EL SOCIALISMO CHINO, UNA INVASIÓN SILENCIOSA E IMPARABLE

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china Hong Kong CBC firmaron un contrato para construir dos plantas de producción de carbonato de litio con tecnología EDL (Extracción Directa del Litio) en el salar de Uyuni, del departamento de Potosí, con una inversión total de $us 1.030 millones. Según los datos del mandatario, el contrato implica la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio con tecnología EDL; la primera de 10.000 toneladas, con una inversión de $us 310 millones y, la segunda, de 25.000 toneladas, con una inyección de $us 720 millones. Ambas en Uyuni.

El 18 de noviembre pasado, durante la 19ª Cumbre de Líderes del G20 en Río de Janeiro, el presidente Xi Jinping anunció su decisión de “otorgar el trato de arancel cero para el 100% de las líneas arancelarias a todos los países menos desarrollados que tienen relaciones diplomáticas con China”. La medida, que entrará en vigor el 1 de diciembre, puede beneficiar a 46 países con retraso económico, pero muy ricos en recursos naturales no explotados.
Para aprovechar esta “generosa” oferta, las naciones beneficiadas (entre ellas 33 africanas y siete asiáticas) abrirán sus territorios y sus políticas a las inversiones y la explotación china que, con esta operación, pretende lograr negocios que van desde diamantes, oro y litio hasta coltán, tantalio y uranio, además de productos agrícolas y pesqueros, por ocho billones de dólares en tan solo cinco años.
Esta acción no es aislada. En 2013, Xi Jinping lanzó el plan denominado “La Ruta y la Franja” (BRI por sus siglas en inglés), un proyecto estratégico que pretende fortalecer el poder de la China sobre el comercio y el desarrollo económico global, liderando la cooperación mundial y la conectividad por tierra, aire, mar e internet. El proyecto ya ha logrado la adhesión de más de 150 países y 30 organizaciones internacionales, en los que ha invertido más de un billón de dólares y que han convertido a China en el mayor acreedor del mundo.
Sin embargo, el BRI no es un plan económico. En realidad, es el siguiente nivel de la política iniciada por Deng Xiaoping, que para salvarse del colapso, en 1978 liberalizó la economía, permitió el desarrollo del sector privado y abrió su comercio al mundo. Este cambio estratégico denominado “socialismo con características chinas” disminuyó sustantivamente la pobreza, y lo convirtió en la segunda economía más grande del planeta. La nueva estrategia del Partido Comunista Chino (PCCh) es utilizar los principios y las debilidades del capitalismo como medios para superarlo y controlarlo, manteniendo las bases y fines ideológicos y buscando la supremacía económica, financiera, tecnológica y comercial por encima del poder militar.
China entendió que los países solo pueden comerciar si tienen producción suficiente y ésta no puede aprovecharse si no se cuenta con vías de transporte. Con esa lógica acaba de inaugurar en Perú el megapuerto de Chancay, que le permitirá controlar el comercio con los países del Pacífico sudamericano y alcanzar el gigantesco mercado de Brasil, sin recurrir al canal de Panamá. En coincidencia, el mandatario asiático expresó, el pasado 19 de noviembre, al presidente Luis Arce su interés en desarrollar en Bolivia el tren bioceánico, y financiar proyectos en litio y minería.
Uno de los componentes de la estrategia china es utilizar a sus empresas como punta de lanza en su plan de expansión global. Muchas de las grandes compañías chinas que operan en el mundo como la COSCO Shipping, dueña del 60% de Chancay, pertenecen al gobierno, y aunque las privadas son muchas y poderosas, el PCCh las controla con medidas como la presencia de células partidarias en sus estructuras, regulación estatal que puede cambiar en cualquier momento, hegemonía sobre la banca, y acuerdos público-privados obligatorios.
En su política expansionista, factores como democracia, transparencia, soberanía, derechos laborales, igualdad o incluso protección del medio ambiente no son relevantes, y la necesidad o el interés de los países por desarrollar proyectos de infraestructura comercial o productiva hace que se abran a inversiones chinas sin ningún límite, aún ante la posibilidad de dependencias económicas y políticas, e incluso riesgos de seguridad.
Sin duda que la China va a marcar el rumbo del comercio, la conectividad y la producción del mundo en los siguientes años y Bolivia no estará exenta de su influencia. Sin embargo, la tentación de grandes y rápidas inversiones, puede hacernos perder de vista que detrás de las promesas de ayuda incondicional se suelen esconder planes oscuros que terminan por distorsionar las estructuras institucionales y mantenernos como piezas desechables de un engranaje global que apenas podemos comprender.
https://acortar.link/X83koy
 
 
 
 
 
BOLIVIA REFUERZA SU LIDERAZGO EN LITIO CON MILLONARIO CONTRATO CHINO
 
Revista Redimin de Chile (https://acortar.link/QPkRdH)
 
