformable. Pero siempre hay una vía alterna para el político
creativo.
En 2012,
cuando era presidente del Congreso, Hernández impulsó una purga de la Corte
Suprema para nombrar jueces aliados en la Sala Constitucional. Tras llegar al
gobierno en 2014, mantuvo perfil bajo mientras un expresidente impulsaba una
acción de inconstitucionalidad contra los artículos 239 y 374. La Sala
Constitucional revirtió entonces la interpretación legal que había servido para
deponer a Zelaya y autorizó la reelección. Este fallo de 2015 abrió el camino a
la crisis política que sacude a Honduras hoy en día.
El virus
del continuismo no ataca solamente a la derecha, como muestra el caso de
Bolivia. Ignorando la fuerte resistencia social, Evo Morales también buscará la
reelección este año, a pesar de que la Constitución de 2009 -quizás el
principal legado de su gobierno- se lo prohíbe.
Morales
fue elegido en 2006 y reelegido tras el cambio constitucional en 2009. Prometió
no buscar un tercer mandato para destrabar la negociación constituyente, pero
olvidó su promesa cinco años después. Evo se transformó así en el presidente
más duradero -y posiblemente el más popular- en la historia de Bolivia. Pero un
cuarto mandato requiere desmantelar los principios de la Constitución que funda
el Estado plurinacional.
Su
intento de enmendar la Constitución a través de un referendo fue rechazado por
el 51% de los bolivianos en febrero de 2016. Morales denunció que "el MAS
perdió gracias a las mentiras de la derecha". Al igual que Hernández,
apeló entonces a los jueces amigos. En noviembre pasado, el Tribunal
Constitucional falló que el límite a la reelección viola sus derechos
políticos. De este modo, la Justicia boliviana ha creado el escenario para una
crisis similar a la de Honduras.
Los
ejemplos de Honduras y de Bolivia muestran que el poder es un espejo que
distorsiona y engaña. Quienes lideran suelen creer que los grandes principios
(de la patria o la revolución, de la empresa o del partido) solo están
asegurados bajo su liderazgo. Esta falsa percepción se ve reforzada por un
núcleo adulador que a menudo los rodea.
Incluso
en países con instituciones fuertes, en donde la Constitución no puede
deformarse fácilmente como en Honduras o Bolivia, este problema se manifiesta
al interior de los partidos políticos: los líderes establecidos se resisten a
abrir espacio a una nueva generación de hombres y mujeres.
El caso
de Chile, una de las democracias más sólidas de la región, es tristemente
ilustrativo. Sebastián Piñera sucederá a Michelle Bachelet, quien sucedió a
Sebastián Piñera, quien reemplazó a Michelle Bachelet. Desde 2006, la
alternancia ideológica no significa renovación del liderazgo presidencial. El problema
quizá vaya más lejos: el expresidente Ricardo Lagos fue también precandidato
presidencial el año pasado, aunque abandonó la carrera en abril. Esta situación
no puede leerse con optimismo. Los partidos chilenos han sido abandonados
progresivamente por la ciudadanía, tornándose en organizaciones sin capacidad
de forjar identidades políticas.
¿Y la
Argentina? A pesar de sus muchos padecimientos, el país ha enfrentado el dilema
conservador con relativo éxito. Es verdad que Carlos Menem y los Kirchner soñaron
con el gobierno eterno, prometiendo ser guardianes de la convertibilidad en el
primer caso y de la justicia social en el segundo. También es verdad que el
liderazgo radical se renueva con la velocidad generacional de un glaciar. Pero
la tradición peronista de sacrificar a sus expresidentes y la capacidad radical
para formar alianzas con nuevas fuerzas ha impulsado la regeneración de la
clase política.
El nuevo
momento conservador de América Latina no requiere un giro ideológico frente a
las últimas dos décadas, sino enfrentar un desafío que se hunde en nuestra
larga historia republicana. Un proyecto conservador para la región debe
preservar los principios perdurables de la democracia sin que esta excusa sirva
para preservar el privilegio político de pocos.
GREGORIO SANTOS BUSCARÁ REUNIRSE CON NICOLÁS MADURO Y EVO
MORALES
El exgobernador de Cajamarca
señaló que varios movimientos políticos y sociales buscarán reunirse con ambos
mandatarios para "conocer sobre sus procesos de cambio"
Diario Correo de Perú (www.diariocorreo.pe)
El líder del Movimiento de Afirmación Social
(MAS), Gregorio Santos, manifestó que junto a varios colectivos políticos y sociales, buscarán reunirse con el presidente de Venezuela Nicolás
Maduro, así como también con el mandatario boliviano Evo Morales,
luego de asistir a la VIII Cumbre de
las Américas, a celebrarse los días 13 y 14 de abril de este año.
"Las
fuerzas y movimientos políticos y sociales buscaremos reunirnos con el
presidente Nicolás Maduro, Evo
Morales, y otros presidentes para conocer
sobre sus procesos de cambio en América Latina y su posición respecto al
imperialismo", manifestó el excandidato a la presidencia, según el diario
El Comercio.
Santos,
por otro lado, convocó a la unidad de la nación "frente al
imperialismo invasor y terrorista" de Estados Unidos, y a su
vez, refirió que en el Perú, hay políticos que "buscan unirse para defender la
dictadura que nos gobierna desde 1993".
"Los
patriotas tenemos la obligación moral y de principios de defender la soberanía
de cada país de construir su propio destino. Soberanía frente al imperio de
Estados Unidos", puso énfasis la exautoridad cajamarquina.
La
posible visita de Nicolás Maduro en el país, por otro lado, ha provocado
críticas y rechazos tanto de la clase política nacional como de los inmigrantes
venezolanos que residen en el Perú a causa de la crisis que se vive en
Venezuela.
REAFIRMA GOBIERNO DE BRASIL INTERÉS EN FERROCARRIL
BIOCEÁNICO CON CHINA
Xinhua de China (www.spanish.xinhuanet.com)
El
gobierno de Brasil mantiene su interés en el proyecto con China de un ferrocarril
bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico y está abierto a la búsqueda de
rutas alternativas para su viabilidad a largo plazo, dijo en entrevista con
Xinhua Jorge Arbache, Secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio
de Planeamiento del país sudamericano.
