UNA MIRADA AL EVO ‘FASHION’ O EVO `LOOK´

Desde que lució la famosa chompa de rayas roja, blanca y azul, el vestuario del presidente Evo Morales ha sido el blanco de la mirada de los entendidos en moda. Pero el tiempo pasó y la incorporación de la chaqueta con motivos autóctonos a su armario, sin duda alguna, le ha dado otro perfil. Esta vez, y continuando con el análisis del ‘look’ de los presidenciables del país, dos expertas ponen nuevamente bajo la lupa el estilo que luce el candidato por el MAS.

Las chaquetas que Morales lleva están diseñadas para lucirlas con camisa, pero sin corbata, consiguiendo ese ‘look’ casual (o distendido) pero con cierta imagen de seriedad, algo muy acertado para su investidura, dicen los ‘fashionistas’. La creadora de este estilo, que ahora es llamado por la prensa nacional o internacional ‘el Evo fashion’ o ‘Evo look’, es la diseñadora de modas Beatriz Canedo Patiño.

Elegancia bajo manos expertas.Desde el punto de vista de la diseñadora Elva Nagashiro, Morales ha logrado impactar con su imagen porque ha sabido asesorarse bien. “El tipo de ropa que luce no solo resalta sus origenes, sino que a primera vista se nota que es fina y que le calza perfectamente al cuerpo”.

Para la experta en asesoría de imagen de Promociones Gloria Lutty Mariscal,  el candidato por el MAS es coherente en su vestuario, pues para ella sin contar el suéter de rayas, los armoniosos combiandos de los trajes de Beatriz Canedo Patiño, los ponchos y demás adornos culturales que a veces luce el presidente, reflejan su propia personalidad y se resume en una sola palabra: fuerte.

Impensables en su ‘outfif’. Cuando él mismo elige su vestuario, prefiere la ausencia del color usando tonos neutros, como el blanco, gris y negro, destaca Mariscal. Y si bien el presidente puede adaptar otros tonos en su vestuario, para Nagashiro no es muy recomendable hacerlo por la investidura y el tipo de discurso que maneja. “No le va bien una camisa en tono verde, roja o naranja, al menos yo no lo identifico como Evo, lo vería un poco fuera de su estilo”, enfatiza. Asimismo, no asocia en su vestuario el uso del terno y corbata, ya que perdería su identidad.

Mariscal, además, identifica en el atuendo de Morales un equilibrio, ya que cuando está en el occidente lo hace acorde a la ocasión y de igual manera en el oriente. “Pero cuando viaja al exterior, en su vestuario podría llevar una imagen que refleje y represente a todos los bolivianos y no solo al occidente. Por ejemplo, dada su jerarquía, podría adherir un estilo clásico, es decir, un pantalón de vestir y camisa mangas largas, arremangada entre el codo y el pulso, a medio antebrazo”, dice.

‘Fashionista’ o no, el estilo Evo ha dado la vuelta al mundo y queda claro, una vez más, que el vestuario revela mucha información. Mañana, las expertas consultadas por EL DEBER Digital volcarán su mirada al look del candidato por Unidad Demócrata (UD), Samuel Doria Medina.

EL “NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO”

Los recientes textos fundamentales tienen elementos autoritarios propios del siglo XIX

El País de España (www.elpais.com/elpais)

A partir de creaciones y reformas constitucionales como las que se sucedieron en Colombia en 1991, Argentina en 1994, Venezuela en 1999, Ecuador en 2008, o Bolivia en 2009, comenzó a hablarse de un “nuevo constitucionalismo latinoamericano”. Lo de “nuevo” merece revisarse porque, según diré, las renovadas Constituciones tienen demasiado que ver con las que existían antes, pero en todo caso tiene más sentido concentrarse en el valor de las mismas. Ello, en particular, dado el interés que han podido generar estos documentos. Es mi impresión que se da un cierto equívoco sobre tales textos, que nos lleva a elogiarlos por aspectos en los que ellos fallan, y a desconfiar de los mismos a partir de otros rasgos que son merecedores, en cambio, de alguna cuidada esperanza.