En un movimiento estratégico para la economía y el desarrollo tecnológico del país, Bolivia ha firmado un contrato con el consorcio chino CBC para la construcción de dos innovadoras plantas de extracción directa de litio en el Salar de Uyuni, implicando una inversión inicial superior a los mil millones de dólares.
Este acuerdo destaca la mayoría accionaria estatal del 51%, otorgando al gobierno boliviano un control significativo sobre el recurso, frente al 49% en manos de CBC, marcando un precedente importante en la gestión de recursos naturales estratégicos.
Detalles de las nuevas instalaciones
Omar Alarcón, presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), explicó que este proyecto contempla el diseño, construcción, operación y mantenimiento de dos plantas que producirán carbonato de litio. Una de ellas generará 10.000 toneladas anuales y la otra 25.000 toneladas de grado batería cada año, utilizando la técnica EDL a partir de la salmuera del pozo.
Comparativa y contexto internacional
Este es el segundo proyecto de magnitud en Bolivia que usa la tecnología de extracción directa de litio, después del acuerdo con la empresa rusa Uranium One Group, cuya inversión alcanza los 970 millones de dólares para una capacidad de producción de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Retos legislativos y futuros pasos
Ambos proyectos aún requieren la aprobación del Congreso boliviano, donde el presidente Luis Arce busca superar los obstáculos politicos debido a una falta de mayoría parlamentaria. La ratificación de estos acuerdos será crucial para avanzar en la agenda económica y estratégica del país en el ámbito de los recursos renovables.
«Este contrato de servicios desarrollará un diseño final de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de una planta que va a producir 10.000 toneladas de carbonato de litio al año y otra planta de 25.000 toneladas de carbonato de litio grado batería al año a partir de salmuera de pozo», informó el presidente de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón.
o          Inversión inicial de más de US$1.030 millones.
o          Construcción de dos plantas de alta tecnología para la extracción de litio.
o          Control mayoritario del estado boliviano asegurando la soberanía sobre el recurso.
Con estos proyectos, Bolivia no solo busca fortalecer su posición como líder en la industria del litio a nivel mundial sino también impulsar un crecimiento económico sostenible y responsable con el medio ambiente.
 
 
 
 
 
EL NUEVO PAÍS DE SUDAMÉRICA DONDE CHINA REALIZARÁ UNA MEGA INVERSIÓN: COMPETIRÁ DIRECTAMENTE CON CHILE
 
El boom de inversiones del gigante asiático en Sudamérica sigue cosechando resultados. Ahora, tras firmar con el Gobierno de ese país, invertirá más de mil millones de dólares.
 
En La Hora de Chile (https://acortar.link/cnR72V)
 
China está mirando a América Latina como un foco para realizar sus mega inversiones. En Perú acaba de ser inaugurado el Puerto de Chancay, uno de los más grandes del continente, y también inició conversaciones con Nicaragua para construir otro terminal.
Pero el gigante asiático no para. Esto, luego que la empresa de ese país, Hong Kong CBC acaba de firmar convenio con otro país sudamericano para la producción de carbonato de litio, lo que generará una intensa competencia con Chile en este recurso natural.
El país sudamericano que firmó acuerdo para que empresa china produzca litio
En concreto, y según publica El Mercurio, la mencionada empresa firmó un acuerdo con la estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Con este acuerdo, según dio a conocer el gobierno de Bolivia, se plantea la construcción y operación de una planta que tendrá capacidad para generar del orden de 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Además, también se construirá una segunda planta de 25.000 toneladas, con salmuera de pozo. Todo esto en el salar de Uyuni y con una inversión de más de 1.030 millones de dólares.
Precisamente, este lugar es una de las mayores reservas de litio del mundo y se transformará en una importante competencia para Chile, que es uno de los más grandes productores de este recurso natural en el planeta y donde, según indica el citado medio, también hay empresas chinas interesadas en invertir en el país.
Entre ellas, destacan la marca vehículos eléctricos BYD, CATL, o Tsingshan. Una de las firmas de ese país que ya tiene negocios en Chile es Tianqi, una minera que posee el 22% de las acciones de SQM, con la que se enfrenta a serios problemas legales.
 
 
 
 
 
BOLIVIA CELEBRA MEGA CONTRATO CON "LA EMPRESA CHINA NÚMERO UNO" EN PRODUCCIÓN DE BATERÍAS DE LITIO
 
Radio Bio Bio de Chile (https://acortar.link/TkcK0w)
 
El Gobierno de Bolivia firmó este martes un contrato con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited para la puesta en marcha de dos complejos industriales con la tecnología de extracción directa del litio (EDL) en el salar de Uyuni, el principal yacimiento del elemento en el suroeste boliviano.
El contrato fue firmado por el titular de la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, y el representante legal de CBC, Chunsheng Ma, en un acto en la casa de Gobierno en La Paz al que asistieron el presidente Luis Arce y el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, entre otras autoridades.
Este documento formaliza un acuerdo firmado en enero de 2023 con CBC, que es subsidiaria de la firma china CATL, “la número uno en el planeta en la producción de baterías de litio”, destacó el mandatario boliviano.
“El total de la inversión que CBC compromete con el país es de 1.030 millones de dólares para la producción e industrialización del litio en el país”, resaltó Arce.
Contrato “muy beneficioso” para Bolivia
El presidente explicó que el contrato consta de dos partes, una para una planta que producirá 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio empleando salmuera residual, con la tecnología EDL y una inversión de 310 millones de dólares, dijo.
La firma construirá además otra planta con una capacidad de producción de 25.000 toneladas, que también aplicará la EDL y “que va a requerir una inversión de 720 millones de dólares”, agregó.
Arce aseguró que el contrato es “muy beneficioso” para Bolivia y ahora corresponde su envío al Legislativo para que sea aprobado.
El gobernante recordó que en septiembre también se firmó un contrato con la empresa rusa Uranium One Group para la construcción de una planta de EDL, con una capacidad de producción de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el salar de Uyuni, que demandará una inversión de 970 millones de dólares.
Arce instó al Parlamento nacional a aprobar ambos contratos y pidió a los legisladores que “dejen de bloquear” las iniciativas gubernamentales para la industrialización y para financiar proyectos con créditos externos.
También mencionó que está en negociación otro contrato con la empresa china Citic Guoan, con la que el Ejecutivo ya tiene un acuerdo de intenciones, para el diseño y construcción de otra planta con la tecnología EDL.
Estos convenios se enmarcan en una convocatoria internacional lanzada en 2021 y está en proceso una segunda fase en la que, según el presidente, han manifestado su interés empresas de Australia, Alemania, China, Francia, Inglaterra y Argentina.
El Gobierno asegura que Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal.
La mayor parte de estas reservas están en Uyuni, en la región andina de Potosí, y también hay litio en menor proporción en los salares de Pastos Grandes, en el mismo departamento, y Coipasa, compartido entre Oruro y Chile.
Además de los convenios firmados en 2023 con las empresas chinas y la rusa, el país también suscribió otro con la firma india Altimin para desarrollar tecnología en la fabricación de baterías de ion litio.
A finales de 2023, el país inauguró el complejo industrial en Uyuni para producir 15.000 toneladas de litio anuales con un sistema de piscinas de evaporación que, no obstante, está en la mira por presuntas irregularidades en su montaje.
 
