INTELIGENCIA MILITAR SEÑALA QUE EL NARCOTRAFICANTE ALIAS ‘FITO’ NO ESTARÍA EN COLOMBIA, SINO DE CAMINO A PERÚ Y LUEGO A BOLIVIA

José Adolfo Macias, alias Fito, el delincuente más buscado hoy en Ecuador y América Latina

Un informe de inteligencia militar revelaron por el periódico colombiano El Tiempo que José Adolfo Macías, más conocido con el alias de ‘Fito’, el delincuente más buscado en Ecuador y América Latina, “no se encuentra en Colombia”.
Según las fuentes de ese medio de comunicación colombiano, “los análisis concluyeron que ‘Fito’ no planea dirigirse a Colombia, donde está consciente de que las autoridades están tras sus pasos y donde podría enfrentar consecuencias trágicas, similar a lo que le ocurrió a Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR”.
Alias JR, quien fungía como segundo al mando de ‘Los Choneros’ en Ecuador, fue asesinado en Colombia en mayo del año pasado. La inteligencia militar sugiere que lo “más probable es que ‘Fito’ tome camino hacia Perú y posteriormente hacia Bolivia para eludir a las autoridades”.
Adolfo Macías, alias Fito, lidera la banda criminal conocida como ‘Los Choneros’, vinculada al tráfico de cocaína y con conexiones a carteles mexicanos como ‘Jalisco Nueva Generación’. Este grupo es receptor de una parte significativa de la cocaína producida en Colombia, según informes de inteligencia militar.
En Ecuador, ‘Fito’ es señalado por liderar una red criminal que se hace llamar ‘los Choneros’, dedicada al tráfico de cocaína y vinculada a diversos grupos para este propósito, como el frente ‘Oliver Sinisterra’, la ‘Urías Rondón’ y los ‘Comandos de la Frontera’.
La fuga de ‘Fito’ el pasado 7 de enero de la Cárcel Regional de Guayaquil desencadenó una serie de eventos violentos en Ecuador. Ante esta situación, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el país en “conflicto armado interno” para combatir el crimen organizado, destacando la gravedad de la situación.
Esta fuga también se vincula a la intención del Presidente de Ecuador de extraditar a ‘Fito’, lo que ha llevado a un aumento en la violencia y a la movilización de recursos para enfrentar esta problemática en el país.
Dos mujeres claves en la red de alias Fito están bajo el radar de la inteligencia colombiana
El presidente Gustavo Petro, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, aseguró que hay una orden de captura contra del narcotraficante y que la inteligencia policial.
Las investigaciones también indican que en Colombia, ‘Fito’ estaría asociado con líderes de las facciones Óliver Sinisterra, Segunda Marquetalia y Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, quienes le suministrarían la cocaína que se trafica a través de Guayaquil.
Asimismo, se ha revelado que las autoridades tienen el enfoque en dos mujeres vinculadas a ‘Fito’ como posibles claves para dar con su paradero, aunque hasta el momento, según le revelaron El Tiempo fuentes de la Dijin, no se ha formalizado una solicitud oficial al respecto.
Por un lado, se investiga a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, que podría haber viajado a Colombia para reunirse con el líder de ‘Los Choneros’ en alguna zona entre los departamentos de Cauca y Valle, según indicaron algunas fuentes desde Quito al medio citado anteriormente.
Peñarrieta Tuárez, compañera sentimental oficial del capo, es conocida por su vida de lujos, incluyendo una residencia en Manta, donde Estados Unidos planeaba levantar una base antinarcóticos. La mujer, enfermera de profesión, compartía en sus redes sociales viajes frecuentes a Europa. Además, tiene a su nombre varias fincas y posee propiedades significativas en Ecuador. Igualmente, contaba con acceso permanente a los centros de reclusión donde se encontraba Fito.
De otro lado, se le sigue la pista a Verónica Narcisa Briones Zambrano, que habría visitado al criminal disfrazada de guía penitenciaria en octubre de 2021. Es preciso mencionar que, hasta el momento, no se han detectado movimientos migratorios recientes de las mujeres por vía aérea, según estableció El Tiempo. El Tiempo de Colombia (https://acortar.link/70faGa)
 
 
 
 
 
TAILANDIA HALLA DOS YACIMIENTOS DE LITIO Y PODRÍA CONVERTIRSE EN TERCERA RESERVA MUNDIAL
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/ddonsc)
 
El Gobierno de Tailandia ha asegurado que se han encontrado dos yacimientos de litio que podrían albergar hasta 14,8 millones de toneladas de este metal blando, que convertirían al país en la tercera reserva mundial.
La viceportavoz de la Oficina del Primer Ministro, Radklao Inthawong Suwankiri, reveló el jueves que el Ministerio de Industria ha encontrado dos yacimientos de litio en la sureña provincia de Phang Ng, conforme al comunicado publicado por el portal del Gobierno.Según la representante gubernamental, este hallazgo sitúa a Tailandia como el tercer país con las mayores reservas de litio, solo superado por Bolivia y Argentina, con unas reservas estimadas en 21 y 19 millones de toneladas, respectivamente.
Tailandia, además, ha descubierto en una región nororiental una gran reserva de depósitos minerales de sodio, otra materia prima clave para la producción de baterías de vehículos eléctricos, sin detallar la capacidad del yacimiento.
Estos depósitos ayudarían a Tailandia en su objetivo de convertirse en un centro regional para la producción de baterías para coches eléctricos y otros dispositivos y atraería la inversión de otros fabricantes de vehículos para establecer fábricas en el país, según remarcó la portavoz tailandesa.
"Basándose en el crecimiento del mercado de la industria de vehículos eléctricos, el descubrimiento de dos (yacimientos de estos) minerales que son materias primas importantes para producir baterías para vehículos eléctricos permitirá a Tailandia reducir las importaciones y volverse más autosuficiente", dijo Radklao.
 
 
 
 
 
BOLIVIA SE ACERCA AL MÁXIMO POTENCIAL DE LITIO A MEDIDA QUE SE CIERRA UN ACUERDO CHINO DE MIL MILLONES DE DÓLARES
 
La competencia con los vecinos latinoamericanos se intensificará.
 
Mining-Technology.com (https://acortar.link/7zNXCI
 
Bolivia cerró un importante acuerdo esta semana con el mayor productor de baterías de China, CATL, y la mayor minera de cobalto, CMOC, en una medida que finalmente podría hacer que el país sudamericano aproveche todo el potencial de sus enormes recursos de litio.
El productor estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) dijo que el grupo invertiría alrededor de mil millones de dólares (919.970 millones de pesos) para construir plantas de producción que utilizarían extracción directa de litio (DLE) en los salares de Uyuni y Salar de Coipasa.
El consorcio, que también incluye a la filial de reciclaje de CATL, Brunp, producirá 25.000 toneladas (t) de carbonato de litio apto para baterías para 2024 y 100.000 toneladas para 2028, utilizando DLE en lugar de grandes estanques de evaporación.
La planta tendrá una capacidad de producción inicial de 2.500 toneladas por año (tpa) y, además de DLE, la instalación probará procesos de tratamiento de salmuera. Esto forma parte de un plan para desarrollar otra planta industrial con 25.000tpa de capacidad y una inversión de 90 millones de dólares en el municipio de Colcha, dijo la presidenta de YLB, Karla Calderón.
En 2021, CATL hizo una oferta por Millennial Lithium de Argentina , pero perdió ante el productor canadiense de litio Lithium Americas . Desde entonces, la empresa ha invertido en la producción de litio en China y ha conservado su puesto como segundo mayor accionista de CMOC.
La finalización del acuerdo de esta semana es un estímulo para el presidente boliviano, Luis Arce, quien fue elegido en 2020 y se ha comprometido a respaldar nuevas tecnologías para capitalizar las vastas reservas del país.
Las reservas de litio de Bolivia se encuentran entre las más abundantes del mundo y la nación tiene un estimado de 21 millones de toneladas de recursos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos .
Sin embargo, ha tenido dificultades para capitalizar plenamente ese potencial, quedando atrás de sus vecinos sudamericanos Chile y Argentina, que juntos representan cerca del 40% de la producción mundial de litio.
“La era del litio es una era que tenemos que aprovechar”, dijo el presidente Arce en un discurso durante la ceremonia oficial de firma esta semana.
“Lamentablemente en el pasado no logramos la velocidad necesaria en este ámbito, pero el gobierno nacional ha tomado la decisión clara de que este tema de la industrialización del litio es un elemento central en la política”.
 
 
 
 
 
SUDAMÉRICA, TRIÁNGULO DEL LITIO DEFENDIDO POR PUEBLOS INDÍGENAS
 
Sudamérica, Triángulo del Litio defendido por pueblos indígenas. En el llamado Triángulo del Litio en Sudamérica los pueblos indígenas defienden lugares sagrados ante el avance de una minería codiciada.
 
