La
Tierra perdió un área de selva tropical virgen equivalente a un campo de fútbol
cada 5 segundos en 2022, y más de la mitad de esa destrucción ocurrió en Brasil
y Bolivia, según un estudio publicado este martes.
El
área total quemada o talada, más de 41.000 km2, equivale a la superficie de
Suiza o Países Bajos.
El
estudio del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) precisa que se trata de
árboles autóctonos y maduros, y que la cifra supone un incremento del 10%
respecto al año anterior.
Elaborado
a partir de imágenes satelitales, el informe destaca la situación en la cuenca
amazónica. Las pérdidas en Brasil representaron el 43% del total, en Bolivia el
9%.
República
Democrática del Congo perdió el 13%. En el caso de Brasil, la deforestación
aumentó un 15% en 2022 respecto al año anterior.
El
gobierno conservador de Jair Bolsonaro fue muy criticado por los ecologistas en
los últimos cuatro años por sus políticas medioambientales.
Su
sucesor, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, prometió hacer de la
defensa de la Amazonía uno de sus ejes.
Los
defensores del desarrollo económico del gigante sudamericano aducen que buena
parte de esa deforestación ocurre en tierras privadas.
Los
científicos advierten que si la cuenca amazónica se transformara en sabana, es
decir, en una superficie sin árboles, se desconoce las consecuencias para el
planeta.
La
Amazonía retiene en sus selvas unas 90.000 toneladas de CO2, lo que representa
dos veces las emisiones anuales mundiales.
En
el caso de Bolivia, la pérdida de selva tropical fue equivalente a unos 4.000
km2, un incremento del 32% respecto a 2021.
"La
mayor parte de la pérdida ocurrió dentro de las áreas protegidas, que cubren
las últimas regiones de bosque primario en el país", explica el informe.
La
producción de cacao, la extracción de oro y los incendios fueron los
principales causantes de esa quema o tala.
-
Una "hemorragia" planetaria -
El
WRI, basado en Washington, dispone de su plataforma de información satelital
dedicada al control de la deforestación, Global Forest Watch (GFW).
"Estamos
perdiendo una de nuestras herramientas más eficaces para combatir el cambio
climático, proteger la biodiversidad y proteger la salud y los medios de
subsistencia de millones de personas", declaró a la prensa Mikaela Weisse,
directora de GFW.
Los
bosques tropicales destruidos el año pasado liberaron 2.700 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalente a las emisiones de combustibles
fósiles de India, la nación más poblada del mundo, según GFW.
El
2022 fue el cuarto año más devastador para los bosques primarios en dos
décadas.
"Desde
el cambio de siglo, hemos visto una hemorragia en algunos de los ecosistemas
forestales más importantes del mundo, a pesar de años de esfuerzos para
revertir esa tendencia", advirtió Weisse.
A
nivel mundial, la vegetación y el suelo han absorbido regularmente alrededor
del 30% de la contaminación por CO2 desde 1960, pero estas emisiones han
aumentado en la mitad.
"Detener
y revertir la pérdida de bosques es una de las opciones de mitigación más
rentables que tenemos disponibles hoy en día", dijo Frances Seymour,
principal investigadora de WRI sobre los bosques.
-
La situación en RDC -
La
situación en República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del
planeta, ilustra la complejidad de la lucha.
Los
principales motores de la deforestación son la agricultura de subsistencia y la
producción a pequeña escala de carbón vegetal. Más del 80% de la población no
tiene acceso al suministro de electricidad.
El
gobierno ha subastado recientemente permisos de exploración de petróleo y gas,
y ha indicado que levantaría una moratoria sobre nuevas concesiones madereras.
En
la lista de los diez países que más selva han perdido también están Indonesia
(5%), Perú (3,9%), Colombia (3,1%), Laos (2,3%), Camerún (1,9%), Papúa Nueva
Guinea (1,8%) y Malasia (1,7%).
El
resto del mundo combinado representó poco menos del 15% de los bosques perdidos
en 2022.
"NARCODEFORESTACIÓN"
ES UNA AMENAZA CRECIENTE PARA LA AMAZONÍA, SEGÚN ONU
Crónica
de Argentina (https://acortar.link/qxKlpp)
Los
delitos asociados al tráfico de drogas y al crimen organizado van en aumento en
la cuenca del Amazonas, causando una veloz destrucción ambiental, mostró un
informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), divulgado este lunes.
"La
"narcodeforestación", es decir el lavado de las ganancias del
narcotráfico en la especulación de tierras, el sector agrícola, la ganadería y
la infraestructura relacionada, representa un peligro creciente para la selva
tropical más grande del mundo", dijo la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).
La
cuenca del Amazonas abarca Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela,
Guyana y Surinam, pero el informe de la oficina de la ONU se centra en Bolivia,
Brasil, Colombia y Perú, que albergan casi todo el cultivo legal de hojas de
coca o producción de cocaína o tienen altos niveles de tráfico de esta droga.
De
acuerdo al informe, que forma parte del reporte global anual de la UNODC, el
narcotráfico es una de las múltiples actividades ilícitas que llevan a cabo
organizaciones criminales en la zona, junto con minería y tala ilegal, tráfico
de animales, entre otras.
"Estas
redes delictivas organizadas no solo están exacerbando la deforestación, sino
que también están acelerando la delincuencia convergente que va desde la
corrupción, los delitos fiscales y financieros, hasta el homicidio, el asalto,
la violencia sexual, la explotación de trabajadores y menores, y la
victimización de quienes defienden el medio ambiente y los pueblos
indígenas", según el reporte.
El
impacto directo del cultivo de coca en la deforestación es mínimo, pero
indirectamente puede actuar como un catalizador, dijo la UNODC.
El
procesamiento de droga, por ejemplo, genera impactos ambientales, ya que el uso
de precursores químicos, como la acetona y el ácido sulfúrico, y la gasolina
pueden contaminar cursos de agua y la tierra.
Los
delitos cometidos en el área se deben, en parte, a la abundancia de recursos
naturales, la limitada presencia estatal, la persistente corrupción y factores
como informalidad o desempleo.
Los
pueblos indígenas y otras minorías se ven mayormente afectados por estas
actividades ilegales en la región, ya que enfrentan desplazamiento forzado,
envenenamiento por mercurio y otros impactos en la salud, así como una alta
exposición a la violencia.
Según
las conclusiones del reporte, entre 2011 y 2021 se registró un aumento del 23
por ciento en el número de consumidores de droga, a 296 millones de personas.
El
cannabis sigue siendo la droga más consumida, con una estimación de 219
millones de usuarios (4,3 por ciento de la población adulta mundial) en 2021,
mientras que 36 millones consumieron anfetaminas, 22 millones usaron cocaína y
20 millones habían consumido sustancias tipo "éxtasis".
Alrededor
de 60 millones de personas utilizaron opioides no médicos en 2021, con poco más
de la mitad consumiendo opiáceos, principalmente heroína.
CULTIVOS
DE COCA SE DISPARAN EN PERÚ CON PLANTACIONES EN FRONTERA CON COLOMBIA Y BRASIL
Barron’s News
(https://acortar.link/pqMEsr)
El
cultivo de coca en Perú, uno de los mayores productores mundiales de la hoja,
subió a 95.000 hectáreas en 2022, casi 20% más respecto al año anterior,
impulsado por plantaciones en la frontera con Colombia y Brasil, anunció este
lunes el gobierno.
"Hemos
llegado el año 2022 a 95.000 hectáreas de coca, eso quiere decir que de las
80.000 hectáreas que se midieron en 2021 hemos tenido un crecimiento en todas
las zonas cocaleras", dijo Carlos Figueroa, jefe de la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida).
"Hay
un alto nivel de crecimiento y sobre todo en las zonas que están ligadas a la
frontera con Colombia, Brasil", agregó.
Según
las autoridades peruanas, hubo un crecimiento sostenido de cultivos desde la
pandemia de covid-19, cuando crecieron más del 50%, pasando de 61.777 hectáreas
en 2020 a 95.000 hectáreas en 2022. Ello debido a que el gobierno dejó de
erradicar los sembradíos ilegales por las cuarentenas.