 
 
 
 
BOLIVIA SE HUNDE EN EL CAOS: TESTIMONIOS DE LAS LUCHAS POR EL PODER
 
Desde hace más de un año, Evo Morales libra una batalla por el control de la izquierda con Luis Arce, a quien acusa de querer proscribirlo.
 
Excelsior de México (https://acortar.link/hQMuyC)
 
Margarita Ávila, una comerciante de abarrotes de 66 años, observa estoica los puestos cerrados de sus vecinos en un mercado de La Paz. "Hemos vivido lindos años (...). Sabíamos cuánto íbamos a ganar, cuánto íbamos a invertir", recuerda.
Ahora la escasez de dólares, el clima de protestas y el desprestigio de las autoridades han hundido a Bolivia en una continua incertidumbre.
Ya no conozco los dólares. No hay para ahorrar. Todo es para el día a día", se queja Ávila frente a sus productos sin vender. "He perdido capital. De la noche a la mañana las cosas suben de precio. Y como ellos están peleando, ya no se preocupan de nosotros", dice en alusión a la disputas entre el exmandatario Evo Morales y su sucesor, el presidente Luis Arce.
Desde hace más de un año, Morales libra una batalla por el control de la izquierda con Arce, su exministro de Economía y a quien acusa de querer "proscribirlo" de la carrera presidencial de 2025 utilizando el sistema de justicia.
Ambos son del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que ahora está dividido entre "evistas" y "arcistas".
"Es una crisis múltiple (...) Probablemente la de mayor dimensión es la crisis política, que ha profundizado todas las otras", dice Daniel Valverde, profesor de ciencia política de la Universidad Gabriel René Moreno de Bolivia.
El jueves La Paz se convirtió en el escenario de una marcha donde varios miles de comerciantes, transportistas, artesanos, sanitarios, textiles, amas de casa y vecinos exigieron al gobierno una solución a la crisis económica y lo intimaron a tomar medidas en un plazo de 15 días.
Generar "repudio
En medio de la crisis, el Ministerio Público anunció una investigación a Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, por el presunto abuso a una menor con quien habría tenido una hija durante su mandato.
El caso ha tenido vaivenes. La Fiscalía emitió una orden de arresto que fue anulada y luego anunció otra que nunca se concretó. La semana pasada la fiscal a cargo dijo que tenía "bastantes indicios", sin precisar cuáles, y que "daría una sorpresa".
Los partidarios del líder cocalero bloquearon durante 23 días importantes carreteras del país para exigir el cese de la "persecución judicial". Si bien la crisis económica ya estaba en curso, los bloqueos dispararon aún más la inflación y la escasez de combustibles.
Más allá de si son ciertos o no los hechos denunciados, el modo cómo se lleva el caso de Morales "es parte de la instrumentalización de la justicia", opina Valverde. "Más que procesarlo o detenerlo, creo que buscan exponerlo para generar un mayor repudio sobre su figura. Y lo están logrando", señala.
En los últimos días, el Tribunal Constitucional también cerró el paso a Morales para una nueva candidatura al limitar a dos el número máximo de reelecciones posibles.
Es la cultura política boliviana, en la que las instituciones son funcionales a intereses políticos", explica Ana Lucía Velasco, politóloga que investiga la polarización en Bolivia.
"Es una desinstitucionalización abierta, cínica (...) Lo nuevo es que ahora algunas instituciones responden a los intereses" de una facción del MAS, mientras que otras obedecen al otro bando del partido, afirma.
En suspenso
La población desconfía del sistema de justicia. Bolivia fue el primer país en el mundo en elegir a sus altas autoridades judiciales por voto popular, bajo el argumento de favorecer la imparcialidad.
En 2011, en la primera elección, el 60 por ciento castigó la medida emitiendo un voto nulo.
Las próximas elecciones judiciales serán el 15 de diciembre. El Tribunal Constitucional suspendió la elección en cinco de los nueve departamentos de Bolivia debido a que fueron impugnadas las candidaturas, algo que reaviva la desconfianza en el sistema.
Según el World Justice Project, Bolivia ocupa el puesto 131 de 142 países analizados sobre cumplimiento de la ley.
Los aspirantes a jueces pasan por un filtro inicial del Parlamento, un proceso que "se presta mucho a que el Legislativo presente a candidatos en una preselección que obedece a intereses partidistas", observa Gustavo Flores-Macías, investigador de la Universidad de Cornell.
Una nueva composición de las altas cortes podría revertir las decisiones que afectan hoy a Morales.
 
