AMÉRICA LATINA EXPANDE EL MARCO LEGAL CONTRA LOS DELITOS AMBIENTALES

Varios países están ampliando sus leyes y códigos penales para combatir las actividades ilegales que degradan la naturaleza, pero siguen existiendo muchas lagunas

Los delitos ambientales son la cuarta actividad delictiva más lucrativa del mundo. La deforestación ilegal, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres entre sus formas más habituales, se han convertido en un enorme motor financiero, que en 2018 se estimaba generaba entre US$ 110.000 y US$ 281.000 millones en ingresos ilícitos anuales a nivel global, según datos de Interpol.
Países como Francia y Bélgica han dado grandes pasos en la creación de marcos jurídicos para frenar estos delitos contra el medioambiente de bajo riesgo y altas ganancias, mientras que el año pasado se puso en marcha la Alianza Mundial contra los Delitos contra la Naturaleza.
América Latina es especialmente susceptible de sufrir delitos contra la naturaleza debido a su rica biodiversidad y a la abundancia de recursos minerales. La región está empezando a dar pasos importantes para desarticular las redes delictivas transnacionales asociadas, y gobiernos han comenzado a elaborar leyes que permiten aplicar sanciones económicas más duras, e incluso establecen responsabilidades penales para los infractores.
Progresos en materia de justicia ambiental en América Latina
En los últimos años, varios países latinoamericanos han puesto en marcha una serie de leyes y políticas medioambientales sólidas. Venezuela y Brasil, por ejemplo, tienen normativas específicas, mientras que Bolivia otorgó derechos legales a la naturaleza en 2010. Ecuador fue pionero en 2008  al reconocer los derechos constitucionales del medioambiente y luego agregar delitos ambientales específicos a su Código Penal en 2020. Además, cerca de la mitad de los países de la región han creado unidades ambientales especializadas para mejorar la aplicación de las normativas en el sector.
A pesar de ello, la mayoría de los países latinoamericanos todavía enfrenta dificultades para hacer cumplir sus leyes y políticas ambientales, afectadas por los altos niveles de corrupción, señala un informe elaborado por el Chr. Michelsen Institute for Science and Intellectual Freedom (CMI). Según explica el documento, en países como Bolivia, México y Honduras, por ejemplo, los sobornos a la policía por parte de traficantes ilegales de madera son frecuentes. Pero la corrupción, a su vez, también puede dar lugar a la aplicación “selectiva o sesgada” de las leyes ambientales -como centrarse en los pequeños infractores en lugar de los más poderosos-, o permitir la interferencia política o supresión del trabajo judicial o policial ante una investigación de este tipo.
Ante la ausencia de una aplicación efectiva de la ley, los países latinoamericanos están intentando cambiar y reforzar la protección del medioambiente y el marco jurídico que la acompaña.
Uruguay es un ejemplo en ese sentido. En el país no existe la figura del delito ambiental dentro del Código Penal, razón por la que las sanciones ante conductas ilícitas implican multas o mecanismos administrativos, como el cierre de empresas. Por eso, tras años de discusión, en 2023 el Senado nacional aprobó un proyecto de ley que incorpora los delitos contra el ambiente en el Código Penal. El proyecto, cuya aprobación está pendiente en la Cámara de Diputados, penaliza la contaminación del aire, el agua y el suelo, la contaminación por residuos tóxicos y los delitos contra la biodiversidad y la gestión medioambiental con penas de entre tres meses y 12 años de prisión.
Para el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, la ley será un antes y un después en la defensa del ambiente. “En los últimos tiempos la gente nos reclama la figura del delito ambiental, porque tiene que ser una medida disuasoria o incluso punitiva, en el caso de que las cuestiones sean muy graves como algunas que han pasado”.
Chile es otro país que se ha propuesto actualizar su marco normativo de cara al aumento de los delitos ambientales y ha logrado importantes avances. Es así que con el fin de brindar una respuesta suficiente a los reclamos sociales y políticos, el gobierno aprobó a mediados de 2023 una reforma de su Código Penal que contempla por primera vez el delito medioambiental. También amplía el ámbito de la responsabilidad penal para incluir, por ejemplo, a las empresas estatales, y ha tipificado como delito penal a elementos del ecocidio, es decir, cualquier tipo de actividad que cause a sabiendas un daño medioambiental significativo.
Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, una ONG que trabaja para brindar acceso a la justicia ambiental en Chile, indicó que actualmente “existe una preocupación” por la nueva ley de parte de las empresas por las severas multas a las que podrían enfrentarse. Esto se debe a la necesidad de contar a partir de ahora con un sistema de cumplimiento ambiental “que sea más efectivo”, añadió.
Y si bien celebró la reciente iniciativa, Costa reconoció que la posible persecución de un delito ambiental “sigue siendo algo difícil” por varias razones: requiere de la formación de los fiscales que estarán a cargo de estos delitos; la presentación de pruebas “es siempre muy compleja en materia ambiental”; y el nivel de exigencia probatoria en los juicios penales es mucho más exigente, ya que las multas del Código Penal chileno suelen ser más severas que las de las sanciones.
