LA "OPEP" DEL LITIO
Una
política de esta naturaleza tendría desde luego un tremendo impacto territorial
en la macroregión norte del país y, sobre todo, en Chile entero y su futuro. De
paso, esa podría ser la solución histórica de la salida al mar de Bolivia, a lo
que podría agregarse otro componente fundamental necesario también para la
propia explotación del litio: el acceso de estos tres países económicamente
aliados a las aguas del lago Titicaca en el altiplano boliviano.
Desde
hace rato me viene molestando la miopía de nuestra elite gobernante, de todos
los colores, y de nuestros inversionistas o grandes empresarios nacionales, que
comparten una cortedad de visión estratégica que está afectando seriamente las
posibilidades de desarrollo del país en las décadas por venir. Creo que donde
mejor se refleja esto es en el caso del litio.
El
actual gobierno ha anunciado, con mucho orgullo, una Política Nacional del
Litio. Aparte de tratarse de un tema estrategísimo para el desarrollo del país
en los siglos por venir, al igual que los gobiernos anteriores, tal definición
se da predominantemente en el marco de cómo resolver el problema que se
arrastra por décadas con Soquimich y su socio principal, el señor Ponce Leroux.
Es decir, una definición de área chica.
El
litio como nueva riqueza estratégica
Personalmente,
creo que el interés nacional exige otro tipo de política respecto al litio, la
nueva riqueza que reemplazará estratégicamente el rol que tuvo el cobre en el
último siglo y medio. Nueva política que, por su gran envergadura, debe
materializarse en una ley, en cuyo marco podrían resolverse los problemas
puntuales que hasta ahora han incidido en la forma estrecha en que se ha
abordado el tema.
Me
refiero a que puede (y debe) haber un cambio en la forma en que estamos
concibiendo la explotación del litio, que cambiaría dramáticamente no solo el
desarrollo del país, sino que podría ponernos en una ruta de drástica reducción
de nuestro carácter de economía dependiente, que venimos arrastrando desde la
Colonia.
El
desafío de la soberanía frente a presiones internacionales
Con
Bolivia y Argentina, Chile posee el 75% de la reserva mundial existente y
conocida de litio, un mineral de importancia estratégica hoy en el planeta.
Tanto así, que el gobierno de Los Estados Unidos nos ha anunciado en vivo y en
directo, públicamente, que esta reserva trinacional de litio “incide en la
seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Por
si no se entiende, eso significa que, tras esa afirmación, hecha además por una
militar del ejército de los Estados Unidos en pleno uniforme, que no somos
libres de decidir soberanamente sobre una riqueza existente en nuestro país.
Con ese anuncio, los Estados Unidos nos están diciendo que, si no tenemos en
cuenta su “seguridad nacional”, seremos objeto de su arsenal de sanciones y
presiones, hasta ser incluso invadidos. No es otro el significado de un anuncio
hecho en tales términos y formato.
No
es la primera vez que Estados Unidos actuaría en relación a un país
latinoamericano de esa manera. Menos en el mundo de hoy, donde estamos viendo
las atrocidades en las que son capaces de involucrarse países que se dicen
“desarrollados”, como USA y Europa, cuando deciden, por su cuenta y saltándose
toda la institucionalidad internacional, que sus intereses están en juego.
“OPEP”
del litio: la oportunidad de una alianza trinacional con Bolivia y Argentina
Creo
que podemos evitar tan fatal desenlace con nuestra nueva riqueza nacional, el
litio. En concreto, en lugar de extraer el litio y exportarlo en bolsas, al
igual que se hizo con el cobre, exportándolo en bruto en barras, creo que el
país debiera optar por una alianza estratégica trinacional con Argentina y
Bolivia, creando una especie de “OPEP del litio”.
Uno
de los componentes clave de tal alianza debe ser el compromiso de no exportar
nuestro litio en bruto sino solo con valor agregado, convirtiendo a estos tres
países en los que controlan la producción y comercialización hacia el mundo de
baterías de litio y otros productos que vayan requiriendo este mineral para su
desarrollo.
Atendiendo
a las realidades mundiales, así como también las necesidades de capital y de
tecnologías. Sin embargo, el desarrollo industrial en torno al litio puede y
debe hacerse en alianza económica con capitales estadounidenses y chinos, en
partes iguales, pero teniendo estos los tres países propietarios del litio el
control de la propiedad de nuestro litio.