Vayamos, de todas formas, por partes. El “nuevo constitucionalismo latinoamericano” tiene poco de nuevo, sencillamente, porque el mismo no introduce novedades relevantes en relación con el “viejo constitucionalismo,” en ninguna de las dos partes esenciales en las que se divide cualquier Constitución: ni en la sección dedicada a la organización del poder ni en la relacionada con la declaración de derechos. Las Constituciones de América Latina son, en su gran mayoría, estructuras consolidadas con más de dos siglos sobre sus espaldas, que en todo caso han incorporado algunos pocos cambios en los últimos tiempos (el primero, habitualmente, relacionado con la reelección presidencial) sobre una base que permanece intacta, idéntica a sí misma. Esa base tiene entonces dos partes: una organización de poderes que es tributaria del siglo XIX; y una organización de derechos que se modificó esencialmente a comienzos del siglo XX, y que desde entonces no ha variado de modo extraordinario. La primera parte —la vinculada con la organización del poder— sigue reproduciendo hoy el viejo esquema moldeado alrededor de 1850, en toda la región, al calor de un pacto entre las fuerzas del liberalismo y el conservadurismo, las dos grandes corrientes de pensamiento que, con modos violentos, disputaron su predominio durante las primeras décadas que siguieron a la independencia regional. El pacto liberal-conservador que, algo sorprendentemente, se extendió en Latinoamérica desde mediados del siglo XIX se expresó, sobre todo, en Constituciones restrictivas en materia de derechos políticos; hostiles a la participación cívica; desatentas frente a la “cuestión social”. Constituciones que, territorialmente, concentraron el poder en un “centro”, mientras que, políticamente, centralizaron la autoridad en un Poder Ejecutivo especialmente poderoso. Estas Constituciones, en buena medida inspiradas en el modelo norteamericano de los “frenos y contrapesos,” se desmarcaban del ejemplo de Estados Unidos justamente en este punto crucial (la organización del poder, y en particular del Ejecutivo) para apoyarse en cambio en el modelo autoritario napoleónico, o en el caso más familiar y cercano de la Constitución de Chile de 1833 (ejemplo típico del primer constitucionalismo autoritario de la región, pero también, para muchos, sinónimo de estabilidad política). Con esta variación (que el jurista argentino Juan B. Alberdi justificó refiriéndose a la necesidad de contener los riesgos de la “anarquía”), las Constituciones latinoamericanas modificaban de modo radical —y muy grave— el esquema de los “frenos y contrapesos” que quedaba, de esta forma, desequilibrado, perdiendo así buena parte de la virtud que le daba sentido. Se iniciaba así el derrotero de poderes políticos institucionalmente separados de la ciudadanía, y capacitados para “torcer” e inclinar a su favor al resto de la estructura de poderes.

La segunda parte de las Constituciones latinoamericanas —la relacionada con las declaraciones de derechos— sufrió cambios muy significativos a comienzos del siglo XX. Ello así, sobre todo, desde la Revolución de México y el dictado de la Constitución de 1917. La Constitución mexicana, en efecto, trastocó la tradicional estructura de derechos típica del constitucionalismo liberal-conservador de la región, vigente hasta entonces. Las “viejas” Constituciones aparecían ante todo preocupadas por la preservación de la propiedad, los contratos y el libre cambio; eran en el mejor de los casos ambiguas en materia religiosa; hacían algunas referencias a derechos liberales clásicos (libre expresión, libre asociación); y mantenían completo silencio en materia de derechos sociales. Desde la Revolución de México, en cambio, todas las Constituciones latinoamericanas modificaron sustantivamente su listado de derechos, y se comprometieron enfáticamente con declaraciones amplias, generosas, muy ambiciosas en materia de derechos. Mal que le pese a algunos, lo cierto es que el constitucionalismo mundial (salvo excepciones que incluyen a la Constitución de Estados Unidos) cambió desde entonces, y comenzó a adoptar, de forma más o menos explícita, más o menos rotunda, significativas listas de derechos sociales, económicos y culturales.

El “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, surgido a finales del siglo XX, no modificó de modo relevante el viejo esquema (más allá de que en un futuro trabajo, más detallado que éste, deban precisarse diferencias, país por país). Las “nuevas” Constituciones latinoamericanas se mantienen ajustadas al doble molde originario. Se trata de Constituciones con “dos almas”: la primera, relacionada con una estructura de poderes que sigue respondiendo a concepciones verticalistas y restrictivas de la democracia, como las que primaban en el siglo XIX; y la segunda, de tipo social, relacionada con la estructura de derechos que se forjara a comienzos del siglo XX. A esta combinación, el último constitucionalismo latinoamericano le agregó pocos cambios, que facilitaron las reelecciones presidenciales, y en todo caso expandieron algo más las ya ambiciosas listas de derechos: si las de comienzos de siglo habían procurado incorporar a la “clase trabajadora” en la Constitución (más no sea a través de las declaraciones de derechos), las de finales de siglo comenzaron a hablar de derechos indígenas, multiculturales, o de género. Cuestiones que no habían sido tematizadas por las Constituciones anteriores.