Colombia también ha buscado generar un cambio en su normativa ambiental, al aprobar una Ley de Delitos Ambientales en 2021. Además de tipificar la deforestación, crea otros cinco delitos ambientales -entre ellos el tráfico de fauna silvestre, la apropiación ilegal de baldíos y la financiación de estas actividades- y aplica sanciones penales más estrictas.
En 2008, Perú puso en marcha una ley que modifica su Código Penal y sanciona con penas de hasta 10 años de prisión los delitos contra el ambiente y los recursos naturales. Debates similares se están llevando a cabo también en México –que discute actualmente la elaboración del primer Protocolo sobre Justicia Ambiental– y Brasil, donde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende revertir la crítica situación de la Amazonía a través de nuevas políticas ambientales como el PPCDAm, un plan de acción para contrarrestar la deforestación con competencias que incluyen firmes medidas coercitivas.
A nivel regional, los gobiernos amazónicos -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela- han destacado en diferentes cumbres internacionales la necesidad de contar con una mayor regulación de los delitos ambientales. La región amazónica se ve afectada por un sin fin de actividades ilícitas por parte de organizaciones delictivas transnacionales que destruyen la selva debido al narcotráfico, la tala ilegal, la minería y la ganadería ilegales. Según un informe del año pasado, los grupos delictivos actúan en el 70% de los municipios de las zonas fronterizas de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
¿La excepción?
Argentina es uno de los países de América Latina que se encuentra más rezagado en materia de normativa ambiental. No cuenta con legislación específica sobre los delitos ambientales en el ámbito penal ni tribunales que los juzguen. Esto es especialmente relevante, por, por ejemplo, los altos niveles de deforestación de Argentina. En 2023 se deforestaron 126.000 hectáreas de tierra (aproximadamente 176.470 campos de fútbol) en el norte del país, que es la zona más afectada a nivel nacional según un informe de Greenpeace.
El Código Penal argentino, sancionado en 1921, no hace referencia directa al medioambiente. El código sólo castiga la degradación de la naturaleza a través del derecho de propiedad. Por ejemplo, si una persona provoca un incendio forestal que daña la propiedad o causa muertes, puede recibir hasta 10 años de prisión. No hay nada en la legislación argentina que aborde el daño a los ecosistemas.
Para Facundo Ríos, abogado y profesor de derecho de los recursos naturales y protección del medioambiente de la Universidad de Buenos Aires, tanto en su país como en el resto del mundo todavía no hay “una mirada holística” del tema ambiental. “Argentina es un país con mucha retórica y con poca acción. Hay muy buenos proyectos de ley, varios en discusión en el Congreso, pero hay poco consenso político para que avancen”, explicó.
Desafíos a futuro
Año tras año, los delitos medioambientales en América Latina -en particular la deforestación ilegal- representan un grave problema. Como se cita en el estudio del CMI, en 2017 se estimó que entre el 50% y el 90% de la madera exportada desde América Latina era de origen ilegal. Además, un informe de 2020 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional estableció vínculos entre la deforestación ilegal en México y grupos internacionales de narcotraficantes.
Debido a la rica biodiversidad de la región, los delitos contra la fauna y la flora silvestres -captura, comercio, contrabando, caza furtiva o recolección ilegal de especies amenazadas- son otro problema importante. Costa Rica, por ejemplo, registró cerca de 354 animales confiscados en los primeros seis meses de 2019. Ese mismo año, 20 países latinoamericanos adoptaron la Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre y se comprometieron a adoptar medidas destinadas a frenar los delitos contra la fauna y la flora.
El vertido y transporte ilegal de residuos peligrosos también afecta a esta parte del mundo: el informe del CMI describe a América Latina como destino de los residuos tóxicos de los países desarrollados. En cuanto a la minería ilegal, la Amazonía se considera un punto caliente: hasta 2020 se habían documentado más de 2.300 yacimientos en seis países amazónicos. El informe del CMI advierte un “fuerte vínculo” entre la minería ilegal y los grupos de delincuencia organizada en América Latina.
Aunque la nueva normativa medioambiental es una buena noticia, la magnitud de los problemas que debe abordar sugiere que la región se enfrentará a muchos retos a la hora de aplicar los nuevos marcos jurídicos. La promulgación y aplicación de estas leyes exigirá, por ejemplo, garantizar una financiación adecuada y enfrentar la resistencia del mundo empresarial.
Al respecto, Costa afirmó que, frente al avance legislativo de Chile en la materia, ha existido “un cierto resquemor” por parte de algunas actividades económicas por lo que esto podría significar para sus actividades. Lo mismo ocurrió en Uruguay, sostuvo el abogado Marcelo Cousillas, director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente uruguayo, quien sin embargo consideró que mejorar la normativa ambiental pone a un país en una situación privilegiada. “Las exportaciones y los inversores buscan lugares que también ofrezcan garantías ambientales”, sostuvo. Diálogo Chino (https://acortar.link/B5sQMZ)
 