Aplicaremos
así de manera adecuada el principio del multilateralismo que debe pasar a
organizar las relaciones económicas internacionales, terminando con la
imposición de los intereses de unas pocas grandes potencias sobre la mayoría de
países más pequeños del mundo, lo que solo lleva a colonialismos directos o
encubiertos, explotación, violencia e inestabilidad, al final, para todos.
América
Latina podría ser un bloque económico y político de peso mundial
Una
política de esta naturaleza tendría desde luego un tremendo impacto territorial
en la macroregión norte del país y, sobre todo, en Chile entero y su futuro. De
paso, esa podría ser la solución histórica de la salida al mar de Bolivia, a lo
que podría agregarse otro componente fundamental necesario también para la
propia explotación del litio: el acceso de estos tres países económicamente
aliados a las aguas del lago Titicaca en el altiplano boliviano. En nuestro
caso específico, estaríamos cambiando agua dulce por agua salada, con una
solución de desarrollo de carácter trinacional.
Para
esto, no tienen ninguna importancia las diferencias ideológicas que pueda
haber, hoy o mañana, entre los gobiernos de estos tres países. Lo fundamental
es nuestra unión en torno a un objetivo clave para el desarrollo de nuestros
tres países y de nuestros pueblos. Quizás con este paso podamos comenzar a
remover los obstáculos absurdos que hasta ahora han impedido que América
Latina, con más de 300 millones de habitantes y con las inmensas riquezas que
poseemos, sea un bloque económico y político de peso mundial.
Dejo
planteada la idea. Que la tome el que la entienda y esté a la altura de tan
gran desafío estratégico, cualquiera sea su color político. Radio Bio Bio de
Chile (https://acortar.link/Z9UT7Q)
EL
«TRIÁNGULO DEL ORO BLANCO» RODEA A ARGENTINA: 1 BILLÓN DE DÓLARES BAJO TIERRA
El
Diario 24 de Argentina (https://acortar.link/X96v45)
El
“oro blanco”, así como se denomina al recurso energético que Argentina posee
junto a Chile y Bolivia. El mineral es uno de los más codiciados por el mundo
moderno que desea alcanzar presurosamente los objetivos de París, descarbonizar
las economías y dejar de depender de los combustibles fósiles para evitar las
emisiones de carbono a la atmósfera. El Sur del continente americano es rico,
pero la excesiva extracción está creando sus propios problemas.
El
oro blanco para Argentina y el Mundo
Los
acelerados cambios que viene implementando el mundo comprometido con el cambio
climático y la sustitución de los fósiles está virando la atención hacia nuevos
materiales más sostenibles con el ambiente que puedan ofrecer energía sin
contaminación.
Es
aquí donde entran en juego las tecnologías solares y eólicas, por nombrar
algunos ejemplos, capaces de captar los beneficios de la naturaleza para
generar electricidad, calefacción, combustibles y todas aquellas formas de
energía que solían abastecerse de materiales nocivos para el medio ambiente.
Argentina
tiene un papel fundamental en esta transición dado que uno de sus principales
recursos minerales es clave para la producción de las baterías eléctricas que
necesita el planeta para moverse en vehículos eléctricos, para conectarse a
través de la telefonía móvil y también para la generación de energías
renovables
Estamos
hablando del litio, un mineral alcalino y de color blanco plata que está
generando grandes volúmenes de producción en el Norte del país y se exporta a
las principales compañías de tecnología y automotrices.
El
litio en Argentina: el oro blanco que enriquece, pero tiene una contracara
Como
parte del famoso “triángulo del litio”, Argentina comparte exclusividad con
Chile Y Bolivia, con una reserva mineral que representa casi el 70% de todo el
mundo. Según expertos, el país tiene bajo tierra un billón de dólares en oro
blanco.
La
producción está más desarrollada en Chile, quien en su momento el gobierno puso
primera en sacar provecho del valioso recurso y le alquila las tierras
estatales a las dos empresas que tienen casi el 99% de exclusividad, y cobra un
porcentaje de las ventas al exterior.
Por
el lado de Bolivia, aún no se encuentra explotado, pero ya durante el gobierno
de Evo Morales, las tierras de litio fueron adquiridas como bien nacional. El
caso de Argentina es un poco más complicado. Y si bien hay empresas que ya
están desde hace unos años dedicadas a la explotación exportación a las firmas
de tecnología y automotrices más famosas, la normativa y las regalías dependen
de cada provincia.