El
incremento en zonas de frontera con Colombia y Brasil está asociado a la
presencia de narcotraficantes "vinculados a disidentes de las FARC y el
comando Vermelho de Brasil", aseguró el jefe de Devida.
La
hoja de coca es la materia prima para la elaboración de cocaína. Una vez
recogidas, las hojas se entregan a químicos que las mezclan con gasolina, cal,
cemento y sulfato de amonio para obtener una pasta blanca.
Después
se enriquece esta pasta con un cóctel de ácidos y disolventes.
La
mitad de las plantaciones de coca de Perú se hallan en el VRAEM, acrónimo del
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, que alberga a miles de campesinos
cocaleros.
En
el VRAEM, en el sureste de Perú, operan remanentes de la guerrilla maoísta
Sendero Luminoso.
Un
95% de la producción cocalera peruana se destina al narcotráfico, el resto
termina para consumo humano en forma de mates, caramelos, harina y energizante
a través del masticado de la hoja.
Masticar
hojas de coca es una ancestral tradición andina para combatir el cansancio,
tanto en Perú como en Bolivia. Casi seis millones de peruanos usan la hoja de
coca de forma legal, según Devida.
De
acuerdo con la ONU, Colombia, Peru y Bolivia son los mayores productores
mundiales de hoja de coca y de cocaína.
Se
calcula que la producción peruana de cocaína es de unas 400 toneladas anuales.
En 2022, unas 86 toneladas de drogas fueron decomisadas e incineradas, según la
policía.
UN
INFORME REVELÓ QUE VENEZUELA, BOLIVIA Y GUATEMALA TIENEN EL MAYOR DETERIORO EN
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN
La
quinta edición del índice presentado anualmente por el Consejo de las Américas
y Control Risks mostró también que Uruguay es la nación mejor capacitada para
combatir el delito. Según el reporte, el deterioro de las políticas “tiene
implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas
económicas”
Infobae
de Argentina (https://acortar.link/o9pDYT)
La
capacidad de la gran mayoría de los países latinoamericanos para combatir la
corrupción sigue en picada, siendo Guatemala y Venezuela los que más deterioro
han experiementado como reflejo del frágil estado de la democracia y falta de
voluntad política.
La
quinta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC),
presentado anualmente por el Consejo de las Américas y Control Risks, reveló
por primera vez una disminución del promedio regional, con retrocesos en 10 de
los 15 países clasificados.
El
CCC es una herramienta analítica que permite evaluar la capacidad de los países
de la región para detectar, castigar y detener la corrupción. Se considera que
los países con más puntuación son los que tienen más probabilidad de enjuiciar
y sancionar a los actores corruptos. La impunidad es más probable en los países
ubicados en el extremo inferior de la clasificación.
La
escala de puntuación va del 10, para el mejor conceptuado, al cero para el que
menos capacidad tiene. En la región, Uruguay y Venezuela están en los extremos,
como el mejor y peor, pero sin llegar a la puntuación máxima de cada caso.
“El
deterioro en la capacidad de controlar la corrupción tiene implicaciones graves
para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas”, expresó
Theodore Kahn, director asociado de Control Risks. “Socava la confianza en las
instituciones, lo cual favorece propuestas populistas y polarizadoras” y
debilita la confianza de inversionistas, explicó el experto a The Associated
Press.
Aunque
la corrupción es una preocupación para buena parte de la población
latinoamericana, no es el único desafío para los gobiernos, la sociedad civil y
los medios de comunicación. Otro de los retos que enfrentan son la delincuencia
y las dificultades económicas, de acuerdo con el reporte que reveló el índice
de este año. El resultado, indicó, es un entorno anticorrupción menos activo y
menos movilizado que en años anteriores. Sigue erosionándose poco a poco.
En
la edición 2023 del CCC, Uruguay encabeza la lista como el país mejor capacitado
para combatir la corrupción, con un puntaje de 6,99; seguido por Costa Rica,
con 6,76; y Chile, con 6,67. Entre los países con menor puntación aparecen
Guatemala, con 2,86 puntos; Bolivia, con 2,56; y Venezuela, con 1,46.
De
los 15 países, Guatemala y Venezuela experimentaron las caídas más
significativas en sus puntajes en el último año, del 15 % y 10,4 %
respectivamente. Panamá, en cambio, registró una mejora sustancial del 9 % en
términos interanuales, a 5,39 puntos.
El
índice fue publicado por primera vez en 2019 y analiza 14 variables clave,
entre ellas, la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del
periodismo de investigación y la cantidad de recursos destinados a combatir la
corrupción.
En
Guatemala, el descenso “es el resultado del frágil estado de la democracia y la
falta de voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo
Valeria Vásquez, analista de la consultora que realizó el estudio.
El
país cayó del puesto decimotercero de la lista del CCC al decimocuarto este
año, con descensos pronunciados en los rubros de capacidad jurídica (20 %) y
democracia e instituciones políticas (16 %).
Bajo
la presidencia de Alejandro Giammattei, el Ministerio Público ha seguido un
patrón de persecusión judicial y detenciones, incluyendo jueces, periodistas y
fiscales. Estados Unidos ha señalado a la fiscal general guatemalteca por
“corrupción significativa” e incluyó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la
Impunidad en la actores corruptos.
En
el caso de Venezuela, que ocupa el último lugar de la región por quinto año
consecutivo, el oficialismo controla la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo
de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones públicas, que responden a las
directrices del gobierno de Nicolás Maduro.
La
variable del índice que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la
corrupción disminuyó en el país un 18 % y la que evalúa la calidad de la
prensa, un 15 %, un reflejo de las amenazas a la libertad de prensa y a las
libertades civiles por parte del gobierno de Maduro, de acuerdo con el reporte.
La
baja puntuación de Venezuela en el índice es reflejo del proceso de deterioro
institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país y que ha
permitido al partido oficialista cooptar o eliminar casi todos los controles y
contrapesos existentes en un sistema democrático.
“No
existe una división de poderes sana que permita controlar y castigar” hechos de
corrupción, expresó Kahn. “Esta situación facilita la impunidad para ciertos
miembros de la élite política”, dijo.
Junto
con Guatemala, México es el otro país cuya puntuación anual ha bajado año tras
año.
ANÁLISIS-EL
"MILAGRO ECONÓMICO" DEL GRAN ESTADO BOLIVIANO CHIRRÍA, EN UN AVISO
PARA SUDAMÉRICA
La
Nación de Argentina (https://acortar.link/XJJDYN)
El
"milagro económico" de Bolivia, que en las décadas de 2000 y 2010
permitió a millones de personas llegar a la clase media con un gasto público
continuado, se tambalea y está enviando un alerta a la región, que lucha contra
la alta inflación, la debilidad de las arcas estatales y un tibio crecimiento.
Durante
años, el país sin salida al mar disfrutó de una de las tasas de crecimiento más
altas de Sudamérica, apoyado por el auge de la demanda por recursos naturales,
principalmente el gas natural, que ayudó al Gobierno de izquierda del
exmandatario Evo Morales a financiar programas sociales y reducir la pobreza.
Pero
durante la última década, la producción de gas se ha desplomado en alrededor de
un tercio, arrastrando las reservas de moneda extranjera de más de 15.000
millones de dólares en 2014 a 3.500 millones en febrero, cuando el banco
central dejó de publicar abruptamente el dato.
El
agotamiento de las divisas provocó el pánico a principios de año con filas
fuera de los bancos para retirar dólares. Los rendimientos de los bonos se
dispararon y en mayo el Gobierno se vio obligado a vender la mitad de sus
reservas de oro de 2.600 millones de dólares para obtener efectivo.
"En
términos prácticos, Bolivia se quedó sin liquidez", dijo el economista
José Gabriel Espinoza, exdirector del emisor.