El debate que me interesa promover, en todo caso, nada tiene que ver con el carácter más o menos innovador del “nuevo constitucionalismo.” Me interesa señalar, en cambio, de qué modo el “nuevo constitucionalismo latinoamericano” reproduce las viejas estructuras autoritarias que recibimos en legado de los siglos XVIII y XIX. Me interesa afirmar que no hay proyecto democrático y de avanzada bajo organizaciones de poder concentradas en Ejecutivos o monarcas, que representan la negación política de la democracia que declaman. Y me interesa insistir, ante todo, en esta idea: la contradicción que las nuevas Constituciones establecen entre el modo en que organizan el poder (estilo siglo XIX) y el modo en que definen derechos (estilo siglo XXI) no nos habla de una relación desafortunada, con la que hay que aprender a convivir, sino de una tensión que amenaza la vida misma de los derechos que esas Constituciones proclaman. No se trata, sin embargo, de recitar los nombres de los principales gobernantes de la región, responsables de los derechos que no se efectivizan, bajo retóricas siempre encendidas. Se trata de denunciar un modo errado de pensar el constitucionalismo, que después de más de doscientos años de práctica no ha aprendido a reconocer lo obvio, esto es, que el poder concentrado (político, económico) no puede sino resistir la puesta en práctica de los derechos nuevos, porque ella promete socavar también el poder de quienes hoy gobiernan discrecionalmente, bajo el control de nadie. Los latinoamericanos fueron los primeros en asegurar el ingreso de la “clase trabajadora” y otros grupos desaventajados a la Constitución, pero lo hicieron sólo a través de la sección de los derechos. Ha llegado la hora de que abran para tales grupos las puertas de la “sala de máquinas” de la Constitución, que después de más de dos siglos siguen —como en toda Europa— todavía cerradas.

BOLIVIA: EL CHANTAJE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Revista Adital de Brasil (www.site.adital.com.br/site)

Bolivia es un claro ejemplo de que la llegada de capitales extranjeros no depende de su excesiva protección. A pesar de que no firma Tratados Bilaterales de Inversión y denunció al CIADI para poner fin al poder de las transnacionales de demandarlo en tribunales internacionales, en el 2013 recibió treinta y cinco por ciento más devinversión extranjera que el año anterior.

Desde la liberalización de la economía a finales de los años ochentas, los países en desarrollo en general, y en especial los latinoamericanos, entraron en una competencia brutal para promover el comercio con los países desarrollados y atraer inversiones extranjeras. Con ese fin, los gobiernos de entonces comenzaron a firmar una serie de Tratados de Promoción y Protección de Inversiones, comúnmente llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Actualmente, existen más de tres mil en todo el mundo, la mayoría firmados en la década del noventa.

Se entendía que la inversión extranjera directa (IED) era uno de los motores del desarrollo y que su excesiva protección garantizaba su llegada. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario, pues existen países que pese a no haber firmado ni ratificado ningún TBI, atraen inversiones extranjeras incluso más que aquellos que sí lo hicieron.

El mejor ejemplo en la región es Brasil. En contraste, esta excesiva protección de inversiones de los TBI está siendo utilizada por las corporaciones para destruir el medio ambiente y cuestionar la soberanía y la democracia de los países que los firmaron.

Estos acuerdos contienen una serie de cláusulas que protegen a la inversión extranjera de diferentes formas, prohibiendo, por ejemplo, las restricciones a los flujos de capital y los requisitos de desempeño, exigiendo a los gobiernos un trato igual a empresas nacionales y extranjeras, pese a las asimetrías.

El CIADI

Contemplan, además, la figura de "expropiación indirecta”, que ocurre cuando una política pública afecta negativamente el valor de una inversión extranjera. Cuando las corporaciones sienten que los gobiernos han violado algunas de estas cláusulas pueden demandarlos directamente en tribunales internacionales creados para ese fin, utilizando el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado.

Uno de los tribunales más utilizados por las corporaciones es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial. Los fallos de este tribunal son inapelables y sus procesos confidenciales y poco transparentes.

Existen muchos casos escandalosos en el mundo en donde empresas están demandando cientos de miles de dólares en compensaciones, y América Latina es la región más afectada.

Casos emblemáticos

El Salvador, por ejemplo, enfrenta una demanda de la corporación minera PacificRim/Ocean Gold, que exige el pago de más de trescientos millones de dólares por no permitírsele explorar oro en una región vulnerable. Uruguay enfrenta una demanda de Philip Morris, la tabacalera más grande del mundo, por 2,000 millones de dólares a raíz de la implementación de medidas gubernamentales para reducir el consumo de tabaco.