En
este caso, Salta, Jujuy y Catamarca que son las regiones que abarca el
triángulo del litio poseen sus propios regímenes y no están exentas de
múltiples oposiciones de la comunidad local. Principalmente, los lugareños
acusan a las empresas de ser los protagonistas de la sequía de sus ríos y la
desaparición de especies.
La
paradoja de invertir en un bien para la naturaleza, a costa de otro
La
contracara de la riqueza que se produce en las minas en pos de generar un
recurso que favorecerá al medio ambiente, se presenta en esta misma región
donde los pobladores son testigos de la devastación del ecosistema.
El
tema es que, para la extracción del litio, el sistema bombea una excesiva
cantidad de agua de las profundidades que, si bien no es potable, termina
secando la extensión de tierra que sale en busca de arroyos y fuentes de agua
para mantenerse con vida.
La
industria utiliza el agua que es vital para el ecosistema y para las
comunidades indígenas que ven arrasada su tierra, ya por demás seca a falta de
lluvias. Muchas especies de la fauna y la flora han desaparecido y los
lugareños auguran un futuro pesimista para sus próximas generaciones si las
autoridades no controlan a las empresas, que hasta hoy continúan negando el
desastre ambiental.
PASARON
90 AÑOS PARA QUE ESTE PAÍS SUDAMERICANO PUEDA HACER EL DESCUBRIMIENTO DE GAS
QUE LO PONE COMO EL LÍDER EN EL SECTOR ENERGÉTICO DE LA REGIÓN
Gracias
a este hallazgo esta nación latinoamericana podría posicionarse como el líder
energético de la región.
El
Comercio de Colombia (https://acortar.link/4GHmm3)
Actualmente,
el gas natural es considerado uno de los mejores combustibles en el desarrollo
energético global gracias al poco impacto negativo en el ambiente, en
comparación con otros combustibles, así como por su alta eficiencia. También
conocido como el combustible fósil más limpio, el gas natural reduce en gran
medida la generación del dióxido de carbono (CO2), por lo que diversas naciones
la ven como la opción más sostenible en el sector energético. Ahora, un nuevo
país sudamericano podría ver los beneficios de este hallazgo tras descubrir una
reserva con reservas de hasta 6 terapies cúbicos.
¿Cuál
es el país sudamericano que lidera el descubrimiento de gas natural?
La
nación en cuestión es Colombia, que recientemente anunció el descubrimiento de
6 terapies cúbicos de gas natural en el yacimiento conocido como Sirius,
durante la VII cumbre de Petróleo, Gas y Energía. Este es el mayor hallazgo de
gas del país en 90 años y gracias a él ya se estima que podría asegurar su
autosuficiencia energética durante dos décadas como mínimo.
De
acuerdo con el gerente general de activos exploratorios de Petrobras, Rogerio
Suárez, el nuevo yacimiento Sirius tiene un tamaño comparable al campo
Chuchupa, que ya viene suministrando gas natural a Colombia durante los últimos
45 años. Asimismo, explica un poco más la duración que podría tener. Teniendo
en cuenta que este nuevo yacimiento podría abastecer 0,3 terapies cúbicos por
año, se estima que podría durar aproximadamente 20 años.
¿Qué
desafíos plantea el descubrimiento de este yacimiento en Colombia?
Aunque
el hallazgo de Sirius significa un gran avance para Colombia, el país también
tendrá que enfrentar diversos desafíos operativos, legales y sociales antes de
iniciar la producción de gas en 2019 y gozar los beneficios de esta reserva.
Por ejemplo, recientemente un fallo judicial determinó la detención en la
exploración del pozo Uchuva 2 sin que antes se realice una consulta previa con
la comunidad indígena de Taganga.
Así
pues, las autoridades deben realizar diversos estudios que evalúen el posible
impacto ambiental y sociocultural de diversos proyectos, entre los que se
encuentra el relacionado al descubrimiento de este nuevo yacimiento de gas
natural. Estado y comunidades indígenas locales deben llegar a un entendimiento
previo para que esta descubrimiento pueda empezar a generar beneficios para la
nación.
¿Qué
otro país de la región tuvo un gran descubrimiento de gas natural?