Un primer
estudio fue realizado por la empresa CREC (China Railways Corporation),
evaluando las posibilidades de su construcción a través del estado brasileño de
Acre, en la región amazónica, pasando por el norte de Perú, hasta llegar al
Pacífico.
El
estudio, sin embargo, dejó dudas sobre la viabilidad económico-financiera de
esa opción, pero otras posibilidades no están descartadas.
"Tenemos
informaciones de que hay en la mesa un estudio de una ruta que pasaría por
Bolivia, un poco más abajo, y saldría en Perú, en el puerto de Ilo. Esa ruta,
por lo que nosotros sabemos, está siendo examinada, pero no sabemos en qué
situación se encuentra ese estudio", señaló.
El
Secretario resaltó que el interés brasileño por el proyecto del ferrocarril
bioceánico continúa en pie, aunque es necesario encontrar soluciones para su
viabilidad.
"El
punto que debe quedar claro es que no es que el gobierno brasileño dio la obra
como descartada, sino que el estudio presentado no se mostró suficiente para
que hubiera mayor convencimiento de la capacidad económico-financiera de la
ferrovía. La ferrovía sí interesa al gobierno brasileño", afirmó.
Más allá
de ese proyecto en particular, enfatizó Arbache, el gobierno brasileño ve la
relación económico financiera con China como "de extrema
importancia".
"China
es nuestro mayor socio comercial y se convirtió en el mayor socio en el área de
inversiones. Para el gobierno brasileño es muy importante y no es por otra
razón que estamos estimulando el estrechamiento de las relaciones por varios
canales, no solo por el canal económico, comercial, financiero, de inversiones,
sino también de la cultura, de la academia", dijo.
Citó en
particular la creación del Fondo China-Brasil para la Expansión de la Capacidad
Productiva, una iniciativa para elaborar y evaluar proyectos de forma conjunta
que entró en operaciones a mediados de 2017.
Por otra
parte, el Ministerio de Planeamiento inició a fines del año pasado la
publicación de un Boletín Bimestral sobre Inversiones Chinas en Brasil, que
registra el creciente flujo de capitales de origen chino que llegan al país.
"El
diálogo continúa normalmente, hay inclusive inversiones "greenfield"
(desde cero) que están ocurriendo, algo que nosotros veníamos esperando",
agregó.
De
acuerdo al Boletín Bimestral, las inversiones chinas en Brasil en el último
bimestre de 2017 totalizaron 6.700 millones de dólares.
Entre los
anunciados y confirmados, China se involucró en 250 proyectos en el país
sudamericano en el período de 2003 a 2017 con valores totales de 123.900
millones de dólares, de los cuales 93 proyectos fueron confirmados, totalizando
53.500 millones de dólares.
Se
observa además un aumento de la diversificación de las inversiones en varias
áreas, incluyendo servicios, así como una tendencia a aumentar la participación
de inversiones de empresas privadas chinas.
Los datos
apuntan que 2017 fue el segundo mejor año de las inversiones chinas en Brasil,
con cerca de 20.900 millones de dólares en proyectos anunciados y confirmados.
Arbache
apuntó también que existe un fuerte interés por parte de China en los programas
de privatización del gobierno brasileño.
El
Secretario mencionó como ejemplo la expectativa del gobierno brasileño de que
capitales chinos puedan participar en la licitación que ampliará la
participación privada en Eletrobras, una empresa de capital mixto y la más
importante del sector, que debe ocurrir en el curso de este año.
MCLEAN:
ENCARCELAR A LOS MALOS NO TERMINA CON LA CORRUPCIÓN
En
el país se necesita competencia, menos discrecionalidad y más rendición de
cuentas, señala Ronald McLean, el primer alcalde de La Paz, Bolivia, quien
tiene una metodología para acabar con la corrupción.
Prensa
Libre de Guatemala (www.prensalibre.com)
McLean está
en Guatemala y habló con Prensa Libre sobre la corrupción en el país,
casos de éxito y cómo combatirla, fue el primer alcalde electo en Bolivia
después de 40 años. Estuvo en el cargo durante cuatro periodos.
En su
administración se enfrentó a la corrupción local, pero en su primer año logró
controlarla. A los dos años ya estaba erradicada. Su metodología es no
intrusiva ni confrontativa. Consiste en acercarse a las autoridades y
plantearles el problema en su institución y cómo prevenir o erradicar el mal.
Este
miércoles impartirá una conferencia ante alcaldes, políticos y funcionarios, en
la que dará detalles sobre su propuesta. En Guatemala el proyecto es coordinado
por la Fundación Esquipulas y apoyado por cooperación internacional.
¿Cómo se debe
tratar la corrupción?
Hay que
penalizarla, pero no criminalizarla. Hay una diferencia importante, cuando algo
se convierte en un crimen, el tratamiento es diferente que algo que es ilegal,
tiene una pena.
Nos hemos ido
a la criminalización de los buenos y los malos, hemos empezado a investigar, a
perseguir, a castigar y encarcelar a la gente, que no está mal para dar una
señal clara de que hay que cambiar al sistema y no hay impunidad.
Llega un
momento en que hay que revisar el diagnóstico y cambiar el tratamiento.
Guatemala está en ese momento, tiene que parar y reflexionar si quiere seguir
haciendo lo que está haciendo o hay que cambiar el tratamiento para lograr
bajar la corrupción.
¿Hay cura
para la corrupción?
Por lo menos
estamos vacunados, no sé si curados. Hay una fórmula sencilla, la corrupción
existe en la forma simplificada, cuando hay monopolio en las decisiones,
discrecionalidad y falta de rendición de cuentas.
Las
investigaciones en Guatemala han implicado a políticos y empresarios, ¿Entonces
son las personas o el sistema?
Está en el
sistema. Está bien castigar eso, develarlo, poner a la gente a la cárcel, pero
no pueden seguir operando porque el problema ya está y van a matar al paciente.
Hay que buscar otro método para quitarle la enfermedad.
¿Cómo
responder a la población que pide justicia?
