La Fiscalía acusa a los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix de proteger al sacerdote Alfonso Pedrajas, ya fallecido, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores con el amparo de sus superiores.
Marcos
Recolons, ex alto cargo de los jesuitas en Bolivia y el Vaticano, acusado de
encubrir varios casos de abusos, en una imagen de 2018.
El diario del jesuita estuvo oculto hasta abril de 2023, cuando salió a la luz en EL PAÍS. Tras la publicación, la Fiscalía boliviana reaccionó y abrió una investigación: entró en la sede de los jesuitas para recabar documentos, recibió denuncias de víctimas y tomó declaración a los responsables de la orden. El pasado marzo acabó imputando a estos dos jesuitas por encubrimiento. Cabe destacar que, mientras que en España solo los jueces tienen la potestad para imputar a una o varias personas de un delito, el ministerio fiscal boliviano puede hacerlo siempre “que existan suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, debiendo emitir un requerimiento debidamente fundamentado de acuerdo”. Los acusados se sentarán en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Número 4 de Cochabamba.
Los dos imputados ocuparon el puesto de provincial (máximo cargo de la Compañía de Jesús dentro de un país y cuyo mandato suele alargarse varios años) durante los periodos en los que más denuncias contra Pedrajas llegaron a la orden. Recolons desde 1993 hasta 1999, y Alix entre 1999 y 2007. El primero, además, llegó a ser el número dos de la orden en Roma, en la curia general, entre 2004 y 2012. Como aparece en el diario y así lo atestiguan víctimas y testigos, los jesuitas españoles conocieron los delitos de boca de Pedrajas y de varias de sus víctimas, pero no lo denunciaron ante las autoridades civiles. En algunos casos taparon denuncias y silenciaron a los afectados. Así concluye el ministerio público boliviano: “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras jesuitas, más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”.
El legajo de acusación, de 855 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incorpora múltiples pruebas contra los acusados. Destacan las denuncias de 18 víctimas y sus respectivos informes psicológicos, que apoyan la veracidad de los hechos narrados. Su lectura es demoledora. “Sentí que me estaban manoseando y empiezo a sentir mis labios mojados. Era el Pica [mote con el que se conocía a Pedrajas] que estaba besándome. Me desperté y le empujé. Él me dijo: ‘Pero ¿qué pasa? Solamente estamos jugando. Yo te amo'. Yo no entendía nada", es uno de los testimonios recopilados. La mayoría de estas víctimas, según determinan sus dosieres psicológicos, padecen graves secuelas y requieren asistencia profesional.
El documento también enumera otras 21 evidencias materiales (como CDs y sobres con documentos internos de la orden) y 52 pruebas testificales (víctimas, denunciantes, investigadores e investigados). La fiscalía da veracidad a las acusaciones de encubrimiento: “Se ha evidenciado que algunas víctimas de las agresiones sufridas lograron comunicar a los provinciales sobre la conducta desplegada por Alfonso Pedrajas quienes, no obstante de tener la obligación de indagar al respecto, ya que se trataba de víctimas menores de edad, no adoptaron ningún tipo de acción de protección”.
El infierno en 383 páginas
En su diario personal, de más de 383 páginas y al que bautizó como Historia, Pedrajas confesó que, durante años, abusó de decenas de niños mientras era profesor en el internado Juan XXIII de Cochabamba. “Hice daño a demasiados”, es una de sus notas. También relata que al menos siete de sus superiores y otra decena de clérigos en Bolivia y España conocían sus delitos y le protegieron. La publicación del reportaje provocó un terremoto mediático. Además de la Fiscalía, el Ministerio de Educación y el procurador general de Bolivia se personaron como acusación ante los tribunales. La Compañía de Jesús también denunció el caso y apartó a ocho exprovinciales, entre los que figuraban Recolons y Alaix.
Nuevas víctimas salieron a la luz, muchas de ellas señalaron a otros clérigos. EL PAÍS destapó hasta ocho casos de jesuitas acusados de abusos en Bolivia: los españoles Francesc Peris (el único que aún vive, en España, donde también se le acusa de abusar hasta 2005 de decenas de niños y niñas), Jorge Vila, Francisco Pifarré, Luis Tó, el arzobispo Alejandro Mestre, Antonio Gausset, Carlos Villamil (boliviano) y Lucho Roma. De este último, este periódico publicó el año pasado otro diario, Los Manuscritos de Charagua, donde el jesuita detallaba cómo abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió y las grabó en vídeo. En esta ocasión, la Compañía de Jesús realizó una investigación interna en 2019 que confirmó los crímenes y su encubrimiento, pero tras la muerte de Lucho Roma en ese mismo año, escondieron los hallazgos en un cajón.
Estos nuevos casos desembocaron en otras causas judiciales y en la imputación de otros tres responsables de la congregación: el actual líder de los jesuitas en Bolivia, el provincial Bernardo Mercado y los exprovinciales Osvaldo Chirveches y el octogenario español Ignacio Suñol. Aún no hay fecha para este juicio. El País de España (https://lc.cx/gQytqi)
Durante años, la retórica política ha alimentado un clima de confrontación que nos enfrenta entre regiones, sectores y visiones del país. Esta división ha sido exacerbada por un gobierno que, lejos de promover el consenso, ha utilizado la polarización como herramienta para consolidar su poder. El resultado es un debilitamiento de nuestras instituciones democráticas y un pueblo desconfiado de sus líderes. La solución radica en construir un sistema político que funcione para todos, donde la justicia no sea selectiva y los liderazgos prioricen el bien común sobre los intereses partidarios. La polarización que hoy nos divide debe ser reemplazada por un diálogo plural que valore nuestras diferencias como riqueza y no como barrera.
En lo económico, el modelo extractivista que ha sustentado nuestro desarrollo por décadas está agotado. El bicentenario nos presenta la oportunidad de replantear nuestras prioridades hacia una economía más diversificada y sostenible. Bolivia tiene el potencial de liderar en sectores como el turismo, la agroindustria y las energías renovables, como muchas más. Para ello, se requiere visión, planificación y un compromiso real con la innovación.
Otro desafío clave es el acceso universal a una educación de calidad. Si queremos una Bolivia competitiva en el siglo XXI, debemos garantizar que cada niño y joven tenga las herramientas para construir su propio futuro. Esto incluye no solo mejorar la infraestructura escolar, sino también apostar por una transformación digital que cierre la brecha tecnológica que nos separa del mundo.
Finalmente, el cambio climático nos exige actuar con responsabilidad. Lamentablemente somos uno de los países más vulnerables a sus efectos, y los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua son una realidad que no podemos ignorar. Es momento de colocar la sostenibilidad ambiental en el centro de nuestras políticas públicas.
Serán 200 años como país y creo firmemente que hay posibilidades reales de cambio. La defensa de los valores del liberalismo –libertad individual, derechos civiles, igualdad ante la ley y responsabilidad personal– debe ser la base para promover un progreso genuino y duradero. El respeto irrestricto a las libertades, tanto económicas como políticas, es fundamental para superar las estructuras socialistas que han perpetuado la pobreza, el autoritarismo y la falta de oportunidades.
La historia ha demostrado que las naciones que abrazan estos principios logran mayor bienestar para su gente. Es el momento de que sus ciudadanos sean protagonistas de su desarrollo. El mayor regalo que podemos hacerle a nuestro país en este aniversario es trabajar unidos, con una visión liberal e inclusiva, para que el bicentenario marque el comienzo de una nueva etapa de libertad, justicia y prosperidad.