Otro
de los países de la región que recientemente ha tenido grandes avances en
cuanto al gas natural es Bolivia. No hace mucho esta nación también anunció un
importante hallazgo de una reserva en el norte de La Paz, tal como indicó el
presidente Luis Arce. Si bien el nuevo descubrimiento no es tan grande como
otras reservas del país, según las provisiones alcanza unos 1.7 billones de
pies cúbicos, siendo la tercera más grande de la nación.
Sin
embargo, de la misma manera que en Colombia, debido a la importancia en
garantizar la protección de las comunidades locales, Bolivia también debe
solucionar ciertos problemas antes de aprovechar este hallazgo.
AMAZONÍA
BOLIVIANA: ENTRE EL HAMBRE Y EL VENENO DEL MERCURIO
Agencia
EFE de España (https://acortar.link/jCIEfe)
En
las profundidades de la Amazonía boliviana, donde la selva resguarda un sinfín
de historias y tradiciones, las comunidades indígenas Esse Eja y Tacana
enfrentan una crisis que trasciende generaciones. La naturaleza, a la que
veneran como ‘Madre’, está siendo envenenada lentamente por un enemigo
invisible pero letal: el mercurio.
Este
metal, utilizado en la minería de oro, ha contaminado las aguas del río Beni y
los peces que son la base de su alimentación, transformando su forma de vida en
una lucha por la supervivencia.
Estamos
preocupados, la contaminación nos está matando
Frente
a una plataforma minera en construcción, Saúl Vargas, líder de la comunidad
Tacana de Loreto, señala el epicentro del problema: “La verdad estamos
preocupados, la contaminación nos afecta a nosotros como personas, a los
animales y a los peces que viven en el agua”.
La
voz de Vargas, de 37 años, resuena con desesperación y rabia. Describe los
efectos devastadores que el mercurio tiene en su comunidad: dolores de cabeza,
vómitos, diarreas y temblores. “Esto viene desde los años ochenta, pero ahora
es peor. Como pueden ver, ahí trabajan los mineros”, denuncia.
Las
comunidades indígenas no tienen otra opción que seguir pescando en el río
contaminado. “Todos los días se van al río. Es nuestra costumbre, vivir de la
pesca”, explica Vargas. Sin embargo, esa costumbre, antes símbolo de identidad
y sustento, ahora representa un riesgo diario para su salud.
El
veneno invisible
Oscar
Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib),
confirma la gravedad de la situación. “Hay al menos dieciocho comunidades
afectadas alrededor del río Beni. En dos de ellas, donde el consumo de pescado
es altísimo, el impacto es mayor”, señala.
El
problema no solo se limita a los seres humanos. Las aves que beben de estas
aguas y los peces que nadan en ellas están también contaminados. “El medio
ambiente queda completamente afectado”, advierte.
Para
Borja Peralta, presidente de la comunidad indígena Esse Eja en Enechiquia, la
situación es desoladora. “Todos los peces están contaminados, pero no tenemos
otra opción”, dice, refiriéndose al mercurio que impregna las aguas del río. La
falta de alternativas agrava la crisis alimentaria, forzando a estas
comunidades a depender de lo poco que tienen, incluso si está contaminado.
Hambre
y desesperación
A
esta catástrofe ambiental se suma una crisis logística y social. La
conflictividad política en Bolivia impide el abastecimiento de combustible
necesario para las embarcaciones de pesca. Esto, unido a la contaminación, ha
obligado a las comunidades a cambiar sus hábitos alimenticios.
En
algunos casos, se han visto obligados a criar pollos, lo que implica gastos que
pocos pueden asumir. Otros, simplemente, han reducido su dieta a arroz y yuca,
alejándose de los alimentos que históricamente los han nutrido.
“Esto
está rompiendo el orden tradicional de nuestras vidas”, explica Alfredo
Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (Cedla). Cambiar una dieta basada en pescado por una dieta basada en
productos agrícolas o pollo representa no solo un cambio cultural, sino también
un desafío económico. “Comprar carne de pollo en la comunidad más cercana ya es
un gasto que muchos no pueden cubrir”, añade.
Leyes
que no protegen
Mientras
tanto, las políticas públicas parecen ser cómplices de esta tragedia. Según
Zaconeta, las normativas que regulan la minería en Bolivia son ambiguas y
favorecen a los intereses de las cooperativas mineras, muchas de ellas con
vínculos políticos.
