EXCANCILLER BOLIVIANO ABOGA POR LA INTEGRACIÓN DEL SUR GLOBAL FRENTE AL SAQUEO OCCIDENTAL Y ESTADOUNIDENSE

En un esfuerzo por hacer frente y detener el saqueo de los recursos naturales promovido por las políticas de los países occidentales a lo largo de los años, el excanciller boliviano, Fernando Huanacuni (2017-2018), planteó fortalecer la integración y cooperación de las naciones del Sur Global.
En entrevista con Xinhua, el exministro de Relaciones Exteriores abordó temas sobre el saqueo histórico, el sufrimiento y el dolor dejado por el colonialismo español en Bolivia durante varios siglos, especialmente de la explotación de las riquezas minerales del Cerro Rico de Potosí en el oeste del país.
Además, reseñó el papel de subyugación impuesto por Estados Unidos en la región y reafirmó la necesidad de acciones coordinadas en respuesta a la arremetida del colonialismo occidental y estadounidense.
En Bolivia se encuentra la región andina de Potosí, que desde el siglo XVI funcionó como el epicentro de un oscuro capítulo histórico caracterizado por el sometimiento y saqueo despiadado de sus recursos minerales bajo el dominio de la colonia española.
El también analista político contextualizó la palabra "Potosí" en la colonia europea, considerándola sinónimo de riqueza, historia, sufrimiento y paradojas.
Aunque en Europa se decía que algún bien "vale un Potosí" equivalente a gran valía y calidad por la riqueza del Cerro Rico, para la analogía del exdiplomático, ese nombre encierra un oscuro pasado de dolor y saqueo.
Evocando las palabras del escritor Eduardo Galeano, autor de "Las Venas Abiertas de América Latina", Huanacuni ilustró las dualidades de opulencia y miseria. Aseguró que la cantidad de oro y plata saqueada en Potosí durante la colonia podría haber construido un puente hasta Europa con esos metales preciosos, pero también otro con los huesos y esqueletos de quienes perecieron en el proceso de saqueo colonial.
Para el experto, el oro y la plata despojados de Potosí no solo enriqueció a las arcas de Francia, Reino Unido, España y Portugal, sino que también alimentó a Europa, dejando en Potosí miseria, sufrimiento y derramando la sangre de indígenas y afrodescendientes.
Huanacuni destacó la imperante necesidad de que Bolivia y los países latinoamericanos tracen su propio camino hacia el desarrollo para alejarse de la sombra de la hegemonía europea y estadounidense. Enfatizó la importancia de superar las divisiones y trabajar hacia una integración regional sólida.
En este contexto, manifestó que emerge la visión multipolar como una alternativa en ascenso que gana terreno en diversas partes del mundo y que busca no solo emanciparse de la histórica pobreza impuesta por la colonia, sino también fortalecer la identidad cultural indígena originaria.
Consultado sobre si la integración es el camino para el despertar del desarrollo regional, Huanacuni consideró que la respuesta está en el Mercosur y los BRICS, un grupo de importantes economías emergentes.
"Para Latinoamérica es importante la integración del mercado mundial a través de los emergentes, ahí vemos a China e India, por ejemplo, que son los mercados más grandes e importantes del mundo", manifestó.
Según el excanciller, Latinoamérica posee ingentes recursos naturales, pero carece de tecnología, por lo que apuntó a China y Rusia como socios estratégicos.
"Con Europa ya conocemos la experiencia de cientos de años, no vamos con Estados Unidos, porque ellos no plantean un enfoque 'ganar-ganar', no es compartir; no hay esa premisa. Por eso, en la búsqueda de tecnología, buscamos asociación con países emergentes, en este caso, China. Vemos con muy buenos ojos y con una buena perspectiva los BRICS", puntualizó.
Respecto a sus consideraciones sobre el Sur Global, el excanciller señaló que las naciones de este bloque representan ahora la emergencia y esperanza de los países sometidos y afectados por la colonia.
"Es la mirada de esperanza de los países que han sufrido el coloniaje, el capitalismo depredador. Entonces, la esperanza del Sur Global es el nuevo tiempo político y económico inminente de esta nueva etapa", reflexionó.
En consecuencia, subrayó que estos argumentos brindan a Bolivia y Latinoamérica una gran oportunidad de cambiar la historia de los pueblos. (https://acortar.link/mxhyBB)
 
 
 
 
 
BOLIVIA: EXPERTO DE LA ONU PREOCUPADO POR RETRASO EN ELECCIONES JUDICIALES
 
United States https://acortar.link/Pdy10I)
 
Un experto de la ONU expresó hoy su grave preocupación por el retraso en el proceso electoral de las más altas autoridades judiciales de Bolivia.
“El derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial. En Bolivia, para los tribunales superiores y el Consejo de la Judicatura, la Constitución exige la elección de candidatos calificados que hayan sido examinados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La participación de la sociedad civil en todas las etapas es importante para fortalecer la credibilidad del proceso”, afirmó Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados.
El experto señaló que la ausencia de acuerdos políticos había provocado el vencimiento de los mandatos de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Judicatura.
"La celebración de elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en Bolivia", dijo el Relator Especial. “En este sentido, insisto en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de las elecciones”.
El mandato de las altas autoridades judiciales elegidas en 2018 finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que se celebraran nuevas elecciones judiciales. A finales de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió extender el mandato de las autoridades del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional “de manera excepcional y temporal, hasta tanto sean elegidas e instaladas las nuevas autoridades”, según sentencia 0049/2023.
“El derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), estipula un tribunal competente, independiente e imparcial como una de las garantías del debido proceso. proceso”, dijo Satterthwaite.
Señaló que los estándares internacionales sobre la independencia del poder judicial dejan claro que el requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y calificaciones para el nombramiento de los jueces, y a las garantías de seguridad en el cargo y condiciones de servicio.
"Teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha fijado ninguna fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial del país y que los mandatos de los actuales titulares se hayan prorrogado indefinidamente", afirmó el experto.
La Relatora Especial recordó que su antecesor había realizado una visita oficial al país en febrero de 2022. “Insto a las autoridades bolivianas a implementar las recomendaciones establecidas en el informe posterior a la visita”, dijo.
Satterthwaite ha estado en contacto con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con respecto a estas preocupaciones.
*La experta: Sra. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados . Fue nombrada Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados por el Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2022. La profesora Satterthwaite es una académica y profesional internacional de derechos humanos con décadas de experiencia en el campo. Es profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Los Expertos forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
 
 
 
 
 
BOLIVIA Y LA ELECCIÓN POPULAR EN SUS ALTAS CORTES: TRES PROCESOS FALLIDOS
 
Nexos de México (https://acortar.link/KrmQ1F)
 
