DIEGO BRIATA: "EL REGRESO DE EVO NO FUE SOLO UN HECHO POLÍTICO"

“Volveremos y seremos millones”, expresó Evo Morales en medio de la noche más oscura de la Bolivia contemporánea, cuando la derecha provocó un golpe de Estado en 2019, impuso la dictadura de Jeanine Añez, y tanto el presidente boliviano como el vicepresidente, Alvaro García Linera, debieron partir al exilio, bajo el riesgo que corrían de ser asesinados. La frase que el líder de la rebelión aymara Túpac Katari pronunció siglos atrás antes de que cuatro caballos lo descuartizaran, Evo la pluralizó y la resignificó en el siglo XXI.
Y tenía razón: un año más tarde, Evo regresaba a su tierra, con el MAS nuevamente en el gobierno, luego de elecciones democráticas, y renacía el amor de su pueblo, como renace cada día un amanecer frente al mar. El notable documental Seremos millones: Bolivia, Evo y la fuerza de un pueblo, de Diego Briata y Santiago Vivacqua, narra no sólo “la caravana del regreso”, sino numerosos acontecimientos de la vida de Evo -y de Bolivia-, estableciendo el recorrido sindical, social y político que lo convirtió en el líder que llegó a ser.
Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y por distintas e importantes muestras extranjeras, Seremos millones tendrá su estreno este jueves a las 19.30 en el Espacio Incaa Gaumont (también se podrá ver diariamente en el Atlas Flores, a las 22.30 en CABA y en otros Espacios Incaa del interior). El film tiene otro lujo: cuenta con música original de León Gieco y Gustavo Santaolalla. Seremos millones es una producción del Grupo Octubre, junto a la brasileña Opera Mundi.
De algún modo, puede señalarse que la realización de la película empezó por el final con "la caravana del regreso". "En el momento en que nos enteramos que Evo iba a regresar a Bolivia, después del año de exilio, mediante una performance de esas características, que era la caravana que lo iba a acompañar desde Villazón hasta Chimoré, el lugar desde donde había salido al exilio, vimos que ese acontecimiento era un hecho histórico", recuerda Briata que pensó con Vivacqua.
El codirector lo argumenta "por varios motivos". El primero, por haber podido ser testigos de la recuperación de la democracia en un lapso de tiempo tan corto como un año. "Decidimos filmar eso, pero no había una intención de hacer un documental, sino simplemente dejar testimonio de un hecho político como la caravana de regreso de Evo. Fue la génesis del proyecto al ver en esa caravana un montón de elementos narrativos y dramáticos que, nosotros como cineastas, los visualizamos perfectamente dentro del núcleo de un guión", sostiene Briata. Desde ese momento, decidieron hacer una película porque tenían "un final súper potente”.
-Al comienzo hay una leyenda en la pantalla que señala que lo que se ve en el documental es algo que sucedió entre 1492 y 2020. ¿Crees que la película trasciende el fenómeno de Evo en Bolivia -que ya de por sí es mucho- para expresar la lucha de un pueblo en América latina?
-Una de las discusiones en los momentos de compartir creativamente respecto de qué queríamos contar con la película, tenía que ver con el hecho de poder reproducir o representar la idea del líder popular que trascienda una coyuntura, un contexto y que se convierta en algo no solamente en términos históricos, sino también en términos universales geográficamente. Nosotros decimos siempre que sería interesante que a este documental lo puedan ver un paquistaní, un indio, o un canadiense y que puedan sentir la empatía y la identificación que transmite Evo con su pueblo. No importa la geolocalización y la historia del pueblo, sino que también importaba que esto se pueda globalizar, expandir y amplificar a otras historias de líderes en otros lugares de la Tierra. Esa leyenda que aparece al principio tiene que ver un poco con la idea de que la historia de Latinoamérica estuvo signada siempre: fuimos colonia, el objeto de los empréstitos mineros que se desarrollaron desde la colonización de los españoles hasta la intromisión de la soberanía por parte de los Estados Unidos en los años ‘90 y con todo lo que implicaba la disputa por los recursos naturales en la región. Hay un concepto que desarrollamos con el guionista Paulo Soria, que tomamos del mitólogo estadounidense Joseph Campbell, que habla del héroe de las mil caras. Nosostros invertimos eso y hablamos del enemigo de los mil rostros…
-¿Cómo es eso?
-A nosotros nos parecía que el enemigo podía tener rostro de conquistador, en la época de la Conquista, y también el de esta intromisión de la soberanía en los años ‘90 a partir del neoliberalismo. Como que el enemigo es siempre el mismo, pero el rostro va mutando, transformándose.
-¿Crees que Evo logró instalar en su pueblo que otra Bolivia era posible, o hay que estar en permanente alerta?
-En alerta hay que estar todo el tiempo porque las disputas y la correlación de fuerzas no se dan únicamente con ese enemigo que nosotros dejamos bien en claro, sino que también esas disputas y la correlación de fuerzas se dan también a la discusión interna de los movimientos que fueron forjando esta nueva Bolivia. Y hay que estar alertas todo el tiempo. Nosotros nos dimos cuenta de que hay un discurso y un sentido común que se logró instalar en Bolivia a partir de la nueva Constitución: a partir de ese momento en que se hizo la constituyente, la gente empezó a tener muy en claro y muy en cuenta qué fue lo que sucedió en Bolivia en los últimos cien años que no le permitió al pueblo boliviano ser partícipe de las decisiones y la soberanía para transformarlo. Se logró un cambio fuerte, en el sentido común de los ciudadanos y las ciudadanas bolivianas para poder, por lo menos, disputar el sentido a nivel macro.   Página 12 de Argentina (https://acortar.link/KuiEia)
 
 
 
 
 
EL PAPA FRANCISCO, CÓMPLICE DE LOS SÁTRAPAS LATINOAMERICANOS
 
Mendoza Today de Argentina (https://acortar.link/cfZ8Qh)
 