En CELAG DATA pretendíamos llevar a cabo una consulta a aquellas personas que votaron por el MAS en las pasadas elecciones generales en Bolivia del año 2020. El objetivo era tener un termómetro actual de cómo piensa este 55% de la población, tanto en lo político e ideológico como en lo electoral, de cara a la próxima contienda presidencial (agosto 2025). Queríamos disponer de una radiografía de este votante después de este tiempo convulso, en el que el proceso político boliviano ha vivido innumerables situaciones complejas.
Aclaramos que una consulta de este tipo no es comparable con una encuesta a nivel nacional, sino que por su objetivo se enfoca en un segmento particular de la sociedad, en este caso los votantes del MAS en 2020, y por eso mismo sus resultados no son representativos de las opiniones del conjunto del país, como sí sucede con otro tipo de estudios cuantitativos que hemos realizado en otras ocasiones.
Como CELAG, esta no es la primera vez que llevamos a cabo consultas a segmentos específicos de la población en América Latina en los últimos años. Por ejemplo, hemos realizado investigaciones similares en Argentina, Colombia y México, obteniendo conclusiones sumamente interesantes. Gracias a este tipo de investigación hemos logrado caracterizar el núcleo común ideológico de un determinado espacio político, así como todas sus heterogeneidades. Y, por supuesto, también nos permite calibrar la fuerza positiva de cada liderazgo.
Sin embargo, en Bolivia no hemos podido culminar esta investigación. La Consulta se elaboró, pero los resultados son plenamente inválidos.
¿Por qué? Sencillamente, porque el actual Poder Ejecutivo lo ha impedido.
¿Cómo? Usando sus estructuras para responder la Consulta a favor de una única facción, la encabezada por el propio presidente, Luis Arce.
Esto ha sido fácilmente comprobado por la cantidad masiva de respuestas concentradas en unas pocas direcciones de internet (IP), todas idénticas a favor del actual mandatario y en contra de Evo Morales.
Por ejemplo, ha habido 67 respuestas desde una misma IP; hemos detectado otras 12 IP con más de 20 respuestas cada una; también hay un altísimo número de IP con más de 5 respuestas. Todas ellas ubicadas en la ciudad de La Paz y que han seguido el mismo patrón de respuesta en todas las preguntas, totalmente diferentes del resto de respuestas que sí mostraban un mínimo grado de varianza y diversidad.
Esto es lo que ha ocurrido en la mayoría de la Consulta. Casi el 70% de las 4.948 observaciones ha sido sometido a este tipo de práctica sesgada y condicionada. Y, por tanto, no tiene sentido hacer una lectura cuantitativa de este trabajo.
Pero, en cambio, sí debemos hacer una doble interpretación cualitativa:
1. El actual Gobierno, presidido por Luis Arce, quiso ‘hacer trampas al solitario’, es decir, mediante una praxis forzada, pretendió mostrar un apoyo que no tiene, ni por afuera ni por adentro del MAS, como así indican la totalidad de las encuestas publicadas en estos últimos meses.
2. El Gobierno boliviano actuó intencionadamente para imposibilitar este ejercicio académico. Su propósito fue evitar que saliera un resultado público en su contra. Esta práctica es sumamente peligrosa en términos democráticos.
Por cierto, no es casual que Latinobarómetro, una encuesta que se realiza periódicamente en distintos países de la región, muestre que el índice de satisfacción con la democracia en Bolivia tenga actualmente el valor más bajo de las últimas tres décadas.
“Este año 2024 somos el país que menos inflación tiene en la región. Hemos llegado a 1,92% de inflación. Es lo que estamos manejando y en estos casi 30 años Perú ha tenido un solo dígito de inflación. Nuestra moneda peruana, el sol peruano, se ha fortalecido en la región. Tan es así que ciudadanos del país del sur Bolivia hacen las transacciones en la moneda peruana, igual hacia el lado de Brasil. Eso nos llena de orgullo, de satisfacción”, relató la jefa de Estado.
No es la primera vez que se habla del uso del Sol peruano como unidad de cambio en otras economías de Sudamérica. Tras los problemas de escasez de dólares en Bolivia, los ciudadanos del vecino país altiplánico han optado por realizar transacciones en soles, que triplican en valor a los bolivianos. Pero lo de Brasil, resaltado por una declaración oficial del más alto nivel, es una completa novedad.
Recientemente, la moneda peruana también fue catalogada como el nuevo “Sol suizo” de la región, como parte de un análisis de Credicorp Capital de la economía del país andino.
De acuerdo al marcador de Investing.com, el valor de S/1 es equivalente a R$1,5915 al 22 de enero del 2025. Si comparamos cada divisa frente al dólar, vemos que, en el caso peruano, la moneda norteamericana se cotiza en S/3,7310, de acuerdo al último cierre del Banco Central de Reserva (BCR) de Perú. En tanto, el Banco Central do Brasil fija un valor de 5,9668 reales por cada dólar.
El Sol peruano, el nuevo ‘Sol suizo’ de América Latina
Durante la conferencia “Perspectivas y proyecciones económicas para el 2025″, Daniel Velandia, Economista Jefe de Credicorp Capital, subrayó que el desempeño del sol peruano ha sido notablemente estable en los últimos tres años, manteniéndose dentro de un rango acotado de fluctuaciones. Este comportamiento, según explicó, refleja una combinación de factores internos y externos que han favorecido al país andino.
De acuerdo con Velandia, el contexto global posterior a la pandemia dejó a muchas economías con altos niveles de endeudamiento, déficits fiscales significativos y deterioros en sus cuentas externas, como la balanza comercial o el déficit en cuenta corriente. Sin embargo, Perú ha logrado evitar un impacto severo en estos indicadores clave.
“Es algo que siempre le digo a mis clientes, que el Sol peruano parece un ‘Sol suizo’, porque es impresionante la manera en que lleva tres años en el mismo rango”, declaró en una rueda de prensa para medios especializados.
Aunque el país ha experimentado un deterioro fiscal, este sigue siendo manejable en comparación con otras naciones de la región. Según detalló el economista, el déficit fiscal de Perú en 2022 fue del 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra considerablemente menor que la de países como Colombia (6%) y Brasil (8%).
Velandia destacó la posición ‘relativamente’ sólida de Perú en términos de deuda pública. Mientras que la deuda peruana se sitúa en torno al 33% del PIB, países como Colombia y Brasil presentan niveles significativamente más altos, alcanzando el 60% y el 80% del PIB, respectivamente. Incluso en comparación con Chile, cuya deuda pública ronda el 42-43% del PIB, Perú muestra una ventaja notable. Este panorama más favorable ha contribuido a la percepción de estabilidad económica del país.
El economista enfatizó que esta posición relativa de Perú no solo se debe a factores fiscales, sino también a un desempeño positivo en el ámbito externo. A diferencia de otras economías que enfrentaron un deterioro marcado en sus cuentas externas, Perú ha mantenido un equilibrio que ha ayudado a sostener la confianza en su moneda.
El Sol peruano se posiciona como la moneda alternativa de Bolivia
La economía boliviana enfrenta una situación crítica debido a la falta de dólares en el mercado, lo que ha llevado a los ciudadanos y comerciantes a buscar alternativas para sus transacciones. En este contexto, el sol peruano ha ganado protagonismo, convirtiéndose en una moneda de referencia en el país altiplánico. Según informó el diario boliviano La Razón, esta divisa ha sido adoptada como una solución ante la creciente dificultad para acceder a dólares estadounidenses, lo que ha generado un aumento significativo en su demanda y valor en el mercado cambiario.