Los políticos
son el resultado de nuestras sociedades, nosotros los elegimos, y nosotros
somos tan cómplices como el resto de la gente. Algunos tenemos que participar
en la corrupción porque no le queda otra cosa al sistema, pero el sistema está
allí, está funcionando. La gente no paga impuestos, engaña en los exámenes y
cuando llegan al gobierno hacen lo mismo, pero en grande.
Está bien, se
ha hecho una operación, se ha develado el problema, se ha traído a la mesa, el
problema era un tabú, ahora se está discutiendo, pero el diagnóstico está
equivocado.
¿Se debía
encarcelar al expresidente Otto Pérez Molina por corrupción?
Era un caso
emblemático, nosotros siempre hablamos de freír un pez gordo para dar una señal
clara a la sociedad y que eso no se repita, pero hay un límite a eso, si
freímos a todos los peces nos quedamos sin mercado. Esto no está solucionando
el tema de la corrupción, está persiguiendo a la gente, entonces, entre reducir
la corrupción y exigir justicia, hay que tener un balance.
¿El temor a
la judicialización evita que la corrupción siga?
Claro que no,
porque el sistema está intacto. El que viene detrás hace lo mismo, aprende el
sistema y lo explota, porque el sistema es corrupto. Más importante que los
hombres corruptos es perseguir a los sistemas, hay que transformarlos,
modernizarlos, cambiar esa ecuación de monopolio, discrecionalidad y falta de
rendición de cuentas.
Si la
corrupción está en el sistema, ¿cómo se hereda en los políticos?
Lo que pasa
es que el sistema es corrupto, si no hacemos que el financiamiento de la
política sea transparente y legal, el que venga a hacer política, aunque sea
previamente honesto va a terminar siendo corrupto.
¿Cómo saber
cuándo es suficiente "castigo" ?
No hay una
fórmula mágica, pero lo que sí es cierto es que, si el énfasis sigue siendo en
la criminalización, se va a meter mucha gente en la cárcel, pero la corrupción
va a seguir.
La corrupción
va a seguir, la pregunta es quieren parar la corrupción o quieren castigar a la
gente. Casi es una disyuntiva, yo creo que la señal está dada, presidente y
vicepresidentes en la cárcel perfecto, pero ahora cambiemos el sistema, si
permanece llega por el siguiente presidente y hace lo mismo.
¿Qué opina
del intento de expulsión del comisionado de Cicig, Iván Velásquez?
Yo no soy un
experto en Guatemala y no quiero entrar en el tema político, pero sí me doy
cuenta que el diagnóstico está equivocado y el tratamiento está equivocado,
está causando este tipo de cosas, estamos discutiendo sobre el cirujano, si es
bueno y si es malo, si se tiene que ir o si tiene que quedarse.
“VELÁSQUEZ
… ESTÁ REMOVIENDO EL CÁNCER DE LOS PULMONES DE LA SOCIEDAD” RONALD MCLEAN,
EXALCALDE DE LA PAZ, BOLIVIA
McLean
aseguró que Guatemala tiene “ventaja” sobre los demás países del continente
porque cuentan con una Fiscal General y un Comisionado contra la impunidad,
independientes.
El
Periódico de Guatemala (www.elperiodico.com.gt)
Previo a
ofrecer su conferencia internacional “Islas de Integridad” organizada por
la Fundación Esquipulas y otras entidades, el exalcalde de La Paz, Bolivia,
Ronald McLean, habló con ‘elPeriódico’ sobre la corrupción y sus factores, y
cómo esta ha logrado convertirse en “sistémica”.
El
martes se dio a conocer un documento en el que el Gobierno reprochó a la
ONU un “excesivo” uso de prisión preventiva ¿qué refleja esta actitud?
– Nuestras
sociedades en general: Brasil, Bolivia, Guatemala… son premodernas, en el
sentido que tenemos instituciones antiguas que tienen el ADN de la corrupción.
Las sociedades modernas se han librado de aquello. En nuestros países la
corrupción está generalizada, es sistémica, está en todo el cuerpo. Si bien es
importante una intervención quirúrgica para remover los tumores más
importantes, de ahí hay que pasar a un proceso de quimioterapia para combatir
la infección generalizada del cuerpo social.
Entonces,
obviamente la ventaja que tiene Guatemala sobre el resto de los países es que
tiene un Comisionado y una Fiscal independiente que no tienen ninguna
vinculación ni intereses creados en el propio país, sino que están realizando
una acción de limpieza. Es un cirujano que está removiendo el cáncer de los
pulmones de la sociedad y esto produce una resistencia, una crítica y una
queja.
¿Por qué la
figura del Comisionado genera tanta animadversión?
– Porque es
el cirujano que ha venido a operar, y la gente le tiene miedo al cirujano y al
dolor de la operación y al hecho de que obviamente va a destapar casos más
extremos, me imagino, como los del Presidente anterior y la Vicepresidenta
(Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti); obviamente la corrupción se ha alejado,
ustedes han dado un gran paso. El paso legal, judicial y ahora hay que dar el
paso a la reforma y a la modificación del Estado.
¿Cómo ve la
actitud del Gobierno que es señalado por muchos sectores, que no es
precisamente quien está abanderando la lucha contra la corrupción?
– No conozco
bien la situación y no puedo opinar del aspecto político interno de Guatemala,
sería un exceso de mi parte. Creo que se necesita voluntad política, firme para
ir adelante en este problema porque aquí hay una gran intromisión del
narcotráfico en el país y en las instituciones, y son intereses muy grandes y
muy poderosos, entonces se necesita toda la fuerza de Estado y todo el apoyo
que puedan tener de la comunidad internacional para vencer esas fuerzas. Otros
países no tenemos CICIG, no tenemos ese apoyo.
¿Cuál fue el
éxito de la metodología “Islas de Integridad”?
– Está basada
en mi experiencia en La Paz, donde encontré una corrupción generalizada. La
hiperinflación que hizo que toda la gente se involucrara en corrupción porque
todos los sueldos cayeron a US$8 y US$10, apliqué una estrategia que funcionó
muy bien y es uno de los pocos éxitos que se han logrado.