El Papa Bergoglio representa sin lugar a dudas al prototipo del populista latinoamericano con todos sus nefastos vicios más la componente católica de la extrema izquierda de esa Iglesia, agrupada en torno a la Teología de la Liberación, con sus ingredientes marxistas, y con la cual simpatiza, una teología que durante años produjera violencia y un atraso colosal de los procesos de democratización en nuestro continente. Bergoglio, fiel al peronismo con sus tradicionales rasgos fascistas, no tuvo empacho en pasar de un pensamiento totalitario de derecha a otro de la extrema izquierda en el curso de su vida como sacerdote. Hoy fustiga, no bien puede, a la economía del libre mercado, al capitalismo y lanza guiños al socialismo, al marxismo y al comunismo demostrando su simpatía con los sátrapas que asolan nuestro continente. Nunca una crítica directa contra el comunismo, las dictaduras, y muchas veces cercano a los tiranos ofreciéndoles su apoyo. Es vergonzosa su actitud. Es falso, hipócrita, y no se condice con la lucha de las poblaciones por el respeto de los derechos humanos mínimos y por la libertad. El papa Bergoglio continúa sorprendiendo al mundo con su radicalismo político, un sello que trata de imponer sistemáticamente dentro de su Iglesia. Nunca se había visto un pontífice tan involucrado en asuntos políticos, marginando aquellos relativos a la fe.
Su elección como Sumo Pontífice, y en esto están de acuerdo un sinnúmero de vaticanistas, hombres de fe, prelados y periodistas investigativos, ha sido fruto de una verdadera conspiración mafiosa de grupos progresistas poderosos dentro de la Curia, urdida para lograr la “renuncia” del papa Benedicto, para que fuera reemplazado por el “progresista” Bergoglio. Para lograrlo formaron el llamado “Club de la Mafia de San Gallen”, que se reunía periódicamente en esa ciudad suiza. Un verdadero escándalo, que si se investigara a fondo podría apartar a Bergoglio de su pontificado.
Mientras tanto durante su nefasto papado Francisco se ha dedicado en forma sistemática y pérfida a combatir a sus opositores asegurándose así su poder y manipulando desde ya su sucesión, en caso que tuviera que abdicar. Es así que ha nombrado a 17 nuevos cardenales que son fieles a su ideología, todos ellos menores de 80 años, o sea que podrán decidir cualquier votación futura. Entre ellos encontramos a los arzobispos de Madrid, de Brasilia, Mérida en Venezuela y el de Tlalnepantla en México. La sospecha es que solapadamente está realizando una verdadera purga ideológica, o como lo define el prestigioso periodista católico italiano Marco Tosatti, una “caza de brujas” dentro de su Iglesia. Un buen ejemplo ha sido la elevación de obispos norteamericanos simpatizantes de la Teología de la Liberación a rangos de cardenales, dejando fuera del Colegio de Cardenales a obispos de importantes arquidiócesis, como es el caso del arzobispo José Horacio Gómez de Los Ángeles, la más grande e importante de los Estados Unidos. Una movida sin precedentes que denota el giro radical que quiere darle el Papa a la Iglesia Católica del gran país del norte.
Con estos antecedentes no nos debería llamar la atención su descarada y siniestra actuación apoyando a los sátrapas de nuestro Continente. Tomemos los emblemáticos ejemplos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y de su natal Argentina, sin olvidar su maléfica sombra en los sistemas políticos de Ecuador, Brasil y tantos más.
El caso de Venezuela es bien conocido, y es el que como latinoamericanos más nos duele actualmente. Aquí se revela Bergoglio en toda su mezquindad. Un silencio sepulcral lo rodea, se niega sistemáticamente a condenar abiertamente esta aberración política que asola al país caribeño. No oye el clamor de su pueblo, las miles de misivas de sus ciudadanos, en su mayor parte católicos de fe; no oye los incesantes pedidos de la capa de políticos honestos del país. Se enfrenta a su propia Iglesia, censura a los curas que quieren involucrarse en pro de los derechos humanos esenciales. En mayo de 2018, un domingo, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano y ante 30.000 fieles, hablando de su “amada Venezuela”, como acostumbra nombrarla, decidió cambiar a último momento el mensaje previsto, preparado por la Secretaría de Estado Vaticana y revisado personalmente por Pietro Parolin, un cardenal con larga experiencia en temas venezolanos. En este mensaje original el Papa hubiera finalmente hecho referencia a los 300 disidentes políticos privados de libertad, pidiéndole también a Nicolás Maduro el respeto por la vida de todos los ciudadanos. Esta hubiera sido la primera vez que Bergoglio se hubiera referido abiertamente a estos temas. Pero no, desechando las páginas escritas que tenía por delante improvisó un discurso, lleno de lugares comunes, pidiendo solamente por la unidad del país. El escándalo fue aún mayor al saberse que el mensaje original ya se encontraba pronto para publicarse en el Boletín de Prensa de la “ Sala Stampa“ vaticana, habiendo creado gran expectativa por las palabras que iba a pronunciar Bergoglio. Este hecho nos muestra una vez más el verdadero pensamiento del actual Papa. Los esfuerzos de mediación del Vaticano bajo Bergoglio han sido un desastre. Ha legitimado al tirano del país, facilitándole a Maduro salvavidas para ganar tiempo, fortaleciéndolo a él y su camarilla de criminales narcotraficantes en el poder. ¡Qué vergüenza!
Personalidades políticas del continente se hacen eco abiertamente del desprecio que le tienen a Bergoglio. Andrés Pastrana, expresidente colombiano, calificó de “intolerable” su silencio papal. “El silencio de Bergoglio ante la perversidad del régimen de Maduro, es ya intolerable, es decir frente a la opresión, los crímenes, el hambre, la enfermedad y el destierro que sufren los venezolanos “. José Vivanco Director de la ONG International Human Rights Watch, calificó como “ impresionantemente negativo la falta de compromiso con los DD HH por parte del Papa Francisco “, y la valiente bloguera cubana Yoani Sánchez expresa su gran desilusión con el Papa escribiendo “ horrible silencio de alguien de quienes muchos le tienen tanta fe. Bergoglio se atreve a permitir que Maduro llame a valientes obispos venezolanos ‘diablos con sotana’, y ordene sancionarlos por ‘delitos de odio’.”
Lo mismo que sucede en Venezuela, lo vemos repetirse actualmente en Nicaragua, con su actitud permisiva, colaboracionista con el binomio criminal-narcotraficante de los Ortega-Murillo. No le importa al Papa la opresión violenta que sufre el pueblo, la falta de derechos humanos, la represión criminal con 300 muertos documentados, casi un millar de desaparecidos, 800 presos políticos y miles y miles de nicaragüenses exiliados por el mundo. Bergoglio calla. En las últimas semanas asistimos al escándalo provocado por su decisión de retirar del cargo de obispo auxiliar de Managua al monseñor Silvio Báez, un fuerte, valiente opositor del binomio que tiene secuestrado al país. La decisión causó un terremoto de críticas en Nicaragua contra Bergoglio. No entienden esta decisión colaboracionista con el gobierno, tomada por el Papa Francisco. El propio monseñor Báez antes de dejar Nicaragua a su exilio forzado a Roma declaró enfáticamente: “No fue mi voluntad, me voy por la responsabilidad del Papa “. Más claro imposible. De esta manera el pérfido Papa descabeza a la oposición de una figura central de la lucha por un cambio democrático en el país, un país profundamente católico que había encontrado en monseñor Báez una figura de esperanza para un cambio. En Miami, a su paso al exilio, se entrevistó con el obispo católico de la ciudad, Thomas Wensky, que manifestó toda su solidaridad con el monseñor depuesto declarando: “Actualmente Nicaragua es un país secuestrado por un grupo de poder que ha destruido la institucionalidad democrática, impuesto la mentira y la corrupción“.
Por su parte, el periodista más prestigioso del país centroamericano, Carlos Chamorro, ahora también en el exilio, expresó estas significativas palabras pocas semanas atrás: “Mi solidaridad con el obispo Silvio Báez, que se le ha impuesto un exilio forzado en Roma. Su salida es un golpe mortal contra el pueblo perseguido y representa un gran desafío para los obispos en Nicaragua “. Y como si quedara alguna duda de la ignominia del Papa y de su cercanía ideológica al marxismo, pocos meses atrás resolvió rehabilitar al teólogo marxista nicaragüense, Ernesto Cardenal, una figura central de la Teología de la Liberación, y que fuera destituido por sus actuaciones políticas extremistas por el Papa Juan Pablo II, allá por los años 90. Bergoglio firmó una misiva personal eliminando todas las sanciones impuestas al ex obispo-poeta Cardenal.
Otra cuenta del rosario de apoyos y simpatías por sátrapas latinoamericanos, lo representa su relación con el dictadorzuelo Evo Morales en Bolivia, que ahora, y en contra de un plebiscito que le fuera adverso, se postula nuevamente como candidato a la presidencia del país, aplastando las estructuras democráticas y la constitución existentes. Bergoglio calla, porque es su aliado secreto. Aún tenemos presente las imágenes del regalo que le ofreció Evo, con motivo de una visita papal al país, en el año 2015, de un crucifijo adornado con una hoz y un martillo, que el Papa aceptó con una sonrisa cómplice en sus labios, expresando “ yo entiendo esta obra, para mí no es una ofensa “. Quedó más que evidente la sintonía política y amistad que los une. Bergoglio y Morales, que se refiere siempre a él como “hermano Papa”, se han reunido por lo menos cinco veces para conversaciones políticas, algunas en el Vaticano. Como producto de esta cercanía debemos comprender el nombramiento en el año 2018 del primer cardenal indígena del país, Toribio Ticona, hombre de total confianza de Evo Morales, un nombramiento que no fue muy bien visto por la Conferencia Episcopal Boliviana.
En la Argentina Bergoglio ha ayudado a destruir más que a construir instituciones democráticas sólidas, que combatan la injusticia social, la gigantesca corrupción y que lleven a la mafia kirchnerista, que la ha fomentado de forma escandalosa, a la cárcel, el lugar que les corresponde, comenzando por la ex presidenta Cristina Kirchner. Pero no ha sido así. Bergoglio es su compinche, su aliado, y resuena en nuestros oídos la repetida frase del Papa “cuiden a Cristina”. ¿Por qué cuidar a un personaje siniestro de la historia del país? ¿Y por qué la ha recibido seis veces en el Vaticano? Y al democráticamente electo presidente Macri, ni siquiera lo felicitó, cuando ganó las elecciones. Apoya una mafia que se sirve de un corrupto sistema judicial, muchos de cuyos jueces reciben instrucciones directas de Bergoglio, o a través de impresentables jueces personeros de la mafia kirchnerista. Figuras políticas importantes del país, muchas de ellas incluso católicas practicantes, como lo es Lilita Carrió, se han distanciado abiertamente de él, afirmando que ”el Papa no ayuda a pacificar al país sino que empodera a violentos”.
La idea central que domina el pensamiento de Bergoglio es “el pueblo”. Su pueblo es bueno, virtuoso y la pobreza le otorga una innata superioridad moral. Esta es la base del populismo del Papa, que desconfía de la democracia. Tiene una fijación pobrista, que lo lleva a pensar que ser pobre es una virtud. Si estos se emanciparan, se transformarían en clase media y perderían sus virtudes. El pobre tiene valores cristianos, en cambio la clase media tiene una visión egoísta, depredadora. Las economías populistas, con las que simpatiza el Papa, han fabricado pobreza en el mundo en nombre del pobre que él dice tanto amar.
El Papa político, amigo de los sátrapas populistas de nuestro continente, está creando una profunda grieta entre los     católicos, y sus actitudes han llevado no sólo a la confusión de sus feligreses, sino a una decepción enorme con su pontificado que explica su progresivo desprestigio, bien lejos de la luna de miel que produjo al principio de su entronización. Hoy en día es un factor de división. “Quien crea grietas y divide la iglesia ya no puede ser considerado Papa”, esta es la frase que pronunció el ahora difunto cardenal italiano Carlo Caffarra, un prestigioso teólogo italiano, cercano al Papa Benedicto, que fuera también arzobispo de Bologna y Ferrara, y muy crítico de las ideas y el papado de Francisco. Justamente esta profunda división actual de la Iglesia, es el motivo central por el cual cada vez son más aquéllos que consideran seriamente en el Vaticano un impeachment para Bergoglio.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: EMPATE CATASTRÓFICO Y PODER DUAL
 