De acuerdo con el medio, la escasez de dólares ha impulsado a los comerciantes bolivianos a adquirir soles peruanos para luego cambiarlos por dólares en el Perú. Este fenómeno ha provocado que el valor del sol se dispare en las casas de cambio bolivianas, alcanzando precios muy por encima del tipo de cambio oficial.
Mientras que oficialmente 1 sol peruano equivale a 1,8 bolivianos, en el mercado informal la moneda peruana puede llegar a cotizarse cerca de 3 bolivianos, reflejando el impacto de la alta demanda.
El uso del sol peruano no solo responde a la necesidad de acceder a dólares, sino que también se ha convertido en una herramienta para obtener beneficios económicos. Los ciudadanos bolivianos encuentran más rentable comprar soles y luego cambiarlos por dólares en la frontera con Perú, en lugar de adquirir directamente la divisa estadounidense en el mercado paralelo.
Por ejemplo, para obtener S/100 peruanos, que equivalen a aproximadamente 26,7 dólares estadounidenses, un boliviano debe pagar 180 bolivianos al tipo de cambio oficial. Sin embargo, si opta por comprar dólares directamente en el mercado paralelo, el costo asciende a 320,4 bolivianos, lo que evidencia una diferencia significativa.
Además, el medio destacó que algunos sectores han comenzado a utilizar el sol como una forma de ahorro o como moneda para realizar transacciones comerciales. Este comportamiento ha fortalecido aún más la demanda de la divisa peruana, beneficiando a los librecambistas que operan en la frontera entre ambos países.
En su discurso, Arce reiteró el llamado realizado el pasado fin de semana al presentar la agenda del bicentenario, señalando la importancia de “suscribir un pacto social, un gran acuerdo social transversal” que impulse “la unidad y paz social luego de años de polarización que poco han contribuido al mejoramiento de Bolivia”.
Para el gobernante, el año será “desafiante” y “particularmente complejo” porque, además de celebrar el bicentenario de la fundación boliviana, en agosto también están previstos los comicios generales.
Luis Arce advirtió que las próximas elecciones generales enfrentarán “dos visiones de país incompatibles entre sí”. Según el mandatario, el proyecto “de izquierda” que promueve su Gobierno, con un Estado como principal protagonista, se opondrá al modelo “de derecha y ultra derecha”, que, en sus palabras, busca un retorno al “neoliberalismo”.
“Es decir, estarán confrontados la patria y la antipatria, el Estado Plurinacional y la república colonial, esos son los dos proyectos que se enfrentarán en las urnas el próximo mes de agosto”, expresó Arce al respecto.
“Es de esperarse que habrá conflictos en medio de un clima electoralizado, pero de lo que se trata es que estos conflictos no pongan en riesgo la democracia, la economía nacional, lo popular y la tranquilidad del pueblo boliviano”, señaló.
Cinco ejes para el pacto social
Arce esbozó cinco líneas generales para este acuerdo. En primer lugar, enfatizó la necesidad de completar la elección de magistrados en las regiones donde las elecciones judiciales de diciembre no se llevaron a cabo en su totalidad.
En el ámbito económico, el presidente abogó por la “industrialización con sustitución de importaciones” de los recursos naturales, especialmente el litio. Solicitó al Legislativo aprobar dos contratos con empresas chinas y rusas para implementar la técnica de explotación directa (EDL) del mineral, considerada clave para el desarrollo nacional.
En el terreno político, Arce instó a que este año electoral se piense “responsablemente” en el país, y se resguarden “las condiciones materiales y el ambiente político para que el próximo Gobierno que asuma lo haga en mejores condiciones”, aludiendo a las complicadas circunstancias en las que él tuvo que asumir la Presidencia en noviembre de 2020.
Será “clave” que dentro de este “pacto social” haya un compromiso “de todos los actores de velar por elecciones generales limpias y transparentes, y mantener el sistema democrático a toda costa”, añadió.
El mandatario también destacó la importancia del compromiso ambiental, pidiendo una mejor preparación para afrontar desastres naturales, como incendios forestales e inundaciones, que afectan recurrentemente a Bolivia.
Por último, Arce subrayó la importancia de defender el proyecto político del oficialismo, conocido como “proceso de cambio”. Según el presidente, este modelo ha sido clave para la refundación del Estado Plurinacional y su continuidad debe ser protegida frente a lo que calificó como “peligros internos y externos”.
Distanciamiento con Evo Morales
El Día del Estado Plurinacional se celebró en un contexto de tensiones dentro del oficialismo, marcadas por el distanciamiento entre Arce y el expresidente Evo Morales. Las diferencias entre ambos, agravadas por debates internos sobre la dirección del Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista, han generado divisiones en el partido de Gobierno. Morales lideró el país entre 2006 y 2019 y fue una figura central en la creación del Estado Plurinacional.
El presidente concluyó su intervención con un llamado a la unidad nacional, enfatizando que la estabilidad y el desarrollo de Bolivia dependen del consenso entre todos los sectores sociales y políticos del país.
Hoy me dirijo a ustedes con el alma llena de gratitud hacia Dios y hacia cada uno de aquellos que, con valentía y amor, han mostrado su solidaridad en estos tiempos oscuros. Ante el intento vil de lincharnos judicialmente, quiero que sepan: no estamos equivocados, estamos con la verdad y en el camino correcto. La defensa de nuestro litio es la defensa de nuestra esencia, de nuestras raíces, de nuestra identidad de nuestro futuro.
Este litio, que el gobierno intenta arrebatar de nuestras manos, es más que un recurso; es el latido de nuestra tierra, la sangre que corre por nuestras venas. Es el eco de nuestros ancestros, quienes protegieron nuestro salar con su vida, con su sacrificio. Cada grano de quinua, cada camélido que pisa nuestro suelo sagrado, nos recuerda que somos herederos de una historia de lucha y resistencia.
Este recurso es el futuro, es la esperanza de nuestros hijos y de las generaciones que vendrán. No dejaremos que un puñado de intereses mezquinos del gobierno lo enajenen. Nos intentan silenciarnos con amenazas y procesos armados, pero jamás lograrán apagar la llama que arde en nuestros corazones. Nuestra energía es un fuego indomable, forjado en la adversidad y la pasión por nuestra defensa de nuestros recursos naturales.
Es momento de unir nuestras voces, nuestras fuerzas. ¡No estamos solos! A cada rincón del país, llevemos este mensaje de unidad y determinación. Por nuestro litio, por nuestra patria, por nuestra dignidad, levantemos juntos un grito poderoso que resuene en cada rincon de nuestra patria.
No permitiremos que este gobierno maldito nos arrebate lo que nos pertenece. La lucha es nuestra, y con mor y coraje, venceremos cualquier arremetida. Juntos, como un solo pueblo, hagamos temblar los cimientos de la injusticia.
El momento de actuar es ahora. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la lucha por nuestro litio!
Con amor y firmeza, su compañera en la resistencia.
Yamile Cruz Tejerina
EJECUTIVA FRUTCAS
El dueño de Tesla y de la compañía de cohetes SpaceX llamó al presidente Javier Milei a poco de asumir la Presidencia y le manifestó su interés por el litio.
