LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO EN BOLIVIA: ¿EL ANTÍDOTO PARA LA CRISIS ECONÓMICA DEL PAÍS ALTIPLÁNICO?
El proteccionismo del gobierno de
Luis Arce impide una mayor inversión del sector privado más allá de los
capitales chinos y rusos que promueven la extracción directa de litio (EDL), un
método de producción innovador, aunque sin sustento científico. No es una novedad que el litio es el
mineral del futuro para varias industrias. Su utilidad en la fabricación de
reactores energéticos y baterías para vehículos eléctricos lo convierte en el
llamado “oro blanco”. Por ello, los países productores y las potencias
mundiales están en constante negociación para asegurar los mayores beneficios
de la nueva industria.
Bolivia es un claro ejemplo: el país
altiplánico posee abundantes reservas de litio e incluso, posee el yacimiento
más grande del mundo, ubicado en el salar de Uyuni. Hacia julio de 2023, sus reservas se
estimaron en 23 millones de toneladas de litio. Es en este escenario donde el
gobierno de Luis Arce, de tendencia socialista, se inclina por pactar
inversiones con países rivales de Estados Unidos como China y Rusia. Muchas de
estas operaciones implican métodos novedosos que prometen elevar los niveles de
producción y por ende, ganancias.
Por ejemplo, a mediados de diciembre
del año pasado, Bolivia firmó un acuerdo con la empresa rusa Uranium One Group
para construir la primera planta semi industrial con tecnología de Extracción
Directa de Litio (EDL). Bajo una inversión escalonada de US$ 450 millones, este
consorcio estatal del Kremlin operará en el salar de Uyuni, a su vez localizado
en el departamento sureño de Potosí. Karla Calderón, la presidenta de
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) mostró optimismo por el proyecto y
aseguró que la construcción se daría en tres etapas.
El objetivo final es alcanzar una
producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio grado batería por año. “En
principio, a mí me parece bien que Bolivia finalmente haya abierto la
posibilidad que participen empresas privadas en la industria del litio. Porque
los gobiernos en general no tienen el know how ni los técnicos suficientes para
explotar este recurso”, dice Patricia I. Vásquez, investigadora argentina del
centro de estudios Wilson Center a
AméricaEconomía.
Un mes después, Pekín concretó una
iniciativa similar: el pasado 17 de enero, YLB firmó un segundo convenio para
la instalación de otra planta piloto de EDL en Uyuni, con el apoyo del
consorcio chino CBC. Tanto Calderón como el presidente Arce declararon que
estos proyectos apoyaban la industrialización de Bolivia. Mientras que, Ginghua
Zhou, representante de CBC, aseguró que su empresa era confiable, debido a los
más de 6 millones de vehículos a nivel mundial que funcionan con sus baterías
de litio.
“La motivación del gobierno de Arce
está vinculada a la idea de la industrialización y cómo proyectarla en bien del
país. No sorprende que hayan inversiones rusas y chinas en el sector del litio
y la fabricación de baterías”, aclara Jorge Antonio Chávez, internacionalista
experto en política asiática y docente en la Universidad San Ignacio de Loyola
(Perú). Según Chávez, la reducción de ingresos por el gas natural en Bolivia ha
sido determinante para apostar por el litio, debido a la expectativa de generar
un nuevo boom económico como el experimentado durante el gobierno de Evo
Morales (2006-2019). Aunque pese al optimismo de las autoridades, el éxito no
está asegurado.
“El gobierno boliviano no ha llevado
a cabo los acuerdos de explotación con mucha transparencia. Si bien la
tecnología de extracción directa de litio es más rápida y usa menos agua, hay
que tener en cuenta que a nivel mundial no se ha desarrollado a nivel
comercial”, advierte Vásquez. Según la investigadora, el litio de cada salar
posee propiedades distintas y aún no se ha comprobado que la EDL funcione a
gran escala.
Además, los yacimientos del Salar de
Uyuni se caracterizan por contener magnesio y otras impurezas que dificultan la
extracción. Por lo tanto, debería invertirse en una tecnología más específica
para purificar el mineral. De esta forma, a pesar que el gobierno boliviano y
YLB han establecido proyecciones alentadoras para las plantas piloto de EDL, lo
cierto es que dichas instalaciones servirán como un laboratorio que demuestre
la viabilidad del modelo.
EL PREDOMINIO DEL ESTADO EN LA
INDUSTRIA
Si bien Bolivia impulsa la inversión
extranjera en la industria del litio, su modelo aún está lejos de la libre
competencia que se plantea en la vecina Argentina. El Estado aún participa en
toda la cadena de producción del mineral, siguiendo el modelo de los
hidrocarburos. Para José Gabriel Espinoza, economista y ex director del Banco
Central de Bolivia, este factor es clave para repeler a inversionistas de otros
países.
“Lo que en realidad se está tratando
de atraer son socios que puedan prestar el dinero para construir plantas y
operarlas, en el mejor de los casos. Pero de ninguna manera, se buscan socios
que quieran compartir el riesgo. Por lo tanto, no llega inversión, sino más
bien vendrían a ser prácticamente préstamos”, sostuvo Espinoza para
AméricaEconomía.
Asimismo, el economista opina que
este es un intento fallido del gobierno por obtener del litio rentas similares a
las del gas. Resulta que en el caso de los hidrocarburos, la maduración del
sector permite que una gran captura estatal de rentas sea sostenible. “Como el
litio aún no se ha desarrollado y requiere una gran inversión en tecnología de
explotación, esta premisa básica del gobierno de Arce genera serios
desincentivos para desarrollar el sector”, explica Espinoza.
En última instancia, el gobierno del
Movimiento al Socialismo (MAS) genera una expectativa en la población que es
complicada de satisfacer. Por ello, advierte que, a largo plazo, ciertas
organizaciones sociales en Potosí podrían levantarse en protestas, al ver que
el boom visto en las regiones gasíferas de Tarija y Cochabamba, no se ve
replicado en sus localidades.
Además de la presión excesiva al sector
privado, Espinoza considera que la infraestructura de Bolivia aún es
insuficiente para extraer de manera competitiva el litio hacia los puertos del
Pacífico o el Atlántico. A la mediterraneidad del país se le añade la
inestabilidad política, marcada por la división interna del MAS entre los
partidarios del presidente Arce y el ex mandatario Evo Morales.
Y finalmente, la ausencia de un marco
normativo que fije las reglas de juego. “Por ejemplo, no conocemos las
responsabilidades de cada actor en cuanto a la provisión de agua. Tampoco
tenemos un acuerdo con la región, porque Potosí históricamente ha sido muy
conflictiva y celosa de sus recursos naturales”, advierte Espinoza.
LA CODEPENDENCIA ENTRE CHINA Y
BOLIVIA
El interés del régimen de Xi Jinping
por el litio boliviano no es casual: Jorge Antonio Chávez destaca que desde
1993, China consume más petróleo del que necesita. En consecuencia, la
producción de energías renovables es importante. La demanda china de litio es
similar a la de Estados Unidos con el petróleo: pese a que en 2021, la CEPAL
reveló que Pekín es el tercer mayor productor de oro blanco del mundo, no es
suficiente para satisfacer las necesidades de la industria y el mercado
doméstico.
En este punto, La Paz se erige como
un socio comercial atractivo. “Hay que recordar que Bolivia apoya la idea que
comparten tanto China como Rusia que tiene que ver con la multipolaridad. Es el
hecho de descentralizar el poder del mundo desde Occidente hasta las potencias
emergentes como los BRICS”, afirma Chávez.
Sin embargo, para el
internacionalista, no sería ventajoso para Bolivia que solamente empresas rusas
y chinas inviertan en el litio, sin dar acceso a socios de Estados Unidos o la
Unión Europea. Una crisis económica, marcada por la escasez de divisas
extranjeras, el aumento del riesgo país y la deuda pública, ameritan un mayor
pragmatismo por parte de la administración Arce.
Una de las soluciones impulsadas por
el gobierno boliviano ha sido la eventual habilitación de operaciones
comerciales en yuanes. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó la
semana pasada que además estaban evaluando el ingreso de un “gran banco de
inversión chino” que impulse las operaciones a través del estatal Banco Unión.
Pese a promocionarse como la solución a la falta de dólares, José Gabriel
Espinoza cree que será un plan poco transparente.
“Creo que es una medida anecdótica,
más que parte de un plan estructurado de migración hacia el yuan. Porque no
sabemos cuáles serían los mecanismos para que Bolivia obtenga la divisa”,
asegura Espinoza. Pese a que intercambiar oro de las reservas internacionales
del país altiplánico por yuanes sería una solución, esto tendría un costo
político muy grande para el gobierno. Debido a que los bancos comerciales no
hacen tratos ni se vinculan con bancos chinos, por ello tampoco acceden a
yuanes.