“No
hay un control adecuado del uso de mercurio”, afirma, subrayando que las
importaciones de este metal se han disparado en la última década, pasando de
12.000 kilos en 2014 a 151.000 en 2023. Parte de este mercurio se utiliza para
la minería de oro en Bolivia, pero otra parte es contrabandeada a países
vecinos como Perú y Brasil.
Bolivia
es firmante del Convenio de Minamata, un tratado internacional diseñado para
proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de
mercurio. Sin embargo, en la práctica, poco se ha hecho para cumplirlo. “Pese a
los múltiples reportes, no se han conocido acciones de remediación ni
compensación para las personas afectadas”, señala Zaconeta.
Resistencia
en la adversidad
A
pesar de todo, las comunidades indígenas siguen luchando. Saúl Vargas, Borja
Peralta y muchos otros continúan alzando la voz, denunciando la falta de
justicia y exigiendo soluciones. Sin embargo, sus esfuerzos parecen perderse en
el ruido del río Beni, cuya majestuosidad ahora contrasta con la tragedia que
oculta en sus aguas.
“Estamos
solos”, dice Vargas con una mezcla de resignación y determinación. Pero en su
soledad también hay una resistencia silenciosa, una lucha por preservar no solo
sus vidas, sino también su cultura y su relación con la naturaleza.
El
mercurio no solo contamina el agua; está contaminando la esencia misma de estas
comunidades. Cada pescado que consumen es una ruleta rusa, y cada día que pasa,
la amenaza crece. Mientras el mundo avanza, estas comunidades quedan atrapadas
entre el hambre y el veneno, esperando un cambio que parece cada vez más
lejano.
EL
INDIO PERMITIDO
Resumen
Latinoamericano Org. (https://acortar.link/eXkIGZ)
Hace
ya mucho tiempo atrás, una socióloga mexicana nos comentó acerca del “indio
permitido” y su experiencia personal, ya que su pareja cumplía con esa figura.
El “indio permitido” es aquél que a través de su formación académica o éxito
económico logra un lugar en la sociedad, superando el estigma de ser “indio”,
por supuesto que estamos hablando de un contexto de una sociedad racista.
Hoy
ha corrido mucha agua en el rio de la teoría y los conceptos, Roberto Enrique
González, autor jujeño, en su libro: “Indianismo Kolla jujeño-salteño: fase
superadora de la dialéctica ¿indio resistente o indio permitido?” define que el
Indio Permitido “es el que se somete a la tutela de los estados modernos y es
funcional a éstos, que ejercen el control sobre él y sus pueblos.”
Esta
brevísima introducción es el telón de fondo para analizar una sistemática
campaña para lograr que Andrónico Rodriguez, actual presidente de la Cámara de
Senadores, abandone a Evo Morales y se convierta en el “personaje de la unidad”
para “salvar el proceso”.
Un
primer punto para analizar son las características que reuniría el presidente
del senado para asumir el liderazgo político del MAS, con la aquiescencia de
las elites políticas tradicionales (oligárquicas/racistas), estas cualidades
serían: su formación académica, la experiencia política legislativa (pactos y
acuerdos) su juventud. Estas “cualidades” ajenas a la figura de Morales,
especialmente en el tema de su formación académica, se aproximan bastante a la
figura del “indio permitido” ya experimentado en Bolivia con un aymara que fue
vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Frente
a la emergencia histórica incontrastable de los pueblos originarios como los
sujetos sociales y principales actores del quehacer político en Bolivia, las
elites políticas (que nunca dejaron de existir) asumieron como primera medida
exitosa el debilitamiento organizativo de los pueblos originarios, divisiones
practicadas desde tiempos del MNR concretadas en las “ch’ampas guerras”, luego
asimilarlas al sistema democrático occidental y finalmente fundirla en la
llamada “nación boliviana”.
La
paulatina fortaleza ideológica del movimiento de pueblos originarios,
especialmente en el occidente del país, ha permitido superar los conatos de
divisiones, aceptando el principio de unidad como el principal valor
organizativo, frente al riesgo de fractura, por ejemplo, cuando el Katarismo
perdió hegemonía en la CSUTCB frente al MBL. Esta consolidación de la ideología
de la CSUTCB logró articular el Pacto de Unidad y luego presentar una de las
propuestas más importantes de Constitución en la Asamblea Constituyente;
definiendo su carácter de fuerza política-electoral. Lamentablemente el MAS en
el gobierno fortaleció únicamente el aspecto electoral sobre el
organizativo-ideológico, esto tiene hoy, consecuencia como la actual división,
pérdida de la fuerza electoral y la falta de liderazgos en todos los
movimientos de pueblos.
