MAR: CHILE INCUMPLE TRATADO DE 1904 Y BOLIVIA RATIFICA DERECHOS

El Gobierno denunció que Chile incumple el Tratado de 1904, una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Convención de Ottawa, y ratificó que mantendrá la línea del diálogo pero preservando su derecho pacífico de acudir a cortes internacionales para lograr una salida soberana al océano Pacífico.
Las declaraciones fueron formuladas por el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Rubén Saavedra, luego que el canciller chileno, Alfredo Moreno, dijera que su país no le debe nada a Bolivia.“Chile no le debe nada a Bolivia”, dijo Moreno en una entrevista con el periódico chileno El Mercurio, e insistió en que la condición esencial para avanzar en el diálogo con Bolivia es que el país respete el Tratado de 1904 (el cual selló el encierro geográfico de Bolivia y la pérdida del litoral).
En respuesta, Saavedra explicó ayer que ese Tratado no es cumplido por el país vecino.
Puso como ejemplo que ese pacto establece que Chile debe permitir el libre tránsito de Bolivia por los puertos al Pacífico, pero no lo hace.
“La administración de estos puertos fue privatizada por Chile y el concesionario privado periódicamente modifica las tarifas portuarias, lo que implica un perjuicio cada vez mayor para las empresas bolivianas”, dijo.Explicó que hace seis años Bolivia pidió el uso del puerto de Iquique, pero Santiago no acepta.
Otra muestra de incumplimiento chileno se refiere a la vigencia del Ferrocarril Arica-La Paz (comprometido por Chile en el Tratado de 1904), que no opera desde hace 16 años.
Saavedra recordó que La Moneda (Palacio presidencial de Chile) también incumple la resolución de la OEA de 1979, “que establece y recomienda que Bolivia y Chile deben negociar para permitir que Bolivia pueda tener un acceso soberano al océano Pacífico, sin compensación territorial”.
“Éste también es un ejemplo de que efectivamente existe un litigio y conflicto pendiente entre los dos países”, dijo Saavedra tras sostener una reunión con ex cancilleres bolivianos.
Recordó que el vecino país también incumple la Convención de Ottawa, que ordena que aquellos países que hubieran sembrado minas antipersonales deben retirarlas hasta el 1 de marzo de 2012. Santiago mantiene minada la frontera con Bolivia.
“Eso muestra que Chile está incumpliendo obligaciones establecidas en el contexto del derecho internacional, con compromisos asumidos ante la ONU del desminado de la frontera con Bolivia, y eso nos parece ejemplo muy claro de que ese país no cumple sus compromisos”, añadió. “Decir que entre Bolivia y Chile no existe ningún problema, que no existe ninguna deuda, es desconocer la historia”, aseveró el jefe de Diremar.
DIÁLOGO Y DERECHOS
Destacó el “derecho que tiene Bolivia de volver al mar”, situación que se resolverá en el marco de la Ley Fundamental, “ya sea a través del diálogo bilateral o por lo anunciado el 23 de marzo de este año, de acudir a los tribunales internacionales. En ambos casos son vías pacíficas de solución de este conflicto y no se contraponen entre sí”, sostuvo.
Recordó que una resolución de la ONU establece que “ningún Estado debe ver como gesto inamistoso que otro acuda a organismos o tribunales internacionales para la solución de los conflictos, y eso es lo que está haciendo Bolivia”.
“Bolivia está actuando en el marco del derecho internacional, anunciando su derecho de acudir a tribunales internacionales, sin descartar ni descuidar el diálogo bilateral”, explicó Saavedra.
Acuerdos incumplidos por el palacio de La Moneda
Tratado de 1904: Chile debe permitir a Bolivia el libre tránsito al océano Pacífico; sin embargo, pese a la solicitud realizada por el país, hasta hoy no se ha dado una respuesta positiva. Al contrario, se ha privatizado la administración del puerto de Arica. El país pidió usar el puerto de Iquique, pero Santiago no dio una respuesta contundente al respecto.
El ferrocarril Arica-La Paz, cuyo funcionamiento está establecido en el tratado, no opera desde hace 16 años, lo que causa graves perjuicios a la economía boliviana.
Resolución de la OEA: En 1979, la OEA dictó una resolución que establece que ambos países deben negociar para permitir que Bolivia pueda tener un acceso al Pacífico. Chile la ignora.
Loaiza observa postura rígida de Santiago
El ex canciller boliviano Armando Loaiza observó la posición rígida asumida por Chile.
“Hay que admitir que Chile, a partir del 23 de marzo, ha puesto rígida su posición. Está con un discurso y una posición muy dura, al punto de desconocer el hecho de que se pueda tratar el tema de revisión de tratados; desconocer que haya un argumento jurídico para que Bolivia reclame su reintegración marítima”, aseguró el diplomático.
La ex autoridad, junto a los también ex cancilleres Javier Murillo, Carlos Iturralde y Édgar Camacho, se reunió ayer con el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Rubén Saavedra, y con el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.
Loaiza recordó que ambos países intercambian aproximadamente 1,8 millones de toneladas de productos y mercancías, hecho que, en su opinión, es inédito.





GOBIERNO DE BOLIVIA LE REPLICA A CHILE QUE SÍ LE DEBE UNA SALIDA SOBERANA AL MAR

De paso, el director de Reivindicación Marítima de la Cancillería, Rubén Saavedra, acusó a nuestro país de no cumplir el Tratado de Paz y Amistad de 1904, por ejemplo, en el tema del acceso a los puertos.