 
 
 
 
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS DIGITALES EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO EN BOLIVIA
 
Abogados Com. de Argentina (https://acortar.link/wY418x)
 
1. Desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia para participar de forma equitativa e inclusiva en el sistema democrático a través de espacios digitales
Según el Censo de Población y Vivienda llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (2024) la población del Estado Plurinacional de Bolivia ha llegado a los 11.312.620 habitantes el año 2024. Si bien todavía no se cuenta con resultados más procesados y específicos como ser los datos de la población indígena del país en la actualidad, en el último Censo Nacional de 2012, se definió que el 41 % de la población boliviana mayor de 15 años era de origen indígena.
En este contexto poblacional, la participación política de los pueblos indígenas en Bolivia se ha visto inducida a tener una evolución sin precedente y una gran importancia en el marco jurídico boliviano, el cual, a través de diversas reformas, ha promovido la inclusión, la igualdad y la representación política de los miembros de los grupos originarios.
Específicamente, el artículo primero de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009 (CPE), señala:
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
La diversidad cultural y el pluralismo jurídico, en el reconocimiento de la diferentes culturas y etnias, que componen a un Estado y pueblo milenario, permitiendo advertir sobre la construcción de un modelo democrático acorde a la realidad étnica y respeto a toda clase de minorías.
En efecto, el presente trabajo aborda un aspecto muy novedoso contemplado en la nueva CPE, que hace referencia a la participación que tienen los indígenas en los órganos estatales y en las decisiones que impactan su bienestar colectivo.  En base al estudio “Participación política indígena y políticas públicas para pueblos indígenas en América Latina” dirigido por la fundación Konrad Adenauer Stiftung (2021), existe un avance importante en Bolivia en relación a la participación de los indígenas en la política boliviana a partir del reconocimiento de sus derechos y la transformación de sus instituciones, que permitieron estructurar una agenda que cambió el rumbo de la política boliviana.
Los cambios a la CPE abrieron el escenario para la aprobación de otras leyes que aportan en la perspectiva del afianzamiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. En efecto, la Ley de Participación Popular dió representación a las comunidades campesinas e indígenas en la definición de sus prioridades de desarrollo y la administración de los recursos asignados para tal fin a los municipios, muchos de los cuáles pasaron a tener autoridades indígenas, iniciando así una era para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades, sin antecedentes en la historia del país.
A pesar de todos los hitos logrados en materia de participación indígena en todos los espacios de la sociedad, lo cierto es que aún está planteada la discusión sobre los impactos de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el perfeccionamiento y progreso de las democracias.
Bernal y Murillo (2012) han destacado las ventajas de las nuevas tecnologías para superar las barreras territoriales propias de los pueblos indígenas, y a su vez han subrayado los desafíos que las caracterizan, como ser el carácter excluyente de las mismas, debido a las brechas digitales que existen tanto en el acceso como en el uso de estas herramientas por parte de la población indígena.
Sin embargo, la brecha digital no es el único obstáculo para la participación social intercultural en el país. Un aspecto crucial es que la disminución de la brecha digital y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación trascienden el mero acceso a estas tecnologías; según un estudio realizado por los investigadores Puig et al. (2022) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se trata de la habilidad de las personas para utilizarlas de manera eficaz en diversos ámbitos de sus vidas, mejor llamada “alfabetización digital”.
Cuando las personas no solo tienen acceso a las tecnologías, sino que también poseen las competencias necesarias para utilizarlas de manera efectiva en su vida diaria, se genera la apropiación social. Esto significa que las TIC se integran en sus rutinas y actividades cotidianas, con el propósito de mejorar su desarrollo social, económico y cultural. Puig et al. (2022) indican que, de acuerdo al Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA), el nivel de desarrollo de las habilidades digitales entre la población activa de Bolivia es un 10% inferior al de América Latina.
Por lo tanto, los desafíos para el uso de las nuevas tecnologías en la participación ciudadana indígena en Bolivia son varios y requieren un enfoque integral. A pesar de los avances en la infraestructura tecnológica y el creciente acceso a dispositivos y conectividad, persisten importantes brechas digitales que afectan de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Estas brechas no se limitan solo al acceso, sino que también incluyen la alfabetización digital, mejor entendida como la capacidad de utilizar estas tecnologías de manera efectiva y significativa.
La apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación, es un aspecto crucial para mejorar el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades indígenas. Sin embargo, esto exige un esfuerzo continuo en la educación y capacitación para asegurar que las personas no solo tengan acceso a la tecnología, sino que también adquieran las habilidades necesarias para integrarlas en sus rutinas y actividades diarias, pero además sepan usarlas con cautela.
Según el estudio “Datos Redes Sociales Bolivia 2024” llevado a cabo por Coolosa Comunicaciones, existe una fuerte adhesión de la población en general a las redes sociales y aplicaciones de mensajería privada y de grupo, éste fenómeno ha aumentado la preocupación por la protección de los datos personales de los ciudadanos, sobre todo en poblaciones especialmente vulnerables como son los pueblos indígenas originario campesinos. Considerando que no existe una regulación que proteja los datos personales, las poblaciones indígenas generalmente no tienen una verdadera soberanía de datos, es decir no logran controlar, gestionar y utilizar sus propios datos para tomar decisiones informadas y empoderarse para enfrentar los desafíos que se presentan.
