No sólo hay que recordar la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche en relación a la devolución de todo o parte del territorio que les correspondía antes de la pacificación de la Araucanía.
Además, hay que tener presente la impunidad con que actuaron los privados que, aprovechándose de la ignorancia que predominada en las antiguas generaciones del pueblo mapuche, compraron a un precio mucho menor de lo establecido miles de hectáreas que les correspondía por acuerdos históricos entre ellos y el Estado chileno
La Región de la Araucanía tiene todas las condiciones para convertirse en el Chiapas chileno. Es la región más pobre de Chile con un PIB per cápita igual a la mitad del promedio nacional y la última en Chile en el Índice de Desarrollo Humano, además de ser la que tiene mayor porcentaje de población indígena.
Los mapuches presos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados durante la administración de la socialista Michelle Bachelet, antecesora de Piñera.
La Región de la Araucanía tiene todas las condiciones para convertirse en el Chiapas chileno. Es la región más pobre de Chile con un PIB per cápita igual a la mitad del promedio nacional y la última en Chile en el Índice de Desarrollo Humano, además de ser la que tiene mayor porcentaje de población indígena.
Los mapuches presos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados durante la administración de la socialista Michelle Bachelet, antecesora de Piñera.
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La huelga de hambre iniciada por un grupo de 31 presos políticos mapuches en diversas cárceles de Chile ya completó los 65 días y las autoridades chilenas todavía no han dado ninguna respuesta a un conjunto de reivindicaciones que han levantado los huelguistas y las organizaciones del pueblo Mapuche. Las demandas que ellos plantean a la autoridad son justas y legitimas:
1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;
2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;
3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;
4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y
5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
Esta Ley Antiterrorista prevé la aplicación preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia más directa ha sido la estigmatización de los mapuches como un pueblo violento.
Por su parte, la prensa escrita y audiovisual ha ignorado esta huelga de hambre, centrando las informaciones en el drama que afecta a 33 mineros sepultados hace más de dos semanas en la mina San José, al Norte del país. Excepto por unos pocos medios de comunicación, se ha impuesto un vergonzoso manto de silencio e indiferencia sobre esta otra tragedia que asola a Chile. Según las últimas informaciones difundidas por los familiares de los huelguistas, la salud de la mayoría de ellos se encuentra resentida después de casi mes y medio sin ingerir alimentos. Frente a la perseverante lucha de los mapuches por conquistar sus derechos, el mutismo del gobierno torna aún mas ilegitima la aplicación de una Ley Antiterrorista que ha sido condenada por Naciones Unidas y por organismos internacionales de Derechos Humanos.El estallido contemporáneo del “conflicto Mapuche”
La expresión contemporánea del conflicto entre los Mapuche y el gobierno, las empresas forestales y de energía (embalses), se instaló a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche de ese sector argumentaba su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal apelando a sus derechos ancestrales. Desde esa ocasión y hasta la fecha, la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.
A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas localidades del Sur del país, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad contratados por las empresas. En la Región de la Araucanía se desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de propiedad sobre dichas tierras.
Algunos de estos enfrentamientos han cobrado la vida de jóvenes integrantes del movimiento Mapuche. Los hechos han demostrado que quienes han perdido la vida o los que han sido agredidos en su gran mayoría son integrantes de esta etnia. La tensión generada por estos asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo, puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una manifestación.
Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio. Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico. La pregunta en este caso es precisamente de que tipo de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto, difícil de ser contornada por simples medidas paliativas. Las comunidades Mapuches también están concientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades. Como bien nos recuerda Gonzalo Rovira en su artículo, “Patrimonio natural y políticas públicas”, el llamado progreso con su uso creciente y dramático de recursos naturales, tiende a expandir la frontera, aumentando la proporción de zonas intervenidas, para satisfacer así una creciente demanda por bienes y servicios.A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia…”.En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las acciones represivas tópicas durante la administración de Bachelet solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad, nacionalidad y autonomía.
Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con la evidente oposición del gobierno y la apatía y falta de movilización de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de algún desenlace fatal. Eso seria un error dramático e inexcusable para cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática mínima.
LÍDERES SOCIALES SE SUMAN AL AYUNO DE 34 MAPUCHES EN CHILE
LAJORNADA DE MEXICO. Una decena de dirigentes de organizaciones sociales, estudiantiles y artistas iniciaron hoy un “ayuno solidario masivo” por tiempo indefinido en apoyo a la huelga de hambre que 34 indígenas mapuches mantienen desde hace 65 días en diversas cárceles del país.
La acción anunciada por la Coordinación de Familiares de Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre coincidió con la petición formal del gobierno del presidente Sebastián Piñera a la Iglesia católica para que sirva como mediadora en el conflicto, labor que estará a cargo del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien hoy tuvo una reunión de trabajo con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el Palacio de la Moneda.
La demanda central de los mapuches presos es que sus casos dejen de ser tratados bajo la justicia militar y la legislación antiterrorista, lo que implica severas penas por manifestaciones públicas en demanda del reconocimiento de sus derechos de propiedad ancestral sobre unos tres millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la región surcentral conocida como La Araucanía, actualmente en poder de empresas privadas.
El Senado comenzó este martes a examinar una iniciativa de reforma a la Ley de Conductas Terroristas, propuesta por Piñera con la aparente intención de atenuar los efectos sobre los mapuches, que en sus protestas han ocupado y dañado propiedades públicas y privadas, pero sin mayores consecuencias humanas. El mandatario también anunció cambios a la justicia militar, pero todavía no se inicia el debate legislativo al respecto.
El presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, convocó de urgencia a los legisladores para analizar la legislación que fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, pero desde el lunes advirtió que los proyectos de modificación legales serán insuficientes para superar el problema, que –según el senador– sólo tendrá solución con el establecimiento de una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, lo que se había convertido en una demanda de los indígenas y de legisladores de centroizquierda.
“Espero que mi tarea, la de facilitar el diálogo, pueda tener el éxito que todos esperamos”, dijo Ezzati al salir de la reunión con el representante presidencial.
“Nosotros confiamos plenamente en lo que va a hacer en los próximos días”, dijo Larroulet respecto de la labor del arzobispo. Aunque Piñera activó el plan de reforma legal, varios funcionarios del gobierno han señalado que la huelga de hambre no es instrumento legítimo en un Estado de derecho y los han conminado a cancelar la huelga.
Sobre esta polémica, Rodigo Hinzpeter, ministro del Interior, ofreció más detalles sobre la reacción del gobierno en una comparecencia ante el Senado, en Valparaíso.
“Hay quienes no han dicho que hemos cometido un error porque estamos reaccionando a una huelga de hambre. Pues bien, quiero reconocer ante el Senado que estamos reaccionando ante una huelga de hambre”, manifestó.
“Un gobierno siempre tiene que estar preparado para responder a la coyuntura con flexibilidad, apurando los tiempos cuando sea necesario, retrasándolos también cuando sea necesario, por un bien superior. (Pero) en lo que estamos reaccionando es en los tiempos, no en las convicciones”, agregó.
Varios de los 34 huelguistas han experimentado deterioro físico irreparable, descompensaciones cardiacas y renales, y pérdida de hasta 25 kilos de peso, según fuentes médicas.
Las autoridades judiciales autorizaron hoy la liberación de dos de los huelguistas, Pablo Conio y Sergio Tralcal, luego que pagaron una fianza equivalente a dos mil dólares.
Conio y Tralcal informaron que a pesar de su liberación mantendrán la huelga de hambre en apoyo al movimiento y señalaron que la decisión de las autoridades es una prueba más de que la ley antiterrorista y la justicia militar se aplican de manera injusta contra su movimiento reivindicatorio.
Los mapuches presos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados durante la administración de la socialista Michelle Bachelet, antecesora de Piñera, en el poder desde el 11 de marzo. El sábado pasado, una funcionaria del anterior gobierno, Carolina Tohá, admitió que “no fue buena” idea aplicar las leyes vigentes desde la época de la dictadura a los mapuches que participaron en actos de protesta.
EL SÍNDROME CHIAPAS SE CIERNE SOBRE CHILE
Nuestra estabilidad política, que usamos como principal argumento para atraer inversión extranjera, no es una certeza con los niveles de desigualdad que tenemos y los problemas con nuestros pueblos originarios. Ergo, el problema mapuche puede tener efectos incalculables en nuestra credibilidad ante los inversionistas extranjeros, difíciles de medir.
EL MOSTRADOR DE CHILE.- El conflicto mapuche, después de semanas de estar invisible para los medios, se ha vuelto un tema de realidad noticiosa. Esto ha hecho que muchos miren hacia las más famosas huelgas de hambre ocurridas en el mundo, poniéndose en el caso que se llegue hasta el final más duro que es la muerte de un comunero.
Hay dos casos que se mencionan como similares con la situación mapuche. La primera es la famosa huelga de hambre de los prisioneros del IRA, que solicitaban ser considerados presos políticos. La inflexibilidad del gobierno inglés, y la resolución llevo primero a la muerte de Bobby Sands y nueve más, como ha sido recordado largamente en estos días. La tentación de tomar la posición dura del gobierno conservador de Margaret Tatcher es mayor, pues si bien la causa irlandesa se hizo visible, el gobierno no se vio amenazado por largo tiempo. Pero los defensores de la línea dura como algunos columnistas suelen olvidar que la popularidad de la Dama de Hierro se debió en buena parte a sus éxitos en la guerra de las Malvinas, más que a su posición inflexible en la huelga del IRA.
El segundo caso es la prolongada huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo en Cuba, reclamando también mejoras en el trato a los prisioneros de la llamada primavera negra. La muerte de OZT, simbólico por ser un albañil de origen africano, opuesto a un gobierno que declara ser el representante de los desposeídos de la tierra, provocó una ola de repulsa y volvió visible a una oposición hasta ese momento inexistente. El conflicto de los mapuche no puede ser analizado bajo la óptica del caso cubano o irlandés, salvo que al igual que los disidentes cubanos y los militantes del IRA, son presos condenados luchando por un cambio en su status.
Es probable que un Ministro de Hacienda o un analista económico, ante la pregunta si esta crisis afectará la inversión en Chile reciten las ventajas de nuestro manejo económico descartando tal riesgo. ¿Es efectiva esta afirmación?
Antes que nada es bueno señalar que los inversionistas son personas, que al igual que usted y yo toman muchas decisiones alentados por la racionalidad, pero también por las impresiones que les causan los países. La estabilidad de las instituciones y la paz social suelen ser variables binarias en grandes decisiones.
Según una encuesta publicada por La Tercera el 54% opina que el gobierno lo ha hecho mal o muy mal en el conflicto generado por dicha huelga y el 86% cree que afectará el tema país como lo reflejó una reciente entrevista al encargado de dicho programa en El Mostrador. Claramente la muerte de un comunero hará que estos números se disparen y el gobierno se enfrentará a una presión de la opinión pública de proporciones. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer el Presidente con la institucionalidad cuando se ve atenazado por las encuestas.
Chile ha logrado ser una estrella del mundo en desarrollo, al lograr el ansiado ingreso a la OECD, y tener un cambio de signo en la coalición gobernante sin trauma de ningún tipo, mostrando una democracia madura e instituciones sólidas. En eso recuerda a México de principios de los 90, con un acelerado crecimiento económico y reformas políticas que le abrieron el paso en el año 1994 a la OECD y la firma de un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Parecía el camino rápido al desarrollo hasta que unos fogonazos el 1 de enero en la olvidada región de Chiapas sacudieron el status quo.
Si bien son muchos los factores que explican la crisis política y económica que vivió México a partir de ese enero de 1995, la seguidilla de sucesos políticos que comenzó con la rebelión de Chiapas es claramente uno de ellos. Llama la atención que el conflicto partía en la región mexicana más pobre y con mayor población indígena, y poco tiempo después de la incorporación de México a la OECD.
La Región de la Araucanía tiene todas las condiciones para convertirse en el Chiapas chileno. Es la región más pobre de Chile con un PIB per cápita igual a la mitad del promedio nacional y la última en Chile en el Índice de Desarrollo Humano, además de ser la que tiene mayor porcentaje de población indígena. Como me han comentado autoridades de la zona, al igual que en los alrededores de Ocosingo y San Cristóbal en aquellos años, hay poca inversión privada. Y por cierto, al igual que México en esos años, todavía no se apagan las luces de la celebración de nuestro ingreso a la OECD.
Nuestra estabilidad política, que usamos como principal argumento para atraer inversión extranjera, no es una certeza con los niveles de desigualdad que tenemos y los problemas con nuestros pueblos originarios. Ergo, el problema mapuche puede tener efectos incalculables en nuestra credibilidad ante los inversionistas extranjeros, difíciles de medir. Una tragedia significará que Chile hará mal, botando millones de dólares al tacho de la basura de la campaña de reposicionamiento de nuestra imagen. Como antecedente a mirar, recordemos que en el año siguiente al conflicto en Chiapas, la inversión extranjera directa en México bajó casi un tercio.
Culpar a los gobiernos pasados no ayuda a resolver el conflicto mapuche. Entre otras razones, porque gobernar consiste en resolver los problemas heredados o propios. Más aún, la seguidilla de acusaciones mutuas hará más lejano el consenso necesario para un nuevo trato con el pueblo mapuche. Está en las manos del Presidente Piñera la solución, de la misma manera que siempre estuvo en manos del gobierno central mexicano resolver la crisis de Chiapas. Y por cierto que la voluntad y la capacidad la tiene, como probó recientemente en su aplaudida porfía por encontrar a los mineros. Y al igual que pasó con los gobernantes mexicanos de mediados de los noventa, no solamente las encuestas, sino la historia y los inversionistas lo juzgarán por su rol en esta crisis.