La Voz de Chile (https://acortar.link/uUvfNy)
 
Los pueblos indígenas en Sudamérica observan la extracción en el llamado Triángulo del Litio como una ruptura de su antigua relación con las montañas que rodean sus hogares, que consideran sagradas.
El 16 de diciembre, activistas indígenas de la remota provincia de Jujuy, en el extremo noroeste de Argentina, se preparaban para armar su campamento en una plaza pública de Buenos Aires, donde habían estado viviendo desde agosto, cuando un Un grupo de hombres fuertemente armados llegó para desalojarlos por la fuerza.
La docena de activistas había venido para protestar por un cambio en la constitución provincial de Jujuy que, según dicen, facilitará a las empresas mineras la extracción de litio de las tierras de la comunidad indígena. Su estancia prolongada en la capital de Argentina les permitió presentar su caso ante la Corte Suprema, el Congreso y la administración presidencial antes de ser expulsados.
“Hay algunos proyectos mineros que ya están en marcha y otros están obteniendo la autorización del gobierno. Seguiremos resistiéndolos”, dijo Néstor Jerez, “cacique” del pueblo Ocloya y uno de los líderes de la lucha. “Causan graves daños al medio ambiente y son una especie de saqueo de la Pachamama”, en referencia a la diosa tierra sudamericana.
Se espera que la Corte Suprema y el Congreso respondan a las demandas de los manifestantes en un plazo de 60 días. Cuando se tome la decisión, dijo Jerez, los activistas estarán listos para organizar nuevas marchas.
Jujuy es parte del llamado Triángulo del Litio, una gran franja de los Andes que incluye partes de Chile, Bolivia y Argentina y que contiene enormes reservas de litio. Durante la última década, las empresas mineras internacionales han disputado las regulaciones locales y los derechos de propiedad, con el objetivo de liberar el acceso a los depósitos naturales de litio que se encuentran debajo de las salinas del triángulo.
Minería
Para los pequeños agricultores y ganaderos de la región, la mayoría de ellos de origen indígena, la minería del litio es un problema multifacético. Han vivido en Jujuy y sus alrededores desde tiempos inmemoriales, pero no son propietarios de las tierras que trabajan, lo que facilita que los funcionarios locales y nacionales cedan los derechos sobre las empresas mineras.
Otro problema es el agua, que la minería del litio consume en volúmenes enormes. En el clima seco y el escaso suministro de agua del triángulo, los proyectos mineros, temen los productores, agotarán el riego para cultivos y animales y contaminarán arroyos y aguas subterráneas.
No menos importante es que la población indígena ve la extracción de litio como una interrupción de su antigua relación con las montañas que rodean sus hogares, que consideran sagradas.
Impacto ambiental
“Para los pueblos andinos las montañas no tienen rango de divinidad, pero son seres o lugares protectores y por eso son sagradas. Las montañas también están ligadas a los cóndores”, afirmó el reverendo Vidal Zerpa, miembro indígena del Equipo Nacional de Pastoral Indígena de la Iglesia Católica Romana, organización activista conocida por el acrónimo Endepa.
Los pueblos andinos a lo largo de los siglos han tenido en alta estima a los cóndores, viéndolos como entidades que conectan el mundo superior (“Hanan Pacha”, la dimensión celestial con las estrellas, la luna y los dioses) con el mundo intermedio o presente (“Kay Pacha ”, donde habitan los humanos, los animales y el medio ambiente). El inframundo (“Uku Pacha”) es donde se encuentran los muertos y los minerales.
Esos mundos diferentes se pueden conectar. Se dice que las cuevas y otras aberturas en la Tierra están conectadas con Uku Pacha, por ejemplo. A través de ritos ceremoniales, “las personas se conectan entre sí y con la Pachamama”, explicó Zerpa, que pertenece al pueblo Kolla.
Chile
En el desierto de Atacama, donde se están desarrollando varios proyectos mineros, los pueblos indígenas han estado divididos en su respuesta. El 7 de diciembre la empresa británica Cleantech Lithium llegó a un acuerdo con tres comunidades colla de la región de Copiapó. Al día siguiente, el Consejo Nacional del Pueblo Colla, junto con varios otros firmantes, repudiaron el acuerdo.
“Más del 90% del Pueblo Colla no ha sido consultado ni invitado a participar de ninguna manera en las decisiones que se están tomando sobre lo que se hará en el territorio que pertenece a todo un pueblo”, dijo el consejo en una declaración.
Los turistas visitan las salinas de Salinas Grandes en la provincia de Jujuy, Argentina. Un cartel en español dice «No a la megaminería. Cuidemos nuestros recursos naturales». (Foto de Maggy Idrobo López/Pexels/Creative Commons)
Los turistas visitan las salinas de Salinas Grandes en la provincia de Jujuy, Argentina. Un cartel en español dice “No a la megaminería. Cuidemos nuestros recursos naturales”. (Foto de Maggy Idrobo López/Pexels/Creative Commons)
La líder colla Elena Rivera, miembro de la junta directiva del Consejo Nacional, dijo a Religion News Service que la mayoría de los grupos indígenas de la región no quieren la minería. “Sabemos de los daños que causan al medio ambiente las operaciones de explotación de litio. Las medidas ambientales que se aplican aquí en Chile son favorables a las empresas”, afirmó.
Rivera dijo que los Colla realizan ceremonias religiosas cerca de los salares y montañas. “En las montañas hay huacas (santuarios que contienen esculturas rupestres sagradas) dejadas por sociedades ancestrales. En las zonas que pueden ser explotadas, cercanas a las salinas, hay cementerios centenarios”, afirmó.
 
 
 
 
 
EDITORIAL. SENTENCIA QUE PONE LÍMITES AL PERSONALISMO POLÍTICO
 
La resolución judicial boliviana prohibiendo una nueva reelección de Evo Morales ejemplifica sobre el normal funcionamiento institucional de una república democrática, en la que la periodicidad en el ejercicio de la función pública debe ser pilar principal para la sustentabilidad del sistema.
 
Los Andes de Argentina (https://acortar.link/OaFQ9V)
 
Con un fallo de gran equilibrio institucional, el Tribunal Constitucional de Bolivia anuló la posibilidad de reelección indefinida del ex presidente Evo Morales y así lo inhabilitó para postularse nuevamente en 2025.
El tribunal consideró que la posibilidad de reelección sin límites no es un derecho humano, como planteó Morales para asumir la argumentación con la que pretendió instalarse de nuevo en la carrera presidencial. Además, los jueces sostuvieron que no corresponde que un presidente ejerza más de dos mandatos, tanto de forma continua como discontinua.
Se trata de un fallo inapelable y que tuvo sustento en una resolución sobre el tema emitida en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colocándole un freno a las argumentaciones del ex presidente. Se hace extensivo a gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la reforma constitucional de 2009, ya en tiempos de Evo Morales en la presidencia.
Parte del contenido del fallo de los jueces supremos de Bolivia merece ser reproducido por la contundencia de sus argumentos. Indica que “la restricción a la posibilidad de repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder”. “La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
Debe recordarse que el líder boliviano ejerció la presidencia de su país durante tres períodos consecutivos y a fines de 2019 intentó lograr un cuarto mandato en elecciones muy cuestionadas en lo referido a la transparencia. El resultado, a su favor luego de un confuso recuento de votos, derivó en una rebelión popular en su contra y Morales debió renunciar poco después, aceptando una sugerencia de la Central Obrera de Bolivia, como una forma de calmar los ánimos y evitar enfrentamientos. Tras el escándalo, se refugió en la Argentina, donde fue cobijado políticamente por el gobierno de Alberto Fernández.
Nunca hubo un golpe de Estado, como argumentaron Morales y su séquito en aquella oportunidad; sí un vacío de poder que obligó a la designación de un gobierno interino. La normalización institucional llegó con elecciones libres que consagraron como presidente a Luis Arce, ex colaborador de Morales durante muchos años, quien paulatinamente fue adoptando un liderazgo político que, evidentemente, molestó a su antecesor, que con el reciente fallo vio frustradas sus ansias de destronarlo para volver a ejercer un poder que no es suyo, sino de todos los bolivianos a través de un presidente democráticamente elegido.
Vale reiterar que, desde todo punto de vista, la resolución judicial boliviana ejemplifica sobre el normal funcionamiento institucional de una república democrática, en la que la periodicidad en el ejercicio de la función pública debe ser pilar principal para la sustentabilidad del sistema.
Es de esperar que tendencias personalistas y autoritarias, como la que pretendió seguir ejerciendo Evo Morales, que tiene varios ejemplos y mentes inspiradoras tanto en la región como en otros países del mundo, encuentren definitivamente un freno, dando paso a una consolidación institucional sana.
 
 
 
 
 
LOS CAMINOS DIVERGENTES DE BOLIVIA Y COLOMBIA EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS
 
Latinoamérica Post de Colombia (https://acortar.link/UhcFQf)
 