Página 12 de Argentina (https://acortar.link/PXFwxS)
 
El gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca siempre fue un gobierno de transición para Bolivia, motivado por un golpe de Estado sangriento y el exilio de Evo Morales.
La victoria popular de octubre de 2020, un año después del golpe, sin ninguna duda recuperó la democracia, pero no el proceso de cambio anterior al golpe de Estado de 2019.
A Luis Arce le tocó un panorama difícil, dejar atrás el golpe, sin reservas económicas, y en mitad de una pandemia, y se puede decir que su gobierno, ahora que cumple la mitad de su periodo, es un gobierno de claroscuros. Si bien recuperó económicamente el país, gobernar un país no es dirigir un Ministerio de Economía, y hasta el momento no está pudiendo sacar los grandes proyectos estratégicos del país, biodiesel, farmacéutica, química básica, que tenían como objetivo una industrialización de Bolivia.
Sospechas y denuncias
Además, el gobierno de Arce y Choquehuanca se está viendo ensombrecido por sospechas de corrupción en niveles intermedios, que incluso ha motivado que los ex Ministros del anterior gobierno, Carlos Romero (Gobierno) y Teresa Morales (Desarrollo Productivo e Inteligencia Financiera) hayan interpuesto una denuncia contra el Presidente de la petrolera estatal Armin Dorgathen, por daño económico al Estado debido a haber comprado diesel con sobreprecio a las grandes almacenadoras Trafigura y Vitol, a las que debido a todas las denuncias de corrupción que poseen, se las denomina la “Odebrecht de los hidrocarburos”. En México estas denuncias llevaron incluso a la suspensión de operaciones de Vitol.
Por su parte, Evo Morales ha estado trabajando para mantener el control y la cohesión del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), que es la sigla electoral bajo la cual tanto el propio Evo como Luis Arce han sido presidentes. Una parte de las dirigencias han sido cooptadas por el gobierno de manera prebendalista, pero en las bases la afirmación mayoritaria es: “no estamos bien, con Evo estábamos mejor”.
Con ese objetivo, así como el de empezar a prepararse para las elecciones presidenciales de 2025, ha sido convocado el Congreso del MAS-IPSP para el 3-4-5 de octubre en Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, la sede de las 6 Federaciones del Trópico, confederación sindical que ya ha proclamado a Evo Morales como su candidato presidencial para 2025.
Los tres escenarios
Ante esta situación, Luis Arce, que ha sido invitado al Congreso, tiene tres escenarios: el primero y más lógico sería anunciar que no va a presentarse a la reelección, pues el proceso debe seguir bajo el liderazgo indígena que marca la historia, y pedir que se le deje gobernar y terminar lo mejor posible su mandato; el segundo escenario sería intentar disputarle a Evo Morales la conducción política del MAS-IPSP, y por lo tanto la candidatura presidencial, pero esto sería un error político similar al de un Alberto Fernández intentando disputar la conducción política a la líder del espacio kirchnerista Cristina Fernández de Kirchner. El tercer escenario, además de un error político, implicaría un suicido político, pues trataría, si Luis Arce hace caso a algunas voces que le susurran al oído, presentarse con otra sigla (podría ser la del viejo partido de Marcelo Quiroga Santa Cruz PS-1, del que Luis Arce es militante). Pero este tercer escenario, con un voto dividido, podría incluso facilitar el retorno de la derecha.
Ante esta situación de división al interior del movimiento popular, desde el Estado se está impulsando un anti evismo, con el objetivo de dañar la imagen personal, sin darse cuenta no solo que ante una guerra fratricida puede retornar la derecha, sino que están abonando el terreno para que cuando termine este mandato en 2025, y retorne el MAS-IPSP al Estado, se produzca una revancha política contra quienes no han sabido estar a la altura del proceso de cambio con liderazgo indígena y les sea aplicado el principio quechua de Ama Sua (no robar), pagando la desviación en los principios del proceso de cambio boliviano.
El sociólogo boliviano, fundador de la FLACSO, René Zavaleta, hablaba de poder dual para referirse a la ruptura, desde abajo, de la unidad de poder natural del Estado moderno. Por su parte, otro sociólogo, él marxista indianista Álvaro García Linera, hablaba de empate catastrófico para referirse al periodo 2006-2008 donde el gobierno liderado por Evo, tenía una parte del poder político, pero la derecha tenía otra parte del mismo, el poder económico y mediático.
Salvando todas las distancias, hoy tenemos un empate catastrófico que no está dejando recuperar el proceso de cambio y de transformación boliviano, y un poder dual que se expresa en el gobierno de Luis Arce, pero también en la conducción política del proceso cuyo líder es Evo Morales. El desempate hoy en día, solo puede venir a través de Evo Morales y el Instrumento Politico, y no entenderlo, es ir en contra de la historia de lucha con raíces indígenas de Bolivia.
 