La Tercera de Chile (www.latercera.com)

El Gobierno del presidente Evo Morales afirmó este lunes que Chile sí le debe a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico y le acusó de incumplir el Tratado de Paz y Amistad de 1904, en respuesta al canciller chileno, Alfredo Moreno, que el fin de semana sostuvo que su país no "debe nada".
El director de Reivindicación Marítima de la Cancillería de La Paz, Rubén Saavedra, afirmó en una rueda de prensa que "la propia historia muestra con claridad que Chile tiene deudas con Bolivia".
"La principal deuda que tiene con Bolivia es el acceso que debe tener nuestro país al Océano Pacífico, al cual tiene derecho de manera soberana", afirmó Saavedra.
El ministro Moreno advirtió el fin de semana que "Chile tiene la mejor voluntad de colaborar para que Bolivia tenga un mejor acceso al mar. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos, pero no podemos llevar eso a equívoco, porque Chile no le debe nada a Bolivia".
El Gobierno de La Paz reclama al de Santiago la restitución de la salida al mar perdida en una guerra de fines del siglo XIX, en la que Perú fue aliado de los bolivianos y también perdió territorio.
Chile ha pedido a Bolivia que respete al Tratado de Paz y Amistad de 1904 que puso fin a la guerra y fijó la soberanía chilena sobre territorios costeros que antes eran bolivianos.
Al respecto, Saavedra sostuvo que "el Tratado de 1904 no es cumplido por Chile" porque Bolivia debería tener acceso a los puertos chilenos, pero, por ejemplo, no puede usar el de Iquique, pese a haberlo solicitado hace seis años.
Sobre la terminal marítima de Arica, Saavedra sostuvo que ese puerto fue privatizado y los concesionarios modifican periódicamente las tarifas portuarias perjudicando a las empresas bolivianas.
También aseguró que el tratado es incumplido porque hace 16 años no está en operación el ferrocarril Arica-La Paz, lo cual provoca perjuicios en el transporte de la carga boliviana.
Saavedra recordó además que la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1979 "establece y recomienda que Bolivia y Chile deben negociar" para que el primer país logre un acceso soberano al Pacífico "sin compensación territorial".
"Este también es un ejemplo de que efectivamente existe un litigio y conflicto pendiente entre los dos países", agregó y señaló que la última sesión de la OEA en San Salvador 13 países pidieron la continuidad del diálogo bilateral sobre la controversia.
Saavedra, que además acusó a Chile de incumplir sus compromisos para la destrucción de las minas antipersonales en la frontera, expresó su confianza en que la demanda marítima boliviana se resolverá por el diálogo bilateral o en tribunales internacionales.
Enfatizó que Bolivia actúa de buena fe porque, si bien el pasado 23 de marzo anunció que llevará su demanda a los tribunales, también mantiene el diálogo como el celebrado el 28 de julio en Lima entre el presidente Morales y su par chileno, Sebastián Piñera.





LA PAZ RESPONDE A SANTIAGO: CHILE SÍ TIENE DEUDAS CON BOLIVIA

La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)

El gobierno boliviano señaló que Chile sí tiene deudas con Bolivia y que el Tratado Bilateral de Paz y Amistad de 1904 no fue cumplido por Santiago, al responder una declaración en la víspera del canciller Alfredo Moreno de que su país no le debe nada a La Paz.
"La propia historia muestra con claridad que Chile tiene deudas con Bolivia. La principal deuda que tiene con Bolivia es el acceso que debe tener nuestro país al océano Pacífico", dijo en conferencia de prensa Rubén Saavedra, directivo de la oficina de Reivindicación Marítima.
El funcionario respondió de manera oficial, en nombre de Bolivia, a una declaración del canciller chileno Moreno, quien dijo al diario El Mercurio de Santiago que "Chile no le debe nada a Bolivia", aunque su país "tiene la mayor voluntad de colaborar para que Bolivia tenga un mejor acceso al mar".
El jefe de la diplomacia chilena también señaló que las relaciones con Bolivia deben enmarcarse en el respeto del Tratado de Paz y Amistad que los dos países firmaron en 1904, el que fija los límites fronterizos, tras una guerra en 1879, cuando los bolivianos perdieron su única salida al mar: 400 km de costa.
El boliviano Saavedra también respondió que "el Tratado de 1904 no es cumplido por Chile" y dio como ejemplo las dificultades de Bolivia para usar los puertos norteños de Arica e Iquique, así como la falta de operabilidad del ferrocarril Arica-La Paz.
"Bolivia ha solicitado a Chile el uso del puerto de Iquique, hasta el día de hoy no se tiene una respuesta positiva" y respecto a Arica "la administración fue privatizada por la República de Chile y el concesionario privado periódicamente modifica las tarifas portuarias", precisó.
Sobre el servicio de ferrocarril, indicó que "desde hace 16 años, ese ferrocarril no está operando con el consiguiente perjuicio que sufre Bolivia", si bien la empresa ferrocarrilera había sido privatizada anteriormente por un gobierno boliviano de corte neoliberal, que entregó la compañía a una firma con capitales chilenos.





Bienestar antisistémico

EVO Y OTRO MUNDO

Rebelión de España (www.rebelion.org)