Bolivia intensifica la exploración de hidrocarburos mientras Colombia se compromete a eliminar gradualmente los combustibles fósiles, lo que indica estrategias nacionales contrastantes frente a los desafíos energéticos y ambientales globales.
El compromiso de Colombia con la responsabilidad ambiental
Mientras el mundo enfrenta el doble desafío de la seguridad energética y el cambio climático, dos países sudamericanos –Bolivia y Colombia– han adoptado posturas marcadamente diferentes hacia la exploración y explotación de hidrocarburos.
Este contraste refleja sus prioridades económicas y ambientales únicas y subraya el debate más amplio sobre cómo equilibrar las necesidades energéticas inmediatas con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.
El presidente Gustavo Petro se comprometió audazmente a detener nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas en Colombia. Esta decisión se alinea con el compromiso de Colombia de combatir el cambio climático y la transición hacia energías limpias, con Petro enfatizando que el 70% de la matriz energética del país ya es pura.
Bajo el liderazgo de Petro, Colombia ha tomado medidas para desmantelar los subsidios a la gasolina, una medida destinada a eliminar gradualmente las fuentes de energía no renovables. Además, el apoyo de Petro a una prohibición global del fracking resalta la priorización de Colombia de la conservación del medio ambiente y un futuro sostenible.
Controversias en torno al cambio ambiental de Colombia
Sin embargo, esta postura ha sido objeto de controversia. La propuesta de Petro de cesar nuevas exploraciones de hidrocarburos ha generado debates, considerando el importante papel que desempeñan el petróleo y el gas en la economía de Colombia. De hecho, en 2022, casi la mitad de las exportaciones de Colombia procedían del sector petrolero.
La decisión de suspender nuevos contratos de exploración podría tener implicaciones económicas de gran alcance y potencialmente desestabilizar la economía en el corto plazo. Además, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha informado que las reservas existentes de petróleo y gas de Colombia pueden durar sólo unos siete años más, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad energética y la resiliencia económica.
Por el contrario, bajo el gobierno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Bolivia está intensificando sus esfuerzos de exploración de hidrocarburos. Para 2024, YPFB anunció una importante inversión de 159 millones de dólares en proyectos de exploración de hidrocarburos.
Esta inversión forma parte de un ‘Plan de Reactivación del Upstream’ más amplio, que incluye 42 proyectos exploratorios para impulsar la producción de hidrocarburos. El enfoque de Bolivia está impulsado por la necesidad de revertir la curva decreciente de la producción de gas natural, que ha sido la piedra angular de su crecimiento económico durante las últimas dos décadas.
La dependencia económica de Bolivia de los hidrocarburos
Para Bolivia, hay mucho en juego. El gas natural ha sido la estrella exportadora del país, sosteniendo su crecimiento económico, con Brasil y Argentina como mercados críticos. A pesar de la disminución de la producción y los ingresos en los últimos años, el gobierno boliviano sigue comprometido a reforzar su sector de hidrocarburos.
En 2023, la producción de gas natural se situó en 31,9 millones de metros cúbicos diarios, generando unos ingresos de 2.048 millones de dólares. Este enfoque refleja la dependencia de Bolivia de los hidrocarburos para la estabilidad y el crecimiento económicos a pesar de las tendencias globales que se alejan de los combustibles fósiles.
Las estrategias contrastantes de Bolivia y Colombia resaltan un dilema crucial que enfrentan muchos países en desarrollo ricos en recursos. Por un lado, existe una necesidad urgente de hacer una transición hacia fuentes de energía más limpias para combatir el cambio climático. Por otro lado, la dependencia económica de los combustibles fósiles es inmediata.
La decisión de Colombia de eliminar gradualmente la exploración de combustibles fósiles es un enfoque con visión de futuro, centrado en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Sin embargo, también plantea riesgos para la estabilidad económica y plantea interrogantes sobre fuentes alternativas de energía e ingresos.
Preocupaciones ambientales en medio de prioridades económicas
Mientras tanto, la estrategia de Bolivia subraya el desafío de equilibrar las necesidades económicas inmediatas con las preocupaciones ambientales de largo plazo. Si bien el aumento de la exploración de hidrocarburos puede proporcionar beneficios económicos a corto plazo, también podría generar costos ambientales a más largo plazo y poner a Bolivia en desacuerdo con los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono.
Los enfoques de ambos países reflejan sus circunstancias y prioridades únicas. Con su diversa cartera energética y sus importantes recursos de energía limpia, Colombia está posicionada para liderar la transición hacia la energía renovable en América Latina. Con su dependencia económica de los hidrocarburos, Bolivia enfrenta un desafío más complejo en la diversificación de su economía y fuentes de energía.
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Los caminos divergentes de Bolivia y Colombia en la industria del petróleo y el gas subrayan la compleja interacción entre el desarrollo económico, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. Si bien la decisión de Colombia de suspender nuevos contratos de exploración de hidrocarburos es un paso audaz hacia un futuro sostenible, también pone de relieve los desafíos de la transición para abandonar los combustibles fósiles.
Por otro lado, la continua inversión de Bolivia en exploración de hidrocarburos refleja la necesidad pragmática de sostener el crecimiento económico, pero plantea preocupaciones sobre el impacto ambiental a largo plazo. A medida que la comunidad global continúa navegando por la transición energética, las experiencias de estas dos naciones ofrecen lecciones valiosas en el intrincado acto de equilibrio para satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer el futuro del mañana.
 
 
 
 
 
BOLIVIA APUNTA A INGRESAR AL MERCADO DE TIERRAS RARAS
 
Geopolitical Monitor (https://acortar.link/m4EFwI)
 
A principios de enero, el Ministro de Minería de Bolivia, Marcelino Quispe López, anunció que los estudios y prospecciones de elementos de tierras raras (REE) en el país sudamericano habían arrojado resultados prometedores. En otras palabras, Bolivia podría, en el futuro, agregar exportaciones de REE a su larga lista de minerales exportados. La otra cara de la moneda es que la dependencia del país de la minería no cambiará pronto.
El Ministro Quispe explicó que la Corporación Minera de Bolivia ( COMIBOL ) y el Servicio Geológico Minero ( SERGEOMIN ) han localizado yacimientos de REE en Independencia (Cochabamba), San Luis, Cotaje (Potosí), San Javier y Cerro del Mutún (Santa Cruz). Estudios adicionales en Cerro Manomo identificaron 850 muestras de REE, mientras que Rincón del Tigre tuvo 799 muestras confirmadas de REE, ambas ubicaciones están en el departamento de Santa Cruz.
“Tenemos dos elementos, escandio e itrio, y otros elementos. Hemos prospeccionado y explorado Cochabamba en la provincia Independencia: se identificaron uranio, titanio y otros. Luego, en San Luis de Potosí, [se buscará] cobalto y cobre”, dijo el ministro Quispe . “Otros proyectos incluyen San Javier, en Santa Cruz, para exploración y prospección de tantalio y niobio. También en el Cerro Manomó, para yacimientos de uranio y torio”, agregó el diario Ahora el Pueblo , señalando que futuras exploraciones se realizarán en Rincón del Tigre y Mutún en busca de manganeso.
 
 
 
 
 
MINEROS ILEGALES, JUECES Y GOBIERNOS VENALES, UNA “ALIANZA VIRTUOSA” DE LA CORRUPCIÓN
 
Comercio y Justicia de Argentina (https://acortar.link/feS0OF)
 
La minería ilegal es uno de los negocios más prósperos que se hayan podido concebir. No sería posible sin la complicidad de los órganos del Estado. Resulta al menos curiosa la injerencia del lobby minero en todos los gobiernos de todas las naciones.
Las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos se acumulan en los estrados de la Justicia. En Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela y Colombia esa práctica es moneda corriente.
Un alto dirigente gremial de La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la actividad Minera Argentina (Asijemin), alguna vez, en un reputado estudio jurídico aseveró: “Nadie en tribunales resiste un tiro de 500 mil dólares.”
En tiempos de la presidencia de Alberto Fujimori los mineros peruanos contribuyeron a la esterilización forzosa de alrededor de 270 mil mujeres y 40 mil hombres, la mayoría indígenas. Los grandes medios de prensa locales guardaron silencio cómplice. Organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario cargaron sobre sus espaldas el drama de miles de peruanos habitantes de las sierras y la selva.
Esa denuncia sólo tomó cuerpo cuando los diarios The Guardian, El País y La Repubblica se interesaron en las abrumadoras probanzas existentes en la Justicia peruana, las cuales sirvieron para llevar a la cárcel y condenar al ex presidente Alberto Fujimori, a tres de sus ministros de Salud Pública y al resto de su gabinete, así como a cuatro centenares de médicos quienes, a cambio de enormes prebendas, fueron partícipes activos en la esterilización forzada de personas.
En los mentideros de los alrededores del London Metal Exchange -el mayor mercado del mundo en opciones y contratos a futuro de metales no ferrosos- y en las asociaciones mineras a las que hemos tenido acceso se asegura que han pagado alrededor de 5 mil millones de dólares para que se autorice sin control la devastación del Amazonas y la contaminación de sus ríos.
El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en Colombia y Perú -y sobre todo en Venezuela- ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca, que se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales relacionadas con la creciente deforestación.
La minería ilegal se ha extendido especialmente en los últimos 30 años, habida cuenta del incremento del precio de los minerales.
A pesar de la caída general del precio de las materias primas, la cotización se ha mantenido alta en el caso del oro, que como valor refugio resiste la desaceleración económica mundial.
Hasta los más elementales manuales de mineralogía enseñan que para obtener oro se requiere del uso de mercurio para separarlo de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se calcula que la actividad minera ilegal vierte de promedio unos 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado.
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe “Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica”, de 2018, estima que solamente la Amazonia brasileña recibió 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994 y luego ha registrado volúmenes en torno a las 150 toneladas anuales.
Indica, además, que la explotación minera está localizada en el Escudo Guayanés, en las zonas andinas de Perú y Bolivia y en el piedemonte colombiano. Entre 100 mil y 200 mil personas se dedican a esta actividad en Colombia y también en Perú, cifra que se dobla en el caso de Brasil.
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en su estudio “La Amazonia saqueada” (2018), constata que la superficie en la que se da la minería ilegal “va en aumento”, especialmente en Venezuela, donde “los reportes cambian drásticamente de año en año”. La RAISG computa 2.312 puntos de la región amazónica donde existe actividad minera ilegal, de los cuales 1.899 son venezolanos,
La explotación minera da una doble funcionalidad a los ríos, según el informe de RAISG. Se utilizan para la introducción de maquinaria y para dar salida a los minerales. Ello tiene graves efectos medioambientales, a la par que afecta la salud de los pueblos indígenas, pues la contaminación de los ríos con mercurio afecta a los peces y los otros seres vivos que se mueven en el entorno fluvial. Dado que la dieta principal de los pueblos indígenas es el pescado, la ingesta de niveles altos de mercurio acaba dañando gravemente la salud de poblaciones enteras.
Otro aspecto de la actividad minera tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. Cientos de helicópteros artillados sobrevuelan el Amazonas para acabar con la población nativa. Las áreas de Tapajós y Xingú en Brasil, junto con el escudo Guayanés, son las áreas más afectadas por la deforestación, según la RAISG.
Recogiendo estudios previos, esta organización indica que la desforestación derivada de la extracción de oro se ha acelerado en los últimos 20 años, pasando de una deforestación de 377 km2 entre 2001-2007, a una deforestación de 1.303 km2 entre 2007-2013.
En Perú cabe destacar el caso del departamento Madre de Dios, donde se deforestaron 1.320 hectáreas entre 2017 y 2018.
Además de causar daños ambientales irreversibles, la minería ilegal se ha citado como uno de los factores que contribuyen a intensificar y mantener los conflictos violentos, pues la venta de minerales extraídos de forma ilegal es una importante fuente de ingresos para las milicias clandestinas, los caudillos, los grupos delictivos organizados y las organizaciones terroristas.
Las organizaciones delictivas también obtienen beneficios mediante el control ilegal del acceso a las minas o la extorsión para obtener pagos por las operaciones mineras o siendo beneficiarias finales o de otro tipo de las empresas extractoras.
La mejor manera de ilustrar la relación entre los conflictos violentos y los recursos minerales es con el ejemplo de los minerales conflictivos, en particular los diamantes. Es de sobra conocido que las guerras civiles que ocurrieron en África en la década de 1990 y principios de la década de 2000 fueron libradas en gran medida por grupos insurgentes que adquirían armas de fuego y municiones con los recursos producto de la explotación ilegal de las minas de diamantes y del comercio ilícito de estos. Los minerales conflictivos han impulsado y siguen perpetuando la violencia armada.
La minería ilegal y el tráfico de metales y minerales son motivo de preocupación para la comunidad internacional. Éstos se sirven de la minería ilegal y el tráfico de metales y minerales para obtener acceso a técnicas de blanqueo de dinero difíciles de detectar y a las cadenas de suministro legítimas de las empresas del sector minero.
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas recordó que había subrayado la necesidad de elaborar estrategias polifacéticas y coherentes para luchar contra el tráfico de metales preciosos, e invitó a los Estados miembros a que adoptaran las medidas apropiadas para prevenir y combatir el tráfico de metales preciosos por grupos delictivos organizados, mediante la cooperación internacional prevista en la Convención contra la Delincuencia Organizada y en la Convención contra la Corrupción.
En 2020, en su resolución 75/196, la Asamblea General recalcó el considerable aumento del volumen y la variedad de los delitos relacionados con el tráfico de metales preciosos y minerales, reconociendo la posibilidad de que se utilizaran como fuente de financiación de la delincuencia organizada y el terrorismo, por lo que exhortó a que se adoptaran medidas apropiadas y eficaces para prevenir y combatir el tráfico de metales preciosos por grupos delictivos organizados, incluida la aprobación legislativa de singulares blanqueos de capitales sin averiguar su origen
 