 
 
 
 
DEVASTACIÓN INSTITUCIONAL Y ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN: EL OSCURO LEGADO DEL MAS EN BOLIVIA
 
La Gaceta de España (https://acortar.link/v2Z512)
 
Hace solamente unos pocos años atrás, cuando Evo Morales todavía ejercía el poder, su Gobierno presumía de hechos como que Bolivia ocupaba el primer o segundo lugar en ritmo de crecimiento económico de la región, o de contar con una de las constituciones más ‘garantistas’ de derechos del mundo, pero las cosas han cambiado.
Este país está en plena crisis y no tiene de qué presumir o ya no sabe cómo seguir sosteniendo sus mentiras. En todo caso, si hay espacio en algún podio para el Estado Plurinacional, es el del deterioro de la institucionalidad democrática, el de la proliferación del narcotráfico y, de manera más reciente, el de la corrupción.
Uno de los elementos que avalan estas afirmaciones, es la reciente publicación del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 del Consejo de las Américas y Control Risks, que, al momento de advertir que estos resultados “tienen implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas”, afirma que Venezuela, Bolivia y Guatemala tienen la capacidad más deteriorada para detectar, castigar y detener la corrupción de toda América Latina.
Este ranking está encabezado por Uruguay como el país mejor capacitado para combatir la corrupción de entre otros 15 analizados, con un puntaje de 6,99, pero también muestra en el fondo de la tabla a Guatemala, con 2,86 puntos; Bolivia, con 2,56; y Venezuela, con 1,46.
De acuerdo con los hechos más recientes, la Bolivia del Movimiento al Socialismo (MAS), de Arce Catacora y Evo Morales, es ese rincón del mundo donde el presidente regala vehículos robados a los distintos grupos de interés que lo sostienen; donde el Comandante de la Policía y el Fiscal de La Paz conducen vehículos de lujo incautados a narcotraficantes; donde un interventor legal financiero clave designado por el gobierno cae desde un piso 15 luego de la intervención de un banco con manejos multimillonarios presuntamente fraudulentos y se determina el cierre del caso de manera apresurada, sin que hubieran existido sospechosos siquiera, mucho menos un solo detenido.
Pero los escándalos de corrupción con el MAS en el poder no son recientes. Según datos de Transparencia Internacional, Bolivia ocupa el puesto 126 de 180 del ranking de corrupción gubernamental, pero, además, entre 2006 y 2022, el país se ha ubicado por encima del puesto 100, con excepción de 2015, cuando se ubicó en el lugar 98.
Durante estos largos años, los casos de corrupción han sido verdaderamente escandalosos, como aquel donde un senador del MAS cobró 800 mil dólares del Fondo Indígena para gastarlos en obras públicas de un pueblo cuya existencia se había inventado.
También la petrolera estatal YPFB ha sido un foco de varios casos de mega corrupción desde el primer año del MAS en el poder. Hoy pocos se acuerdan de, por ejemplo, el caso Catler-Universive, donde el empresario Jorge O’Connor fue misteriosamente asesinado por un soborno que se tradujo en una pérdida de varios millones de dólares al Estado.
Tampoco es muy recordado el caso de la compra irregular de taladros chinos de la misma YPFB que involucró una espectacular danza de millones con la empresa CAMC, de Gabriela Zapata, quien fuera durante años pareja de Evo Morales siendo menor de edad, y quien fue apresada por uso indebido de influencias, pero que hoy se encuentra libre.
Así la lista de casos de corrupción del MAS que han quedado impunes puede seguir interminablemente. Por corrupción en YPFB también ha sido acusado públicamente el propio hijo de Arce Catacora por presunto sobreprecio multimillonario en la importación urgente de combustibles para atender la desesperada demanda interna; pero si se tratara de apostar, es más que sabido que terminará en nada.
Casos recientes también llaman sobradamente la atención. Como el fallecimiento de Felipe Sandy, el testigo protegido que develó del caso de presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que también murió misteriosamente, o el del fallecimiento de Christopher Balcázar, uno de los abogados del gobernador cruceño secuestrado Luis Fernando Camacho, tras caer del piso 11 de un edificio.
Otro episodio reciente fue el de Juan Santos Cruz, hoy exministro y ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fue detenido hace unas semanas por haber recibido al menos Bs 19 millones (2,8 millones de dólares) producto de sobornos que exigió como autoridad a las empresas que se adjudicaron proyectos de construcción en distintos departamentos del país.
En fin, las noticias de que Bolivia ocupa tal o cual índice o ranking de corrupción no terminan de alarmar a la ciudadanía y al menos provocar un repudio generalizado contra el régimen ya no solo de Arce o Morales, sino del MAS, pues son asunto de cada día desde hace demasiados años, en donde han terminado involucrados propios y extraños.
Pero tampoco es motivo para dejar de señalar y advertir que, como ya se adelantó, si no se la detiene, la corrupción seguirá teniendo implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas -preguntarse dónde están los dólares luego de esto resulta absurdo- de este país que se cae a pedazos.
 
 
 
 
 
LAS RAZONES DETRÁS DEL RETROCESO EN CASI TODA AMÉRICA LATINA DE UN ÍNDICE QUE MIDE EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
 
Salvo Panamá, República Dominicana y Paraguay, el resto de los países región cayeron o se mantuvieron estableces en el ranking
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/ZmtS9z)
 