El líder boliviano continúa en sus acciones para que otras cosmovisiones, en clara ruptura con el mercantilismo capitalista y el eurocentrismo. Luego de reconocer los derechos de la Madre Tierra y postular el derecho al Sumak Kawsay, Evo Morales impulsa en la ONU el reconocimiento del agua como Derecho Humano universal.
El presidente de Bolivia, Evo Morales convocó a que las Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) implementen las políticas necesarias para que el agua se respete como un Derecho Humano Universal.
De acuerdo a lo informado por la cadena Telesur, Morales afirmó ante el organismo multilateral que “no puede haber objetivos que conviertan el agua en comercio, ni fuentes, ni empresas que puedan lucrar con el agua” e hizo un llamado para seguir creando conciencia sobre el uso de este recurso natural.
En el mismo sentido, la Agencia Boliviana de Noticias (ABI) recalcó que “el gobernante sudamericano puso de ejemplo la política instrumentada por su gobierno en Bolivia, donde el Estado invierte 100 millones de dólares en el proyecto Mi Agua, que apunta a la generación de agua potable, para riego y consumo animal, en tiempos en que arrecian sequías y heladas”.
En sintonía con esto, Morales agregó: "Si los presidentes, los gobiernos, los Estados no garantizan al agua como un derecho humano, estoy seguro que no se respetan todos los derechos de cualquier ser humano que habita el planeta Tierra".
El reclamo del Presidente tuvo lugar durante el acto de conmemoración por el primer aniversario del establecimiento, por parte de la ONU, de la condición de Derecho Humano al agua, determinación que se concretó luego que 122 países apoyaran en 2010 una propuesta emanada desde el Estado Boliviano, en la cual se insta a que “se garantice su disfrute a los 884 millones de personas que carecen de acceso a ese elemento esencial para la vida”.
En esa ocasión, y como afirmó Telesur, “la resolución, que también declara que el acceso a servicios sanitarios básicos es un derecho, ya que la contaminación del agua con materia fecal es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres del planeta, recibió 41 abstenciones entre ellos la delegación de Estados Unidos”.
Esta iniciativa se enmarca en una serie de políticas ejecutadas por el Estado Plurinacional de Bolivia que, desde la llegada de Morales al poder, activó una revolución cultural y democrática, que trasciende la dimensión jurídico-administrativa para instalarse con bases sólidas en el reconocimiento y establecimiento de cosmovisiones distintas.
Un claro ejemplo de esto fue el decreto, por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que estableció los derechos de la Madre Tierra en diciembre de 2010. Esta norma, entre otros puntos, reconoce “los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos”.
Entre estas garantías, la legislación boliviana especifica que se encuentran los derechos a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibro, a la restauración y a vivir libre de contaminación.
A su vez, obliga al Estado, entre otros aspectos, a: desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas para evitar la extinción y la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida, incluyendo los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra. También a desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el Vivir Bien.
A estos requerimientos se suman los de desarrollar políticas para: defender la Madre Tierra en el ámbito plurinacional e internacional de la sobreexplotación de sus componentes, de la mercantilización de los sistemas de vida o los procesos que los sustentan y de las causas estructurales del Cambio Climático Global y sus efectos; asegurar la soberanía energética a largo plazo a partir del ahorro, el aumento de la eficiencia y la incorporación paulatina de fuentes alternativas limpias y renovables en la matriz energética; y promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la Madre Tierra en el ámbito multilateral, regional y bilateral de las relaciones internacionales.
La semantización del proceso en el sentido de revolución se torna pertinente y adecuado, fundamentalmente cuando, como sostuvo la ambientalista colombiana Tatiana Roa Avendaño en su artículo “Sumak Kawsay como expresión de la descolonialidad del poder”, esto se convierte en “una respuesta antisistémica al concepto individualista del bienestar de la sociedad occidental”.





PROLIFERAN LAS LEYES DE MEDIOS EN AMÉRICA LÁTINA

En Bolivia la ley reserva el 66 % de las frecuencias al Estado y organizaciones sociales e indígenas.

La Nueva Tribuna de España (www.nuevatribuna.es/articulo)

Las relaciones de numerosos gobiernos de América Latina con los medios son, como mínimo, conflictivas. Dejando de lado el caso de Cuba, los enfrentamientos han llegado hasta el cierre de medios, como es el caso de Venezuela. Otros gobiernos se han propuesto desmontar y/o debilitar poderosos conglomerados mediáticos, naturalmente críticos, mediante leyes que les limiten el negocio.
El congreso boliviano acaba de aprobar una nueva ley de telecomunicaciones que cambiará drásticamente el panorama de los medios audiovisuales, al punto que unas 400 emisoras de radio y televisión podrían cerrar de aquí al 2017. La ley otorga el 33 % del espectro electromagnético (o frecuencias de radiodifusión) al Estado, otro tanto al sector privado, un 17 % a organizaciones sociales y otro 17 % a organizaciones indígenas.
Dada la naturaleza del actual gobierno de Evo Morales, la oposición sostiene que, en la práctica, el actual gobierno controlará el 66 % de las emisoras. Las organizaciones sociales e indígenas son mayoritariamente controladas por el gobierno y dependerán de él para financiar sus proyectos mediáticos. Actualmente, el sector privado tiene 680 radioemisoras, lo que supone el 90 % del total. A partir del momento en que venzan sus licencias, la mayoría en el 2017, el panorama será sustancialmente distinto.
Para la oposición y los medios privados, esta ley busca controlar la información y se muestran especialmente críticos con uno de los aspectos de la misma, que permite escuchas telefónicas “en casos de (peligro para la) seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres”. Los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de la información estarán obligados a cooperar cuando las autoridades así lo requieran. Un artículo que para muchos críticos abre la posibilidad del espionaje y amedrentamiento a los medios.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa le ganó al ex editor de opinión del diario El Universo y tres de sus ejecutivos, un juicio por calumnias. Los periodistas fueron condenados a pagar una indemnización de 40 millones de dólares. Casi al mismo tiempo entró en su fase final la discusión en la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Comunicación, que tiene entre sus puntos de conflicto la creación de un Consejo Regulador de la Comunicación.
En el articulado del proyecto del gobierno se establece que los medios serán responsables civil y administrativamente por la información que no sea atribuida a un autor específico. Y en su artículo 15 se consagra la responsabilidad solidaria: “el medio, sus propietarios, accionistas, directivos y representantes legales, serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados su derecho a la réplica y de respuesta”.
En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en octubre del 2009, fue una de las principales batallas políticas de la actual presidencia. Y se lanzó después de la guerra del campo, cuando los medios tradicionales como Clarín y La Nación se situaron contra el gobierno. La ley todavía no está en plena vigencia por diversas disposiciones de la justicia y algunos opositores prometen derogarla si hay cambio de gobierno tras las elecciones de octubre. La ley busca acabar con el presunto monopolio de Clarín, que además del diario controla el Canal 13 de televisión, radio Mitre y Cablevisión, entre otros negocios.
Frente a esta concentración mediática del grupo Clarín, el gobierno tiene una serie de medios afines, entre ellos el canal 7, Radio Nacional, Radio Cooperativa, la Radio de las Madres, la 650, Radio América, los diarios Tiempo Argentino, Página 12, más alguna revista y portales de Internet.
Otro aspecto polémico de la ley argentina es el uso de la cadena nacional, que obliga a todas las emisoras de radio y televisión a transmitir actos y discursos del presidente. Según la ley el uso de este recurso está limitado a “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”. Pero entre el 21 de junio y el 29 de julio, la presidente Cristina Fernández la usó 6 veces, siendo la primera ocasión cuando anunció que se postulaba a la reelección.
El último informe de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), señala que este año está siendo trágico para la prensa del continente, por la violencia del crimen organizado y el acoso judicial y legal al que están sometidos los periodistas independientes. La SIP calificó como “hipócrita y nefasta” la política de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que en los últimos años han concentrado gran cantidad de medios de comunicación que usan como órganos de propaganda.
Pero no solo la SIP, que al representar a los dueños de las empresas es naturalmente parcial y defiende sus intereses, otras voces han mostrado también su preocupación. Reporteros sin Frontera, por ejemplo, ha criticado el cierre de emisoras en Venezuela y lamentó la sentencia contra el diario ecuatoriano El Universo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA), consideró innecesario y desproporcionado que el presidente Correa recurriese a la justicia para tratar este caso, advirtiendo que esa práctica puede llevar a la censura indirecta por su efecto amedrentador. Human Right Watch (HRW), afirmó que esta condena viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador.
“La condena penal de quienes critican al presidente es un ataque frontal a la libertad de expresión”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Igual situación puede suscitarse en Venezuela, donde la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión prohíbe la transmisión de mensajes que puedan incitar y promover el odio y la intolerancia por razones políticas.