 
 
 
 
LUCHANDO CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL: EL TESTIMONIO DE IPAS ESTIMULA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO EN BOLIVIA
 
IPAS Org. (https://acortar.link/rSH7H7)
 
El matrimonio infantil es inquietantemente común en Bolivia. Según UNICEF , Bolivia ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a niñas de entre 15 y 17 años que declaran estar actualmente casadas o viviendo con un hombre. Las niñas indígenas y aquellas que solo han terminado la escuela primaria son las más afectadas, con tasas que alcanzan hasta el 58% en algunas áreas.
Para enfrentar este problema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró recientemente una audiencia pública sobre el “matrimonio infantil, precoz y forzado” en Bolivia. En respuesta al testimonio que Ipas Bolivia presentó en la audiencia, los funcionarios del gobierno boliviano prometieron tomar medidas para abordar la crisis del matrimonio infantil.
La directora de Ipas Bolivia, la Dra. Malena Morales, y el coordinador de políticas, Martín Vidaurre (en la foto de arriba), presentaron su testimonio en la audiencia. Dijeron que la práctica nociva del matrimonio infantil a menudo conduce a embarazos prematuros y no deseados, lo que, a su vez, puede dar lugar a que las niñas y adolescentes recurran al aborto mediante métodos inseguros. También testificaron que las lagunas regulatorias en la ley de Bolivia y la política del “Código de Familia”, combinadas con las muchas barreras al aborto legal y seguro, permiten una violación continua de los derechos de los niños.
Como lo discutieron Ipas Bolivia y otros participantes en la audiencia, las niñas en uniones y matrimonios no registrados enfrentan graves impactos físicos, psicológicos y de salud . Su educación y desarrollo personal se estancan, lo que puede conducir a un creciente aislamiento y depresión. Muchas sufren violencia doméstica y violación conyugal, lo que provoca síntomas de abuso sexual infantil y estrés postraumático que duran toda la vida. También enfrentan altas tasas de embarazo, lo que las pone en riesgo de sufrir complicaciones de salud graves y, en ocasiones, potencialmente mortales.
Morales dice que la audiencia pública brindó a Ipas Bolivia “una plataforma crucial” para exponer la realidad y los desafíos relacionados con el matrimonio infantil, las uniones no registradas y los embarazos de niñas y adolescentes.
“ Enfatizamos la necesidad de estrategias integrales para garantizar que las niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos”, dice, y agrega que a pesar de que el aborto es legal en Bolivia en casos de violación, incesto y para salvar la vida de la persona embarazada, siguen existiendo importantes barreras. obstaculizar el acceso al aborto. Por ejemplo, los requisitos de consentimiento de los padres son un obstáculo y algunos proveedores de salud se niegan a ofrecer servicios de aborto debido a creencias personales o información errónea sobre la legalidad del servicio.
A pesar de que la edad legal para contraer matrimonio es 18 años, el “Código de Familia” permite contraer matrimonio a los 16 años con el consentimiento de los padres. Morales y Viduarre instaron al gobierno boliviano a eliminar esta política y presentaron evidencia de que muchas niñas se casan incluso antes de lo que permite el código. Según las encuestas del censo, el 26% de las mujeres indígenas entre 20 y 24 años informaron estar casadas antes de los 15 años, y algunas se casaron incluso a los 12 o 13 años. Esto indica que las leyes sobre matrimonio infantil no se están aplicando plenamente, especialmente en las comunidades indígenas rurales.
“Los datos son importantes para mostrar la magnitud del problema”, afirmó Morales. “Pero debemos reconocer que incluso si fuera una sola niña, lo que importa no es el número sino el hecho de que esto es una violación de los derechos humanos sexuales y reproductivos”, afirmó.
Los sindicatos no registrados ocultan una epidemia
Ipas Bolivia presentó evidencia de que el problema es mucho peor de lo que sugieren superficialmente los registros oficiales:
Los datos del censo muestran que el 84% de las niñas menores de 18 años en Bolivia reportan estar en uniones no registradas, no en matrimonios.
Los datos del censo verificados revelan que 23.770 adolescentes de entre 15 y 17 años afirmaron que estaban actualmente o habían estado casados o en una unión no registrada.
Esto indica claramente excepciones a la ley y uniones tempranas forzadas.
El gobierno boliviano se compromete a actuar
En la audiencia, funcionarios del gobierno boliviano respondieron al testimonio de Ipas Bolivia manifestando su compromiso con los ajustes regulatorios y las políticas públicas. La viceministra de Igualdad de Oportunidades de Bolivia, Dra. Nadia Cruz Tarifa, reconoció los problemas presentados por Ipas Bolivia y se comprometió a tomar acciones para proteger los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en el país. “El Estado reformará sustancialmente el Código de Familia”, dijo Tarifa, señalando que también planean otras reformas relacionadas. "No sólo tenemos que analizar el alcance de la reforma regulatoria, sino también cómo nuestra sociedad permite o fomenta esto con la aceptación de que los hombres controlen los cuerpos de las mujeres", continuó Tarifa. “El Estado boliviano pretende lograr avances significativos”.
 
 
 
 
 
LAS ENFERMEDADES SOCIALES SEGÚN LA PARTERA QUECHUA
 
Para Vivian Camacho, doctora cirujana, partera quechua, Directora Nacional de Medicina Tradicional Ancestral y activista boliviana por los pueblos originarios, la pandemia de la soledad que afecta al mundo, con sus graves síntomas asociados, es un llamado a volver a la vida en comunidad como antídoto para recuperar nuestro bienestar. "Considero que esta es nuestra tarea histórica, y debemos evitar que el individualismo y la desesperanza nos venzan, ya que un pueblo triste es más fácil de someter", afirma la especialista.
 
La Tercera de Chile (https://acortar.link/VOiJHg)
 
La médico cirujano, partera quechua y Directora Nacional de Medicina Tradicional Ancestral en Bolivia, Vivian Camacho, sostiene que la primera enfermedad que debemos erradicar es la injusticia social. Para esta activista, el eco de esta verdad resonó por primera vez en 2007, cuando, tras ganar una beca, se trasladó a Bélgica y experimentó la distancia en el trato clínico en el primer mundo. “Una de las dolencias más acuciantes que enfrenta nuestra sociedad hoy en día es la soledad, de la cual se derivan innumerables malestares. En la era de mayor conexión tecnológica, paradójicamente, es cuando más apartados nos sentimos”, agrega
Una de las experiencias que dejó una profunda huella en la doctora fue la de una mujer mayor que falleció en una escalera, sin que nadie se acercara a ella durante tres días. Fue gracias a la asistencia frecuente de una profesional de la salud que finalmente descubrieron el cuerpo. Camacho relata que este tipo de situaciones eran frecuentes, con una frialdad total en el trato desde la clínica, y que incluso temas delicados como el suicidio estaban normalizados. “Me cuestionaba qué podíamos hacer nosotros, qué responsabilidad podríamos asumir no solo como personal de la salud, sino como seres humanos. ¿Cómo no nos iba a sensibilizar? ¿Qué tipo de desarrollo nos ofrece esta sociedad que no se detiene para abordar sus propias vulnerabilidades?”, reflexiona Camacho.
 