EL FUTURO INCIERTO DEL MAS
Todo apunta a que se trata de una
estrategia para levantar la economía boliviana en vísperas de las elecciones
presidenciales de 2025. Luis Arce, quien fuera hombre de confianza y ministro
de Economía de Evo Morales, ahora ha sido acusado por el expresidente de
desconocer los ideales del MAS. “Ni Arce ni Morales por sí mismos podrían ganar
la presidencia en una primera elección. Pero el resultado también depende de la
unidad de la oposición: el voto antimacista hoy es mayoría, siempre y cuando
haya una candidatura unificada”, advierte Espinoza.
Para Chávez, la perspectiva también
es incierta, debido a que la oposición boliviana carece de un líder definido:
el ex gobernador conservador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está preso.
Por su parte, el expresidente Carlos Mesa, rival de Morales y Arce en las dos
últimas elecciones, no ha confirmado su participación en los comicios del año
siguiente. “Pero en caso el MAS logre dirimir esta diferencia interna, tiene
posibilidades de ganar, porque en Bolivia, aún pesa el empoderamiento de
sectores excluidos que logró el partido”, sostiene Chávez. Revista BN Américas
de EEUU (https://acortar.link/4QpJu7)
TODO O NADA
La Prensa de Honduras
(https://acortar.link/vAq0Za)
El bloqueo de caminos que hace una
semana sostienen los afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019),
que exigen la renuncia de los magistrados que prorrogaron su mandato, se
convirtió en la lucha "al todo o nada" para habilitar la candidatura
del jefe oficialista en las presidenciales de 2025.
"Es una disputa al todo o
nada" ya que sí los magistrados que ampliaron su mandato "logran
consolidarse en el cargo" las posibilidades de Morales de ser candidato
"van a caer a la mínima expresión", dijo a EFE el politólogo Franldin
Pareja.
En diciembre pasado, el
Constitucional extendió el mandato de los máximos magistrados del país que
culminaban sus funciones a principios de enero, debido a que en 2023 no se
realizaron los comicios judiciales, bajo el argumento de evitar un "vacío
de poder". A fines del año pasado, el Tribunal Constitucional dictó un
fallo en el que señala que la reelección en Bolivia es "una sola vez"
seguida o discontinua y que la reelección indefinida "no es un derecho
humano". El dictamen afecta directamente a Evo Morales, quien el año
pasado fue declarado por sus seguidores candidato único del oficialista
Movimiento al Socialismo (MAS) y que gobernó en 2006-2009, 2010-2014 y
2015-2019.
Pareja consideró que Morales tiene
una lucha "al todo o nada" para evitar que los magistrados actuales
continúen en funciones, en especial en el Constitucional, en donde "le van
a cerrar todas las puertas" a su candidatura.
"Es una cuestión de vida o de
muerte (para Morales) que no sigan estos magistrados y eso podría darle una
cierta apertura a sus probabilidades (presidenciales)", insistió.
También dijo que Morales
"necesita" que el Tribunal Constitucional "no esté totalmente
controlado por el Gobierno" y principalmente que no tenga la
"composición actual" de miembros. "El prorroguismo (de los
magistrados) extingue en gran medida las probabilidades de Evo Morales (para
ser candidato)", sentenció el experto.
CRECE EL RECLAMO POR EVO MORALES
No le permiten presentarse a
elecciones y seis legisladores iniciaron una huelga de hambre. Hay
desabastecimiento.
Página 12 de Argentina (https://acortar.link/KoABDb)
Las protestas en Bolivia contra la
inhabilitación del expresidente Evo Morales cumplieron este lunes una semana
con un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y combustible debido a
los cortes de ruta. Los manifestantes exigen la renuncia de los jueces que
inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para los comicios de 2025.
Luego de más de tres horas de
trabajo, la Asamblea Legislativa resolvió conformar una comisión bicameral de
seis asambleístas, dos por cada representación política, que trabaje en la
construcción de una ley que garantice las elecciones judiciales, otro de los
reclamos de los manifestantes. En el Congreso seis legisladores aliados del
expresidente iniciaron una huelga de hambre para exigir el llamado a votación
de los nuevos jueces.
La Constitución de 2009 establece que
los jueces en Bolivia se eligen en elecciones
judiciales por voto popular, que deben celebrarse cada seis años. A pesar de
que han transcurrido los seis años, aun no se ha hecho la nueva votación. En
diciembre del año pasado los jueces del Constitucional extendieron su mandato
vencido, tanto el de los magistrados como los consejeros de las principales
cortes, para evitar un "vacío de poder" hasta que se realice una
nueva elección judicial. El proceso de preselección para las elecciones de este
año quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas
constitucionales.
Los bloqueos agudizaron todavía más
el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y
exministro de Economía, a quien los seguidores del exmandatario acusan de
boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces. Ambos fueron
proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia el año próximo.
Cortes y desabastecimiento
La mayoría de los cortes (22 de 25)
están en la región central de Cochabamba, en las localidades de Sacaba,
Quillacollo y la zona tropical de ese departamento, informó el viceministro de
Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Cochabamba es la región por la que se
articulan las principales rutas del país que unen el este con el oeste y es el
principal bastión político de Morales.
Los manifestantes, encabezados por
los cocaleros, obstruyen el paso con troncos, piedras, neumáticos y hogueras.
El viceministro Aguilera detalló que en las protestas resultaron heridos 32
policías y se detuvo a 21 manifestantes. En La Paz ya se siente la escasez de
pollo y otros productos de la canasta básica. En los mercados el kilo de pollo
se vende al equivalente de dos dólares y medio, un dólar más que antes de las
protestas.
Germán Jiménez, director de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, se mostró alarmado frente al riesgo de un
accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron
atrapados en las protestas. "Puede generarse una explosión", advirtió
Jiménez al canal Unitel. Sin embargo los manifestantes no dan el brazo a
torcer.
En diálogo con Página/12, Alina
Canaviri, jefa de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) alineada con
Morales, declaró: "La verdad es que aquí en Bolivia no hay respuesta a los
derechos humanos. Nuestros hermanos están siendo gasificados en todo los puntos
de bloqueo a nivel nacional sin respetar a las mujeres y a la tercera edad.
Están usando balines y son arrastradas por policías las mujeres
campesinas". Y agregó: "Caracollo se respeta y ahora vamos a
radicalizar las medidas de presión. Necesitamos ayuda, nos están
gasificando", se escuchaba decir a los pobladores en videos que circularon
en redes sociales rompiendo el cerco mediático.
Canaviri inició este lunes junto a
otros diputados, una huelga de hambre "escalonada" en la sede de la
Asamblea Legislativa para exigir un llamado a elecciones judiciales. El jefe de
bancada de Cochabamba del MAS, Santos Mamani, manifestó que hay dos caminos
"estar con el pueblo" para exigir las elecciones judiciales o
"estar en contra" y obstaculizar un proceso que debió realizarse en
diciembre.
Los motivos de la bronca
Los seguidores de Morales salieron a
las rutas para pedir la renuncia de los jueces constitucionales que en
diciembre inhabilitaron a su líder para la carrera presidencial de 2025. El
Tribunal Constitucional dictó a finales del año pasado una sentencia que señala
que la reelección indefinida "no es un derecho humano" y que solo es
posible por "única vez". Esto afecta la candidatura presidencial de
Evo Morales en 2025 ya que gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009,
2010-2014 y 2015-2019).
Este lunes, en La Paz, el
vicepresidente Choquehuanca convocó a los legisladores del oficialismo y la
oposición a dialogar para definir una convocatoria a los comicios judiciales.
Se estableció la creación de una comisión multipartidaria bicameral para
trabajar en la construcción de una ley consensuada que garantice las
elecciones, de acuerdo al diario Opinión. Sin embargo, pese a haberse reunido
por más de tres horas, no existía ninguna certeza respecto al fin de los
bloqueos.
"Son las bases, las
organizaciones las que van a decidir si levantan o no la medida de presión. Yo
creo que sí debería haber un cuarto intermedio y estado de alerta hasta que
salga la ley de elecciones", indicó Andrónico Rodríguez, presidente de la
Cámara de Senadores. Para el senador masista, el trabajo debe ser veloz, al
punto tal que la preselección de los candidatos debería "iniciar la
siguiente semana".
EL ANTIEVISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
Rebelión de España (https://acortar.link/SP40sm)
No hay nada más inmovilizante que el
pensar condicionado por un razonamiento moralizante, antes que político. El
orientar la lectura de la realidad por una certeza moral, no permite ver el
proceso que se desenvuelve en el campo político.