LA
DISPUTA ARCE-MORALES GENERA UNA CRISIS ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO
Yahoo
de España (https://acortar.link/RxBbGy)
La
pugna política entre el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario,
Evo Morales, también ha provocado una crisis entre los poderes del Estado,
luego de que una ley del Legislativo chocara contra una sentencia del Tribunal
Constitucional (TC). La corte se encuentra en el ojo de la tormenta por
polémicas resoluciones, que le han valido acusaciones de actuar políticamente
contra el exmandatario.
“Esto
es la consecuencia de un desmoronamiento del sistema constitucional boliviano.
La pugna de poder ha hecho que las autoridades que ejercen potestades en los
órganos públicos procuren llevar sus mandatos al máximo, más allá de lo que les
permite la ley”, subraya a France 24 el analista jurídico y profesor
universitario Ramiro Orias.
Enfrentados
por la candidatura oficialista para los comicios del 2025, el último episodio
de la pelea entre el jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario,
Evo Morales, comenzó cuando el presidente del Senado, el “evista”, Andrónico
Rodríguez, aprovechó un viaje de Arce hacia Brasil, para promulgar una ley que
cesa a todos los altos magistrados del poder Judicial con la premisa de que en
diciembre pasado actuaron ilegalmente cuando prorrogaron sus mandatos.
La
decisión de Rodríguez, que pertenece al sector de los cocaleros que apoyan a
Morales, intentaba frenar al Tribunal Constitucional, que en los últimos días
ratificó la inhabilitación de Morales para ser candidato en los comicios del
2025 y le quitó la jefatura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) para
entregarla a un dirigente afín a Arce.
Morales
elogió en X la decisión de su senador: “felicitamos la valentía de nuestro
compañero Andrónico Rodríguez, en su condición de presidente en ejercicio de la
Asamblea Legislativa”. El expresidente añadió que la decisión del legislador ha
marcado “un hito importante en el respeto necesario a la institucionalidad del
Estado”.
Sin
embargo, el ministro de Justicia, César Siles, tildó la acción de Rodríguez de
“seudo-promulgación”, debido a que la sesión legislativa que trató el “proyecto
de ley” para cesar a los magistrados, y que data de junio pasado, ya había sido
anulada por el propio Tribunal Constitucional.
Siles
acusó a Rodríguez de haber hecho una promulgación “ilegal, arbitraria e
inconstitucional” y afirmó que cometió al menos tres delitos: resoluciones
contrarias a la Constitución y las leyes, usurpación de funciones e
incumplimiento de resoluciones constitucionales.
Al
respecto y desoyendo la promulgación, el Tribunal Supremo de Justicia indicó en
un escueto comunicado que está “desarrollando suslabores jurisdiccionales y
administrativas con absoluta normalidad”, mientras que Siles anticipó que el
Constitucional también se pronunciará rechazando esa promulgación.
“Hay
una vulneración generalizada de derechos constitucionales”
Para
Orias, se trata de una situación inédita, ya que “el Parlamento no reconoce al
Tribunal Constitucional”. A su vez, ese organismo “no se contiene y
prácticamente parece un tribunal de jueces con escaños porque se ponen a
legislar, inclusive contra la Constitución”.
El
experto agregó que ya no se trata de una mera crisis constitucional, sino de
“un estado de cosas” en el que hay una “vulneración generalizada de derechos
constitucionales”, con “autoridades que no cumplen con sus funciones”.
A
su juicio, la institucionalidad democrática “ha llegado a tal nivel de erosión”
que Bolivia experimenta una “anomia institucional”, en la que cada poder está
rebasando las atribuciones de los restantes del Estado.
Para
completar su análisis, el jurista destacó que el poder Ejecutivo “ha buscado de
todas formas, sobre todo indirectas, suspender la elección judicial para no
perder el control de estos jueces constitucionales” y que el Órgano Electoral
“está bastante debilitado” porque no tiene apoyo para cumplir con la
realización de las elecciones.