Recientemente la discusión pública relacionada con el poder judicial ha girado en torno a la propuesta del presidente López Obrador de que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros integrantes del Poder Judicial, sean elegidas mediante voto popular.
Debido a ello, es relevante revisar el caso de Bolivia, único país del mundo que elige a quiénes integran sus más altas cortes mediante votación popular.
En primer lugar, se harán algunas advertencias sobre los alcances del artículo. No se abordará la discusión necesaria sobre el estado de la justicia en el país ni sobre las propuestas para mejorarlo. Al respecto, no se disputa que es imperioso reformar la justicia en el país para acercarla especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a la justicia local. Asimismo, tampoco se revisarán las críticas fundadas al diseño del proceso actual de selección de integrantes de la SCJN.
En segundo lugar, se aclara que este artículo se basa principalmente en el trabajo liderado por Luis Pásara de la Fundación para el Debido Proceso mediante el cual documentó los dos procesos de elección popular de jueces que se han realizado en Bolivia. Los hallazgos se encuentran en dos informes que serán citados en este texto.
Ahora bien, la propuesta de elegir integrantes de la SCJN por votación popular surgió después de que ésta invalidase varias reformas legales impulsadas por López Obrador debido a que eran inconstitucionales.
Ese hecho demuestra que la discusión que subyace a la propuesta del presidente es una disputa por la independencia del poder judicial y, en específico, del tribunal constitucional mexicano. Al respecto, es importante apuntar que la independencia judicial de las altas cortes supone contar con un adecuado proceso de nombramiento.1
Otro dato de contexto para considerar es que López Obrador ha dicho que su propuesta ayudará a que el pueblo elija a ministros íntegros, honestos, incorruptibles, realmente al servicio del pueblo.2 Es decir, sostiene que este método de elección ayudará a combatir la corrupción en el poder judicial.
Diseño del proceso
El único caso conocido en el mundo en el que los integrantes de altas cortes son elegidos por voto popular es Bolivia. En otros países como Colombia, Estados Unidos, Francia, Suiza, Perú o Venezuela se eligen a algunas autoridades judiciales locales o municipales mediante votación popular pero no a sus más altas cortes.3 En Japón la designación de jueces de la Corte Suprema es ratificada o rechazada mediante el voto.4 En Bolivia se nombran mediante elección popular en una sola jornada a 56 personas para integrar:
•          El Consejo de la Magistratura
•          El Tribunal Constitucional Plurinacional
•          El Tribunal Supremo de Justicia
•          El Tribunal Agroambiental
En 2009, la Constitución bolivariana introdujo el sistema de elección popular de sus más altas cortes. El proceso de preselección es llevado a cabo, en primer término, por comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este proceso incluye evaluar los méritos de cada aspirante y realizar entrevistas públicas.5
Después de la primera etapa, las comisiones envían a esta Asamblea Legislativa el grupo de aspirantes que a su parecer reúne los requisitos exigidos por la legislación para ser electos. Posteriormente, el Pleno de la Asamblea, mediante una mayoría de dos terceras partes elige a las personas aspirantes que serán sometidas al voto popular.
Un dato para tener en cuenta es que la Constitución de Bolivia prohíbe a las personas aspirantes hacer campaña política; solamente el Órgano Electoral puede difundir información de las personas aspirantes.
Desarrollo de los procesos
En 2011, la Asamblea Legislativa preseleccionó a 116 aspirantes para 56 puestos. En 2017, fueron 96 aspirantes para ir a las urnas aunque el número de puestos se redujo de 56 a 26 por una reforma. Debido a ello, en 2011, dos aspirantes compitieron para cada puesto y; en 2017, tres.
Dadas las limitaciones relacionadas con la difusión del proceso de elección, el proceso de 2011 no fue adecuadamente difundido y no se conocieron las capacidades y la posición jurídica de las personas aspirantes. Asimismo, ello tuvo impacto en la poca participación del electorado. En el segundo proceso de elección de jueces por sufragio universal se modificó la legislación para permitir a los medios de comunicación difundir información de las personas aspirantes.
En el año 2017, el presupuesto asignado por al proceso de elección de autoridades judiciales fue de 125 millones de bolivianos, equivalente a 18 millones de dólares, aproximadamente.6
Hallazgos de los procesos
Primero, desde 2011, cuando se realizaron las primeras elecciones, la innovación no fue reconocida como exitosa. Actores sociales y políticos del gobierno y de la oposición, coincidieron en que los resultados no fueron satisfactorios. Esta situación no mejoró en 2017 como se explicará a continuación.
Segundo, en 2011 se criticó el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa. Las críticas consistieron en la falta de evaluación técnica de los méritos y el carácter mayormente político del proceso. Pese a que el proceso de 2017 fue reformado, las notas mínimas o puntajes exigidos eran tan bajos que no se logró apartar del proceso a los menos aptos. El Pleno de la Asamblea Legislativa recurrió a la discrecionalidad y a las preferencias del grupo político mayoritario para seleccionar a los candidatos ignorando las calificaciones de los postulantes.
Tercero, debido a la prohibición de las personas aspirantes a hacer campaña, se limitó el conocimiento ciudadano del proceso y del perfil de las personas aspirantes.
Cuarto, desde el punto de vista de la legitimidad de los jueces y juezas elegidas, en la primera votación el mayor porcentaje lo obtuvieron los votos nulos y en blanco: casi 60% de los votos emitidos. En el proceso de 2017 fue peor. La suma de votos en blanco y nulos fue de 66%, es decir, casi dos terceras partes de los votos emitidos. En otras palabras, la ciudadanía dos veces acudió a las urnas a rechazar la propuesta gubernamental para integrar las más altas cortes del sistema judicial.
Quinto, los principales actores políticos bolivianos coincidieron en calificar como un error y un fracaso el sistema de elección del poder judicial por votación popular. Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de cesar a las autoridades judiciales antes de terminar su mandato debido a que la insatisfacción social con el funcionamiento de cortes y tribunales se incrementó.
Quinto, el nuevo sistema de elecciones de jueces no erradicó la intromisión política en el poder judicial, ni el retraso en la administración de justicia ni la corrupción. De las 26 personas elegidas en 2017, quince ocupaban cargos de confianza durante el gobierno del presidente Evo Morales. Dos habían sido viceministros.7
Conclusiones
El contexto que motivó la reforma en la forma de elegir a los integrantes de sus más altas Cortes en Bolivia fue una crisis en el sistema de justicia. De acuerdo con un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, solamente 47.6% de los municipios de Bolivia tenían jueces y tribunales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que existía corrupción de los jueces. Al respecto, mencionó que la única forma de obtener resultados en el aparato de justicia en Bolivia era mediante la injerencia política y el tráfico de influencias.
Debido a ese contexto, la reforma buscaba por un lado, atender la crisis del sistema de justicia y por otro, mejorar la independencia del poder judicial. Sin embargo, el método electoral introducido por la Constitución de 2009 ha sido recriminado por no haber logrado un cambio en la justicia, que sigue siendo cuestionada por organismos nacionales e internacionales a causa de su politización y su alta corrupción.
Ambos procesos electorales no atenuaron la decisiva intervención del poder político en la selección. La participación de la Asamblea Legislativa fue la vía por la que el partido gobernante decidió quiénes ocuparían los cargos en las más altas cortes del país. El voto ciudadano simplemente fue utilizado para legitimar una decisión política previa de la mayoría oficialista.
La experiencia boliviana demuestra que, pese a que el discurso democratizador situaba el eje del nuevo mecanismo en el voto popular, la toma de decisiones estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa en la etapa de preselección de aspirantes.
Finalmente, la fórmula de designación simultánea y renovación completa de las altas cortes de Bolivia ha tenido impactos negativos. El más reciente es que debido a la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa, el proceso actual de renovación de las altas cortes –que es el tercero mediante votación popular–,8 se encuentra paralizado y el sistema de justicia de Bolivia ha entrado en crisis.9 Estaba programado que todas las Cortes se renovaran a partir del 2 de enero de 2024 pero no ha sucedido.
El caso de Bolivia tiene paralelismos con el caso de México que es importante revisar. Por un lado, se reconoce que en nuestro país es necesario reformar la justicia debido a que la procuración y administración de justicia están rebasadas por la impunidad10. Asimismo, es una realidad que la justicia es un privilegio disponible para quienes cuentan con recursos económicos o políticos.11 No obstante, elegir a integrantes del Poder Judicial mediante votación popular no resolverá esos problemas. Por el contrario, como el caso boliviano demuestra, ese mecanismo de elección no apunta a mejorar el sistema de justicia. Al contrario, facilita la captura del poder judicial, socava su independencia y su legitimidad. Aunque tal vez, en realidad, ese sea precisamente el objetivo.
1 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 75.
2 Ver https://lopezobrador.org.mx/2023/11/28/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-1084/ y https://lopezobrador.org.mx/2023/11/27/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-1083/
3 Pásara, Luis, Elecciones judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita. Fundación para el Debido Proceso (DPLF), 2014. Disponible en: https://www.dplf.org/sites/default/files/informe_bolivia_web2.pdf
4 Id.
5 Después de varias críticas relacionadas con la falta de criterios uniformes para seleccionar aspirantes en el proceso de 2011, la legislación fue reformada y fue incorporada la Universidad Boliviana a este proceso para el proceso de 2017.
6 Pásara, Luis. Elecciones Judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección. Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Junio 2020. Disponible en: https://www.dplf.org/sites/default/files/elecciones_judiciales_en_bolivia_june20.pdf
7 Pásara, Luis, El engañoso camino de elegir a los jueces. Blog de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Mayo 2023. Disponible en: https://dplfblog.com/2023/05/15/el-enganoso-camino-de-elegir-a-los-jueces/
8 Para revisar el tercer proceso de selección de jueces por voto popular ver Santiago, Soraya. Más de lo mismo: tercer proceso de selección de máximas autoridades judiciales en Bolivia, Mayo de 2023. Disponible en https://agendaestadodederecho.com/autoridades-judiciales-en-bolivia/
9 Orias, Ramiro. Bolivia: de las elecciones judiciales fallidas a la auto prorroga de fácto. Diciembre de 2023. Disponible en https://agendaestadodederecho.com/bolivia-de-las-elecciones-judiciales-fallidas-a-la-auto-prorroga-de-facto/
10 Centro Prodh. Embates contra el Poder Judicial. Octubre de 2023. Disponible en https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/embates-poder-judicial-fideicomisos
 