 
 
 
 
LITIO: ¿ESTA VEZ SEREMOS PATRIA O NUEVAMENTE COLONIA?
 
Pese a contar junto a Bolivia y Chile con la mayor reserva mundial de litio, el elemento químico medular de la próxima fase de la revolución tecnológica, Argentina -salvo proyectos muy puntuales- está exportando materia prima y comprando productos (con litio) elaborados en el extranjero. Cualquier similitud con nuestra historia de subdesarrollo, no es una mera coincidencia
 
90 LINEAS DE ARGENTINA (https://acortar.link/gGDfPq)
 
Litio. El “oro blanco”. El elemento que hoy quiere el primer mundo para continuar liderando el desarrollo tecnológico tiene su mayor reserva planetaria allí donde se encuentran Argentina, Bolivia y Chile. Sin embargo, el país sólo exporta carbonato de litio y compra productos con litio elaborados en el extranjero (salvo honrosas excepciones, como la fábrica de baterías de litio que crearon Y-TEC y la UNLP y otros proyectos puntuales). ¿Estamos repitiendo la historia del granero del mundo, cuando se vendían granos y carnes en estado puro y no se utilizaban sus enormes ganancias para industrializar la nación y mejorar sustancialmente el nivel de vida del pueblo? Lamentablemente, sí.
A mediado del años pasado, la ahora ex-secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, había ratificado el trabajo para definir un proyecto de ley que promueve la industrialización del litio al afirmar que el país se enfrenta a una definición en torno a «extractivismo o industrialización», para acompañar la demanda mundial que surge del proceso de transición energética.
«El objetivo de la iniciativa es torcer la inercia de las reglas de juego vigentes. De lo contrario se cristalizará un extractivismo que profundizará la primarización de las exportaciones”, sentenció en ese momento la funcionaria durante una reunión sobre el desarrollo de vectores productivos estratégicos realizada en la Casa Rosada.
En ese contexto, 90lineas.com rescató y actualizó una entrevista en profundidad que en marzo de 2021 le realizó, sobre este tema crucial para el futuro argentino, a uno de los científicos que más sabe sobre el tema en el país, el ingeniero Guillermo Garaventta, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) en el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y en la Facultad de Ingeniería de la UNLP.
El responsable de las baterías de litio de todos los vehículos eléctricos que desarrolló la unidad académica de 1 y 47 -la moto, el triciclo, el automóvil, la camioneta para la Municipalidad de Tapalqué, el pequeño micro que transporta alumnos y docentes entre facultades, el colectivo de la Línea Oeste-, y que trabajó en los cohetes Vex 1B y Vex 5A, proyectos de la Nación en los que participó activamente el departamento de aeronáutica de Ingeniería, aseguró que “son tantas y tan variadas las aplicaciones del litio, las que además adicionan un extraordinario valor agregado, que sólo se debería planificarlas y ejecutarlas”.
Pero advirtió que para ello “es imperativo terminar con nuestra realidad política pendular. No importa qué esfuerzo haga un gobierno para llevar adelante un proceso sobre el litio o cualquier otra estrategia, si luego viene otro gobierno que destroza lo que se hizo”.
Aseveró que cada emprendimiento relacionado al litio generaría miles de puestos de trabajo cualificados, lo cual obligaría a los centros de estudios a capacitar los recursos humanos.
«Si el país decide tomar las riendas de la extracción de sus recursos naturales debe hacerlo con la máxima responsabilidad ambiental, y sentando a la mesa de decisión a los pueblos originarios» (Ingeniero Guillermo Garaventta)