Con la
colaboración y el apoyo, se ha desarrollado una metodología de éxito y a partir
de eso nosotros capacitamos a facilitadores en cada país, en sus idiomas
nativos. Es una estrategia para municipios y locales, pero que puede ser
extrapolada para agencias y ministerios. Lo conceptos son los mismos.
Como era
alcalde no tenía idea del sistema judicial boliviano; entonces tuve que idearme
una alternativa para combatir y reducir la corrupción y prevenirla
eventualmente. Concluimos que la corrupción no es una causa, sino un síntoma,
un efecto y para combatirla no es suficiente ello, sino que ver cuáles son las
causas de esta.
Si un niño
tiene temperatura, ese es un síntoma que hay una enfermedad. Uno puede bajar la
temperatura poniéndole los baños de agua fría; pero la enfermedad que tiene en
algún lado no se le ha ido. Entonces, perseguir a los corruptos es perseguir a
los síntomas.
ECONOMISTAS DESTACAN ESTRATEGIA DE BOLIVIA PARA CONTROL
DE DÉFICIT FISCAL
Xinhua de China (www.spanish.xinhuanet.com)
La bolivianización
financiera, la emisión de bonos en el mercado internacional, la estabilidad de
las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la recuperación de precios de las
materias primas hacen sostenible y controlable el déficit fiscal, según
economistas y el gobierno de Bolivia.
El
analista y director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, el economista y ex
funcionario del Banco Central de Bolivia (BCB), Luis Ballivián, y el
viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, explicaron en
entrevista con Xinhua las razones sobre el elevado déficit fiscal y las
acciones para sostener el indicador macroeconómico.
Proporcionalmente,
el déficit fiscal de Bolivia en 2017, del 7,4 por ciento respecto del Producto
Interno Bruto (PIB), fue el mayor a la media registrada en la región, según
datos proporcionados por el Ministerio de Economía.
En el
caso de América Latina y el Caribe, la media del déficit fiscal llegó a 3 por
ciento del PIB en 2017, de acuerdo con un informe publicado por el Banco
Mundial.
El déficit
de Bolivia en 2016 se situó en 6,7 por ciento como proporción del PIB.
En 2017
se presupuestó 7,8 por ciento, pero se cerró con el 7,4 por ciento y en 2018 se
proyecta el 8,32 por ciento.
Durán
explicó que por las políticas aplicadas del modelo económico social y
productivo las cuentas fiscales mostraron un superávit, pero que debido al
contexto económico internacional desfavorable, con baja de precios de los
hidrocarburos y la desaceleración de los socios comerciales, desde 2014 se
registraron déficits fiscales controlados.
"A
pesar de la caída de ingresos del gas y gracias al ahorro proveniente del
superávit de gestiones pasadas, se continuó impulsando la inversión pública y
financiado políticas de protección social", manifestó.
Explicó
que el origen de esa brecha del déficit obedeció a la inversión en proyectos y
la importación de bienes de capital y a que no proviene del gasto corriente.
Para el
economista Ballivián, el 7,4 por ciento del déficit fiscal es manejable para el
tamaño de la economía de Bolivia.
Observó
que el problema es cómo se financia ese déficit.
"Hay
que ver con optimismo la recuperación de los precios de los minerales y el
petróleo, esa posibilidad de que los ingresos provenientes de la renta
petrolera se recuperen en los niveles de 2013 y 2014", aseveró.
Consideró
importante que el gobierno emita bonos soberanos por 1.000 millones de dólares
para lograr ganancias.
"Debemos
seguir manteniendo un tipo de cambio estable, incrementar las reservas
internacionales con la recuperación de los precios del petróleo y los ingresos
por la entrada en operaciones de la nueva planta de urea", aseveró.
Oporto
manifestó que la bolivianización y el tamaño de la economía son dos factores
que se considera fundamentales para que no genere preocupación este déficit.
"Es
importante mantener inalterable el tipo de cambio respecto del dólar, la
fortaleza de la moneda nacional le brinda certidumbre a las operaciones
financieras en el país", agregó.
"Bolivia
puede aguantar un déficit fiscal de entre 10 y 12 por ciento, que todavía puede
ser manejable, aunque no es recomendable", agregó.
El
economista manifestó que la brecha se debe a que los gastos se han elevado, hay
menores ingresos y la ejecución de inversión es baja.
Alertó
que el déficit de 8,3 por ciento que se tiene previsto para 2018 confirma que
la economía está amenazada por serios desequilibrios externos.
En 2002,
el déficit llegó a 8,8 por ciento por el gasto corriente, aunque no hubo buenos
ingresos por la venta al exterior el gas natural.
El gobierno
programó en el Presupuesto General del Estado 2018 un déficit fiscal de 8,3 por
ciento.
Este
porcentaje se aproxima al nivel más alto registrado desde 2002.
Durán
explicó que la diferencia es que en esa época el país no gozaba de los elevados
ingresos producto del boom de precios del petróleo de los últimos años, tampoco
se tenía el Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
Argumentó
que la brecha fiscal 2018 no responde a un crecimiento de los gastos, sino a
una mayor inversión.
ENCONTRARON
MUERTO AL CREADOR DE GUIDO MODELS, LA AGENCIA DE MODELOS DE LA VILLA 31
Guido
Fuentes, oriundo de Bolivia, fue encontrado esta mañana en una habitación que
ocupaba en el asentamiento de Retiro: habría muerto el lunes por causas
naturales. Fuentes policiales apuntan que no habría signos de violencia en el
cuerpo. Un documental estrenado en el BAFICI contó su historia.
Infobae
de Argentina (www.infobae.com)
Efectivos de la Policía de la Ciudad derribaron la puerta de la
habitación que Guido Fuentes ocupaba en la Villa 31 de Retiro
para encontrar su cadáver. Voces policiales aseveraron a Infobae que no se detectaron signos aparentes de violencia tanto en el
lugar como en el cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial en la calle
Viamonte. La causa del fallecimiento
sería, por lo pronto, natural.
La muerte de
Fuentes, de 42 años, nacido en Tarica y criado en Cochabamba, Bolivia, y vecino de la 31 desde hace más de 20 años,
es un golpe doloroso para las fibras
que componen a la identidad de la villa. Es también, en cierta
forma, el fin de su apuesta contra lo imposible. En 2009, Fuentes se convirtió en el creador de su
propia agencia de modelos, con un staff de chicas del asentamiento. La llamó como él mismo, Guido Models.