1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;
2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;
3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;
4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y
5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
Esta Ley Antiterrorista prevé la aplicación preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia más directa ha sido la estigmatización de los mapuches como un pueblo violento.
Por su parte, la prensa escrita y audiovisual ha ignorado esta huelga de hambre, centrando las informaciones en el drama que afecta a 33 mineros sepultados hace más de dos semanas en la mina San José, al Norte del país. Excepto por unos pocos medios de comunicación, se ha impuesto un vergonzoso manto de silencio e indiferencia sobre esta otra tragedia que asola a Chile. Según las últimas informaciones difundidas por los familiares de los huelguistas, la salud de la mayoría de ellos se encuentra resentida después de casi mes y medio sin ingerir alimentos. Frente a la perseverante lucha de los mapuches por conquistar sus derechos, el mutismo del gobierno torna aún mas ilegitima la aplicación de una Ley Antiterrorista que ha sido condenada por Naciones Unidas y por organismos internacionales de Derechos Humanos.El estallido contemporáneo del “conflicto Mapuche”
La expresión contemporánea del conflicto entre los Mapuche y el gobierno, las empresas forestales y de energía (embalses), se instaló a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche de ese sector argumentaba su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal apelando a sus derechos ancestrales. Desde esa ocasión y hasta la fecha, la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.
A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas localidades del Sur del país, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad contratados por las empresas. En la Región de la Araucanía se desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de propiedad sobre dichas tierras.
Algunos de estos enfrentamientos han cobrado la vida de jóvenes integrantes del movimiento Mapuche. Los hechos han demostrado que quienes han perdido la vida o los que han sido agredidos en su gran mayoría son integrantes de esta etnia. La tensión generada por estos asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo, puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una manifestación.
Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio. Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico. La pregunta en este caso es precisamente de que tipo de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto, difícil de ser contornada por simples medidas paliativas. Las comunidades Mapuches también están concientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades. Como bien nos recuerda Gonzalo Rovira en su artículo, “Patrimonio natural y políticas públicas”, el llamado progreso con su uso creciente y dramático de recursos naturales, tiende a expandir la frontera, aumentando la proporción de zonas intervenidas, para satisfacer así una creciente demanda por bienes y servicios.A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia…”.En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las acciones represivas tópicas durante la administración de Bachelet solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad, nacionalidad y autonomía.
Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con la evidente oposición del gobierno y la apatía y falta de movilización de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de algún desenlace fatal. Eso seria un error dramático e inexcusable para cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática mínima.
LÍDERES SOCIALES SE SUMAN AL AYUNO DE 34 MAPUCHES EN CHILE
LAJORNADA DE MEXICO. Una decena de dirigentes de organizaciones sociales, estudiantiles y artistas iniciaron hoy un “ayuno solidario masivo” por tiempo indefinido en apoyo a la huelga de hambre que 34 indígenas mapuches mantienen desde hace 65 días en diversas cárceles del país.
La acción anunciada por la Coordinación de Familiares de Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre coincidió con la petición formal del gobierno del presidente Sebastián Piñera a la Iglesia católica para que sirva como mediadora en el conflicto, labor que estará a cargo del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien hoy tuvo una reunión de trabajo con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el Palacio de la Moneda.
La demanda central de los mapuches presos es que sus casos dejen de ser tratados bajo la justicia militar y la legislación antiterrorista, lo que implica severas penas por manifestaciones públicas en demanda del reconocimiento de sus derechos de propiedad ancestral sobre unos tres millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la región surcentral conocida como La Araucanía, actualmente en poder de empresas privadas.
El Senado comenzó este martes a examinar una iniciativa de reforma a la Ley de Conductas Terroristas, propuesta por Piñera con la aparente intención de atenuar los efectos sobre los mapuches, que en sus protestas han ocupado y dañado propiedades públicas y privadas, pero sin mayores consecuencias humanas. El mandatario también anunció cambios a la justicia militar, pero todavía no se inicia el debate legislativo al respecto.
El presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, convocó de urgencia a los legisladores para analizar la legislación que fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, pero desde el lunes advirtió que los proyectos de modificación legales serán insuficientes para superar el problema, que –según el senador– sólo tendrá solución con el establecimiento de una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, lo que se había convertido en una demanda de los indígenas y de legisladores de centroizquierda.
“Espero que mi tarea, la de facilitar el diálogo, pueda tener el éxito que todos esperamos”, dijo Ezzati al salir de la reunión con el representante presidencial.
“Nosotros confiamos plenamente en lo que va a hacer en los próximos días”, dijo Larroulet respecto de la labor del arzobispo. Aunque Piñera activó el plan de reforma legal, varios funcionarios del gobierno han señalado que la huelga de hambre no es instrumento legítimo en un Estado de derecho y los han conminado a cancelar la huelga.
Sobre esta polémica, Rodigo Hinzpeter, ministro del Interior, ofreció más detalles sobre la reacción del gobierno en una comparecencia ante el Senado, en Valparaíso.
“Hay quienes no han dicho que hemos cometido un error porque estamos reaccionando a una huelga de hambre. Pues bien, quiero reconocer ante el Senado que estamos reaccionando ante una huelga de hambre”, manifestó.
“Un gobierno siempre tiene que estar preparado para responder a la coyuntura con flexibilidad, apurando los tiempos cuando sea necesario, retrasándolos también cuando sea necesario, por un bien superior. (Pero) en lo que estamos reaccionando es en los tiempos, no en las convicciones”, agregó.
Varios de los 34 huelguistas han experimentado deterioro físico irreparable, descompensaciones cardiacas y renales, y pérdida de hasta 25 kilos de peso, según fuentes médicas.
Las autoridades judiciales autorizaron hoy la liberación de dos de los huelguistas, Pablo Conio y Sergio Tralcal, luego que pagaron una fianza equivalente a dos mil dólares.
Conio y Tralcal informaron que a pesar de su liberación mantendrán la huelga de hambre en apoyo al movimiento y señalaron que la decisión de las autoridades es una prueba más de que la ley antiterrorista y la justicia militar se aplican de manera injusta contra su movimiento reivindicatorio.
Los mapuches presos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados durante la administración de la socialista Michelle Bachelet, antecesora de Piñera, en el poder desde el 11 de marzo. El sábado pasado, una funcionaria del anterior gobierno, Carolina Tohá, admitió que “no fue buena” idea aplicar las leyes vigentes desde la época de la dictadura a los mapuches que participaron en actos de protesta.
EL SÍNDROME CHIAPAS SE CIERNE SOBRE CHILE
Nuestra estabilidad política, que usamos como principal argumento para atraer inversión extranjera, no es una certeza con los niveles de desigualdad que tenemos y los problemas con nuestros pueblos originarios. Ergo, el problema mapuche puede tener efectos incalculables en nuestra credibilidad ante los inversionistas extranjeros, difíciles de medir.
EL MOSTRADOR DE CHILE.- El conflicto mapuche, después de semanas de estar invisible para los medios, se ha vuelto un tema de realidad noticiosa. Esto ha hecho que muchos miren hacia las más famosas huelgas de hambre ocurridas en el mundo, poniéndose en el caso que se llegue hasta el final más duro que es la muerte de un comunero.
Hay dos casos que se mencionan como similares con la situación mapuche. La primera es la famosa huelga de hambre de los prisioneros del IRA, que solicitaban ser considerados presos políticos. La inflexibilidad del gobierno inglés, y la resolución llevo primero a la muerte de Bobby Sands y nueve más, como ha sido recordado largamente en estos días. La tentación de tomar la posición dura del gobierno conservador de Margaret Tatcher es mayor, pues si bien la causa irlandesa se hizo visible, el gobierno no se vio amenazado por largo tiempo. Pero los defensores de la línea dura como algunos columnistas suelen olvidar que la popularidad de la Dama de Hierro se debió en buena parte a sus éxitos en la guerra de las Malvinas, más que a su posición inflexible en la huelga del IRA.
El segundo caso es la prolongada huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo en Cuba, reclamando también mejoras en el trato a los prisioneros de la llamada primavera negra. La muerte de OZT, simbólico por ser un albañil de origen africano, opuesto a un gobierno que declara ser el representante de los desposeídos de la tierra, provocó una ola de repulsa y volvió visible a una oposición hasta ese momento inexistente. El conflicto de los mapuche no puede ser analizado bajo la óptica del caso cubano o irlandés, salvo que al igual que los disidentes cubanos y los militantes del IRA, son presos condenados luchando por un cambio en su status.
Es probable que un Ministro de Hacienda o un analista económico, ante la pregunta si esta crisis afectará la inversión en Chile reciten las ventajas de nuestro manejo económico descartando tal riesgo. ¿Es efectiva esta afirmación?
Antes que nada es bueno señalar que los inversionistas son personas, que al igual que usted y yo toman muchas decisiones alentados por la racionalidad, pero también por las impresiones que les causan los países. La estabilidad de las instituciones y la paz social suelen ser variables binarias en grandes decisiones.
Según una encuesta publicada por La Tercera el 54% opina que el gobierno lo ha hecho mal o muy mal en el conflicto generado por dicha huelga y el 86% cree que afectará el tema país como lo reflejó una reciente entrevista al encargado de dicho programa en El Mostrador. Claramente la muerte de un comunero hará que estos números se disparen y el gobierno se enfrentará a una presión de la opinión pública de proporciones. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer el Presidente con la institucionalidad cuando se ve atenazado por las encuestas.
Chile ha logrado ser una estrella del mundo en desarrollo, al lograr el ansiado ingreso a la OECD, y tener un cambio de signo en la coalición gobernante sin trauma de ningún tipo, mostrando una democracia madura e instituciones sólidas. En eso recuerda a México de principios de los 90, con un acelerado crecimiento económico y reformas políticas que le abrieron el paso en el año 1994 a la OECD y la firma de un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Parecía el camino rápido al desarrollo hasta que unos fogonazos el 1 de enero en la olvidada región de Chiapas sacudieron el status quo.
Si bien son muchos los factores que explican la crisis política y económica que vivió México a partir de ese enero de 1995, la seguidilla de sucesos políticos que comenzó con la rebelión de Chiapas es claramente uno de ellos. Llama la atención que el conflicto partía en la región mexicana más pobre y con mayor población indígena, y poco tiempo después de la incorporación de México a la OECD.
La Región de la Araucanía tiene todas las condiciones para convertirse en el Chiapas chileno. Es la región más pobre de Chile con un PIB per cápita igual a la mitad del promedio nacional y la última en Chile en el Índice de Desarrollo Humano, además de ser la que tiene mayor porcentaje de población indígena. Como me han comentado autoridades de la zona, al igual que en los alrededores de Ocosingo y San Cristóbal en aquellos años, hay poca inversión privada. Y por cierto, al igual que México en esos años, todavía no se apagan las luces de la celebración de nuestro ingreso a la OECD.
Nuestra estabilidad política, que usamos como principal argumento para atraer inversión extranjera, no es una certeza con los niveles de desigualdad que tenemos y los problemas con nuestros pueblos originarios. Ergo, el problema mapuche puede tener efectos incalculables en nuestra credibilidad ante los inversionistas extranjeros, difíciles de medir. Una tragedia significará que Chile hará mal, botando millones de dólares al tacho de la basura de la campaña de reposicionamiento de nuestra imagen. Como antecedente a mirar, recordemos que en el año siguiente al conflicto en Chiapas, la inversión extranjera directa en México bajó casi un tercio.
Culpar a los gobiernos pasados no ayuda a resolver el conflicto mapuche. Entre otras razones, porque gobernar consiste en resolver los problemas heredados o propios. Más aún, la seguidilla de acusaciones mutuas hará más lejano el consenso necesario para un nuevo trato con el pueblo mapuche. Está en las manos del Presidente Piñera la solución, de la misma manera que siempre estuvo en manos del gobierno central mexicano resolver la crisis de Chiapas. Y por cierto que la voluntad y la capacidad la tiene, como probó recientemente en su aplaudida porfía por encontrar a los mineros. Y al igual que pasó con los gobernantes mexicanos de mediados de los noventa, no solamente las encuestas, sino la historia y los inversionistas lo juzgarán por su rol en esta crisis.
Opinión
HORA DE TRANSPARENTAR LA NEGOCIACIÓN
Los líderes de Chile y Bolivia han insinuado su voluntad de explicar a la gente que hasta el peor arreglo será mejor que perpetuar el statu quo.
La Tercera de Chile (www.latercera.com/noticia)
ES UNA GRAN paradoja que el desencuentro entre Chile y Bolivia a nivel de percepción pública sea cada vez mayor, mientras que los acercamientos políticos y diplomáticos nunca fueron más estrechos ni fructíferos que ahora.
Veamos, si no, las encuestas, entre ellas la Bicentenario UC/Adimark, que sostienen que en Chile se ha incrementado el porcentaje de quienes creen que no deben darse ni siquiera beneficios económicos o portuarios a Bolivia; mientras que en la otra frontera sigue siendo mayoritaria la certeza de que el punto de llegada debe ser una salida soberana al mar.
Datos como éstos pueden ser interpretados de muchas maneras: el fracaso de la "diplomacia de los pueblos" propugnada por Evo Morales, por ejemplo, pero también de la arraigada percepción en el imaginario chileno de su excepcionalidad y de los prejuicios que tiene respecto del vecindario.
Si la política se construyera únicamente por encuestas, ante un panorama así, lo sensato sería cerrar la puerta y tirar la llave o, para mantener un lenguaje diplomático, comprender que la mejor política por parte de Chile es no tenerla, y que la alternativa de multilateralizar el tema es ganancia para Bolivia (y también para el tercero en discordia en este asunto, pero esa es otra historia).
Sorprendentemente, los líderes de ambos países negocian sin esperar la quimera del consenso, e incluso han insinuado (habrá que ver hasta cuándo) que están dispuestos a empeñar parte de su capital político en la explicación a la ciudadanía de que incluso el peor arreglo que se tenga será mejor que perpetuar este statu quo en el siglo XXI.
Lamentablemente, el tiempo comienza a jugar en contra, más si se tiene en cuenta el complejo escenario que se proyecta en el futuro. El interlocutor serio y estable boliviano existe, pero en política nada es eterno; los períodos electorales regionales son cortos y se avecinan borrascosos, y habrá una asamblea general de la OEA en Bolivia en 2012, con el antecedente de que la última vez que se realizó una, en 1979, se respaldó la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico.
En resumen, transparentar las propuestas que se han hecho en el tema marítimo (que para los líderes chilenos es más de lo que quieren sus ciudadanos y para los bolivianos menos de lo que éstos esperan) es una decisión que se cae de madura. Cierto que es un desafío mayor para las relaciones exteriores chilenas, pero ayudaría en su conflicto con Perú, y cuenta con la ventaja de tener un Presidente que ha sido más pragmático en esta materia de lo que cualquiera se imaginaba; y no es poca cosa para Evo Morales, quien se está jugado a fondo con la esperanza de desmentir a quienes le hablan al oído y sostienen que está siendo funcional a Chile.
Los próximos meses, entonces, serán claves para saber si nos dirigimos a cumplir un Bicentenario de desencuentros o si los gobernantes de ambas naciones plantearán alternativas viables, que no serán suficientes para los deseos redentores de unos ni para el inmovilismo que propugnan otros, pero que permitirán enfrentar el futuro de mejor manera desde este lugar en el mundo que la historia nos ha obligado a compartir.
APUESTA BOLIVIA AL LITIO ¿Y MÉXICO?
Terra de Colombia (www.economia.terra.com.co/noticias)
Bolivia posee amplias dotaciones de litio, el cual aprovechará con una planta de procesamiento de recursos evaporíticos que iniciarán actividades en el primer trimestre, y que producirá al inicio 40 toneladas métricas al mes.
En el caso de México, la minera Piero Sutti continúa con la exploración en busca de litio en el estado de Zacatecas donde, como la empresa informa, espera encontrar altos contenidos de litio que serían de los más grandes en el mundo.
El litio es un mineral no metálico que se utiliza principalmente en la fabricación de baterías recargables, principalmente para celulares y autos eléctricos, cuyas reservas se encuentran en mayor proporción en Chile, Argentina y Bolivia.
En México la única reserva que se ha encontrado está en Zacatecas y una menor parte en San Luis Potosí, aunque aún no se cuenta con la producción de este mineral como para subir a la tendencia próxima y alcista del aumento de la producción de autos eléctricos y con ello de la demanda de litio o el también llamado "nuevo oro blanco".
CUANDO LA 'DEPENDENCIA' DE LAS MATERIAS PRIMAS PUEDE BENEFICIAR EL DESARROLLO
Portafolio de Colombia (www.portafolio.com.co/opinion)
En 1672, Potosí, Bolivia, era una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Ubicada en la base del Cerro Rico, era el centro de la minería argentífera española, cuyas operaciones eran tan prolíficas que un 'potosí' se convirtió en sinónimo de gran riqueza. Trescientos cuarenta años después, es una ciudad pobre y repleta de conflictos. No es de sorprender que la prensa boliviana catalogue a la minería como la carga de Potosí.
La historia latinoamericana está llena de auges de materias primas y posteriores caídas, como la de esta población. El hecho de que las bonanzas no derivarán en riquezas duraderas hizo que se llegase a la conclusión de que la región, al igual que otras zonas ricas en recursos naturales, era víctima de una suerte de 'maldición de los recursos naturales'.
Pero la historia no tiene por qué repetirse. En el caso de América Latina, donde el 93 por ciento de la población y el 97 por ciento de la actividad económica tiene lugar en países que son exportadores netos de materias primas, este supuesto maleficio puede evitarse. Un equipo de economistas del Banco Mundial investigó algunas tendencias esenciales en el estudio de recursos naturales en América Latina y el Caribe: ¿más allá del ciclo de auge y caída?, que sugieren que el boom actual de las materias primas no terminará igual que en el pasado.
Una razón para ser optimistas es la buena administración. Los gobiernos nacionales y las instituciones financieras son mucho más sólidas que en el pasado, y mucho más proclives a gestionar las ganancias de las exportaciones con una visión nacional y de largo plazo. Chile, el mayor exportador de cobre del mundo, donde las materias primas representan más del 75 por ciento de las exportaciones, es un caso emblemático. Hace algunos años, los líderes de ambos extremos del espectro político del país acordaron ahorrar un porcentaje sustancial de las ganancias derivadas de los altos precios del cobre y gastar el resto de manera prudente.
En los últimos cinco años, la inversión en innovación aumentó un 24 por ciento anual. Al mismo tiempo, Chile invirtió decididamente en educación, creando un fondo para becas de 6.000 millones de dólares que les permitirá a unos 3.300 profesionales estudiar en el extranjero este año -un aumento de 672 por ciento respecto al 2006-.
En el caso chileno, la dependencia del cobre se transformó en un beneficio. Durante la pasada década, el Producto Interno Bruto de Chile aumentó más de dos veces y media. Al influjo de una creciente demanda de China y otras economías emergentes, los precios de las materias primas están beneficiando el crecimiento de una región que en el 2010 superará el 5 por ciento.
Sin embargo, la producción de materias primas en la región está cambiando. En el pasado, las empresas extranjeras eran las mayores beneficiarias -construían la carretera o la vía de tren hasta la mina, extraían la riqueza y la llevaban consigo, dejando atrás un país más pobre.
Hoy en día, la extracción de materias primas se vincula a otras actividades económicas que benefician de manera directa al país en cuestión. Un estudio del 2009 de una mina de oro peruana dio cuenta de una amplia red de empresas locales vinculadas a su operación. Cada incremento de 10 por ciento en las compras de la mina llevó aparejado un aumento del 1,7 por ciento en el ingreso local.
Más aún, hay sectores donde la innovación está a la orden del día. En Brasil, el principal catalizador de la revolución agropecuaria es Embrapa, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria. Hace treinta años, los extensos pastizales de ese país, conocidos como cerrado, eran considerados demasiado ácidos para cualquier tipo de emprendimiento productivo. "Actualmente, el cerrado representa el 70 por ciento de la producción agrícola brasileña y se ha convertido en el nuevo Midwest", según la revista The Economist.
Este tipo de inversión en investigación y desarrollo requiere de una visión y ahorros a largo plazo. Todavía queda mucho camino por recorrer. De los cinco países de la región que destinaron recursos provenientes de los hidrocarburos o de la minería a un fondo de inversión durante el auge del 2002, sólo dos tenían reservas suficientes para contribuir a la recuperación poscrisis. A veces se torna irresistible aumentar el gasto en periodos de prosperidad, en lugar de ahorrar para los tiempos de las 'vacas flacas'. Sin ahorros suficientes, cualquier bonanza probablemente termine convirtiéndose en una caída.
No obstante, para la mayoría de los países de la región, conscientes de las lecciones del pasado, es mucho más probable que las materias primas sean una bendición y no un fatídico maleficio.
ESTARIA AFECTANDO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA REGIÓN
DENUNCIAN A PARAGUAYOS POR DESVIAR AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO EN LA FRONTERA CON BOLIVIA
Noticias de Paraguayas (www.noticiasparaguayas.com)
Una denuncia hecha pública ayer por Moisés Sapirana, Capitán grande de Capitanías Weenhayek y Tapietes de Tarija (Orcaweta), Bolivia, da cuenta que pobladores paraguayos de dicha zona fronteriza se encuentran desde hace ya algún tiempo desviando las aguas del río Pilcomayo, sin que las autoridades de Tarija hagan nada al respecto, permitiendo que los recursos naturales de ese cause hídrico sean usufructuados del lado paraguayo.
“Los paraguayos hicieron una cantera, un tramo, que pasa desde la línea de Formosa, ruta 28, en la cual pusieron un terraplén que desvía las aguas del río Pilcomayo, por lo que los peces ya no suben, porque se dan en sus vertederos paraguayos donde desovan”, explico a medios de prensa locales Sapirana.
Igualmente, criticó duramente al gobernador de Tarija, Mario Cossio, quien pese a tener conocimiento de la situación desde bhace ya ocho mesese, no ha tomado cartas en el asunto a fin de proteger la pesca, principal sustento de los pobladores de dicha zona.
“Estamos cansado de acudir a nivel departamental con cartas que nunca son contestadas, puesto que la pesca es la única fuente de trabajo en la región asentada y el hecho ocurre desde inicios de la gestión –administración de Tarija-, pero las solicitudes hechasd no fueron atendidas”, puntualizo el denunciante.
DERRAME DE PETRÓLEO EN COPAQUILLA
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Funcionarios de la Dirección Regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) activaron la noche del lunes un operativo ambiental por el derrame de 32 mil litros de petróleo desde un camión boliviano, que volcó a la altura del kilómetro 90 de la Ruta Internacional Arica - Tambo Quemado.
El accidente ocurrió a las 3 de la tarde con 20 minutos y sus causas son motivo de investigación, no obstante, en el lugar Carabineros constató que el chofer del camión, identificado como Dabid Miguel Mamani Yampara, guiaba la máquina en normal estado de temperancia.
El vehículo resultó prácticamente destruido en su totalidad y según se estableció, la carga de petróleo diesel que llevaba pertenecía a la empresa Grisel SRL de Bolivia.
A pesar de resultar policontuso y con un corte en el brazo izquierdo, el conductor salvó de milagro, sin embargo, y de acuerdo a antecedentes proporcionados por Carabineros del Retén Chapiquiña, el combustible derramado escurrió hacia una quebrada existente en el lugar, derivando luego a un riachuelo que surte de agua a agricultores del sector de Copaquilla, localidad de la comuna de Putre.
Tras conocerse el derrame, desde el Gobierno Regional se instruyó la constitución, in situ, de personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud; de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Conaf y de la dirección regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.
Hasta el lugar también acudió personal de Carabineros, de la Policía de Investigaciones (PDI) y Bomberos.
Felipe Avendaño, director regional de la Conama, confirmó ayer en la tarde que en el lugar se produjo un impacto ambiental importante producto del derrame, pero que inmediatamente se contactó a representantes de la empresa dueña del combustible, para aplicar tareas de remediación mediante la absorción del petróleo.
Descartó que la contaminación haya llegado hasta el agua de una quebrada, simplemente porque el río está seco.
Eso sí, dijo, hay napas y se tomaron muestras de agua en el punto y en sectores aledaños, lo que se acompañará a futuro con monitoreos semanales y mensuales.
Recomendaciones para la región
ADVIERTE EL BANCO MUNDIAL QUE ES BAJA LA PRODUCTIVIDAD
El ministro de Economía de Bolivia, Luis Alberto Arce, fue ayer de los más aplaudidos aquí, cuando expuso sobre el modelo económico boliviano, que algunos ya bautizaron "evonomics", por el presidente de ese país, Evo Morales.
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
América latina crecerá este año 5,1%, unas décimas más que los promedios registrados entre 2004 y 2008, y sólo será superada por Asia. Sin embargo, el ingreso per cápita regional es peor ahora que hace cinco décadas. ¿Por qué? "Tener commodities no es suficiente. Los países latinoamericanos deben lograr mayor eficiencia, productividad y, por supuesto, innovación", explicó Pamela Cox, vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América latina y el Caribe, que ayer abrió en esta ciudad la primera jornada de la Conferencia de las Américas.
Para mejorar en productividad, según la funcionaria del BM, deben producirse desde "reformas administrativas y legislativas que faciliten el funcionamiento de las empresas hasta inversiones en desarrollo de infraestructura o modernización aduanera", que permitirán a las empresas participar de la economía mundial y aumentar su eficiencia. Además, advirtió: "América latina invierte muy poco en investigación y desarrollo, establece pocos incentivos fiscales, no protege la propiedad intelectual y sus universidades operan sin una conexión consistente con la industria".
Todos los países, con la sola excepción de Brasil, invierten menos del 1% del PBI en investigación y desarrollo. Según las estadísticas difundidas aquí, mientras en Corea del Sur se registran alrededor de 700 patentes anuales, en la región ese número está muy disminuido: Brasil, 100; México, 55, y la Argentina, 35.
Aunque la funcionaria mencionó a la Argentina entre los países que tienen en su agenda pública el tema, está claro que a juzgar por el número de veces que fue citado por Cox y otros disertantes de esta cumbre, es Chile el ejemplo por seguir en la región. Y, según la misma percepción, Venezuela -el único país que tendrá una caída del PBI este año- es el caso por evitar.
Según Cox, la región es vista como modelo por el éxito de sus programas de ayuda a los pobres, pero aclaró que no son suficientes para eliminar la marginación. "Aunque estos programas fueron importantes durante la crisis, no son suficientes. Hacen falta políticas laborales activas, como programas de capacitación y seguros de desempleo, y mayor inversión en educación", agregó en diálogo con LA NACION.
El ministro de Economía de Bolivia, Luis Alberto Arce, fue ayer de los más aplaudidos aquí, cuando expuso sobre el modelo económico boliviano, que algunos ya bautizaron "evonomics", por el presidente de ese país, Evo Morales. Arce enumeró los índices positivos en materia de crecimiento del PBI (el más alto de América del Sur en 2009), baja inflación, fuertes reservas internacionales, exportaciones, superávit fiscal e índices de bancarización, y llamó a invertir en su país.
"Hemos creado un modelo económico hecho por bolivianos y para nuestro país, basado en cuatro actores: el Estado, las cooperativas, el sector privado y la economía comunitaria", explicó.
Arce justificó la estatización de empresas: "Hemos tenido que recuperar lo que siempre fue del Estado, los recursos naturales, la minería, las empresas estratégicas, de comunicaciones, electricidad y el ferrocarril. Las iniciativas que originalmente eran privadas las hemos respetado. Bolivia está abierta a la inversión extranjera", afirmó.
BOLIVIA TIENE LISTA DE "PADRES IRRESPONSABLES"
BBC de Londres (www.bbc.co.uk/mundo)
María Galindo se acomoda ante el micrófono de la radio Deseo de La Paz, Bolivia, y empieza a leer una nómina de nombres masculinos, acompañados de sus profesiones y edades. Es la famosa "lista de padres irresponsables" que apela a la vergüenza pública para que los hombres que se resisten a pagar la manutención de sus hijos lo hagan sin esperar el largo trámite judicial.
La nómina se repite seis veces al día en formato publicitario gratuito y, como es tan larga, tuvo que ser dividida en cuatro partes con el fin de no aburrir a los oyentes, explica Galindo, del movimiento feminista Mujeres Creando, en entrevista con BBC Mundo.
Antes de incluir el nombre de un "padre irresponsable" en esta nómina, la oficina de la radio recibe una denuncia personal de la madre de los niños, luego de que la demanda se haya formalizado también ante un tribunal de justicia.
Rápidamente, una trabajadora social y una abogada verifican la información y…al aire.
De la furia a la vergüenza
La primera reacción es la furia y, la siguiente, la vergüenza. Entonces, el hombre se dirige hasta la oficina de radio Deseo para pedir que su nombre sea retirado de la nómina, lo que logra sólo si empieza a pagar las pensiones para los niños y de comprometerse a no fallar en el futuro.
La lista está vigente desde hace tres años y Galindo asegura que ha sido "muy efectiva", sobre todo entre los hombre de posición social alta y media. "Muy rápido quieren quitar su nombre de la lista para evitar la vergüenza", dice la activista.
Los nombres de un ejecutivo del gremio de los ingenieros, un decano universitario y hasta un gerente de una empresa financiera pasaron por la lista entremezclados con los nombres de carpinteros, albañiles y obreros.
Y no faltan los políticos
Pero no sólo ellos, sino también aparecen los nombres de algunos políticos, con quienes Mujeres Creando ha roto sus propias reglas, pues no ha esperado la denuncia de la mujer para incluir sus nombres. Es el caso de los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo, y de Bolivia, Evo Morales.
¿Pero por qué incluir al presidente Morales si ha reconocido a sus hijos y se sabe públicamente que se encarga de su manutención?. Galindo responde que el mandatario se hizo cargo de sus hijos cuando ya eran grandes y "además nunca ha reconocido el problema".
Galindo considera que la lista no sólo logra el pago de las pensiones económicas, sino que "queda restablecida la dignidad de las mujeres, lo cual nos alegra mucho".
Hay otra lista peor
Aparecer en la lista de "padres irresponsables" es una vergüenza, pero hay algo peor que eso: aparecer en la lista de "hombres cobardes". Galindo explica que esta lista es mucho más corta que la anterior y que está integrada por hombres que han golpeado a sus mujeres y que se niegan a reconocer su delito.
En este caso, los hombres salen de esa nómina sólo con una sentencia judicial o con el resarcimiento económico a la víctima.
La activista sorprende al reconocer que la difusión de estas listas "es ilegal" porque los hombres son expuestos a la vergüenza pública sin que se haya dictado una sentencia en su contra. Sin embargo, dice que hasta ahora nadie ha iniciado un juicio contra la radio y, más bien, los hombres han tratado de resolver el conflicto para salir de la lista.
Incluso, cuenta el caso de estudiante de arquitectura, quien luego de pagar las pensiones ha aceptado grabar una cuña radial explicando qué entiende por responsabilidad paterna. Ese es el caso de un final feliz, pero no todas las historias terminan así. Y prueba de ello es que no han faltado los hombres que "de forma prepotente" han querido resolver la vergüenza.
TECNOSOCIALISMO PARA CUBA Y BOLIVIA
América Latina en Movimiento (www.alainet.org/active)
Cuba y Bolivia están unidas actualmente por ALBA (Integración Económica Bolivariana ) que agrupa a varios países revolucionarios de Latinoamérica y el Caribe. Por tanto es un instrumento válido para construir el llamado Tecnosocialismo Productivo y Sostenible. Palabras que contienen un significado económico y tecnológico de carácter definitorio para el futuro de ambas naciones latinoindoamericanas. Y para demostrar que se puede y debe construir el socialismo en la región pero de forma eco-productiva y altamente eficiente.
Hasta el presente Bolivia muestra una historia revolucionaria que viene desde el año 1937 (30 años antes de la presencia del Che en este país ) con características enriquecedoras como la presencia de las fuerzas armadas y sindicatos en la toma de decisiones sociales, económicas y productivas. Se denominó en su tiempo este procedimiento o proceso como “socialismo militar”. Sus efectos se ven y observan en la empresa YPFB y las refinerías que se crearon en Cochabamba y Santa Cruz en 1944 con Gualberto Villarroel, utilizando los propios recursos del Estado boliviano de entonces y en plena segunda guerra mundial. También tuvo efecto una pre-reforma agraria y liberación de los campesinos oprimidos.
En el plano internacional Domingo Perón y Getulio Vargas aprendieron del socialismo militar y desarrollaron las reformas en sus países que han conducido a que hoy por hoy Argentina y Brasil sean los países más desarrollados y progresistas en la región con fuertes sindicatos programáticos.
La causa de esto es que Bolivia fue creada por miles de guerrilleros de la independencia de 1809 a 1825, todos nacionalistas y revolucionarios como Juana Azurduy, Manuel Padilla y los hermanos Lanza, entre otros Pero también por Simón Bolívar que claramente fue un militar antiimperialista y progresista, junto a sus lugartenientes más cercanos como Antonio de Sucre y José Ignacio Abreu y Lima. Este último brasileño de Pernambuco que nació en 1770 y que recién murió en 1869 ( en la mejor época posterior de Carlos Marx y Federico Engels ), después de haber actuado revolucionariamente en su país y haber escrito creativamente un libro denominado precisamente “ Socialismo ”.
Con estos ejemplos revolucionarios e intelectuales y los anteriores levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Katari (y los hermanos Katari, 1780), y los posteriores de José Martí (1895), se ha ido configurando en la conciencia de las masas populares una historia principista y revolucionaria en nuestros países que es y será muy difícil extirpar
Pero de lo que se trata ahora en el siglo XXI tanto con el Gobierno popular de Evo Morales como con el Gobierno comunista de Raúl Castro es demostrar que este proceso se lo puede profundizar planeadamente elevando los indicadores de producción, productividad, investigación científica y tecnológica , planificación integral, integración y liderazgo regional y mundial. Es posible realizar este avance cualitativo con el programa del tecnosocialismo productivo y sostenible tanto para Bolivia como para Cuba y otros países ALBA y UNASUR, que como Cuba recién comenzó su proceso revolucionario socialista en 1959, y que hoy necesita necesariamente de la integración continental para consolidar su proceso socio-económico-revolucionario-cultural.
El tecnosocialismo se basa ante todo y como primer componente en la tecnointeligencia de las masas que deben dirigir necesariamente la economía y la cultura a través de sus instituciones de base, sin el aletargamiento que introducen las burocracias o tecnocracias intermediarias. En Bolivia se necesita mil universidades y tecnológicos de alto nivel de entrenamiento para elevar los conocimientos de la juventud hacia la incubación de empresas de base tecnológica. Bolivia puede y debe formar y entrenar a la juventud de los países de la región. Ya existen 500.000 PYMES pero sin apoyo decidido y urgente en créditos y tecnologías por parte del Gobierno nacional o departamentales y municipales y por parte de la banca privada misma. El Gobierno debiera re-direccionar los créditos nacionales hacia este sector tan amplio de la economía nacional. La nueva Constitución ( CPE ) apoya de hecho la economía mixta en el país con apoyo estatal para todos y cada uno de los agentes económicos, ya se trate de PYMES o cooperativas, comunidades campesinas o privados endógenos.
Las empresas públicas YPFB ( hidrocarburos ) y ENDE ( electricidad ) debieran organizar urgentemente empresas mixtas co-inversoras con estos agentes económicos y con los 337 municipios del país para garantizar la seguridad productiva, alimenticia y energética. Los municipios y gobernaciones tienen ingresos por la venta nacional del gas y minerales y de los mismos impuestos locales, pero aparentemente no lo están sembrando junto al Estado nacional, pues no parten iniciativas como estas de los mismos y tampoco de las empresas públicas o estatales principales como son YPFB y ENDE.
Los gases líquidos (GLP principalmente, propano y butano) que se separarán y fraccionarán pronto del gas natural que parte a Brasil y Argentina (540.000 ton/año x 2 ) debiera ser entregado contractual y principalmente a los 300 municipios menores productivos del país. Y evitar así su exportación por el propano-ducto que pretende construir el Lic. Carlos Villegas ( presidente de YPFB ) desde el Chaco hacia Sica-Sica en el altiplano occidental y puerto de Arica en el Océano Pacífico para su exportación, sin tener en cuenta el mercado interno nacional, especialmente para las fábricas que dan valor agregado.
Los agentes económicos del país necesitan energía que debiera proveerles tanto YPFB como ENDE en forma de GN ( gas natural ), GLP y LNG ( GN criogénico ) y de manera contractual planificada, es decir a aproximadamente 15.000 ton/año por municipio de GLP y al menos 100.000 m3/día de GN ( LNG )
Los agentes económicos alrededor de los municipios debieran instalar toda la infraestructura necesaria para recibir este gas en forma de GN, GLP y LNG ( es decir a través de gasoductos reales y virtuales ) y usarlo en fábricas, transporte, domicilios, turismo, agro-industria y pequeñas termoeléctricas. Con una inversión conjunta de corresponsabilidad entre YPFB y
ENDE con 300 municipios productivos menores y los agentes económicos que dependen de estos, la inversión prevista será de aproximadamente alrededor de 600 millones de dólares ( 300 millones por parte de los 300 municipios y 300 millones por parte de YPFB y ENDE ). Así de esta manera se pudiera hacer crecer el PIB nacional dentro de un año o dos hasta en un 30%. La pre-inversión debe ser pagada por los municipios con apoyo del Estado nacional en una suma de alrededor de 6 millones ( tres por parte de los 300 munipios y tres por parte de YPFB y ENDE ). Así se sabría de antemano en qué gastarán los municipios el gas que contractualmente les pretende entregar YPFB. Y también eventualmente la electricidad que les proveerá en forma segura y contractual la empresa de electricidad ENDE.
Con esta tecnopolítica (segundo componente del tecnosocialismo ) se deberá avanzar hacia la instalación de al menos 10 millones de KW ( kilowatios ) en Bolivia hasta el año 2020. Tanto con hidroeléctricas como con termoeléctricas a base de gas natural. Así, Bolivia podrá superar a Brasil en el per-cápita de potencia instalada que alcanzará si se cumple este plan energético a un KW instalado por habitante, en tanto que Brasil tiene hoy tan sólo 0,6 KW por habitante ( 109 millones de KW instalados ).
Para lograr estos objetivos energéticos Bolivia y Cuba debieran acudir a financiamientos por parte del Banco Sur, Banco ALBA, CAF y TGN, los dos primeros que están siendo creados por UNASUR-ALBA para apoyar inversiones en energía tanto a nivel regional, como suramericano y latinoindoamericano.
El tercer componente del tecnosocialismo es la integración continental y mundial, que para los países ALBA se llama o denomina integración bolivariana de alcance internacional. Un producto concreto de la integración en Suramérica fue la creación de UNASUR por parte de los países de Suramérica sin excepción, pero que debiera ahora concretarse en seguridad energética regional. Así, por primera vez en la historia universal un continente entero planificaría su futuro energético y alimenticio sin pensar en guerras de agresión como en Irak.
Los resultados hasta el presente son alentadores pero se puede avanzar más y mejor. Se tiene actuando a Petroandina, Petrocaribe y próximamente a Petrosur en la región para extender gasoductos internos en la región suramericana. Bolivia necesita gasoductos internos para occidente y para oriente. Tanto para satisfacer la primera etapa de la industrialización con el gas natural (termoeléctricas, siderurgia, cementeras), como para la segunda etapa ( etanol, PVC, poliésteres para textiles, nitrato de amonio y explosivos ) y la tercera etapa ( petroquímica en base al metano como GTL, amoníaco, urea, etc. ).
Finalmente, Bolivia y Cuba debieran hacer crecer dinámicamente su intra-comercio bilateral hasta los mil millones de ida y vuelta en el 2015. Lo mismo con todos los países ALBA y UNASUR. La base sólida de Bolivia debieran ser los alimentos orgánicos y los cereales andinos y tropicales, junto a las carnes y peces de río. La de Cuba la exportación de medicamentos y equipos médicos, equipos de consultoría en ingeniería y medicina, incubación de tecnológicos y turismo. Todos servicios que los bolivianos y suramericanos pudiéramos pagar en forma anticipada y planificada para ayudar a la revolución cubana.
Por lo que ambos países debieran proceder a realizar la atracción de capitales. Para incubar empresas mixtas de base tecnológica acudiendo a las inversiones de China, Corea, Viet Nam, Rusia, Brasil, India, Suráfrica, UNASUR y árabes en cantidades casi ilimitadas, ya que estos nuevos países emergentes poseen más dinero disponible para las inversiones externas que USA mismo, país que más bien tiene una deuda externa por más de 5 billones de dólares ( 30 % de su monstruoso PIB de 14 billones año ).
Bolivia necesita de inversiones millonarias mixtas para construir el tren eléctrico entre Puerto Busch (Atlántico) y Puerto Ilo (Boliviamar, Pacífico ), para hidro- y termoeléctricas, para agro-industrias con 10 mil comunidades campesinas y privados, infraestructura , viviendas eco-futuristas confortables, energía renovable, industria liviana y pesada, baterías de litio y autos eléctricos híbridos, energía electronuclear, fábricas textiles, cementeras, fundiciones y siderurgia en los nueve departamentos, petroquímica y casas de PVC, electricidad y electrónica, tecnologías TIC y para I&D de la biodiversidad.
¡Cuba y Bolivia pueden y deben poner en funcionamiento el programa del tecnosocialismo productivo y sostenible para ejemplo de la región y de los países pobres atrasados para salir de la pobreza extrema y superar a los grandes del llamado primer mundo con inteligencia y planificación!
BOLIVIA Y PERÚ ANALIZARÁN SITUACIÓN DE RÍO FRONTERIZO
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)
Autoridades de Bolivia y Perú se reunirán el 21 de septiembre en La Paz para analizar la situación de un río limítrofe después que medios de prensa bolivianos denunciaron un supuesto desvío de las aguas por el vecino país.
Los dos países se encuentran trabajando y coordinando desde el 2006 "una serie de acciones" respecto al problema del Río Mauri en el oeste, cuyas aguas nacen en Perú y pasan a Bolivia, informó la Cancillería boliviana en un comunicado de prensa el martes.
La situación del río Mauri será analizado en la VI Reunión de la Comisión Técnica Binacional que se reunirá en La Paz. Los delegados visitarán la zona en la región altiplánica "con la finalidad de definir una agenda para finalizar los trabajos técnicos hasta fin de año y definir la instalación de una estación hidrométrica binacional". Autoridades bolivianas también denunciaron hace dos meses un posible desvío del río Suches por mineros peruanos que explotan oro en una zona fronteriza pero la Cancillería aclaró entonces que el caso está en análisis de las autoridades de los dos países.
Bolivia-México-Inversiones-Política
MÉXICO ESPERA "PRECIO JUSTO" POR EXPROPIACIÓN A CEMENTERA EN BOLIVIA
Terra de Colombia (www.economia.terra.com.co)
El embajador de México en La Paz, Rafael Cervantes, expresó este martes la convicción de que Bolivia pagará "un precio justo" al mexicano Grupo de Cemento Chihuahua (GCC) por la expropiación de acciones de una fábrica en la región de Chuquisaca, en el sudeste del país.
El diplomático espera que las gestiones entre emisarios del grupo mexicano y del gobierno de Evo Morales, que se reunirán el miércoles en La Paz para tratar la expropiación de acciones de la Sociedad Boliviana del Cemento (SOBOCE, en la que GCC tiene participación de un 47%), arrojen un acuerdo "amigable".
La representación del GCC se entrevistará con el canciller David Choquehuanca para conocer las causas que condujeron al gobierno a expropiar -el 1 de septiembre- el 33,34% de las acciones de SOBOCE en la cementera boliviana Fancesa de Chuquisaca, la más grande del país.
"Asumimos esa acción (la confiscación) con gran respeto, porque es una proceso que está permitido en la Constitución Política del Estado boliviano; sin embargo, se afectan intereses privados extranjeros, pero estamos seguros que se pagará un precio justo por las acciones de esta compañía mexicana", dijo Cervantes.
En esa línea, "vamos a apoyar las gestiones de la firma mexicana ante el Gobierno boliviano", precisó el diplomático. Sin embargo, si acaso no se diera un proceso justo de compensación, esa medida "no tendrá mayor afectación" ni limitará las futuras inversiones mexicanas, dijo Cervantes.
En SOBOCE participan GCC con 47% de las acciones, además del empresario y político opositor boliviano Samuel Doria Medina, con 52%, mientras que el saldo está en poder de otros empresarios locales.
SOBOCE adquirió acciones de Fancesa en 1999 por 26 millones de dólares, en el marco de amplio plan oficial de privatización, operación calificada de irregular por el gobierno de Morales, que procedió a la expropiación del paquete accionario.
Doria Medina dijo con anterioridad que las acciones expropiadas valen unos 80 millones de dólares.
LIBRO DE GASTRONOMÍA BOLIVIANA FUE PREMIADO EN PARÍS
Generación de Perú (www.generaccion.com/usuarios)
“Lo Mejor de Platos & Buen Gusto”, es el libro de gastronomía de la autora Lucy Ávila Auzza que fue premiado en París en un concurso mundial donde los mayores expertos del arte culinario evaluaron más de 8.000 libros de 136 países, traducidos en 40 idiomas.
Bolivia obtuvo el cuarto lugar en la competencia internacional de “mejor libro de recetas del mundo” “Best Book in The World”, después de Argentina, Cuba y Costa rica, obteniendo como reconocimiento, el adhesivo de certificación Gourmand otorgado por esta institución; pero también, previamente, obtuvo el primer premio en la categoría de recetas caseras (Best Bookazine).
El libro de Lucy Ávila se presenta como una guía variada de la gastronomía nacional e internacional ilustrada de forma didáctica en secciones clasificadas por ensaladas, carnes, aves, salsas, sopas, pescados y mariscos, postres, ponches, batidos y recetas gourmet, entre otras.
“Lo Mejor de Platos & Buen Gusto”, publicado el 2008, es el resultado de 15 años ininterrumpidos de aporte a la gastronomía a través de publicaciones exitosas de la autora, para promocionar al país a través de la cocina, “la gastronomía boliviana sobre todo, la cochabambina es íntegra, todos se quedan admirados… mi énfasis es entonces que la gastronomía boliviana sea un motivo de atractivo turístico para Bolivia, se debe comenzar a salir de nuestras fronteras y dar a conocer lo que tenemos”, afirmó Ávila.
En febrero de este año, el libro galardonado de Lucy Ávila ha sido expuesto en la feria mundial del libro en Londres y está recorriendo el mundo dando a conocer la riqueza y variedad de la gastronomía nacional.
Ejemplares agotados en todo el país dan fe, del éxito rotundo de este libro que ha llevado a la autora a sacar una reedición el 2009 y ser invitada nuevamente por la “Gourmand World Cookbook Awards” para la competencia del próximo año. Mientras tanto, Lucy Ávila, sigue promocionando este trabajo a través del país, en cada departamento donde es invitada.
Es el aporte de una tarijeña y cochabambina de corazón que ha querido ser la portadora de una de las mayores riquezas culturales del país: la gastronomía.
Proceso de evaluación y premiación
La “Gourmand World Cookbook Awards” es la organización internacional que premia cada año los mejores libros de cocina y del vino, con el propósito de recompensar y honrar a los que cocinan con palabras.
La dinámica de esta competencia es muy estricta ya que se pasa por un largo proceso de evaluación, los ganadores de cada país se anuncian en noviembre y entran en la competición internacional Best in the World, cuyos premiados se conocen en abril del año siguiente en una cena de gala.
La premiación del 2011 se llevará a cabo en El Centquatre de París, entre los días 3 y 6 de marzo de 2011, los días 3 y 4 de estarán reservados para los profesionales del sector, mientras que el 5 y 6 se abrirá la feria al público, días durante los cuales la gente podrá disfrutar de degustaciones, conferencias o información sobre libros, entre otras muchas actividades.
Un evento de gran trascendencia en el cual Bolivia, estará presente una vez más.
EL REY BOLIVIANO DEL REALISMO FANTÁSTICO
Uno Más Uno de México (www.unomasuno.com.mx)
Se le considera el rey boliviano del Realismo Fantástico. Aunque se trata de un rey, que en su ascendente trayectoria como creador de temas pictóricos realizados en acuarela; ha traspasado ya fronteras norteamericanas y europeas. Él es, desde luego, José Rodríguez Sánchez, entrevistado por UnomásUno, en el Seminario de Cultura Mexicana, donde acompaña actualmente con sus obras, las de otros artistas como Giancarla Muñoz Reyes, Mamani Mamani y el fotógrafo brasileño Dado Galdieri, del 5 al 30 de Septiembre en el domicilio social de la Institución en Presidente Masaryk 526, en Polanco.
El también Agregado Cultural de la Embajada de Bolivia, señaló que empezó dibujando en las orillas de un espejo de agua, la hermosa laguna Alalay, de su querida Cochabamba; aprovechando la humedad de su vera y con una ramita seca como prolongación de su dedo índice, para darle forma a algunas líneas y soñar, así, con la luz en las transparencias del agua. “De esta manera y después de muchos balbuceos, mi naturaleza se impuso y opté por la técnica del agua como lenguaje plástico”.
“Siendo adolescente me sumergí apasionadamente en el mundo del arte. Gratamente fui descubriendo y describiendo mi entorno natural. Aprendí a ver correctamente y revelar con ayuda de mi maestro, el pintor y escultor Germán Olivera, que el artista es un verdadero confidente de la naturaleza. Y fueron muchos centenares de dibujos y pinturas que al no cristalizar como obras de arte, definieron sin embargo, en mí, una vocación muy poderosa que inició a los 14 años, y que me condujo a realizar mi primera exposición en la sala de mayor importancia de mi ciudad natal”.
El joven artista relató también que junto a varios pintores de su generación como Darío Antezana, Gonzalo Torrico y José Castro, hizo intentos por plasmar lo particular del paisaje de los pueblos coloniales, de las cordilleras nevadas, de los centros mineros, del colorido de la gente de diferentes regiones de Bolivia. “No puedo negarlo. Fui constante y acepté que el camino del arte es complejo y que exige una total entrega. Acepté, por ejemplo, que hay días de agotamiento y de grandes derrotas frente al material, pero a pesar de todo entendí que el compromiso era conmigo mismo y que dentro de mí habitaba un artista que ya no podía vivir más de manera convencional, como era el caso también de mis colegas Ronald Martínez y Hernán Zevallos, que como yo, miraban también sus mundos exterior e interior con los ojos de la mente y el corazón”.
Opinión
LAS MORDAZAS DE EVO MORALES
Juana de Mariana Org (www.juandemariana.org)
El acoso al que está siendo sometida la libertad de expresión en los países iberoamericanos sometidos al chavismo y sus aliados es algo que, a no ser que se sufra una ceguera ideológica voluntaria especialmente grave, resulta evidente. Junto al caso extremo de Cuba, donde este derecho y muchos otros son papel mojado desde hace más de medio siglo, vemos que en varios países se avanza en la creación de leyes mordaza y otras medidas de diferente tipo. Se trata de un fenómeno cada vez más generalizado, que se reproduce en lugares como Venezuela, Argentina, Ecuador o Nicaragua.
Es, sin embargo, en Bolivia donde están teniendo lugar los episodios más graves de las últimas semanas en esta materia. En una sorprendente sentencia que otorga el derecho al honor a una entidad financiera, un tribunal de cuya independencia resulta lícito dudar condenó a casi tres años de prisión y prohibición de presentarse a las elecciones al ex presidente Jorge Quiroga por "difamación, calumnia e injurias al público Banco Unión". El fallo judicial resulta tan escandaloso que hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) ha salido en defensa del ex mandatario.
Por supuesto, el Gobierno de Evo Morales tiene la desfachatez de negar el sentido de la intervención de la OEA y el vicepresidente Álvaro García Linera llega a acusar a "Tuto" Quiroga de ejercer la "prostitución de la expresión". Todo esto resulta especialmente grave. Se utilizan las leyes de forma arbitraria para perseguir penalmente y tratar de impedir la candidatura de alguien que resulta incómodo para el mandatario indigenista. No es de extrañar, puesto que Quiroga no sólo es un destacado opositor al líder cocalero; es, además, una de las personas que con mayor firmeza y mejor análisis denuncia el expansionismo de Chávez por toda la región.
Siendo grave todo lo anterior, no es éste el único episodio preocupante para la libertad de expresión en la Bolivia de Evo Morales. El oficialismo ha logrado sacar adelante en la Cámara de Diputados una norma (que todavía debe ser revisada en el Senado) que puede ser utilizada por el poder contra los medios con la excusa de combatir el racismo. La nueva ley, en caso de aprobarse su texto actual en las dos Cámaras parlamentarias, establece sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia de funcionamiento a todo "medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias".
Ante las protestas de los periodistas y propietarios de medios, además de las de la oposición, el Gobierno de Morales y los diputados oficialistas han respondido utilizando su táctica habitual. Negar sus intenciones y atacar a quienes se les oponen. Desde el gobernante Movimiento al Socialismo (MaS) se ha llegado a decir que las quejas son un "reconocimiento implícito" de que periodistas y opositores son racistas y discriminadores. Sin embargo, esto no es más que una excusa. El hecho de que sea el Ejecutivo el encargado de redactar y aprobar el reglamento de desarrollo de la ley en cuestión es una buena muestra de lo que se puede esperar en este caso.
El Gobierno boliviano ha encontrado en una buena causa, la lucha contra el racismo, una excusa para recortar la libertad de expresión. Sin embargo, éste es un derecho que no debe ser recortado por el poder público ni aunque sea para tratar de impedir la difusión de las ideas más deleznables. La discriminación racial debe ser combatida por la propia sociedad civil, no mediante leyes mordazas. Y menos en casos como este, cuando el poder político ha demostrado que puede prostituir cualquier causa para ir afianzando un sistema con rasgos cada vez más totalitarios.
Opinión
EXPROPIACIONES. LOS BOLIVIANOS TENDREMOS QUE PAGAR LA FARRA POPULISTA
El Diario Exterior de España (www.eldiarioexterior.com)
La reciente expropiación del 33.34% de las acciones de la Fabrica Nacional de Cemento (FANCESA), que habían sido adquiridas en 1999 por la empresa SOBOCE, constituye un nuevo hito en el proceso de estatización de la economía boliviana, especialmente porque el Ministro de Hacienda al informar de esta medida, señaló que el gobierno no se detendrá hasta recuperar para el Estado todas las empresas que alguna vez fueron públicas.
El caso de FANCESA, constituye a todas luces un abuso de poder y parece tener directa relación con el hecho de que el presidente de SOBOCE es presidente de un partido político que ha venido criticando el manejo de las empresas publicas creadas por el actual gobierno boliviano. Si las autoridades tenían indicios de supuestas irregularidades en la licitación de las acciones debieron iniciar un proceso y comprobar sus denuncias.
Lo efectuado, expropiar a sola firma, muestra la inseguridad jurídica que se vive en Bolivia, donde el Gobierno ya no se toma la molestia de acudir a los tribunales, a pesar de que los controla en su casi totalidad. Por más que el presidente declare que en Bolivia se respeta la propiedad privada e invite a los empresarios a invertir, este tipo de acciones le quitan toda credibilidad y explican porqué en los últimos años ha habido tan pocas inversiones.
Desde el punto de vista político fueron entendibles las nacionalizaciones de hidrocarburos y minería. El pueblo boliviano tiene un profundo sentimiento de pertenencia sobre estos sectores. La solución debió haber sido crear unas empresas publicas modernas y sujetas a escrutinio público que, en estos sectores pudieran desarrollar sociedades con operadores privados, como por ejemplo lo hace PETROBRAS, la cual incluso ha llegado a tener accionistas privados y cotizar en bolsas internacionales de valores.
Como sucedió en el pasado, todas las empresas nacionalizadas son altamente ineficientes y contaminadas por la corrupción. No han incrementado su producción. Las transnacionales contra las cuales el gobierno hizo la causa principal de su lucha por llegar al poder, se han vuelto imprescindibles para que la producción de hidrocarburos se mantenga. Se les pagó por sus acciones en procesos poco transparentes de negociación, invierten menos que antes y el gobierno les paga más.
Las otras empresas estatales de reciente creación son tan mal administradas como las anteriores. Fueron constituidas mediante fideicomisos sin ninguna fiscalización estatal. Han gastado cientos de millones en comprar equipos sin licitación, que en su mayoría siguen almacenados y después de dos a tres años de su constitución, no se ha presentado estados financieros que reflejen que se ha hecho con el dinero de los bolivianos. Por ahora, el estatismo se sostiene por el alto precio de las materias primas que exportamos. Cuando esto cambie, los bolivianos tendremos que pagar la farra populista y nos daremos cuenta que una vez más repetimos los mismos errores de siempre.
BRASIL HALLA GIGANTESCO POZO PETROLERO
Un yacimiento submarino de petróleo hallado en Brasil podría ser el mayor encontrado en los últimos 20 años
El Momarandu de Argentina (www.momarandu.com)
S i se confirman las estimaciones iniciales de reservas por 8.000 millones de barriles en el sitio, informó este martes el diario Estado de San Pablo, que cita fuentes oficiales.
La directora de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), Magda Chambriard, citada por el periódico, dijo que las estimaciones de una firma privada contratada para la evaluación llegan a 7.900 millones de barriles de petróleo en el pozo de Libra, ubicado en la cuenca de Santos, que ocupa parte del litoral de los estados sureños de Rio de Janeiro, San Pablo, Paraná y Santa Catarina.
"¿Dónde se vio una licitación de más de 7.000 millones de barriles en los últimos años? Eso solo pasaba en Oriente Medio en la década de 1970", dijo la funcionaria al diario, en referencia al sitio, cuya explotación debería ser licitada junto a otros yacimientos submarinos el año próximo.
La confirmación de las reservas solo será posible una vez comience a funcionar el sistema de extracción.
Brasil descubrió reservas de crudo y gas asociado en aguas ultraprofundas, hasta 7.000 m debajo de una capa salina en el fondo del mar, que podrían más que triplicar sus reservas probadas de 14.000 millones de barriles de crudo y convertirlo en una potencia petroler
¿QUÉ HACEN LAS NACIONES POBRES EN ENERGÍA?
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com/columnasycartas)
Todas las naciones de América del Sur son energéticamente más ricas que Chile. Venezuela, para qué decirlo. Colombia, un exportador de carbón, petróleo y gas natural. Ecuador, fuerte exportador de petróleo. Perú, con un déficit en petróleo que lo compensa con el gas de Camisea. Bolivia, la segunda mayor reserva de gas natural de América del Sur. Argentina, hasta el año pasado un exportador neto de gas natural y petróleo. Brasil logró la autosuficiencia en petróleo y gas. Paraguay y Uruguay carecen de petróleo y gas, pero represas les aportan el 100 y el 98% de la electricidad que consumen; además, Uruguay ha descubierto grandes campos gasíferos.
En frente de ellos nuestra situación aparece muy desmejorada. De lo que consumimos, el 98% del petróleo, el 92% del carbón y el 76% del gas son importados. Nuestra fortaleza es la hidroelectricidad, pero aún en ese campo nos superan Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina y Paraguay; Perú casi nos alcanza. La otra fuente enteramente nacional y que aporta el 16% de la matriz (una enormidad) es la leña que -si mal procesada y extraída de bosques mal manejados- es una de las más indeseables.
Este es el punto de partida de nuestra política energética. Una situación difícil frente a la cual no cabe desesperarse, pues son muchos los países que tienen un desarrollo notable, como Japón, España, Francia, Suecia, no obstante que la naturaleza los dotó de escasos recursos de energía.
Esos países tienen como rasgo común acudir a todas las fuentes sin desechar ninguna: petróleo, carbón, gas natural por ductos y gas natural licuado (GNL), hidroelectricidad, nuclear y energías renovables no convencionales (ERNC). Así, Alemania, Francia, Japón, Suecia y España son líderes tanto en las ERNC como en centrales atómicas. Tampoco han renunciado al carbón.
Otro rasgo de sus políticas es que asumen que porque son vulnerables, los amenazan los altos precios y la inseguridad y, por tanto, se juegan por alcanzar, con idéntica prioridad, tres objetivos esenciales: seguridad en los abastecimientos, una matriz más limpia y energía a precio razonable.
Estos objetivos no son fáciles y, además, muchas veces contradictorios. La matriz de mejor precio puede ser la más sucia. En ese sentido es ilustrativo el caso del carbón, que es el combustible fósil más contaminante, pero a la vez el más barato. El mix más limpio, en cambio, puede ser de un costo muy elevado. Las ERNC es cierto que son más limpias, aunque ninguna lo es enteramente; pero su inconveniente es que son caras -con la solar alcanzando precios prohibitivos- y requieren subsidios. En estos países el precio de la energía es más alto pues reciben el impacto de las alzas en los mercados sin que pueda atemperarlas la producción interna, al punto que en Chile el costo de la energía duplica el de economías con las que compite. En otro plano, las naciones de que estamos hablando tienen más riesgos a su independencia en el caso de un proveedor que intente suspender o chantajear con los suministros. Ello obliga a diversificar la matriz para no depender de una sola fuente, sino de varias, y no de un solo país, sino de muchos, surgiendo un conflicto entre precios y seguridad que lleva a preferir matrices más caras pero más seguras, como Chile al optar por el GNL o, en mayor escala, Francia al hacer que el 70% de su electricidad sea producida por plantas nucleares, que aseguran mayor independencia que los gasoductos o el petróleo. Obviamente, si privilegiáramos una matriz enteramente limpia y segura, su precio llegaría a niveles que afectarían negativamente el progreso económico y social.
La necesidad de compatibilizar estos tres objetivos -ambiental, precios y seguridad- obliga a un debate racional, ajeno al dogmatismo de quienes intentan imponer un solo criterio: o puramente ecológico o puramente de precios. Ambos unilateralismos son nefastos y tienen costos que el país no resiste. Más grave, porque conduce a la intolerancia, es el tono moral con que algunos exaltan o condenan una u otra forma de energía. No es cierto que haya unas energías buenas y otras no. Lo que hay es que algunas son favorables para unos objetivos y neutras o inconvenientes para otros. Lo que corresponde es analizar los efectos de cada una de ellas, sin prejuicios, y sobre esa base decidir qué precio pagar por la energía, cuál contribución ambiental hacer, y cómo y a qué costo asegurar la mayor independencia energética respecto de Bolivia, Argentina, Estados Unidos o el que sea.
"CON EL BIOETANOL SE ESTÁ TRANSITANDO POR EL BUEN CAMINO"
La Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar/nota)
La producción de bioetanol debe ser un proyecto abarcativo, que requiere de la organización y la tarea conjunta de los distintos sectores, tanto de la actividad primaria como del Estado. A partir de ese concepto, el director del Programa Provincial de Bioenergía, Gerónimo Cárdenas, cree que la producción puede sostener niveles importantes en el tiempo no sólo para cumplir con el corte del 5% de las naftas, sino para otros procesos industriales.
Cárdenas fue uno de los disertantes que ayer expuso durante el Taller Nacional de Innovación Tecnológica en Bionergía, organizado por la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán (Sidetec). "La actividad, en la provincia, está transitando por el buen camino pero, como dice el dicho, el que se quema con leche, ve la vaca y llora", dijo a LA GACETA el también coordinador del Programa Bioenergía de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). Cárdenas recordó que, hace poco más de una década, el ingenio Concepción importó una destilería que, según recordó, se había montado con el fin de alentar la producción en el marco del Plan Alconafta. "Como no se hizo, y frente a dificultades económicas, la vendió y creo que hoy está en Bolivia", acotó. "Hay que evitar que esas cosas vuelvan a ocurrir", insistió.
De la misma manera, Cárdenas rememoró que hace 50 años el ingenio La Corona montó una planta para usar el alcohol como punto de partida para producir otros productos químicos. "Al aparecer el petróleo, como una posibilidad energética, los costos en ese momento eran altos y entonces no convenía seguir ese camino", enfatizó.
Claro está que la historia cambia y, en la actualidad, lo que escasea es el petróleo. "Al estar más caro, las posibilidades del alcohol, como alternativa, es mayor y hay que estar preparados", sugirió el investigador. Y agregó: "Tucumán tiene las mejores condiciones para potenciar esas posibilidades".
En este proceso de reconversión industrial, Cárdenas reconoció que hay dos situaciones que inquietan a los industriales. "Por un lado la falta de créditos blancos (se iniciaron gestiones ante la Corporación Andina de Fomento por una línea de U$S 150 millones para todo el sector azucarero del NOA) y por el otro la necesidad de contar con reglas de juego claras y lo más favorable posible". En este último aspecto, indicó que existe un marco regulatorio definido para el bioetanol, pero recomendó establecer la misma base para el caso de la cogeneración de energía.
INFORME ASEGURA QUE CHINA IMPULSA DIPLOMACIA MEDIÁTICA PARA INFLUIR EN LATINOAMÉRICA
El trabajo concluye que el país asiático busca construirse una imagen "positiva" de "amigo y compañero de confianza" en países en desarrollo y busca "fundamentalmente cambiar gran parte de su propia imagen en los medios de comunicación del mundo".
El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl/noticias/mundo)
China intenta influir en los medios de comunicación de Latinoamérica mediante acuerdos sobre telecomunicaciones y relaciones con periodistas, según un reciente informe del Centro Internacional de Asistencia a Medios de Comunicación (CIMA).
Los autores del documento, “Winds from the East” (Vientos del Este), Douglas Farah y Andy Mosher, desgranan los “diversos componentes de poder blando” que China utiliza “para influir en los medios de comunicación” en Latinoamérica, África y el sudeste de Asia.
El trabajo concluye que el país asiático busca construirse una imagen “positiva” de “amigo y compañero de confianza” en países en desarrollo y busca “fundamentalmente cambiar gran parte de su propia imagen en los medios de comunicación del mundo”.
Sobre la asistencia financiera directa a medios de comunicación, el país es el décimo contribuyente a países en desarrollo, con casi 18 millones de dólares en 2008, según el informe.
Entre los “instrumentos” citados para cumplir este propósito, están algunos más “visibles”, como la financiación y lanzamiento de satélites de comunicaciones, como en el caso de Venezuela y un acuerdo con Bolivia.
Pero además documenta viajes pagados a periodistas latinoamericanos o invitados a dictar conferencias, la expansión de su red de institutos culturales en la región y las visitas de políticos chinos de alto rango para reforzar lazos mediáticos.
Los autores consideran que, “debido a los limitados recursos” de algunos medios latinoamericanos, “viajar al extranjero es una importante extra y un potencial incentivo para publicar historias favorables” a China, a menudo con el requisito de escribir cierto número de informes favorables.
Otra de las acciones citadas es la organización de conferencias mediáticas “a gran escala” que, según el informe, han supuesto en los últimos cinco años al menos seis visitas de delegaciones latinoamericanas.
En relación a la red de institutos culturales, el informe destaca que entre 2006 y 2008 se han abierto diecisiete en ocho países, incluidos cinco en México, tres en Perú y dos en Colombia, Chile y Brasil, y otro en Argentina, Cuba y Costa Rica.
Otro de los aspectos que mencionan es la expansión de la agencia de noticias Xinhua, que es además responsable de la televisión CNC World.
El informe añade que mientras la mayoría de gobiernos recortan sus gastos en medios de comunicación, China provee internacionalmente millones de dólares, algo que, señalan, “es inusual en el contexto global actual”. Los autores creen que los chinos “tienen muchas probabilidades de avanzar de manera importante” en la competición mediática mundial y expresan la “preocupación” de que “la forma de periodismo exportado” por China tenga “menos libertad e independencia que el de medios de comunicación de las democracias”.
Observatorio Latinoamericano
A LULA SE LE ENFRÍAN LOS PLANES LUSOS DE PETROBRAS Y LE CADUCAN LOS CAMINOS IBÉRICOS PARA SUS BIOCARBURANTES
Capital de News de España (www.icnr.es/articulo)
Insistía, con la obsesión de hacer de Brasil la ‘Arabia Saudí’ de los biocarburantes y de la puerta ibérica el atajo definitivo a un mercado europeo. Tras los intentos fallidos por alianzas directas en España, el Palacio de Planalto y Petrobrás apostaron por el atajo canario para el etanol brasileño o de producción conjunta en África y, sobre todo, por la llave bicéfala -mayoría accionarial y proyecto estrella conjunto de biodiésel en Sines- de Petrobrás con Galp. Pero ni el ‘gozne’ luso, ni menos la ‘cerradura’ española se han abierto a su “revolución verde” hasta ahora. El terremoto accionarial de Galp ante la venta del 7% estatal y el ‘baile de pretendientes’ al 33% de Eni, los recelos de Bruselas con nuevos modelos de certificación, la saturación del mercado ibérico y las alternativas americanas dejan a Lula sin el desembarco español que anunció desde 2007. A las puertas de su ampliación de capital, Petrobras prioriza su deuda y sus planes petroleros globales. A la vista de las elecciones presidenciales del 3 de octubre, si llega, el aterrizaje de Petrobras en el 25% de Galp -vía desinversión de Eni- , no será ya bajo la égida de Lula. Y si se consuma el matrimonio carioca con Galp, no será ya con la sintonía en biocarburantes como bandera ni el biodiésel como prioridad. Menos aún, con el mercado español como destino preferente.
La fábrica de Sines -que debía comenzar en 2011 para producir desde 2013- congela aún sus plazos hasta que Lisboa despeje el horizonte de nuevos cupos de producción y mezcla e incentivos fiscales para los biocarburantes. Y ni Lisboa ni Brasilia necesitan al ‘atajo canario’ al biodiésel y el etanol africanos. Galp ya acelera, por separado, en alianzas con Sonangol y producción en Mozambique. Petrobrás mira de nuevo a EE UU, aunque sea por los caminos interpuestos de exportaciones intermedias a Centroamérica. El primer ministro Socrates acelera la desinversión del 7% que el Estado luso ostenta en Galp e intenta redoblar la presión de la sintonía con Brasilia, preferirían socios brasileños antes que la mayoría angoleña o saudí; abogan por avanzar en el ‘día después’ de su petrolera de bandera antes de que Dilma Rousseff -favorita en los sondeos para suceder a Lula- desembarcara en Planalto: al fin y al cabo, la ex ministra de Energía es partidaria de calma para lo que considera la “crisis de madurez” del etanol de Brasil, rebajar las expectativas de un boom de producción que dependería en casi un 40% de mercados exteriores y mayor intervención del Estado en el sector de los biocarburantes y en Petrobras.
Hoy, en Galp, en el brasileño Palacio de Planalto y sobre todo en el Consejo de Dirección de Petrobrás sólo reconocen que éste no es el momento para consumar el desembarco de Petrobrás en el nuevo ‘día después’ del mapa accionarial de la compañía lusa. A la directiva del gigante brasileño no le han gustado -lo han hecho saber extraoficialmente- ni los calendarios de la directiva de Galp, que pretendía finiquitar la venta del 33,34% de Eni antes de que acabe el año, ni menos aún las presiones de la energética italiana al exigirles un precio que, en palabras del equipo de Sergio Gabrielli, no es interesante para la carioca. Paolo Scarioni jura que hoy ya no tiene prisa por vender en la paraestatal lusa, que ha recuperado ya en dividendos los casi 4.000 millones de euros que invirtió en Galp y que ya no extenderá la alfombra roja a esa participación y a su mayoría de control en la lusa por menos de 3.470 millones de euros.
Si Lula da Silva y el primer ministro portugués Jose Sócrates pensaron que la ecuación de Petrobrás, Sonangol y Americo Morim podía quedar resuelta para el fin de la ‘moratoria’ accionarial en Galp que caduca el uno de enero de 2010 (sellado en 2005 para no alterar su peso en el accionariado sin consenso), se equivocaron. Sonangol, la petrolera pública angoleña que ya controla el 15% de Galp, (no directamente, sino a través de Amorim Energia, donde tiene une participación del 45) y opera en proyectos conjuntos en la exploración y la producción de petróleo y de gas natural con Galp en Angola respira por las urgencias propias y las del Gobierno de José Eduardo dos Santos: les sabe a poco la joint venture con Amorim -que ya ostenta un 22% de Galp- y no descartan hacerse fuertes en la lasitud de Petrobras.
Sócrates y Ferreira estaban dispuestos a que llegara a un 23%, si Petrobras sostenía un 25% y la mayoría quedaba en manos lusas. Hoy ninguna de las tres premisas es ya segura. Todas volverán a graduarse en función de los resultados de la venta del 7% inicial de Galp: si no consiguen dejarla en manos lusas, en el Ejecutivo de Sócrates mirarán de nuevo al Palacio de Planalto. Al fin y al cabo, no era otra que la sintonía con Lula –y el peaje a cambio de la luz verde para PT con Oi en Brasil- los que sustentaban el ajedrez accionarial que Sócrates quiso para su petrolera nacional. Pero si tiende de nuevo la mano a Brasilia sabe que ya no encontrará a Lula: y aunque la oficialista Dilma Rousseff -favorita en las encuestas- fue ministra de Energía con Lula da Silva y promete continuar su política, sintoniza con la prudencia de Gabrielli para Petrobrás, no respira la misma sintonía con Lisboa y le urge solucionar la “crisis de la edad media” de los biocarburantes brasileños -Dilma dixit- y potenciar el etanol ante el boom de los precios del azúcar.
El Consejo de Petrobrás en persona le ponía el tentetieso a los planes y los calendarios: nada de hacerse con un 25% en Galp antes de haber consumado la emisión de Una VOP por la que espera captar del mercado más de 55.000 millones de reales –unos 25.000 millones de dólares- pero que ya tuvo que postponer desde enero a junio de 2010 y ahora hasta septiembre-octubre. Ahora, la fecha prevista para la reserva de acciones termina el 22 de este mes, acaba de determinar que debe entregar 42.000 millones de dólares en acciones propias al Estado por la reserva presal de 5.000 millones de barriles de crudo. Y no son los analistas los únicos que le advierten que cualquier lastre a su deuda sería costosísima y muy mal interpretada por el mercado en este momento, ahora que Petrobrás acaba de perder los galones de mayor empresa nacional a manos de Vale y que en un año se ha dejado un 25% de su valor de mercado. La ‘niebla’ accionarial, tras el impasse de las negociaciones con Petrobrás ha llegado a tal punto que Galp y Eni hacen saber del interés de fondos soberanos e inversores saudíes por encontrar sitio en el 33,34% de la italiana. Nada que impida -eso juran en el Palacio- al Ejecutivo luso salir cuanto antes de su participación del 7% en Galp y embolsarse unos 700 millones de euros, con más fuerza ahora que busca compensar el ‘efecto PT’ y el uso de su golden share. Lo hará, -al menos eso espera- con apellidos lusos, con al menos un 1% en manos de la CGD (Caixa Geral dos Depositos), para garantizar su continuidad en un futuro en el que el mapa accionarial de Galp ya no está tan claro.
SE EMBORRONA EL MAPA IBÉRICO DE GALP, PETROBRÁS Y SONANGOL
No sólo es que Petrobrás haya pospuesto todas sus inversiones exteriores -incluyendo Galp- al menos hasta después de su ampliación y su capitalización. Es que ha empezado a priorizar sus inversiones en el mercado petrolero internacional. Y sus alianzas. Petrobrás tiene previsto invertir 120.000 millones de euros en la prospección y exploración de reservas off shore de petróleo situadas en la zona de pre-sal, un 53% de la inversión total proyectada hasta el 2014. Lula deja escrito en la bitácora de Gabrielli que la prioridad de la energética es el crudo, lo justo para “convertirse en la primera potencia petrolera mundial”. Incluso en su relación -con o sin compra- con Galp, ahora que por primera vez la empresa lusa se acaba de estrenar como operadora de un proyecto en Sergipe, en el nordeste brasileño.
No es que primer productor mundial de etanol de caña de azúcar renuncie a sus horizontes ‘verdes’, menos ahora que Lula se jacta de haber convertido a Petrobras en el abanderado de su ‘revolución’ verde y fija el horizonte de sus glorias: invertirá -hasta 2013- 2.400 millones de dólares (de los 174.400 de su presupuesto) a expandir el etanol y los biocombustibles y producir 3.900 millones de litros de etanol en 2013 y 640 millones de litros de biodiésel. Petrobrás acaba de sellar en 2010 sus tres primeros mayores avances en etanol, con la compra del 49% de la empresa conjunta con Sao Martinho en Goias, el 50% de Bioleo Industrial en Bahía y del desembarco accionarial en Guaraní, la cuarta azucarera del país. Pero amasa su calma: a la fuerza ahorcan: más de un tercio de los planes del segundo productor mundial y primer exportador de etanol requieren del mercado exterior, más aún ahora que ni los precios (un alza del 20% en cinco meses), ni la liquidez acompañan a los 25.000 millones de dólares de inversión prevista y que ver el techo a su mercado doméstico, ya el 90% de los coches vendidos son híbridos y ya siete de cada diez coches utilizan carburantes ‘bio’, un 27% del parque tiene el sistema flexi fuel y el etanol es el 51% de todos los combustibles utilizados. Los inversores privados nadan en la cautela, ahora que ven que Eldorado del etanol brasileño tiene fronteras y que, si quiere dar el estirón y nutrir con biocombustibles sus aspiraciones hemisféricas tendrá que ser no sólo sin la ayuda de Washington y Bruselas- con los que contaba como principales mercados- sino de espaldas a ellos y a su pesar. Por ahora, su cocktail no es tan embriagador.
Ni Ferreira de Oliveira, el presidente de Galp, ni Gabrielli por Petrobrás tienen ya prisa para un desembarco masivo en biodiésel ibérico. Es verdad que Banco do Brasil y Banco do Espirito Santo han conformado un consorcio, pero Brasilia y Lisboa ya no se necesitan para mirar a la producción y los mercados africanos. Galp hace saber que tiene línea directa con las opciones mozambiqueños: acaba de dar a luz junto con Petromoc y Ecomoz a una compañía conjunta, Moçamgalp, destinada a producir biodiésel de aceite de coco en Matola, al sur del país y con la puerta abierta al impulso de la jatropha - una planta de producción más barata que el etanol y el biodiésel americanos- que Galp quiere potenciar como nueva generación de biodiésel en todo el continente. Lula dejará Planalto con el paradójico honor de haber sido el mandatario brasileño que más países africanos ha visitado, más que todos sus antecesores juntos. Y en todos sus periplos, la enseña de los biocarburantes ha abierto los caminos comunes, junto a las de Vale, Odebrecht o Bradesco. Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo tienen ya en marcha programas de producción de etanol de sello brasileño y padrinazgo británico.
Además, a los planes en etanol y biodiésel de Brasil le crecen los competidores, pero también el mercado de sus vecinos americanos, donde cuenta con la ventaja de producir bioetanol desde los sesenta, de su ubicación en el Cono Sur y de poder incrementar su producción sin alterar el 50% de cultivos dedicados a la caña de azúcar. Como muestra, el Banco do Brasil financiará la instalación de una planta de etanol en ColombiaChile y Perú ya han programado cambios en su matriz energética para asegurarse recursos a través de carburantes alternos al petróleo, como el etanol, el gas y recursos renovables no convencionales. El Gobierno de Colombia -que produce 1,1 millón de litros diarios de etanol a partir de la caña de azúcar, y 170.000 litros de biodiésel a través de la palma africana y es ya el segundo productor de etanol, sólo detrás de Brasil- pretende situarse a la cabeza de los productores de biocombustibles y ha puesto en marcha un agresivo plan para inyectar capital y crear políticas sólidas en el sector agropecuario que le permitan alcanzar una producción del 20% de biocombustible en 2012, producir 900.000 litros diarios de biodiesel para ser el número uno en el mercado de Latinoamérica. Y México, donde la producción de bioenergéticos aún se está iniciando, coge sitio. Brasilia juega, in extremis, la baza cubana: los Castro se han comprometido ya a comenzar a trasplantar a la Isla el modelo brasileño.
El vecino del norte -primer productor mundial- está fascinado por el etanol y los biocombustibles, sobre todo porque ve en ellos una puerta para superar su dependencia del crudo en territorios poco amigos (Oriente Medio, Venezuela, Ecuador y Bolivia). Pero no tanto como para abrir la puerta a las pretensiones de Lula si perjudican a sus productores nacionales. Por primera vez, Brasil, con Petrobrás como ariete, comienza a derribar algunos de los muros del mercado norteamericano, con compañías locales como ‘caballos de Troya’. Acaba de anunciar que invertirá once millones de dólares en adaptaciones para la planta de KL Energy en Upton, para producir etanol de celulosa. Entre tanto, acelera los ‘atajos’ al mercado de Obama: lo hace con los acuerdos que le permiten comercializar a través de sus aliados centroamericanos y, desde ahora, está a punto de reproducirlo también desde el cono sur: un pool de 25 empresas brasileñas del APLA está a punto de concretar la producción de etanol en Perú para utilizar al país como plataforma para la exportación a EEUU.
LA PINZA CON GALP AL BIODIÉSEL ESPAÑOL, MÁS LEJOS
Hasta ahora, sólo la lusa podía colgarse los galones de socia productora con Petrobrás y embajadora de su revolución verde en el Viejo Continente. Lo suficiente para que Petrobrás viera en ella -y en la posibilidad de la compra de una mayoría de control, al menos un 25%- un horizonte energético mucho más amplio que el de sus hidrocarburos. La alianza en biocombustibles entre el gigante brasileño y su par luso no era ya ni un secreto ni una novedad. Su proyecto conjunto en Sines, bautizado oficialmente en mayo, estaba llamado a ser su experiencia iniciática de producción conjunta en suelo europeo y de desembarco masivo con biocombustibles de apellido carioca en el mercado español. Por primera vez, Petrobrás produciría en territorio ibérico, en esa nueva fábrica 160 km al sur de Lisboa, biodiésel vegetal a base de aceite de palma brasileño con destino a los mercados del Viejo Continente.
Y, de nuevo, no era otro que el mercado ibérico el destinatario de sus hasta 500.000 toneladas de producción al año. De ellas, al menos un 30% deberían llegar a España según los planes originales: ya Galp- con un 15% de gasolineras ibéricas (840 en Portugal, 610 en España) tiene en su mano el 50% del mercado portugués del biodiésel y el 10% del español y aspira a inundar este lado de la frontera con el ‘Proyecto Belén’. Pero si los flecos fiscales que el primer ministro Jose Sócrates no acaba de despejar para el biodiésel de segunda generación en Portugal y si las dudas regulatorias han ralentizado hasta ahora el despegue de ese proyecto llamado en principio a comenzar en 2011 con una inversión de 357 millones de euros, lo hacen más aún ahora que Petrobrás busca garantías adicionales. El mercado luso, con la incorporación del 7% de biodiésel ya vigente tiene más cerca su techo. Sócrates no tiene prisas, es posible que espere ya al 12% que la Comisión Europea esperaba comprometer a partir de 2020 -un horizonte que ahora ya no está tan claro entre los Veintisiete-.
Menos aún acompañan sus planes del lado español de la frontera. España es el país de la UE que más incrementó su capacidad en 2009: en cuatro años septuplicó las plantas de biodiésel y un 2.970% la capacidad productiva. Ya es el segundo productor de biodiésel de la UE, pero hoy el 75% de las 46 fábricas abiertas en los últimos años están casi paradas, según la patronal APPA, con una media de funcionamiento del sector del 10%, frente a las promesas del Ministerio de frenar situaciones arancelarias preferentes como Argentina o el sudeste asiático, aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel y bioetanol en el producto final y fijar objetivos más allá de 2011. Las 4 plantas de producción de bioetanol, con una capacidad total instalada de unas 464.000 toneladas/año, han sido más que suficientes para un consumo que durante los tres primeros meses del año se situó en 78.056 toneladas, un incremento del 14% respecto al trimestre anterior, siguiendo con la tendencia al alza derivada del inicio de la obligación de biocarburantes en 2009.
El Real Decreto de Especificaciones Técnicas ha llegado tarde y sólo para la gasolina. Algo ha pasado -le recuerda la patronal- cuando el biodiésel sigue viniendo en un 60% del extranjero y cuando la mayoría de las plantas del país agoniza. El dumping y la erosión de las importaciones subvencionadas a bajo precio desde los EE UU coparon durante 2008 y parte de 2009 la mitad del consumo y en el último año el ‘relevo’ argentino ha lastrado el despegue de los biocarburantes en España. Se han hecho fuertes en las distancias entre la capacidad instalada de biodiésel, -que en 2010 fue de más de dos millones de toneladas- y la demanda del mercado local. Nada que invite a un desembarco masivo de Petrobrás, ni sola ni a cuatro manos con Galp, ni siquiera aunque la lusa, que compró en 2008 la red de gasolineras de AGIP y ExxonMobil en España posea una de las mayores redes de distribución y reciba por venta directa de combustibles un nivel casi equiparable de ventas al del mercado vecino.
DESINCENTIVOS ESPAÑOLES Y COMUNITARIOS
El resto de los desincentivos al desembarco del biodiésel y el etanol cariocas a través del mercado ibérico lleva apellidos comunitarios. Bruselas dispuso el año pasado que para el 2020 el 10% de los combustibles contengan mezclas de origen biológico, en tanto que Estados Unidos se fijó el objetivo de producir 36,000 millones de galones (140,000 millones de litros) de etanol para el 2022, comparado con los 6,500 millones de galones del año pasado, que consumieron una cuarta parte de la cosecha de maíz que hubo en el país. Lula mira a la UE y a su programa recién sellado con Bruselas para la investigación de la segunda generación de biocombustibles y se anima con los euros, con Italia, los Países Bajos y los nórdicos en cabeza, que han acudieron al ´panal de rica miel´ lulista bajo el canto de sirenas de los 1.600 millones de dólares que el BNDES dedicó a financiar el sector sólo entre enero y abril. En Planalto buscaban haber sellado un nuevo acuerdo comercial de la mano de Sócrates -su mejor aliado entre los Veintisiete- pero no se pudo. Menos aún en la última ronda de negociaciones de la OMC (donde Lula aspiraba a que los biocombustibles brasileños fueran incluidos en la categoría de "productos ambientales" del Nuevo Tratado sobre Comercio Global).
Bruselas advierte que estudia muy de cerca al diésel portugués -el segundo más caro, por el peso de los biocarburantes según la propia Galp-, pero sobre todo, busca nuevos muros defensivos para el etanol y el biodiésel europeos. Es verdad que Europa ha multiplicado por diez su producción desde 2000 y conserva su posición de líder en biodiésel con el 64% de la producción, seguida de América, con el 32%, y de Asia, con el 4%, pero según datos de la European Biodiesel Board (EBB), sólo el 50% de las 276 plantas de biodiésel -con una capacidad de producción instalada de 21 millones de toneladas- permanecen activas. Aunque en algunos países como Gran Bretaña -ante la eliminación de la exención fiscal- han retrasado sus objetivos del 5% de 2012 a 2014, en Suecia es obligatoria la presencia de al menos una mezcla etiquetada en cada gasolinera, una manera de fomentar el vehículo flexible. El objetivo de Francia es llegar al 7% este año y el de Alemania alcanzar el 6,25%.
Más aún: Brasil ya comenzó una contraofensiva ante las medidas de la UE para certificar los agrocombustibles (pretenden asegurar que representen una reducción sustancial de gases de efecto invernadero y que no provengan de selvas, humedales ni áreas protegidas) que podrían conducir a barreras a la importación de carburantes procedentes de este país sudamericano. Aunque la Cumbre UE-América Latina de Madrid sirvió para desbloquear unas negociaciones congeladas desde 2004, es la propia ministra Espinosa la que ha tenido que prevenir que no habrá acuerdo hasta dentro de meses, años quizá. Y nunca “nada que perjudique a la agricultura de los Estados miembros de la UE”. Esta vez no serán sólo -que también- las amenazas del sector bioenergético español y de la industria europea de biodiésel- representada por la patronal europea EBB, los que prometen ponerle muros a los productos americanos: no están dispuestos a digerir las ventajas dirigida de un mercado en el que si ya los impuestos a la exportación de soja son del 32%, los productores de biodiésel pagan sólo un 14%, un subsidio encubierto según los productores comunitarios. Para Angela Merkel y Nicolas Sarkozy es ya un asunto de Estado. Junto con la EEB han pedido vigilancia a la UE y a la Oficina Europea para la lucha contra el fraude (OLAF) y una queja por dumping ante la OMC. Están dispuestos a que prospere incluso la propuesta del Elíseo y los productores franceses liderados por Tereos (que produce el 30% del consumo europeo) de colocar en el mismo grupo al biodiésel argentino y el etanol brasileño y gravarlos con nuevas tasas de entrada, al menos con barreras temporales que le impidan de facto ir más allá del 5% de la producción que consumen los Veintisiete.
Y el atajo geográfico para Petrobrás y Galp, el puente canario, aún está lejos. Aunque desde la visita del presidente de la Cámara de Comercio de Brasil en España, el Ejecutivo brasileño no ocultaba que busca de Canarias y sus empresas mucho más que nuevos acuerdos en la PAC brasileña y sus infraestructuras, no será ahora, ni con urgencia, ni a solas con la ‘pasarela’ de las Islas Afortunadas. Es verdad que aCanarias -con empresas en cabeza como Yacar Green Power y Promegal y Petrobrás los ha empezado a hermanar ya Dakar y la jatrofa, que quieren comenzar a producir en cuanto el Ejecutivo consume su nueva Ley de Renovables, pero en el mejor de los casos, ya sólo se esperan antes de cinco años haber comenzado a hacer de las islas una plataforma no sólo de sus inversiones sobre todo energéticas en África -el que Brasil ha empezado a convertir en su segundo campo de producción mundial de biocombustibles- sino un ariete para poder penetrar con productos brasileños desde la Zona Especial Canaria (ZEC) al mercado europeo, al menos al ibérico. Al fin y al cabo ya han cruzado sus expectativas en Angola y en Senegal, el que el propio Ministerio de Economía español descuenta que será en menos de una década el “granero del biodiésel de Europa”, con una producción de más de 600 millones de litros al año.
UNA ESTELA DE ALTERNATIVAS AFOGONADAS
Prometía, hace casi dos años, hacer de Madrid y París las dos plazas fuertes del etanol brasileño en el Viejo Continente. España -líder europeo en consumo de bioetanol y el quinto en producción de biodiésel- estaba llamada a ser una alfombra roja con la que despejar la producción y aprovechar las grietas del primer productor y consumidor mundial de biodiésel ahora que el etanol brasileño sigue en el banquillo de los acusados de la OMC y el FMI. Además, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba llamado a ser el ‘introductor de embajadores’ brasileño en el primer semestre de la UE. Petrobras juró incluso que la pretendía Antonio Brufau. Pero Sergio Gabrielli ha empezado a reconocer que a los posibles aliados del gigante energético ni está ni se les espera de este lado de los Pirineos.
A la vista de que Lula se había quedado sin valedores ibéricos para el biodiésel, durante 2010, el presidente del Gobierno y la industria brasileña han tratado de conjurar por otros atajos alternativos las ‘maldiciones’ españolas para su etanol y su biodiésel. La de las inversiones, las intentaron compensar con los planes del brasileño Mario Garnero -el presidente de Brasilinvest y del Foro de las Américas- para un hub tecnológico en la ciudad del Turia, llamado a albergar además su central para sus panes energéticos europeos y a ser -Garmero dixit- “la puerta de entrada a Europa para la importación de biocarburantes brasileños, sobre todo etanol”. Pero, a las puertas de las elecciones y de la recomposición del mapa de las grandes energéticas brasileñas y a la vista de un mercado nacional en el que un tercio de las fábricas han estado paralizadas, Brasilinvest amasa la calma y el compás de espera.
España -comienzan a reconocerlo en Petrobras y el Palacio de Planalto- no será el escenario de producción brasileña en Europa, tampoco el ‘caballero blanco’ del etanol brasileño ante Bruselas. Ni siquiera el acceso al mercado ibérico -más expuesto al dumping que sus vecinos europeos, abocado a digerir el stock de Argentina donde antes estuvo el de EE UU y con un tercio de las plantas a medio gas- está despejado. En poco más de un año ha caído en el desánimo de Petrobras. Y con él, se han venido abajo, una tras otro sus planes alternativos para los biocarburantes brasileños en la península.
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