El
Gobierno defiende un crecimiento económico relativamente robusto del 3,5% en
2022 y la inflación sigue baja en torno al 3%, gracias en parte a los costosos
subsidios al combustible. "Bolivia se mantiene estable", aseguró este
mes a periodistas el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Sin
embargo, las menguantes reservas y las exportaciones más endebles subrayan una
vulnerabilidad común en Latinoamérica, donde la mayoría de economías dependen
en gran medida de las materias primas, sensibles a vaivenes de los precios
globales, los fenómenos meteorológicos y el estado de ánimo político.
Una
gran sequía en Argentina ha afectado la producción y las reservas de granos, poniendo
en peligro un acuerdo de deuda de 44.000 millones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). En el segundo productor mundial de cobre, Perú, se espera
que la inversión en minería caiga un 19% este año y la producción se ha
estancado en medio de los disturbios políticos en curso.
Alberto
Ramos, economista para América Latina de Goldman Sachs, dijo que en la región
los gobiernos de Brasil, Chile y Colombia también estaban adoptando cada vez
más estrategias de alzas tributarias y mayores gastos en el sector público.
"El
modelo ahora está cambiando hacia un estado muy grande, un enfoque de impuestos
y gastos", afirmó. "Eso es problemático dado que el sector público
gasta muy mal. Eso conduce a un bajo rendimiento macroeconómico (...) y
eventualmente podría terminar en una crisis", agregó.
Bolivia
ha intentado diversificar ante su sobredependencia del gas impulsando la
producción de soja y carne de res, mientras que la venta masiva de oro ayudará
a superar el déficit del presupuesto público, pero solo por un corto tiempo.
"Eso
ha puesto un poquito de calma también a la gente (...) pero la verdad es que
esa cantidad de dólares, 1.300 millones, no alcanza mucho para Bolivia",
dijo el analista financiero local Jaime Dunn. "Estamos en un momento de
calma tensa, donde hay que ver qué pasará en las próximas semanas",
añadió.
Comprando
tiempo
A
principios de año, algunos bancos vieron corridas para retirar depósitos por el
temor a la caída de las reservas de divisas, mientras la demanda por dólares en
el mercado negro se disparaba, presionando la paridad cambiaria del boliviano,
que ha estado justo por debajo de siete unidades por dólar desde 2008.
En
abril, el Gobierno tuvo que intervenir al importante prestamista Banco Fassil,
aunque las autoridades señalaron que se trató de un caso aislado debido a la
mala gestión de sus directivos.
Moody's
redujo la calificación soberana del país en marzo diciendo que los problemas
cambiarios ponen en riesgo la "estabilidad macroeconómica de Bolivia en
general".
Los
rendimientos de los bonos soberanos se dispararon desde menos del 10% en
diciembre hasta un máximo de más del 40% en mayo, antes de ubicarse en menos
del 25% en junio.
Espinoza
consideró que la reciente turbulencia estaba poniendo en riesgo el
"milagro económico" de grandes gastos del gobernante partido
socialista MAS, de Morales. El Gobierno tendría que cambiar de táctica,
argumentó.
De
lo contrario, "muy difícilmente vamos a poder encontrar un escenario en el
que se estabilicen las cuentas macroeconómicas", señaló. "Si no
solucionas esto, vamos a vivir siempre comprando tiempo. Y el oro en algún
momento se va a terminar", añadió.
BOLIVIA
Y LA CRISIS POR ESCASEZ DE GAS NATURAL: LO QUE DEBES SABER
El
populismo del presidente Luis Arce logró que las reservas de gas natural, que
fue abundante en la región andina, se terminen debido a falta de exploración de
yacimientos.
El
Vigilante de Perú (https://acortar.link/tyBWEJ)
Bolivia,
que tiene una de las mayores reservas de gas natural, sufre una crisis de
escasez. La caída de la producción generó que la nación tenga que pedir ayuda a
Venezuela para poder abastecer a Argentina y Brasil y evitar multas por
incumplimiento de contratos. La grave situación se debe a que el gobierno del
presidente Luis Arce no invirtió en la exploración de yacimientos.
La
producción de gas natural en Bolivia promedió, durante el 2022, 41,2 millones
de metros cúbicos al día (Mm3/d), el nivel más bajo desde 2014, cuando llegó a
59,6Mm3/d. La baja en la reserva de gas es de tal magnitud que no alcanza para
cubrir las necesidades internas del país ni para la exportación de 16 millones
de metros cúbicos a Brasil y 14 millones a Argentina.
La
situación se agravó hace unas semanas debido a que el término de las reservas
de diesel paralizó el transporte, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas y
una ola de protestas de agricultores.
El
bloqueo más grande estuvo en manos de los productores de soya y caña en la
región oriental de Santa Cruz, exigiendo regularizar el combustible vehicular y
en rechazo de dos decretos recientemente aprobados por el presidente Arce, que
limitan la venta de combustible.
Beltrán
Flores, presidente de la Unión de Cañeros Unagro, manifestó a los medios
bolivianos que se encuentran preocupados por el irregular acceso al diésel que
ese sector necesita para el trabajo en el campo. Flores mencionó que el sector
productor está “bastante molesto” con esta situación, ya que el Gobierno
pretende negar la falta de combustible y en varios surtidores hay largas filas
en estos últimos días, por lo que es “claro el desabastecimiento”.
Por
otro lado, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías, señaló que
los decretos pretenden “fortalecer los controles en la frontera, el control de
ventas sobre todo en bidones”, entre otros.
ÁLVARO
GARCÍA LINERA Y LA PARÁLISIS CONSTITUYENTE GUBERNATIVA EN CHILE
El
Ciudadano Web de Chile (https://acortar.link/X3Otpt)
La
instalación del nuevo Consejo Constitucional en Chile, el pasado 7 de junio,
nos genera sentimientos encontrados para quienes vemos con nostalgia lo
ocurrido hace un par de años atrás con la Convención Constitucional, pero
también nos vuelven las preguntas sobre qué realmente pasó para que el
escenario político en Chile haya cambiado tanto en tan poco tiempo, pasando de
un órgano conformado mayoritariamente por personas independientes y de
movimientos sociales, a uno conformado por lo peor de la ultraderecha
pinochetista.
De
ahí que se vuelve provocador lo planteado por el intelectual orgánico, ex
vicepresidente de Bolivia y referente de varias izquierdas latinoamericanas,
Álvaro García Linera, quien en una entrevista reciente dijo que el rechazo a la
propuesta constitucional fue debido principalmente a una parálisis del gobierno
de Gabriel Boric, dejando así en bandeja a los grandes medios de comunicación
concentrados, la instalación de una campaña de desinformación masiva (1).
Por
lo mismo, García Linera planteó sin decirlo explícitamente, de que el gobierno
de Gabriel Boric debió haber tomado el camino de presidentes como Hugo Chávez,
Rafael Correa y Evo Morales, en lo que refiere a un decisionismo gubernamental
que haya permitido acercar al pueblo chileno al proceso constituyente en curso
y garantizar así su victoria en las urnas, a través de fuertes políticas
económicas que dieran certezas a la población, afectado enormemente por la
pandemia y el aumento del costo de la vida.
Pero
García Linera va mucho más allá con su crítica al fracaso de la Convención
Constitucional al señalar que el verdadero poder constituyente en la región es
el ejecutivo y no la asamblea misma, lo que me parece muy discutible y
peligroso plantear para quienes queremos transformaciones profundas, pero
siempre críticos de la concentración del poder imperante y defensores de la
democracia y los derechos humanos, sean donde sea.
Lo
señalo ya que si bien uno puede estar de acuerdo con la primera parte de la
crítica de García Linera, en lo que refiere a la pasividad de parte del
gobierno de Gabriel Boric en medio del proceso constituyente, y dado la
importancia del momento histórico que estábamos viviendo como país, no puedo
compartir su visión instrumental de lo constituyente, reproduciendo lo peor de
las izquierdas autoritarias, que han terminado por apropiarse de los procesos
de movilización social.