Fuentes se convirtió en noticia en toda América
Latina por la aparente paradoja de ser el fundador de una agencia de
modelos en plena Villa 31, con cobertura de canales como CNN. El contraste era ineludible: ¿cómo una modelo
de pasarela iba a salir de un asentamiento, cómo iba a encajar en el mundo de
la moda?
En octubre de
2015, un documental sobre Fuentes y su
agencia, el debut cinematográfico de la directora Julieta Sans, se
convirtió en una de las películas más
significativas estrenadas en el BAFICI de aquel año. Sans se acercó
primero como fotógrafa, para seguir a Fuentes y a sus chicas. Fuentes comentaba
sobre Sans a Infobae en aquel
entonces: "Le atrajo el contraste de un barrio humilde. Ese fue el contraste y el atractivo.
Vino varias veces para seguir el trabajo que yo hacía, vino y me propuso hacer
el documental".
Fue más que
una atracción de un contraste obvio a simple vista. En el proceso, Sans logró un retrato de una intimidad
notable que se volvió un comentario sobre la identidad migrante y la
integración sin los clichés paternales de la burguesía progresista.
Fuentes no
solo era un manager: diseñaba su propia
ropa que sus modelos vestían, montaba desfiles en fiestas parroquiales
dentro del asentamiento, incluso llevó
a sus modelos a un desfile en Cochabamba, la ciudad boliviana en donde se crió.
Fuentes
relató a Infobae cómo comenzó su
agencia: "Llegué hace 25 años a la Argentina. Viví en Once un tiempo. Después, mi situación comenzó a hacerse
difícil. Trabajé de todo: de empleado en limpieza en la terminal de Retiro, en
costura, trabajé en la Villa, hacía anticuchos de corazón en una
parrillita. Moldería aprendí con la
revista Burda. Sacaba las
hojas y empecé a copiar los moldes, las medidas de cada vestido. Así
aprendí a sacar moldes. Yo vendía ropa
en La Salada, eran camperas, no vestidos de alta costura ni nada.
Shorts, remeras, cosas así".
Fuentes algo sabía del mundo de las modelos: en
Cochabamba había participado en un concurso de belleza para elegir a Miss
Boutique, el principal concurso de belleza local. Uno de sus primos
tenía una importante casa de ropa, La Maison. "Yo quería hacer un desfile.
Desde los edificios de avenida Libertador se ve el barrio y la terminal de
Retiro. Era ese contraste de dos mundos
distintos. Y me imaginé una pasarela de chicas modelando con los colectivos que
pasaban. Decía: '¿Por qué no lo hago?'. Mis vecinos me decían que estaba
re loco, que qué quiere hacer con las chicas. En 2008, cuando empecé, las mamás
me decían que estaba loco. Mi primera alumna fue una chica boliviana que estuvo
apenas una semana conmigo. Empecé yendo
de casa en casa, diciéndoles a mis amigas que anoten a sus hijas, que el 5 de
diciembre del 2009 iba a hacer un desfile. Empecé a pegar volantes por
toda la 31″, continúa.
Con el
tiempo, Fuentes llegó a acumular un
staff de 18 modelos. Cuatro de sus chicas participaron en una filmación con
Flavio Mendoza a fines de diciembre pasado. Voces cercanas a Fuentes,
todavía en shock por su muerte, aseguran que Guido "estuvo trabajando
tranquilo los últimos meses, había conseguido buenas cosas". Había
intentado mudarse a Floresta, sin éxito, pero su vida no tenía mayores
sobresaltos. Varios amigos y familiares se dirigieron a la Morgue Judicial a
comienzos de esta tarde. La
autopsia será un factor determinante.
COSTA
RICA – NICARAGUA: LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA DECIDIDA POR LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA (CIJ)
El
País de Costa Rica (www.elpais.cr)
Este 2 de
febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dió a conocer su decisión con
relación a la demanda interpuesta por Costa Rica en febrero del 2014,
solicitando al juez determinar la frontera marítima en ambas costas (véase
comunicado oficial de la CIJ en francés y
en inglés).
Adicionalmente, el fallo incluye una respuesta a otra demanda planteada por
Costa Rica, relacionada esta vez a la presencia de un campamento militar en la
playa cercana a la Laguna de Portillos, interpuesta en enero del 2017 por Costa
Rica.
Dos Estados
bioceánicos sin fronteras marítimas
A diferencia
de los Estados costeros de América Latina, no existe ningún tratado de límites
en materia marítima entre Costa Rica y Nicaragua. Las líneas elaboradas por
ambos Estados en algunos documentos oficiales publicados no responden a ningún
título jurídico. Las negociaciones bilaterales se iniciaron en el 2002
(véase nota de
La Prensa) y fueron suspendidas por Nicaragua en el 2005 a raíz de la demanda
interpuesta ante la CIJ por Costa Rica por los derechos de navegación en el río
San Juan: pese a no guardar ninguna relación el objeto de la demanda con el
tema marítimo, ello evidencia el efecto negativo de una demanda presentada de
forma unilateral por un Estado contra otro, tendiente a suspender toda la
agenda bilateral existente.
El derecho
del mar reconoce a un Estado costero el derecho de establecer una zona
denominada “Mar Territorial” hasta un límite que no exceda las 12 millas
náuticas, medidas a partir de líneas de base. A partir del “Mar Territorial“,
un Estado puede pretender extender su “Zona Económica Exclusiva” (ZEE) y su
Plataforma Continental hasta un máximo de 200 millas marinas. Como se puede
apreciar, el lograr que el juez internacional confirme líneas pretendidas en la
ZEE tiene un beneficio mucho mayor al de las líneas pretendidas en el Mar
Territorial.