 
 
 
 
BOLIVIA: CONTINÚA DISPUTA ENTRE LUIS ARCE Y EVO MORALES
 
Luis Arce y Morales mantienen una disputa interna en el partido de gobierno que se profundizó por la aspiración del exmandatario de ser candidato para el 2025
 
Diario Las Américas de EEUU (https://acortar.link/LbbjRB)
 
Luis Arce advirtió el lunes que la crisis en el Poder Judicial por la extensión del mandato de los jueces está siendo usada para desestabilizar a su gobierno, mientras partidarios de su mentor, el exmandatario Evo Morales, muestran su fuerza con bloqueos en al menos tres rutas del centro del país. Arce celebró el lunes los 15 años de la fundación del Estado Plurinacional —impulsado por la entonces administración de Morales— con centenares de indígenas mientras los afines al expresidente realizaban bloqueos carreteros que afectan unas tres vías del país que conectan el oriente con el occidente. Los manifestantes exigen que los magistrados renuncien después de que mediante una resolución decidieron extender su mandato que terminaba el 2 enero.
“La derecha tradicional y la nueva derecha han torpedeado los consensos necesarios para la convocatoria a elecciones judiciales y ahora se esfuerzan por echarle la responsabilidad al Órgano Ejecutivo”, dijo Arce en un breve mensaje presidencial.
Agregó que “en realidad buscan usar el argumento de la justicia para desestabilizar el gobierno, y si fuera posible, hasta acortar nuestro mandato”.
Arce y Morales mantienen una disputa interna en el partido de gobierno —el Movimiento al Socialismo (MAS)— que se profundizó por la aspiración del exmandatario de ser candidato en las elecciones de 2025.
Por los desacuerdos políticos en el MAS —que ostenta la mayoría en la Asamblea Legislativa— no se pudo preseleccionar a los candidatos a jueces. En Bolivia los magistrados tienen que pasar por esa preselección antes de su selección por el Poder Judicial.
"Falta de acuerdos políticos"
La relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, manifestó el lunes en una nota de prensa su “grave preocupación” por el retraso de las elecciones judiciales y por la “falta de acuerdo político" que “puede socavar” la independencia del Poder Judicial.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló la víspera que el trasfondo del conflicto es por la candidatura del MAS para los comicios presidenciales del próximo año. “Morales ve como su adversario al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca” y "está concentrado en cómo va a desgastar y sacar del esquema electoral” a ambos.
Evo Morales "inhabilitado"
A fines de diciembre el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que señaló que no es posible candidatearse a un tercer período y que esa prohibición es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que consideró que Morales no está habilitado a una candidatura. Morales ha rechazado ese argumento.
 
 
 
 
 
EXALCALDE Y EXCONCEJAL DE BOLIVIA FUERON CONDENADOS A 30 AÑOS DE CÁRCEL POR EL FEMINICIDIO DE JUANA QUISPE
 
Félix Huanca y Pastor Cutile, exalcalde y expresidente del Concejo de Ancoraimes, Bolivia, fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de la líderesa indígena y exconcejala opositora Juana Quispe. El Tribunal Cuarto de Sentencia de la Paz leyó la fundamentación de la condena el pasado 11 de enero, tras casi 12 años del homicidio.
 
Volcanicas Oeg. https://acortar.link/P72P6M)
 
Desde muy joven Juana Quispe se había dedicado a la defensa e los derechos de su población, llegando a ser elegida como secretaria general y portavoz y, luego, en la presidenta de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de la Paz “Bartolina Sisa”. En 2010, tras presentarse en las elecciones municipales, se convirtió en la primera mujer concejala de Ancoraimes. Fue aquí cuando comenzó la discriminación y violencia en su contra. El 13 de marzo de 2012, el cuerpo de Juana Quispe fue encontrado con signos de estrangulamiento en Orkojahuira, un municipio de La Paz. Quispe interpuso distintas denuncias contra Huanca y declaró estar siendo presionada y amenazada para dejar de ejercer su cargo.
Dos días antes, Quispe había participado en un evento organizado por la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) donde expresó que había recibido amenazas en las que le decían que le harían “justicia comunitaria”. “Dicen que me van a matar y me van a quemar”, denunció.  Esta no era la primera vez que se pronunciaba sobre los hostigamientos que Huanca y allegados a su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), efectuaban en su contra. En 2011 advirtió haber recibido amenazas de muerte y anunció que estaba “dispuesta a morir” y no rendirse.
En un principio, la Fiscalía General del Estado de Bolivia rechazó las denuncias de feminicidio, alegando que Quispe había sido víctima de un robo. Sin embargo, ninguna de sus pertenencias fueron hurtadas y se encontraron al lado de su cuerpo. Por esto, Josefina Velasquez Correa, presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), se pronunció contra las trabas y las demoras de la investigación por feminicidio. “Ella vivió el acoso y la violencia física y lo denunció. Al hacerlo nuestra hermana sufrió el acoso de parte de su alcalde y colegas concejales […] Le dijeron que iba a pagar con su vida; y se cumplió”, señaló.
Su asesinato impulsó la creación de la Ley 243 de Protección contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres en Bolivia con el fin de establecer “mecanismos de prevención, atención y sanción” contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Sin embargo, tuvieron que pasar cerca de 12 años para que los responsables de este crimen fueran sancionados.
Fue hasta el 11 de enero de este año que Inés Tola, jueza titular del Tribunal leyó la fundamentación en la que se impuso la pena máxima del país a  Félix Huanca y Pastor Cutille. El juicio comenzó en febrero de 2023 y finalizó este 9 de enero tras el aplazamiento del veredicto por razones personales de la jueza.  En este, también se condenó a la exconcejala Basilia Ramos Calisaya a 15 años de prisión por encubrimiento y a Exalta Arismendi Villavicencio a dos años por los cuales recibió perdón judicial.
“Por fin se ha hecho justicia, que su alma descanse en paz”, manifestó Margarita Quispe, hermana de Juana, tras atender al juicio y escuchar la sentencia. Además de que la condena llega 11 años tarde, todavía se encuentra en primera instancia, por lo que se teme que pueda ser apelada y termine con la reducción de la pena para los culpables.
 
 
 
 
 
VÍCTOR GOBITZ SOBRE LA MINERÍA ILEGAL DE ORO: PERÚ TIENE UN TREMENDO Y DRAMÁTICO PROBLEMA
 
El líder gremial sostuvo que la diferencia del oro formal que produce el país y el que se exporta es de 1.8 millones de onzas anuales, que provendría de la ilegalidad.
 