Existen muchas otras demandas como éstas en donde las corporaciones exigen compensaciones por políticas públicas en favor del medio ambiente y la salud de la gente, políticas muchas veces enmarcadas dentro de convenios internacionales e incluso contempladas en las constituciones de los países.

Muchos gobiernos desisten de implementar políticas a favor de su población por miedo a estas demandas, algunas de las cuales tienen que ver con la salud, el medio ambiente, lasoberanía económica, el control de los recursos naturales, los servicios públicos, etc.

Tratados Bilaterales de Inversión

Bolivia no ha sido para nada una excepción. Desde finales de los años ochenta los gobiernos del país firmaron un total de veintiún TBI que contemplan estas protecciones a las corporaciones.

La primera demanda que el país tuvo que enfrentar vino de la corporación Bechtel, la principal accionista del consorcio Aguas del Tunari, que fue expulsada durante la "Guerra del Agua” en el año 2000, después de elevar por los cielos las tarifas del agua, entre otras acciones. Bechtel demandó a Bolivia una compensación por lucro cesante de cincuenta millones de dólares, cuando no había invertido ni siquiera un millón. Finalmente una campaña global ciudadana la obligó a abandonar el caso.

Con los años, Bolivia fue parte del movimiento que comenzó a cuestionar las políticas neoliberales y buscó recuperar sus recursos naturales y empresas privatizadas. Esa es la política actual del gobierno de Evo Morales, que está basada en la nueva Constitución Política aprobada en 2009. Sin embargo, en el camino el gobierno se fue encontrando con estos TBI y estos tribunales internacionales que protegen a las corporaciones.

Hasta la fecha, Bolivia ha enfrentado varias demandas por querer recuperar sus empresas y recursos naturales. Todavía tiene demandas pendientes y varias amenazas.

Contra el poder de las corporaciones

Sin embargo, en Bolivia se está haciendo un esfuerzo por poner fin al poder que las corporaciones tienen en este sistema. En primer lugar, se denunció el CIADI en 2007, por lo que el país ya no puede ser demandado en ese tribunal, aunque sí en otros similares, pues el poder que tienen las corporaciones se encuentra en los TBI. Es ahí en donde están escritas las reglas del juego. Es por eso que la nueva Constitución Política del Estado dispuso denunciar este tipo de acuerdos contrarios a la soberanía y a la democracia, y dio un plazo de cuatro años para eso.

Ante el cumplimiento de este plazo el Centro para la Democracia contactó y entrevistó al viceministro de Comercio e Integración de Bolivia, Clarems Endara Vera, para indagar acerca del proceso de denuncia de estos TBI.

El viceministro comentó que, efectivamente, todos los TBI que Bolivia firmó fueron denunciados. Una mitad dentro de los plazos previstos por cada TBI y la otra mitad, en cumplimiento con la Constitución, en una denuncia colectiva en mayo de 2013. Comentó, además, que la Constitución establece parámetros muy claros para el trato a la inversión extranjera, basada en tres puntos: la recuperación de los recursos naturales y empresas estratégicas; la denuncia de los TBI; y la prohibición de resolución de controversias con inversionistas en tribunales internacionales.

Si bien hubo preocupación por parte de Estados Unidos y de varios países europeos, el viceministro Endara Vera comentó que existe predisposición por parte de estos países para firmar nuevos acuerdos de inversiones basados en la nueva Constitución y en la nueva Ley de inversiones aprobada en abril pasado, que contiene todos los preceptos constitucionales.

No obstante, el viceministro Endara Vera reconoció que el tema no termina ahí, pues todavía existen las cláusulas de ultra-actividad de los TBI, que alargan su vigencia por varios años más, generalmente diez. Es decir, que todavía somos pasibles de demandas internacionales.

Si bien el viceministro Endara Vera confirmó que evidentemente existe esa posibilidad, destacó el hecho de que el gobierno ha cortado de raíz el problema con la denuncia de los TBI y que en caso de presentarse nuevas demandas, éstas deberán ser analizadas caso por caso por la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia y, en caso de ser necesario, asumir la defensa pertinente. Dijo también que pese a eso, la cancha está rayada y que el gobierno entiende que ya no tiene TBI.

El viceministro Endara Vera también enfatizó el hecho de que Bolivia es un claro ejemplo de que la llegada de capitales extranjeros no depende de su excesiva protección. Pues según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia, a pesar de haber denunciado al CIADI y los TBI, recibió 2,030 millones de dólares de inversión extranjera en 2013, un treinta y cinco por ciento más que en 2012.