Según
el Gobierno, las elecciones judiciales se realizarán parcialmente el 15 de
diciembre, pero la oposición ha criticado que solo se renovarán cuatro de los
nueve puestos de magistrados constitucionales, por lo que acusan a la
Administración de Arce de mantener la prórroga de la mayoría de los actuales
jueces para que avalen sus acciones.
Pero,
la “instrumentalización de la justicia constitucional” con fines políticos no
es nueva y, según Orias, tuvo un hito cuando en 2019 el Tribunal Constitucional
resolvió que la reelección era “un derecho humano indefinido” para permitir que
Morales fuera candidato para buscar un cuarto mandato consecutivo.
El
uso de la Justicia para la persecución política también “hoy se está volcando
contra sus mismos autores”, agregó el analista, en alusión a que durante los
gobiernos de Morales varios dirigentes de la oposición también protestaban por
ser víctimas de persecución por sus ideas políticas.
Morales
se niega a dar por perdidas sus opciones electorales
Pese
al contexto adverso, en el que incluso denunció haber sido víctima de un
tiroteo cuando agentes policiales perseguían su vehículo, Morales se rehúsa a
dar por perdidas sus opciones electorales. El exmandatario ha señalado que no
está derrotado, ni muerto políticamente y ha denunciado que es víctima de una
guerra judicial.
Su
persistencia en defender su candidatura, le llevó el pasado septiembre a
realizar una marcha de una semana contra Arce. Luego, en octubre, impulsó un
bloqueo de carreteras de 24 días, después emprendió una huelga de hambre de
cinco días y existen varios juicios en su contra, entre ellos uno por el
supuesto abuso a una menor con la que tuvo una hija en 2016 cuando era
presidente.
“Pensarán
que Evo está en el cementerio, políticamente. Ni pueden, físicamente, qué van a
poder, políticamente”, aseguró el líder político al anunciar que este viernes
22 de noviembre los sectores leales a su liderazgo definirán otras medidas de
protesta en una asamblea en la zona cocalera del Chapare.
Además,
en el ámbito jurídico, el pasado miércoles 20 de noviembre, su abogado Wilfredo
Chávez solicitó formalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazar las
resoluciones judiciales que le perjudican, entre ellas la de retirarle de la
jefatura del MAS.
“Le
hemos dicho al TSE que no puede someterse a una sala del Constitucional. No se
puede poner de rodillas”, sostuvo Chávez.
Para
el analista político Gregorio Lanza, no cabe duda de que Morales es un “animal
político, una persona que vive de la política”, que ha ido concentrando mucho
poder y ha eliminado a sus contrincantes internos y externos “con el sistema
del “law fare (guerra jurídica) contra el que ahora él hace reclamos”.
Sin
embargo, según Lanza, pese a esa concentración de poder, su electorado se ha
ido debilitando hasta reducirse a los cocaleros del Chapare, como se ha
demostrado en los bloqueos cuando esa medida de fuerza no pudo extenderse al
resto del país.
A
juicio de Lanza, uno de los factores por los que Morales sigue vigente es
porque cuenta todavía con el apoyo del Gobierno del venezolano Nicolás Maduro,
“porque se ha descubierto que las vagonetas en que se mueve son de la petrolera
PDVSA”.
Fue
la Administración de Arce la que puso en evidencia que, durante los recientes
conflictos, Morales utilizó dos vagonetas de lujo pertenecientes a la petrolera
venezolana, aunque no ha dado más detalles al respecto.
BOLIVIA
LE PONE EL OJO AL PUERTO DE CHANCAY
Los
Andes de Perú (https://acortar.link/kSmjtP)
El
Gobierno Regional de Puno (GRP), representado por la vicegobernadora Margot De
La Riva Valle, participó de una ceremonia en la línea de frontera del distrito
de Ananea, provincia de San Antonio de Putina con el Estado Plurinacional de
Bolivia, en donde los funcionarios del vecino país anunciaron la construcción
de una red vial que conectará el territorio boliviano con el peruano.
La
actividad se realizó en la comunidad campesina Perlas de Oro, del distrito de
Súches, provincia Franz Tamayo, en territorio boliviano, a la altura del Hito
19, en la frontera con Perú, y fue liderada por el ministro de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda de Bolivia, Edgar Montaño Rojas.