También se refirió a que no existe proceso de extracción con impacto ambiental cero, de manera tal que si el país “decide tomar las riendas de la extracción de sus recursos naturales debe hacerlo con la máxima responsabilidad ambiental” y “sentando a la mesa de decisión a los pueblos originarios”.
La entrevista
—¿Dónde se encuentra la mayor reserva de litio del mundo?
El litio se encuentra presente en casi toda la corteza terrestre, pero sólo en algunos lugares del planeta es relativamente fácil y mucho más económico extraerlo. Esos lugares son los salares, donde este elemento químico se encuentra como salmuera. En Argentina, Bolivia y Chile contamos con el 85% de las reservas de litio del mundo en salares, lo que implica un 60% del litio total del planeta.
—¿Cuán demandado es ese elemento hoy en el mundo?
El litio, si bien se lo conoce desde hace ya cientos de años, no fue hasta la segunda guerra mundial cuando comienza a impactar, mediante la mejora que se logra cuando se lo agrega a las grasas lubricantes (grasas de litio). Actualmente se lo utiliza en varios productos, tales como vidrios, aluminio, filtros de CO2, en rectores nucleares, en pilas y baterías, en cerámicos, y un largo etcétera. Hoy en día, por la producción de celulares y autos eléctricos puros, ha pasado a ser conocido por toda la gente. En resumen, en cada aplicación donde se lo utiliza agrega un valor extraordinario al producto al cual se lo incorpora, por lo que es muy pero muy atractivo y necesario poseerlo. Es por ese motivo que la demanda ha aumentado enormemente. Y se ha convertido en un elemento estratégico dado que, además, genera vulnerabilidad en aquellos países con desarrollo tecnológico en todos sus usos, pero que no cuentan con él.
Hoy, salvo proyectos puntuales, exportamos carbonato de litio y, a cambio, compramos todos los productos que contienen el litio pero con el valor agregado incorporado en el extranjero. Es la misma ecuación del granero del mundo: exportación de materia prima y compra de productos elaborados, sacrificando el desarrollo industrial nacional y el trabajo cualificado argentino
—¿Qué hace Argentina con el litio? ¿En qué medida explota sus reservas?
Argentina no explota directamente el litio. Hoy, todos los emprendimientos de extracción de litio están en manos de extranjeros. Ellos realizan la extracción y llegan hasta el carbonato de litio, que es la materia prima necesaria para producir uno de los electrodos de las baterías. En Jujuy y un par de provincias más hay una cierta participación del Estado en las regalías, pero es ínfima. Ese porcentaje se cobra en carbonato de litio para poder hacer desarrollos nacionales. Sin embargo, el carbonato que se produce en esas provincias no es el de grado batería, es de grado industrial, por lo que no sirve para aplicarlo a la construcción de electrodos nacionales. ¿Qué cosa, no? En definitiva, lo que le queda al país es IIBB (ingresos brutos), ganancias, sueldos, etcétera, es decir, lo que aplica a cualquier empresa que opera en nuestra nación.
—¿Cómo podría utilizarse ese elemento para aportar al desarrollo industrial argentino?
Son tantas y tan variadas las aplicaciones del litio, las que además adicionan un extraordinario valor agregado, que sólo se deberían planificar rumbos de aplicación y ejecutarlos.
Por ejemplo, si hacemos autos eléctricos necesitamos construir las pilas para luego armar las baterías, sobre la base de un proyecto integral con prevalencia de manejo estatal (51%, asociación cooperativa).