Ese es el error del juicio en los
cuadros del gobierno. Ellos parten de la certeza de que Evo ya no tiene apoyo
social, que su estatura moral ha sido erosionada, de que el tiempo de su
liderazgo ya pasó o simplemente de que la renovación es un acto que se debe dar
para salvar el proceso de cambio. Estas ideas que son parte del repertorio de
convicciones de los operadores del gobierno están llevándolos a producir lo
contrario de lo que sus aspiraciones les sugieren.
Si intentamos explicitar el razonamiento
que está detrás de las acciones del gobierno, de donde debemos partir es de las
acciones concretas de sus actores. Siguiendo a Marx, cuando quiere mostrar las
creencias de los actores sociales, no se plantea analizar las posturas
discursivas (defendemos el proceso de cambio, la democracia, etc.), sino que,
según él se trata de analizar las acciones concretas de los sujetos.
“fijémonos en el judío real que anda
por el mundo, no como hace Bauer en el judío sabático, en el judío cotidiano.
No busquemos el misterio del judío en su religión; busquemos el misterio de su
religión en el judío real”, de lo que se deduce lo siguiente: “¿cuál es el
culto profano que el judío [o cristiano] practica? La usura. ¿Cuál es su dios
secular? El dinero”1
Siguiendo esta metáfora podríamos
hacer el mismo razonamiento y diríamos para el proceso boliviano actual. No
busquemos el misterio de los cuadros del gobierno en el horizonte discursivo
que plantean (lo que está inscrito en la continuidad del proceso de cambio);
busquemos el misterio de sus creencias en lo que hace el cuadro de gobierno
real. ¿Cuáles son las prioridades que orientan sus acciones? Anular la
candidatura de Evo. ¿Cuál es su creencia principal? Que Evo ya no sirve y que
ellos deben tomar su lugar.
Si bien esta idea era parte de un
sector del gobierno desde el inicio de la gestión del Lucho Arce, esta fue
matizada por la agenda de urgencias que había que resolver después de la
pandemia, posteriormente, al quedar el gobierno sin más perspectiva, el
espíritu que trasuntaba lo interno de los actores del gobierno, ahora se hace
presente, sin falsas fachadas, como el orientador central de todas las acciones
del aparato de gobierno.
Es por eso que los voceros de
gobierno dicen, sin sonrojarse, que defienden la prorroga ilegal de los
magistrados porque así estarían evitando que Evo controle la justicia para
validar su repostulación. Se trata claramente de una simplificación de las
prioridades del gobierno y de la cosificación de las instituciones que
administran para lograr el único fin que ellos ven válido. Para ellos
instrumentalizar todas las instituciones para evitar que el diablo vuelva está
teológicamente justificado; puede arder el país, pero ellos son el arcángel
Miguel que debe redimir al mundo matando a lucifer. Se trata de una narrativa
teleológica de la que ellos son los elegidos, por eso están en una cruzada que
no les permite ver lo que realmente está pasando en el país. Se trata de una
convicción de fe que ahora se convierte en política de Estado. Como toda
convicción de fe, ésta opera superponiéndose a los procesos concretos de la
realidad social, haciendo que todo lo que pasa se explique por la doctrina
religiosa que se tiene. Es un proceso similar en el que está preso el gobierno,
lo que le está impidiendo ver los procesos inéditos que se están produciendo y
donde su discurso se limita a culpar de todo a Evo.
Pero las certezas sobre la que los
cuadros del gobierno han fundado su superioridad sobre Evo se están modificando
por las mismas acciones u omisiones que ellos han promovido.
“A Evo solo le interesa sus ansias de
poder”
Dejando de lado la interpretación que
se impone desde el gobierno sobre las razones del conflicto actual, que se
reducen a: “evo está paralizando el país para repostularse” y el repetido “a
nadie le interesa quién sea magistrado, la gente está preocupada por otras
cosas”, si uno ve la manera en la que se ha politizado la prórroga de los
magistrados en varios sectores del país, se puede decir que esto se está
convirtiendo en una demanda legítima en proceso de expansión. Una demanda en
proceso de expansión, es capaz de aglutinar varios descontentos que no dicen
todavía su nombre. Si dejamos de lado la retórica de que solo es posible
movilizar gente pagando (que siempre es lo que cree falsamente el poder),
podríamos decir, que si bien la justicia o los magistrado no son centrales en
el debate de la sociedad, por las condiciones actuales se convierten en una
válvula de escape por donde los descontentos, de variada índole, contra el
gobierno, están teniendo su espacio de manifestación.
Y este es el aspecto central que no
está viendo el gobierno por las múltiples cegueras que tiene, Evo ha logrado
instalar varias ideas fuerza en varios sectores sociales (de la que ahora no se
sabe magnitud de su recepción), hay varios planteamientos que ha ido cincelando
pacientemente en los últimos años, como: “gobierno traidor”, “gobierno que
negocia con el litio”, “gobierno incapaz de manejar la crisis económica”,
“gobierno lleno de corrupción”, “gobierno que no hace obras”, “gobierno que
divide organizaciones sociales”, ideas que pueden ser discutibles por su falta
o no de objetividad, pero que han ido ganado terreno, instalándose en el
sentido común de varios sectores, que ahora el grupo que apoya a Evo cosecha en
su primer enfrentamiento directo con el gobierno.
Claramente Evo está haciendo
política, sembrando ideas, que solo prenden en la subjetividad de la gente si
se condice con lo que viven y sienten. Este es el proceso de construcción de un
movimiento, cuya primera meta es disputar la base dura del MAS al gobierno, que
son los sectores indígenas, campesinos y sectores populares. Evo, a contrario
sensu de lo que piensa la opinión mainstreim no está solo obsesionado por
repostularse, sino está construyendo un movimiento político, por tanto está
produciendo la agenda de la disputa política en el país. Lo que no quiere decir
que tenga garantizada la victoria.
“Evo ya no tiene apoyo de las
organizaciones sociales”
Es llamativo ver en conferencia de
prensa a los representantes del “pacto de unidad” cochabambino que apoya a
Arce, amenazando a la gente que está bloqueando las carreteras hace una semana,
sin que puedan hacer nada para evitarlo. Lo que se devela con eso es que los
dirigentes de Arce no tienen base real y al parecer Evo sí. Falta ver el
devenir de esta disputa en el campo de las organizaciones sociales en el resto
de los departamentos, ¿los dirigentes que apoyan a Arce tendrán bases reales o
son solo un espejismo como la dirigencia de Cochabamba?
“Evo ya no expresa el proceso de
cambio, la gente tiene otras aspiraciones”
Una idea fuerza que instalaron los sectores
conservadores del país, que tuvo gran capacidad de llegada a los sectores de
clase media, fue que “Evo era un ignorante que apenas salió bachiller”; además,
el proceso de ascenso social que el mismo gobierno de Evo permitió, con más
posibilidades de acceso a educación superior para los sectores populares,
mostraba un panorama donde la aspiración de liderazgos nuevos con mayor
“formación” parecía lo lógico dentro del campo popular. Sin embargo, cada
coyuntura tiene sus propias exigencias y la gente apela a lo que le hace falta
en un determinado momento. Lastimosamente la experiencia de contar con un
gobierno dirigido por “ilustrados”, para la mayoría de la gente está siendo
negativa, por los resultados adversos, fundamentalmente en la economía y por el
desorden e improvisación de la mayoría de las carteras del Estado. Es ese el
contexto donde puede tener mayor sentido la reinvindicación de una personalidad
fuerte para dirigir el gobierno, donde el capital central no sean las
credenciales académicas, sino el conocimiento de la realidad social del país y
la cercanía a los sectores decisorios de la política boliviana: “los doctores
fracasaron, que venga el indio que sí conoce este país”. Obviamente la imagen
de las características de la representación que la gente aspire, todavía está
en disputa, pero el gobierno de Arce no las tiene fácil, debe mostrar que sus
resultados pueden ser mejores que la gestión de Evo para que su imagen quede
como impronta.
El gobierno en la encrucijada
El gobierno actualmente apuesta a la
desacreditación de la movilización que impulsan los sectores evistas, pero
están en un callejón sin salida. Si aceptan la renuncia de los magistrados y el
llamado a elecciones judiciales (parece que no tienen de otra), aceptan que Evo
les ganó esta primer enfrentamiento. Si mantienen la postura de rechazar las
demandas de elecciones judiciales, aparte de destruir lo poco de
institucionalidad que prevé la constitución, defendiendo algo ilegal e
ilegítimo, se arriesgan a acelerar el proceso de transferencia de legitimidad
al sector evista.