Declaró al elemento blanco plateado, que es el componente principal en las baterías de automóviles eléctrico, “el nuevo petróleo”.
La compañía norteamericana lleva mucho tiempo comprando litio a Argentina, que tiene las segundas mayores reservas del mundo, al albergar alrededor de 20 millones de toneladas en el territorio nacional.
Invertir en oro blanco
El dueño de Microsoft, asimismo, volvió a recomendar invertir en un mineral conocido como "el oro blanco" que, según valoró, tendrá un papel crucial en la transición hacia un futuro energético más sostenible.
El fundador de la reconocida empresa tecnológica emerge como una figura de gran relevancia en la lucha contra el cambio climático. Esta faceta la combinó con su perfil inversor, al apostar por empresas destinadas a la reducción de emisiones de carbono y a la transición hacia un futuro más sostenible.
El litio es un mineral con propiedades únicas, que dan pie a tecnologías como vehículos eléctricos y baterías de alta densidad energética.
La Argentina es una región clave para los planes de Gates con el litio, al igual que Musk.
En este sentido, Argentina emerge como una región estratégica, ya que alberga la segunda mayor reserva de litio en el mundo, solo por detrás de Bolivia.
En esta línea, el fondo Breakthrough Energy Ventures de Gates apunta el ojo a firmas que puedan mejorar la producción y el uso del litio, un componente clave para las tecnologías limpias.
Ronda de inversión
El multimillonario y filántropo entró en el negocio de desarrollo del litio en la Argentina liderando una ronda de inversión por u$s 20 millones a través de dos fondos, “Breakthrough Energy Ventures” y “The Engine”del MIT, para financiar a Lilac Solutions, una startup norteamericana que implementa nuevas tecnologías para eficientizar el uso del agua en los procesos de extracción minera.
La compañía norteamericana hizo las pruebas piloto en la Argentina a finales de 2020 junto a la empresa minera Lake Resources.
Elon Musk mostró un creciente interés en los minerales de América Latina.
Venía teniendo negociaciones con empresas que operan en Argentina, como la china Ganfeng o la estadounidense Livent, al considerar al litio un elemento crucial para la producción de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, lo que lo convierte en un recurso estratégico en la transición energética global.
El llamado “Triángulo del Litio”, que contiene el 68% de las reservas mundiales de ese mineral, según la CLACSO, se convirtió en un foco de atención para Musk, quien busca asegurar el suministro para sus fábricas de satélites y automóviles.
Esto hizo que Musk estableciera conexiones con líderes políticos en la región desde al menos 2019, como sucedió con Bolsonaro, entonces presidente de Brasil.
Leyenda de la libertad
En 2022 Musk lo nombró “la leyenda de la libertad” y lo condecoró, al mismo tiempo que cerraba un trato con la minera multinacional Vale S.A., con la que esperaba recibir níquel extraído del Amazonas para la producción de baterías para Tesla.
Consolidó, en esa dirección, relaciones con el presidente argentino Javier Milei, quien expresó su disposición a facilitar la inversión estadounidense en el sector del litio.
Sin embargo, aún no anunció la posibilidad de construir una fábrica de Tesla en Argentina, a pesar de que Milei intentó, a través de canales diplomáticos, atraer un negocio que oscila entre los USD $2000 y $3000 millones.
Metales críticos
En el caso argentino, el interés de Musk no solo se limita a la extracción de litio, sino que también abarca otros minerales críticos como el cobre, que es esencial para la infraestructura de sus motores y otros componentes para sus automóviles y satélites.
La Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda mundial de este metal relacionada con la transición energética pasó de 200.000 toneladas en 2021 a 325.000 el año pasado, y crecerá hasta 2,5 millones de toneladas en 2040.
Ante este escenario, Argentina –que es el cuarto productor a nivel mundial– hace tiempo que tiene el objetivo de multiplicar su actividad extractiva. Y lo quiere hacer, en gran medida, de la mano del capital extranjero.
Industria química de alta tecnología
De ser en décadas pasadas un mineral industrial utilizado para vidrio, cerámica y lubricantes con solo el 10% aprovechado en baterías, ahora es una industria química de alta tecnología donde se requiere un producto de litio de alta calidad con muy bajas impurezas, con un 55% de producción utilizada en baterías con el objetivo del 85% en los próximos 5 años».
La estrategia de Musk incluye diversificar las fuentes de suministro de litio para Tesla, que actualmente depende en gran medida de proveedores en Australia y China.
La empresa ya se benefició de la extracción de litio de yacimientos como El Salar del Hombre Muerto, en Argentina, donde la filial de la empresa Arcadium Lithium, de origen norteamericano y australiano explota el mineral. Esta empresa tiene un acuerdo con Tesla para el suministro de este insumo.
Arcadium Lithium está cuestionada en el país austral por haber secado una fuente de agua dulce de la que se abastecen campesinos de la zona, a pesar de haber construido una represa que proveía de agua a la mayoría de los poblados de la región.
Triángulo del litio
Chile, Bolivia y Argentina forman los tres vértices del triángulo del litio, una región que concentra alrededor de la mitad de las reservas conocidas de este metal en todo el mundo, según datos del servicio geológico de Estados Unidos.
Además, son reservas de alta calidad y fácil acceso, ya que el litio está disuelto en salmueras, aguas con alta concentración de sal características de los salares andinos.
De hecho, una estimación de la Universidad Nacional de La Plata señala que el triángulo concentra el 85% de las reservas de litio de fácil extracción del planeta.
En Argentina, estas reservas se concentran en las provincias de Catamarca (Salar de Hombre Muerto, Salar de Antofalla), Salta (Salar del Rincón) y Jujuy (Salar de Olaroz, Salar de Cauchari).
Existen más de 40 proyectos mineros en diferentes fases de tramitación apoyados por gigantes de la industria automovilística, de los combustibles fósiles y de los componentes electrónicos de Estados Unidos, Europa, China, Japón y Australia.
La alocución de Arce se construyó con ideas extremas de lo que es el país y de lo que se puede esperar en esta nueva etapa electoral: la patria y la antipatria, el Estado Plurinacional y la República, la izquierda y la derecha, el socialismo y el neoliberalismo.
En entrevista con Bolivia Verifica, cuatro expertos analizan el discurso presidencial. Uno de ellos considera que Arce mostró, básicamente, un perfil electoralista, pero los otros advierten que su mensaje tiene la clara intención de mantener dividida a la ciudadanía. Dos coinciden en que retomó las narrativas que el oficialismo instaló en la opinión pública a lo largo de los últimos 19 años para mantenerse en el poder.
Pero ¿qué dijo exactamente el primer mandatario? En su discurso de 16 minutos, Arce empleó la mitad de su intervención para referirse a este tema. De inicio, recordó que el 18 de enero llamó a todos los actores de la política boliviana a «consolidar un pacto social», pero luego dijo lo siguiente:
“Es importante que el pueblo boliviano identifique que en las próximas elecciones presidenciales hallaremos dos visiones de país incompatibles entre sí: un proyecto de país, el nuestro, de izquierda, que defiende a todas las bolivianas y bolivianos, protegiendo especialmente al más humilde, al más pobre, que representa lo nacional-popular, que defiende una amplia participación del Estado y que protege a la población con derechos económicos y sociales, con leyes y bonos, versus otra visión de país, encarnada en la oposición, de derecha y ultraderecha, que propone la privatización de las empresas estatales y arrancar a los trabajadores beneficios conquistados en los últimos años retornando al neoliberalismo en su nueva versión. Es decir, estarán confrontados la patria y la antipatria. El Estado Plurinacional y la República Colonial», sentenció la primera autoridad del país.