Otro ejemplo. En la Argentina se fabrica aluminio para ventanas, pero si lo procesamos con litio lo convertimos en un aluminio de uso espacial que vale 20 veces más. En un país que debe continuar con su plan espacial y el de accesos al espacio (lanzadores), sería bueno no comprar más al extranjero ese aluminio y fabricarlo aquí.
Y así se podría pensar en todas las aplicaciones posibles y elegir las más estratégicas y competitivas.
Es momento de tomar decisiones sobre nuestras riquezas naturales para que impacten en la generación de empleo y, por ende, en un aumento de la calidad de vida del pueblo
—¿En qué medida se generaría trabajo argentino cualificado?
En base a lo dicho anteriormente, cada emprendimiento relacionado al litio impactará en miles de empleos de gran variedad y calidad, exigiendo a las unidades de formación los recursos humanos calificados que permitan acompañar ese crecimiento.
Es momento de tomar decisiones sobre nuestras riquezas naturales para que impacten en la generación de empleo y, por ende, en un aumento de la calidad de vida del pueblo.
—¿Se podría establecer un paralelismo entre la histórica exportación de materia prima de origen agrícola-ganadero, sin utilizar sus ganancias para industrializar al país, y lo que está ocurriendo con el litio?
Así es, es la misma ecuación. Se van cuantiosos recursos sin procesar, se llevan además los desechos del procesamiento con la excusa de que supuestamente no sirven y contaminan, cuando en realidad lo hacen para llevarse elementos químicos adicionales. En fin, regalamos algo muy valioso por nada.
Es imperativo terminar con nuestra realidad política pendular. No importa qué esfuerzo haga un gobierno para llevar adelante un proceso sobre el litio o cualquier otra estrategia, si luego viene otro que destroza lo que se hizo
—¿Cómo se está trabajando para cambiar las cosas? ¿Se está haciendo algo? ¿Hay proyectos concretos a mediano y largo plazo?
Se está trabajando desde varios lugares para cambiar las cosas. Por caso, la fábrica de baterías de litio de Y-TEC y la UNLP en nuestra región y otros proyectos puntuales; hay proyectos sobre cuestiones de electromovilidad. Pero lo más importante es tomar consciencia de que, para que todo lo dicho sobre las potencialidades del litio, con su gran valor agregado, pueda implementarse de alguna manera en la Argentina, es imperativo terminar con nuestra realidad política pendular. Si no hacemos funcionar verdaderas políticas de Estado, estaremos condenados para siempre. No importa qué esfuerzo haga un gobierno para llevar adelante un proceso sobre el litio o cualquier otra estrategia, si luego viene otro gobierno que destroza lo que se hizo. Generar un proceso lleva años; destrozarlo, meses; y recuperarlo, decenas de años. Eso el mundo lo sabe, y para eso trabajan. El mundo tecnológico no quiere más países desarrollados.
Por último, quiero decir que todo proceso de extracción tiene su costo ambiental. Nada tiene impacto cero. Si Argentina toma las riendas de la extracción de sus recursos naturales, debe hacerlo con la máxima responsabilidad ambiental y respetando las necesidades de los pueblos originarios, los cuales deben estar en la mesa de decisión (tema candente si los hay a raíz del grave conflicto en Jujuy).
Y en el caso de que no se logre concretar la fabricación de pilas de litio nacionales, sería bueno asumir el compromiso de, al menos, realizar la extracción y procesamiento del carbonato de tal manera de guardarlo y convertirlo en una reserva de respaldo para la emisión de moneda.
 