El índice que mide la capacidad de los países para combatir la corrupción mostró este 2023 una caída en la mayoría de las naciones de América Latina, incluso en Uruguay, Costa Rica y Chile, líderes de la región en este aspecto. Las razones que explican el descenso en los indicadores varía según el territorio, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con medios de comunicación más débiles y con menos recursos para investigar, concentración de poder por parte de los ejecutivos y menoscabo a las organizaciones civiles o agencias independientes por parte de los gobiernos.
Este martes fue publicado el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), realizado por la consultora Control Risks y el laboratorio de ideas Americas Society del Council of the Americas y hubo un descenso en la puntuación promedio de toda América Latina dado que en 10 de los 15 países el índice mostró unen los indicadores.
En un evento organizado por la Americas Society se profundizó en el análisis de los hallazgos de este estudio y en cuáles fueron las razones por las cuáles por primera vez desde 2020 la región latinoamericana retrocede en sus valores de combate a la corrupción.
“La gran pregunta es por qué. No hay secreto que las democracias están bajo presión. Sabemos que la pelea contra la corrupción tiene que ver con instituciones judiciales independientes. Y en muchos casos tenemos gobernantes que quieren concentrar poder”, dijo al comenzar el evento Brian Winter, vicepresidente de Políticas de la Americas Society.
La otra gran razón, explicó Winter, es la caída en el poder de los medios. En algunos casos por debilidad económica y en otros por los ataques que sufren por el crimen organizado, dijo. “Medios que tienen menos presupuesto hace que la corrupción sea más dificil de ser detectada y juzgada”, agregó Winter.
Salvo Panamá (0,43 puntos más), República Dominicana (+0,23) y Paraguay (+0,16), el resto de los países se mantuvieron estables o cayeron.
Los peores países en el combate en la corrupción siguen siendo los mismos: Venezuela, con solo 1,46 puntos sobre 10; Bolivia con 2,56 puntos; y Guatemala con 2,86.
Qué mide el índice
El Índice CCC evalúa y clasifica a los países por cómo son de eficaces en la lucha contra la corrupción. Por ello se considera que los países mejor colocados en el ranking son los que tienen más posibilidades de enjuiciar y encarcelar a los corruptos, mientras que los peores puntuados son los países donde hay más chances de impunidad.
Según explicó el director de Estrategia Global de Control Risk, Geert Aalbers, el índice mide la capacidad de las naciones para pelear contra la corrupción y no la corrupción en sí. Y eso se contabiliza en base a tres factores clave: la capacidad legal o el estado de derecho; el funcionamiento de la democracia y las instituciones políticas; y la fuerza de la sociedad civil y de los medios.
Para ello se examinan 14 variables, algunas de las cuáles provienen de diversas fuentes de datos y otras de una encuesta que se realiza en los países con expertos, sociedad civil, medios, academia y sector privado.
Uruguay y Costa Rica líderes, pero con luces amarillas
El top tres del ranking sigue siendo el mismo que el de 2022: Uruguay, Costa Rica y Chile, en ese órden. Sin embargo, incluso los líderes, tuvieron una caída en sus indicadores.
En el caso de Uruguay, es el segundo año consecutivo de caída. Obtuvo 6,99 puntos sobre 10, con un descenso de 0,43 respecto al año anterior. En 2021 había tenido 7,8 puntos. Según explica el informe, la razón de la caída está asociada a un “retroceso en variables fundamentales de la capacidad legal, como la independencia y la eficacia judicial”. Un proyecto del oficialismo que debate el Parlamento para hacer colegiada con tres personas la figura del fiscal general genera riesgo de injerencia política, dice el informe.
Otro elemento destacado negativamente por el informe sobre Uruguay es la falta de recursos para la principal agencia anticorrupción del país, la Junta de Transparencia y Ética Pública. En cambio, el país sigue fuerte en las variables de sociedad civil y medios.
Costa Rica, segundo en el ranking, tuvo una caída de 5% en su puntuación: de 7,11 puntos en 2022 a 6,76 este año. Pese a ello sigue segundo en el ranking y su puntaje es mejor que el de 2021 y 2020. El retroceso de ese país se dio por “indicadores fundamentales relacionados con la fiscalía general, la financiación de las campañas electorales y la calidad de la prensa”, dice el informe.
El foco está puesto en la financiación de la campaña del presidente Rodrigo Chaves, en las elecciones de 2022. Otro elemento que ha deteriorado la puntuación son los ataques del presidente a los medios de comunicación independientes.
Los casos de México y Brasil
Dado que son los países más grandes de la región, los panelistas del evento del Atlantic Council que evaluó los resultados del índice este martes se detuvieron a evaluar a Brasil y México.
Brasil (puesto 8 del ranking regional) es uno de los países que se mantuvo estable (+0,07) en relación al año anterior: obtuvo 4,83 puntos en 2023 versus 4,76 del año anterior. Venía anteriormente de tres años consecutivos de caídas.
“Lo que vemos en 2023 en Brasil es que las agencias empezaron parcialmente a recuperar su autonomia”, dijo Mario Braga, analista senior de Control Risks. “Brasil tiene periodismo fuerte de investigación. Y eso es especial en materia de gobierno federal. Vemos historias y publicaciones en profundidad. Pero cuando miramos en el nivel local o municipal, los recursos de los medios no son tantos y eso es importante para la capacidad de combatir la corrupción”, agregó Braga.
Sin embargo, en ese grupo de factores de análisis (medios y sociedad civil) hubo un descenso de 4 por ciento. “Los medios y las ONG se enfocaron en la importancia de respetar las elecciones y la corrupción no estuvo entre los temas principales”, dijo Braga.
El caso de México es mucho más dramático. Si uno mira el ranking de abajo para arriba está en el cuarto lugar, solo mejor que Guatemala, Bolivia y Venezuela. Es el cuarto año que México cae en sus indicadores sobre combate a la corrupción.
“Es preocupante porque es la segunda economía más grande de la región”, dijo Lucía López, directora asociada de Control Risks. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho de la lucha anti corrupción un tema central. “Pero la pelea anticorrupción de AMLO se volvió solo retórica”, dijo López.
“La caída más grandes es en medios y sociedad civil: 10 puntos. Es una caída de las condiciones de los periodistas. Mexico es el país más peligroso del mundo si excluimos Ucrania para hacer periodismo”, agregó la experta. Recordó que AMLO en sus conferencias de prensa matutinas hace “un ataque diario a los periodistas que realizan investigaciones a su familia o sus aliados”.
Por otro lado, el presidente ha monopolizado el discurso anti corrupción y a la vez, concentrado el poder y quitado peso a las agencias autónomas y los organismos independientes de la sociedad civil.
 
 
 
 
 
 
SOLO BOLIVIA Y VENEZUELA ESTÁN EN PEOR POSICIÓN QUE ECUADOR EN EL ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MÓVIL DENTRO DE SUDAMÉRICA
 
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Ecuador tiene una de las brechas de uso de conectividad móvil más altas en América Latina. Eso quiere decir que existe un alto porcentaje de personas que no accede a conectividad móvil, a pesar de estar supuestamente en zonas de cobertura.
Los altos costos, la falta de inversión, las intermitencias y fallas en el servicio,  entre otros aspectos, hacen que la brecha de uso en la economía ecuatoriana llegue al 49%, lo que supera en 18 puntos a la media regional de 31%.
Incluso se llega a duplicar la brecha de uso que se registra en países como Brasil y Costa Rica.
En otras palabras, según Verónica Rosales, ingeniera en telecomunicaciones, a pesar de los discursos oficiales, buena parte de la población se queda fuera de la conectividad móvil, debido a que no puede costear los planes vigentes y queda relegada por la oferta de servicios de un mercado con dos grandes operadoras privadas y una operadora pública.
El problema de la brecha de uso es una de las principales conclusiones del informe titulado ‘Brechas de conectividad en América Latina 2022’, elaborado por el Global System for Mobile Communications (GSMA).
De acuerdo con este estudio, para reducir esta brecha, además de contratos adecuados de concesión con las operadoras móviles, se necesitan medidas como eliminar o reducir impuestos específicos que encarecen los planes y los teléfonos celulares (IVA) para las personas de más bajos ingresos.
Además, también se deben considerar soluciones alternativas para ampliar la conectividad. Complementar el alcance de la cobertura fuera de las posibilidades del mercado con nuevos modelos de negocio como ‘Internet para Todos’ (Perú), la utilización de recursos financiados por el Estado como el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones (Chile) y otras soluciones innovadoras.
Asimismo, otra opción es ampliar la base de contribución de los Fondo de Servicio Universal (FSU), que se nutre con un porcentaje de la facturación de las operadoras móviles en Ecuador, para incluir a los agentes del ecosistema digital de Internet más amplio, así como presupuesto asignado proveniente directamente del sector público.
Índice de conectividad
De 2018 a 2022, Ecuador subió tres puestos en el índice de Conectividad Móvil. El país actualmente tiene la ubicación 80 entre 170 países analizados. En Sudamérica, solo Bolivia y Venezuela están más abajo en el ranking.
La velocidad de descarga y subida de datos es hasta cinco veces menor que en los países más desarrollados.
Ecuador también saca baja calificación porque solo el 33% de su espectro está utilizado, lo que deja por fuera un importante espacio para mejorar y ampliar servicios.
En temas de infraestructura, el país ha pasado de una calificación de 59,83 sobre 100 en 2018 a 60,25 en 2022, es decir, una mejora de apenas 0,42 puntos.
Esto a pesar de que el Gobierno de Lasso ha resaltado un aumento sustancial en la inversión. Por ejemplo, en la rendición de cuentas de 2022, el Ministerio de Telecomunicaciones informó que se invirtió $904 millones: $19,21 millones desde el Estado; $885 millones de inversión privada y $400.000 de cooperación internacional.
La realidad, como ya publicó LA HORA, es que actualmente la cobertura de banda ancha móvil es del 70% en las ciudades; pero de apenas el 20% en las zonas rurales.
Además, aunque las dos grandes operadoras privadas tienen contratos vigentes desde 2008, todavía se registran constantes reclamos por la calidad del servicio, problemas de los clientes para cancelar planes, irregular cobertura, entre otros.
Renegociación sin avances
El primero de junio de 2023, durante una entrevista con Ecuavisa, la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, aseguró que la renegociación de los contratos de concesión con las operadoras Claro y Movistar estaba cerrada en un 80%.
Esta declaración se dio sin abonar mayores detalles al respecto. LA HORA ha consultado al Ministerio de Telecomunicaciones sobre las condiciones al menos generales del proceso y cómo se va a evitar repetir los errores de negociaciones pasadas; pero no se ha podido obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
En 2022, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea, Maino reconoció que los acuerdos firmados en 2008 se volvieron obsoletos ante el rápido avance de la tecnología.
Asimismo, resaltó que era sumamente importante tener mejores contratos porque el mercado nacional no era atractivo para otros competidores.
“Existen 14’190.890 usuarios entre ambas empresas privadas. No tenemos al momento otras que quieran prestar el servicio. Si no se renuevan los contratos no tenemos cómo reemplazarlas”, dijo en ese momento la Ministra.
Sin embargo, el tema avanza de espaldas a la ciudadanía y ese hermetismo, de acuerdo con Rosales, abre la puerta para que candidatos como Yaku Pérez generen expectativas populistas sobre sacar miles de millones a las operadoras por la renovación de los contratos, o incluso nacionalizar el servicio.
“Además del costo cobrado por la concesión, los nuevos contratos deberían establecer mejores parámetros para asegurar la calidad del servicio, establecer mecanismos para verificar que se cumplan los compromisos firmados e incluso añadir sanciones más fuertes por incumplimientos”, aseveró.
LA HORA publicó que las operadoras privadas móviles pagaron multas de $183.261 por incumplimientos durante los últimos cuatro años. Ese monto es un porcentaje mínimo ante el movimiento del negocio.
 