“Esta
visita oficial es para anunciar que vamos a construir una red vial fundamental
que conectará desde el sector de Pumasani hasta el Hito 19, con nuestro hermano
país de Perú.
Serán
los primeros 74 kilómetros. La proyección es dinamizar el intercambio comercial
con el hermano país y llegar al megapuerto de Chancay, en Lima”, destacó.
Dato:
Ministro
de Obras Públicas de Bolivia destaca la importancia de interconexión con el
Perú como una estrategia comercial.
UNA
DELEGACIÓN DEL ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN VISITA PARAGUAY Y
BOLIVIA
Encabezada
por la diputada Ana Valls, pudo comprobar los avances logrados en el arreglo de
caminos y mantuvo reuniones con gobernantes locales.
Región
Digital de España (https://acortar.link/yGRGb0)
Una
delegación enviada por el Área de Políticas Sociales y Cooperación
Internacional al Desarrollo de la Diputación de Badajoz ha realizado
recientemente una visita institucional a los países sudamericanos de Paraguay y
Bolivia.
Concretamente,
entre los representantes de la institución, se encontraba la diputada del área,
Ana Valls; Gema Buceta, coordinadora de la misma; y Julián Expósito, director
de Presidencia; además de representantes del Fondo Extremeño Local de
Cooperación al Desarrollo (Felcode).
Así
pues, en Paraguay, la delegación ha conocido el estado del Proyecto de Arreglo
de Caminos Vecinales y Rurales de la Mancomunidad de Municipalidades de
Cordillerita.
También
ha podido comprobar los "avances" logrados mediante el uso del Rolo
Compactador, donado por la institución provincial a través de Felcode y Gestión
Local, el cual será de "gran ayuda" para mejorar la conectividad de
las comunidades rurales en la zona, fomentando el acceso a zonas productivas,
educativas y de salud, según explica en una nota de prensa la Diputación de
Badajoz.
A
su vez, los representantes de la Institución provincial también han mantenido
reuniones con el Gobernador del Departamento de Cordillera, Hugo Alberto
Fleitas, y con el coordinador general de la Aecid en Paraguay, Rafael Ruipérez
Palmero, con presencia de los intendentes de los municipios de la mancomunidad.
EL
PODER DEL NUEVO TRIBUNAL DE DISCIPLINA: VIGILAR EL TRABAJO DE LOS JUECES Y
CASTIGAR LOS RETRASOS EN LAS SENTENCIAS
La
reforma judicial ha creado un órgano que procesará las denuncias contra los
juzgadores y emitirá fallos definitivos, algo muy criticado por los propios
jueces, que ven un intento de control
EL
PAÍS DE ESPAÑA
Ha
nacido el Tribunal de Disciplina Judicial, a cuya vigilancia se someterán los
jueces federales. La reforma constitucional implementada por el oficialismo ha
eliminado el Consejo de la Judicatura Federal, que tenía por partida doble la
función de administrar los recursos materiales y humanos del Poder Judicial y
también la facultad de revisar y sancionar la conducta de los jueces. Las
tareas se han dividido. Ahora, la gestión de los recursos quedará en manos del
Órgano de Administración Judicial (OAJ), mientras que la imposición de castigos
a los jueces quedará en manos del Tribunal de Disciplina. El Gobierno de
Claudia Sheinbaum ha subrayado que no se sancionará a ningún juez por el
contenido de sus sentencias, sino solo por conductas indebidas, pero los
juzgadores consideran que la línea es muy débil, amén de que causa preocupación
que en un mismo órgano recaiga tanto la investigación como la sanción de las
faltas. El tribunal tiene la última palabra y no existe instancia externa para
apelar.
El
próximo año, los mexicanos tendrán que votar a cientos de jueces federales,
entre ellos a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los cinco
integrantes del propio Tribunal de Disciplina. La reforma oficialista ha creado
nuevas conductas de jueces susceptibles de sanción, que no figuraban en la
anterior Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ejemplo, ahora se establece que
los juzgadores “serán objeto de disciplina” cuando emitan “de manera dolosa”,
“o por negligencia o ignorancia inexcusables”, una resolución “claramente
contraria a lo dispuesto en la Constitución, la ley aplicable al caso o la
interpretación de las fuentes establecidas en criterios jurisprudenciales”. De
igual modo, se les sancionará cuando emitan una resolución “que contenga
inferencias probatorias claramente irracionales”.
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