Mientras Evo hace política, partiendo
desde abajo, el gobierno hace teología, lo que lo aleja del poder reconocer las
exigencias concretas que la realidad está manifestando en la actual coyuntura.
BOLIVIA: TRAS DÍAS DE PROTESTAS SE
AGRAVA EL DESABASTECIMIENTO
Hay faltante de alimentos y
combustible debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna
solución al conflicto.
El Tribuno de Argentina
(https://acortar.link/uFBGml)
Las protestas en Bolivia por parte de
los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) cumplieron hoy una
semana en medio de un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y
combustible debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna
solución al conflicto.
Los descontentos exigen la renuncia
de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para
2025. Los bloqueos agudizaron todavía
más el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo
aliado y exministro de Economía, a quien los seguidores del exmandatario acusan
de boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces. Ambos fueron
proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia en 2025.
"Hoy tenemos 25 puntos de
bloqueo en el país, generando un desabastecimiento a nivel nacional de
alimentos e inclusive de hidrocarburos", expresó Jhonny Aguilera,
viceministro de Régimen Interior, en un balance suministrado a la prensa.
Las protestas, que comenzaron en ocho
tramos viales, fueron en aumento y no tienen visos de solución. Los
manifestantes, encabezados por los cocaleros, obstruyen el paso con troncos,
piedras, neumáticos y hogueras.
Treinta y dos policías resultaron ya
heridos en los choques con los campesinos, y también se reportan oficialmente
11 detenidos y dos personas que murieron varadas en los cortes que
incomunicaron el oriente con el occidente del país.
Las ciudades más afectadas por el
desabastecimiento de productos son La Paz, sede de Gobierno, Cochabamba y Santa
Cruz, zona productora y motor económico del país, reportó la agencia de
noticias AFP.
Germán Jiménez, director de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, lanzó una voz de alerta frente al riesgo de
un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron
atrapados en las protestas.
"Puede generarse una
explosión", advirtió a la emisora local Unitel.
La Federación Departamental Única de
Trabajadores Campesinos "Tupac Katari" de La Paz se declaró en
emergencia por las pérdidas económicas que ocasionan los bloqueos de caminos
instigados por Evo Morales y anunció procesos penales en contra de
"supuestos dirigentes que promueven la medida por intereses netamente
políticos".
“Estamos en estado de emergencia.
Estamos viendo a algunos autonombrados dirigentes que quieren desestabilizar a
nuestras organizaciones sociales y atentar contra la democracia y la economía
de la población. Ponciano Santos y Humberto Claros no son dirigentes, ellos se
autonombraron con fines netamente políticos”, denunció el secretario ejecutivo
de la organización sindical, Luciano Marca.
En conferencia de prensa, Marca y su
comité ejecutivo rechazaron los cortes y denunciaron que la medida es
financiada y promovida por exautoridades y autoridades del ala radical del
Movimiento Al Socialismo (MAS), publicó la agencia estatal de noticias ABI.
Los seguidores de Morales salieron a
las rutas para pedir la renuncia de los jueces constitucionales que en
diciembre inhabilitaron a su líder para la carrera presidencial de 2025.
De acuerdo con su sentencia, el líder
indígena ya ejerció los dos mandatos que permiten las normas. Amparado en
reformas constitucionales, Morales, de 64 años, ocupó la presidencia entre 2006
y 2019, cuando se vio forzado a renunciar por las protestas que denunciaban un
fraude en las elecciones en las que buscaba obtener un cuarto mandato.
Sus simpatizantes alegan que los
magistrados deben dejar sus cargos después de haberse prorrogado los mandatos,
ante las trabas en el Congreso -de mayoría oficialista- para convocar a las
elecciones el año pasado.
LAS PROTESTAS DE SEGUIDORES DE EVO
MORALES DEJAN A UNA BOLIVIA TOTALMENTE DESABASTECIDA
Mendoza Today de Argentina
(https://acortar.link/tfZev6)
Las protestas en Bolivia por parte de
los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) cumplieron una semana
en medio de un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y combustible
debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna solución al
conflicto.
Los descontentos exigen la renuncia
de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para
2025. Los bloqueos agudizaron todavía más el enfrentamiento entre Morales y el
presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía, a quien los
seguidores del exmandatario acusan de boicotear su candidatura con la ayuda de
congresistas y jueces. Ambos fueron proclamados por sus seguidores como
candidatos a la presidencia en 2025.
“Hoy tenemos 25 puntos de bloqueo en
el país, generando un desabastecimiento a nivel nacional de alimentos e
inclusive de hidrocarburos“, expresó Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen
Interior, en un balance suministrado a la prensa.
Las protestas, que comenzaron en ocho
tramos viales, fueron en aumento y no tienen visos de solución. Los
manifestantes, encabezados por los cocaleros, obstruyen el paso con troncos,
piedras, neumáticos y hogueras.
Treinta y dos policías resultaron ya
heridos en los choques con los campesinos, y también se reportan oficialmente
11 detenidos y dos personas que murieron varadas en los cortes que
incomunicaron el oriente con el occidente del país.
Las ciudades más afectadas por el
desabastecimiento de productos son La Paz, sede de Gobierno, Cochabamba y Santa
Cruz, zona productora y motor económico del país, reportó la agencia de
noticias AFP.
Germán Jiménez, director de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, lanzó una voz de alerta frente al riesgo de
un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron
atrapados en las protestas. “Puede generarse una explosión“, advirtió a la
emisora local Unitel.
La Federación Departamental Única de
Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” de La Paz se declaró en emergencia por
las pérdidas económicas que ocasionan los bloqueos de caminos instigados por
Evo Morales y anunció procesos penales en contra de “supuestos dirigentes que
promueven la medida por intereses netamente políticos“.
“Estamos en estado de emergencia.
Estamos viendo a algunos autonombrados dirigentes que quieren desestabilizar a
nuestras organizaciones sociales y atentar contra la democracia y la economía
de la población. Ponciano Santos y Humberto Claros no son dirigentes, ellos se
autonombraron con fines netamente políticos”, denunció el secretario ejecutivo
de la organización sindical, Luciano Marca.
En conferencia de prensa, Marca y su
comité ejecutivo rechazaron los cortes y denunciaron que la medida es
financiada y promovida por exautoridades y autoridades del ala radical del
Movimiento Al Socialismo (MAS), publicó la agencia estatal de noticias ABI.
Los seguidores de Morales salieron a
las rutas para pedir la renuncia de los jueces constitucionales que en
diciembre inhabilitaron a su líder para la carrera presidencial de 2025. De
acuerdo con su sentencia, el líder indígena ya ejerció los dos mandatos que
permiten las normas.
Amparado en reformas
constitucionales, Morales, de 64 años, ocupó la presidencia entre 2006 y 2019,
cuando se vio forzado a renunciar por las protestas que denunciaban un fraude
en las elecciones en las que buscaba obtener un cuarto mandato.
Sus simpatizantes alegan que los
magistrados deben dejar sus cargos después de haberse prorrogado los mandatos,
ante las trabas en el Congreso -de mayoría oficialista- para convocar a las
elecciones el año pasado.
BOLIVIA, PIONERA DE LA REFORMA AGRARIA
EN SUDAMÉRICA
Continuando con las experiencias por
países, esta vez es el turno de Bolivia, quien tuvo su primer acercamiento a la
repartición de tierras fiscales en la década del 50. Posteriormente, entre los
60 y 70 estas medidas originaron migraciones desde las zonas altoandinas hacia
el valle y zonas amazónicas. Y aunque en los años 80 y 90 se aplicaron medidas
neoliberales en dicho país, al llegar los 2000 ocurrió la consolidación del MAS
y el ascenso de Evo Morales hacia la presidencia, enfocada en la reivindicación
de los pueblos indígenas. A la fecha, los esfuerzos se han concentrado en
cumplir con Función Económico-Social” (FES). En otras palabras, los
propietarios deben usar la tierra o perderla.
Revista Mongabay de Indonesia
(https://acortar.link/z6lwJu)
Bolivia lideró el movimiento de
reforma agraria en Sudamérica. Un momento decisivo de su historia moderna fue
la revolución nacional de 1952, que comenzó como un levantamiento contra el
sistema feudal que ataba a las comunidades indígenas a propiedades de familias
adineradas. El gobierno revolucionario creó el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) en 1958 para legalizar las tierras ocupadas y reclamadas por
campesinos indígenas. La revolución se llevó adelante en gran medida en las tierras
altas andinas y acabó provocando la proliferación de minifundios que motivaron
la emigración de muchos campesinos a zonas urbanas o a las tierras bajas del
oriente boliviano. Los grandes latifundios de la Amazonia boliviana eludieron
la confiscación, pero sus propietarios se vieron obligados a entregar una
fracción de sus propiedades a las comunidades indígenas de las que dependían
como mano de obra.