 
 
 
 
LA RUTA DE LA LUZ CONTINÚA SU LABOR DE MEJORA DE LA SALUD VISUAL EN BOLIVIA
 
Murcia de España (https://acortar.link/bzAGLQ)
 
Tania Roris y Ana del Pilar Zaameño han llevado a cabo 572 revisiones visuales y prescrito 417 gafas a niños en el medio rural del departamento de Oruro
Dos voluntarias de la Fundación Cione Ruta de la Luz, Tania Roris y Ana del Pilar Zaameño, han regresado hace unos días de una nueva misión óptica de la Ruta de la Luz en Bolivia.
Tania y Ana han efectuado revisiones visuales en colegios de los municipios de Curahuara de Carangas, en la provincia de Sajama, y en el de Carocollo, en la provincia Cercado. Ambos forman parte del departamento de Oruro, y están a casi 4.000 metros de altitud, en una comarca rural de Bolivia fuertemente afectada por la pobreza.
De la logística de la misión, selección de beneficiarios y alojamiento y asistencia de las dos cooperantes se encargó,  como contraparte local, la Fundación Ojos del Mundo.
La Fundación Ojos del Mundo es una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la ceguera evitable, la que se puede prevenir o curar, en algunos de los territorios más vulnerables del mundo. Ojos del Mundo inició su trabajo en Bolivia en 2003. Concretamente, en la ciudad de El Alto y su área rural de influencia, ubicada a las afueras de La Paz, con un 70 % de la población catalogada como pobre, muy pobre o indigente. Poco a poco, y gracias a la colaboración con muchas entidades, como la Ruta de la Luz, que lleva más de una década desplazando cooperantes a Bolivia, la realidad de la salud visual en Bolivia, va cambiando.
Desde el año 2016, Ojos del Mundo reproduce el mismo exitoso patrón de actuación que en El Alto, también en el departamento de Oruro. Así, y antes de que llegaran las voluntarias de la Ruta de la Luz, los profesores de los colegios en los que se desarrolló luego la acción en aquella comarca, habían aprendido a tomar la agudeza visual y preseleccionado los casos en los que la ayuda era más necesaria. "Todos los pacientes a los que revisamos, tenían, en su gran mayoría,  baja agudeza visual, lo que agilizó mucho nuestro trabajo y, sobre todo, lo hizo más efectivo", señala Tania Roris.
Apoyadas por el trabajo de la Fundación, las dos voluntarias de la Ruta de la Luz han llevado a cabo 572 revisiones visuales a niños hasta 18 años con escasos recursos en estas dos poblaciones rurales del altiplano boliviano.  Los talleres solidarios de Ojos del Mundo en Bolivia ya han realizado las gafas y han llevado a cabo la entrega de las mismas a los beneficiarios en un tiempo récord.
Como en todas las anteriores expediciones de la Ruta de la Luz, a Bolivia, a las dos cooperantes les ha llamado la atención las altísimas graduaciones que se han detectado, con  astigmatismos en niños de 6 , 8 e incluso más dioptrías. "En España es muy raro encontrar casos de niños con  graduaciones tan altas. Nos quedábamos impresionadas al comprobar que, incluso en esas condiciones, eran capaces de aprender en el colegio", sigue Tania Roris. La óptica gallega se conmovía al comprobar que los niños, incluso con tan malas agudezas "se daban por satisfechos con un poquito de graduación que les pusieses; sólo con eso, te decían que ya les llegaba". Por supuesto, cuando reciban sus gafas nuevas, corregirán por completo los defectos refractivos de los beneficiarios.
Sus ópticas también encontraron muchos casos de ambliopías -un tipo de visión deficiente que se desarrolla cuando hay una falla en el funcionamiento conjunto del cerebro y el ojo, y el cerebro no puede reconocer la visión de un ojo- precisamente en beneficiarios que nunca tuvieron la oportunidad de graduarse y, por lo tanto, de corregir sus graduaciones a tiempo. También encontraron pterigiums -lesión de la superficie ocular, que se caracteriza por la invasión de la córnea por conjuntiva y vasos sanguíneos- e incluso un Glaucoma
Tania recuerda especialmente el caso de una niña de 8 años con una miopía de 16 dioptrías "que nunca había usado gafas". A ella, sus gafas nuevas le van a cambiar su mundo.
"Es increíble como estos niños con estas graduaciones, y esas bajas agudezas visuales que nos hemos encontrado logren vivir y aprender felizmente en los colegios de la comarca. Era conmovedor recibir el agradecimiento, con todo su corazón, de cada mejora de agudeza visual que realizábamos", añade Ana, que insiste en la necesidad de concienciar a la población sobre la protección de la radiación UV con gafas de sol. "Tienen mucha conciencia de protegerse con gorros, pero no con gafas de sol", afirma.
Además de las revisiones y prescripción de las gafas, Tania y Ana también llevaron a cabo una acción formativa, impartiendo una charla sobre el papel del óptico-optometrista en España, dirigida a los alumnos de la Escuela de Optometría de La Paz, en la Escuela Nacional de Salud Pública.
 
 
 
 
 
MERQUEL PONE EL FOCO EN REFORZAR LA ARTICULACIÓN ENTRE ARGENTINA, PARAGUAY Y BOLIVIA
 
La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, habló de trabajar mancomunadamente en el "Gran Chaco".
 
Grupo La Provincia de Argentina (https://acortar.link/svZlHu)
 
La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, se reunió con Claudia Mojica de ONU Argentina; Carmen Ubaldi, de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay; Fabrizio Lucentini de la Embajada de Italia en Argentina; Grover Huallpa Auruquipa, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y Matías Sotomayor del CNCPS, en el marco de la apertura del Foro de Cooperación Trinacional “Favoreciendo la cooperación transfronteriza para la territorialización de la Agenda 2030 sin dejar a nadie atrás” en Casa Rosada.
Sobre el encuentro, dijo: "Trabajar de manera conjunta en el #GranChaco, en un área que comparte aspectos y circunstancias semejantes, con problemáticas comunes, significa un gran compromiso, que refuerza la articulación entre Argentina, Paraguay y Bolivia".
"Este foro permite avanzar en ese desafío colectivo e impulsar otras acciones para el cumplimiento efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", dijo.
 
 
 
 
 
EL TREN DE ARAGUA Y SU EXPANSIÓN EN AMÉRICA LATINA
 
El Tren de Aragua se ha extendido por Latinoamérica, aprovechando las rutas seguidas por los migrantes venezolanos. Este artículo examina cómo se ha expandido esta organización delincuencial transnacional y expone cuáles son los desafíos para los cuerpos de seguridad de la región.
 