Específicamente, en el contexto democrático electoral, el cumplimiento de las normas de protección de datos es esencial no sólo desde un punto de vista individual, sino para proteger la integridad de las elecciones y el ejercicio de la democracia. El uso de las plataformas durante procesos electorales resulta sumamente peligroso, cuando caemos en cuenta que Bolivia aún no dispone de una Ley General de Protección de Datos Personales. Sin embargo, cabe señalar que la legislación boliviana establece un amplio derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones personales. Asimismo, diversos sectores han implementado legislación específica que establece parámetros de este derecho constitucional, que es aplicado por el regulador específico del sector. Las violaciones del derecho a la intimidad pueden ser objeto de recursos constitucionales, civiles y penales.
Actualmente existen dos proyectos de ley sobre datos personales. El primero es el proyecto de ley No. 405-2018, que fue presentado por un diputado el 30 de noviembre de 2018. El segundo fue presentado el 10 de mayo de 2019, ante la Asamblea Nacional Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Los miembros de la Fundación Internet Bolivia, junto con la participación de ciudadanos de diferentes regiones del país, son los principales promotores de este proyecto. Sin embargo, aún no existe respuesta por parte de la Asamblea Legislativa de Bolivia respecto a ambos proyectos. Además, está en elaboración un anteproyecto de parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).
Es necesario traer a colación a la presente investigación, el tema de la desinformación al representar una de las mayores amenazas a la participación política de los pueblos indígenas en espacios digitales. Al propagar información falsa o engañosa, se busca manipular la opinión pública, polarizar a las comunidades y socavar la confianza en las instituciones.
Los procesos electorales en un sistema democrático están basados en la capacidad de que la ciudadanía pueda decidir su voto a partir de decisiones informadas. Sin conocimiento certero, tanto el voto, como la opinión pública, pueden ser influenciados por premisas falsas: la desinformación. En un contexto electoral, la desinformación en redes sociales busca lograr dos objetivos: desacreditar a determinados candidatos oponentes y minar la confianza en el proceso electoral y sus administradores (Centro Carter, 2021).
Hubo declaraciones por parte del Gobierno de Evo Morales, en específico de parte del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, de que ya se contaba con un borrador de proyecto de ley que buscaba regular las redes sociales incluyendo la creación de 3 nuevos tipos penales (Derechos Digitales, 2016):
1. La violación de datos personales.
2. La afectación a la honra en las redes sociales.
3. La creación de cuentas falsas con el fin de capturar datos para cometer delitos.
Asimismo, determinaba la prohibición del anonimato y la creación de un Consejo Nacional para el Control de las Redes. Sin embargo, esta propuesta no ha sido socializada a la fecha.
A pesar de los esfuerzos que se han realizado por regular las plataformas digitales en procesos electorales, la regulación de la desinformación es algo muy complejo de materializar en razón de su alcance y operabilidad extraterritorial, sumado a la rapidez con la que avanzan las mismas.
2. Oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para promover la participación ciudadana de los pueblos indígenas en el sistema democrático boliviano de forma equitativa e inclusiva
El autor Arterton (1987) visualiza la tecnología y su influencia sobre la Democracia como una forma de (1) mitigar la crisis de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas; y (2) establecer una relación más fluida entre los políticos y los ciudadanos superando los filtros de la burocracia y de las instituciones.
Al respecto de lo que señalaba el autor Arterton, en la actualidad, se necesita colocar a la ciudadanía en un papel más protagónico y no simplemente en el de delegar acciones y decisiones sobre quienes gobiernen. Cuando la ciudadanía se involucra activamente en abordar problemas que afectan a la comunidad, se desencadenan procesos de cambio profundo que van más allá de la simple resolución de problemas. Se fortalecen las relaciones sociales, se replantean las estructuras de poder y se construye un sentido de pertenencia que legitima las decisiones políticas y reduce las desigualdades.
Históricamente, los medios de comunicación masivos han actuado como intermediarios entre los ciudadanos y los gobernantes, limitando la participación ciudadana a un rol pasivo. Esta dinámica ha colonizado la esfera pública, restringiendo la rendición de cuentas y la toma de decisiones a lo que los medios decidan difundir. Sin embargo, el surgimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha abierto nuevas vías para la participación ciudadana, permitiendo una comunicación más directa y facilitando la discusión de ideas y propuestas.
En efecto, es posible afirmar que las redes sociales han democratizado la producción y el consumo de información, poniendo fin al monopolio informativo que antes detentaban los medios tradicionales. Esta democratización ha permitido que una mayor diversidad de voces sea escuchada y ha fomentado una participación ciudadana más activa, plural y crítica.
La creciente presencia de usuarios en redes sociales y el tiempo que dedican a ellas representan un potencial enorme para la participación política. Estos espacios digitales, que antes eran vistos como exclusivos, ahora son un puente directo entre ciudadanos y candidatos, especialmente como vimos en las elecciones bolivianas de 2020, donde las redes sociales superaron a las plazas públicas como el principal escenario de debate y movilización política.