No
es sorpresivo por tanto, que García Linera en su balance de la primera oleada
progresista (2), no le dé ninguna importancia en su análisis a la
implementación de las nuevas constituciones latinoamericanas, como es el caso
de Venezuela, Ecuador y Bolivia, al centrarse en ciertas políticas
gubernamentales, dejando fuera aspectos realmente revolucionarios de aquellos
procesos, como lo fueron la conformación de Estados Plurinacionales, Derechos
de la Naturaleza y de nociones como Sumak Kawsay y Suma Qamaña, en tanto buenos
vivires.
En
consecuencia, lo que le importa a García Linera finalmente no es todo lo que
estaba en juego en la propuesta constitucional chilena, marcado por un texto de
enormes horizontes para Chile y el mundo en distintos temas y que se hacía
cargo de enormes luchas históricas en el país, sino en la incapacidad del
gobierno de Gabriel Boric de concentrar el poder, lo que es bastante lamentable
para alguien que es tomado como referente, incluso para el mismo presidente.
En
otras palabras, es como si esas constituciones hayan sido meros medios de
gobiernos de izquierda, que a través de caudillos, terminaron por coaptar y
negar las propias cartas magnas que impulsaron, como es el caso de Venezuela,
que por supuesto García Linera no dice nada al respecto, negando implícitamente
la crisis humanitaria que vive ese país, y una dictadura de Nicolás Maduro, lo
cual termina por darle argumentos a la ultraderecha para que crezca cada vez
más en la región y se desprestigie cualquier intento de las izquierdas
latinoamericanas en democratizar a sus países.
Dicho
esto, cobra mucho sentido lo señalado por autores que han estudiado a fondo el
proceso constituyente boliviano y el pensamiento de García Linera, como es el
caso del antropólogo Salvador Schavelzon, quien nos muestra cómo la noción de
revolución que tiene el ex vicepresidente está marcada por una profunda
centralización autoritaria y monopólica del Estado, muy influenciada por Lenin
y de la experiencia de la Rusia soviética, en donde la represión estuvo siempre
validada para mantener el control político sobre el pueblo y los territorios.
Ante
esto, que el proyecto del MAS (Movimiento al Socialismo), a través del
caudillismo de Evo Morales, haya sido siempre un proyecto político que usó la
democracia y el proceso constituyente mismo como herramienta para centralizar
el poder, como quedó de manifiesto con su postulación a presidente en el año
2019, a pesar de que en el año 2016 haya perdido un referéndum, que lo
imposibilitaba a ir nuevamente de candidato, haciendo caso omiso de aquello.
Con
esto por supuesto que no busco desconocer el golpe de Estado y la dictadura
posterior de Jeanine Áñez, llena de racismo y colonialismo, así como tampoco
con lo ocurrido en Perú con Dina Boluarte, pero de ahí a no ver una visión
totalmente antidemocrática de algunas izquierdas en la región, que se creen los
dueños de los destinos de los pueblos y poseedores de una verdad
incuestionable, es seguir reproduciendo lo peor de ciertas experiencias que se
dicen transformadoras.
En
definitiva, seguramente Álvaro García Linera, como buen vocero de las
izquierdas autoritarias, pensará que en Chile está todo perdido actualmente, y
que solo una nueva revuelta social podrá generar nuevamente las condiciones
para que aparezca un caudillo y un sector político que esta vez sí se apropie
de todo el proceso centralizadamente, como no pasó en 2019 en el país por
suerte.
¿UNIDAD
O LUCHA DE CONTRARIOS EN BOLIVIA?
Hay
que preguntarse por qué el conflicto público entre fuerzas de izquierda provoca
tanto temor. Es cierto que la falta de unidad ha sido siempre debilidad de los
subalternos. Pero la unidad, por sí sola, si bien puede garantizar estabilidad,
no es garantía alguna de revolución.
Rebelión
de España (https://acortar.link/gBJMAF)
De
este tenor son los miedos que hoy se levantan por las severas pugnas entre los
masistas de Bolivia. ¿Cuál es la situación concreta? En el nivel más explícito,
se trata de la confrontación entre dos miembros prominentes del partido
Movimiento al Socialismo: Evo Morales y Luis Arce, quienes se enfrentan por la
preponderancia de uno sobre el otro, y de cara a las elecciones presidenciales
en 2025. Se trataría entonces de meras rencillas por el poder, con un carácter
marcadamente personal. Empero, se pecaría de simplismo si olvidáramos que las
manifestaciones en la cúspide de la política siempre son concomitancias de
procesos históricos más abarcadores, densos y enrevesados.
Ampliado
del campo de batalla
Aunque
de lejos a veces pareciera que no hay ya una oposición contra la cual luchar, esta
permanece viva y a la espera de su oportunidad. Tanto Evo como Arce han
reconocido, en repetidas ocasiones, que el conflicto fundamental es con la
derecha oligárquica y golpista. Los miedos que se esgrimen por sus disputas
desfavorables a la unidad se basan en la existencia de este enemigo,
diestramente articulado con el imperialismo estadounidense y otras oligarquías
regionales, como la brasileña. Pero algo ha cambiado en esta derecha que en
2019 venció al Estado popular más duradero de la historia boliviana.
Quizás
ha sido la consecución de dos derrotas estratégicas: las elecciones de 2020 y
el encarcelamiento de sus nuevos líderes. Con una insurrección de cinco años,
entre 2000 y 2005, el triunfo de Evo en las elecciones presidenciales de 2006 y
el sostenimiento de su gobierno por catorce años, las fuerzas populares de
Bolivia lograron derrocar a la oligarquía de su tradicional dominio sobre el
Estado y sobre el Altiplano. Ello, sin embargo, no significó el aniquilamiento
de estas clases, sino su desplazamiento hacia el Oriente del país, en
particular hacia el pujante departamento de Santa Cruz de la Sierra.
En
cambio, el control del Altiplano, centro del poder nacional en Bolivia, fue
ocupado por una nueva fuerza plebeya, inexperta en las cuestiones de gobierno,
pero depositaria del empuje emancipador del momento.[1] Es así que en 2019
aquella oligarquía, ahora renovada y con nuevos liderazgos — Fernando Camacho,
Marco Pumari, Jeanine Añez — retomó su dominio sobre el Altiplano por medio de
un golpe de Estado, pero la brevedad de su gobierno, de apenas un año, es
evidencia de su incapacidad política para organizar a la derecha, ampliar su
base social y liderar al país. Terminaron rendidos ante el empuje de los
movimientos y del MAS, que lograron catapultar a Luis Arce a la presidencia del
país en 2020.
En
cuanto al encarcelamiento de los principales líderes civiles del golpe del
2019, esto es equivalente a descabezar a la nueva oligarquía, afectar su
función de liderazgo y comprometer su legitimidad social.
El
descabezamiento de la nueva derecha ha sido una victoria política estratégica,
imputable en gran medida a la destreza técnico-política del gabinete de Arce.
No
es mero azar que luego del encarcelamiento de Camacho se hayan disparado las
tensiones internas en el MAS; algo similar, aunque más atenuado, tuvo lugar
luego de la victoria estratégica de 2008, cuando las fuerzas oligárquicas del
Oriente sucumbieron ante el empuje de las masas del Altiplano y el audaz
liderazgo de Evo Morales. Cuando el enemigo está lamiendo sus heridas se
reactivan las tensiones a lo interno del bando victorioso.[2]
Pero
quizás en esto haya una subvaloración a las fuerzas enemigas, que aún poseen
los principales medios de comunicación, importantísimas empresas y negocios, y
numerosas instituciones de la sociedad civil; por no mencionar que en el plano
hegemónico lideran las propuestas regionalistas, que tanto arraigo tienen en la
sociedad boliviana.
Tampoco
es despreciable el tradicional prestigio de clase dominante y de etnia o
nacionalidad privilegiada que conservan estas élites, con una capacidad de
movilización demostrada durante las jornadas golpistas de 2019.
La
lucha entre dos líneas
Hay
algo no del todo explícito que motiva las complejas tensiones entre Evo Morales
y Luis Arce, más allá de la incidencia que en ello pueda tener la oligarquía.