Seguridad Nexos de México (https://acortar.link/l8Bna3)
 
En su libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, la periodista Ronna Rísquez relata cómo este grupo, que surgió en Venezuela en 2014, pasó de ser una pandilla que operaba desde una cárcel en el estado de Aragua a convertirse en una poderosa estructura criminal que continúa expandiéndose por la región, con un accionar sanguinario atemorizante.
La autora también relata que el Tren de Aragua, considerada actualmente como la pandilla más grande de Venezuela, es una red delictiva internacional que cuenta con más de 5000 miembros dedicados a más de veinte actividades ilícitas y mafiosas como hurto, sicariato, asesinatos, secuestro, tráfico de estupefacientes, explotación sexual, además de extorsión a actividades comerciales y servicios de salud, en diferentes poblaciones donde se han asentado. Siguiendo la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos, ha logrado establecer operaciones permanentes en varios países de América Latina.
El principal enclave del grupo está en el penal de Tocorón, ubicado en el estado Aragua. Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Venezuela de InSight Crime, la megabanda ha sabido aprovechar la crisis económica y migratoria venezolana para expandirse a países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Chile. Según Rísquez, el Tren de Aragua tiene la capacidad de enfrentar a la fuerza pública y someter a la ciudadanía, bajo un modus operandi que combina el pensamiento estratégico, la corrupción y la extrema violencia. En este artículo describiré cuál es este modus operandi y qué desafíos presenta para la región. Por último, concluiré con una recomendación sobre una estrategia colectiva entre los países de la región.
Modus operandi
La organización delictiva ha utilizado los corredores de los migrantes para desplegarse, instrumentalizando estas rutas para pasar desapercibidos y así traspasar las fronteras, sin mayores dificultades. En esas mismas rutas de aproximación atraen a personas en situaciones precarias para reclutarlos o explotarlos sexualmente.
Resalta InSight Crime que el grupo comienza con la captura de sus víctimas, generalmente venezolanos indocumentados, que se encuentran en Venezuela, Colombia o en las trochas, o pasos fronterizos, que conectan a ambos países. “En ciudades como Cúcuta (Colombia) hay gente que te organiza todo el viaje y capturan, sobre todo, a los menores. Hacen todos los pases por los senderos hasta llegar a países como Perú. Todas las denuncias que me han llegado son del Tren de Aragua”, dijo a InSight Crime un experto en temas migratorios que opera en la frontera colombo-venezolana.
De esta manera, en países como Colombia, el Tren de Aragua se ha involucrado en el tráfico de migrantes, prometiendo el traslado ilegal de un país a otro, incluso pasando por varios países. En Chile, el grupo también estaría incursionando en el delito de trata de personas, donde la persona es retenida en contra de su voluntad utilizando la fuerza u otras formas de coerción para obligarla a prestar servicios, incluyendo de índole sexual. Así lo constató la Defensoría del Pueblo de Colombia, que en su Alerta Temprana 035 de 2020 aseveró: “No existen políticas públicas que permitan un abordaje de la crisis migratoria, no en clave de organismos de seguridad, sino en términos de protección internacional y garantía de derechos”; esta es la razón por la que los migrantes terminan siendo víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, “en las que están involucrados los grupos armados en alianza con estructuras de criminalidad organizada de carácter transnacional como el Tren de Aragua”. Estos delitos están correlacionados y existen alianzas entre grupos criminales para capturar a las víctimas y llevarlas por pasos fronterizos ilegales.
Por su parte, en el informe “El fantasma del Tren de Aragua aparece en Colombia con muertos en bolsas”, el diario El País reseñó que los primeros registros de la presencia de la organización criminal en territorio colombiano pueden rastrearse desde 2018, y que su expansión se evidenció en medio de las restricciones del coronavirus, mientras las fronteras permanecían cerradas y las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela estaban rotas.
Además, se ha enfrentado a múltiples grupos, especialmente al grupo subversivo Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia, aunque estas confrontaciones parecen haber disminuido en intensidad desde 2022 según InSight Crime.
Grandes urbes, como Bogotá, no son ajenas a este fenómeno criminal. Como lo denunció El Espectador, El Tren de Aragua ha logrado establecerse en diferentes puntos estratégicos de la capital colombiana que no sólo son foco de prostitución, sino también de otros delitos, como el tráfico de estupefacientes, contrabando de mercancías y armas de fuego, incrementando de esta manera su economía criminal. Su asentamiento en otras grandes ciudades de Latinoamérica, como Lima, Quito, y Santiago, así como el inminente proceso de avance hacia otros países, nos conduce a advertir que, en efecto, nos enfrentamos a un caso de delincuencia organizada transnacional, según la definición de The Global Organized Crime Index.
Perspectivas y desafíos
La expansión territorial del Tren de Aragua por el continente supone un reto mayor, teniendo en cuenta la impunidad de su operación en Venezuela, donde tiene una base de operaciones ideal para que su criminalidad prospere.
Además, la experiencia del grupo en el control de prisiones y la corrupción de los agentes de seguridad dificulta que las fuerzas del orden puedan actuar. La megabanda ha buscado replicar estructuras penitenciarias similares en Perú y Chile, donde las autoridades tienen menos experiencia en el trato con este tipo de redes criminales que se encuentran en prisión. Esta situación es una clara muestra de la complejidad y la magnitud de los desafíos que enfrenta la seguridad en la lucha contra el crimen organizado transnacional, que requiere de una respuesta integral que abarque aspectos de seguridad, migración, justicia y desarrollo social.
En consecuencia, desmantelar a un grupo delictivo transnacional implica un esfuerzo conjunto y sostenido entre los países afectados. Para ello, es necesario fortalecer la cooperación regional de mecanismos como Ameripol para intercambiar información con fines de inteligencia, así como una comunicación sincrónica entre agencias de seguridad intergubernamental como Interpol en la persecución activa de la criminalidad.
Se necesita una cooperación diseñada para tomar acciones preventivas, más que reactivas, y que dé razón de las causas e implicaciones de este fenómeno criminal transnacional, analice las diferentes experiencias, documente y socialice las problemáticas vividas en los territorios donde el Tren de Aragua se ha asentado. Esto, como marco de referencia, pero que además siga los estándares legislativos para los Estados planteados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, cuyos objetivos se enfocan en promover la coorperación para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el tráfico ilicito tanto de migrantes como de armas de fuego.
 
 
 
 
 
LA ERRÓNEA DECISIÓN DE CHILE DE NACIONALIZAR RECURSOS DE LITIO
 
La Argentina debe advertir que la decisión del país vecino de poner los futuros proyectos bajo control estatal le hará perder importantes inversores.
 