Un
intercambio de notas y una demanda
Esta demanda
de Costa Rica solicitando al juez determinar la frontera en ambos océanos se
presentó ante la CIJ el 25 de febrero del 2014, pocas semanas después de la
primera vuelta electoral en Costa Rica, y de forma un tanto sorpresiva. Al
revisar los intentos de acercamiento previos al 2014, únicamente se registra el
siguiente: en marzo-abril del 2013, se dió un intercambio de notas entre ambos
(véase pp.158-172 de estos anexos presentados
por Costa Rica a la CIJ), en el que Costa Rica le propone a Nicaragua retomar
las negociaciones sobre las fronteras marítimas en ambos océanos, a lo que
Nicaragua responde haciendo ver que se omite precisar las razones por las que
Nicaragua las suspendió.
Se trata de
un interesante episodio en el que se evidencia la poca disposición de ambos de
crear condiciones reales para retornar a la mesa de negociación. Más allá del
punto de saber si no hubiese sido tal vez más oportuno esperar que la CIJ
fallara sobre los dos asuntos pendientes de resolución ante la CIJ (al 2013)
para reactivar paulatinamente el diálogo con Nicaragua, sería interesante
conocer qué fue lo que motivó a Costa Rica a solicitar formalmente el reinicio
de negociaciones en el mes de marzo-abril del 2013 después de un largo período
de tiempo sin hacerlo.
Esta falta de
disposición para intentar encontrar una solución negociada antes de recurrir al
juez internacional se hace mucho más evidente si se compara con otros casos
ventilados en La Haya. Son muchos los años que han transcurrido entre Bolivia y
Chile y entre Perú y Chile antes de que Bolivia optase por recurrir a la CIJ en
el 2016, y Perú en el 2008. Estos y muchos otros ejemplos de la región
latinoamericana (que se pueden encontrar de igual manera en otras latitudes)
indican que, por lo general, los Estados se otorgan un tiempo, a veces muy
extenso, en el que sus aparatos diplomáticos exploran diversas vías en aras de
resolver sus disputas antes de accionar la vía judicial. Más cerca de nosotros,
notemos que Honduras y El Salvador, cuya “guerra del fútbol” en 1969 propició una
grave crisis, dio lugar al acuerdo de Lima (Perú) en 1980, y a la presentación
de un compromiso conjunto ante la CIJ en 1986, resuelto por la CIJ en su fallo
de 1992; o que la denuncia en 1980 por parte de Nicaragua de un tratado de
delimitación con Colombia suscrito en 1928, originó una crisis que se resolvió
con el fallo de la CIJ del 2012, ante la demanda presentada por Nicaragua
contra Colombia en el 2001. Con relación a esta última controversia, es
probable que muchos en Colombia lamenten (en silencio) el hecho que durante el
período 1980-2001 no se hubiesen entablado negociaciones bilaterales con
Nicaragua para delimitar la frontera marítima en el Mar Caribe.
Algunos
intereses existentes en ambos océanos
Más allá del
punto de saber qué fué lo que impidió a Costa Rica esperar que primeramente la
CIJ resolviera dos asuntos pendientes ante la CIJ en el 2014 para proponer a
Nicaragua entablar negociaciones sobre los límites marítimos, es de notar que
la inexistencia de un acuerdo en la materia propició roces y notas de
protestas.
Como es
sabido el fenómeno del “Domo Térmico” se ubica a varias millas nauticas de las
costas de Costa Rica y de Nicaragua en el Pacífico, y constituye un recurso
único en materia pesquera (véase documento elaborado
al respecto por la ONG Mar Viva y juego de mapas sobre su evolución). Por otro
lado, Nicaragua desde varios años busca proceder a la prospección en materia de
hidrocarburos en ambas costas. La edición de un mapa en Nicaragua en el 2012
sobre bloques ofrecidos en sus mares para la exploración de hidrocarburos
(similar a otro publicado en el 2003) dió lugar a una nota formal de protesta
de Costa Rica enviada a finales de julio del 2013 (véase nuestra nota al
respecto publicada en CRHoy).
Mapas
oficiales en busca de descuidos
La edición,
por parte de Nicaragua, de mapas oficiales cuyas líneas se acercan a las costas
de Costa Rica forma parte de las técnicas que tiene un Estado para intentar
formalizar sus pretensiones en una zona. Un mapa editado en el 2002 dió lugar a
una nota de protesta en el 2002 por parte de Costa Rica. Un mapa similar
editado en el 2012 dió lugar a una nueva protesta por parte de Costa Rica en
julio del 2013. En el artículo precitado publicado en CRHoy nos permitimos
precisar lo que a menudo enseñamos a nuestros estudiantes a la hora de abordar
la teoría del acto jurídico unilateral en derecho internacional público:
“Es
importante señalar que un acto unilateral de un Estado susceptible de afectar
derechos de otro Estado y que no de lugar a una protesta puede ser entendido por
el contrincante como una aceptación tácita de su reclamo (y el día de mañana,
entendido de la misma manera por un tercero llamado a zanjar una controversia
entre ambos contendores). Cualquier inconsistencia en el tiempo (por simple
descuido o negligencia) puede complicar singularmente la posición defendida. De
ahí la labor imperiosa de los Estados de vigilar constantemente cualquier
manifestación unilateral como lo pueden ser mapas oficiales editados por otros
Estados (o que tengan alguna relación con entidades públicas estatales)
susceptibles de abarcar áreas sobre las que pretenden tener derechos y
manifestarse formalmente al respecto si es del caso. Ello se da usualmente
cuando se trata de territorios fronterizos ubicados en zonas remotas mal
demarcadas, poco accesibles, o bien cuando hay controversias territoriales
irresueltas”
Nótese que en
junio del 2015, Costa Rica anunció que notificó a la empresa noruega Statoil de
su litigio con Nicaragua y su oposición al otorgamiento de concesiones por
parte de Nicaragua a esta empresa petrolera: al revisar la ubicación exacta de
los bloques concesionados por Nicaragua en el Pacífico a Statoil (véase bloques
en azul celeste en esta nota),
surge la pregunta de saber cuál regla aplicable en derecho del mar le
permitiría a Costa Rica pretender ejercer su soberanía en esa zona. El clima de
confrontación con Nicaragua, que ha caracterizado la administración (2010-2014)
y (2014-2018) en Costa Rica, no permitió reconocer que Nicaragua tuvo el
cuidado de retirarse de la zona en litigio al otorgar en concesión estos
bloques a Statoil en el 2015.