Rumbo Minero de Chile (https://acortar.link/RjadpK)
 
El Perú tiene un tremendo y dramático problema con la minería aurífera ilegal, señaló Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Durante su participación en el último día de la Semana de la Ingeniería de Minas 2024, comentó que la agenda del país para seguir en la senda de tener una minería moderna y responsable es enfocarse en: formalización, desarrollo territorial y simplificación administrativa.
Sostuvo que la industria minera reporta todos los meses su producción al Ministerio de Energía y Minas (Minem), que comparándola con la cifra que maneja la Superintendencia de Aduanas, es decir la que se exporta, existe una diferencia de 1.8 millones de onzas anuales de oro, que proviene de la ilegalidad.
El ingeniero de minas manifestó que la minería ilegal es más grande que la formal en el país “y está claro que eso está destruyendo institucionalidad, corrompe todo y genera violencia como la que hemos visto en Poderosa”.
“Pero aquí no termina el problema, les invito a que vean en la página web del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, tiene un reporte muy completo. Primero revisen el tema de producción minera, destacan estaño, plomo y plata, no registran producción aurífera minera, sin embargo exportan 1.8 millones de onzas, ¿qué quiere decir eso? que el Perú tiene un tremendo problema detrás”, custionó.
¿Qué necesitamos hacer?
Señaló que como gremio minero, la SNMPE le ha propuesto al gobierno crear un sistema nacional de trazabilidad del oro, y de los insumos y bienes que se utilizan, estableciendo la obligatoriedad de obtener certificados de trazabilidad en todo el proceso (extracción, transporte, procesamiento, comercialización y exportación).
“Viendo la dimensión y el tremendo impacto que tiene, para conocer la solución tengo que conocer el tamaño del problema, sin un verdadero diagnóstico estoy dándole a la piñata a ciegas. El Estado a través de un control más estricto en la frontera con Bolivia, ese dinero debe estar bancarizado, la SBS y la Sunat deben ser parte de la solución, que tiene la capacidad de trazar, quién es el proveedor y cuál es la cadena productiva”, refirió.
Agregó que la empresa privada también debe tallar en la búsqueda de la solución en la minería aurífera ilegal.
“También los privados, en el Perú hay tres empresas de explosivos, y claramente esta actividad usa explosivos, entonces tienen que ser parte de la solución. Obviamente hay insumos químicos, hay equipamiento”, concluyó.
Gobitz participó en la clausura de la Semana de la Ingeniería de Minas 2024 es organizada por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú.
 
 
 
 
 
PUEBLOS TRADICIONALES SE ORGANIZAN CONTRA HIDROELÉCTRICA BINACIONAL EN MADEIRA
 
Asociación entre Brasil y Bolivia, los primeros estudios del proyecto reavivaron el debate sobre las plantas en la Amazonía desde la perspectiva climática, energética y socioambiental
 
OECO Org. de Brasil (https://acortar.link/WKZiZp)
 