Así que, al regresar a Bolivia, Vivian Camacho se embarcó en un proceso que ella describe como “desmedicalización y descolonialismo”. Buscando el reconfortante calor que sus abuelas le ofrecían a través de remedios caseros y cuidados, adoptó la causa de defender, acercar y visibilizar la medicina ancestral tradicional de su pueblo. A pesar de validar estos conocimientos mediante estudios en Interculturalidad y Salud, se encontró con otro obstáculo: el saber de los pueblos originarios no era realmente reconocidos en los hospitales y clínicas
“No es aceptable que la tecnología, en lugar de ser utilizada para el cuidado, vaya en contra de las mujeres al no respetar sus procesos”
“Quisieron encasillar nuestra medicina, relegándola al ámbito del animismo o del New Age, considerándola una creencia extraordinaria. Sin embargo, todo lo contrario, se fundamenta en la prueba y error de miles de años, siendo uno de los principios básicos de la ciencia: la observación. ¿Cómo se erigieron las pirámides o se construyó Machu Picchu? Todo eso constituye una ciencia vigente. La medicina ancestral es empírica y su eficacia ha sido demostrada a lo largo de milenios, pero debemos continuar investigando”, responde Camacho.
“Las abuelas preparan vapores de manzanilla, romero y salvia. Muchas de ellas no pudieron asistir a la escuela debido a la violencia del patrón, pero poseían un conocimiento valioso: sabían que la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, el romero es antibacterial y la salvia es antiviral. Cuando te someten a vapores de estos ingredientes, es para purificar y liberar de cualquier infección. El copal o palo santo, utilizado para limpiar de mala energía, literalmente purifica el aire de patógenos. Existe un conocimiento que requiere ser investigado y recuperado, ya que es una sabiduría que nos ayuda a sobrevivir como humanidad ante la incertidumbre”, añade Camacho.
¿Cómo influyen tus conocimientos en medicina occidental y tradicional en tus reflexiones sobre los partos ancestrales?
“En la medicina convencional observo una problemática significativa de maltrato y violencia obstétrica. Las mujeres son tratadas como máquinas, donde no se respeta el proceso natural que están experimentando, y se impone un control aparente de factores que, en lugar de sumar, restan. Actualmente, muchos médicos han reconocido la naturaleza disruptiva de los procedimientos comunes en los hospitales, como el Dr. Michel Odent de Inglaterra, quien aboga por enfoques menos invasivos en el parto.
Lamentablemente, la tasa de cesáreas es excesivamente alta en varios países. La propia OMS recomienda que no supere el 13%, pero he llegado a hospitales, como en Río de Janeiro, donde la tasa alcanzaba el 99%. No es aceptable que la tecnología, en lugar de ser utilizada para el cuidado, vaya en contra de las mujeres al no respetar los procesos físicos, psicológicos y emocionales de una madre, como sí se respeta en los métodos ancestrales. Cuando se critica a los parteros tradicionales acusándolos de causar muertes, respondo que lo que realmente provoca pérdidas en nuestras comunidades es el hambre, la miseria, la violencia, la explotación y el racismo. Los parteros hacen todo lo posible por preservar la vida con los recursos disponibles. En lugares donde la tecnología y los hospitales son inaccesibles, son ellos quienes se encargan de estos sagrados espacios”.
¿Qué diferencia hay entre ambos?
“En nuestras comunidades el parto se vive como una ceremonia de celebración, donde la mujer recibe cuidado y atención. Se le habla con respeto y se presta atención a sus necesidades, ya sea sentir frío o calor, desear algo de comer o preferir la compañía de alguien en particular. En entornos cálidos, como la selva, algunas mujeres eligen dar a luz cerca del río, mientras que en lugares fríos nos abrigamos y utilizamos vapores de plantas. Además, para facilitar la expulsión de la placenta, adoptamos la posición vertical, aprovechando la fuerza de gravedad, lo cual resulta en un periodo expulsivo más rápido y cómodo, en contraste con las prácticas acostadas que a menudo se aplican en la medicina patriarcal, diseñada por mentes masculinas para cuerpos femeninos. La llegada de cada ser a este mundo representa una nueva oportunidad para la humanidad de regenerar su historia. Es el amor lo que nos impulsa a nacer, la razón por la cual no nos damos por vencidos. Cada niño viene a aportar su cariño y fortaleza a su comunidad”.
¿Y allí cuál es el papel de la comunidad?
“Se han realizado estudios fascinantes sobre cómo compartir alimentos en las comunidades desencadena la liberación de oxitocina en nuestro cerebro, generando placer y alegría. Cuando era estudiante, se pensaba que solo las mujeres durante el parto producían oxitocina, pero la realidad es que tanto hombres como mujeres segregamos esta hormona cuando experimentamos cariño, abrazos y compartimos colectivamente. Este fenómeno es asombroso, ya que nos proporciona una pista sobre cómo la construcción de comunidades nos impulsa, brindándonos una sensación de bienestar y apoyo, incluso en medio de las dificultades”.
Y en ese mismo sentido, ¿cómo trata la medicina ancestral la ansiedad?
“En nuestra perspectiva, la medicina ancestral aborda de manera integral al ser humano, atendiendo su cuerpo, mente, emociones y lo que entendemos como espíritu. Contamos con hermosas ceremonias; por ejemplo, algunos hermanos mayas comparten sobre lugares sagrados destinados para abordar temas como adicciones, depresiones y suicidios. Frente a la crisis del COVID-19, el pueblo Shipibo-Konibo en Perú creó el Comando Matico. Con sus íkaros o cantos sagrados, y al encontrarse en una región remota en la selva, sin la posibilidad de acceder a helicópteros o aviones, decidieron organizarse. Prepararon mates y tónicos de hierbas, destacando el matico, de ahí su nombre. Recorrieron casa por casa distribuyendo estas soluciones, acompañadas de cantos sagrados para transmitir a las personas, en medio de la incertidumbre, que no estaban solas y que juntos podíamos superar el miedo. Es valioso devolverle la importancia a la palabra como agente sanador. La coexistencia armoniosa del conocimiento científico y el ancestral es posible siempre y cuando mantengamos la humildad necesaria, abramos nuestras mentes y corazones, superemos el racismo como limitación, y nos reconectemos como hermanos, parte de este tiempo y de la historia.”
¿Cómo se observa la diversidad sexual en la medicina ancestral?
“Siempre hemos reconocido y celebrado la diversidad; son más bien la modernidad y el patriarcado quienes se oponen a ella. La Dama del Cao fue una guerrera poderosa del Tahuantinsuyo, y a lo largo de nuestra historia, las mujeres han tenido un lugar fundamental. Si exploramos más a fondo, encontramos diversas representaciones, incluyendo huacos eróticos del pueblo moche que muestran la riqueza de la diversidad humana y sexual, con un aprecio y respeto por cada criatura. Lo que vino después fue una interpretación influenciada por el capitalismo. Es crucial cuestionar esta narrativa, ya que al abogar por la diversidad pero olvidar la injusticia social y el hambre que enfrentamos debido a este sistema económico, fácilmente podemos caer en la trampa de aceptar formas de segregación. Sin justicia social, no hay derechos para nadie.”
¿Experimentaste representación de tu cultura quechua en los medios de comunicación durante tu crecimiento?
“Definitivamente no, esa representatividad la he encontrado principalmente en mi familia. En los últimos años, he transitado un proceso de descolonización y desmedicalización, una travesía que la vida me ha presentado. En momentos, he enfrentado estigmatización y burlas por lo que estamos haciendo. Sin embargo, en mi rol actual como autoridad nacional, estoy impulsando estas iniciativas con orgullo y gran alegría. En diversas ocasiones, he vestido las polleras de mis abuelas, quienes fueron niñas campesinas esclavizadas y maltratadas por sus patrones, a las que se les prohibió leer y escribir. En contraste, he completado mis estudios de medicina en Europa, he viajado por todo el mundo y ocupo el cargo de Comisionada de Alto Nivel de Salud en las Américas. Todo esto es posible gracias a que ellas han persistido, convirtiendo nuestras lágrimas en un bello florecer. Aunque el mundo esté en crisis y exista incertidumbre, podemos ser protagonistas y asumir el control de la narrativa para transformar la realidad”.
¿imaginabas de niña que te convertirías en doctora y llevarías esta bandera de lucha?
“Tengo una preciosa foto de cuando tenía tres años, donde llevo el sombrero de cholita de mi abuela y unos guantes de mi tío. Al mirarla, reflexiono sobre todo lo que he vivido y cómo mi trayectoria ha superado todas las expectativas. Proveniente de un barrio con desafíos, marcado por borrachos y prostitutas, caminos de tierra y sin luz, pienso que he sido afortunada gracias a la protección de mis ancestros. Las estrellas han iluminado mi camino, y solo puedo expresar mi agradecimiento a la vida por todos los abrazos que me han cuidado, sanado y protegido. Por mí misma, no habría podido lograrlo. Cuando me pongo las polleras de mis abuelas, recuerdo sus sueños y me pregunto si sonreirían por mis logros. Es por eso que también sueño por la próxima generación, merecen un mundo digno donde el agua sea un derecho humano y la alimentación sea nuestra medicina. Considero que esta es nuestra tarea histórica, y debemos evitar que el individualismo y la desesperanza nos venzan, ya que un pueblo triste es más fácil de someter”.
 
 
 
 
 
LA DINÁMICA DE LA VIOLENCIA EN POS DE LA TIERRA
 
Desinformemos Org. (https://acortar.link/8rm8iS)
 