Diario de Cuyo, Argentina (https://acortar.link/xKg1Rx)
 
Los principales analistas económicos han coincidido en que la decisión del presidente de Chile, Gabriel Boric, de disponer que los futuros proyectos de litio estén bajo control estatal, es uno de los errores más viejo en economía. Creer que con la nacionalización de este recurso se puede alcanzar una economía sostenible y desarrollada es ir contra las ideas que sostienen el mercado y confirmar que en materia económica Chile ha dado un contundente giro hacia la izquierda.
Boric está convencido que con la estatización del litio alcanzará objetivos trascendentales y es por eso que al anunciar en mayo pasado esta medida dijo que los chilenos no podían darse el lujo de desperdiciar una oportunidad como la que está ofreciendo la explotación de litio para el engrandecimiento del país. Pero es evidente que el Presidente en algo se equivoca y es el hecho de no haber tenido en cuenta que tras el anuncio de la estatización se produjo un recorte de US$ 5.700 millones en dos de las empresas que más litio extraen de Chile.
El país transandino tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo, y en 2021 fue el segundo productor mundial delo mineral, solo detrás de Australia. El 'oro blanco'' como se conoce al litio, es un componente fundamental de la tecnología de baterías recargables.
La posición que ostenta Chile hasta ahora no la podrá sostener por mucho tiempo si algunos inversores comienzan a retirarse y países vecinos como Argentina pasan a liderar ubicaciones en relación a la cantidad de yacimientos que se han localizado en nuestro país, los que todavía no están en explotación. Según Daisy Jennings-Gray, analista que asesora a gobiernos sobre minerales críticos, Argentina superará a Chile en producción de litio en torno a 2027.
Otro dato importante es que Argentina, Chile y Bolivia -el llamado triángulo del litio- representa más de la mitad de los recursos mundiales, y están buscando forma de cooperar para ir más allá de la extracción del metal y producir productos de mayor valor. Pero es acá donde la nacionalización del litio chileno puede representar algunos inconvenientes en relación a loa necesidad de inversores extranjeros, a los que les puede molestar esta medida.
A nivel internacional existe consenso en que no es bueno la forma en que ha procedido Chile. Los observadores sostienen que dejar que los políticos manejen la economía nunca ha sido una buena idea: no son financieramente astutos y sus motivaciones pueden estar equivocadas. Sin embargo los países en desarrollo ricos en recursos naturales siguen repitiendo el mismo error y cada vez que pueden recurren a estatizar o nacionalizar esos recursos.
El esquema accionario que propone Boric para la explotación del litio en territorio chileno, con el 51% en manos del Estado y el resto para las empresas privadas, puede llegar a ser poco atractivo, y es lo que ha motivado a una brisca caída de las acciones de las empresas que actualmente explotan el mineral.
 
 
 
 
 
EL LITIO INFLAMA A JUJUY, LA PELEA MÁS
 
Comunidades indígenas del norte del país bloquean caminos, hacen huelgas y se manifiestan contra el proyecto extractivista y de vuelco constitucional del gobernador Morales. Que pretende tomar las tierras de los indígenas reprimiendo la protesta
 
Il Manifesto de Italia (https://acortar.link/Iw51N3)
 
Desde principios de junio, la provincia de Jujuy, el extremo norte de Argentina en la frontera con Perú y Bolivia, representa la síntesis perfecta de los dilemas de un país del hemisferio sur en crisis y en elecciones. Salarios bajísimos, la criminalización de la protesta y un modelo de desarrollo extractivista ocuparon las primeras planas de los principales diarios tras la decisión del gobernador Gerardo Morales, quien ahora aspira a la vicepresidencia del país.
En resumen, la historia fue así: en pocas semanas Morales -miembro del principal partido de oposición al gobierno nacional del progresista Alberto Fernández- impulsó una reforma de la constitución local. Objetivo: Criminalizar la protesta y desplazar a los pueblos originarios de sus tierras para promover la minería de litio por parte de empresas multinacionales.
LAS DOS INICIATIVAS quedaron en el centro del debate electoral no tanto por la falta de consenso, sino por la gran resistencia social de los jujeños y la represión policial con la que respondió el gobernador. El resultado de su gestión está por verse: a pesar de las balas de goma y los gases lacrimógenos, al momento de redactar este informe hay 22 vías bloqueadas en varios puntos de la provincia, sobre todo por las comunidades de pueblos indígenas, y los sindicatos de maestros se están movilizando. día a día exigiendo mejoras salariales.
El conflicto social comenzó precisamente con la protesta de los maestros. En la provincia de Jujuy tienen el peor salario de toda Argentina: al inicio de la lucha el salario base era de 34.000 pesos mensuales, unos 122 euros.
A PARTIR DEL 5 DE JUNIO, los docentes son los protagonistas de masivas movilizaciones. La respuesta de Morales fue duplicar la apuesta. El 12 del mismo mes presentó el proyecto de reforma a la constitución local, la carta que regula los asuntos claves de la provincia, para convertir la protesta social en un delito. No solo eso: la nueva versión ha incluido dos artículos para reconfigurar la gestión de la propiedad de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios. Una vieja cuenta que saldar.
En Argentina, la constitución nacional establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias y no al estado central. Al hacer uso y abuso de esta regla, Morales ha dejado de lado la ascendencia de los pueblos originarios en el territorio argentino, incluso avalados por leyes internacionales, expresando explícitamente que quiere hacerles la vida más fácil a las multinacionales que buscan litio.
La producción de este elemento en el norte argentino se ha incrementado en los últimos años debido a la creciente demanda mundial del mineral blanco, utilizado en la industria de las baterías y comercializado como "energía renovable". En agosto de 2022, Morales anunció que su provincia produciría 82.500 toneladas al cierre del año. Una cifra que este año ha querido superar con la creación de nuevos proyectos, en particular en la cuenca de las "Grandes Salinas" dividida entre las provincias de Jujuy y Salta, a casi 4.000 metros de altitud.
ALLÍ VIVEN las comunidades Kolla y Atacama , pueblos originarios que, cuenta el manifiesto , son invadidos por maquinarias y automóviles multinacionales desde 2009, mientras los medios de comunicación hablaban de proyectos destinados a desembarcar en su territorio.
Sin que nadie les consulte nunca. Por ello, instalaron la “Mesa de las 33 comunidades de la Cuenca de las Grandes Salinas y Laguna de Guayatayoc”, denunciando la vulneración del derecho a ser oído. Así como el ofrecimiento de “ayudas sociales” por parte de las empresas a algunas familias y los intentos fraudulentos de que algunos miembros de la comunidad firmen permisos.
“Reivindicamos el derecho a la consulta previa, libre e informada de todas las comunidades para cualquier intervención extractiva a realizar en la cuenca”, especifican desde la Mesa.
Dados los múltiples proyectos extractivos contaminantes en varios puntos del país, las comunidades argentinas son conscientes de los efectos de estas actividades. En particular sobre la contaminación del agua y el impacto sobre la biodiversidad. Los pueblos originarios, al vivir en zonas aisladas, suelen ser los principales defensores de los recursos que aún no han sido explotados.
Su resistencia a la minería del litio en Jujuy representa la defensa de una de las últimas formas de vida ancestrales. Lo explica Imelda, una mujer kolla de 38 años: «Nos ofrecen 4×4 que pronto serán chatarra. Tendré que seguir alimentando a mis hijos y nietos. Al contrario, sé que si planto una semilla en esta tierra, siempre crecerá».
SOBRE LA CUESTIÓN del «desarrollo» invierte la carga de la prueba: «Morales nos dice que si usamos celulares es gracias al litio. Y que si no nos gusta, no tenemos que usarlo más. Nosotros decimos: entonces ustedes, que promueven las extracciones, dejen de tomar agua”. La pancarta que enmarca el tranque de Purmamarca resume algo que parece complejo pero en realidad es fácil de entender: "No a la reforma, sí al agua, no al litio".
La noticia que llega desde Jujuy ha despertado el interés de toda la sociedad argentina y también de los partidos dispuestos al desafío presidencial. La oposición nacional organizó una rueda de prensa para apoyar a Morales en la lucha contra las movilizaciones "violentas", haciendo acusaciones infundadas. Una semana después anunciaron que el gobernador sería candidato a la vicepresidencia por el partido neoliberal y conservador Propuesta Republicana liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los candidatos favorecidos.
Mientras tanto, el gobierno nacional ha mantenido cierto silencio, respondiendo a las acusaciones solo en Twitter y condenando en general la represión de las protestas. En algo parecen coincidir ambos: la extracción de litio, en Jujuy como en el resto del norte argentino, no está en entredicho.
ESPECIALMENTE en un país en crisis de reservas de dólares y con la hoja del Fondo Monetario Internacional en el cuello. En agosto Argentina votará los precandidatos a la presidencia y en octubre se elegirá al ganador. Quién sabe, tal vez el futuro pase por Jujuy, donde los maestros y los pueblos originarios juegan un partido decisivo para todo el país.