BOLIVIA YA TIENE SOCIO PARA EXPLOTAR EL LITIO

Dos firmas de Corea del Sur establecieron alianzas comerciales con el gobierno de Evo Morales para la producción de ese mineral. El país andino posee el 70% de las reservas mundiales de ese cotizado metal

Infobae de Argentina (www.america.infobae.com)

Korea Sources Corporation y Posco suscribieron la semana pasada un memorando de entendimiento para la producción litio y fabricación de baterías, informó Luis Alberto Echazú, gerente de la empresa de recursos evaporíticos de Bolivia.
"Estas empresas apoyan en la investigación y la producción de las sales que existen en el Salar de Uyuni", puntualizó el funcionario.
La explotación de litio estará a cargo de una empresa estatal en alianza con Korea Resources Corporation. En la primera etapa, apunta a la producción de salmueras y carbonato de litio y, en la fase siguiente, requiere de fuerte financiamiento externo.
Bolivia también suscribió este lunes un memorándum de entendimiento en materia de investigación y desarrollo para la industrialización de la reserva de litio con la empresa estatal china Citic Gouan Group . Se trata del quinto acuerdo de este tipo firmado por las autoridades bolivianas. "Hemos suscrito actas parecidas con Irán, Brasil, Corea, Japón y China", precisó Echazú.
El país andino está retrasado en la extracción de carbonato de litio y requiere de una inversión de 485 millones de dólares para producir en los próximos tres años unas 30 mil toneladas anuales de este material.
También empresarios de Finlandia, Holanda y Suiza expresaron su interés en participar en el país en la explotación y comercialización del insumo básico para la fabricación de baterías. El gobierno de Evo Morales tiene también en carpeta propuestas de empresas japonesas, chinas, brasileñas, iraníes y venezolanas para un programa de industrialización del litio.
El país sudamericano invirtió US$ 200 millones en la planta piloto en el salar de Uyuni, el desierto salino más grande del mundo. Según datos oficiales, Bolivia tiene en esa zona reservas estimadas en 100 millones de toneladas métricas de litio, cuyo valor se calcula en US$ 2.700 millones.
Toda la tecnología de punta en materia de comunicaciones tiene como insumo fundamental a ese cotizado metal, previa transformación en carbonato de litio: tabletas, computadoras, teléfonos. Y el próximo terreno en el cual se impondrá este nuevo oro blanco es el de la industria automotriz.
Dotado de un enorme potencial energético, el litio es la clave para resolver la propulsión de los autos eléctricos, es decir, los vehículos que se vienen. Es por este motivo que muchos también lo llaman "oro negro" o "petróleo del futuro".





EMPRESAS SURCOREANAS SE UNEN A LA CARRERA POR EL LITIO BOLIVIANO

Revista América Economía de España (www.americaeconomica.com)

Bolivia y Corea del Sur suscribieron un acuerdo para iniciar la industrialización del litio boliviano. El convenio, el tercero que se firma entre ambos países, fue suscrito por representantes de las firmas coreanas Kores y Posco, y autoridades del Gobierno. Esta alianza permitirá la producción conjunta de los trabajos técnicos que permitan una posible asociación para obtener los principales insumos de las baterías de litio.
El acuerdo, que es el tercero que se firma con representantes de Corea del Sur, fue firmado por el parlamentario coreano Lee Sang Deuk, el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, el gerente nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia, Luis Alberto Echazú, y el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda.
Pimentel explicó que con este convenio se busca el estudio sobre las formas de transferencia de tecnología y de carácter financiero de Corea en este posible trabajo en conjunto. Bolivia firmó anteriormente dos convenios de entendimiento con Corea del Sur, pero éstos estaban orientados a la cooperación en la obtención diferenciada de los componentes de la salmuera. Por su parte, Lee remarcó que el documento garantiza el éxito de la industrialización del litio de Uyuni.
Tras la negociación, Corea va a ofrecer toda la cooperación que necesite Bolivia para desarrollar la industrialización de su litio y, especialmente, para la producción conjunta de baterías. Los coreanos transferirán su tecnología al Gobierno boliviano para que sus conocimientos sobre la producción de litio se independice. Bolivia pretende encarar la industrialización de sus recursos evaporíticos en tres fases. La primera, prevé iniciar la producción a pequeña escala de 40 toneladas de carbonato de litio y 1.000 de cloruro de potasio con una inversión de 17 millones de bolívares (1,6 millones de euros) a fines de este año.
La segunda etapa se iniciará entre el 2013 y el 2014 y apuntará a optimizar el proceso de industrialización del boro, magnesio y sulfato, y desarrollar la tecnología necesaria para fabricar baterías. La inversión se ampliará a 485 millones de bolívares (47 millones de euros) y la producción anual se incrementará a 30.000 toneladas de carbonato y 700.000 de cloruro.
La última fase contempla la fabricación de baterías de litio y su inicio está programado para el 2014. El Ministro de Minería resaltó que la firma del convenio “busca estudiar las formas de transferencia de tecnología y de carácter financiero de Corea del Sur en este emprendimiento”.
El Gobierno proyecta instalar este año una planta piloto para la fabricación de pilas y baterías de litio. La obra requerirá de una inversión de 5 millones de bolívares (490.000 euros) y el inicio de su construcción se concretará en las próximas semanas.