Es preferible enfocar esta disputa como una lucha entre dos líneas políticas
divergentes. Del lado de Arce se encuentran representadas buena parte de las
clases medias urbanas que se sintieron excluidas durante el gobierno de Evo. Su
administración combina elementos del nacionalismo mestizo y del indigenismo, y
tiene una fuerte impronta estatista, tecnocrática y administrativa, bastante
diferente de la dinámica de los movimientos sociales y del estilo de Evo. Su
orientación es conciliadora y trans-clasista, pero ha logrado contener los
peores efectos de la crisis mundial en Bolivia y ha mantenido la ventaja
estratégica sobre las fuerzas de derecha.
Del
lado de Evo, en cambio, se ven representadas las clases populares, en especial
el amplio y diverso campesinado boliviano, así como otros sectores indígenas.
Ahora que se encuentra alejado del gobierno vuelve a ser encarnación plena de
los movimientos sociales, mientras los grupos académicos, burocráticos y
técnico-industriales se acercan más a la línea de Arce. Lo que se enuncia acá
es una fractura parcial que antes el liderazgo unitario de Evo y el MAS
subsanaron bajo la consigna del «gobierno de los movimientos sociales». La
presidencia de Evo, en efecto, había sintetizado estas dos líneas en una única
dirección.
Lo
crucial es que las tensiones entre Evo y Arce dan cuenta, en la cúspide de la
política, de una separación básica entre los movimientos sociales y el Estado.
Ello
se evidencia no solo en la menor presencia de líderes sociales en el gobierno
de Arce, también en su orientación política, en la manera en que los asuntos de
Estado se resuelven en el marco de su institucionalidad, con poca convocatoria
sobre los movimientos. Entre otras cosas, ello se debe a que en el entramado
asociativo indígena-campesino Evo continúa siendo el líder indiscutido.
De
todo esto cabe una enseñanza doble. Por un lado, se ha constatado que es
posible un gobierno popular-nacional sin el apoyo irrestricto de los
movimientos sociales y sin degenerar en oligarquía. Ello da cuenta de un nuevo
tejido social y ciudadano capaz de sostener un orden republicano y plebeyo, más
allá de sus capacidades de auto-organización colectiva al margen del Estado.
Pero también de un reforzamiento del propio Estado en su nueva orientación
popular-nacional.
Por
otro lado, en caso de una arremetida de la reacción oligárquica también se ha
demostrado que solo la autonomía y capacidad de acción colectiva de los
movimientos sociales del Altiplano es capaz de restituir la democracia de
orientación popular.
Quiere
esto decir que hay una suerte de empate de poder entre la línea de Arce y la
línea de Evo. La dificultad para cerrar filas, empero, no solo es consecuencia
de este empate de poder, también remite a una larga tradición de luchas
antiestatales por parte de los movimientos sociales, que se interrumpió durante
el gobierno de Evo y se está actualizando y reconfigurando desde el 2019,
primero contra la oligarquía y ahora en confrontación no antagónica con el
gobierno.
Pero
hay una ventaja extraña en Evo y el MAS, pues tienen de su lado la «larga»
duración para los estándares de la política boliviana. Evo ha sido quizás el
líder más duradero en la historia del país, tanto en su prestigio social como
en sus catorce años de presidencia. Pero la historia política de Bolivia ha
estado marcada por la irregularidad, en particular con respecto a los asuntos de
Estado. Lo cierto es que las elecciones tienen un gran componente de azar, y
quien está hoy en la presidencia, puede no estarlo ya en cinco años. Es en ese
sentido que el poder estatal, relativamente autónomo y bajo la dirección de
Arce, es en el fondo inseguro. Los movimientos sociales de Bolivia, en cambio,
han probado responder a una dinámica de mayor estabilidad, nunca exenta de
dificultades, cambios bruscos y conflictos. Y esa es una diferencia notable
entre el MAS y el viejo MNR: el primero da testimonio de un vínculo
—contradictorio pero fluido— entre «instrumento político» y movimientos
sociales, mientras que el segundo se mantuvo siempre distante de la Central
Obrera Boliviana y su corazón militante, el sindicato minero.
La
confrontación entre Evo y Arce da cuenta de contradicciones realmente
existentes que, de una forma u otra, tendrían una emergencia en lo social.
Quizás esta forma pública y ríspida no sea, per se, negativa, pues permite
canalizar traumas y conflictos por medio del discurso de los líderes.
Hay,
empero, un peligro en todo ello, acaso más profundo que el quebrantamiento de
la unidad: el olvido de la necesidad de refundar el proyecto hegemónico del
MAS, es decir, de las fuerzas progresistas de Bolivia.
Más
allá del desafío de unidad de izquierda en las elecciones, las rencillas entre
altos dirigentes pudieran dar lugar a una reconfiguración hegemónica que amplíe
las bases sociales del proyecto y reconquiste las pasiones del país. Si las
rencillas no apuntan conscientemente a este desafío mayor, significa que la
batalla cultural queda en manos de la «espontaneidad», que es otra forma de
referirse a las fuerzas de la dominación. Sin embargo, sería bueno no
sobredimensionar la capacidad de los líderes para determinar los destinos de la
sociedad: aún hay lugar para confiar en el pueblo, pues la historia, en su
fondo, es hechura de las masas.
CRÍTICA
DE “SEREMOS MILLONES”, EL VIAJE DE RETORNO DE EVO MORALES TRAS EL GOLPE EN
BOLIVIA
El
film de Diego Briata y Santiago Vivacqua cuenta el recorrido de Evo Morales y
su partido el MAS (Movimiento al Socialismo) para volver al poder tras el golpe
de Estado.
Revista
Escribiendo Cine de Argentina (https://acortar.link/yK3jfg)
La
película producida por el grupo Octubre junto a la brasileña Opera Mundi y
dirigida por Diego Briata y Santiago Vivacqua, explica de forma didáctica el
raconto histórico que le permite la llegada a la presidencia a Evo Morales
desde sus tiempos de líder de movimientos sociales. Las políticas
extractivistas de los gobiernos neoliberales que dejaron a la mayoría de la
población en la miseria, y la importancia de los pueblos originarios y sus
culturas en la construcción de un Estado Plurinacional de Bolivia.
Un
recuento histórico que, en formato de crónica, se detiene para explicar con
detalle, los conflictos generados por el poder concentrado para desestabilizar
y provocar una crisis institucional que derivó en una ola de violencia en las
calles. Evo Morales renuncia y debe exiliarse junto a su vicepresidente Álvaro
García Linera, primero en México y después en Argentina, hasta las elecciones
de 2021 que posibilita su retorno al poder acompañando a Luis Arce como
presidente por el MAS.
Seremos
millones (2022), al igual que El camino de Santiago (2018) y Tierra arrasada
(2019), buscan echar luz sobre los oscuros acontecimientos ocurridos en la
historia reciente de Latinoamérica. Pero sobre todo, es un relato que busca
reforzar la esperanza puesta en continuar con el proceso de transformación
cultural iniciado por el MAS en Bolivia.
Habrá
quienes acusen a este tipo de material de panfletario o incluso propagandista,
pero Seremos millones se concibe como un punto de vista más, por momentos
maniqueo pero hasta necesario para contrarrestar tanta noticia infundada desde
los medios masivos de comunicación.
REINA
"TITI": DE PELUQUERA EN SALTA A SER UNA DE LAS JEFAS DE UN CLAN NARCO
INTERNACIONAL QUE TENÍA BASE EN SANTA FE
Aíres
de Santa Fe, Argentina (https://acortar.link/eFInkU)
Adelaida
Castillo manejaba los bagayeros en la frontera caliente en Salvador Maza,
Argentina, y Yacuiba, Bolivia. Lo que pasaba por ese límite poroso de manera
ilegal estaba bajo su control en esa ciudad de 20.000 habitantes que siempre es
un hervidero de camiones y gente cargando bultos sobre sus espaldas, que
atraviesan caminos alternativos a los oficiales.
No
era fácil para una mujer que tenía siete hijos estar al frente del contrabando.