En 1965, Bolivia creó el Instituto
Nacional de Colonización (INC) para fomentar la migración a las tierras bajas
y, de paso, creó una burocracia paralela y superpuesta para la concesión de
títulos de propiedad. Ambas instituciones distribuyeron tierras en la Amazonia
boliviana al creciente flujo de emigrantes indígenas de las tierras altas
andinas. Los proyectos de colonización organizada de la década del 70 crearon
áreas de pequeños agricultores en el Chapare, Cochabamba (HML # 32), Alto Beni,
La Paz (HML #33), y San Julián, Santa Cruz (HML #31).
De igual forma, un grupo de
inmigrantes japoneses llegó en la década del 60 y establecieron colonias en el
departamento de Santa Cruz, más específicamente en Yapacaní (HML #32) y Okinawa
(HML #31), zonas con suelos inusualmente fértiles especialmente adecuados para
el cultivo de arroz bajo riego. Por otro lado, los menonitas se asentaron al
sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la década del 70, iniciando un
proceso de colonización en la llanura aluvial del Río Grande (HML #31) que con
el tiempo se extendió a la Chiquitania (HML #29) y Guarayos (HML #30). Estos
inmigrantes extranjeros fueron bienvenidos por los gobiernos militares y
civiles puesto que traían conocimientos prácticos que se alineaban con la
política gubernamental para desarrollar la economía agrícola de Santa Cruz. Los
principales beneficiarios de esa política, sin embargo, fueron las familias de
cruceños que utilizaron su influencia para adquirir millones de hectáreas de
bosques fiscales.
Las décadas del 80 y 90 se
caracterizaron por la adopción de políticas económicas neoliberales impuestas a
Bolivia por organismos multilaterales. Una de las decisiones de mayor calado
fue el cierre de las minas estatales no rentables, que provocó otra ola de
migración masiva, esta vez de mineros indígenas que se unieron a sus pares
campesinos en las tierras bajas para comenzar una nueva vida como pequeños
agricultores. Aproximadamente la mitad se trasladó a la región del Chapare y se
dedicó al cultivo de coca, trayendo consigo una tradición de activismo sindical
que definiría las luchas políticas de la primera década del siglo XXI.
En 1992, el INC se fusionó con el
INRA, que fue reformado para proteger los derechos de propiedad como parte del
programa en curso para crear una economía de mercado. Codificado por la Ley
INRA de 1996, el sistema de tenencia de tierra incluía disposiciones para la
regularización (saneamiento) de títulos de propiedad y la elaboración de un
catastro nacional. Como la mayoría de las políticas de ajuste estructural de la
década del 90, esta ley incluía disposiciones para salvaguardar las reivindicaciones
ancestrales de las comunidades indígenas. El Banco Mundial y otros organismos
multilaterales apoyaron el proceso de titulación de tierras al mismo tiempo que
financiaron inversiones en infraestructura y planificación del uso de la
tierra.
Los comerciantes internacionales de
materias primas abrieron filiales locales, facilitaron crédito asequible e
incorporaron la creciente frontera agrícola a sus cadenas de suministro
globales. Tierras baratas, suelos fértiles y un gobierno complaciente atrajeron
a inversores de América del Norte, Argentina y Brasil. El auge de la soya ya
estaba en marcha en el año 2000, lo que fomentó la subida en los valores
inmobiliarios similar al experimentado por las áreas soyeras del centro de Mato
Grosso. En la llanura aluvial cercana a San Julián (HML #31), los precios
promedio anuales de las tierras agrícolas aumentaron anualmente el 6% entre
1990 y 2000, 15% entre 2000 y 2010 y 7% entre 2010 y 2020.
Mientras el auge de la agricultura
estaba en marcha, Bolivia también transformaba su sector forestal siguiendo un
manual diseñado por ecologistas forestales deseosos de implementar un manejo
forestal sostenible a través del sector privado. La pieza central de esa
estrategia consistía en concesiones de treinta años que abarcaban
aproximadamente 6,5 millones de hectáreas adjudicadas a empresas que prometían
llevar adelante un manejo forestal sostenible (ver Capítulo 7). Bolivia se
consideraba un experimento en el que la reforma democrática y la economía de
mercado promoverían el desarrollo sostenible y la justicia social. Sin embargo,
los ciudadanos bolivianos tenían una visión diferente del futuro de su país.
Estado Plurinacional de Bolivia
En 2005, Bolivia eligió a Evo Morales
con una victoria aplastante que dio a su partido político, el Movimiento al
Socialismo (MAS), el control total del Congreso desde la restauración de la
democracia en 1986. La clave de su éxito electoral fue una plataforma basada en
los derechos indígenas y su reivindicación de tierra y territorio, que atrajo
el apoyo abrumador de las naciones indígenas de las tierras bajas, además de
los pueblos quechua y aymara del altiplano andino. Evo Morales y sus aliados
indígenas reescribieron la Constitución, cambiaron el nombre del país y
empezaron a desmantelar el marco institucional impuesto a Bolivia por el
Consenso de Washington. Uno de los primeros puntos de la agenda legislativa fue
reformar la Ley INRA con un énfasis en los derechos de las comunidades
indígenas y los pequeños agricultores.
La tenencia comunitaria de la tierra
es frecuente en la cultura indígena y el régimen anterior al MAS había iniciado
el proceso de reconocimiento de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
Esta categoría benefició en gran medida a los grupos étnicos que habitaban áreas
remotas de tierras bajas en los trópicos y a comunidades de pastores en las
llanuras áridas del Altiplano. No obstante, se habían logrado escasos avances
en la formalización de títulos de propiedad comunitaria en las zonas agrarias
donde realmente vivía la mayoría de las familias indígenas.
El gobierno de Evo Morales hizo de
las poblaciones agrarias una prioridad y procedió a demarcar los límites de
miles de propiedades rurales en el altiplano andino. En la Chiquitania, más
específicamente en el departamento de Santa Cruz, esto consistió en formalizar
las concesiones de tierras otorgadas por grandes terratenientes a sus
arrendatarios indígenas en las décadas de los años 60 y 70. En el norte de
Bolivia, el INRA utilizó el sistema comunitario para distribuir tierras a
grupos de familias que habitaban los bosques y se asentaron en la región
durante los auges de la explotación del caucho de las décadas de 1890 y 1940.
Al mismo tiempo, el gobierno de
Morales atendió los reclamos de cientos de miles de familias indígenas que
habían migrado a las tierras bajas durante los 40 años anteriores.
Aunque habían votado por un gobierno
socialista, estas familias querían títulos de propiedad de sus pequeñas
granjas, y en ese sentido, el INRA comenzó a revisar y aprobar títulos de
propiedad a un ritmo sin precedentes. Entre los años 2006 y 2015 se procesaron
y validaron cientos de miles de pequeños predios agrícolas, cifra que superó
ampliamente el pésimo historial de las empresas consultoras que habían sido
contratadas durante la primera fase del proceso de regularización de la
tenencia de tierra.
A pesar de su retórica
anticapitalista, el gobierno socialista de Morales no intentó imponer una
reforma agraria de largo alcance, aunque hubo algunos intentos destacados de
confiscar algunos latifundios. La resistencia de la sociedad civil en Santa
Cruz y un supuesto acuerdo con grandes empresarios silenciaron los intentos de
cambiar el régimen de tenencia de tierra en las zonas más productivas y de
mayor valor de Bolivia. La agroindustria es demasiado importante para la salud
de la economía nacional boliviana.
La Ley INRA de 2009 incluye un límite
de 5.000 hectáreas a las propiedades y disposiciones que permiten al Estado
recuperar propiedades que no cumplan con los criterios de tener una Función
Económico-Social” (FES). En otras palabras, los propietarios deben usar la
tierra o perderla. Los grandes propietarios cumplen estos requisitos
subdividiendo sus propiedades y contratando agrónomos, silvicultores y abogados
para mantener los documentos necesarios y así demostrar la FES. En el caso de
los medianos productores, sin embargo, pueden ser presa de funcionarios
extorsionadores que buscan algún soborno, o de acaparadores de tierras sin
escrúpulos que invaden propiedades con importantes activos forestales o
documentos irregulares.