Acto seguido, habló de trabajar de manera colectiva y en unidad con todo el pueblo boliviano, con los sectores sociales y especialistas «diseñando un plan de gobierno 2025-2030 antes de ser presentado a la población».
El mensaje presidencial también fue difundido desde la cuenta de «Lucho Arce» en Facebook y el contenido del análisis se encuentra en el minuto 1:35:01.
Discurso polarizante
Las narrativas polarizantes y el discurso de odio son todo acto comunicacional (verbal, visual o escrito) usado con la finalidad de atacar a una persona o un grupo de personas por razones de clase, raza, origen o identidad, entre ellas la identidad ideológica. La finalidad es deslegitimar, excluir y dividir a la opinión pública con información que puede estar cargada de falsedades, engaños o estereotipos. Según Naciones Unidas, esta práctica no condice con una democracia plural.
Además, todo lo que las figuras públicas digan tiene un alto impacto en la sociedad, considerando que son líderes de opinión.
¿Y qué opinan los expertos? Para el analista político Marcelo Arequipa, lo que Arce hizo fue «hablar como un candidato», dirigiéndose a los opositores que han comenzado a reivindicar la idea de recuperar la república.
«Hay dos identidades fuertemente arraigadas en el país: el masismo y el antimasismo. Me da la impresión de que es más bien un guiño electoral a los opositores. En todo caso, esto refuerza la postura tradicional de la izquierda del Movimiento Al Socialismo (MAS)», opina Arequipa.
La abogada y experta en Derechos Humanos Gisela Derpic Salazar considera que el presidente está reactivando la polarización y las diferencias entre la ciudadanía, apelando «al odio y a la confrontación entre los bolivianos de manera visceral y con pretextos».
«Eso le funcionó al MAS y le funcionó muy bien a comienzos de los años 2000, cuando finalmente asciende al poder en 2006. Pero a estas alturas podríamos decir que es un discurso trasnochado, distractivo y muy mal intencionado», agrega.
Para Derpic, el «arcismo» está queriendo sacar fuerzas de flaqueza y «el mejor recurso para ello son aquellos viejos odios y rencores».
El analista Rolando Schrupp apela a la doctrina estalinista para explicar lo que el presidente pretende con su discurso. Siempre debe haber tres enemigos, dice: el interno, el externo y el histórico. «De esa manera, y bajo la lógica dialéctica marxista, la revolución está siempre amenazada y el estado de necesidad es permanente».
Schrupp explica que discursos como el de Arce son propios de los gobiernos socialistas, que no buscan el diálogo sino la imposición y que no reconocen la evidencia empírica ni la razón. Por el contrario «embaten con violencia discursiva, simbólica y física».
El experto considera que Arce atribuye a los fallos de su gestión. «Se victimiza para no aceptar la necesidad de corregir sus errores y más bien continuar por el camino de la imposición y el desastre. Lo único que persigue el socialismo es reinstalar una monarquía donde los gobernantes son dueños de todo», opina.
«La realidad no es una lucha de ‘buenos’ contra ‘malos'»
Para Ana Lucía Velasco, cientista política y experta en procesos de paz, la forma en que el jefe de Estado se refirió a la población «es el típico discurso polarizante».
La especialista describe que la base de un discurso de esta naturaleza es convencer a quienes lo escuchan de que «la realidad es una lucha de buenos contra malos». En palabras del presidente, «entre quienes protegen a los más pobres y humildes y entre quienes hacen todo lo contrario».
Cuando la ciudadanía recibe constantemente este tipo de mensajes se ve orillada a elegir un bando, es decir a ser parte de los buenos o de los malos, añade Velasco. «Por eso, cuando alguien asume una postura intermedia les molesta tanto, porque al hacerlo complejiza esta supuesta realidad, no entra en el juego de los polarizantes, es capaz de criticar las posturas, pero también de destacar lo bueno».
La también coordinadora del Proyecto Unámonos recuerda que la historia deja en evidencia que donde hubo un discurso de odio «efectivo» terminan sucediendo hechos como una guerra civil. «La gente que cree estos discursos no es un monstruo, es solo gente que termina convencida de estas narrativas y toma acciones difíciles de creer».
En criterio de Velasco, no extraña que este tipo de narrativas afloren en año electoral, pero reflexiona en sentido que «desde la sociedad civil no podemos dejar que se insulte nuestro intelecto y nuestra inteligencia emocional. Deberíamos poder decir ‘¡basta de dividirnos entre buenos y malos!'»
Los analistas coinciden en que este discurso fomenta la polarización en el país y promueve narrativas de odio y confrontación.
En cuanto al panorama ambiental de las áreas naturales protegidas en Bolivia la situación es alarmante. La minería ilegal, los incendios forestales, las obras de infraestructura, la deforestación, y los avasallamientos que sufren por parte de terratenientes menonitas son algunas de las amenazas que enfrentan.
Bolivia: áreas naturales protegidas
Una nueva crisis remece el sector ambiental en Bolivia. El último jueves 16 de enero fue destituido el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, tras una serie de denuncias por presuntas irregularidades y uso indebido de bienes del Estado. Un día antes, el miércoles 15, Humberto Alan Lisperguer, ministro de Ambiente y Agua también había sido destituido en medio de un escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada.
La salida del director de Sernap ocurre tras dos semanas de tensión en el sector debido a una serie de despidos de guardaparques y directores de áreas protegidas que ejecutó Johnson Jiménez el último día de 2024 y que han sido catalogados de injustos. Ese 31 de diciembre Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni; Guido García Carballo, director del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran Chaco; Aníbal Alfaro, director de la Reserva de Sama; y Gonzalo Gutiérrez, director del Parque Nacional Sajama, recibieron un memorando que les anunciaba su destitución.
Tras los despidos en las áreas naturales protegidas, diversas instituciones y gremios de guardaparques de las áreas protegidas emitieron comunicados rechazando las destituciones de sus colegas, que consideraban injustas. Además, en todos los pronunciamientos se solicitaba una auditoría integral, imparcial y transparente de Sernap, así como la renuncia de Johnson Jiménez.
Despidos injustificados
“Esta persecución venía de hace bastante tiempo atrás por el tema de minería ilegal y el seguimiento del tráfico de colmillos de jaguares”, dice Uzquiano a Mongabay Latam sobre los motivos que impulsaron su salida. Uzquiano, quien también es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac), ha denunciado, en varias oportunidades, las amenazas a las que están expuestas las áreas protegidas en las que trabajaba, principalmente la presencia irregular de minería aurífera que ocurre en el Madidi.
Estas acciones en defensa del medio ambiente le costaron su trabajo en una anterior oportunidad, en 2015, pero tras un proceso legal logró regresar a su puesto. En esta oportunidad, y tras un recurso legal presentado por laDefensoría del Pueblo, Uzquiano también ha sido restituido. El 13 de enero, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz falló a favor del guardaparque y ordenó su reincorporación inmediata al considerar que su desvinculación constituyó un acto de hostigamiento.
La institución de Justicia también determinó que se establezcan “medidas de protección a favor de Marcos Enrique Uzquiano Howard, cuando se pretenda amedrentar u hostigar su labor como Jefe de Protección de la Reserva Biosfera Estación Biológica del Beni”, según dijo el magistrado durante la audiencia.