Asimismo, la tecnología ha desempeñado y sigue desempeñando un papel transformador en la sociedad. Las herramientas tecnológicas han promovido la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Plataformas de gobierno electrónico, aplicaciones móviles y herramientas en línea, proporcionan a los ciudadanos acceso inmediato a información relevante y la capacidad de supervisar las acciones de las autoridades.
Los ciudadanos ahora tienen la capacidad de participar en debates en línea, compartir información y colaborar en proyectos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Las redes sociales, las aplicaciones móviles, las plataformas de votación en línea, los mapas digitales y las plataformas de crowdsourcing son algunas de las herramientas disponibles para que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones y solucionen problemas en sus comunidades.
Las herramientas digitales, como WhatsApp, Facebook o Telegram, facilitan la coordinación de actividades entre miembros de comunidades dispersas, ayudando a organizar reuniones, movilizaciones y campañas de manera más eficiente. Esto es especialmente importante en un país como Bolivia, donde muchas comunidades indígenas están ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso. Las tecnologías digitales eliminan las barreras de distancia y tiempo, permitiendo que los pueblos indígenas se organicen en torno a causas comunes de forma rápida y efectiva.
El uso de redes sociales y otras plataformas digitales también permite que las comunidades indígenas denuncien abusos de derechos humanos, violaciones territoriales y actos de discriminación de manera rápida y directa. Al publicar videos, fotos y testimonios en tiempo real, los pueblos indígenas pueden visibilizar las injusticias que sufren, logrando que estos casos tengan una mayor repercusión mediática y política. Estas herramientas han sido esenciales para generar solidaridad y apoyo desde otros sectores de la sociedad civil, tal es el caso de los recientes incendios acaecidos sobre comunidades indígenas de la amazonia boliviana, generando daños irreparables sobre las zonas afectadas.
3. Efectividad y alcance de las iniciativas que buscan fomentar la participación ciudadana de los pueblos indígenas en el sistema democrático boliviano por medio de espacios digitales
Internet por medio de las redes sociales, facilita la promoción de distintas causas de interés público, entre varias otras funciones. Con el auge de las conexiones a Internet durante las últimas dos décadas, muchos usuarios de forma individual y colectiva han alcanzado por medio de acciones en espacios virtuales, cambiar decisiones políticas, proponer normativas y ejercer presión para su aprobación, aparte de incluir temas en la agenda política.
La participación social sirviéndose de herramientas tecnológicas no es un fenómeno que se ha dado solamente en Bolivia, en el mundo se han presenciado revueltas sociales que se sirvieron de plataformas digitales, como ser la primavera árabe, los Indignados de España, Passe Livre y otras reivindicaciones sociales que reclamaban cambios de regímenes políticos, mejoras en ejercicio de derechos y respeto a la dignidad humana (Castells en Quiroz, 2016).
Varios autores son escépticos sobre el papel democratizador, promotor de la pluralidad e inclusión que se le atribuye a Internet. Esta perspectiva, conocida como "ciberpesimismo", abarca diversas dimensiones. La periodista especializada en Internet y medios digitales, Marilin Gonzalo (2014), trae a colación al reconocido investigador que estudia las implicaciones políticas y sociales de la tecnología, Evgeny Morozov, opositor de los ciberoptimistas quienes sostienen que, si das dispositivos y conectividad a las personas, la democracia surgirá inevitablemente.
Morozov, en vez, defiende que los métodos de control siguen reproduciéndose incluso en el espacio del Internet, porque los gobiernos totalitarios han aprendido a manejar el ciberespacio. Sumado a esto, un aspecto exclusivo del Internet es la brecha digital, sosteniendo que a pesar que el Internet está en constante crecimiento, el 90% de no-conectados pertenece a países pobres o en desarrollo, y, por ende, a poblaciones indígenas alejadas.
Frente a las corrientes de ciberoptimistas y ciberpesimistas, surge la pregunta sobre las posibilidades reales de Internet para apoyar ideales democratizadores e inclusivos en la participación política en Bolivia. ¿Será Internet un espacio que favorezca la democratización o que restrinja la deliberación pública y la acción ciudadana?
No existen estudios que analicen el impacto del Internet en la democracia boliviana, y más específicamente la relación entre los espacios digitales y la participación social y política de los pueblos indígenas originarios campesinos.
Instituciones públicas como ser la AGETIC, han implementado iniciativas para promover el gobierno electrónico. Específicamente, AGETIC, tiene por mandato desde el 2015, trabajar en el marco del gobierno electrónico y generar políticas integrales con los diferentes órganos del Estado, incluido el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Una de las innovaciones del mandato que tiene esta institución pública, de acuerdo al Decreto Supremo Nro. 2514, es la creación del Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC- EPB), siendo una de sus consignas generar propuesta normativa y propuestas de política pública relacionadas con programas o proyectos relacionadas a Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información. Por otro lado, el coordinar espacios con organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante lineamientos estratégicos en la materia y proponer estándares abiertos oficiales por parte del Estado.
Esto, en el marco de cumplir las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI (2021- 2025)) del OEP, dentro de las cuales se encuentra la AEI 2: Promover la democracia intercultural para el ejercicio de los derechos políticos y el fortalecimiento de la cultura democrática en el Estado Plurinacional de Bolivia.
 