BOLIVIA EXPORTARÁ 200.000 TONELADAS DE HIERRO A CHINA

Global Asia de China (www.globalasia.com/actualidad)

La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la compañía india Jindal Steel Bolivia (JSB) exportarán 200.000 toneladas de hierro a China, y también a Paraguay este año, según recoge el periódico boliviano La Razón.
El gerente de Asuntos Legales de JSB, Jorge Gallardo, declaró que la empresa explotará 1 millón de toneladas de hierro durante su primer año en el Mutún. Por su parte, el presidente de Jindal, Carlos Fernández manifestó que JSM actualmente realiza el acopiado de 60.000 toneladas de hierro que se exportarán en septiembre a Brasil, Omán y China, principales mercados potenciales de la compañía. A su vez, añadió que JSM exportará concentrados de hierro a mercados de Europa y Medio Oriente.
Por su parte, el presidente de la siderúrgica estatal ESM, Sergio Alanda, declaró que su empresa tiene un plan de comercialización en curso, aunque aún no pueden indicar cuál será el valor de la primera venta. Asimismo, ESM espera invertir un total de 1.600 millones de dólares en cuatro años para explorar, valuar reservar y obtener acero de alta calidad empelado en la construcción de maquinaria.
Una delegación procedente de una multinacional China y representantes de la empresa fabricante de coches, Hyundai, llegarán a Bolivia en los próximos días. El objetivo de esta visita es el de ejecutar un acuerdo que incluya el aporte de inversiones y la transferencia de maquinaria y logística para la explotación de hierro en Mutún.





LA ARGENTINA TENDRÁ MÁS GAS BOLIVIANO SÓLO SI BRASIL NO LO PRECISA

Durante algunos días de julio y por 1ra vez, Bolivia supero el promedio diario de envíos a nuestro país alcanzando los 10 millones de m3. Claro que para ello fue necesario que Brasil dejara libre un excedente.

Urgente 24 de Argentina (www.urgente24.com/noticias)

Por 1ra vez los envíos diarios de gas boliviano a la Argentina superaron la media de los 7 millones de m3 para posicionarse en torno a los 10 millones durante 4 días de julio.
Aunque si bien esa flexibilidad fue posible por la puesta en marcha del Gasoducto de Integración Juana Azurduy (GIJA), que comenzó a operar en junio, el motivo principal de los aumentos está vinculado a una menor demanda de gas boliviano por parte del mercado brasileño.
De acuerdo a datos de la estatal YPFB Transporte, reproducidos por el sitio HidrocarburosBolivia.com, del 27 al 30 de julio los envíos pegaron un salto de un promedio diario de 7 millones de m3 a uno de 10 millones. Durante esos días el consumo brasileño bajó del promedio de 28 millones de m3 diarios hasta uno de 25 millones. Ese excedente de 3 millones de m3 fue automáticamente redireccionado hacia la Argentina, en días en que las bajas temperaturas dispararon el consumo residencial.
Cuando el día 30/7 Brasil recuperó su consumo promedio, la Argentina volvió inmediatamente a su provisión anterior.
No es un secreto que el abastecimiento argentino por encima del promedio está sujeto a lo que ocurra en Brasil, mercado prioritario para Bolivia. Si el vecino país no incrementa su producción difícilmente pueda cumplir con el máximo de 11 millones de m3 pactado para este año sin afectar la provisión brasilera.
Aquel máximo no es una ficha segura, todo depende si la Argentina lo reclama. En Bolivia, seguramente, esperan que eso no ocurra.





ARRESTAN A CUATRO MIEMBROS DE SENDERO LUMINOSO EN BOLIVIA

Estaban distribuyendo panfletos contra el presidente Evo Morales. Tres de ellos podrían ser deportados a Perú. El restante tiene estatus de "refugiado político" y su situación sería decidida este martes

Infobae de Argentina (www.america.infobae.com)

"Estos cuatro individuos fueron aprehendidos en circunstancias en que se encontraban realizando panfletería con relación al gobierno nacional", afirmó en conferencia de prensa el comandante de la Policía de la ciudad andina de El Alto, vecina de La Paz, el coronel Roberto Campos.
"Alerta, ¡no al gasolinazo!, fuera las transnacionales de Bolivia, socias de Evo, ¡Viva el marxismo, leninismo maoísmo!", rezaban los panfletos, según la misma fuente, que añadió que el grupo se encontraba en la Universidad Pública de El Alto tratando de reclutar militantes para el grupo terrorista.
La referencia al "gasolinazo" tiene que ver con la decisión del Gobierno de aumentar el precio de los combustibles, que fue ampliamente rechazada por la oposición y generó malestar entre varios aliados del gobernante Movimiento al Socialismo. Finalmente, Morales desistió de sus intenciones.
Durante la conferencia de prensa, el ministro de Interior, Sacha Llorenti, señaló que sobre los detenidos que "existen superabundantes informaciones de sus vínculos con Sendero Luminoso".
En concreto, tres de ellos estarían relacionadas con otros tres compatriotas suyos detenidos hace un mes por un caso de drogas, uno de los cuales pertenece a la guerrilla peruana. Se trata de un falso policía antidroga detenido en junio pasado en la frontera, Ulser Pillpa Paytan, alias "Camarada Johnny", acusado de ser parte de Sendero Luminoso y que puede ser extraditado a Perú.
Los detenidos son los hermanos William y Hugo Minaya Romero, Blanca Riveros Alarcón y José Antonio Cantoral Benavides. Los primeros tres fueron trasladados en la noche del lunes a las oficinas de Migración en La Paz y, según Llorenti, si Perú los reclamara, serían deportados.
El cuarto arrestado, en tanto, tiene estatus de refugiado político, por lo que el Consejo Nacional de Refugiados de Bolivia (Conare) se reunirá este martes para evaluar la situación. Llorenti dijo que se comunicó en dos oportunidades con las nuevas autoridades peruanas para intercambiar información y ellas están satisfechas con la captura realizada.