Mandar a los hombres rudos de la frontera. Por eso, a Adelaida la empezaron a
llamar Reina Titi, un apodo que también tenía que ver con sus otras actividades
paralelas, como la peluquería que montó en la Salvador Mazza y que después
quedó en manos de su hija. El destino y la caída del clan Loza, uno de las
organizaciones narco más poderosos de Argentina, con ramificaciones en Europa,
la llevó a Castillo a quedar por un tiempo al mando de esta banda que proveía a
grandes carteles internacionales.
El
salto fue grande para Reina Titi, que tiene actualmente 63 años y está presa en
la cárcel de Ezeiza. De cuidar el cabello de las mujeres de la frontera a
custodiar cargamentos gigantescos de cocaína. En ese nuevo rol Castillo no duró
mucho. Había sido designada por los Loza en esa función por una característica
que en el narcotráfico es un atributo: estar fuera de todos los radares. Pero
esa condición no es eterna. Fue detenida el 24 de setiembre de 2020 en la ruta
9, cerca del paraje El Paraíso, con 389 kilos de cocaína que iban hacia la
provincia de Buenos Aires. Se sospecha que esa carga tenía como destino final
Europa.
“Reina
Titi” manejaba un centro de acopio de cocaína a 1250 kilómetros de la frontera,
en Ibarlucea, a 15 kilómetros de Rosario. Es un pueblo más pequeño que Salvador
Mazza, que se transformó en los últimos 10 años en una ciudad dormitorio de
Rosario.
Posee
un acceso rápido a través de la ruta 34, que une Salvador Mazza con Rosario,
con conexión con la avenida Circunvalación, y terrenos a precios moderados,
algo que hizo que a partir del plan Procrear muchas familias pudieran construir
su primera casa propia. Pero la tranquilidad de ese pueblo semirural se empezó
a requebrajar durante este último tiempo, cuando empezaron a sucederse crímenes
vinculados a tramas narco.
Un
jefe barrabrava
Un
día antes de que fuera detenida con su hija y su novio Adelaida Castillo,
agentes de la Policía Federal realizaron un allanamiento en Ibarlucea para dar
con los proveedores del clan narco que cayó en San Francisco, Córdoba, que era
supuestamente manejado por Brian Requena, el jefe de la barrabrava de Sportivo
Belgrano, quien se encuentra prófugo. En esa investigación fue detenido Pablo
Essex, el presidente de la entidad deportiva.
Allí
también ocurrió luego una masacre en la boda narco que terminó en un triple
crimen de una pareja y un bebé de un año y medio. Según la investigación el
engranje narco en esa zona, donde Reina Titi alimentaba con cocaína era amplio
y espeso. Estaba relacionado, incluso, a los novios Esteban Rocha y Brisa
Leguizamón que contrajeron matrimonio el 29 de enero del año pasado y durante
la celebración todo terminó mal. Un grupo sicario hizo una emboscada a uno de
los invitados a la boda, donde concurrió la elite del narcotráfico rosarino,
entre ellos, Iván Giménez, quien fue acribillado en un Audi TT junto a su
pareja Érica Romero y la hija de ambos, Elena, de un año. Se sospecha que
Giménez había perdido un cargamento.
Como
la boda terminó de manera trágica y sangrienta, los novios huyeron. Fueron
detenidos un año después, en enero pasado, en Asunción, Paraguay, donde se
sospecha que un grupo narco local les daba refugio en un edificio lujoso. El
casamiento no sólo expuso la ostentación de estos jóvenes narcos, sino también
abrieron fuertes sospechas de que la venta de droga era el soporte que les daba
la renta necesaria para mantener ese estilo de vida.
Castillo
tenía como contacto en esa zona a un jugador de peso, como es Fabián Pelozo, a
quien los investigadores ven como uno de los primeros narcos santafesinos con
contactos en el exterior para convertirse en un narcotraficante con vuelo
internacional. Reina Titi llevaba la cocaína de la frontera a ese pueblo
santafesino, donde se acopiaba en un galpón en el campo. Por la ubicación
preferencial se presume que también esa droga tenía como destino el extranjero.
Adelaida
Castillo pegó el salto más grande de su vida tras la caída de los principales
engranajes del clan Loza a partir de 2017, cuando una investigación
internacional, de la que participaron organismos de inteligencia de España,
Italia y Argentina, se logró desarticular la máxima estructura de una
organización compleja, que se movía con mucha habilidad y tenía una red de
lavado millonaria.
Prisión
y embargo para el clan Loza
En
enero de 2019, la Justicia federal procesó por lavado de activos y dictó la prisión
preventiva a 12 miembros del clan Loza, a los que trabó un embargo de 7.500
millones de pesos. En diciembre de 2021 fueron condenados diez miembros de la
organización. Erwin Loza, considerado jefe del clan narco, fue condenado a la
pena de diez años de cárcel. Además, se le impuso una multa de 378 millones de
pesos.
Entre
los bienes incautados a los miembros de esta banda estaba la Ferrari que
perteneció a Diego Maradona, que fue secuestrada en una playa de
estacionamiento del barrio de San Telmo. El auto pertenecía a la empresa
Automóviles The Boss SA, cuyo uno de los titulares era Erwin Loza.
En
una extensa resolución de 152 páginas, el juez en lo Penal Económico N° 2 Pablo
Yadarola detalló la compleja ingeniería para lavar dinero del narcotráfico que
usaron en los últimos diez años los hermanos Gonzalo y Erwin Loza, quienes a
pesar de no tener ingresos formales adquirieron, junto con los otros miembros,
más de 100 bienes por un valor total de $32.229.939.
Ante
la gestación del importante poder económico de esta organización, que venía
siendo investigada por Procunar y la Procuraduría de Lavado de Activos
(Procelac) desde 2011, el juez Yadarola dictó embargos por un total de 7500
millones de pesos, una cifra inédita en una causa por lavado de dinero de
origen narco.
Los
embargos más altos recayeron sobre la cúpula del clan Loza. El magistrado fijó
que los hermanos Loza y William Weston Millones, un peruano de 45 años, tendrán
congelados bienes, cada uno, por 1000 millones de pesos.
En
los múltiples allanamientos que se llevaron adelante en España, Italia y
Argentina se secuestraron 45 vehículos de alta gama, entre ellos, dos Ferrari
-modelos F430 y F355, una de las cuales perteneció a Diego Maradona-, dos
Chevrolet Pontiac y un Camaro, dos Mercedes Benz y dos BMW, entre otros.
En
la investigación no se pudo "determinar la modalidad concreta que
utilizaría la organización para llevar adelante las maniobras de tráfico
ilícito de estupefacientes", señala el fallo. "Lo que sí se logró
conocer es el cuantioso patrimonio con el que cuentan sus integrantes, quienes
resultan ser socios de diferentes sociedades comerciales con numerosos bienes y
que teniendo en cuenta que no existe una justificación lícita para su origen,
puede inferirse que se trataría precisamente de los beneficios de actividades
narcocriminales", agrega.
Las
autoridades españoles centraron sus investigaciones en descubrir la ruta de la
cocaína, que manejaban los Loza para proveer de estupefacientes a distintos
eslabones del crimen organizado en Europa.
La
droga que terminó en España
En
el pequeño pueblo de Lugano, a 22 kilómetros de Gijón, España, se sospecha que
los Loza guardaron un cargamento de 1.400 kilos de cocaína, que -según la
policía española- había llegado a la costa española en un velero que tripularon
un miembro de la Armada argentina y dos uruguayos.
La
policía española interceptó 20 días después en un camión de patente inglesa que
iba de Oviedo a Granada más de 1.100 kilos de cocaína. El dinero que los Loza
obtenían por el tráfico de cocaína era trasladado a la Argentina, a través de
mulas que reclutaba el español Francisco González González. El 20 de noviembre
de 2017 la Aduana Argentina detuvo en Ezeiza a Bienvenido González Lomeña y
Víctor Calvente Cavero con tres valijas con 365.000 euros. Era un adelanto que
había pagado el italiano Stefano Di Profio.