Es cierto que, el Internet, específicamente las redes sociales, actualmente son un campo de lucha política, donde se deliberan asuntos públicos, políticos y decisiones de gobierno (Quiroz y Machaca, 2020), un espacio donde la población se apodera y debate desde sus necesidades e inquietudes sobre las temáticas actuales.
Los partidos políticos, las autoridades de gobierno o las figuras políticas no han sido los promotores para promover el uso de los espacios digitales para fines públicos y políticos; dicha iniciativa en todo caso se inició desde la sociedad civil por medio de campañas y manifestaciones. Según la autora Quiroz (2016) la deliberación y participación de los bolivianos en espacios digitales, se inicia con las jornadas de Software Libre de 2008, donde los usuarios por medio de una comunidad virtual, presentaron a autoridades públicas problemáticas y propuestas acerca del uso de software libre en entidades estatales.
Posteriormente se constituyó el grupo Más y Mejor Internet para Bolivia, desde el 2010; y con relación directa al tema de interés del presente trabajo, se dió la masiva organización de la recepción en La Paz a la VIII Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS por la Vida y Territorio, el 19 de octubre de 2011.
Estos fenómenos se constituyen en expresiones de participación en el espacio virtual por demanda ciudadana. Sin embargo, la autora Quiroz (2016) confirma que, a partir del año 2011 y del conflicto del TIPNIS, algunos actores políticos que daban sus primeros pasos en estos ámbitos de deliberación virtual lograron colocar en la agenda mediática algunos acontecimientos de las redes sociales.
La campaña del referéndum constitucional de 2016 fue el evento que llevó las redes sociales al epicentro de la lucha política en Bolivia, y en ese periodo se experimentó por primera vez un proceso masivo de participación ciudadana de manera digital, pero también de desinformación a través de plataformas digitales en el país, aunque durante ese tiempo aún no se le dio ese nombre.
De la revisión de las políticas públicas y las iniciativas de participación social y política de los pueblos indígenas en medios digitales en Bolivia, se evidencia una notable ausencia de programas específicos destinados a fomentar la participación social y política de los pueblos indígenas a través de los espacios digitales. Esta carencia se traduce en una oportunidad perdida para aprovechar el potencial de las TIC en la construcción de una democracia más inclusiva y participativa.
Es urgente diseñar e implementar políticas públicas que promuevan el acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades indígenas, así como la creación de plataformas digitales seguras y accesibles para la deliberación y la toma de decisiones colectivas. Asimismo, es fundamental fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para utilizar estas herramientas de manera crítica y efectiva.
Panorama Internacional
A nivel mundial, diversos países han implementado iniciativas de participación ciudadana mediante el uso de herramientas digitales con resultados notables, México, es un excelente ejemplo para el presente trabajo considerando su cercanía socio cultural con Bolivia. La iniciativa mexicana de desarrollar aplicaciones móviles para facilitar la interacción ciudadana con el gobierno representa un paso importante hacia una gobernanza más abierta, plural y participativa. Este enfoque busca aprovechar las ventajas de la tecnología móvil para acercar los servicios públicos a la población y fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas.
La gama de aplicaciones móviles desarrolladas en México es amplia y cubre diversas áreas:
- Gob.mx: El portal oficial del Gobierno de México ofrece diversas herramientas para la participación ciudadana, como la presentación de denuncias, solicitudes de información y la consulta de presupuestos.
- Plataforma Nacional de Transparencia: Esta plataforma centraliza la información pública de las entidades federativas y los municipios, permitiendo a los ciudadanos realizar búsquedas y acceder a datos abiertos.
- Participa.gob.mx: Esta plataforma busca fomentar la participación ciudadana en la definición de políticas públicas a través de consultas y encuestas en línea.
Conclusiones
Las tecnologías digitales tienen el potencial de transformar la participación ciudadana de los pueblos indígenas en Bolivia, proporcionando nuevas vías para la comunicación, la organización, y la expresión de sus voces en el sistema democrático.
Sin embargo, para aprovechar plenamente estas oportunidades, es esencial abordar  los desafíos estructurales y sistémicos que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia para ejercer su derecho a la participación política a través de los espacios digitales. A pesar del potencial transformador de las TIC, la brecha digital, la limitada alfabetización digital, la falta de soberanía sobre los datos y la desinformación, han obstaculizado significativamente este proceso.
La brecha digital se presenta como un obstáculo fundamental, limitando el acceso de las comunidades indígenas a Internet y a dispositivos tecnológicos. Esto inhibe su capacidad para informarse, organizarse y participar en debates públicos en línea. Asimismo, la baja alfabetización digital dificulta la comprensión y el uso crítico de las herramientas digitales, lo que los vuelve vulnerables a la manipulación y la desinformación.
La falta de soberanía de los datos es otro desafío crucial. Los pueblos indígenas carecen de control sobre la recolección, almacenamiento y uso de sus datos, lo que los expone a riesgos de vigilancia, discriminación y explotación. Además, la desinformación y la propagación de discursos de odio en los espacios digitales socavan la confianza en las instituciones y dificultan la construcción de consensos.
En efecto, para garantizar una participación política efectiva de los pueblos indígenas en los espacios digitales, es necesario adoptar medidas urgentes y transformadoras. Estas medidas deben incluir la reducción de la brecha digital mediante la expansión de la infraestructura tecnológica y la provisión de acceso gratuito a Internet en las comunidades indígenas. Asimismo, es fundamental promover la alfabetización digital y el desarrollo de contenidos digitales en lenguas indígenas. Además, es imperativo garantizar la soberanía de los datos de los pueblos indígenas y fortalecer los mecanismos de verificación de información para combatir la desinformación.
Con relación a las oportunidades identificadas en el presente trabajo, es importante señalar que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta poderosa para promover la participación democrática y el empoderamiento de los pueblos indígenas en Bolivia, facilitando y fortaleciendo el ejercicio de sus derechos.
Las tecnologías digitales ofrecen un potencial transformador para los pueblos indígenas de Bolivia, permitiéndoles superar las barreras geográficas y culturales que históricamente han limitado su participación política. A través de plataformas digitales, los pueblos indígenas pueden preservar y difundir sus lenguas, conocimientos tradicionales y cosmovisiones. Además, pueden organizarse de manera más efectiva para defender sus derechos y participar en procesos de consulta previa, libre e informada. Las tecnologías móviles, por ejemplo, facilitan la comunicación entre comunidades dispersas geográficamente, fortaleciendo sus redes sociales y capacidades de autogestión.
A diferencia de otros países de la región, como México, Bolivia ha mostrado un avance limitado en la implementación de iniciativas públicas y/o privadas, para fomentar la participación ciudadana de los pueblos indígenas. Según un informe lanzando por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes el 2021, solo el 50% de los pueblos indígenas en Bolivia cuenta con acceso a internet, lo que limita significativamente su capacidad para participar en procesos de toma de decisiones a nivel nacional.
Por último, a criterio del autor las TIC para los pueblos indígenas representan un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una poderosa herramienta para defender sus derechos y fortalecer sus comunidades. Sin embargo, también pueden profundizar las desigualdades existentes si no se abordan las brechas digitales y los problemas actuales que han sido desarrollados a lo largo del presente trabajo. Para que las TIC sean un verdadero aliado, es necesario un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para garantizar un acceso equitativo y el desarrollo de contenidos relevantes para estos pueblos.
 