Luego de la decisión de la Sala Constitucional, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que la sesión fue histórica y que marcó “un hito en la defensa de la Madre Tierra y de los derechos ambientales”. Callisaya también destacó que la Sala Constitucional haya reconocido “que los defensores de derechos humanos en materia ambiental gocen de una protección especial y que en el ejercicio de esa función no puedan ser objeto de ningún tipo de hostigamiento”.
Uzquiano también enfrenta una demanda administrativa por parte de Sernap. “Realmente es una persecución constante y creo que lo mío ya no es un caso aislado. Hay un manejo oscuro de las áreas protegidas, contaminado con indicios de corrupción”, comentó.
Uzquiano señala que entre las causales por las que se le abrió el proceso administrativo figuran las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales, como la alerta que lanzó por los incendios forestales de 2024 en el Parque Nacional Otuquis o la denuncia sobre la muerte de un jaguar presuntamente atropellado y descuartizado dentro de una empresa china en Cochabamba.
Sin embargo, para Uzquiano las razones de su despido se debe principalmente a las denuncias que ha hecho contra la presencia de extracción minera y otras actividades ilícitas que ocurren dentro de las áreas protegidas. En 2023, Uzquiano y el guardaparque Raúl Santa Cruz fueron acusados de difamación por los mineros que operaban en el Parque Nacional Madidi, luego de que publicara en sus redes sociales sobre el ingreso de una gran caravana de maquinaria pesada en el Madidi. En esa oportunidad ambos fueron absueltos.
Guido García Carballo, director del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran Chaco, es otro de los directores de área protegida que ha sido destituido de su cargo. “He sido maltratado en muchas oportunidades”, comenta en conversación con Mongabay Latam. García recuerda que en 2017 también fue despedido cuando era director del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao, pero tras una serie de protestas fue restituido en su cargo.
Actualmente García ha presentado un recurso de reconsideración para ser restituido en su puesto y espera que los resultados sean favorables, como han sido con Uzquiano. “Mis derechos han sido violentados. Ha sido totalmente ilegal que me envíen la notificación [de despido] vía la aplicación WhatsApp cuando yo estaba todavía de vacaciones”, asegura García sobre su destitución.
El ex director del Kaa Iya también habla sobre las carencias que enfrentan los guardaparques para realizar sus labores. “No tenemos fondos para la logística, los vehículos están en malas condiciones y tenemos que estar todo el tiempo gestionando fondos para que los reparen. Generalmente son las instituciones de la cooperación internacional las que nos ayudan”. García también señala que los recursos internacionales se han reducido en los últimos años.
García menciona que el Parque Nacional Kaa Iya enfrenta serias amenazas, como la presencia de nuevos asentamientos interculturales y el tráfico de tierras en el entorno del área protegida. “Hay muchas actividades ilícitas que hemos denunciado y parece que nuestras denuncias afectan a ciertos intereses, por eso toman ese tipo de decisiones”.
La crisis que enfrenta el sector ambiental y sobre todo las áreas naturales protegidas no es reciente. En enero de 2021, un despido masivo de directores en las áreas naturales protegidas también causó rechazo en Bolivia. En ese momento 18 directores de áreas protegidas y siete jefes de protección, además de personal técnico especializado del Sernap, fueron despedidos.
Las autoridades estaban alertadas
El jueves 16 de enero, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien de manera interina ha asumido el ministerio de Ambiente y Agua, ordenó la destitución de Jhonson Jiménez, director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Su salida se debe a las recientes denuncias sobre el uso de bienes y personal del Estado para supuestos fines privados e incluso la organización de presuntas fiestas.
Estas acusaciones se suman a otras denuncias por irregularidades en el manejo de Sernap. La senadora Cecilia Requena señaló que se trata de un logro de la movilización ciudadana y ambientalista. “Hemos estado pidiendo esta destitución por varios indicios de malos manejos en el Sernap”, dijo Requena, y mencionó la carta que la Unión Europea envió a inicio de 2024 para pedir información a Sernap sobre posibles irregularidades. “Hay evidencias enormes de que ha habido una red de corrupción grande, por eso, me parece bien que se intervenga y que se haga una investigación a fondo sobre el tema”, agregó la senadora.
En febrero de 2024 la Unión Europea (UE) envió una carta a Sernap para transmitir su “preocupación por supuestos casos de irregularidades en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas”. En el documento, la UE solicita que se le informe de “posibles irregularidades y casos de fraude detectados en la gestión de ambos convenios con la UE, así como de las medidas mitigantes adoptadas por su Ministerio para la prevención y/o corrección de las mismas”. Se refiere a los convenios “Adaptación al cambio climático mediante la gestión y gobernanza de cuencas hidrográficas, bosques y gestión de riesgos de desastres” y “Gestión integral del agua y recursos naturales”.
La destitución del ministro de Ambiente y Agua, Humberto Alan Lisperguer, agrava aún más la situación del sector en Bolivia. Lisperguer ha sido acusado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación por los supuestos delitos de corrupción y falsedad en la declaración jurada de bienes.
Según la acusación, Lisperguer cuenta con nueve inmuebles que no fueron registrados en su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, además de que recibió más de un millón de bolivianos en sus cuentas bancarias, cifra que no coincide con sus ingresos como funcionario público, informó el fiscal anticorrupción, Miguel Cardozo.
“Luego de haberse hecho pública la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda. Confiamos en que la Justicia investigará los hechos y pormenores del caso para dar su veredicto. Nuestro gobierno, en cumplimiento al mandato del pueblo, no tolerará ningún indicio o acto de corrupción”, señaló el presidente de la República, Luis Arce, luego de dictar la destitución del funcionario del sector ambiente.
Áreas protegidas en peligro
“La principal amenaza para las áreas protegidas es la minería ilegal”, dice Uzquiano sobre los riesgos que enfrentan las zonas de conservación. “Cuando vamos a una zona donde están los mineros, dicen que tienen convenio con las autoridades de arriba y que les han dicho que trabajen nomás, que no va a pasar nada. Nosotros nos exponernos para hacer cumplir las normas ambientales y hay gente que está en niveles jerárquicos que está transando con nuestro servicio”, cuestiona el guardaparque.
“Hay un fomento de la minería dada la situación económica crítica que está atravesando Bolivia y cierto permisivismo estatal de las actividades mineras, muchas de ellas ilegales. Hay un fuerte acecho a las áreas fiscales disponibles y a las que están en reservas y áreas protegidas”, agrega el jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni.
Ruth Alipaz, lideresa del pueblo indígena Uchupiamona y dirigente de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), señala que las políticas del Gobierno que no benefician a las áreas protegidas vienen desde hace muchos años atrás. “Si hacemos un recuento de cómo se ha venido debilitando la protección de los espacios protegidos vemos que cuando Evo Morales asumió la Presidencia empezó a poner en los altos cargos del sector ambiente a personas que eran afines al partido del Gobierno y no a personas que conocieran sobre la necesidad de proteger el agua o proteger el medio ambiente”.
Alipaz agrega que en los últimos 20 años se han cambiado las políticas públicas sobre las áreas protegidas. “Han cambiado los planes de manejo de las áreas protegidas, han flexibilizado la consulta previa y las han abierto para exploraciones petroleras. El Madidi está siendo invadido por la minería. Ellos (el Gobierno) tienen que responder a sus bases de interés político y cederles espacios”. La lideresa indígena cree que existe interés por parte del Gobierno por “desaparecer las áreas protegidas”.