EEUU DESCUBRE NUEVA RESERVA DE LITIO
Y ANUNCIA ESTÁ EN CAPACIDAD DE SUPLIR EL CONSUMO MUNDIAL
7 Días de Republica Dominicana
(https://acortar.link/uz4VYe)
El Departamento de Energía de Estados
Unidosconfirmó el descubrimiento de una reserva de litio de 3.400 kilotones en
California, específicamente en el área del Salton Sea, configurándose como uno
de los yacimientos más grandes a nivel mundial. Este hallazgo, junto con la
identificación previa de un importante depósito en el volcán McDermitt Caldera
de Nevada con potencial de producción de entre 20.000 y 40.000 kilotones de
litio, posiciona a Estados Unidos con la capacidad de satisfacer varias veces
la demanda global de este mineral crítico para la transición energética y la
fabricación de baterías.
Hasta la fecha, la nación
norteamericana dependía casi exclusivamente de importaciones para cubrir sus
necesidades de litio, siendo China el líder mundial en la capacidad de
refinación de este mineral. Ahora, la explotación de los yacimientos domésticos
podría disminuir significativamente esta dependencia, a la vez que impulsaría
la creación de miles de empleos de clase media en el sector de energías
limpias.
Expertos en política mineral y
energética, como Heather Exner-Pirot del Macdonald-Laurier Institute,
subrayaron ante el Congreso de los EEUU la importancia de este avance para la
seguridad energética y la competitividad estadounidense en un mercado dominado por
actores internacionales, especialmente en momentos de tensión geopolítica.
A pesar de los desafíos técnicos y de
infraestructura que implica el desarrollo de estos yacimientos, la legislación
reciente, como la Ley de Reducción de la Inflación, ofrece marcos financieros y
regulatorios favorables para la inversión en la extracción y procesamiento de
litio dentro del territorio estadounidense. Dicha legislación, combinada con un
esfuerzo concertado por parte de inversores y políticos,podría catapultar a Estados
Unidos al frente de la producción de litio, alineando ambiciones económicas con
objetivos de seguridad nacional y transición hacia energías más limpias.
Además, el liderazgo político
estadounidense, incluidos el mandatario Joe Biden y el ex presidente Donald
Trump, ha reconocido la necesidad crítica de fortalecer la capacidad nacional
en minerales esenciales y de reducir la dependencia de proveedores extranjeros,
especialmente aquellos que representan desafíos geopolíticos.
Este enfoque nacional se ve reforzado
por llamados bipartidistas en el Congreso para impulsar la manufactura de
baterías y la investigación en tecnologías de almacenamiento de energía dentro
del país, destacando la urgencia de actuar ante el dominio de China en el
sector.
La explotación de los depósitos de
litio en California y Nevada no solo promete fortalecer la seguridad energética
estadounidense, sino también revitalizar la manufactura nacional y contribuir a
la reducción de la dependencia económica y energética de actores extranjeros.
Este paso podría ser decisivo en la consolidación de una cadena de suministro
más resiliente y sostenible para el sector de energías renovables, en un
momento crítico de transición hacia economías de bajo carbono.
Las mayores reservas de litio explotables
del mundo están en el Triángulo del Litio de Sudamérica, que comprende Bolivia,
Chile y Argentina. Mientras que Chile ha sido un aliado productivo de Estados
Unidos, Bolivia y Argentina han enfrentado enormes barreras económicas y
políticas para la producción.
“Para los productores
latinoamericanos, los auges y caídas del sector minero continuarán desafiando
economías y presupuestos, incluso mientras entramos en un ciclo de alza de
commodities”, reveló Exner-Pirot, y resaltó que ahora Estados Unidos tiene la
oportunidad de eliminar intermediarios y asegurar su propio suministro en un
mercado volátil.
ESTADOS UNIDOS PODRÍA ASEGURAR UN
FUTURO ENERGÉTICO LIMPIO TRAS DESCUBRIMIENTO DE LITIO
La potencia del norte podría
catapultarse como el líder del nuevo 'Oro Blanco' en el mundo.
Revista Qué Pasa de Chile
(https://acortar.link/6BOD4i)
Una gran noticia ha generado gran
satisfacción en las autoridades estadounidenses en las últimas horas, ya que
podría ser trascendental en varios campos de la vida de esa sociedad.
Se trata de un reciente
descubrimiento por parte del Departamento de Energía de Estados Unidos de una
reserva de litio de 3.400 kilotones en California.
Según los datos publicados por la
prensa local, el mineral se encontró en el área del Salton Sea, configurándose
como uno de los yacimientos más grandes a nivel mundial.
Este hallazgo, junto con del Volcán
McDermitt Caldera de Nevada que cuenta con potencial de producción de entre
20.000 y 40.000 kilotones de litio, posicionaría al país en un lugar
privilegiado.
Con estas reservas se podría
satisfacer la demanda global de este mineral importante para la transición
energética y la fabricación de baterías.
Hasta el cierre de esta nota, EEUU
dependía de importaciones para cubrir sus necesidades de litio, siendo China el
líder mundial en la capacidad de refinación de este mineral.
Ahora, la explotación de los
yacimientos domésticos podría disminuir significativamente esta dependencia.
Asimismo, lograría impulsar la
creación de miles de puestos de trabajo de clase media en el sector de energías
limpias.
Lo que dice un experto
Heather Exner Pirot, un experto en
temas de política energética de Macdonald-Laurier Institute dijo que este
descubrimiento sentará las bases de un antes y un después en los Estados
Unidos.
Dice el conocer del campo que este
yacimiento llega en un momento muy difícil para la política internacional y en
dónde es relevante que una nación mantenga su propia dependencia lo más que
pueda.
A pesar de los desafíos técnicos y de
infraestructura que implica el desarrollo de estos yacimientos, la legislación
reciente, como la Ley de Reducción de la Inflación ofrece las herramientas al
respecto.
Y es que la legislación
norteamericana ofrece toda una regulación para la inversión en la extracción y
procesamiento de litio en el país.
De aprovecharse la explotación de
este mineral Estados Unidos estaría al frente de la producción de litio,
alineando ambiciones económicas con objetivos de la transición de las energías
limpias.
Además, el liderazgo político
estadounidense, ha reconocido la necesidad de fortalecer la capacidad nacional
en minerales esenciales y de reducir la dependencia de proveedores extranjeros.
Apoyo total
Este enfoque nacional se ve reforzado
por llamados bipartidistas en el Congreso para impulsar la manufactura de
baterías y la investigación en tecnologías de almacenamiento de energía dentro
del país.
Todo esto con el fin de actuar anta
la imponencia de China en este sector.
Con la explotación de los litios en
California y Nevada se espera lograr fortalecer la seguridad energética en todo
el país y así no tener que depender de países extranjeros.
Este paso podría ser decisivo en la
consolidación de una cadena de suministro más resiliente y sostenible para el
sector de energías renovables, en un momento crítico de transición hacia
economías de bajo carbono.
Según los datos mundiales, las
mayores reservas de litio explotables están Bolivia, Chile y Argentina a lo que
se le conoce como el Triángulo del Litio
La mejor noticia para EEUU
Para Exner-Pirot, estos
descubrimientos son realmente importante y es tanto, que al litio se le conoce
como el ‘Petroleo Blanco’ dado la relevancia que ha empezado a tener en todo el
mundo.
Y lo anterior es debido a la
transición energética que ha empezado el mundo.
Para el analista, Estados Unidos
puede controlar su suministro de litio y baterías, asegurando que ningún país
extranjero como China o Rusia pueda cerrar el grifo nunca más.
GRUPO DE EXPERTOS ASEGURAN QUE LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA NO ES VIABLE A TRAVÉS DEL LITIO
Terram de Chile
(https://acortar.link/Rnuhjc)
Cada vez suscita mayor interés la
presencia de litio en la Región de Atacama, específicamente en el Salar de
Maricunga, una cuenca endorreica ubicada a 160 kilómetros de Copiapó. Este
lugar alberga una rica diversidad de especies, incluyendo una notable población
de flamencos y guanacos, lo que añade una dimensión ambiental significativa a
la discusión sobre la gestión de este metal.
En este contexto, la Universidad de
Atacama se ha convertido en un espacio para el intercambio de experiencias, por
lo que un grupo de investigadores provenientes de diversas partes del mundo,
donde la explotación del litio ya ha dejado su huella, se congregó para
participar de los seminarios ‘litio: Desafíos globales, problemáticas locales.
Descarbonización, Sostenibilidad y Participación’, espacio que organizó la
UDA,y en el que se debatió sobre las posibilidades del denominado ‘oro blanco’
en el ámbito de la transición energética.
Durante dos jornadas, lideradas por
el académico Mauricio Lorca a través del proyecto FOVI ‘La ecología política
global del litio (GPELi)’ la comitiva internacional compartió con la región las
experiencias sobre la gobernanza, cuidado de la biodiversidad, gestión hídrica,
entre otros de países desarrollados. Además, tuvieron la oportunidad de visitar
diversos puntos históricos y contingentes de la región relacionados con la
extracción de este metal, como lo es el Salar de Maricunga.