PROMULGARÁN DECRETOS AGRARIOS EN BOLIVIA DURANTE FESTEJOS DE INDEPENDENCIA

Spanish China (www.spanish.china.org.cn/international)

El gobierno de Bolivia anunció hoy que promulgará mañana cuatro decretos agrarios en el marco de los festejos por la gesta del 186 aniversario de la independencia del país; esto, en la población rural de Villa Tunari, en el departamento boliviano de Cochabamba.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, explicó a los medios de prensa que será el mandatario Evo Morales quien promulgará los decretos reglamentarios de la Ley de Revolución Productiva a favor de los campesinos, colonizadores e indígenas bolivianos, promulgada el domingo anterior por Morales.
En el acto, explicó Navarro, se entregarán también 14.000 títulos ejecutoriales en la región de Villa Tunari.
"Se está preparando una concentración masiva porque participarán los principales dirigentes campesinos, de los colonizadores, las mujeres Bartolinas y los indígenas del oriente boliviano que han trabajado los decretos reglamentarios de la Ley de Revolución Productiva", señaló el funcionario.
Del 4 al 6 de agosto próximo, el presidente aimara estará en Sucre (893 kilómetros al sur de La Paz, capital boliviana), donde participará en actos protocolares y cívicos por la gesta de inependencia.
En ese marco de festejos, Morales cumplirá una intensa agenda que tendrá como epicentro la capital Constitucional de Bolivia, donde se concentrarán autoridades de los Organos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de representaciones diplomáticas.
Agregó que en su estadía en Chuquisaca, Morales también entregará obras de impacto social con recursos del programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple".
El mensaje de Morales, que será pronunciado el 6 de agosto en Sucre en conmemoración al 186 aniversario de la independencia de Bolivia, abordará temas de coyuntura y los desafíos de la gestión gubernamental, según Navarro.
"El presidente emitirá un mensaje en función al momento histórico que estamos viviendo y sobre los grandes desafíos que tenemos como Bolivia", detalló.
Finalmente, anunció que el 7 de agosto siguiente, el jefe de Estado visitará el departamento de Tarija, donde participará en la Parada Cívico Militar protagonizada por las Fuerzas Armadas y organizaciones sociales del país.





LOS REBELDES DEL ALTIPLANO

Huascar Rodríguez García, en el libro “La choledad antiestatal”, investiga las ideas anarquistas en Bolivia.

Revista El Clarín de Argentina (www.revistaenie.clarin.com)

De Bolivia, hasta no hace mucho tiempo, sólo se sabía que sus habitantes mascaban coca, que su flota de mar se mecía en el lago Titicaca, y que detentaba el récord mundial de golpes de Estado. Agréguese a la lista el martirio del Che Guevara. Eran datos de color, los únicos que el desinterés y la ignorancia dejaban filtrar, y de los que no se exceptuaba a casi ninguna nación vecina. Pero en los últimos años la curiosidad por la suerte política de Bolivia se acrecentó, quizás como coletazo del propio devenir latinoamericano de la Argentina, o quizás porque un indígena, por primera vez, había asumido la primera magistratura de ese país. También este es un dato de color, ya que los argentinos disciernen poco y nada sobre la historia social boliviana, a la que apretujan en el anaquel del populismo indigenista actual. Pero antes, en el comienzo, hubo anarquistas, y el notable libro de Huascar Rodríguez García restaura su soslayada historia.
Se diría que un anarquista en Bolivia, cien años atrás, debía parecer un paracaidista, por no decir un intruso. Es otro prejuicio. Anarquistas hubo en todos lados, particularmente en el Cono Sur, y mucho se hicieron notar. A Bolivia, el anarquismo llegó en libros adquiridos por librepensadores o traídos por trabajadores ferroviarios, prófugos internacionales y conferencistas enviados adrede desde la Argentina. Casi todos fueron expulsados al poco tiempo. No obstante “la Idea” prendió en algunas ciudades del Altiplano, entre artesanos y autodidactas. Por entonces el poder en Bolivia era asunto de “La Rosca”, un aceitado engranaje de oligarcas, empresarios y políticos. Todos eran blancos, a lo sumo mestizos acriollados. Las condiciones de vida y de explotación poco habían cambiado desde la época de la Colonia y los conflictos rurales con hacendados era continuos, siempre zanjados con balacera y matanza. En ese contexto se funda, en 1912, la Federación Obrera Internacional. De allí en más habrá un nuevo credo en Bolivia: “Sin dioses en el cielo ni amos en la tierra”.
Si el anarquismo no terminó siendo una secta radicalizada más no fue solamente por haber persistido en la educación obrera o por haber erigido sindicatos de la nada, sino porque su versión boliviana promovió una valoración política del mestizo, del “cholo”, la mayoría artesanos, a quienes sucesivos gobiernos les habían entorpecido la toma de conciencia de su importancia mayoritaria. Castigados una y otra vez, desplazados de sus tierras y usados como carne de cañón durante la Guerra del Chaco, que diezmó al país, el anarquismo pudo irradiarse y aunar a los “artesanos letrados” porque la democracia no significaba demasiado para ellos: no había voto universal y los indios y mestizos eran estafados de continuo, en el caso de que se les haya tenido en cuenta más que como “problema”. Fueron cholos los fundadores de la Federación Obrera Local, en 1927, de la Confederación Obrera Regional Boliviana y de la Federación Obrera Femenina, en 1930, del Sindicato de Culinarias, en 1935, cuyo origen se remonta a una prohibición municipal de que las cholas suban a los tranvías bajo la excusa de que incomodaban a las “señoras”, del Sindicato de Viajeras al Altiplano, es decir contrabandistas, en 1940, y de la Federación Agraria, en 1946, a la vez “antipolítica y anticapitalista”.
Anarquía en La Paz ofrece camafeos de las vidas de anarquistas esforzados y también excéntricos. Luis Cusicanqui, que rechazaba tener carné de identidad y que, si perseguido, buscaba refugio en cementerios; Domitila Pareja, anticlerical y que, en su lecho de muerte, abofeteó a un sacerdote entrometido; de la “China Ratera”, que se dedicaba al robo y se movilizaba en bicicleta vestida de hombre; de José Clavijo, dinamitero y renunciante al oficio de contador “para no servir al patrón”, de Antonio Fournarakis, que arengaba a su audiencia encadenado; o de Cesáreo Capriles, un antialcohólico que volteó de un trompazo a un cura que le ofreció la otra mejilla, sin dejar de gritar “¡Viva el demonio!” y “¡Abajo Dios y su concubina la patria!”. Era gente de una sola pieza.
Luego que en 1952 triunfara en La Paz la revolución comandada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario y que Víctor Paz Estessoro, su líder, apodado “el mono”, dijera a las masas “habrá mucho pan”, instaurando así en Bolivia el populismo obrerista, la influencia de los anarquistas menguaría dramáticamente. Como en tantos otros lugares, los sindicatos devinieron en correas de transmisión del Estado y sus dirigentes se eternizaron en puestos que antes habían sido rotativos. La corrupción hizo lo demás. La anarquista Natividad Veramendi, ya en su ocaso, especificó la diferencia abismal que había separado a los sindicatos libertarios de los demás: “Nosotros no éramos políticos, libres éramos”. Pero eso ya no importaba a nadie.