SOLICITARÁN ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL DE ESPOSA DE ÁLVAREZ

El Comercio de Perú (www.elcomercio.pe/)

                                     

La policía de Chimbote ha solicitado se expida la orden de captura internacional contra Milagros Asián Barahona, esposa de César Álvarez Aguilar, ex presidente regional de Áncash, quien actualmente está bajo prisión preventiva.

Gerardo Escarate Budiniche, jefe de la Policía Judicial de Chimbote, manifestó que, luego de revisar el registro migratorio de Asián, que evidenciaba viajes constantes a países como Brasil, Chile, Estados Unidos y España, se determinó cursar comunicación a la Policía Internacional (Interpol) para la captura de Asián.

El trámite de captura internacional podría concretarse en los próximos cinco días, según manifestó Escarate, quien también señaló que los países a los que podría haber fugado la esposa de Álvarez, serían Ecuador o Bolivia.

Sin embargo, Asián Barahona no ha registrado salidas del país luego de dictada la orden de prisión preventiva, según el reporte migratorio. No obstante, podría haber cruzado las fronteras ilegalmente.

La vivienda de Milagros Asián fue allanada hace unos días sin éxito, luego de que también se dictara una orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra por el caso “La centralita”.

MORALES CUENTA CON UN 59% DE APOYOS A MENOS DE DOS MESES DE LAS ELECCIONES

El Economista de España (www.eleconomistaamerica.com)

                                                                                              

El presidente de Bolivia, Evo Morales, cuenta con un 59 por ciento de apoyos a poco menos de dos meses de las elecciones, que se celebrarán el 12 de octubre, manteniendo así su posición de favorito de cara a los comicios, según un sondeo.

En base a la encuesta, realizada en diez capitales, diez localidades urbanas y 88 localidades rurales, en segunda posición se encuentra el empresario Samuel Doria Medina, con un 17 por ciento de los respaldos.

En tercer lugar está el expresidente conservador Jorge Quiroga, con un cuatro por ciento de los votos, mientras que en cuarta posición se encuentra el exalcalde de la capital, La Paz, Juan del Granado, con un tres por ciento de las apoyos.

En sondeo, llevado a cabo por Ipsos, tiene un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de 1,79 puntos.

BÉLGICA, BOLIVIA, COLOMBIA, MÉXICO, PARAGUAY Y PERÚ HAN HECHO. ¿POR QUÉ NO EL REINO UNIDO?

Diario Peta de Londres (www.blog.peta.org.uk)

                                                                                    

Los circos no son divertidos para los animales - por lo que tres hurras a la Ciudad de México para prohibir el uso de animales salvajes en espectáculos. El mes pasado, los legisladores de la Ciudad de México tomaron la decisión compasiva para detener leones, tigres, elefantes y otros animales se vean obligadas a saltar a través de aros en llamas, el equilibrio sobre sus patas traseras y realizar otros trucos peligrosos y desconcertantes en frente de una multitud gritando. Cuando la nueva ley entre en plena vigencia, los dueños del circo que continúan utilizando animales podrían ser multados hasta $ 70.000.

Detrás de las escenas, los animales en los circos suelen ser golpeados hasta la sumisión por medio de los métodos de entrenamiento crueles y están en cuartos de hacinamiento, cuando se cumplan ninguno de sus necesidades. Esta reveladora PETA estadounidense vídeo da un 60-segundo vistazo a la realidad de lo que es la vida de los animales en los circos de todo el mundo: Sadly, the UK is lagging behind Mexico City and countries such as Belgium, Bolivia, Colombia, Paraguay and Peru that have also banned circuses that use wild animals. We’re still waiting for the government to deliver on its promise to make these archaic spectacles illegal in England and Wales.

A recent investigation by Animal Defenders International shows a miserable lion and tiger pacing up and down in their gloomy cages at Peter Jolly’s Circus in England – making it crystal clear that, while politicians delay, animals are still suffering for the sake of an outdated notion of “entertainment”.

Please write to your MP, asking him or her to do everything possible to make sure that the wild animal circus legislation is passed during this parliamentary term. Time is running out – and further delays could mean that animals will have to endure years more of appalling abuse.

DIESEL CIUDAD BOLIVIANA DEPENDIENTE OBTIENE PLANTA HÍBRIDA SOLAR-DIESEL 'MÁS GRANDE DEL MUNDO' CON EL ALMACENAMIENTO

Storage de Londres (www.storage.pv-tech.org/news)

                                                                              

Una ciudad en Bolivia que actualmente está totalmente alimentado por generadores diesel será el hogar de una central híbrida solar-diesel 5MW equipado con almacenamiento de la batería, que con proveedor inversor SMA afirma es el más grande de su tipo en el mundo.