La expresión “la posesión es nueve décimas partes de la ley” no es jurídicamente cierta. Sin embargo, el concepto es de uso común en las áreas fronterizas de la Amazonía, donde los acaparadores de tierras y los campesinos colonizadores comparten un modus operandi: ocupan tierras que no les pertenecen.
Históricamente, este proceso era tolerado por el Estado y sólo se producían conflictos cuando los dos grupos competían por el mismo territorio; o cuando alguno de ellos pretendía invadir tierras de las comunidades. Por un lado, los pequeños propietarios tienen la ventaja del número; mientras que los acaparadores de tierras aprovechan sus conexiones políticas para formalizar sus reclamos y etiquetar a sus competidores de ocupantes ilegales.
A contramano, en Brasil y Bolivia, los propietarios recurren a la fuerza para recuperar las tierras y, usualmente, contratan matones para violentar a los pequeños propietarios y destruir sus pertenencias. Estos se resisten y se organizan en sindicatos campesinos asociados al Movimiento Sim Terra (MST) y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El resultado: la resistencia conduce a una escalada de violencia.
En Brasil, los delincuentes acaparadores de tierras contratan a pistoleiros para que asesinen a los posseiros que se interpongan en su camino. Los principales afectados han sido no solo activistas asesinados por defender los derechos de las poblaciones de la selva sino también pequeños campesinos. Entre ellos destacan Francisco Alves (Chico) Mendes, emboscado en su casa de Xapuri (Acre) en 1988; y Dorothy Stang, ejecutada en 2005 en una remota carretera cerca de Anapú (Pará). Ambos crímenes dieron lugar a procesos judiciales de gran repercusión mediática y al encarcelamiento de quienes apretaron el gatillo, así como de los ganaderos que contrataron sus servicios. Desafortunadamente, lo más habitual es que estos asesinatos queden sin resolver e, incluso cuando los culpables son identificados, la mayoría escapan de la justicia, generando así la definición exacta de impunidad.
El incremento del valor de la tierra en Mato Grosso refleja la expansión y rentabilidad de su sector agroindustrial. a) Los valores aumentaron 10 % anualmente entre 2000 y 2012, y entre 25 y 50 % entre 2012 y 2020. Fuente de datos: INCRA (2019).
La Comissão Pastoral da Terra (CPT) lleva más de cuatro décadas monitoreando la violencia rural en la Amazonia brasileña, y ha recopilado un espantoso archivo histórico titulado Massacres no Campo, el cual enumera 47 incidentes que concluyeron con el asesinato de 341 personas. Más de la mitad fueron identificados como líderes y más del 70% de los acontecimientos están relacionados con disputas sobre la tenencia de tierra entre grandes terratenientes y campesinos sin tierra. No obstante, dicho total subestima enormemente la violencia rural, ya que solo incluye los enfrentamientos en los que murieron al menos tres personas.
Por ello, desde el 2011, la CPT ha recopilado estadísticas más precisas que revelan lo poco que ha cambiado la situación y cuánto puede estar empeorando. De acuerdo con estas cifras, en el 2017, hubo más de 980 incidentes que afectaron a más de 98.000 familias, en las que murieron 56 personas. La gran mayoría eran posseiros sin tierra que ocupaban ranchos considerados vulnerables a una ocupación organizada.
El actual cierre formal de parte del Estado al acceso de la frontera forestal ha aumentado la presión sobre las zonas consolidadas en el sudeste de Pará y el sur de Rondônia, donde una nueva organización militante –la Liga de Camponeses Pobres (LPT)– ha aprovechado el descontento generado por las desigualdades en la distribución de la tierra. A su vez, los grandes terratenientes recurren cada vez más a fuerzas de seguridad privadas y a la policía para ejecutar los desalojos judiciales. Aún así, la participación de la policía no es garantía de un proceso justo y ordenado. Ejemplo de ello es que, en el 2017, un grupo de 17 agentes policiales fueron acusados de ejecutar a 10 posseiros en un proceso de desalojo ordenado por un tribunal en la Fazenda Santa Lucia, ubicada en el municipio de Pau D’Arco (Pará). Los municipios donde más muertes han ocurrido son Anapú, en Pará (16 muertos); Vilhena, en Rondônia (13 muertos); Colniza, en Mato Grosso (11 muertos); Pau D’Arco, en Pará (10 muertos); y Porto Velho, en Rondônia (10 muertos).
Pese a que los posseiros sufren la mayor parte de la violencia, las comunidades indígenas siguen siendo atacadas en las áreas fronterizas donde el acaparamiento de tierras es más frecuente, especialmente a lo largo de las carreteras BR-163 en Pará y la BR-230 en Amazonas. Las comunidades que sufren los mayores niveles de violencia se encuentran en zonas severamente deforestadas de Maranhão. Allí, 19 hombres y mujeres indígenas murieron mientras protegían sus reservas de los saqueadores de madera. Ni siquiera las reservas indígenas más remotas son inmunes a la violencia, en particular las comunidades Munduruku y Yanomami, que deben enfrentarse a los mineros ilegales de oro, notoriamente violentos.
La complicada situación de las comunidades indígenas de las tierras bajas de Perú y Bolivia es a la vez más grave y muy diferente de la de Brasil. Aunque los gobiernos de ambos países afirman apoyar las reivindicaciones territoriales de sus pueblos indígenas, en varias ocasiones han desplegado fuerzas de seguridad policial para reprimir violentamente a grupos indígenas cuando protestan contra políticas que amenazan sus territorios. En 2009, el Gobierno peruano del ex presidente Alan García promulgó leyes que habría posibilitado privatizar las tierras indígenas. La campaña de desobediencia civil resultante acabó en un enfrentamiento violento y la muerte de 33 personas. Una escaramuza similar se produjo en Bolivia en 2011, cuando el gobierno de Evo Morales intentó obstaculizar una marcha que protestaba por la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS). Si bien nadie murió, la policía boliviana golpeó y detuvo a decenas de hombres y mujeres en una flagrante violación de sus derechos humanos y civiles.
Menos conocidos por los medios de comunicación, pero más insidiosas son las invasiones de tierras comunales adyacentes a las zonas de colonización. En particular, la que llevan a cabo emigrantes indígenas de tierras altas que cuentan con el apoyo tácito de sus gobiernos, tanto nacionales como regionales. Así, específicamente en Bolivia, el Gobierno central presenta esta situación como un proceso de reforma agraria que distribuye tierras fiscales a colonos y acaparadores de tierras en las selvas de la Chiquitania y Guarayos. En cambio, en Perú, las comunidades indígenas luchan por proteger sus tierras comunales de los violentos mineros de oro y madereros ilegales que actúan con la complicidad de las autoridades regionales. Allí, al menos 22 líderes indígenas han sido asesinados desde el 2013: más de la mitad fueron amenazados antes de su asesinato, por lo que habían solicitado protección a la policía.
Respecto a las zonas de ocurrencia, la frontera forestal peruana en Ucayali y Huánuco (HML #40) es particularmente peligrosa debido a la presencia de bandas criminales dedicadas a la producción de cocaína que tienen en la mira a líderes de las etnias Cacataibo y Shipibo-Conibo. Hasta marzo de 2021, ninguno de los asesinos había sido detenido por las autoridades policiales, supuestamente debido a la complicidad de las autoridades locales en la producción y comercialización de drogas ilícitas.
En el caso de la Amazonía colombiana, la violencia y los asesinatos son endémicos debido a décadas de la guerra civil y una economía basada en la producción de drogas ilícitas. El proceso de paz no ha puesto fin ni al conflicto armado ni a la lucha por la tierra. Bandas criminales compuestas por ex guerrilleros luchan ahora por el control de las tierras entre Caquetá, Meta y Guaviare. El gobierno central ha sido incapaz de imponer su control, y las bandas rivales reclutan campesinos para depredar el bosque y plantar cultivos de hoja de coca y consolidar ranchos ganaderos. No hay estadísticas específicas sobre la violencia relacionada con la tierra pero, presumiblemente, es una de las principales causas de muerte en una región donde la tasa general de homicidios (el llamado 32 por 100.000) es de las más altas de América.
Las tierras más valiosas tienen suelo y topografía apropiados para la agricultura industrial. El valor de mercado más bajo es asignado a aquellas tierras que deben cumplir con el Código Forestal (RL: Reserva Legal). Fuente de datos: INCRA (2019).
Mercados inmobiliarios rurales
Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain, dijo una vez: “compren tierra, ya no las producirán”. Y aunque un genio de la literatura, Twain no era un buen inversor. Pese a ello, su observación sobre el valor intrínseco de la tierra es básicamente correcta y explica, parcialmente, la pugna por la tierra en la Panamazonía. Colonos, inversores y políticos saben que el reparto de tierras fiscales acabará en algún momento. La apropiación de tierras ya no ocurre en las áreas consolidadas, pero sigue asolando los márgenes de las zonas agrícolas y es la característica definitoria de las áreas forestales. La incesante creación de nuevas propiedades en áreas forestales, sean estas legales o no, repercute en el precio de la tierra en zonas ya pobladas. Al mismo tiempo, la demanda de tierras cultivables en municipios consolidados infla el valor de las propiedades en zonas adyacentes. Los mercados inmobiliarios rurales reflejan la dinámica de oferta y demanda en toda la frontera de desarrollo. En rincones remotos del área forestal, las fincas recién creadas con sus correspondientes derechos territoriales asociados, suelen ser difíciles de vender.
Las transacciones están llenas de riesgos debido al carácter dudoso de las escrituras y a la posibilidad de que ocupantes ilegales invadan esas propiedades. El peligro se amplifica debido a la amenaza de violencia, ya que colonos y acaparadores de tierras emplean la fuerza para proteger sus reclamos: ambas partes venden sus tierras a inversores tolerantes al riesgo y a inmigrantes. En el interín, van consolidando el mercado de bienes raíces rurales. Cuando se da el caso de precios bajos que van subiendo lentamente, quienes participan en esta primera etapa confían en que la región acabará convirtiéndose en un área de expansión agrícola. En consecuencia, serán recompensados por su audacia y desprecio a la ley.
Las propiedades ubicadas en las fronteras agrícolas y áreas consolidadas tienen mejor precio debido a la mejora de la infraestructura circundante y un mejor acceso a los mercados. También están situadas en zonas con un estatus legal maduro, donde las operaciones se han transformado en inversiones “seguras”. El peligro de la mala documentación no ha desaparecido, pero la diligencia debida y acciones legales preventivas mitigan el riesgo. Y lo que es más importante, los sistemas de producción convencionales generan flujo de caja y un rendimiento decente a la inversión.