‘Persisten mecanismos de extracción
de recursos donde los países del norte continúan pagando significativamente
menos o incluso nada a los países del sur por dichos recursos. Este fenómeno ha
alcanzado una nueva frontera, ahora centrada en la energía, minerales y
materias primas’, precisó el expositor y académico de Historia Contemporánea en
la Universidad de Granada, en España.
Desde una mirada económica, la
gestión del litio en Atacama ha abierto una ventana de posibilidades para el
país y la región, ya que este metal es altamente demandado, por ejemplo, por la
industria de la electromovilidad.
‘La paradoja en nuestro país respecto
a la extracción de litio desde salares revela un conflicto entre su valor
económico como recurso crítico y su importancia ambiental y paisajística. Estos
lugares, a la vez sumideros de gases de efecto invernadero, albergan una
biodiversidad invaluable y es esta dicotomía la que genera tensiones y debates
lógicos. Como académicos y Universidad de Atacama, abogamos por espacios de
diálogo y escucha para abordar estas complejidades’, explicó el académico y
organizador del evento, el académico de la Facultad de Ingeniería, Mauricio
Lorca.
LA ILUSIÓN
El profesor titular en el Geneva
Graduate Institute, en Suiza, Marc Hufty, fue uno de los expositores durante el
panel ‘Justicia ambiental en el contexto de la minería del litio‘, espacio en
el que expuso la ‘ilusión del litio‘ y propuso otras alternativas para
enfrentar el cambio climático.
‘No debemos depositar todas nuestras
expectativas en el litio y pensar que este va a transformar radicalmente el
mundo o a salvar a Chile u otros lugares. Por ejemplo, el litio es un elemento
clave para la transición energética, pero existe una ilusión respecto a su
capacidad para resolver los problemas ambientales globales, ya que requiere un
consumo significativo de materiales como cobre, litio, níquel, entre otros. En
mi opinión, la clave está en reducir nuestro nivel total de consumo en lugar de
confiar exclusivamente en la transición energética como solución definitiva’.
El investigador ilustró con ejemplos
de otros países en los que se busca incursionar, señalando ‘otro caso sería
Bolivia. Bolivia piensa que con el Salar de Uyuni se volverán ricos y podrán
impulsar el desarrollo del país. Sin embargo, están llegando tarde y en
condiciones desfavorables a un mercado ya saturado. Es una ilusión pensar que
una sola fuente de metal puede cambiar drásticamente nuestras vidas’.
GOBERNANZA
Dentro de los distintos paneles, se
discutió sobre la necesidad de una gobernanza para la gestión de este mineral.
En este sentido, la investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas de
Argentina, Araceli Clavijo, panelista de la jornada, expuso que ‘me consta que
las empresas sí hacen su esfuerzo por hacer las cosas lo mejor posible, obtener
la licencia social o el valor compartido con las comunidades, pero todavía hace
falta un marco de gobernanza sólido desde las provincias para que pongamos las
reglas del juego más adecuadas, para que podamos atender a mejorar toda esa
parte social, ambiental y económica’.
‘Han surgido un montón de ideas,
trabajar en los marcos de gobernanza, trabajar quizá en poner presión en los
stakeholders, poner presión en los diferentes eslabones de la cadena, que se
hagan las cosas mejor en los territorios, pero que haya una atracción de pedir
mejores prácticas desde la otra punta de la cadena, mejores normativas
ambientales, mejoras tecnológicas también en los procesos extractivos, en los
procesos de agua, mejoramiento y optimización del uso del agua, el tema de la
biodiversidad, mejorar el monitoreo, generar más datos empíricos, o sea, hay
toda una serie de acciones que debemos tomar’, puntualizó la investigadora.
El seminario fue organizado por el
Departamento de Minas de la Facultad de Ingeniería bajo la coordinación del
investigador y académico Mauricio Lorca en conjunto con la académica Leticia
Campos Olivares y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados. Además contó
con el apoyo de Conaf a través de Cesar Pizarro quien lideró el viaje a
Maricunga.
‘La meta fue la de fomentar un
diálogo intercultural en el seminario, pero también buscar que este evento sea
un espacio de gobernanza ecosocial. Aquí, diversos actores sociales pudieron
presentar y discutir sus perspectivas, que, por supuesto, pueden diferir entre
sí. ¿No es así? No obstante, al cultivar espacios de diálogo, respeto y
escucha, estoy convencido, o mejor dicho, confío en que, en algún momento,
aunque tal vez no sea al término de esta actividad, podamos alcanzar acuerdos
significativos’, recalcó el investigador Mauricio Lorca.
PERÚ Y BOLIVIA ESTRECHAN COOPERACIÓN
EN TELEMEDICINA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Gobierno de Perú
(https://acortar.link/xfyzcN)
En el marco del proyecto “Salud y
Telemedicina: consolidación y fortalecimiento del acceso al tratamiento
sanitario primario en Perú y Bolivia”, el Ministerio de Salud (Minsa) viene
participando en el segundo encuentro binacional que, desde hoy y hasta el
próximo jueves, se lleva a cabo en Lima.
Este esfuerzo cuenta con el
financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, y la
participación de varios organismos no gubernamentales (ONG).
Por ello, se contó con la presencia
de los embajadores de la República de Italia, Massimiliano Mazzanti; y de la
República Plurinacional de Bolivia, Carlos Aparicio Vedia; así como de Normy
Wieslawa De Pawlikowski Amiel, directora general de la Oficina General de
Cooperación Técnica Internacional del Minsa.
Durante la inauguración de este
encuentro, el Dr. Pedro Cruzado Puente, jefe del Gabinete de Asesores del
Minsa, reiteró el compromiso del sector liderado por el ministro César Vásquez,
que tiene como una de sus metas el desarrollo de los servicios de telemedicina
y su aplicación oportuna y de calidad en beneficio de los pobladores,
especialmente de los lugares más alejados.
“Iniciativas como esta van a ir
cerrando las brechas de recursos humanos profesionales especialistas, y será
una oportunidad de brindar atención especializada y cubrir necesidades,
especialmente en el primer nivel”, destacó.
La cooperación en telemedicina es
fundamental, especialmente para las poblaciones de las regiones de Apurímac en
Perú; y La Paz y Pando en Bolivia, objetivo del proyecto, donde el acceso a los
servicios especializados de salud en forma presencial es limitado.
A través de Telesalud, el Minsa
brinda un servicio de telemedicina o a distancia, prestado por profesionales
competentes que se sirven de las tecnologías de la información y comunicación
que brinda accesibilidad de calidad y oportuna a la población sobre temas de
salud.
AGREDIDAS Y OBLIGADAS A FIRMAR, LA
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES AUMENTA EN BOLIVIA
E feminista de España
(https://acortar.link/9qNi9O)
Amenazas, agresiones, retención de
salarios y presión para que firmen actas de «acuerdos compartidos» son algunas
de las situaciones que viven las políticas en Bolivia. Una realidad que en 2023
ha aumentado con un total de 151 casos de acoso y violencia política.
Las mujeres, especialmente las
concejalas y alcaldesas, sufren coacción para no ejercer sus cargos y para que
no fiscalicen el trabajo de sus colegas. Muchas viven agresiones verbales,
físicas, psicológicas, reciben amenazas y presiones constantes para que
terminen renunciando y así sus suplentes hombres tomen el cargo.
«Desde cualquier punto de vista como
Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) repudiamos el accionar de estos
actos violentos que van sucediendo a lo largo del tiempo del mandato de
nuestras autoridades mujeres», dijo a EFE la presidenta de la asociación,
Josefina Velásquez.
Violencia política
En 2023 la Acobol contó 151 casos de
acoso y violencia política a nivel nacional, 75 casos más que los registrados
en 2022. La mayoría de los casos suceden en el área rural donde sus colegas
hombres «presionan» o de alguna forma engañan a las concejalas para hacerles
firmar documentos en blanco o los «acuerdos de gestión compartida«, en el que
aceptan «ceder» su cargo a sus suplentes a la mitad de su gestión o incluso
antes, ha mencionado Velásquez.
Estos «acuerdos de gestión
compartida» «no están reconocidos por ninguna ley«, por lo que no es legal,
pero en algunos casos incluso estos documentos llegaron a tener sellos de
notarías de fe pública para que parezcan «válidos» y para que las mujeres
cumplan con su compromiso.
Este año comenzó con el caso de dos
concejalas de la localidad de Sipe Sipe, en la región central de Cochabamba que
fueron obligadas por un grupo de personas a firmar una «licencia fija» para no
ejercer sus cargos, situación que provocó la activación del mecanismo de
prevención y atención en casos de acoso y violencia política por parte del
Gobierno.