Un
arrepentido en esta causa describió que la organización funcionaba a pleno
desde 2008, y explicó que los contrabandos de cocaína a Europa se realizaban
desde Argentina y desde otros países productores de la droga. Se sospecha que
desde Perú y Bolivia.
Se
estima que los Loza tenían varios métodos para enviar la cocaína a Europa. Una
era por barco en contenedores, utilizando el sistema del llamado "gancho
ciego". Una vez que la Aduana controlaba el container, un infiltrado de la
organización realizaba la apertura para introducir el estupefaciente y lo
cerraba utilizando precintos mellizos a los originales. Se sospecha que un
cargamento con esas características salió desde la Terminal 3 del puerto de
Buenos Aires hacia Gran Canaria, España.
Los
Loza habrían usado un método más complejo que a través del puerto. Se cree que
introdujeron un cargamento de cocaína en un equipo de vehículos 4x4 de Bélgica
que había venido a hacer una travesía a la Patagonia. Las camionetas luego
fueron guardadas en una chacra en San Pedro, Buenos Aires, vinculada a Erwin
Loza. Y allí se habría camuflado en las cubiertas la cocaína que después viajó
en barco a Amberes, Bélgica, uno de los puertos por donde ingresa más droga a
Europa.
Uno
de los miembros de la banda que estaba dedicado al lavado de dinero y a la
logística de la organización era Weston Millonario, cuya esposa Patricia Teresa
Suárez sería empleada en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este ciudadano peruano de 45 años adquirió en 2015 la empresa Apícola Reinas
Rubias, en Lobos. Dos años antes había creado en La Cumbrecita, Córdoba, la
firma La Boutique dedicada a rubros variados, como la compra de artículos de
perfumería hasta chacinados. Y en 2011 la firma One Million SRL.
Weston,
quien de acuerdo a los registros viajaba muy seguido a España con José Loza, de
quien era su mano derecha, vivió con su esposa en el barrio privado Estancia
Villa María, que está ubicado en Canning, provincia de Buenos Aires. Ese
inmueble, que estaría a nombre de un socio y de su pareja Patricia Ruiz, luego
fue alquilado. Los investigadores detectaron que en torno a los miembros del
clan Loza se hicieron inversiones y se adquirieron entre inmuebles y vehículos
101 bienes.
LA
QUIACA: OTRA VEZ ESTÁ BLOQUEADO EL TRÁNSITO EN EL PUENTE INTERNACIONAL
La
protesta comenzó este lunes y está encabezada por trabajadores sanitarios de
Bolivia.
El
Tribuno de Argentina (https://acortar.link/Ncun9s)
El
precario sistema sanitario en el sur del Estado Plurinacional de Bolivia sumó
un nuevo conflicto en este 2023, que derivó en un corte del puente
internacional con La Quiaca, Es por ello que trabajadores de distintos
departamentos, convergieron en Villazón para solicitar se cumplan los 11 puntos
firmados en octubre del año pasado, con el Servicio de Salud de Potosí.
El
petitorio solicitaba mayores puestos de
trabajo y reconocimientos de trabajadores precarizados, la medida comenzó este lunes. Por otra parte,
solicitan la renuncia del responsable del Sedes Potosí, Oscar Lascano por “incumplimiento
a sus deberes de funcionario público”, señalo Héctor Ajalla del Comité de
Huelga del personal de salud.
El
corte afecta la circulación de vehículos particulares, de carga y de transporte
de pasajeros internacional, no así la
circulación de peatones.
La
medida "por tiempo indefinido" comenzó a la 5 (hora argentina) de este lunes
y cuenta con la adhesión de nueve sindicatos, quienes exigen además que
se cumplan acuerdos del año 2022.
En
tanto Ajalla añadió, “exigimos nuestros compañeros en todo los niveles desde
médicos, personal administrativos, enfermeros, personal de servicio no sean trasladados a puntos alejados.
Queremos se respeten las fuentes laborales, por eso estamos con estas medidas”,
apuntó.
Indicó
además; “hace un par de años este señor Lascano no cumple con pedidos puntuales de nuestro sector, en su mayoría trabajadores del
hospital San Roque, principal centro de salud en esta zona”, apuntó.
Para
finalizar expresó, “luego de un análisis profundo sobre la problemática e
incumplimientos a convenios y actas firmadas con Sedes Potosí, las bases
determinaron ir a la huelga indefinida. Pedimos compresión a las ciudades e
Villazon y La Quiaca, el único responsable es el Misterio de Salud de
Bolivia", culminó Ajalla.
Cabe
mencionar, el conflicto tiene su origen en el años 2021, luego en 2022 cuando
hubo medidas similares, también con la adhesión del Sindicato del Transporte de
Pasajeros y de cargas de Villazón y de otros sectores de la comunidad, y
también con protestas en otros actores sociales
de Bolivia.
BOLIVIANOS
EN JUJUY PODRÁN RENOVAR O GESTIONAR SUS CÉDULAS DE IDENTIDAD
Estos
días se llevará a cabo la renovación o tramitación de las cédulas de identidad
de residentes bolivianos en nuestra provincia. Hay 30 mil ciudadanos bolivianos
en Jujuy.
Todo
Jujuy de Argentina (https://acortar.link/ix6NtZ)
Mediante
un operativo a cargo del personal del Servicio General de Identificación
Personal (SEGIP), se realizará un operativo en Jujuy para poder regularizar la
documentación de ciudadanos bolivianos que residan en Jujuy.
Serán
5 jornadas en capital y el interior de la provincia en donde los residentes
bolivianos en nuestra provincia tendrán la oportunidad de renovar y actualizar
su documentación.
En
diálogo con Canal 4 de Jujuy, Juan Mamaní, del Consulado de Bolivia en Jujuy,
dijo que son conscientes de que hay muchos bolivianos que radican en Jujuy y
trabajan en la provincia pero que carecen de la documentación necesaria o bien
la tienen desactualizada.
“Nosotros
ya el año pasado solicitamos a nuestro país como parte del Consulado para que
venga un equipo del SEGIP porque sabemos que hay muchos bolivianos que
necesitan renovar su documentación como por ejemplo la cédula de identidad que
vendría a ser como el DNI de ustedes”, explicó Mamaní.
Cómo
y dónde será el operativo de documentación
El
equipo del SEGIP ya se encuentra en la provincia de Jujuy para iniciar el
operativo que se llevará a cabo durante 5 días tanto en capital como el
interior de la provincia.
Los
trámites que se realizarán serán para renovar la cédula de identidad de
bolivianos en Jujuy, también aquellas personas argentinas que hayan hecho el
trámite de la doble nacionalidad y los que necesiten obtener la cédula por
primera vez. En cuanto al costo del trámite, éste informó que será de 4 mil
pesos.
Fechas
y lugares confirmados
27
y 28 junio en San Salvador de Jujuy: calle Ramírez de Velazco N° 110
29
de junio en Fraile Pintado: Bº Corazón de Jesús, avenida Emilio Ledri, manzana
37 lote 15
30
de junio en Monterrico: Casa de la Cultura en calle Belgrano Nº 642
01
de julio en ciudad Perico: calle Humahuaca esquina 23 de Agosto en el CIC Nº 2
“Instamos
a todos a que actualicen sus documentos de identidad para evitar problemas y
puedan realizarse diferentes atenciones”, remarcó Juan Mamaní.
Otro
de los datos aportados por el entrevistado es que, a futuro, tienen la
intención de poder realizar también el trámite de la licencia de conducir.
Residentes
bolivianos en Jujuy
Otro
de los datos aportados por el miembro del Consulado boliviano en Jujuy es la
cantidad de residentes del vecino país en nuestra provincia.
Si
bien los datos no están actualizados, Juan Mamaní informó a nuestro medio que,
según los últimos datos del censo del 2010, actualmente hay 30 mil bolivianos
en Jujuy.
“Todavía
no tenemos los datos oficiales tras el censo realizado el año pasado por parte
de la DIPEC, por ende estos datos no están del todo actualizado”, remarcó el
entrevistado.