BOLIVIA: GOLPE A LA PRENSA PRIVADA

La nueva ley de telecomunicaciones confiere al gobierno y a sectores que le son afines más control sobre los medios de difusión.

VOA News de Estados Un idos (www.voanews.com/spanish)

La nueva ley de telecomunicaciones aprobada en Bolivia la semana pasada como parte del programa de gobierno del presidente Evo Morales sacará del aire a más de 400 radioemisoras privadas cuando expiren sus actuales licencias, según informó la Asociación Boliviana de Radiodifusoras.
Además de no renovarles los permisos de transmisión en 2017 a las estaciones radiales, la legislación establece que la participación privada en empresas de radio y televisión se reducirá obligatoriamente a sólo 33 por ciento.
El resto de las licencias se destinarán al estado (33 por ciento), y a sectores por lo general afines al gobierno, los sindicatos (17 por ciento), y las organizaciones indígenas (el 17 por ciento restante).
De acuerdo con uno de los artículos de la ley, quedan “a disposición” del Estado todos los medios de comunicación, incluidos los operadores de Internet, y se permiten las escuchas telefónicas sin que medie autorización judicial en casos en que el gobierno considere que existe “conmoción interna” o esté amenazada la “seguridad del Estado”.
En el país existen en la actualidad alrededor de 800 radioemisoras en su mayoría propiedad de la iglesia católica y que constituyen el medio de difusión de más alcance e influencia entre la población, según en Observatorio Nacional de Medios.
Una treintena de diarios y publicaciones y alrededor de 400 televisoras son privadas, y las más importantes están radicadas en Santa Cruz, el departamento que sirve de cabecera a los principales grupos de oposición al gobierno.
Sectores de la oposición han denunciado que con la nueva ley el gobierno “acaparará” el espectro electromagnético boliviano.
Desde que asumió la presidencia de Bolivia, Morales ha librado sostenidos enfrentamientos con la prensa, y en poco más de cinco años creó numerosos medios de difusión propios y aprobó regulaciones que según periodistas atentan contra la libertad de información.
Una de las regulaciones promulgadas el año pasado permite el cierre de medios de prensa que a juicio de las autoridades propalen reiteradamente opiniones y expresiones consideradas racistas y discriminatorias.





LA AYUDA AL EXTERIOR DE CHINA EN AMÉRICA LATINA

Infobae de Argentina (www.america.infobae.com)