La Defensoría del Pueblo hizo
seguimiento del caso y las concejalas asumieron sus funciones con resguardo
policial y el Ministerio Público abrió una investigación de oficio.
«Aún vivimos en una sociedad
patriarcal, una sociedad muy machista, sin embargo hay la necesidad de cambiar
la mentalidad para que futuras autoridades mujeres electas legalmente y de
manera legítima puedan ejercer sus cargos plenamente con toda libertad», ha
indicado la presidenta de Acobol.
Acosadas
Uno de los casos más relevantes de
acoso y violencia política que sucedieron en 2023 fue el de las concejalas Daniela
Cabrera y Claudia Flores, quienes fueron elegidas en mayo para liderar el
Concejo Municipal de Cercado en la región central Cochabamba, situación que
desembocó en una serie de presiones para que renunciaran.
Las personas pegaron en las paredes
cerca a los domicilios de las concejalas fotografías de ellas, tapiaron la
entrada al Concejo Municipal para evitar que sesionaran y asumieran sus
funciones.
El año pasado también estuvo marcado
por la histórica sentencia en el caso de la concejala Juana Quispe, quien fue
asesinada luego de recibir amenazas, ser hostigada, agredida físicamente e
impedida para ejercer su cargo.
La Justicia determinó 30 de años de
cárcel para el exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y el exconcejal Pastor
Cutili, además de 15 años para la exconcejala Basilia Ramos.
A partir de este caso se impulsó la
promulgación de la ley 243 que sanciona los hechos de acoso y violencia
política en el país. Desde 2015 a 2023 la Acobol recibió 733 denuncias de acoso
y violencia política y solo hay cuatro sentencias en casi 12 años de la
vigencia de esta norma.
Velásquez ha recomendado que para que
sea más efectiva la aplicación de esta ley deben existir fiscalías
especializadas en acoso y violencia política, como también que se abra la
posibilidad de añadir como un delito los «acuerdos compartidos» para que se
sancione esta práctica.
DAVID ARUQUIPA, UN CUERPO POLÍTICO DE
LA HISTORIA LGBT EN BOLIVIA
El activista ideó el primer archivo
LGBT de Bolivia. Junto a su compañero en 2020 fueron la primera pareja LGBT que
se casó en ese país.
Agencia Presentes Org.
(https://acortar.link/zIrYvi)
David Aruquipa es un activista con
una constelación de títulos y hechos que forman parte indispensable del
activismo LGBT+ y de Derechos Humanos en Bolivia. Fue desde director general de
Patrimonio Cultural en el Ministerio de Educación en 2006 hasta jefe de la
Unidad Nacional de Gestión Cultural de la Fundación Cultural del Banco Central
de Bolivia en la actualidad.
Todo lo que hace está atravesado por
la gestión cultural y la búsqueda de ampliar derechos. Su cuerpo es un hecho
político: su desde presencia en los carnavales hasta cuando en 2020 se
convirtió, junto a su compañero Guido, en la primera pareja LGBT+ en casarse en
el país.
“Fue una decisión política”, dice
David a Agencia Presentes sobre casarse en un lugar donde hasta entonces no
había registro de uniones del mismo sexo. La misma Carta Magna del país, en su
artículo 63, define al matrimonio como la unión entre “hombre y mujer”. Pero,
“el artículo 14 de esta misma Constitución Política del Estado se plantea que
está prohibida toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad
de género, entonces hay una contradicción interna”, explica. Reconstruye todos
los recursos que usaron en este proceso de años, paciencia y constancia.
Una boda ganada por el activismo
Otro elemento fundamental fue la
Opinión Consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
plantea que los estados deben generar los mecanismos para otorgar este derecho,
que no puede haber discriminación.
Era 2020 y ese diciembre luego de más
de dos años de reclamos lograron el permiso departamental. Recién ahí
comenzaron a visibilizar una gestión de años, para que la presión internacional
ayude a que el Tribunal Constitucional ratifique el casamiento: “Ha sido muy
importante porque se ha logrado utilizar un recurso internacional a una
ausencia en nuestra Constitución Política del Estado que es la carta de máxima
legislación”, explica David.
Como todo logro histórico esto marcó
no un final sino el inicio de una manera diferente de litigar. Las parejas que
le siguieron tuvieron que atravesar dificultades, pero con este avance como
referencia lograron que se las reconociera. En 2021 no se registró ninguna
unión.
A partir de 2022 comenzaron a tomarse
en cuenta y con las modificaciones legislativas del año pasado las parejas
LGBT+ pueden acercarse al registro y concretar su unión. El caso de David y
Guido marcó un nuevo horizonte y entró en la historia de Bolivia. Esto ya es
parte de otra de las pasiones del activista: los archivos.
El beso como una molotov
¿Cuál es el momento fundante del
movimiento LGBT+ boliviano? No hay una fecha específica, pero existe un hecho
político que marcó un proceso de resistencia en una época de dictadura y
opresión: el beso de Barbarella.
En 1974 durante las festividades de
El Gran Poder una travesti, Barbarella, se acercó al general dictador Hugo Bánzer
y le dio un beso.
David define lo sucedido como “una
bandera política”. Y continúa: “nos plantea esa necesidad de resistencia y de
interpelación al poder al poder político. Es una lucha y una visibilidad del
ser diferente, de la diversidad de colores y de nuestra existencia”.
Las identidades cuir sabemos que
muchas veces un beso puede más que una molotov. Y de esa unión de labios se
detonó una prohibición a las identidades trans y demás diversidades a
participar en las festividades. Lejos de ser un veto que entristezca fue otro
más de esas censuras que tejen fuerza, estrategia e historia en los colectivos.
Las identidades travestis y trans habían llegado a los festejos transgrediendo
costumbres.
Una historia sin mirada patriarcal
Mientras históricamente el personaje
de “la china morena” era interpretado por varones cis ataviados con máscaras y
ropajes que cubrían toda su piel, ellas llegaron a cara maquillada y escote,
con piel y orgullo. Esto lo sabemos por las voces de quienes ahí estuvieron y
por el trabajo recopilatorio de David publicado en el libro La China morena,
memoria histórica a travesti.
“Visibilizar esto para mí ha sido
altamente estratégico. Me permitía contar la historia de un movimiento social,
discutir de igual a igual con otros movimientos sociales que habían sufrido
ciertas discriminaciones (indígenas, personas con discapacidad, etc.). Entonces
ya no éramos los que no teníamos historia, pasamos a ser un movimiento social
más”, cuenta y ancla la importancia del archivo y su difusión.
“La historia ha sido escrita con una
mirada patriarcal y machista donde todo lo diverso ha sido excluido. Han quemado archivos, historias de nuestras
compañeras y hasta casas para que estas evidencias sean públicas. Hemos logrado
recolectar un archivo de más de 500 fotografías de los años 30, 40, 50 hasta
los 80”, y así crearon el Archivo Q’iwa que reúne además cartas, periódicos y
las voces de las sobrevivientes.
Guardar el pasado, sostener el
presente
En David la idea de archivo es un
concepto vivo y en movimiento. Tanto es así que hace más de 20 años pone su
cuerpo para desafiar las tradiciones patriarcales y resignificarlas dando vida
al “Waphuri Galán”.
Pero, ¿qué es un Waphuri?, en la
tradición de las festividades bolivianas este es un personaje hipermasculino,
falocéntrico, que guía a los hilanderos. La reversión que se propone desde los
colectivos LGBT+ es otra de esas transgresiones que muy lejos de ser algo
visual se encarna en las tradiciones populares para dar visibilidad, orgullo y
narrativas dónde lo cuir es parte de nuestra historia (pasada, presente y
futura).
“El Waphuri Galán es este personaje
Marica que más bien transgrede esa figura del personaje Waphuri tradicional
para convertirlo en afeminado, con movimientos mucho más sensuales. Planteando
justamente esa resistencia y esa visibilidad de la diversidad en la fiesta y
hasta quitándole el poder al tradicional para convertirse en uno mucho más
cercano al pueblo”, y es que es el mismo pueblo el que lo elige y abraza. En una
sociedad LGBTodiante y con todas las quejas que esta representación trajo desde
los sectores de las derechas, es la gente la que elige y sostiene el Whapuri
Galán.
Escuchar el recorrido de David
Aruquipa es presenciar la historia viva del movimiento LGBT+ en Bolivia. en su
acción, en su labor con los archivos, en su tejer con pasión de personaje
hilandero cuir las visiones internacionales con la tradición propia. David sabe
que falta mucho por seguir haciendo y que todo eso seguirá construyendo
comunidad, y archivos.
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