Más de 140 personas se reunieron en el Centro de Capacitación São José, en el municipio de Guajará-Mirim, en Rondônia, para un seminario público organizado por Eletrobras, la empresa estatal boliviana Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el Banco de Desarrollo de América América (CAF). Esa tarde del 8 de agosto de 2023, representantes del sector energético presentarían los resultados de los primeros estudios de la Central Hidroeléctrica Binacional Río Madeira. El proyecto reaviva el debate sobre las plantas en la Amazonía en un contexto de emergencia climática, seguridad energética e impactos socioambientales.
Mientras una portavoz del Ministerio de Minas y Energía (MME) abría la presentación, alrededor de 40 manifestantes de organizaciones de la sociedad civil y comunidades tradicionales ingresaron a la sala y se pararon frente a la mesa, con mensajes de oposición al proyecto. “¡No a la hidroeléctrica de Ribeirão! ¡Agua para la vida, no para la muerte!”, se lee en una de las pancartas.
Además de los efectos socioambientales negativos, indígenas, extractivistas, pescadores y activistas de la región se quejaron de la falta de participación social y transparencia en la preparación de los estudios de inventario, la primera etapa de un proyecto hidroeléctrico. Los organizadores decidieron entonces cerrar el evento “por razones de seguridad” .
La protesta reunió a grupos locales, como la Asociación Indígena Oro Wari, la Colonia Pesquera Z2 de Guajará-Mirim, la Organización Caucheros de Rondônia (OSR) y el Comité por la Defensa de la Vida en la Cuenca del Río Madeira (Comvida), y organizaciones como el Consejo Indígena Misionero (CIMI) y el Movimiento de Afectados por Represas (MAB).
Gerônima Costa, presidenta de la Colonia Z2, recibió la invitación el mismo día del encuentro, pero los grupos locales ya estaban conscientes y movilizados. “El niño dijo que el estudio ya estaba hecho. No necesitábamos aprobar nada. Los técnicos habían hecho su trabajo. ¿Pero qué trabajo es este que no escucha a la comunidad?”, pregunta.
El descontento local con la hidroeléctrica binacional fue expresado en una carta abierta fechada el 30 de julio, dirigida a los presidentes de ambos países, Luís Inácio Lula da Silva y Luis Arce. “Llamar a las comunidades a publicar estudios sin conocimiento previo de la sociedad […] es violar la participación de las personas a ser afectadas y ocultar los impactos sinérgicos y acumulativos que las afectarán”, escribieron 37 organizaciones de la sociedad civil.
“Es necesario un llamado a los presidentes de Brasil y Bolivia para que no incurran en este retroceso”, prosigue la carta, “en momentos en que avanzamos, tecnológicamente, en alternativas limpias, a punto de entrar definitivamente en la transición energética, para descentralizar la generación y evitar obras faraónicas que afectarán un bioma sensible como la Amazonía”.
Después de la manifestación, se produjeron una serie de reuniones en el segundo semestre de 2023 entre grupos de Rondônia y bolivianos, para debatir las consecuencias de una tercera central hidroeléctrica en el río Madeira. ((o))eco escuchó temores comunes de líderes indígenas, extractivistas, pescadores y científicos: la pérdida de formas de vida y el colapso de los ecosistemas.
hidroeléctricas amazónicas
Cuatro de las cinco principales centrales hidroeléctricas del país están en la Amazonía Legal, según la Agencia Nacional del Agua (ANA). Belo Monte (11.233 MW) y Tucuruí (8.535 MW), en Pará, tienen las mayores capacidades de generación. Jirau (3.750 MW), el cuarto, y Santo Antônio (3.568 MW), el quinto, están sobre el río Madeira, en Rondônia.
El Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira aporta el 6,7% de la energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN). La UHE Santo Antônio está ubicada en Porto Velho, capital de Rondônia, y está en funcionamiento desde marzo de 2012, administrada por Santo Antônio Energia. La UHE Jirau opera en el distrito de Jaci-Paraná desde septiembre de 2013, administrada por Energia Sustentável do Brasil (ESBR), en la que Eletrobras tiene una participación del 40%.
Madeira es fundamental para el equilibrio de la cuenca del río Amazonas. Se extiende por 3.315 kilómetros desde las cabeceras al pie de la Cordillera de los Andes, en el norte de Bolivia, hasta la desembocadura del río Amazonas, en Itacoatiara (AM). Este río de aguas bravas alberga gran parte de la biodiversidad acuática del Amazonas, incluido el 60% de las especies de peces , y es responsable de la mitad del sedimento que llega al río Amazonas. A pesar de esto, Madeira experimenta todo tipo de impactos antropogénicos: acaparamiento de tierras, deforestación, agricultura, minería ilegal, represas hidroeléctricas.
Jirau y Santo Antônio adoptaron el modelo de pasada, en el que el caudal que llega y sale de la presa es prácticamente el mismo. Según Javier Tomasella, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), “el efecto de estas presas sobre el régimen hidrológico es mínimo”, pero esta tecnología es más vulnerable al clima.
En las últimas décadas, la sucesión de acontecimientos climáticos en Madeira “parece un péndulo, de un extremo al otro”, observa Tomasella: las inundaciones de 2014 y las sequías de 2005, 2010 y 2023. La tendencia es que se produzcan estos Los extremos aumentarán en la cuenca en cualquier escenario climático proyectado, según su estudio .
“Esta modulación depende poco del factor interno de la cuenca, porque los patrones de circulación oceánica están siendo alterados por el calentamiento global”, explica el hidrólogo. El calentamiento superior a la media de las aguas del Pacífico Ecuatorial (El Niño) y del Atlántico Norte provoca intensas sequías, como se vio en las sequías históricas de los ríos Amazonas en 2023. El enfriamiento del Pacífico Ecuatorial (La Niña) contribuye a grandes inundaciones.
“Esos extremos, especialmente el estiaje, conspiran contra las centrales hidroeléctricas” de Jirau y Santo Antônio, ya que “fueron diseñadas para funcionar sin grandes embalses”, dice Tomasella. En octubre de 2023, ANA declaró situación crítica de escasez de agua en el río Madeira debido a El Niño, y la central Santo Antônio tuvo que suspender su operación por 14 días.
“Las centrales hidroeléctricas son cada vez menos confiables en la región norte del país”, observa Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa, porque “fueron o están siendo construidas en áreas donde los sistemas de flujo o los patrones de lluvia han cambiado aún más”. Con cambios significativos en los flujos esperados para 2040, “la serie histórica ya no es válida. Ahora estamos en un régimen diferente”.
Los estudios de inventario de la hidroeléctrica binacional no mencionan proyecciones climáticas para la Cuenca de Madeira. ANA, por su parte, indica una reducción de la disponibilidad de agua en el Norte para 2040 ; en Madeira, hay escenarios de una disminución de más del 5%.
El Plan Energético Nacional 2050 prioriza “el aprovechamiento de cuencas hidrográficas de la región Norte sin grandes embalses de regularización plurianual”. El objetivo es aumentar la capacidad instalada de 108 GW a 168 GW para fines de 2030 con nuevas centrales hidroeléctricas, incluida la binacional de Madeira.
Pero el nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) indica un cambio de rumbo, con la construcción prevista de 196 plantas fotovoltaicas y 120 eólicas (la única central hidroeléctrica prevista no está en la Amazonia). “El PAC, al señalar la solarización, da un mensaje tardío pero muy importante, porque no es para abastecer a Brasil, no es para la seguridad del sistema”, observa Unterstell. “Es distribuir energía a poblaciones remotas e intercambiar energía sucia por energía limpia. Podría ser revolucionario”.
estudios de inventario
En noviembre de 2016, Brasil y Bolivia firmaron un acuerdo para la primera etapa del proyecto hidroeléctrico binacional en la Cuenca de Madeira, en un convenio entre la entonces estatal Eletrobras, ENDE y CAF. Los estudios de inventario fueron realizados por Worley Parsons, ganadora de la licitación internacional , con el objetivo de encontrar la mejor ubicación para instalar la planta en términos de costos de implementación, beneficios energéticos e impactos socioambientales positivos y negativos.
Los estudios proponen la construcción de dos presas. La hidroeléctrica se instalaría en la confluencia del arroyo Ribeirão con Madeira, en Nova Mamoré (RO) y Nueva Esperanza (Bolivia), con una potencia de 3.772 MW, superior a Jirau y Santo Antônio.
La segunda presa se ubicaría en el punto de confluencia de los ríos Yata y Mamoré, en Guajará-Mirim (RO) y Guayaramerín (Bolivia), con el fin de permitir la navegabilidad de grandes embarcaciones desde Alto Madeira hasta Porto Velho. Esto requeriría excavaciones del lecho para la formación de canales en los tramos de Guajará-Mirim y en el distrito de Araras, en Nova Mamoré, así como la instalación de esclusas en las presas de Ribeirão y Yata. También dependería de las esclusas de las plantas Jirau y Santo Antônio. La vía fluvial de Madeira tiene actualmente 1.060 km de longitud desde Porto Velho hasta Itacoatiara, por donde pasa casi una décima parte del transporte para la navegación interior en Brasil.
La superficie inundada prevista es de 319 km2 (176 km2 en Bolivia y 143 km2 en Brasil), con un impacto estimado de 4 mil personas. Se inundarían regiones en las reservas extractivas Rio Ouro Preto y Rio Pacaás Novos, en Rondônia, y en las áreas protegidas Arroyo Las Arenas, Lago San José y Reserva Silvestre de los Ríos Tahuamanu y Orthon, en Bolivia. También se verían impactadas la Estación Ferroviaria de Iata , sitio histórico en Guajará-Mirim, y el Sitio Ramsar Río Yata , en Guayaramerín, región de la cuenca del Mamoré donde habitan 24 especies de vertebrados amenazadas, como la nutria gigante.
Aunque no son para licenciamiento ambiental, João Dutra, miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos del MAB, considera que los estudios fueron realizados “unilateralmente”. “Guajará-Mirim alguna vez fue considerado el municipio más verde de Brasil. Gran parte son áreas forestales y territorios de comunidades tradicionales”, evalúa Dutra. “Lo presentan de forma muy tímida, sin resaltar la magnitud de los problemas que esto puede traer al empresario”.
Para que el proyecto hidroeléctrico binacional en Madeira avance, los estudios de inventario necesitan la aprobación de ambos países. De ocurrir esto, será necesario que Brasil y Bolivia firmen nuevos acuerdos para llevar a cabo la siguiente etapa, que involucra profundos estudios de ingeniería, socioambientales y económicos, con un tiempo estimado de seis años.
En 2023, autoridades brasileñas y bolivianas discutieron la integración energética en algunas reuniones. En mayo, el ministro de Relaciones Exteriores (MRE), Mauro Vieira, se reunió en Bolivia con el canciller Rogelio Mayta, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca y eligió “infraestructura y energía” entre las prioridades de los acuerdos bilaterales. diálogo. En noviembre, Choquehuanca se reunió en Brasilia con el presidente Lula y ministros. ((o))eco cuestionó al MRE sobre el contenido de las conversaciones y si se avanzaba en el proyecto hidroeléctrico binacional, pero no obtuvo respuesta.
Pueblos indígenas en alerta
Las tierras indígenas Igarapé Ribeirão e Igarapé Lage son las más cercanas a las represas propuestas. Mientras las empresas afirman que las TI no se inundarán, los pueblos indígenas están en alerta. Un análisis encontró que las plantas de Jirau y Santo Antônio inundaron un 64,5% más de área de lo previsto inicialmente .
“Nos preocupan mucho”, dice Arão Oro Waram Xijeim, líder de TI Igarapé Lage. “La inundación será mayor a lo previsto en el estudio y afectará directamente la organización social, la alimentación, la cultura y la salud de los pueblos indígenas de la región”.
El Igarapé Ribeirão TI tiene 289 habitantes y 48 mil hectáreas en el municipio de Nova Mamoré. Igarapé Lage alberga a 783 indígenas y se extiende sobre 107 mil hectáreas en el límite de Nova Mamoré y Guajará-Mirim.
"Los pueblos Oro Waram Xijeim, Oro Waram y Oro Mon dependen mucho del río Lage, porque es allí donde buscamos sustancias para nuestra gente", dice Arão. "El Mamoré y el Madeira son ríos muy importantes para nuestra región, porque navegamos por ellos para el flujo de nuestra producción y, principalmente, del pescado”.
De 2019 a 2023, hubo deforestación de 1.133 hectáreas en Igarapé Lage TI y 139 hectáreas en Igarapé Ribeirão. “En Igarapé Lage y Ribeirão hay mucha invasión y extracción de madera, debido a que las tierras indígenas están rodeadas de haciendas”, observa Edvandro Jabuti, coordinador de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) de Guajará-Mirim. Para él, la presión sobre los IL seguramente aumentará con la central hidroeléctrica. “Los ribereños y los indígenas viven del arroyo y hay muchos impactos. Desde que nos enteramos, nos opusimos”.
Los estudios reconocen que “la atracción de la población hacia las obras podría provocar cambios en el modo de vida existente” y “un posible aumento de los conflictos asociados al uso del suelo y la explotación de los recursos naturales”. “Las poblaciones indígenas y tradicionales de Brasil”, continúa el texto, “son las más sensibles a los cambios en los ríos y en los ambientes naturales y a la llegada de nuevos pueblos a sus territorios”.
En Guajará-Mirim, el 90% del área está cubierta por bosques, concentrados principalmente en un mosaico de unidades de conservación y tierras indígenas que cubren más de 22 mil kilómetros cuadrados. En la TI Pacaás Novas viven alrededor de 1.300 personas en 24 aldeas entre los ríos Mamoré y Pacaás Novos.