Erick Frontón Rojas, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), señala que constantemente se hacen denuncias sobre la presencia de minería dentro de las áreas protegidas, así como por el interés del Gobierno de querer habilitar carreteras y entregar concesiones para hidrocarburos en estas zonas de conservación.
“Hay cambios constantes en la normativa, uno de los más preocupantes se dio en 2018, cuando se cambió la reglamentación sobre las actividades, obras y proyectos que se pueden realizar dentro de las áreas protegidas. A partir de entonces se ha visto una arremetida sobre las áreas protegidas”, señala Frontón Rojas.
El investigador de Cedib también cuestiona las presiones que ejerce el sector minero para operar dentro de las áreas protegidas. “Se ven irregularidades en las aprobaciones que se dan a los sectores interesados en operar dentro de las áreas protegidas”. En el caso de la minería aurífera, dice Frontón, el Gobierno no da respuestas sobre cómo atenderá, por ejemplo, a las poblaciones y comunidades indígenas afectadas por el uso del mercurio en la actividad minera. En cuanto a los hechos de corrupción que rodean al sector ambiental, Frontón señala que estas acciones “parece que forman parte de una estructura que está incrustada en el sector”.
La fiebre hemorrágica del Chapare es una enfermedad viral aguda causada por el virus Chapare. El virus se identificó por primera vez en 2003 en Bolivia y hasta la fecha se ha asociado con cinco brotes documentados, todos ellos ocurridos dentro del país.
Estos brotes han afectado principalmente a las zonas rurales del departamento de La Paz, como este último caso.
No existe un riesgo significativo de propagación internacional de la enfermedad, ya que la transmisión de persona a persona del virus del Chapare es posible, pero sigue siendo poco frecuente en la población general.
Al 13 de enero de 2025, no se han notificado casos secundarios y todos los contactos siguen sin presentar síntomas. Se han aplicado medidas de salud pública, como la desinfección y el control de roedores.
El paciente es un agricultor adulto de sexo masculino de entre 50 y 60 años. presentó síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones y sangrado de encías el 19 de diciembre de 2024 y buscó atención médica el 24 de diciembre. El 30 de diciembre fue trasladado al Centro de Salud local del municipio debido al empeoramiento de los síntomas, donde falleció el mismo día. Se recogieron muestras de sangre el 30 de diciembre antes de su muerte y se enviaron al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP), que confirmó la detección de CHAPV mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR específica para CHAPV) el 2 de enero de 2025.
Una investigación epidemiológica reveló factores de riesgo significativos para la transmisión de enfermedades zoonóticas, incluida una infestación grave de roedores en la casa del paciente y sus alrededores. Las condiciones ambientales, como la vivienda de madera y metal corrugado, los pisos de tierra y las plantaciones de cocoteros peridomésticos, crearon un entorno propicio para la actividad de los roedores. La ocupación del paciente como agricultor probablemente implicó la exposición a madrigueras de roedores, lo que aumentó aún más el riesgo de infección.
Actualmente, se sabe que la enfermedad solo ocurre en Bolivia. En los últimos 20 años, se han documentado cuatro brotes en el país. El primero se notificó en 2003 en la provincia de Chapare, departamento de Cochabamba, con un solo caso mortal. En 2019, se produjo un segundo brote en el departamento de La Paz, que dio lugar a nueve casos, incluidas cuatro muertes (tasa de letalidad: 60%). Este segundo brote fue causado por una cepa diferente a la identificada en 2003. El tercer brote tuvo lugar en 2021 en el departamento de La Paz, con tres casos confirmados (dos mortales). El brote más reciente ocurrió en 2024 con un caso confirmado por laboratorio, también en el departamento de La Paz.
Las autoridades interceptaron dos camionetas en Atico, provincia de Caravelí, que trasladaban un cargamento de 95 kilos y 600 gramos de clorhidrato de cocaína pura.
Los paquetes, marcados con un logotipo de un caballo Ferrari, estaban ocultos en compartimentos secretos dentro de los vehículos.
El operativo, liderado por el Frente Policial Vraem y el Destacamento de Control de Carreteras, permitió la captura de tres presuntos integrantes de esta red: Richard David Vicaña Huamani, alias ‘Bombo’; Alin Roy Gálvez Santos, alias ‘Alin’; y Roy Helio Ruiz Mallqui, alias ‘Suri’.
Además de la droga, se incautaron municiones, dinero en efectivo y documentos relevantes para las investigaciones.
“Estos narcotraficantes acopian, comercializan y transportan la droga a Bolivia, vía Desaguadero. Tienen conexiones con una mafia internacional”, explicó el coronel Pedro Washington Solorzano Niño de Guzmán, jefe de inteligencia del Frente Policial Vraem.
El oficial confirmó que la ruta, que inicia en la selva central peruana, bordea la Panamericana Sur y elúde controles policiales antes de llegar a Bolivia, donde el precio de la droga se triplica.
Fuentes internacionales especializadas en narcotráfico destacaron que este corredor forma parte de una red transnacional que vincula a grupos delictivos de Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y México.
PNP investiga nueva modalidad
“Hoy son redes del crimen organizado que se asocian para maximizar ganancias”, advirtió una de estas fuentes.
La investigación también reveló que los traficantes burlaron al menos ocho controles policiales antes de ser detenidos.
Las camionetas utilizadas, modelos Hilux adaptados con “caletas”, reflejan la sofisticación con la que estas mafias operan en la región.
“El uso de vehículos modernos y compartimentos secretos muestra cómo se están adaptando las organizaciones criminales para evadir a las autoridades”, indicó el coronel Solorzano.
La Aduana Nacional boliviana informó a la opinión pública que no existe ninguna instalación de enmallado en territorio boliviano por parte de Chile en las cercanías del Hito 31, ubicado en Pisiga, Oruro, como se afirma de manera malintencionada en un video difundido en redes sociales.
“Se aclara que el mencionado enmallado fue construido dentro del territorio nacional por la Aduana Nacional y el Ministerio de Defensa, como medida preventiva para evitar asentamientos humanos y construcciones no autorizadas y combatir los ilícitos transnacionales en la zona de alta vigilancia correspondiente a los 100 metros próximos a la línea de frontera”, explicó la Aduana boliviana a través de un comunicado.
Además, agregaron que el límite internacional está claro por ambas partes con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que determina la frontera de ambos países en el Hito 31.
“Reiteramos a la población que el territorio boliviano y sus límites son resguardados por las entidades responsables de la gestión y control en las fronteras, las cuales cumplen su misión con compromiso, dedicación y amor por el país”, finalizaron el comunicado.
Consultado sobre lo que haría con los inmigrantes irregulares si fuera presidente, Kast respondió: “Primero, los dejo detenidos, retenidos o acogidos en un lugar para que ellos mismos deseen irse, porque así como llegaron a Chile, pueden irse a Bolivia“.
“Y si Bolivia no los quiere recibir, le vamos a decir a los bolivianos: “¿Usted quiere usar nuestros puestos? No los va a poder usar. ¿Usted quiere usar nuestras carreteras? No las va a poder usar”. ¿Por dónde entraron estas personas? Por Bolivia. ¿A dónde se van a ir? A Bolivia“, añadió.
“Que entren irregularmente a Bolivia”
En esa línea, el líder de republicanos confirmó que presionaría a Bolivia. “Y que me lleven a La Haya o a cualquier tribunal internacional, porque ellos nos están destruyendo a través de una migración que saben que a nosotros nos complica”, sostuvo.