VIRGILIO
MARTÍNEZ, LA CABEZA DEL MEJOR RESTAURANTE DEL MUNDO, TAMBIÉN EXPLORA LOS
SABORES DE LA AMAZONIA
El
chef peruano, considerado uno de los mejores del mundo, y la reconocida
cocinera boliviana Marsia Taha hablan sobre la importancia de los ingredientes
provenientes de esta región como una alternativa alimentaria y gastronómica
sostenible
El
País de España (https://acortar.link/XkYUtl)
Tartaleta
de palmito en rica rica y crema de callampas. Pan de mokolo y mantequilla de
hoja de coca. Crudo de lagarto, crema de maca y granada fresca. Son tres de los
nueve pasos que el menú Bosques ofreció a los comensales, pensado como un paseo
por la selva amazónica. La degustación, ideada por el chef peruano Virgilio
Martínez, codirector del restaurante Central —situado en Lima, Perú, y
considerado el mejor del mundo por The World’s 50 Best—, y la cocinera Marsia
Taha, responsable de Gustu —de La Paz, Bolivia y parte de los mejores 50 del
continente—, fue realizada como una cena colaborativa entre ambos
establecimientos, en el marco de la conmemoración de los 10 años de la apertura
del local gastronómico ubicado en la sede de Gobierno boliviana.
Un
día antes a la cena, tanto los equipos de Central como de Gustu se juntaron
para presentar a lo que denominaron como una despensa amazónica, con más de 100
productos traídos de la selva peruana así como de la boliviana. En una gran
mesa, sobre hojas verdes, y encima de platos de madera, posaban frutas,
verduras, proteínas y tubérculos, cada cual más curioso en cuanto a su forma,
textura y llamativos colores. Estos mismos ingredientes se prestarían un día
después para un juego de texturas, sabores y aromas para el deleite de una
velada inolvidable, pero que en realidad tiene un trasfondo más allá de lo
gastronómico, ya que se remonta a las iniciativas y visiones de ambos chefs y
sus equipos multidisciplinarios de invertir en la trazabilidad de sus insumos y
las iniciativas de manejo sostenible y sustentable, como parte fundamental de
lo que proponen en sus cocinas.
La
idea de esta convivencia gastronómica, según explica Taha, fue con el objetivo
de ver los contrastes y diferencias de la utilización de los productos que la
Amazonia tiene en cada país, así como conversar sobre la transformación y el
valor agregado que las diferentes comunidades indígenas aplican sobre los
mismos. La chef, elegida en 2021 como la cocinera revelación de América Latina
—galardón otorgado por la prestigiosa lista de 50 Best Restaurants—, hace
hincapié en la condición amazónica de ambos países, a pesar de que, frente a
los ojos de muchos, tanto Bolivia como Perú son reconocidas como naciones
andinas. Esto debido a temas políticos y expansionistas que tienen que ver con
la cultura incaica. Sin embargo, como dice la cocinera de Gustu, “nuestra
despensa natural más diversa es amazónica. O sea, el 70% de la diversidad de
productos crece en estos bosques”.
“Estamos
viajando y haciendo expediciones desde el 2018 sobre todo en ecosistemas de
tierras bajas y hasta el momento, después de haber registrado más de 200
productos distintos, seguimos conociendo más. Casi que es infinito y no creo
que ni lleguemos a registrarlo en cinco años más, porque la cantidad de insumos
que se tienen son muy grandes. Lo hermoso de esto es también la participación
de las comunidades indígenas dentro de nuestro proyecto, ya que trabajamos muy
de la mano de ellos porque son quienes los conservan”, le cuenta Taha a América
Futura.
Los
viajes a los que se refiere Taha los realiza en el marco de un proyecto
paralelo de Gustu, denominado Sabores Silvestres, en conjunto con la Wildlife
Conservation Society, que ha unido a científicos, biólogos, etnobotánicos,
agrónomos y cocineros a descubrir el potencial y desarrollar la relación entre
los sistemas alimentarios bolivianos y la conservación tanto a nivel biológico
como cultural. En ese sentido, las visiones son complementarias. Martínez, por
su parte, tiene a Mater, una iniciativa que tiene como objetivo catalogar
plantas, semillas y nuevos ingredientes como si de un gran archivo gastronómico
se tratara. O sea, una forma de volver al origen.
Martínez,
quien codirige Central junto a su esposa y chef Pía León, dice que antes un
cocinero no visitaba mucho el campo, no tenía mucha relación con sus
ecosistemas o con los productores. En ese aspecto, admite, se avanzó muchísimo
en cuanto al aprovechamiento de insumos proveniente de los Andes. “Está claro
que la Amazonia va a seguir siendo toda la vida un lugar donde vamos a
trabajar, donde vamos a a seguir aprendiendo y vamos a encontrar una fuente de
recursos apabullantes, increíbles. El futuro de nuestras cocinas, siempre que
volvamos a ver, está en la Amazonia. El presente también, obviamente, pero ahí
tenemos un presente muy andino, entonces la combinación de ambos ecosistemas en
cuanto a productos es importante”, afirma Martínez a América Futura.
Taha
considera que a las ciudades no llega ni un 5% de los productos que se tiene
dentro de los bosques. Ve que la única manera de lograr un mayor alcance es la
apertura de mercados a productores y que las cocinas, como Gustu o Central,
tienen la labor de elevar y diversificar la despensa. Pone como ejemplo el
trabajo que se realiza en el restaurante que dirige, donde no se ha servido
carne de res y han preferido trabajar con proteínas alternativas como la carne
de lagarto.
“Nosotros
podemos hacer también nuestra parte como restaurante que involucre la sostenibilidad.
Los tacanas [pueblo indígena originario de la Amazonia], por ejemplo, con
quienes trabajamos, se dedican desde hace ocho años a la cosecha sostenible de
carne de lagarto en el norte de La Paz. También recurrimos a la pesca del
paiche, un pescado tan sabroso, pero que en Bolivia es una especie depredadora
en el río amazónico. En Perú y Brasil, estas proteínas están en veda. Ahí vemos
los contrastes y las distintas Amazonias dentro Latinoamérica. La única manera
de entenderlo es con este tipo de asociaciones y vínculos para conocer y
aprender más”, afirma Taha.
Martínez
advierte sobre la palabra sostenible, ya que, considera, empieza a dejar de
tener valor cuando todos hablan de ella, pero sin dar certezas. Desde el
compromiso con los productores, sostener una cadena de actores, gente que
trabaja en el campo, en un restaurante. A medida que la cadena va creciendo, el
compromiso se hace más fuerte debido al conocimiento que se obtiene. “Mientras
más se encuentra en la Amazonia, más ventanas se van abriendo, lo cual hace que
el trabajo pueda ser más complicado, pero a la vez mucho más motivador”,
agrega.
“Todos
estos conceptos que se nos han estado cargando año por año, que son
sostenibilidad, sustentabilidad, orgánico, ecológico y demás, son palabras que han
sido sobreusadas y maltratadas. Es necesaria más armonía entre lo que se piensa
y el cómo se hace para que la sostenibilidad y la sustentabilidad tengan
coherencia”, precisa el chef.
La
chef boliviana también hace mención a la importancia de la versatilidad, como
con el postre que se sirvió como parte de la degustación del menú Bosque. En la
presentación del octavo y noveno tiempo, Sacha inchi, cacao y achachairú; y
cacao, copoazú y macambo, Martínez uso parte de las cáscaras del cacao, los
nibs (pequeños trozos de granos de cacao fragmentados) para lograr diferentes
texturas y sabores. Lo que, según Taha, resume la versatilidad y diversidad de
técnicas para aprovechar los productos.
“Uno
piensa que el cacao solo se lo puede comer como chocolate tras un proceso de
fabricación, pero Virgilio demuestra que se puede aprovechar cada elemento de
la fruta, desde la cáscara, el mucílago, el jugo, los nibs. Me ha encantado,
porque ese es el ejemplo de lo que deberíamos hacer con todos los productos”,
finaliza Taha.
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