Benjamín Oro Nao, presidente de la Asociación Indígena Santo André, nació en 1982 y advierte importantes cambios climáticos y ambientales en la región, a pesar del alto grado de conservación de la reserva de 280 mil hectáreas. Se han deforestado 731 hectáreas desde 2019, pero no hubo nuevas deforestaciones en 2023. La principal presión proviene de los invasores del lado del río Mamoré, para la pesca depredadora y la extracción de açaí.
Los ríos más secos, debido a sequías severas y cada vez más frecuentes, provocan la muerte de peces y una disminución de la población de tortugas, que “buscan el lugar más profundo”. También hay inundaciones extremas, como la de 2014. “En el pueblo donde vivía se inundó todo. No había dónde ir, así que buscamos tierra firme adentro”, recuerda Benjamín.
“Estoy muy triste, porque ya he visto subir el agua. Van a construir esa planta de Ribeirão allí, tendrá un impacto aquí”, continúa el dirigente Oro Nao. “La empresa no dialoga con la comunidad, porque desconoce la realidad de quienes están en la cabecera del río. Esta empresa nunca llegó hasta nosotros. Tenemos que presionar al gobierno para que no haga esto, porque perderemos todo nuestro territorio”.
((o))eco, Eletrobras afirma que los estudios “son elaborados a partir de datos secundarios y sólo presentan una estimación de los probables grupos humanos afectados”. “Hubo una evaluación del potencial de la cuenca, que sólo recomienda un proceso amplio y sin restricciones de difusión de información, el cual se llevó a cabo”, argumenta la empresa. ( Lea la nota completa ) .
Según Eletrobras, hubo “comunicación permanente con instituciones públicas y privadas y la población en general de ambos países” desde el inicio de los estudios. Un Centro de Información en Guajará-Mirim funcionó desde marzo de 2018 hasta mayo de 2020. Distribuyeron buzones de consulta “en puntos estratégicos” desde agosto de 2018 hasta septiembre de 2021, y brindaron canales de comunicación. También promovieron “reuniones de aclaración”, “visitas quincenales a comunidades y diálogos con la población”, como un seminario público en Guayaramerín el 3 de agosto de 2023.
Plantaciones de caucho inundadas
Aunque los estudios consideran “inundaciones marginales” en las Reservas Extractivas Río Pacaás Novos y Río Ouro Preto (Resex), líderes locales afirmaron que no fueron contactados durante los estudios. Las reservas están ubicadas en el mosaico de áreas protegidas de Guajará-Mirim.
“Sabemos que hubo una empresa que se instaló y realizó el estudio durante dos años, pero en ningún momento se sentaron con los extractivistas a hablar de lo que pensaban que nos pasaría”, dice Ronaldo Lins, presidente de Associação Primavera, de Resex Rio Pacaás Novos.
Lo mismo afirma Edvaldo da Costa, presidente de la Asociación de Caucheros y Agroextractivistas del Bajo Rio Ouro Preto (ASAEX), de Resex Rio Ouro Preto. “Tenemos el protocolo de consulta. Saben dónde encuentran a la población tradicional y cómo queremos que nos consulten”.
Resex Río Pacaás Novos es una unidad de conservación estatal (UC) de 343 mil hectáreas, donde alrededor de 200 familias viven de la extracción de caucho y nueces. Nacido en 1973, Lins acompañaba desde niño a su padre en las colecciones y ya notaba su pasión por el bosque en pie: “No había mucha deforestación. No hubo fuego. Sólo limpiaron el área alrededor de las casas y los campos”. La conservación permanece: si bien la deforestación se disparó en el Amazonas de 2019 a 2022, solo se suprimieron 75 hectáreas en el río Pacaás Novos Resex.
“Si realmente esta planta se realiza en Ribeirão, con estas dos represas, será muy preocupante para nosotros. Estamos totalmente en contra”, afirma Lins. “El Pacaás es para nosotros el río más importante para el flujo de productos: caucho, nueces, harina. Es nuestro camino”.
Resex Rio Ouro Preto es una UC federal creada en 1990. Sus 204 mil hectáreas se extienden por Guajará-Mirim y Nova Mamoré, donde 270 familias trabajan en la recolección de nueces, açaí, caucho, patois y burití, además de la agricultura familiar. El río que da nombre a la reserva es la principal ruta de los extractivistas hacia los sitios de acopio y el flujo de producción en la ciudad.
ASAEX también está en contra de las hidroeléctricas binacionales. Los extractivistas ya están experimentando daños relacionados con inundaciones más intensas y duraderas, que atribuyen al cambio climático y a las plantas de Madeira. “No queremos este tipo de plantas en nuestro Guajará-Mirim, porque aprovechamos la llanura aluvial del río”, dice Edvaldo. “Cada año, el río se desborda y se seca. Cuando se seca, las poblaciones tradicionales realizan sus servicios dentro de ese caudal del río, de donde extraen el látex”.
En ambas reservas, la recolección del caucho se realiza durante la estación seca, de mayo a noviembre, en las plantaciones de caucho de las llanuras aluviales. Cuando llegan las lluvias, los extractivistas se trasladan a los castañares en tierra firme de diciembre a marzo, y también recolectan açaí. Sin embargo, la inundación duró hasta dos meses y acortó la cosecha de caucho. Las inundaciones prolongadas de las llanuras aluviales también afectan a la agricultura familiar.
Si permanecen inundados por mucho tiempo, los árboles de caucho y de açaí “morirán, nada sobrevivirá”, observa Edvaldo. Esto es lo que sucedió en Resex Jaci-Paraná después de las usinas de Jirau y Santo Antônio. También hubo una ocupación en los alrededores seguida de invasiones, que la convirtieron en la reserva más deforestada de la Amazonía desde 2008.
“Aquí en Pacaás y Ouro Preto seguramente pasará lo mismo. Perdieron buena parte de sus plantaciones de caucho, porque el agua invadió y tardaron mucho en secarse”, cree Lins. “Tememos que se produzcan inundaciones en tierras indígenas y extractivas. Sería difícil para nosotros producir caucho. Si ya estamos teniendo un problema cuando las aguas bajen aquí en julio, imagínense si construyen otra planta”.
La Organización de Caucheros de Rondônia (OSR) se reúne con extractivistas y entidades no gubernamentales para discutir la hidroeléctrica binacional. “Todas las comunidades a lo largo de esas adyacencias se verán completamente afectadas. Por eso estamos en contra”, afirma el presidente Sebastião Neves. “No creo que esta central hidroeléctrica llegue a buen puerto. Sin embargo, vivimos en un estado de alerta”.
Impactos en la pesca
Alto Madeira es una región donde la buena conectividad con los afluentes bolivianos mantiene la dinámica de la biodiversidad acuática. La baja ocupación humana contribuye a la preservación de los bosques inundados y al flujo continuo de los ríos.
“A través de estos afluentes, las especies que se encuentran en Guaporé y Mamoré aún pueden realizar su proceso de migración fisiológica, no hay barreras que las detengan”, observa la bióloga Carolina Doria, coordinadora del Laboratorio de Ictiofauna y Pesca (LIP) del Universidad Federal de Rondônia (UNIR). “Si esto se detiene, lo poco que aún sobrevive de especies de peces se verá perjudicado. Conducirá a una disminución de la abundancia”.
Con las represas, los estudios proyectaron “impactos sobre los hábitats acuáticos, aluviales y la biota asociada”, cambios en la “dinámica de transporte de sedimentos, procesos de erosión y sedimentación” y cambios en la “conectividad entre ambientes aguas abajo y aguas arriba de cada presa, con la formación de barreras a los flujos biológicos”.
Los pescadores no fueron mencionados en los estudios, ni en la presentación en el sitio web del Inventario Binacional , pero las afectaciones serían inevitables por la planta, las excavaciones del canal y la instalación de esclusas diseñadas para la navegabilidad. Con estas obras, “nuestra pesca llegará a su fin”, proyecta Gerônima Costa, presidenta de la Colonia de Pescadores Z2, que agrupa a 130 familias de Guajará-Mirim y Nova Mamoré y de los distritos de Araras, Iata y Surpresa.
Gerônima nació en las plantaciones de caucho del interior de Guajará-Mirim, en 1962, en una familia que se ganaba la vida con el caucho y la pesca, y se mudó cuando era niño al área urbana. La pesca artesanal sigue una tradición familiar, a bordo de pequeñas embarcaciones con motores dentrofueraborda, en los ríos Madeira, Mamoré y Guaporé.
Antes del seminario público, Gerônima tuvo contacto sólo una vez con un representante de la empresa Worley. “Dije que estaba en contra, porque en 2014 nuestro municipio quedó como una isla. El agua llegó a todas partes. Teníamos que respetar nuestras reservas, zona indígena. No se acordó. ¿Cómo será nuestra situación aquí?”, recuerda. “Nunca regresaron”.
En 2014, el desbordamiento del río Mamoré dejó bajo el agua varios barrios de Guajará-Mirim y afectó las estructuras de la Colonia Z2. Los pescadores recibieron una compensación de la empresa que gestiona Jirau: consiguieron una nueva fábrica de hielo y renovaron la lonja y los puestos de venta de pescado.
Además, trabajaron durante casi dos años en un plan de gestión para el pirarucú, símbolo amazónico pero especie invasora en el Alto Madeira . Desde que las inundaciones rompieron los estanques de piscicultura en Bolivia, estos gigantes se han extendido por los ríos de Guajará-Mirim, depredando especies importantes en el comercio y en la dieta local, como tambaqui, surubim, tucunaré y jatuarana.
Las represas también obstaculizaron la migración de grandes bagres, como la piraíba, “porque hay que subir una escalera”, dice Gerônima, que visitó la usina de Jirau en 2015 y comprobó este mecanismo de transposición. “Pasa un pez que mide 70, 60 centímetros. Pero nuestros bagres son enormes y no hay forma de que puedan pasar”.
“A pesar del esfuerzo que [las empresas] hicieron por imitar una situación natural, no reemplaza lo que era antes: un río muy rápido, con 19 rápidos, donde las especies se adaptaron a este proceso migratorio”, analiza Doria, que estudia el ictiofauna y pesca en Madeira desde 1996. Para el científico, las dos represas propuestas dificultarían aún más la migración de los peces y pondrían “en grandes dificultades a las comunidades que viven en esta región”.
transición justa
Las dos centrales hidroeléctricas de Madeira producen una gran cantidad de energía fuera del estado, mientras que en los municipios de Rondônia la energía es cara y, a menudo, proviene de fuentes sucias e intermitentes: esta fue una queja constante de los entrevistados para este informe. “Este complejo hidroeléctrico invertido, creado y construido en Brasil fue hecho para el sistema. Nunca se pretendió abastecer a la población amazónica”, observa Natalie Unterstell, del Instituto Talanoa. "Esto es una prueba de racismo ambiental".
Gerônima siente cada mes las altas tarifas de energía en el estado productor. En la Colônia Z2, la factura mensual ronda los R$ 1.000. En la lonja de pescado, con cámara frigorífica y fábrica de hielo, el coste es de R$ 4.000. "Las centrales hidroeléctricas no son para nosotros", afirma.
En la Amazonía Legal existen 211 sistemas aislados –es decir, que no están conectados al SIN–, donde alrededor del 80% de la energía suministrada proviene de centrales térmicas a diesel oil. En 2022, esas localidades consumieron 857,9 mil m3 de gasóleo – el 1,4% de la demanda anual de ese combustible en Brasil –, lo que representó emisiones de alrededor de 2,93 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Estos datos del MME fueron obtenidos por ((o))eco a través de la Ley de Acceso a la Información.
En Resex Rio Pacaás Novos, cada familia tiene su propio generador diésel y gasta hasta R$ 400 al mes para tener energía durante cuatro horas al día. Quienes obtienen beneficios adicionales de las cosechas ya invierten en paneles solares, “para tener un frigorífico, tener energía para la propia casa, encender un televisor”, observa Ronaldo Lins. Pero esto debería cambiar pronto: los extractivistas esperan ser atendidos por el programa Luz Para Todos del gobierno federal a principios de 2024.
En 2023, este programa federal invirtió R$ 1,4 mil millones para atender a 64.592 unidades de consumidores (residencias, escuelas, centros de salud, asociaciones/centros comunitarios, iglesias) en zonas rurales y regiones remotas de la Amazonía Legal. Alrededor de 258.000 personas tienen ahora acceso a la electricidad.
En 2024, la meta del gobierno es realizar alrededor de 75 mil conexiones, con una inversión de R$ 2,5 mil millones a través del PAC, para atender a alrededor de 300 mil personas en zonas rurales y remotas de la Amazonia Legal. Rondônia, que contaba con 3.450 unidades atendidas (o 13,8 mil habitantes) en 2023, tendrá otras 4.321 este año.
En Guajará-Mirim, Luz Para Todos cubrió 348 unidades en tierras indígenas y reservas extractivas en 2022 y 2023. Está previsto que los servicios conecten otros 492 clientes de estas comunidades remotas, y se espera que finalicen entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre. de 2025.
En TI Pacaás Novas, 279 unidades serán atendidas hasta marzo de 2024. Se inició la instalación de paneles solares en las aldeas de la ribera del río Mamoré. Las 89 familias de la aldea de Santo André esperan su turno, todavía dependiendo de un motor diésel ligero de uso limitado: sólo funciona de noche, “para iluminar nuestra casa, preparar nuestra cena”, dice Benjamín. “Sobre las 9 o 10 apagamos el motor para que el diésel dure más”. La llegada de energías limpias y continuas cambiará mucho la vida, desde el trabajo hasta el consumo cotidiano, cree.
En Resex Rio Ouro Preto, los paneles fotovoltaicos que faltan deberían llegar a principios de 2024, cubriendo las 12 comunidades. Cada unidad de consumo paga una tarifa de mantenimiento mensual de R$ 60, según Edvaldo da Costa. “Esa gente que vive a dos, tres días de distancia ahora tiene su energía, su refrigerador. Ha cambiado mucho, para mejor”, afirma el extractivista. “Al comer, la gente salaba la carne para deshidratarla y ahora la guarda en hielo. Incluso para tu propia salud, esto ayuda mucho. Beber agua fría: pocos tenían este privilegio. Toda la comunidad está satisfecha”.
 