La decisión
de la CIJ o el arte de satisfacer a dos Estados
El texto integral
de la decisión de la CIJ como tal está disponible en francés y
en inglés.
Se recomienda su lectura integral, la cual permite apreciar mejor los alcances
de esta decisión, que no siempre se deja ver en medios de prensa, editoriales y
en declaraciones oficiales.
Un juego de
mapas insertados en la misma decisión permite visualizar las pretensiones de
los Estados y la línea determinada finalmente por la CIJ después de revisar
cuidadosamente los alegatos de ambos Estados. Estos mapas ayudarían a los
medios de prensa a informar de manera más precisa y a tomar distancia con declaraciones
oficiales siempre incompletas y un tanto sesgadas.
– en
la página 33 figura el mapa del último sector de la frontera
terrestre, en el que destaca que el punto terminal se ubica a varios kilometros
de la Laguna de Portillos y de la franja de arena que se forma frente a ella.
La CIJ ordena a Nicaragua retirar su campamento militar, al considerar que se
sitúa en territorio costarricense, y rechaza la ubicación propuesta de
Nicaragua del punto de inicio de la frontera en Punta Castilla (véase figura con
la pretensión de ambos sobre la ubicación del punto inicial de la frontera
marítima en página 37). El mapa elaborado por la CIJ de la página 33
indica que la Laguna de Portillos (denominada “Harbour Head” en Nicaragua) y la
playa que la protege de la erosión marina constituyen un verdadero enclave de
soberanía nicaragüense en el territorio costarricense. En su opinión disidente
(véase texto)
el juez ad hoc de Nicaragua se expresa en contra de este resultado y de la
negativa de la CIJ a reconocer efectos marítimos a este playón, cuyo acceso por
mar y tierra es negado a Nicaragua. En su declaración la jueza Xue (China)
también advierte de la “desconexión” de este enclave con el territorio de
Nicaragua (véase texto).
De igual forma se expresa la jueza Sebutinde de Uganda (véase texto de
su declaración) así como el juez Tomka de Eslovaquia al final de su declaración
(véase texto).
– en
la página 68 de la sentencia figura el mapa de la frontera marítima
fijada en el Mar Caribe, y en la página 93 figura el mapa de la
frontera en el Océano Pacífico, ambos reproducidos en los párrafos sisguientes.
El juez
internacional: un juez que procura calmar los ánimos
Pese a un
sector de la prensa tentado por usar los verbos “ganar” (en un caso) y “perder”
(en el caso del contrincante) en sus titulares, la lectura pormenorizada del
fallo permite ponderar afirmaciones de unos y otros, ampliadas por repetidoras
locales y redes de difusión. En ese sentido, la puesta a disposición del texto
de la sentencia por parte de la CIJ en tiempo casi real debiera ser utilizado
de mejor manera por parte de algunos medios de prensa y analistas.
De manera a
entender qué se concedió por parte del juez a ambos Estados con relación a sus
respectivas pretensiones, el mapa de la página 68 debe ser comparado
con el mapa de la página 35 que ilustra las pretensiones de ambos
Estados en el Caribe. De igual forma, las líneas pretendidas por ambos Estados
en el Océano Pacífico que figuran en el mapa de la página 70 deben
ser comparadas a la línea finalmente adoptada por la CIJ (página 93). Esta
comparación es muy sencilla de realizar y permite ponderar y matizar
afirmaciones de unos y otros. Sorprende que ningún medio informativo haya
tenido la iniciativa de elaborar una figura con estas líneas a la hora de
graficar sus artículos sobre este tema.
El
razonamiento de la CIJ consiste en estudiar los alegatos de ambos Estados para
luego recurrir al criterio de la línea equidistante y revisar si circunstancias
especiales justifican (o no) realizar ajustes a esta primera línea obtenida.
Para cada una de las dos costas, la CIJ procede primero a establecer la línea
en el Mar Territorial, para luego proyectarla en la Zona Económica Exclusiva
(ZEE), asegurándose que los criterios técnicos vigentes en derecho del mar
aplican. Nótese que tanto Costa Rica como Nicaragua son parte a la Convención
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (ver estado
oficial de firmas y ratificaciones en el que figuran los
Estados de América Latina, con excepción de Colombia, El Salvador, Perú y
Venezuela).
En el Océano
Pacífico, la CIJ rechaza la solicitud de Nicaragua de considerar que la
peninsula de Santa Elena distorsiona significativamente la línea equidistance
en la delimitación del Mar Territorial (párrafo 174). No así con relación a la
delimitación de un espacio mucho más extenso como la Zona Económica Exclusiva
(ZEE), donde si reconoce ese efecto distorsionante (párrafos 193-194),
procediendo a ajustar la línea. En el Mar Caribe, procede a rechazar el
argumento de Nicaragua de la concavidad de la costa, pero acepta que las Islas
de Corn Islands justifiquen ajustar la línea (lo cual era objetado por Costa
Rica): les reconoce pleno efecto a la hora de determinar la línea equidistante
preliminar (párrafo 140) y les reconoce medio efecto a la hora de delimitar la
ZEE (párrafo 154).
Desde el
punto de vista general, la línea en el Océano Pacífico toma la dirección
Noroeste para, a pocas millas náuticas, inclinarse paulatinamente en dirección
Suroeste, mientras que en el Caribe, la línea fijada mantiene una dirección
Norte y luego se inclina a una dirección Sur para finalmente terminar en una
dirección Este levemente inclinada. Cabe notar que, en sus alegatos ante los
jueces de la CIJ, Nicaragua descartó la pretensión de una línea horizontal en
el Caribe (véase línea azul del mapa de la página 35): esta línea horizontal en
el Caribe apareció en mapas editados en un documento oficial para concesionar
bloques en materia de hidrocarburos, publicado en el 2003 y nuevamente en el
2012, que originó la demanda de Costa Rica el 25 de febrero del 2014 ante la
CIJ.