Invertir en tierras debe considerarse en el contexto de las economías nacionales, puesto que todos los países amazónicos han sufrido graves brotes de hiperinflación en la memoria viva de cualquier persona mayor de 50 años. El capital invertido en tierras puede ser poco líquido en tiempos de crisis, pero siempre recupera su valor. No puede decirse lo mismo de los ahorros en cuentas bancarias o en mercados de valores sujetos a políticas gubernamentales erráticas y a menudo confiscatorias. La rentabilidad de los bienes inmuebles es la mejor opción para la mayoría de los inversores latinoamericanos.
En las culturas ibéricas, la predilección por la tierra también tiene una fuerte raigambre cultural, que motiva a profesionales urbanos invertir en propiedades rurales. En Brasil y Bolivia, esto se manifiesta en una afición por las estancias o fazendas ganaderas; mientras que en Perú, Ecuador y Colombia los inversores urbanos son atraídos por fincas que cultivan café, cacao o palma aceitera. Los propietarios ausentes, entre ellos médicos, abogados y otros profesionales, sienten atracción por el mantenimiento del capital y la plusvalía, pero también disfrutan del prestigio de ser agricultor o ganadero.
En el caso brasileño, la conexión entre ciudad y campo incluye a familias de clase trabajadora cuyos antepasados establecieron minifundios en Rondônia y Pará, o en alguna de las zonas de asentamientos en las estribaciones de los Andes. Al igual que las familias rurales de todo el mundo, las generaciones más jóvenes han emigrado a las ciudades, manteniendo al mismo tiempo su apego a la granja familiar. En este caso, el dinero fluye en ambas direcciones: tanto hacia los habitantes urbanos que van a la universidad o buscan atención médica como de vuelta a la granja en forma de remesas que pueden utilizarse para invertir en tierras, ganado y plantaciones. Las familias exitosas amplían sus propiedades comprando parcelas adyacentes o apropiándose del bosque. Los mapas de la tenencia de tierra muestran cientos de miles de pequeñas parcelas pero una familia suele poseer más de una parcela. Los minifundios tienden a ser inviables, al menos con los modelos de producción convencionales, y la concentración de tierra en pocas manos es un remedio impuesto por el mercado para resolver políticas de asentamiento inviables.
El Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador quita los letreros de venta puestos por invasores en el parque Machalilla. Foto: MAAE.
El ahorro y la inversión de parte de profesionales y familias obreras es factor de apreciación de los inmuebles rurales e, indirectamente, un motor de la deforestación. De igual forma, una fuerza económica más inmediata causante de esta apreciación es el modelo de negocio extraordinariamente lucrativo que persigue la agricultura industrial.
El impacto de este tipo de producción agrícola en el valor de la tierra es más evidente en Mato Grosso. En 2019, el valor medio de la tierra en los municipios dominados por cultivos empresariales masivos era de alrededor de 12 mil Reales por hectárea (Parecis). En cambio, las propiedades en el extremo noroeste, donde predominan la extracción de madera y la ganadería, tenían un valor medio de 3.100 Reales por hectárea. Aún así, en ambas regiones el precio de la tierra se ha disparado en los últimos 20 años, cuyo valor de mercado aumentó entre el 2.500% (Noroeste) y el 3.500% (Parecis).
Este nivel de apreciación de activos equivale al aumento del valor medio de las tierras agrícolas en el Medio Oeste de Estados Unidos entre los años 1900 y 2000, generando algo inaudito: un aparente siglo de crecimiento en tan sólo veinte años. Ahora bien, quizás el aumento de precios a este ritmo indique una burbuja en el mercado. Los aumentos registrados recientemente en tres de las regiones de la muestra (Sudeste, Oeste y Norte Araguaia) se producen en lugares considerados zonas de expansión y están sobrevalorados, al menos en comparación con las tierras de cultivo del cinturón soyero original (Parecis y Centro). Las correcciones del mercado son evidentes en la disminución de las cifras entre 2015 y 2019 en la zona de expansión norte (Norte), que experimentó un aumento de precios simultáneo con la pavimentación de la carretera BR-163. A pesar de ello, la tierra en el centro de Mato Grosso (3.000 dólares por hectárea) sigue siendo asequible en comparación con otras regiones productoras de soya y maíz, como Paraná (8.000 dólares por hectárea) e Iowa (18.000 dólares por hectárea).
El precio de la tierra es un componente básico del modelo de negocio de los ganaderos del sur de la Amazonía. Muchos operan con márgenes relativamente estrechos lo que los lleva a pastorear en exceso sus pasturas y degradar los suelos, provocando que muchos amplíen sus operaciones talando pequeñas parcelas de bosque anualmente durante mucho tiempo. En estos casos, la oportunidad de vender puede ser una ganancia inesperada. Por ejemplo, un ganadero de clase media de Alta Floresta con una propiedad de 1.000 hectáreas valorada en el año 2000 en aproximadamente 300 mil Reales (190.000 dólares) podría venderla en 2020 por 5,7 millones de reales (1,1 millones de dólares). La plusvalía sería aproximadamente equivalente a sus ganancias netas durante veinte años. Después de pagar el impuesto sobre la ganancia de capital, el ganadero dispondría de amplios recursos para una jubilación cómoda, o evitar el pago del impuesto de plusvalía comprando otra propiedad. Una opción podría ser comprar un rancho en un área de expansión forestal donde el valor de la tierra siga siendo asequible.
La apreciación de la tierra crea circuitos de retroalimentación positiva que benefician a la agricultura a gran escala. Consideremos una empresa agroindustrial con 100.000 hectáreas en el centro de Mato Grosso. La apreciación del capital entre 2000 y 2019 superaría los 250 millones de dólares. Aunque el aumento de valor podría no monetizarse mediante una venta, su valor contable se incorporaría al balance corporativo. Los balances sólidos son el núcleo de las finanzas corporativas porque reducen el costo del crédito y atraen a nuevos inversores de capital. Aproximadamente el 10% de las propiedades privadas en Mato Grosso (15.000 propiedades) abarcan el 70% (46 millones de hectáreas) del área total asignada a propiedades privadas (67 millones de hectáreas). La apreciación del valor de esas propiedades asciende entre 83 y 100 mil millones de dólares. Sin embargo, ese valor queda chico en comparación a las ganancias de capital de la que disfrutaron los plutócratas que adquirieron sus propiedades prácticamente sin costo alguno en la década del 70.
En la década de los 80, los ganaderos a gran escala ya se encontraban bien establecidos en tierras ubicadas en el estado nororiental de Mato Grosso, compradas previamente a fines de la década de los 70. Poderosos inversionistas adquirieron propiedades de entre 5 y 15 mil hectáreas prácticamente sin costo alguno, donde varios de éstos han consolidado estas propiedades en fincas aún más grandes. La mayoría de estas fincas conservan áreas significativas de hábitat forestal, pero muy pocas cumplen plenamente con el Código Forestal. Los pequeños y medianos ganaderos se asentaron en zonas con mayor deforestación ubicadas al este (a). El corredor forestal intacto a lo largo del río Xingú es el Parque Indígena de Xingú (PIX), la primera reserva indígena a gran escala en la Amazonía. Crédito: Google Earth
El aumento del costo de la tierra ha motivado a la agroindustria desarrollar modelos financieros alternativos para acceder a ella. Ahora son comunes las asociaciones empresariales conjuntas entre agricultores, empresarios y ganaderos terratenientes. El tipo más común de empresa conjunta es un arrendamiento negociado en términos de sacos de soya. Este artificio mitiga el riesgo de la volatilidad de los mercados de materias primas y las fluctuaciones de los tipos de cambio, que pueden causar estragos en una empresa con costos fijos medidos en moneda local. Si el precio de la soya baja o la moneda brasileña se debilita, el agricultor no se ve atrapado en un contrato basado en una cantidad monetaria fija, sino que comparte la reducción de ingresos con el propietario de la tierra. Los ganaderos pueden permitirse ser flexibles porque incluso unos ingresos reducidos son mejores que los de las operaciones ganaderas.
Los pastos para ganadería son muy valiosos ya que los protocolos de sostenibilidad adoptados a raíz de la Moratoria de la Soya limitan la capacidad de los propietarios de convertir los bosques nativos. Esto ha inflado el valor de las pasturas, incluidos los lugares adyacentes a áreas de producción existentes, así como los situados en zonas más remotas o a lo largo de corredores de transporte. Incluso los suelos altamente degradados, producto de décadas de sobrepastoreo, pueden resultar atractivos para un agricultor de soya puesto que la aplicación de piedra caliza (CaCo3) o yeso (CaSO4), utilizados para mejorar la acidez del suelo, resuelve la pérdida de fertilidad que limita la carga ganadera de los pastos degradados.
Los agricultores más sofisticados implementan microtecnología para gestionar los niveles de nutrientes de las plantas y utilizan un conjunto de técnicas de labranza mínima para reconstruir la materia orgánica del suelo. Por tanto, la topografía, la textura del suelo y el uso anterior de la tierra son más importantes que el estado nutricional de las posibles tierras de cultivo. Básicamente, se paga a los ganaderos para que restauren sus suelos degradados. Las interacciones entre ganaderos y agricultores están incorporando más tierras de uso ganadero hacia el sistema de producción de soya-maíz, ya sea de forma permanente o periódica.
Al mismo tiempo, la agricultura industrial se está expandiendo por municipios de Rondônia, Pará y Tocantins. Incluso las áreas más remotas se están viendo afectadas, como en el sudeste de Amazonas, Roraima y Amapá, donde se cultiva soya en las sabanas y en tierras previamente deforestadas. El auge económico de la agroindustria está afectando al valor de la tierra en toda la región.
Imagen destacada: La deforestación no sólo se produce en la frontera forestal, sino también en lugares consolidados previamente desde hace mucho tiempo, cuyos propietarios crean progresivamente nuevos pastizales para ampliar sus rebaños o para sustituir los pastos degradados por el sobrepastoreo. Crédito: PARALAXIS / Shutterstock.com
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
 