 
 
 
 
CONTRABANDO: AMENAZA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ENTRE PERÚ Y BOLIVIA
 
Radio Pachamama de Perú (https://acortar.link/UcJMo8)
 
El contrabando entre Perú y Bolivia se intensifica, generando graves pérdidas en los sectores privado y estatal. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), esta actividad movió alrededor de US$ 600 millones el año pasado, poniendo en jaque el desarrollo económico.
Diversos productos, desde electrodomésticos y celulares hasta licores, cigarrillos y alimentos, cruzan la frontera puneña de manera ilegal. Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), subrayó la necesidad de abordar este problema desde la raíz, ya que frena el desarrollo económico y el crecimiento de la inversión privada.
Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia, reveló que el contrabando representa el 8 % anual del PBI de su país, equivalente a unos US$ 3,300 millones.
“Estamos realmente en una gran crisis. El 86 % de los negocios son informales, y mientras este delito no sea catalogado como crimen organizado por nuestras autoridades, no podremos avanzar”, lamentó. La lucha contra el contrabando se vuelve imperativa para preservar el desarrollo económico bilateral.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: EXMISS, CORONEL Y POLICÍAS INVESTIGADOS POR ROBO MILLONARIO QUE "HUELE" A MARSET
 
El dinero viajaba en una camioneta propiedad de un “tramitador” que trabajó para el narco uruguayo.
 