Actualmente en construcción, la planta de energía, en la provincia de Pando de Bolivia, se encuentra en una zona que no está conectado a la red eléctrica nacional y se basa en los generadores diesel. La nueva planta, que tendrá una capacidad de 5 MW para la generación de energía fotovoltaica, suministrará electricidad suficiente para satisfacer la demanda de alrededor de la mitad del capital de Pando, Cobija.

Ingeniería, Procura y Construcción (EPC) funciones se llevaron a cabo por Isotron, una filial de la compañía española de ISASTUR y la planta serán propiedad de utilidad boliviana ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), con otra empresa boliviana Eléctrica Guarachi, la gestión del proyecto.

Fabricante de inversores SMA anunció que estaba en marcha la construcción de la planta de la semana pasada. SMA suministrará el proyecto con los inversores centrales, inversores de batería y un controlador Guardar SMA de combustible, un sistema de control para la planta que SMA dice "asegura el control orientado a la demanda de la instalación fotovoltaica depende de las características de carga y grupo electrógeno de la planta".

El área tiene un alto nivel de irradiación solar que lo hace adecuado para la instalación fotovoltaica, pero también está en una gran altitud de unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la que los inversores y otros componentes del sistema tienen que continuar realizando a pesar del desafío que esto presenta.

SMA vicepresidente senior de fuera de la red y el almacenamiento Volker Wachenfeld dijo el Guardar Controlador de Combustible, "actúa como un controlador basado en la demanda de alimentos en la energía solar a la interfaz entre el generador diesel, generador fotovoltaico y la carga de energía. El Controlador de Combustible Guardar SMA graba los flujos de energía en la red aislada y utiliza esa información para determinar la potencia máxima admisible PV.

Wachenfeld afirma que el uso de estos datos, el sistema "puede garantizar la estabilidad del sistema permanente y garantizar el buen control de los grupos electrógenos."

En declaraciones a la PV Tech almacenamiento en la feria Intersolar Europe en Alemania en junio, Wachenfeld dijo que la compañía había salido a dar un enfoque estandarizado para establecer las primeras soluciones para sistemas aislados.

"En el principio que necesitábamos una solución estandarizada y abierta, modular que podríamos poner en cualquier aplicación. El mercado era muy pequeño en ese momento, dedicada a soluciones fuera de la red, a las islas apartadas, lugares remotos, incluso en las montañas, o donde sea y necesitábamos algo que el instalador puede adaptar fácilmente a las necesidades de estos lugares remotos. Tenemos que adaptarnos a los diferentes tamaños de los sistemas, de muy pequeño a poco grandes para muy grande. Hay que adaptarlo a diferentes temperaturas como África, o tenemos un sistema en los Andes en Chile, un sistema en el Polo Sur. [Los sistemas tienen que ser] muy flexible".

SECUESTRAN 420 KILOS DE DROGA DE UNA AVIONETA

Los uniformados lograron detener a seis personas —cuatro de ellas argentinos y dos bolivianos—. Incautaron una camioneta 4x4.

Nuevo Diario de Argentina (www.nuevodiarioweb.com.ar)

                                                                                                               

En un nuevo golpe al narcotráfico en el país se secuestraron 420 kilos de droga que ingresaron desde Bolivia. El procedimiento policial se produjo en la provincia de Córdoba. 

Según indicaron las fuentes judiciales a los medios nacionales, se lograron incautar unos 420 kilos de marihuana que eran transportados en una avioneta, que fueron secuestrados en horas de la tarde de ayer tras un aterrizaje —que estaba predeterminado— en una pista clandestina, cerca de la localidad cordobesa de Toledo, y por el hecho detuvieron a seis personas, informaron fuentes policiales. 

 En el lugar se logró detener a seis personas que viajaban en la aeronave —cuatro argentinos y dos bolivianos—. A los aprehendidos se les suma una persona que fue detenida en la provincia de Misiones, más precisamente en la ciudad de Posadas. 

Fuentes policiales informaron que uno de los procedimientos simultáneos se llevó a cabo en un establecimiento ubicado al costado de la Ruta Nacional Nº 9 sur, en Toledo, unos 22 kilómetros al sudeste de la Capital cordobesa, donde una avioneta aterrizó en un campo privado, donde esperaba una camioneta 4x4. 

Al parecer, este vehículo estaba preparado para transportar “ladrillos” de marihuana a la ciudad de Córdoba, por lo que los efectivos de la Policía Federal lo interceptaron. 