 
 
 
 
EL MERCADO REGIONAL DEL GAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DUCTOS DE ARGENTINA-BOLIVIA-BRASIL: UN PROYECTO CRUCIAL PARA LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DE AMÉRICA DEL SUR
 
Revista BN Américas de EEUU (https://acortar.link/SQeERm)
 
El Estado boliviano ha emitido el Decreto Supremo No 5206 y toda la reglamentación complementaría para instituir en territorio boliviano la gestión del gas en tránsito por el Sistema Integrado de Transporte (SIT) del país, a cargo de YPFB como el Agregador y Transportador Internacional de esta operación, que consolida el mercado regional del Continente en materia de gas (Argentina-Bolivia-Brasil), la mayor reserva de gas - el mayor sistema de transporte de gas - y el mayor consumidor de energía.
YPFB y las empresas transportadoras de gas de la Corporación YPFB, están autorizadas a operar y administrar el flujo de gas natural de la región a través del sistema de ductos y compresión de alrededor 1.000 km, conectando grandes centros de producción de gas en Argentina con los más importantes centros de consumo.
En ese contexto, como resultado de un esfuerzo coordinado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), TotalEnergies y Grupo Matrix Energia de Brasil, hacia la integración energética regional Argentina-Bolivia-Brasil, en el marco del Foro Internacional de Hidrocarburos, Fertilizantes y Energías Renovables y Alternativas realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 21 y 22 de noviembre, se firma el primer contrato operativo internacional para viabilizar la exportación de gas natural argentino al mercado brasileño a través de la infraestructura de transporte boliviana.
Este esfuerzo conjunto de las tres empresas representa un paso crucial para dar inicio al suministro de gas natural desde Vaca Muerta y las cuencas argentinas, a través del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Bolivia, al mercado consumidor brasileño, promueve la continuidad de las iniciativas anunciadas recientemente por las empresas en cuestión y robustece el proceso de integración energética regional.
•          Del lado argentino, TotalEnergies, primer operador privado de gas natural en Argentina, con significativa presencia también en Bolivia y en Brasil, obtuvo dos permisos de exportación para exportar gas natural a Brasil tanto desde la Cuenca Austral como desde la Cuenca Neuquina, a través de contratos en base interrumpible suscritos con la empresa comercializadora de gas do Grupo Matrix Energia de Brasil.
•          En Bolivia, YPFB Agregador y Transportador Internacional del gas en tránsito, con más de 50 años de experiencia en exportación de gas natural a la región, a través de los ajustes en la normativa, ha dado un paso importante en dirección a la integración energética de América del Sur, constituyéndose en un jugador gravitante a través de la operación del Sistema Integrado de Transporte.
•          Del lado de Brasil, Grupo Matrix Energia, habilitado por las autoridades de la República Federativa del Brasil para importar y comercializar gas natural, ha suscrito contratos de compraventa de gas con TotalEnergies, desde la frontera argentina. El transporte internacional en tránsito estará a cargo de YPFB hasta la frontera con Brasil.
Este acuerdo no sólo fortalece la cooperación entre los países vecinos, sino que también representa un esfuerzo decisivo de las empresas involucradas para el suministro energético en la región.
 
 
 
 
 
GASODUCTO NORTE: BOLIVIA AUTORIZÓ LOS PRIMEROS CONTRATOS PARA EXPORTAR GAS DE VACA MUERTA A BRASIL
 
Se trata de un "paso crucial" para que el suministro patagónico llegue al mercado brasileño.
 
Río Negro de Argentina (https://acortar.link/4xnZBA)
 
Este martes, se firmó el primer contrato operativo para viabilizar la exportación de gas natural desde Vaca Muerta hacia Brasil. Se trata de un «paso crucial», en donde la petrolera estatal boliviana pone a disposición su infraestructura para que el producto argentino pueda llegar a la frontera brasileña.
El acuerdo fue firmado por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa TotalEnergies de Argentina y el Grupo Matrix Energia de Brasil.
Asimismo, el mismo fue suscrito en marco del «Foro Internacional de Hidrocarburos, Fertilizantes, Energías Renovables y Alternativa», el cual se realizó en la ciudad de Santa Cruz los pasados 21 y 22 de noviembre en pos de la «integración energética regional Argentina-Bolivia-Brasil».
«Este esfuerzo conjunto de las tres empresas representa un paso crucial para dar inicio al suministro de gas natural desde Vaca Muerta y las cuencas argentinas, a través del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Bolivia, al mercado consumidor brasileño», detalló en un comunicado la estatal boliviana tras el acuerdo.
Según describió la petrolera de Bolivia, sus empresas transportadoras están autorizadas a operar y administrar el flujo de gas natural a través del sistema de ductos y compresión de alrededor 1.000 kilómetros, lo cual permite conectar «grandes centros de producción de gas en Argentina con los más importantes centros de consumo en Brasil».
Exportación de gas de Vaca Muerta a Brasil: los detalles del acuerdo
En Argentina, TotalEnergies ya había conseguido dos permisos para exportar gas a Brasil desde la Cuenca Neuquina y la Austral, a través de contratos en base interrumpible con la empresa comercializadora brasileña.
Del lado del Grupo Matrix Energia, también tenía los contratos de compraventa de gas desde la frontera argentina.
Con este acuerdo, Bolivia autoriza a que el gas natural que llega a su frontera a través del Gasoducto Norte sea transportado hacia Brasil mediante su propia infraestructura.
Sin embargo, aún resta conocer los precios para que se concrete la operación, fundamental para la materialización o no de la iniciativa.