En el
Pacífico, Nicaragua logra imprimir a la línea que delimita la Zona Económica
Exclusiva un efecto similar al logrado en el Caribe contra Honduras en el 2007
(véase mapa de la página 761 a comparar con líneas pretendidas por ambos que
figuran en la página 686 del fallo de
la CIJ del 2007 entre Nicaragua y Honduras).
A modo de
conclusión: el canto de las sirenas del San Juan
Es de notar
que mañaneras sirenas cantando victoria se dejaron oir en ambas orillas del río
del San Juan con relación a este fallo (véase textos de los
comunicados de prensa circulados por ambos Estados), señal
inéquivoca que confirma nuevamente el sutil balance y equilibrio que el juez
internacional logra plasmar magistralmente en sus decisiones.
Tratándose
del primer espacio de tiempo que se abre sin ningun litigio pendiente de
resolución entre ambos ribereños del San Juan desde el año 2010, la ocasión que
brinda el juez internacional es propicia y debería ser aprovechada por ambos
Estados, protagonistas de un espectáculo nunca visto: cuatro demandas
presentadas en La Haya en seis años y dos meses (de las cuales tres presentadas
por Costa Rica).
Tuvimos la
oportunidad de poner en contexto este inusitado espectáculo internacional y
remitimos a nuestro estimable lector a nuestro artículo titulado
“Una corte,
dos Estados, tres controversias“, publicado en Debate Global.
LA JUSTICIA ARRINCONA A LULA Y LO DEJA CON MENOS
ALTERNATIVAS PARA SER CANDIDATO
Diario Crónica de Argentina (www.diariocronica.com.ar)
Condenado ya
en segunda instancia por corrupción, las posibilidades de que Luiz Inacio Lula
da Silva pueda evadir la prisión y presentarse como candidato en las elecciones
de octubre empiezan a evaporarse rápidamente. En las últimas horas, jueces del
Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Supremo Tribunal Federal (STF) -cortes
que representan las últimas esperanzas del expresidente brasileño- advirtieron
que la Justicia no hará excepciones frente a las eventuales apelaciones del
hasta ahora máximo favorito para los comicios.
"El que
está condenado en dos instancias tiene su 'ficha sucia', y quien tiene 'ficha
sucia' está fuera del juego democrático. Seremos irreductibles en la aplicación
de la ley de ficha limpia", dijo anteanoche el magistrado Luiz Fux al
asumir el cargo rotativo de presidente del TSE, máxima autoridad electoral de
Brasil.
En julio
pasado, en el marco de la operación Lava Jato, el juez federal Sérgio Moro
halló a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por haber recibido un
departamento de la constructora OAS a cambio de garantizar a la empresa
contratos con Petrobras. El mes pasado, la condena fue ratificada por el
Tribunal Regional Federal de la 4» región (TRF4), en Porto Alegre, y la pena
original de nueve años y medio de cárcel fue ampliada a 12 años y un mes.
Mientras
presenta los recursos disponibles ante el propio TRF4, la defensa de Lula
pretende apelar la condena penal al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al
STF, bajo el argumento de que el departamento jamás estuvo a nombre del
expresidente. Para evitar ser encarcelado no bien el TRF4 termine de analizar
las aclaraciones pedidas, los abogados ya interpusieron recursos de habeas
corpus preventivos tanto ante el STJ -rechazado- como ante el STF -en trámite-.
Pero, más allá del proceso penal, la clave estará en qué decida el TSE cuando
el Partido de los Trabajadores (PT) pretenda registrar la candidatura de Lula,
en el período establecido entre el 20 de julio y el 5 de agosto.
La llamada
ley de ficha limpia (sancionada por el mismo Lula en 2010) prohíbe que una
persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado se pueda
presentar para un cargo público electivo. La defensa del máximo líder del PT
adelantó que pedirá una excepción ante el TSE para que se permita registrar la
candidatura de Lula mientras se agotan los recursos ante las instancias
superiores. Pero el juez Fux ya cerró la puerta a esa posibilidad.
"La
estricta observancia de la ley de ficha limpia se presenta como pilar
fundamental de la actuación del TSE. La Justicia Electoral, como mediadora del
sano proceso democrático, será inflexible en la aplicación de la ficha
limpia", resaltó Fux, sin nombrar nunca a Lula, pero en un mensaje con
claro destinatario.
Hoy, según
las últimas encuestas, Lula es el candidato favorito para las elecciones, con
entre 34 y 37% de las intenciones de voto. El resto de los aspirantes a la
presidencia se ubican muy por detrás.
Recursos
En tanto no
llega el momento decisivo para el registro de la candidatura de Lula, el
expresidente deberá sortear antes el gran obstáculo para su eventual campaña,
que sería su prisión. Los tres jueces del TRF4 indicaron que la pena de
reclusión debería empezar a cumplirse no bien se agoten los recursos ante esa
corte, lo que tomaría alrededor de un mes.
Sin embargo,
la defensa del líder del PT buscará que se le permita apelar en libertad a las
instancias superiores. Por una decisión del STF independiente del caso de Lula,
la mayoría de los jueces de la Corte Suprema no parece inclinada a acceder a
esa posibilidad.
Al
considerar anteayer la apelación del diputado federal João Rodrigues -condenado
en segunda instancia por corrupción-, el STF determinó la ejecución inmediata
de la pena de reclusión. De esta manera se confirmó la jurisprudencia de la
Corte, que ya el año pasado, en otra apelación similar, votó seis a cinco por
la prisión luego de una condena en segunda instancia.
Ante estos
reveses judiciales, el PT y sus aliados -Partido Democrático Laborista, Partido
Socialismo y Libertad, Partido Comunista de Brasil y Partido Socialista
Brasileño- pretenden lanzar el próximo mes el Frente de Defensa de la
Democracia y la Soberanía "contra el veto judicial a Lula".
Y aunque en
los últimos días se mencionó la posibilidad de que Lula pida refugio en la
embajada del algún país del eje bolivariano, como Venezuela, Bolivia, Cuba o
Nicaragua, para continuar su campaña desde el exterior, el expresidente lo
rechazó vehementemente. "La palabra huir no existe en mi vida. Escapé del
hambre. Voy a encarar cualquier situación con la cabeza erguida", afirmó
Lula en una entrevista a la Radio Jornal de Pernambuco.
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