Según las fuentes, los policías investigaban el accionar de esta banda desde hacía diez meses. 

Los voceros precisaron que entre los detenidos está el piloto de la avioneta, al tiempo que en la Capital cordobesa los policías federales procuraban concretar una decena de allanamientos en busca de más elementos de interés para la pesquisa. 

Por último, las fuentes agregaron que los encargados del operativo darán mañana una conferencia de prensa para ampliar la información sobre el allanamiento a un campo ubicado cerca del cementerio de Toledo. No se descartan nuevas detenciones en las siguientes horas. 

DAGO PUBZOLU: "NO HAY POLÍTICAS PARA TRATAR SERIAMENTE EL NARCOTRÁFICO"

                                                                                     

El referente del Pro en Jujuy, sostuvo que no solamente el peronismo, sino la “oposición oficialista”, son responsables de la falta de políticas para luchar contra el narcotráfico y todos quienes han gobernado el país en los últimos 30 años.

Jujuy Al Momento (www.jujuyalmomento.com)

                                                                                 

Días pasados, el caudillo del PRO, Mauricio Macri responsabilizaba por el crecimiento del narcotráfico a tantos años de gobierno peronista. En ese sentido, Pubzolu sostuvo que “yo no creo que tenga que ver con tantos años de gobierno peronista el crecimiento del narcotráfico. Quienes han gobernado estos 30 años, fueron el oficialismo y el oficialismo de la oposición, como yo lo digo”.

También fue claro al destacar que “no hay políticas que empiecen a tratar seriamente el narcotráfico y en mi opinión, hay que trabajar mucho y sobre políticas concretas. No hay radarización en Jujuy y en otras provincias colindantes en fronteras como Bolivia y Paraguay, sabemos que por allí pasa la cocaína y la marihuana e ingresa por distintas rutas y en tantos años de gobierno no se ha priorizado un mayor grado de seguridad para ese tratamiento”.

En los últimos años creció este flagelo, asintió el dirigente. “El narcotráfico en vez de atenuar, ha crecido. Uno a simple vista ve que ha crecido el narcotráfico, no hace falta que lo diga el titular de la Suprema Corte. Vemos los periódicos, los chicos en la calle, ayer recorrimos el departamento de El Carmen y mucha gente me cuenta sus pesares y siempre está el consumo de droga. No es propio de las ciudades grandes o de la capital, sino de lugares más escondidos de la provincia.  El narcotráfico nos ha invadido y tenemos que empezar a pelear seriamente contra este flagelo”.

En este sentido cargó directamente responsabilidad a la dirigencia por la falta de políticas: “Me parece que un poco de ineptitud de los gobernantes. Hay muchas cuestiones que hay que trabajar y no veo seriamente que nuestros senadores y diputados trabajen en ese sentido, todos hablan pero nadie hace nada. Una cosa es decir que estamos luchando contra el narcotráfico, que estamos en la Comisión de narcotráfico, pero no vemos cuestiones concretas o materializadas, seguimos con una frontera sin radarización. Me pregunto, tan difícil es conseguir un radar para tener un mayor control”.

Dijo, además, que hay herramientas para luchar, pero hay que ponerlas en práctica. “Si es tan difícil empecemos a actuar en consecuencia, a generar acciones con otros países a generar acciones con otros países de intercambio, inclusive con Estados Unidos. La DEA está a disposición contra el narcotráfico en todo el mundo. No se entiende como un senador de la oposición o del otro lado, del oficialismo no pueden conseguir la herramienta para poder luchar contra el narcotráfico. Entre otras cosas, tratar de llevar políticas educacional a los establecimientos, porque una cosa es luchar y otra prevenir y nada de eso está sucediendo”.
Pubzolu, también hizo referencia al control de gasto  de los gobiernos. “Un Estado que rinde cuenta de sus gastos, es un estado que muestra una gestión con transparencia, son también los legisladores, los encargados de pedirle una rendición de cuenta al ejecutivo, salvo algunas excepciones que levantan la voz en la cámara y nada más. Aquí en Jujuy hay mecanismos institucionales que no están funcionando y es preocupante. No digo que se tenga que hacer obras, es bueno cuando se hace obras, pero hay que ver cuáles son las que necesitan los jujeños”.

Citó como ejemplo, El Carmen, donde “muchos productores decían que había que hacer alguna obra hídrica, no alcanza con la sequía que hay como para poder mantener recursos del agua que generan los diques. No se hace una obra hídrica desde hace 40 años y se necesitan riegos para su cultivo, para la producción y si no hay producción, no hay trabajo, entre otras cosas. Inclusive para agua potable”.