El 21 de abril, la Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó el primer libro blanco sobre la ayuda al exterior del país. China es todavía un país en vías de desarrollo y, como tal, a lo largo de los años ha tratado de brindar asistencia en la medida de sus posibilidades a otros países en desarrollo. Tras sus países vecinos y África, América Latina y el Caribe son los últimos en incorporarse al grupo de regiones que se benefician de la ayuda exterior china.
Pese a su nivel de desarrollo relativamente alto, en algunos territorios de América Latina existe aún demanda de ayuda exterior. En función de sus propias capacidades, China ha ido aumentando gradualmente la asistencia tecnológica y económica para Latinoamérica, de manera especial en este nuevo siglo, cuando muchos países de esta región exploran activamente caminos para desarrollarse y desean contar con la ayuda de China, ya sea para apoyarles directamente en su progreso o para aprender de las experiencias del país asiático.
Primeras experiencias: la década de los 60
Durante los años 60, Cuba fue el único país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con China y en recibir la asistencia de ésta. De 1959 a 1965, ambos países firmaron dos convenios quinquenales y varios acuerdos comerciales anuales por los que China se comprometía a apoyar a Cuba a través de políticas comerciales preferenciales, préstamos sin interés y asistencia material, entre otros.
En la década de los 70, creció el número de países que establecieron relaciones diplomáticas con China, incrementándose así también los destinatarios de la ayuda china en la región latinoamericana, incluyendo a Chile, Perú, la Guayana, Jamaica y otros. Según los tratados firmados entre China y estos países, el país asiático ofrecía préstamos sin interés para la cooperación en sectores como el agrícola y el textil. Además, la Cruz Roja de China otorgó asistencia financiera en numerosas ocasiones a Nicaragua, Honduras y Guatemala, en América Central, para paliar las consecuencias de diversos desastres naturales.
Tras comenzar a aplicarse la política de reforma y apertura al exterior, a partir de 1978, China comenzó a propiciar la cooperación Sur-Sur, así como la colaboración económica y tecnológica, guiadas ambas por los principios de igualdad, beneficio mutuo, efectividad, diversificación y desarrollo común. En este período, la asistencia a Latinoamérica se caracterizó por la realización de numerosos proyectos de pequeña magnitud, pero de gran efectividad en el corto plazo, pese a lo limitado de la inversión, y con notables efectos positivos en lo social y lo económico.
Reorientación de las políticas de ayuda
Al entrar en el nuevo siglo, a medida que China experimenta un enorme desarrollo y se va convirtiendo en una de las economías más importantes del mundo, crece también la asistencia que proporciona a América Latina, tanto en cuanto al número de países receptores como en el importe de la misma. En 2004, se establece el Foro de Cooperación Económica y Comercial entre China y el Caribe y el 5 de noviembre de 2008, se hace público el primer Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe.
En el II Foro de Cooperación Económica y Comercial entre China y el Caribe, celebrado en septiembre de 2007, China definió su propuesta sobre la asistencia que prestaría en los tres siguientes años a los países de esta región con quienes mantiene relaciones de amistad, en la que se incluían la concesión de préstamos preferenciales por un valor de 4.000 millones de yuanes, la realización de programas de capacitación para 2.000 personas y el envío a estos países de expertos agrícolas, profesores de idioma chino y equipos de médicos.
En el primer Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, China exponía en diversos puntos la orientación de sus políticas de asistencia y de desarrollo de las relaciones bilaterales y explicaba sus planes preliminares:
1. Seguir brindando asistencia económica y tecnológica sin imponer ninguna condición política y aumentando gradualmente la ayuda en la medida de sus posibilidades, según las necesidades de los países latinoamericanos.
2. Explorar activamente con los países pertinentes caminos para resolver sus problemas en cuanto a la deuda exterior con China en el marco de las políticas sobre la reducción y la eliminación de la deuda.
3. Responder enérgicamente a las peticiones de los países latinoamericanos cuando se den situaciones urgentes de crisis humanitaria e impulsar y apoyar el intercambio y la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales de China y la región latinoamericana.
4. Poner en marcha programas de capacitación tecnológica en los sectores agrícola, energético, sanitario y de protección del medio ambiente; proporcionar servicios tecnológicos y aumentar el número de becas gubernamentales.
5. Impulsar activamente la cooperación médica y sanitaria con los países latinoamericanos, continuando con el envío de equipos de médicos con los materiales y medicinas apropiados con el fin de mejorar las instalaciones médicas en los países destinatarios de la ayuda.
La etapa actual
A partir de los años 90, se profundizó la reforma de los métodos para proporcionar la ayuda al exterior, diversificándolos y flexibilizándolos.
En primer lugar, se desarrolló rápidamente la asistencia humanitaria en situaciones de emergencia. China prestó asistencia oportunamente, tanto de forma financiera, como a través de donaciones y envíos de material o equipos de asistencia médica, entre otros. Sólo entre 2003 y 2010, según estadísticas incompletas, China ha brindado este tipo de asistencia en más de 30 ocasiones a países de América Latina y el Caribe, entre los que se cuentan Cuba, Costa Rica, México, Perú, Chile o Haití, que fueron los principales destinatarios de ayuda en la región. Destaca el caso de Haití, que a pesar de no haber establecido aún relaciones diplomáticas formales con China, tras el devastador terremoto de 2010 recibió del país asiático ayuda desinteresada por valor de 93 millones de yuanes.
En segundo lugar, se ha producido un incremento significativo en la asistencia material gratuita. Según datos incompletos, en los años 90 China realizó más de 30 donaciones de material, como bicicletas y equipos agrícolas o médicos, entre otros; entre 2000 y 2008, este tipo de ayuda se multiplicó, registrándose casi 50 donaciones, que incluyen ya equipos de telecomunicaciones, materiales de oficina, artículos culturales y deportivos, y otros, de contenido tecnológico cada vez más elevado.
En tercer lugar, los préstamos con condiciones preferenciales ocupan un papel predominante en la ayuda al exterior. Antes de 1995, la asistencia brindada por China a América Latina consistía principalmente en préstamos sin interés. Desde finales de los años 90, y especialmente entre 2003 y 2008, este tipo de ayuda se amplió a los créditos preferenciales, otorgados en este periodo en 23 ocasiones a 11 países, entre los que están las Bahamas, la Guayana, Surinam o Bolivia. Y, en cuanto a la reducción y eliminación de la deuda exterior, China condonó en febrero de 2006 todas las deudas de la Guayana que habían vencido a finales de 2004 y dos deudas de Bolivia que iban a vencer en 2007.
En cuarto lugar, China ha llevado a cabo, entre 2003 y 2008, varios proyectos de construcción de magnitud en Latinoamérica, que han tenido una gran repercusión. Entre las más de 40 obras de este tipo realizadas por China en 15 países de América Latina y el Caribe, como Cuba, las Bahamas o Granada, destacan estadios, centros de convenciones, carreteras, centrales hidroeléctricas, hospitales y centros de producción agrícola, entre otras.
En quinto lugar, han aumentado los programas de capacitación profesional, que se han convertido en un elemento importante de la asistencia exterior de China a América Latina y el Caribe, centrándose en sectores como la agricultura, la minería, el comercio y la administración. La puesta en marcha de estos programas ha supuesto una revitalización de cara al futuro de esta región. Sólo en 2005, China llevó a cabo 11 cursos de formación en América Latina y el Caribe. Además, China ha enviado a numerosos jóvenes voluntarios para brindar asistencia en campos como la educación, la agricultura y la medicina.
En sexto y último lugar, China ha empezado a otorgar asistencia a las organizaciones locales latinoamericanas: entre 1998 y 2002, China realizó numerosas donaciones al Banco de Desarrollo del Caribe; en julio de 2005, donó equipos informáticos a la secretaría de la Comunidad Andina; entre 2005 y 2009, concedió dos millones de dólares para establecer la Fundación para la Cooperación entre China y la Organización de Estados Americanos (OEA); y en enero de 2009, donó 350 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe.