Monday, June 25, 2012

BOLIVIA: DEMANDA POLICIAL CRECE Y EVO DENUNCIA ‘GOLPE’


Hubo preacuerdo, pero el motín sigue. Los ocho puntos acordados por los dirigentes de los policías y el Gobierno, durante la madrugada del sábado, fueron rechazados por las bases amotinadas. Se fue el cuarto día de protesta, el conflicto se alarga y no hay visos de entendimiento. 
La tropa rebelde desconoció a los dirigentes que encabezaron las tratativas con el Ejecutivo, cuestionando el papel del suboficial Édgar Ramos. Más de 12 horas le tomó al grupo de amotinados articular una nueva comisión de negociación con 21 demandas. 
A las 17:00 de ayer, cuatro delegados de todas las unidades de La Paz, entre suboficiales y sargentos, fueron presentados como nuevos dirigentes del motín verde olivo para encabezar la nueva negociación propuesta al Gobierno y al Alto Mando policial. A la comisión se sumó la dirigente de la Asociación de Esposas de los Policías, Guadalupe Cárdenas, pese a que participó del proceso de diálogo cuestionado.
Los nuevos dirigentes son anónimos, la mayoría no se identificó ni mostró sus grados. Sin embargo, el sargento Javier Quispe fue el único que dio la cara, como secretario de hacienda de los manifestantes.
A los pedidos de nivelación salarial, abrogación del Régimen Disciplinario policial, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría del policía y la destitución del comandante general Víctor Maldonado, ahora se han sumado demandas como la retoma de los servicios de Identificación y de emisión de licencias de conducir a manos de la Policía, así como recuperar la dirección de los procesos investigativos que hoy la ejerce el Ministerio Público.
El Gobierno, a través de los ministros Carlos Romero y Amanda Dávila, se han desmarcado de esta postura de los policías amotinados y han dicho que ya existe un acuerdo con los dirigentes legítimos de la protesta. Lo demás, según Romero, responde a elementos que “están trabajando con un movimiento político, conspirativo y desestabilizador que busca alterar el orden constitucional”. Discurso respaldado por el dirigente desconocido, Édgar Ramos.
La comisión pide diálogo directo con el presidente Evo Morales en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Para fortalecer sus planteamientos, se anuncia para hoy el arribo a La Paz de delegados policiales del resto del país, para generar un ente negociador colectivo. El Gobierno no se ha pronunciado sobre esta nueva propuesta, mientras que el comandante Maldonado, el dijo desconocer el nuevo pliego petitorio.
“Las reuniones del pliego serán consideradas con el presidente y los camaradas de los nueve departamentos. Queremos hablar y dejar esta intranquilidad que también nos tiene en zozobra”, afirmó uno de los nuevos delegados.
Los policías que permanecen en las inmediaciones de la UTOP, a media cuadra de la plaza Murillo, afirmaron que Ramos no consultó a las bases los términos del documento y que el mismo no satisface sus pedidos. 
Los efectivos explicaron que su demanda es la nivelación de su salario, igual al de un sargento inicial de las FFAA que gana Bs 2.400 y no el incremento del Bono de Seguridad Ciudadana, porque ese incentivo sale, según los amotinados, de los ingresos de la Policía y no de recursos gubernamentales, extremo que el Ejecutivo niega. 
Ayer en la mañana, alrededor de 500 hombres encapuchados, todos vestidos de civil, le dieron la vuelta a la plaza Murillo dos veces pidiendo la nivelación. “Evo, te quedan dos caminos, irte a Venezuela o darnos solución”, era uno de los estribillos.
Rabiosos, en más de una ocasión, atacaron a oficiales que no se habían sumado a la protesta. La acusación de afán golpista, difundida ampliamente por los medios estatales, les cayó muy mal.
“Se nos acusa de estar con políticos golpistas, que vayan los ministros a nuestras casas a ver cómo vivimos con los suelditos que nos pagan”, dijo uno de los amotinados. Sin embargo, estas acusaciones colmaron la programación de los medios estatales. 
Para hoy se aguarda el arribo de los delegados policiales del país y aún el Ejecutivo hace esperar su decisión de volver a la mesa para negociar, mientras desde del Comando General de la Policía se insiste en que todo vuelve a la normalidad y que son unos cuantos los que se movilizan, instigados por gente ajena a la institución.

La oferta gubernamental y la plataforma de demandas     
El acuerdo que las bases rechazaron
- Garantía. El Gobierno no promoverá procesos.
- Sueldo. El aumento es de Bs 220 en el bono de Seguridad Ciudadana.
- Normativa. En siete días se debe presentar una propuesta para modificar el Régimen Disciplinario.
- Beneficio. Se crea un fondo de compensación que remplaza a Covipol. 
Los nuevos pedidos
- Sueldo. Haber básico igual al de las FFAA.
- Normas y procesos. Abrogar la ley 101, no seguir acciones y no cambios de destinos. 
- Beneficio. Jubilación igual a la de las FFAA.
- Infraestructura. Construcción de viviendas, de hospitales, de mejores comisarías, de talleres mecánicos, de un laboratorio de criminalística y de ambientes en frontera. 
- Logística. Dotación de armas, uniformes, víveres y otorgación de un seguro de vida.
- Institucional. Retorno a manos de la Policía de los servicios de Identificación Personal y Licencias de Conducir. Regresar al antiguo sistema de investigación, donde los fiscales no eran los directores de las investigaciones.
- Instrucción. Capacitación permanente de los efectivos en ramas técnicas policiales.
- Jerarquía. Que se realicen elecciones dentro de la guarnición entre los cinco primeros del curso para ascenso a generales.
- Mando. Destitución del comandante general de la Policía boliviana.
- Garantía. El acuerdo solo se firmará con la presencia de defensores de los derechos humanos.

Insisten con la idea de ‘golpe’ y convocan a los afines al MAS
Agencias / C. Peña y Lillo
Desde las primeras horas de ayer, cuando el Gobierno ya sabía que las bases amotinadas de la Policía habían rechazado el acuerdo firmado por su dirigencia y los desconocieron como interlocutores válidos, diferentes ministros salieron a señalar que la revuelta tiene como finalidad un golpe de Estado. El mismo presidente Evo Morales, en un acto en la población minera de Coro Coro, aseveró que gente infiltrada de la derecha usa a los policías para tratar de matar al ministro Carlos Romero, enfrentar a las Fuerzas Armadas y ejecutar un acto de desestabilización contra su gestión.   
“La derecha está buscando muertos y, compañeros, no vamos a prestarnos a la derecha para que haya muertos. Entonces, para eso, hermanas y hermanos, vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias”, dijo Morales y repitió la información que los ministros Romero (de Gobierno) y Amanda Dávila (de Comunicación) hicieron pública a través de los medios estatales, sobre el supuesto plan ‘Motín Tipnis’.
Esta presunta confabulación de los amotinados habría sido descubierta por agentes del Estado, según refirió Romero sustentado en informes de Inteligencia, y dijo que el plan establecía que el sábado se debía atacar con bombas molotov Palacio Quemado y matar a los ‘plomos’ (militares). 
Además se debía ‘borrar’ la presencia de Romero en el proceso negociador y unir fuerzas con los marchistas del Tipnis, los miembros de la Central Obrera Boliviana, los dirigentes de los maestros e incluso convencer a un grupo de ponchos rojos para sumarse al derrocamiento de Morales.
Además de estos actores sociales, el Gobierno insiste en que políticos de Unidad Nacional y del Movimiento Sin Miedo están detrás de esta presunta estrategia de ataque a la democracia, por lo que a través de los medios estatales pidió que los grupos afines a su gestión se preparen para defender el proceso de cambio y no permitir estas acciones.
Representantes de los diferentes organismos acusados de ‘golpistas’ salieron a negar estos extremos y calificaron de mentiras estas versiones. Los amotinados, vistos por el Gobierno como ‘marionetas’, negaron estos informes e insisten en su respeto a la democracia.

No veo casualidad en los hechos
Helena Argirakis | Politóloga
No existe casualidad en el mundo político, sino causalidades. Hay acción y reacción. No sé si el encuentro de demandas de los indígenas del Tipnis y de los policías en la misma semana ha sido programado o coordinado, pero el hecho de que los dos eventos se estén aproximando en el tiempo se convierten en espirales que no tienen fin. Veo que existe una mala intención.
Muchos sectores de derecha consideran que con estas movilizaciones puede haber un factor de desgaste y pueden estar recurriendo a factores de poder clásico, como son los policías. Yo no descartaría algún intento de división al interior de la Policía que tenga otras intenciones que no sean las salariales.  
No creo que sea casual el hecho de que se estén dando acontecimientos de esta naturaleza  en la región y el hemisferio. No veo casual que hayan depuesto al presidente Lugo en Paraguay. Creo que hay algún tipo de vinculación de sectores que no están convencidos de que el Gobierno tiene un colchón de apoyo social. Si bien son justos los pedidos de los policías, no hay correlación entre el hecho y la demanda.

Acusarlos de conspiración es un error
Carlos Cordero / Politólogo
Hoy la sociedad está polarizada entre quienes aprueban la gestión gubernamental y los que la rechazan. La apelación a estas teorías de la conspiración es simplemente una falta de imaginación. He escuchado a analistas afines al Gobierno que hablan de la existencia de una conspiración, de involucramiento de la derecha y seguro van a decir que están metidos los organismos de cooperación internacional, pero eso es falta de imaginación. 
La pobreza y el abandono en el que se encuentra la Policía no es una decisión ni una política de la embajada. Ese abandono es producto de decisiones equivocadas del que hace el presupuesto y determina los salarios, la adquisición de materiales, la infraestructura, es decir el Gobierno, que no ha prevenido y no ha estado atento al desarrollo de este conflicto. Las consecuencias son del Gobierno y no de otro sector. El problema fue creciendo en sus entrañas.
Se están juntando dos grandes conflictos, como son la marcha del Tipnis y la crisis policial, no es por decisión de los medios o de conspiración política, sino porque el Gobierno ha sido ineficiente para poder conducir sus demandas. Acusarlos de formar parte de una conspiración de Estado es equivocado. Entrar en una espiral de acusaciones no es precisamente buscar soluciones al conflicto.





POLICÍAS AMOTINADOS ACORRALAN A EVO MORALES

Infobae de Argentina (www.america.infobae.com/notas)
                                             
Los reclamos de los acuartelados en La Paz ya no son cuatro, ahora son 21. Es que los policías de otras regiones del país parecen haber aceptado el ofrecimiento del Gobierno de Evo Morales. La gran resistencia se da en la ciudad más importante del país.
El dirigente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL), sargento Javier Quispe, anunció que este lunes 25 de junio  llegarán a La Paz las representaciones para buscar nuevo acuerdo con el Gobierno.
"Queremos consensuar con el señor presidente, Evo Morales, y el comandante General de la Policía, coronel Víctor Maldonado, porque nosotros somos muy respetuosos y educados. Asimismo, quiero llamar al señor Comandante para hablar y poner tranquilidad esta zozobra", afirmó Quispe.
El pliego de demandas se amplió.  Los amotinados exigen "la construcción de viviendas, dotación de pistolas, modernización de infraestructura cuartelaria, un taller mecánico, capacitación en ramas técnicas, seguro en caso de muerte, construcción de laboratorio criminalístico, cumplimiento de la Ley Orgánica de la Policía y la Constitución, regreso de identificación y licencias, nuevo estudio con referencia al tránsito, dotación de uniformes y víveres dos veces al año, destitución del Comandante General".
En la jornada de este sábado 23 de junio, desde el Gobierno de Morales agitaron la posibilidad de un golpe de Estado detrás de esta movilización. Los uniformados descartaron de plano estas acusaciones.
De hecho, Guadalupe Cárdenas, la representante de las Esposas de Policías -grandes protagonistas de estas marchas-, aseguró que sólo pretenden deslegitimar sus reclamos con tamañas acusaciones.
"Que nosotros los policías queremos derrocar y desestabilizar a este Gobierno todo eso es mentira y falso hacen conocer que nos están dando armas y financiando es mentira. Esas acusaciones que vienen del Ejecutivo no existen", aseguró.
En tanto, el centro de La Paz es un caos. Según informó la web boliviana de noticias Erbol, oficiales de la Policía ocultaron sus grados para evitar represalias, y el Palacio de Gobierno fue cerrado.





EL GOBIERNO DE BOLIVIA DENUNCIÓ UN PLAN DE GOLPE DE ESTADO
                                                                        
Telam de Argentina (www.telam.com.ar/nota/29449)

El gobierno de Bolivia denunció este domingo la existencia de un plan para derrocarlo mediante un golpe de estado, que incluía el asesinato del ministro de Gobierno, Carlos Romero, a partir del conflicto generado por la protesta de policías de baja graduación que se amotinaron el jueves en demanda de mejoras salariales.
El presidente Evo Morales afirmó que no utilizará a las fuerzas armadas para controlar el motín policial y garantizar el orden en las calles porque ése es el “juego” de la oposición de derecha que busca “que haya muertos”.
“La derecha está buscando muertos y, compañeros, no vamos a prestarnos a ese juego; vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias”, dijo el mandatario tras promulgar un decreto que crea una empresa estatal, informó la agencia noticiosa estatal ABI.
Morales advirtió que “alguna gente está metida ahí con otros afanes” y “usan a algunos hermanos policías para preparar un golpe de estado y para hacer matar al ministro de Gobierno y para enfrentar a las fuerzas armadas”.
En tanto, Romero reveló ante periodistas el contenido de una comunicación entre policías amotinados en las que se intercambian instrucciones para “limpiar” (matar) al funcionario y “preparar bombas molotov para atacar a los plomos” (efectivos de las fuerzas armadas que custodian el Palacio de Gobierno).
“Limpiemos al ministro Romero y generar un golpe de estado, dicen en el diálogo de la frecuencia” interceptada, aseguró el ministro.
Por otra parte, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó, sobre la base de informes de inteligencia y reportes de prensa, que el plan para dar un golpe de estado se denomina “Tipnis” y tenía previsto concretarse entre este lunes y el martes, con la llegada a La Paz de una marcha convocada por la Confederación de Indígenas de Bolivia (Cidob).
La manifestación se opone a la consulta previa en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que desde hace meses es escenario de conflicto entre diversos sectores de comunidades aborígenes que mantienen opiniones enfrentadas acerca de planes de desarrollo para la región.
“Están viendo la posibilidad de que el motín pueda articularse a la marcha del Tipnis que llega entre el lunes o martes”, denunció la funcionaria.
Dávila añadio que “se señala claramente” que “el plan Tipnis se concrete con el arribo de las columnas indígenas a La Paz y junto a la COB (Central Obrera Boliviana) y los maestros urbanos inicien el día martes las presiones y movilizaciones contra el gobierno”.
El conflicto con los policías amotinados pareció zanjarse este domingo a la madrugada, cuando autoridades del gobierno y representantes sindicales firmaron un acuerdo de ocho puntos destinado a satisfacer las demandas.
El documento plantea, en lo esencial, una “agenda de tres puntos”: revisión de la ley del régimen disciplinario y creación de una defensoría del policía, nivelación salarial conforme a la estructura del funcionariado público y jubilación con ciento por ciento del haber mensual.
El instrumento fue suscripto por Romero y los ministros de Economía, Luis Arce, y de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, así como por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Teresa Zubieta, y representantes de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol) y de la Federación Nacional Única de Esposas de Policías.
Sin embargo, varios grupos de agentes parapetados en unidades policiales de La Paz y otros departamentos rechazaron el acuerdo, resolvieron no levantar las medidas de fuerza y amenazaron con desconocer la autoridad de los presidentes de la Anssclapol, Edgar Ramos, y de la Federación de Esposas, Guadalupe Cárdenas.
Incluso, imágenes de televisión mostraron a policías que habían tomado la Unidad Táctica de Operaciones (Utop), en La Paz, que reaccionaron con violencia y se trasladaron a la sede del Regimiento 1, donde sacaron a la fuerza a sus colegas que se alistaban a restablecer las tareas tras la firma del acuerdo.
Ante ese panorama, Cárdenas afirmó que fue obligada a firmar el acuerdo y denunció presuntas amenazas en su contra, que fueron desmentidas por el gobierno y por Zubieta.
“El acuerdo se firmó en presencia de varios medios de comunicación, fue un acuerdo que se hizo público; por lo tanto, ¿qué presión puede haber?”, sostuvo la ministra y añadió: “Al contrario, lo que ha ocurrido siempre ha sido el proceso de consulta permanente”.
En tanto, Zubieta dio “fe y testimonio” de que el acuerdo fue el producto de dos noches “largas” de discusión entre las autoridades y los representantes sindicales, y que éstos tuvieron tiempo para consultar las cláusulas con sus bases para luego rubricarlas.
Mientras tanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se declaró en vigilia y advirtió que no permitirá un intento de golpe de estado, anunció su secretario general, Roberto Coraite.
“Ante estas movilizaciones nosotros no bajaremos la guardia; estamos en vigilia porque estamos viendo actuaciones unilaterales de algunos grupos que pertenecen a la Policía nacional, por lo que estamos dispuestos a movilizarnos, porque no permitiremos golpes de estado”, indicó el dirigente.





BOLIVIA.- EL GOBIERNO REVELA UNA CONVERSACIÓN ENTRE LOS POLICÍAS AMOTINADOS EN LA QUE PLANEAN UN GOLPE DE ESTADO
                                                                         
Expansión de España (www.expansion.com/agencia)

El Gobierno de Bolivia ha revelado este domingo el contenido de una conversación entre los policías que desde hace cuatro días están amotinados en las comisarías del país en demanda de mejores condiciones laborales, en la que planean llevar a cabo un golpe de Estado.
En una rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha indicado que en una conversación que tuvo lugar el pasado sábado entre las 11.30 y 13.30 horas a través de la radio policial, los agentes hablan de "generar" un golpe de Estado.
Además, los interlocutores acuerdan "limpiar" a Romero, al que acusan de obstaculizar las negociaciones entre policías y Gobierno por rechazar cuatro de los ocho puntos de los que consta el borrador del acuerdo.
Los policías también deciden "preparar cócteles molotov para atacar a 'los plomos', es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas que están custodiando el Palacio de Gobierno", así como dejar sin vigilancia la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en La Paz.
Por ello, Romero ha advertido de que hay "elementos" que están intentando utilizar las "legítimas" reivindicaciones de los policías "para construir un movimiento conspirativo y desestabilizador con el fin de alterar el orden institucional" del país.
"Ese es un elemento que nos ha provocado preocupación. Lo que pase en las siguientes horas y días va ir definiendo las responsabilidades históricas de unos y otros", ha dicho, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Por su parte, el presidente boliviano, Evo Morales, ha confirmado la denuncia de Romero. "Algunas personas están utilizando a los hermanos policías para preparar un golpe de Estado, matar al ministro de Gobierno y enfrentar a las Fuerzas Armadas", ha aseverado.
En concreto, Morales ha acusado a los sectores conservadores. "La derecha está buscando muertos, pero nosotros no vamos a prestarnos a eso", ha dicho el mandatario, al tiempo que ha instado a la población a "defender el proceso democrático, hasta las últimas consecuencias".
El pasado viernes, cientos de policías se amotinaron en las comisarías de todo el país para exigir una subida salarial y la entrega de mejores equipos para desarrollar su trabajo. Desde entonces, se han vivido varios enfrentamientos entre los policías y los militares, que protegen al Gobierno.
Morales ha pedido a los policías que "reflexionen" sobre su actuación de estos cuatro días. "Mientras nos piden equipos, como camionetas, motos, catres y colchones, les hemos visto quemar colchones, ordenadores y documentos", ha apuntado.
Además, ha recordado que durante sus doce años de mandato el cuerpo de seguridad ha duplicado sus ingresos y ha aumentado su parque móvil, "algo sin parangón con otros Gobiernos".





UNA HUELGA POLICIAL PARALIZA BOLIVIA

Los agentes rechazan la oferta del Gobierno, que habla de una “conspiración”
                                                               
El País de España (www.internacional.elpais.com/internacional)

El acuerdo firmado entre el Gobierno de Bolivia y los dirigentes sindicales de la policía en la madrugada del domingo no ha logrado acabar con el motín policial que ha dejado al país sin agentes desde el pasado jueves. La tropa rechaza el documento y ha decidido seguir con las protestas. El Gobierno, por su parte, sigue hablando de una “conspiración” contra el presidente, Evo Morales.
Los ministros del Interior, Carlos Romero, y de Finanzas, Luis Arce, y los delegados de los amotinados y de las esposas de los policías suscribieron la madrugada del domingo un acuerdo que estableció un aumento salarial de 22 euros, retroactivo a enero, entre otros puntos adicionales. Ayer, en un acto público, los agentes calificaron el acuerdo de “burla”, quemaron el documento y desconocieron a sus representantes. Los policías han emplazado al Gobierno a reanudar el diálogo con los delegados de tropa de los nueve departamentos del país, en un plazo de 12 horas, para no endurecer aún más su protesta.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, ha reiterado a la prensa el convencimiento gubernamental de la existencia de elementos subversivos alentados por grupos de mandos medios de la policía y por partidos de oposición como Unidad Nacional y el Movimiento Sin Miedo.
Dávila esgrime un supuesto informe de “inteligencia” del Estado que sugiere un “escenario de golpe” a partir del motín en la policía, de la “presencia de infiltrados” y la llegada a La Paz de la columna de miles de indígenas de las tierras bajas, que, tras una penosa y esforzada caminata de más de 50 días, arriba a esa ciudad para pedir el Gobierno el respeto a su territorio en el Parque Nacional Isiboro Sécure, por donde está previsto que pase una carretera.
“Cuando decimos un escenario de golpe, nos referimos a una preparación en marcha que no sabemos a qué apunta. Tenemos que decir claramente que no puede ser otra cosa que desestabilizar al Gobierno o provocar un golpe de Estado”.
La existencia de “un escenario de golpe” ha sido desmentido por la misma tropa amotinada, que ha asegurado que su demanda es netamente económica y social y ha rechazado cualquier vínculo político partidario. La preocupación entre los policías es lograr su objetivo de nivelar su salario al percibido en las Fuerzas Armadas, anular la ley de régimen disciplinario y conseguir una jubilación digna. Varios de los amotinados han pedido al Gobierno que no intente enfrentarlos a grupos campesinos afines al gubernamental Movimiento al Socialismo y mucho menos a los militares, pues están decididos a todo.
La tensión en el país puede advertirse en las calles, por donde transitan ciudadanos nerviosos ante la ausencia de la policía, incluida la de tráfico. Los bancos han reiterado que no abrirán las puertas al público mientras no haya una solución al conflicto de los amotinados, que cuentan con creciente simpatía social en casi todas las ciudades bolivianas.





EVO MORALES EXHORTA A DEFENDER LA DEMOCRACIA

La Opinión de Estados Unidos (www.laopinion.com/article)

El presidente de Bolivia, Evo Morales convocó hoy a defender la democracia ante presuntos afanes golpistas que, según denuncias del oficialismo, impulsan grupos políticos infiltrados en un amotinamiento de policías de baja graduación.
El mandatario declaró que la derecha está buscando muertos, por lo que instó a defender el actual proceso hasta las últimas consecuencias, indicó la Agencia Boliviana de Información.
El gobierno firmó un acuerdo con los policías, que demandan aumento salarial y mejora en las condiciones laborales, pero según la emisora Erbol, diversos sectores policiales rechazaron el convenio.
Entre los descontentos, ha habido amenazas de detonar nuevos actos de violencia, en un escenario que, según denunció la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, configura un golpe de Estado.
El gobierno se comprometió a no iniciar acciones judiciales a los responsables de actos violentos y destrozos y dar un incremento salarial de 220 bolivianos, aunque los amotinados piden que se nivelen sus haberes a los de los militares.
Después de promulgar un decreto que crea la minera estatal Coro Coro, Morales confirmó denuncias del ministro de Gobierno, Carlos Romero, según las cuales, grupos de policías movilizados convocaron a "preparar bombas molotov" para atacar a militares y funcionarios.
Hasta el momento, los partidos de oposición no se han manifestado sobre estas denuncias, que generan más violencia, declaró el presidente boliviano.
Morales precisó que en su mandato, los policías han duplicado sus ingresos con un sostenido incremento de sus salarios, y se han mejorado su equipamiento, motocicletas y mobiliario.





LA POLICÍA DE BOLIVIA DICE QUE HA VUELTO LA NORMALIDAD EN LAS COMISARÍAS

Diario León de España (www.diariodeleon.es/noticias)

El comandante de la Policía de Bolivia, Víctor Maldonado, ha aseverado este domingo que las comisarías de todo el país han vuelto a la normalidad, tras la firma de un acuerdo que ha puesto fin a las protestas del cuerpo de seguridad en demanda de una mejora de sus condiciones laborales.
En una rueda de prensa, Maldonado ha informado de que "se ha hecho un análisis en todo el país y se ha comprobado que (los agentes) están ingresando en las comisarías con completa normalidad". En concreto, se ha referido a las dependencias policiales de La Paz y El Alto, a las que se ha trasladado.
Interrogado sobre las informaciones que apuntan a que todavía hay conflictos en algunas comisarías porque algunos policías se niegan a acatar el acuerdo suscrito con el Gobierno, Maldonado ha indicado que son "rumores".
"No hay resquebrajamiento de la seguridad, el cien por ciento (de los agentes) está cumpliendo", ha afirmado. Así, ha adelantado que los policías reanudarán sus funciones con el turno de las 7.00 horas (13.00 horas en España).
Además, Maldonado ha aludido a la conversación que ha hecho pública el Gobierno y en la que los policías amotinados hablan de "generar" un golpe de Estado, "limpiar" al ministro de Gobierno, Carlos Romero, atacar a los militares y dejar sin vigilancia la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en La Paz.
"Convoco a mis camaradas a que no se dejen llevar por esas personas. Nosotros tenemos vocación de servició y seguiremos en esa línea", ha dicho, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
El pasado viernes, cientos de policías se amotinaron en las comisarías de todo el país para exigir una subida salarial y la entrega de mejores equipos para desarrollar su trabajo. Desde entonces, se han vivido varios enfrentamientos entre los policías y los militares que protegen al Gobierno.
Durante la madrugada del domingo, policías y Gobierno alcanzaron un acuerdo por el que los agentes se comprometen a poner fin a las protestas a cambio de un aumento salarial y de una agenda de trabajo para la mejora de las condiciones laborales del cuerpo de seguridad basada en siete puntos.
No obstante, la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL) ha anunciado que continuará con la huelga y el amotinamiento al considerar que dicho acuerdo carece de validez, y ha instado al Gobierno a reiniciar el diálogo.





BOLIVIA: MANDO POLICIAL ORDENA REANUDAR SERVICIO, PERO AMOTINADOS NO ACATAN
                                                                            
El Economista de España (www.eleconomista.es/flash)

El Comando General de la Policía boliviana ordenó este domingo a todas sus unidades que restablecieran los servicios ciudadanos, tras el acuerdo de un sindicato de suboficiales con el gobierno, aunque el motín persistía en varias ciudades del país.
"El Comando General ordena a todas y cada una de las unidades policiales a nivel nacional restablecer los servicios que debemos prestar a la ciudadanía, normalizarlos, porque eso es lo que amerita", afirmó en conferencia de prensa el máximo jefe de la Policía, coronel Víctor Maldonado.
El jerarca policial dijo que eso amerita, tras el acuerdo firmado la madrugada de este domingo entre el ministro de Interior, Carlos Romero, cabeza del sector, con dos sindicatos que apoyaron un motín desde el jueves, el de suboficiales y el de esposas de policías.
Sin embargo, la medida no es acatada en La Paz, constató la AFP, donde los sublevados reclaman un salario mínimo nacional de 2.000 bolivianos, unos 248 dólares, un 70% más de lo que reciben, y rechazan el acuerdo que sólo otorga un incremento a un bono de seguridad de 220 bolivianos (32 dólares).
Los sublevados que se encuentran en la unidad antimotines UTOP de La Paz, a media cuadra de la plaza de Armas y convertida en cuartel general, desconocieron a sus dirigentes y dijeron que persistirán en su reclamo principal.
El motín aún se mantiene en El Alto (oeste), Cochabamba (centro), Potosí (suroeste), Tarija (sur), Trinidad (noreste), había división de los policías en Oruro (sur) y sólo la guarnición de Santa Cruz (este) determinó suspender la protesta, según reportaron las radios privadas Erbol y Fides.
"No estamos de acuerdo con el convenio firmado en La Paz", dijo el líder de los suboficiales de Santa Cruz, sargento Omar Huayllana, aunque señaló que sus camaradas retomaban los servicios, entrevistado por la radio Erbol.
Los sublevados en La Paz, sin líderes visibles,  que esperan conformar un nuevo comité de bases de los policías, integrado por delegados de todas las guarniciones amotinadas, para volver a negociar con el gobierno.





HARÁN “PARADA CÍVICA”EN RESPALDO A PARAGUAY Y BOLIVIA

Al Momento de Santo Domingo (www.almomento.net/articulo)

En solidaridad con los seguidores de Fernando Lugo en Paraguay y de Evo Morales en  Bolivia, entidades representativas del país convocaron a una “parada cívica” este lunes a las 5:00 pm en el Parque Independencia.  
El Frente Amplio, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, el Partido Comunista del Trabajo, el Movimiento Popular Dominicano y otros movimientos, llamaron a los dominicanos a unirse a la jornada para repudiar los hechos ocurridos en ambos países.
Para los convocantes la destitución el viernes de Fernando Lugo, presidente de Paraguay, por el Senado,  en un rápido juicio político se trata de un “golpe de Estado”.
En Bolivia, los policías de rangos bajos están amotinados desde el jueves contra el Gobierno de Evo Morales, en protesta por la reivindicación de mejores salarios.
Como representantes de las entidades que  convocan figuran Secundino Palacios, María Teresa Cabrera Fidelio Despradel, Manuel Salazar entre otros.





LA GEOPOLÍTICA EN EL TIPNIS
                                                                     
Informe 21 de Argentina (www.informe21.com)

En el interior del Estado Plurinacional de Bolivia estamos en presencia de un fenómeno geopolítico de gran importancia y trascendencia. Se trata de las rivalidades de poder existentes en torno al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS). Varios actores o grupos humanos se disputan el control de esta porción del espacio geográfico boliviano, que tiene una extensión de 12.363 km² y forma parte del Corredor Biológico de Conservación Madidi-Amboró, rico en recursos naturales biológicos, madereros y petrolíferos.
Como principales actores están, por un lado, el gobierno que preside Evo Morales, el cual está en proceso de construir una carretera para unir a Villa Tunari, en Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en Beni, atravesando el TIPNIS, y por otro lado, las comunidades indígenas de los mojeño, yurakaré y tsiman, que se oponen a que su hábitat natural sea violentado. En medio de estos dos actores principales aparecen otros grupos que participan en la disputa territorial y que tienen sus propios intereses.
Muy interesados en que la carretera se construya están algunas comunidades de campesinos de origen aymará y quechua, provenientes de distintas partes del Altiplano, que se han asentado en la zona sur del TIPNIS, y cuya principal actividad es el cultivo de la hoja de coca. Pero también muy interesado en que el TIPNIS sea surcado por una carretera está el gobierno de Brasil, precisamente el que financia el proyecto a través del BNDES. A todas estas, algunas ONGs, con gran influencia en las comunidades indígenas, han conducido la estrategia de oposición al proyecto carretero.
Se trata específicamente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), ambas al parecer con financiamiento extranjero proveniente de países europeos y de Estados Unidos. Un ejemplo éste, de la dinámica geopolítica en América Latina y el Caribe en tiempos de globalización.





DE URRESTI: "EL LITIO ES CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS"

Entre los parlamentarios que presentaron la iniciativa se encuentra Alfonso De Urresti, quien manifestó que “dada la importancia estratégica debemos cuidarlo y evitar que se licite a privados. 
                                                                                                      
El Navegable de Chile (www.elnaveghable.cl/node/17514)

Por sus diversos usos en el mundo científico, tecnológico y productivo, el litio tiene una importancia estratégica. Baterías recargables, marcapasos, satélites, vidrios, reactores nucleares, celulares, entre otros, tienen en común este mineral que se encuentra en Chile y que en un futuro cercano será similar a lo que hoy representa el cobre.
Por este motivo, diputados socialistas presentaron un proyecto de ley que obliga a Codelco a asumir la explotación y producción de este mineral. Entre los parlamentarios que presentaron la iniciativa se encuentra Alfonso De Urresti, quien manifestó que “dada la importancia estratégica debemos cuidarlo y evitar que se licite a privados. El estado de Chile tiene la capacidad de asumir esta tarea a través de Codelco. No hay excusa para privatizar este importante recurso, apetecido a nivel mundial por sus diversos usos y por las ganancias que puede llegar a generar”, enfatizó.
Actualmente Chile produce el 44% del litio que se utiliza en el mundo. De allí que los legisladores busquen que dada la importancia estratégica a nivel comercial, por las implicancias en materia de seguridad y el potencial económico, se modifique el artículo 3 del Decreto Ley N° 1.350 que creó la Corporación Nacional del Cobre, ampliando el objetivo en materia de exploración y explotación de litio. 
El texto de la iniciativa indica que es “un imperativo soberano que el Estado de Chile asuma la tarea de liderar la explotación del citado mineral y desarrollar las políticas que permitan la generación de una industria asociada a dicha explotación”.
Para De Urresti, es “importante que un tema tan relevante para el futuro, para el desarrollo de nuestro país sea tratado de esta forma, que se busque licitar a través de contratos especiales al mejor postor, sin considerar que estamos ante un recurso declarado estratégico y que no debiera ser concesionable”, sostuvo.
FUNDAMENTOS
El texto indica que la importancia estratégica del litio se halla en sus múltiples usos. Dicho mineral es utilizado como material de cátodo en las baterías de Litio-ion (27%); en la elaboración de grasas lubricantes (12%); en vidrios y cerámicas (8%); en la industria acerera; en la industria química y farmacéutica (2%); es empleado en los reactores nucleares; en submarinos y naves espaciales; en la síntesis de compuesto orgánicos, etcétera. Las baterías de Litio-ion se emplean en variados dispositivos como cámaras fotográficas, computadores portátiles, teléfonos celulares, agendas electrónicas mp3 y en la mayoría de los aparatos tecnológicos de uso diario. Así también, el litio es utilizado en los autos híbridos (HEV o PHEV) que requieren una batería para funcionar.
Chile contiene las mayores reservas de litio en salmueras, con cerca de 7 millones de toneladas, las que representan el 39% de litio en salmueras y el 23% de las reservas totales de litio a nivel mundial; integra el llamado "triángulo del litio", formado por el Salar de Uyuni (Bolivia), el Salar del Hombre Muerto (Argentina) y el Salar de Atacama (Chile), que en su total compone el 85% de reservas conocidas actualmente; la región de Antofagasta, debido a la ubicación de los salares más importantes, se encuentra en una situación de privilegio, lo que se suma a la infraestructura existente que facilita la explotación del mineral. La producción mundial de litio se reparte, principalmente, en cuatro países, dentro de los cuales Chile concentra el 44% de la producción mediante salmueras. 
En la práctica son tres las empresas que generan cerca del 77% de la producción mundial: 1° SQM (ex Soquimich), con el 30% del mercado; 2° Chemetall, con el 28% de participación; 3° FMC Corporation, con el 19% del mercado. El precio del mineral, según SQM, ha crecido significativamente en los últimos lo años. La demanda global por Litio aumentó en promedio entre un 7% a 8% anual, a partir del desarrollo de las baterías recargables y de las nuevas aplicaciones desarrolladas. Se estima que en el 2018 alcanzará las 158.000 toneladas de carbonato de litio, establece la iniciativa.





IRÁN SE LANZA A LA CONQUISTA DE LATINOAMÉRICA
                                                                                    
El País de España (www.internacional.elpais.com)

En los últimos seis meses Irán está realizando una ofensiva en todos los frentes —comercial, militar, diplomático e informativo— con Latinoamérica como escenario y sin reparar en gastos. Teherán considera a la región como uno de los puntos de apoyo principales para superar el creciente aislamiento internacional que está experimentando a raíz de su programa nuclear y ha decidido actuar a todos los niveles, multiplicando su presencia en una zona del mundo que hasta hace muy poco quedaba fuera de su radio de acción.
La estrategia iraní es amplia y da tanta importancia a los despachos como a las calles. Por ejemplo, hace unas semanas, los quiteños se vieron sorprendidos por la aparición de carteles convocando a un acto de nula tradición en su país. Se trata de la conmemoración del aniversario de la muerte del ayatolá Jomeini. “Toda una vida dedicada al pueblo y la revolución”, rezaban los anuncios. En el acto, celebrado el 31 de mayo en el Auditorio del Consejo Nacional de Pichincha con la presencia de diplomáticos iraníes, el líder iraní fue equiparado a Bolívar. El acto fue recogido por Hispan TV, el canal de televisión vía satélite que el régimen iraní inauguró en diciembre, que emite 24 horas al día noticias en español y cuyo principal destinatario es el público latinoamericano.
En un escalón intermedio actúan los diplomáticos iraníes que han multiplicado su actividad y presencia. Destaca especialmente el caso de Bolivia donde Irán tiene 145 diplomáticos acreditados, más que el resto del cuerpo diplomático acreditado ante La Paz. España, con toda su relación histórica y sus intereses comerciales tiene una representación que oscila entre los 8 y 10 diplomáticos. Fuentes diplomáticas occidentales estiman que el número de diplomáticos iraníes acreditados en Venezuela es todavía mayor.
A un nivel más importante, las visitas de altos cargos iraníes al subcontinente son constantes y a menudo vienen acompañadas de ventajas económicas para los países visitados. El presidente iraní Mahmud Ahmadineyad asistió el pasado miércoles a la cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro para a continuación iniciar una minigira, anunciada con pocos días de antelación por América del Sur. Es la segunda en seis meses y la cuarta en el mismo período de un alto representante iraní. En enero el mandatario iraní ya visitó Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua. En mayo fue el turno del vicepresidente Alí Saeidlo quien realizó la misma gira incluyendo además Bolivia. En su escala nicaragüense, los funcionarios iraníes anunciaron la condonación de la deuda de Managua con Teherán.
Días antes había visitado Bolivia el ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, quien inauguró la Escuela de Defensa de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el organismo de integración regional surgida por iniciativa personal de Hugo Chávez. Sobre Vahidi pesa una orden de captura internacional por su implicación en los atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires contra la Embajada de Israel y la Mutua Judía Argentina que se saldaron con un total de 115 muertos. En sus viajes, los representantes iraníes son acompañados de Kanbiz Jalali, diplomático con amplia experiencia en Latinoamérica y responsable de la Dirección General para Latinoamérica creada por el ministerio de Exteriores iraní.
Teherán está haciendo especial hincapié en los temas de Defensa. En menos de 24 horas ha firmado con un pacto de ayuda militar con Bolivia y admitido el anuncio de Chávez en el sentido de que Venezuela está construyendo aviones no tripulados bajo la supervisión de ingenieros iraníes. Ramin Keshavarz, destacado miembro de la Guardia Revolucionaria iraní es el encargado de supervisar el proyecto.
Sin embargo Teherán no está encontrando facilidades en todos los países para su ofensiva diplomática. La visita de Ahmadineyad a Brasil ha causado polémica en el país sudamericano donde algunos diputados exigieron que se impidiera la entrada del mandatario persa. "Eso no es posible. No es una cuestión del Gobierno brasileño, sino de un acto de Naciones Unidas. Es exactamente igual que cuando Ahmadineyad viaja a Nueva York a la Asamblea General de la ONU", explicó una fuente diplomática brasileña quien subrayó que "la política de la presidenta Dilma Rousseff respecto a Irán no ha variado". Uno de los primeros actos de Rousseff como presidenta —en el cargo desde enero de 2011— fue distanciarse drásticamente del régimen iraní rompiendo con la política de acercamiento iniciada por su antecesor Luis Inázio Lula Da Silva. De hecho, la presidenta brasileña se negó a recibir en privado a Ahmadineyad pese a la insistencia iraní.
Brasil no es el único obstáculo. El embajador que ha propuesto para Colombia no ha logrado el plácet de Bogotá, mientras que en Argentina la representación oficial iraní apenas se ciñe a dos diplomáticos sin rango de embajador debido principalmente a la orden de captura que la justicia argentina tiene emitida contra altos responsables iraníes, entre ellos el citado Vahidi y el expresidente Alí Rafsanjani. No obstante, esta frialdad diplomática no ha impedido que el intercambio comercial haya pasado de cero a 400 millones de dólares en apenas cuatro años o que Irán desde 2010 sea el segundo comprador mundial de soja argentina.





El ex presidente de Paraguay irá a la reunión del Mercosur

FUE GOLPE PARLAMENTARIO, AFIRMA FERNANDO LUGO

Hubo 24 intentos por destituirlo, dice ex ministro de Comunicación
                                                                                    
La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

Fui víctima de un golpe parlamentario, expresó el presidente destituido de Paraguay, Fernando Lugo, quien se reunió en las primeras horas de este domingo con miles de manifestantes que lo apoyan y fueron a impedir la intervención de la televisión pública por el nuevo gobierno de Federico Franco, que varios países no reconocen y continúan retirando embajadores de Asunción, la capital paraguaya.
Lugo habló sobre las injerencias externas y dijo que no lo dejaron preparar ni asumir su defensa. Subrayó que aceptó la decisión en un intento por evitar una represión que produjera muertes, después de ver emocionado la cantidad de manifestantes que lo apoyaban en los alrededores del Congreso mientras se realizaba la farsa de su destitución, el viernes pasado.
Por su parte, el ministro de Comunicación e Información de Lugo, Augusto dos Santos, anunció esta tarde en declaraciones a La Jornada que Lugo está invitado e irá a la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosu) –que se realizará el próximo 28 de junio en Mendoza, Argentina– por decisión de los países miembros del organismo, ya que no reconocen al nuevo gobierno surgido del golpe parlamentario.
Dos Santos anunció que en las primeras horas de este lunes se reunirá el gabinete de Lugo para dialogar sobre la situación y tomar en cuenta la movilización popular, que no cesa en la capital paraguaya y en el interior del país, pero también la gran respuesta internacional, que demuestra fuerte solidaridad y rechazo al golpismo.
Se violaron compromisos internacionales
Ante sus seguidores, Lugo destacó las graves irregularidades, que violaron leyes y compromisos mundiales; recordó que sectores políticos opositores estaban decididos a interrumpir el proceso democrático desde que asumió el poder, en 2008.
Esta noche manifestantes continuaban rodeando la televisión pública, uno de los logros del gobierno removido, que intenta ser tomada por seguidores del ex vicepresidente Federico Franco, quien asumió en el marco de una destitución golpista y cuya primera medida fue cerrar la comisión que debía investigar los asesinatos de campesinos y policías el pasado 15 de junio en Curuguaty.
Organizaciones campesinas denunciaron la existencia de francotiradores, ajenos a las tomas pacíficas de tierras. Las primeras investigaciones policiales ordenadas por Lugo demostraron que disparos acabaron con las vidas de seis policías. Ninguno había salido de las viejas escopetas de caza encontradas a los campesinos.
El canciller de Lugo, Jorge Lara Castro, entrevistado vía telefónica por La Jornada, sostuvo que los responsables del golpe ya están sintiendo el peso del aislamiento internacional. Todo eso nos lleva a continuar actuando y por eso la reunión de gabinete, en la que evaluaremos la situación. Además estamos viendo a las organizaciones populares, creando un frente de resistencia y otros movimientos similares en todo el país para defender la democracia.
También destacó que el golpe no es sólo contra Lugo, sino contra América Latina, contra el proyecto de integración democrática, que es el caso de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Este es un proyecto eminentemente político superador. El Mercosur nació como plan eminentemente económico, aunque también ha rebasado esa etapa.
Lara Castro recordó que este es el intento 24 de destitución de Lugo desde que asumió el gobierno, y analizó que en el marco de la Unasur se había avanzado en políticas de transformación en el ámbito interno –por supuesto moderadas–, “porque ya todos están viendo las dificultades que teníamos para tomar medidas frente a una deuda social enorme, ante lo cual todo lo que se hace es insuficiente.
A pesar de todos los impedimentos y la acción de los medios de comunicación se lograron avances nunca vistos en materia de seguridad social para la gente de la tercera edad, la salud, la educación gratuita, la cultura y las libertades. Cada paso que dábamos en el tema de las tierras era un combate increíble. Logramos acordar un precio justo de Brasil por la energía eléctrica, lo que nunca había sucedido.
Lara Castro coincidió con la diputada Aída Roble, única oficialista en la cámara, quien votó contra todo el aparato opositor defendiendo al gobierno. Es la primera vez que no nos sentimos tan solos.
También destacaron que ahora los golpistas van a entender lo que representaba para Paraguay esta integración, ante la enorme solidaridad que está demostrando la región con el gobierno destituido arbitrariamente. Estaban acostumbrados a dar golpes sin respuestas mayores y ésta es la mayor respuesta que hemos tenido, expresó Lara Castro.
Todo estaba decidido en 24 horas, pero nos dimos cuenta de lo importante que había sido en estos años el desarrollo de una conciencia colectiva en nuestro pueblo, que salió a las calles, en un país donde el terror sigue permaneciendo en sombras, añadió.
Aída Robles, diputada de la dignidad, afirma que sintió una enorme vergüenza ajena al ver aquella acción en el Congreso. Estaba allí sola mirando a esos colegas en una acción ilegal, brutal, violenta. Ya sabíamos cómo se estaba preparando esto. No había argumentos, sólo un libelo redactado con base en recortes periodísticos, sin prueba alguna. Detrás del golpe está el poder de los medios, el político, el empresarial, el económico, las mafias y el narcotráfico, que tiene hasta representación parlamentaria, sostiene Robles.





                                                                                     
El 6 de junio de 2012, Chile, Colombia, México y Perú suscribieron un acuerdo por el cual crearon un espacio para la circulación libre de personas, bienes, servicios y capitales, con 210 millones de habitantes, el 35% de la economía de América Latina y el Caribe y un 55% de sus exportaciones.
                                                                                         
El Diario Exterior de España (www.eldiarioexterior.com)

Pronto se les unirán Costa Rica y Panamá. Este acuerdo marca un punto de inflexión frente a otros convenios de integración, que tienen más motivaciones políticas que económicas, y pone a sus miembros en una senda que apuesta por una economía internacional en la cual el Pacífico tendrá una gravitación central.
Frente al estancamiento del Mercosur, por la inestabilidad y el proteccionismo de las políticas argentinas, o la paralización de la Comunidad Andina de Naciones, por la acción de los gobiernos chavistas, o los procesos casi exclusivamente políticos de la ALBA, Unasur y Celac, la Alianza del Pacífico marca un nuevo rumbo.
Mientras algunos andan todavía pensando cómo hacer una OEA sin Estados Unidos y Canadá, otros se integran entre sí, reconociendo la coherencia y continuidad de sus políticas económicas de mercado y de apertura a la globalización, y apuestan decididamente por la integración con las crecientes economías de China, la India, Corea del Sur, Indonesia, Australia, entre otras, además de la siempre importante economía japonesa.
No es ninguna casualidad. Colombia, Chile, Perú y México llevan prácticamente dos décadas de crecimiento económico ininterrumpido y han sabido combinar sus políticas de atracción de inversiones, promoción de exportaciones y seguridad jurídica a la iniciativa privada, con políticas sociales de creación de oportunidades para los sectores más pobres de la sociedad. Han tenido resultados muy valiosos en la lucha contra la pobreza y en el traslado a la clase media de millones de personas, que hoy gozan de niveles de bienestar que antes les parecían inalcanzables.
Seguramente en esta lista de buenos ejemplos para el desarrollo económico y social faltan Brasil y Uruguay, pero ambos están ubicados sobre el Atlántico. Además, Brasil aún anda demasiado encerrado en sí mismo y no se define por procurar un mayor liderazgo para el desarrollo latinoamericano.
Obviamente, con este grupo de naciones, las políticas populistas, retrógradas y aislacionistas de los miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos (ALBA) resultan prácticamente incompatibles. Y las diferencias de resultados están claras: mientras los miembros de la Alianza del Pacífico crecen en producción, competitividad y exportaciones, los miembros de la ALBA siguen derrochando los ingresos extraordinarios obtenidos por los altos precios internacionales de sus recursos naturales.
Pobre Bolivia, tan cerca de Chávez y tan lejos del mundo. Sin embargo, el camino al futuro está claro y los ejemplos muy cercanos. Después de estos años de catarsis por los errores del pasado, estoy seguro de que las nuevas generaciones sabrán construir sociedades que miren hacia adelante y superen los traumas y complejos del pasado.

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