Agregó, “como ciudadano, como dirigente entiendo que hay que agudizar los sistemas de controles, de gastos, para saber qué es lo que entra y que es lo que sale, y ahora si sale más de lo que entra estamos en un serio problema”.

También destacó que es propio de las instituciones, exigir ese control. “Soy muy respetuoso de las instituciones y para eso está el poder legislativo y son los que tienen que pedir la rendición de cuenta. La diputada Isolda Calsina fue la que pidió esa rendición de cuenta y hay que canalizar las cosas por las instituciones, porque si nos salimos de las instituciones nos estamos saliendo de la república, y en realidad lo que pienso y decimos que debemos estar el Estado democrático”.

Finalmente consideró que “si no funciona las instituciones, tendrá que ser la gente al momento de votar, a quienes elijan para que las instituciones empiecen a funcionar y por eso nosotros estamos por el cambio”.

DENUNCIAN TRATOS DESIGUALES EN LOS JUICIOS CONTRA MILITARES

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

                                           

Con el propósito de revertir el "quiebre de principios jurídicos elementales" y las desigualdades en los procesos en que se investigan crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, comenzó ayer el Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad, que reunió a unas 250 personas, en su mayoría militares retirados, abogados y familiares de detenidos.

El encuentro fue organizado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia en el hotel Meliá, de Retiro, en una convocatoria que tuvo alcance regional y que motivó una fuerte protesta de Quebracho, que se movilizó al lugar. Militantes de la agrupación se agolparon y se hicieron sentir durante veinte minutos, frente a las vallas colocadas a 50 metros de la sede del encuentro, en medio de un vistoso operativo de seguridad.

"Se ha predicado el odio y el resentimiento contra un solo sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nada la hubiera provocado", planteó en el discurso de apertura el presidente de la asociación, el abogado Alberto Solanet, al advertir sobre los riesgos y consecuencias de una Justicia "sometida a un manipuleo ideológico y degradada gravemente por los avances de la corrupción política".

Solanet detalló que más de 1800 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad fueron encarcelados, y que unos 260 murieron en paupérrimas condiciones de detención. "Se niegan excarcelaciones, libertades condicionales, salidas transitorias, detenciones domiciliarias y otros beneficios", advirtió.

El orador hizo extensiva esta situación a varios países de América latina -Venezuela, Chile y Bolivia, entre otros-, como resultado de "una visión asimétrica" compartida por los gobiernos de la región. Citó el caso del presidente de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos, Víctor Hugo Velasco, a quien el gobierno de Evo Morales no le permitió viajar a Buenos Aires para participar del foro. Estuvieron presentes el ex jefe de la SIDE y escritor Juan Bautista Yofre, Cecilia Pando, militares retirados y delegados de instituciones de otros países.

Visión generalizada

Gerardo Palacios Hardy, vicepresidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, leyó una carta de Jaime Smart, ex juez de la Cámara Federal en lo Penal, que dictó más de 2000 condenas y procesamientos hasta que el tribunal fue disuelto en 1973. Encarcelado en 2008, al ser acusado de delitos de lesa humanidad -el otro camarista, Jorge Vicente Quiroga, fue asesinado en 1974 en un ataque reivindicado por el ERP-, Smart denunció en su carta, enviada desde el penal de Marcos Paz, la "grosera tergiversación" de la historia.

"En la Argentina, sin pegar un solo tiro, han consumado la revolución más profunda y destructiva de la historia", resumió. Y transmitió su preocupación por un proyecto de ley del diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, que propone "prohibir a los futuros presidentes que firmen indultos, amnistías o conmutaciones de penas a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad".

En voz baja, uno de los presentes en el foro comentó: "Es prohibir el perdón. Y es admitir que la amnistía de 1973 fue un error". El proyecto no pudo ser tratado ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por falta de quórum.

Solanet valoró especialmente el voto en disidencia de la fallecida jueza de la Corte Carmen Argibay en la derogación del indulto a los jefes militares. "La cosa juzgada es la garantía de las personas de no ser procesadas dos veces por el mismo delito y este principio tiene preeminencia porque es el fundamento de la existencia misma del Poder Judicial."

Expositores de Chile, Venezuela, Uruguay, Perú y Colombia reflejaron escenarios similares. "Una vez recobrado el orden, los terroristas cobran y los militares van a presión", resumió el capitán de navío retirado chileno Adolfo Paúl Latorre. Y el contralmirante venezolano Elías Augusto Buchszer Cabriles, ex jefe de la Armada de su país, apuntó contra el Foro de San Pablo, que favoreció la consolidación del régimen chavista en Venezuela.