 
 
 
 
INFORMES REVELAN QUE LA DEA USÓ CRIMINALES PARA ESPIAR Y DESESTABILIZAR A VENEZUELA, MÉXICO Y BOLIVIA
 
Venezuela News (https://acortar.link/bkibjR)
 
Los principales medios de comunicación informaron en numerosas ocasiones que el Gobierno de Estados Unidos ha usado a la Agencia Antidrogas (DEA) para llevar a cabo conspiraciones y desestabilizar con el fin de derrocar a los gobiernos de izquierda de Venezuela, Bolivia y México.
En su extenso informe, el experto en geopolítica, Ben Norton, expuso que los programas de intervención de la DEA han tenido como objetivo al presidente Nicolás Maduro, al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Para llevar a cabo sus planes, la organización estadounidense colaboró con narcotraficantes y blanqueadores de dinero. Esto, con el objetivo de ejecutar operaciones encubiertas contra los líderes antes mencionados.
Conspiraciones de la DEA en Venezuela
Según Associated Press (AP) el pasado mes de febrero que la DEA “envió agentes encubiertos a Venezuela para documentar y construir en secreto casos de narcotráfico contra los líderes del país“.
La operación, conocida como Money Badger, la lanzaron en 2013. La finalidad era secuestrar a altos funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en un escándalo de corrupción.
En ese sentido, la agencia estadounidense reveló que la DEA “autorizó transferencias electrónicas ilegales a través de empresas de fachada y cuentas bancarias estadounidenses“. Igualmente, agregó que en dichas operaciones estaban implicados “narcotraficantes colombianos“.
En ese sentido, el Gobierno de Venezuela, en vista de las claras violaciones a su soberanía, expulsó a representantes de la agencia antidrogas. Según Associated Press, el propio gobierno estadounidense reconoció que esta actividad viola el derecho internacional.
Asimismo, la agencia de noticias citó a un exfuncionario de la DEA que trabajó en Venezuela diciendo: “No nos gusta decirlo públicamente pero, de hecho, somos la policía del mundo“.
Cabe acotar que la operación Money Badger comenzó bajo el mandato de Barack Obama, pero se amplió con el presidente Donald Trump. Posteriormente, la administración Trump lideró un intento de golpe de Estado en 2019, con el que también apoyó a Juan Guaidó.
Operación Gedeón en 2020
EEUU, también llevó a cabo la Operación Gedeón en 2020. Un plan de desestabilización que frustró el Gobierno bolivariano. De hecho, más adelante, uno de los involucrados en el intento de golpe de Estado, reveló que estaban asociados con la CIA.
Sin embargo, tal como reza el informe de Norton, Trump admitió que ejecutó planes para debilitar la economía venezolana.
En ese contexto, una vez que sale de la presidencia, Trump señaló:  “Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Lo habríamos tomado; hubiésemos llegado a todo ese petróleo; hubiera sido justo al lado”.
Una opinión que secundó su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien en una entrevista de 2022 con CNN aseveró que “ayudó a planificar golpes de Estado” en Venezuela y “otros lugares”.
Conspiraciones de la DEA en Bolivia
De acuerdo con los documentos citados por Norton en su trabajo periodístico, la DEA usó delincuentes para desestabilizar los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de López Obrador en México.
En 2008, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expulsó a la DEA tras acusarlos de espionaje político y de financiar a grupos de oposición que recurrieron a la violencia. En ese momento, EEUU rechazó las acusaciones.
No obstante, más tarde, se reveló que la DEA efectivamente estuvo espiando a Morales. Esto, como parte de una operación secreta llamada “Operación Rey Desnudo“.
Asimismo, la agencia antidrogas justificó su intromisión acusando a Morales de apoyar el narcotráfico al legalizar la producción de coca. Un tipo de cultivo importante para algunos agricultores indígenas de Bolivia.