Montevideo Com. de Uruguay (https://acortar.link/VyBw9f)
 
El pasado 12 de enero, la intervención “irregular” —por decir lo menos— de tes policías bolivianos ha generado en el país una gran expectación.
Ese día, una camioneta Lexus color blanco matrícula 4806-KYA  fue interceptada por policías de tránsito cuando circulaba por el sexto anillo y la avenida Cristo Redentor,en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Allí, tres policías incautaron una bolsa que contenía un millón de dólares, y luego dejaron ir a la camioneta con sus ocupantes. El paradero del vehículo continúa siendo misterio.
Según consigna el periódico boliviano El País, el vehículo está registrado a nombre de Samuel Jesús Martínez Méndez, persona vinculada al narco uruguayo Sebastián Marset.
"Lo que estamos diciendo es que ha habido una persona que se ha encargado de la gestión, vamos a llamar tramitología, vinculada a los registros de dos vehículos. Uno un BMW que fue encontrado por la Policía Boliviana después de que Marset huyó. Esa misma persona hace los registros del vehículo que hoy día está siendo buscado”, expresó en conferencia de prensa el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
Los policías involucrados en el robo del dinero fueron identificados como  José Choque Cruz, Ramiro Calizaya Flores y Ángel Gutiérrez, y ya fueron enviados a la cárcel de Palmasola.
Oficial teme por su vida
El coronel Yerko Terán, Jefe de la Unidad de Patrullaje Rural (Umopar) de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, declarará ante Fiscalía por el caso.
“Temo por mi vida, porque tal vez hemos afectado muchos intereses con esta denuncia”, declaró a medios de prensa de Cochabamba, donde cumple un arresto por una falta disciplinaria, precisamente, por este caso. El oficial aseguró que entregó videos y otras evidencias al subdirector de Tránsito en Santa Cruz, el coronel Erlan Monasterios, y lamentó que no se haya actuado con prontitud para resolver el origen del dinero.
Terán está siendo investigado por ser “intermediario” para que se investigue el origen del dinero. “La investigación la he hecho yo, pero no es para que digan que soy el narcotraficante, que yo soy el dueño del dinero, por favor”, dijo.
Recordó que un “doctor Gutiérrez” se contactó con él para denunciar que dos policías de Tránsito le habían confiscado un millón de dólares el 12 de enero. Días después, la Policía recuperó  843.500 dólares de esa operación, según informa el periódico cruceño El Deber.
Las autoridades confirmaron que ese dinero fue retirado de una agencia del banco Santander en Chile en Iquique, en el norte de Chile, y se investiga esa conexión internacional.
Se presume que el dinero proviene del tráfico de drogas. Según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, esta fuerte suma iba a ser invertida en el narcotráfico en la zona del trópico de Cochabamba.
 
El “ doctor Gutiérrez”, la persona que buscó la devolución de ese dinero a través del coronel Terán, fue acusado por contrabando de dinero y legitimación de ganancias ilícitas.
La  Policía busca ahora al mencionado “tramitador” a cuyo nombre figura la camioneta, y a otros presuntos implicados.
Una exmiss citada a declarar
Por el mismo caso, la  Fiscalía emitió una citación para la Miss Supranational Bolivia 2015, Sharon V. La exreina de belleza deberá declarar en calidad de testigo, y fue implicada en este caso luego de que los informes de inteligencia de la Policía revelarán que el año pasado cargó combustible a su nombre con la camioneta buscada.
Mientras tanto, la policía boliviana sigue realizando allanamientos en busca de la camioneta y de las dos personas que la ocupaban en el momento del robo.
 
 
 
 
GOBIERNO PEDIRÁ ANTECEDENTES A BOLIVIA TRAS HALLAZGO DE VEHÍCULO CON US$ 1 MILLÓN DE PRESUNTA PROCEDENCIA CHILENA
 
“A Chile no le consta ninguno de esos antecedentes”, aseveró la ministra del Interior Carolina Tohá, luego que el viceministro de Régimen Interior y Policía del país vecino afirmara que el dinero, ligado presuntamente al narcotráfico, habría salido de las bóvedas de una sucursal del banco Santander de Iquique.
 
La Tercera de Chile (https://acortar.link/qU1uqc)
 
El pasado viernes 12 de enero, policías bolivianos interceptaron un vehículo de alta gama en la ciudad de Santa Cruz, en el cual dos jóvenes trasladaban un millón de dólares en dinero en efectivo, sin declaración aduanera, lo que posiblemente estaría vinculado con actividades ilícitas ligadas al narcotráfico.
Diez días después, el viceministro de Régimen Interior y Policía del país vecino, Jhonny Aguilera, afirmó que aquel dinero habría salido de las bóvedas de una sucursal del banco Santander de Iquique, y habría ingresado ilegalmente al país.
Consultada sobre esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó esta información, asegurando que en los próximos días se solicitarán mayores antecedentes al respecto a las autoridades bolivianas.
“Se han señalado esos antecedentes en Bolivia. A Chile no le consta ninguno de esos antecedentes, nosotros vamos a pedirle más elementos a las autoridades bolivianas que han señalado esa teoría, porque no obra en manos de ningún organismo nuestro esos antecedentes como para hacer esa vinculación”, respondió.
Por otra parte, y según reporta el medio La Razón, el gobierno boliviano solicitó formalmente al banco chileno información sobre el propietario de la cuenta, de la cual fue retirado el millón de dólares; además de requerir imágenes de la persona que lo hizo.
Cabe señalar que, una vez que se descubrió el vehículo con el millón de dólares, los policías que realizaron la fiscalización hurtaron el dinero. Al día siguiente, tres abogados trataron de recuperar el monto, admitiendo que eran los propietarios. Ante ello, tres funcionarios policiales aseguraron haber sido amenazados por desconocidos, devolviendo el dinero, lo que implicó que fueran formalizados y enviados a detención preventiva por el delito de concusión.
La misma sanción le fue impuesta a uno de los tres abogados, quien sería el “testaferro” de los verdaderos propietarios del dinero que, hasta el momento, no han sido identificados.
 
 
 
 
 
ARGENTINA Y BOLIVIA COMIENZAN CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA ELECTRÓNICA PARA VEGETALES
 
El País de Costa Rica (https://acortar.link/i6vB11)
 
Argentina y Bolivia comenzaron la certificación fitosanitaria electrónica, conocida como e-Phyto, por sus siglas en inglés, para el intercambio de productos y subproductos de origen vegetal.
«Argentina y Bolivia inician certificación fitosanitaria electrónica en el comercio de vegetales», informó el Gobierno el lunes en un comunicado.
A través de este instrumento, expedido en Argentina por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se elimina el uso del papel y se permite que el certificado llegue en instantes al país de destino de la mercadería exportada.
«Somos uno de los países que lideran la implementación del e-Phyto a nivel mundial, iniciada en el 2020 junto con Chile», destacó el director nacional de Protección Vegetal del Senasa, Diego Quiroga.
En 2023, Argentina emitió más de 1.700 certificados fitosanitarios en operaciones comerciales a Bolivia para garantizar la calidad de las 58.100 toneladas que se exportaron de grano de trigo y manzanas frescas.
La nación sudamericana utiliza la certificación fitosanitaria electrónica en el intercambio de productos vegetales con 41 países.
Tras implementar el certificado fitosanitario electrónico con Chile, el país lo extendió a otros países, como Estados Unidos, Sri Lanka, Costa Rica; Paraguay, Colombia, México, Perú, los países de la Unión Europea y China.