“Si abrimos un centro de detención o un centro de acogida a refugiados, al día siguiente va a haber un flujo migratorio hacia Bolivia o Perú. Y así como entran irregularmente a Chile, que entren irregularmente a Bolivia. Me da lo mismo, pero que se vayan", cerró José Antonio Kast.
El uso del gasoducto norte para traer gas desde Bolivia genera interrogantes sobre la veracidad de los anuncios oficiales. Si actualmente se utiliza para la importación, ¿qué se inauguró realmente cuando se presentó como una obra completada en tiempo récord? Cabe destacar que un gasoducto no puede cambiar de dirección fácilmente; si el flujo se dirige desde Bolivia a Argentina, no es posible revertirlo de forma inmediata.
En su momento, expertos y este medio ya habían advertido que la obra de reversión estaba lejos de estar concluida. Incluso, una nota de mediados del año pasado anticipaba que, debido a la falta de financiamiento para obras estratégicas, el país dependería de costosas importaciones de gas, superando ampliamente el costo de completar estas infraestructuras. Así surge una pregunta fundamental: ¿cuáles fueron los cálculos del gobierno que llevaron a esta situación de carencia de obras y dependencia de gas importado?
A esto se suma el anuncio reciente del gobierno de Chile sobre un acuerdo con Argentina para la exportación de gas natural mediante el gasoducto NorAndino. Paradójicamente, Chile no es un país productor de gas: importa GNL, lo regasifica en el puerto de Mejillones y lo envía a Argentina, obteniendo márgenes de ganancia considerables.
Mientras tanto, el gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno por la administración actual, fue construido para transportar gas de Vaca Muerta y reducir la dependencia de importaciones. Sin embargo, opera actualmente a un tercio de su capacidad: puede trasladar 22 millones de metros cúbicos diarios, pero solo transporta 15 millones. Esta subutilización contrasta con las necesidades del sistema energético y los altos costos de las importaciones.
La situación es alarmante: el gobierno está pagando por gas importado valores varias veces superiores a los del gas producido localmente, a pesar de que el sistema cuenta con capacidad ociosa para bombear más gas desde Vaca Muerta.
Según el Ministerio de Energía de Chile, entre enero y septiembre, Argentina podría recibir hasta 2,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, totalizando un máximo de 117 millones de metros cúbicos en ese período. Esta operación ha generado sospechas debido al elevado precio del gas, que Chile compra como GNL y revende a Argentina. Ya existen antecedentes de irregularidades en esquemas similares, como las triangulaciones ocurridas entre 2016 y 2018, cuando se pagaron importaciones hasta un 128% más caras que el gas boliviano.
Vaca Muerta, reconocida como la segunda reserva mundial de shale gas, tiene un enorme potencial. Si bien exportar gas en forma de GNL requiere grandes inversiones a largo plazo, el transporte de gas natural a través de los gasoductos ya existentes no presenta estas barreras. Sin embargo, las políticas actuales han dejado estas infraestructuras incompletas o infrautilizadas.
El 4 de noviembre, funcionarios del gobierno participaron de un acto en Córdoba para “inaugurar” la reversión del gasoducto norte. Sin embargo, a menos de tres meses de ese anuncio, el país se encuentra importando gas, lo que confirma que la obra no fue finalizada. Además, el gobierno también negocia la renovación de compras de gas boliviano, a precios que duplican los acordados por la gestión anterior.
Especialistas del sector señalan que revertir el flujo de un gasoducto es un proyecto complejo que requiere obras de ingeniería significativas. Por lo tanto, si el gas sigue fluyendo desde Bolivia, es evidente que la reversión no está terminada.
La continuidad de las importaciones de gas, junto con el pago de precios desproporcionados, revela serias deficiencias en la gestión de la política energética. El propósito original del gasoducto Perito Moreno, diseñado para aprovechar los recursos de Vaca Muerta y reducir costos, ha sido desvirtuado por una falta de planificación estratégica. Así, queda abierta la pregunta de fondo: ¿cuál es la verdadera lógica detrás de estas decisiones?
“Si la condición extrema fuera eso, sí”, respondió el jefe de Estado a la pregunta de si Argentina se saldría del Mercosur para concluir un acuerdo con Estados Unidos.
Las declaraciones de Milei se produjeron durante un evento organizado por la agencia Bloomberg, al margen del Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en la ciudad suiza de Davos.
El dirigente ultraliberal argentino anunció en diciembre que buscaría impulsar un tratado de libre comercio con Washington en 2025, año de la llegada de Donald Trump a la presidencia.
“Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la posibilidad de abordar un tratado de libre comercio” con EEUU, afirmó Milei, dos días después de haber asistido a la ceremonia de investidura de Trump, su aliado.
Milei no aclaró si negociará este acuerdo solo o con sus socios del Mercosur, que teóricamente no permite ninguna negociación bilateral sin el acuerdo de los otros miembros.
Las discusiones entre Uruguay y China suscitaron en 2022 la oposición de los otros miembros.
“Digamos hay mecanismos por los cuales se puede hacer estando dentro de Mercosur”, aseveró Milei.
“Así que nosotros decimos que se puede lograr sin tener que abandonar lo que se tiene en materia de Mercosur”, añadió.
El presidente argentino aseguró estar trabajando con los países del bloque “para que no sea un impedimento para avanzar hacia el libre comercio”.
El Mercosur se creó en 1991 y reúne a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y desde 2023 Bolivia. Venezuela quedó suspendida en 2016.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en diciembre la conclusión de las negociaciones para un acuerdo entre la Unión Europea y el bloque, que aún debe ser ratificado.
Pero varios países no están satisfechos con el acuerdo, entre ellos Francia, que busca reunir a otros países europeos para bloquear su ratificación.
La formación reunió a 37 líderes comunitarios y se centró en facilitar herramientas esenciales para la planificación y el diseño de proyectos. Ross ofreció consejos para distinguir entre metas, objetivos, actividades y tareas. También abordó la capacidad de trabajar en un ámbito multisectorial e interdisciplinario.
“Un proyecto debe surgir de las necesidades de nuestra comunidad”, afirmó Ross. “Esto implica que estamos conectados y que conocemos los problemas y las soluciones”.
Ross también dijo que un proyecto debe responder a una necesidad específica o lograr un objetivo establecido. “Por ejemplo, existe una ley sobre mecanismos de protección social para las personas con VIH y con discapacidad, pero no se cumple, entonces hacemos un proyecto para que se aplique”, indicó. “¿Qué debe cambiarse y cómo?”
Asimismo, propuso analizar el reparto de poder. “¿Quién tiene el poder de decidir, de lograr el cambio deseado?”, preguntó. “¿Quién gana y quién pierde?”.
En su discurso en el museo de arte, Ross felicitó a los organizadores por la iniciativa de reflexionar sobre los cuarenta años de respuesta al VIH en Bolivia. El acto de clausura reunió a más de 200 personas.
“Celebremos los logros, pero no pensemos que la epidemia ha terminado”, observó. “Bolivia sigue enfrentándose a grandes desafíos a la hora de dar una respuesta al VIH”, dijo, mencionando el estigma y la discriminación que dan lugar a depresiones crónicas, falta de autoestima, aislamiento, y maltrato por parte de las familias, las parejas, los empleadores, los compañeros de estudio y los vecinos.
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