 
 
 
 
EMBAJADOR GONZALO GUTIÉRREZ. SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
 
“LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN SERÁPARTE DE LA AGENDA PERMANENTE”
 
Miembros de la CAN evalúan la realización de operaciones policiales conjuntas contra la criminalidad. Este domingo, sus representantes tendrán un encuentro en Lima.
 
El Peruanos de Perú (https://acortar.link/kKSGSd)
 
El secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, asegura en la siguiente entrevista que este domingo 21, de todas maneras, se adoptará un acuerdo en la reunión de cancilleres y ministros de Seguridad de la Comunidad Andina (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a partir de lo sucedido en Ecuador. También abre la posibilidad de que otras naciones, fuera del bloque andino, sean invitadas a participar de estas coordinaciones.
–¿Qué expectativas le genera la reunión de este domingo de cancilleres y ministros de Seguridad de los países miembros de la Comunidad Andina en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, tras la ola de violencia en Ecuador?
–Hay una gran expectativa, creo que los ministros de Relaciones Exteriores andinos han reaccionado con mucha celeridad, ya que apenas ocurridos los sucesos de la semana pasada en Ecuador se convocó a una reunión virtual, que se llevó a cabo el viernes, en la que se decidió tener la reunión presencial el domingo 21. Trabajamos en el deseo de que los cancilleres puedan ir sobre la adopción de una serie de medidas en diferentes campos, como la seguridad subregional, y que serán puestas a consideración de ellos.
–Se ha hablado mucho en esta convocatoria de la necesidad de coordinar estrategias y compartir información entre nuestros países para hacer frente a esa amenaza. ¿Cuáles cree que deberían ser las primeras líneas de acción a compartir en este tema?
–Ciertamente, la palabra clave aquí es coordinar. Es necesaria una coordinación de las autoridades de seguridad y las autoridades nacionales, especialmente en temas como tráfico de armas, migración irregular, minería ilegal, contrabando, además de buscar la coordinación y la integración en torno a los sistemas de información que puedan ser compartidos entre los países. También, analizar la posibilidad de hacer operativos conjuntos, que se orienten a luchar contra estos problemas.
–¿Qué papel puede jugar la CAN en este proceso teniendo en cuenta que se necesitaría un nivel coordinador que articule y acondicione las demandas de cada país en esa tarea?
–Lo que hemos adelantado es que la Comunidad Andina es una suerte de plataforma de facilitación para la coordinación entre las autoridades de los distintos países. La CAN no ha abordado esos temas en mucho tiempo. Sin embargo, creemos que la crisis que enfrentamos amerita que los países se reúnan bajo el paraguas andino para tomar medidas sobre esa materia. Como CAN facilitaremos una serie de grupos de trabajo que han estado pendientes […] pero habrá una serie de otros temas que es necesario que se coordinen de manera directa, no necesariamente por medio de la CAN, sino, más bien, entre las autoridades de seguridad.
–¿Cree necesaria la creación de un ente coordinador policial, una especie de policía andina, para un mejor trabajo de coordinación en esta guerra contra la delincuencia?
–Hay una serie de iniciativas internacionales muy consolidadas desde hace muchos años, como la Interpol; en Europa se ha desarrollado la Europol; y hay una iniciativa americana, Ameripol, que se impulsa desde hace algún tiempo. El acuerdo de establecimiento de Ameripol ya está suscrito por una serie de países, faltan algunos, pero creemos que ese ámbito de acción está suficientemente cubierto por esta iniciativa que tiene bastante tiempo avanzando.
El Perú participa en el proceso, pero aún no ha firmado el acuerdo de Ameripol. Creo que todos los países de América deberían firmarlo.
La presencia de la criminalidad organizada estalla con la crisis en Ecuador, pero es un tema que ya estaba presente, ahí tenemos bandas transnacionales como el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios, con presencia en varios de nuestros países. Necesitamos una manera de alertar estas amenazas.
En la Secretaría General [de la CAN], desde que asumí el puesto, hemos estado en contacto con los países miembros, especialmente con la presidencia pro tempore, para promover esta coordinación en la lucha por preservar la seguridad interna de nuestros países. Los acontecimientos en Ecuador, de alguna manera, han precipitado este proceso, pero sí es una materia que necesariamente tiene que formar parte de nuestra agenda de aquí en adelante.
Podrían invitar a otros países
El secretario general de la CAN señaló que la lucha contra la criminalidad organizada en las fronteras andinas no se agota con una sola reunión de cancilleres y ministros, por lo que será necesario convocar a nuevos encuentros en los que se analicen las medidas adoptadas y sus resultados, y si son necesarias otras formas de cooperación.
Dejó abierta la posibilidad de que en el mediano plazo se invite a países que no forman parte de la CAN para que se sumen a estas coordinaciones.
Aunque el embajador no mencionó nombres, salta a la vista que países como Chile también sufren el accionar de organizaciones criminales de Venezuela.
En el caso peruano, se ha reportado la presencia de narcotraficantes brasileños que operan en la selva amazónica de nuestro país y de Colombia.
Gutiérrez también habló de la posibilidad de invitar a autoridades judiciales de los países andinos, pues es importante su contribución en esta lucha.
 
 
 
 
 
LA NARCO-VIOLENCIA ES UN PROBLEMA REGIONAL
 
Esto no es chiste: el dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber convertido a su país en un centro del narcotráfico y el narco-terrorismo, acaba de ofrecer asistencia a Ecuador para combatir la violencia de las pandillas de narcotraficantes.
 
El Siglo Torreón, México (https://acortar.link/Vi6sgb)
 
Aunque es muy poco probable que el presidente de centroderecha de Ecuador, Daniel Noboa, acepte la oferta de Maduro, Estados Unidos debería tomar la iniciativa y aumentar drásticamente su ayuda antinarcóticos a Ecuador y a varios otros países latinoamericanos que la están pidiendo.
Washington tendría que hacerlo en su propio interés, porque las creciente violencia de las pandillas del narcotráfico no solo está aterrorizando a la población en gran parte de América latina, sino que también está empujando a que muchos latinoamericanos emigren sin papeles a Estados Unidos.
En un discurso el 15 de enero, Maduro dijo: "Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no busque al Comando Sur (de Estados Unidos). Lo que va a hacer el Comando Sur es intervencionismo, colonialismo".
La oferta de Maduro sonó ridícula para muchos ecuatorianos, porque la mayoría de los expertos coinciden en que la actual ola de narco-violencia en Ecuador se generó tras la decisión del ex presidente populista ecuatoriano Rafael Correa en 2009 de expulsar la base militar estadounidense antinarcóticos en Manta.
Ecuador, cuyo gobierno declaró un "estado de conflicto interno" el 9 de enero para detener la violencia de las pandillas, ahora está pidiendo abiertamente más ayuda estadounidense, y más cooperación regional, para combatir la violencia de las pandillas.
"Aceptaría con mucho gusto la cooperacion de Esados Unidos", dijo Noboa el martes a la cadena CNN. "Necesitamos equipos, necesitamos armas, necesitamos inteligencia. Creo que este es un problema global, no solo de Ecuador".
A sugerencia de Ecuador, los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de los cuatro países de la Comunidad Andina -integrada por Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú- acordaron reunirse en Lima, Perú, el 21 de enero para "adoptar medidas concretas y efectivas para combatir el flagelo del crimen organizado transnacional".
El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, me dijo en una entrevista que la primera prioridad de la reunión será establecer una base de datos actualizada de personas con antecedentes penales en todos los países participantes. Actualmente, los países andinos tienen acuerdos bilaterales para intercambiar información, pero no cuentan con una base de datos regional.
Otra medida que se discutirá en la reunión de ministros será la coordinación de las actividades de patrulla fronteriza, para que no queden grandes áreas a lo largo de sus fronteras descubiertas, me señaló.
"Estamos conociendo una violencia inédita, que conmociona a la población, ya a la que hay que darle una respuesta más allá de nuestras fronteras", me dijo González-Olaechea.
González-Olaechea agregó que en noviembre le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, más cooperación antidrogas de Estados Unidos. Perú no busca una re-edición del Plan Colombia de 2000, sino un acuerdo de cooperación que incluya "más instrumentos" para luchar contra las mafias de la droga, incluyendo "equipos militares", me dijo.
En última instancia, la creciente narco-violencia en América Latina y el consiguiente aumento de la migración ilegal a Estados Unidos no terminará a menos que Estados Unidos y Europa reduzcan su consumo de drogas.
Contrariamente a lo que nos quieren hacer pensar demagogos populistas como Donald Trump, esto no se resuelve únicamente atacando a las mafias de las drogas en América latina.
Para terminar con el narcotráfico, es necesario también reducir el consumo de drogas en Estados Unidos con más tratamientos de prevención, tratamientos, y campañas en televisión y redes como las que se hicieron exitosamente hace algunas décadas para reducir el consumo de cigarrillos.
Mientras los estadounidenses, los europeos y, cada vez más, los latinoamericanos sigan consumiendo cantidades cada vez mayores de drogas, el tráfico de narcóticos seguirá creciendo.
Dicho esto, mientras se intensifican los esfuerzos para reducir el consumo, Washington haría bien en ofrecer más ayuda anti-drogas a Ecuador, Perú y todos los demás países latinoamericanos que la están pidiendo a viva voz.
 
 
 
 
 
BOLIVIA IMPULSA RECONOCIMIENTO MUNDIAL COMO PATRIMONIO CULTURAL DE SU ARTE TEXTIL ANCESTRAL JALQ'A
 
Xinhua de China (https://acortar.link/vbLRYZ)
 
En una iniciativa valiosa para preservar y destacar la riqueza cultural de Bolivia, este jueves marcó el inicio de la postulación del arte textil jalq'a como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.
En una ceremonia de posesión, el Comité Impulsor, conformado por representantes de diversas instituciones, asumió la responsabilidad de llevar adelante esta histórica iniciativa.
El arte textil jalq'a, arraigado en los conocimientos y saberes ancestrales, es mucho más que una expresión artística; es un compendio de técnica, paciencia e imaginación que los integrantes de la cultura jalq'a utilizan para plasmar en sus tejidos colores contrastados y figuras mitológicas que fusionan el inframundo con la vivencia cotidiana.
La ministra de Culturas boliviana, Sabina Orellana, destacó en la oportunidad que este es un paso significativo, ya que no solo se reconoce el arte textil, sino que se abraza la integralidad de la cultura jalq'a, que engloba la vestimenta, danzas y gastronomía.
Dijo que la cultura jalq'a, conocida por sus tejidos oscuros y expresivos, encuentra en estos elementos textiles una forma única de expresión, fusionando lo mitológico con lo cotidiano.
Esta postulación, la primera de su tipo en Bolivia, implica un arduo trabajo que incluye la investigación, registro e inventario de los saberes ancestrales relacionados con el arte textil jalq'a.
Orellana aseguró el respaldo total del Ministerio de Culturas de Bolivia para consolidar el expediente de postulación ante la UNESCO, subrayando el compromiso del país con la preservación de su herencia cultural.
Los jalq'as, distribuidos en los departamentos de Chuquisaca (sur) y Potosí (suroeste), han mantenido su identidad única alrededor de la música, los ritos y la vestimenta, con su habla quechua.
La ministra reconoció que este es un paso fundamental para proyectar la riqueza cultural de Bolivia a nivel internacional y asegurar la preservación de las tradiciones y conocimientos que encierran los tejidos jalq'a, llevando la identidad boliviana a un reconocimiento global.