Norton expone en su artículo que estudios posteriores de Vice News encontraron, en 2016, que en la presidencia de Morales hubo menos violencia, y presencia de sustancias ilícitas en la nación andina con la legalización de la coca. De manera, que el exmandatario boliviano criticó el doble rasero de la DEA, que en 1992, compró 45 mil kilos de coca.
Morales condenó, más adelante, la “sumisión” del gobierno de Jeanine Áñez a la DEA y la CIA para beneficiar intereses estadounidenses.
En 2019, Evo Morales fue derrocado mediante un violento golpe de Estado con apoyo de EEUU. Poniendo a la cabeza del nuevo régimen a Áñez. Además, un gobierno de extrema derecha que causó la muerte a decenas de indígenas, durante las protestas en contra del régimen establecido.
“Para la CIA y la DEA la llamada ‘guerra contra las drogas’ es una excusa para atacar a los gobiernos progresistas y antiimperialistas. Es una pantalla para tapar sus intereses geopolíticos”, aseguró Morales en 2021.
Conspiraciones de la DEA en México
La DEA también se ha visto involucrada, repetidamente, en operaciones de espionaje ilegal en México, dirigidas a funcionarios y políticos de izquierda, afirmó Norton.
Norton citó un artículo de ProPublica donde se insinúa, sin pruebas, que, aliados de AMLO recibieron dinero de cárteles en 2006.
Aunque, el periodista estadounidense residente en México, Kurt Hackbarth, señaló que “la única revelación real en el artículo de ProPublica de esta semana es el complot de la DEA para incriminar la campaña de AMLO en el período previo a las elecciones de 2012”.
En 2011, la DEA propuso una operación encubierta para incriminar la campaña de AMLO con 5 millones de dólares, intentando interferir en las elecciones de 2012.
Calderón, aliado de EEUU, no enfrentó consecuencias por sus vínculos con cárteles, a diferencia del actual presidente de México, que es crítico de la intromisión estadounidense.
En un hilo de Twitter, Hackbarth enfatizó: “Tomemos un segundo y apreciemos las implicaciones de esto. En el preciso momento en que el Ministro de Seguridad de Felipe Calderón, Genero García Luna, estaba en connivencia con el Cartel de Sinaloa –que la DEA no vio ni escuchó nada malo–, se concentraron en esta estúpida operación encubierta contra AMLO”.
López Obrador, el año pasado, condenó formalmente el intervencionismo de USAID. Acusando a la organización de financiar a grupos de derecha para desestabilizar el país. También denunció a congresistas republicanos que piden invadir su país, irrespetando la soberanía e independencia mexicana.
 
 
 
 
 
LA CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA, 15 AÑOS VULNERADA
 
El Comentario de México (https://acortar.link/SgStsD)
 
La Constitución de Bolivia cumplió 15 años de vigencia sin haber logrado resolver las fracturas sociales y políticas que impulsaron su aprobación, con un país aún más polarizado y vulneraciones a conceptos como la separación de poderes o la democracia participativa.
El 7 de febrero de 2009, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) promulgó la Constitución en un acto multitudinario, tras su aprobación con un 61.4% en un referendo celebrado 2 semanas antes.
La nueva norma, que reemplazó a la que estuvo vigente desde 1967, supuso, según las entonces autoridades, la refundación del país como un Estado Plurinacional.
Entre otros aspectos, el texto constitucional asignó cuotas de parlamentarios indígenas, reconoció como oficiales los idiomas de las 36 naciones originarias y el castellano, consagró a la hoja de coca como “patrimonio cultural” y estableció el “modelo económico social y comunitario” con un fuerte protagonismo del Estado.
También introdujo los referéndums, la elección por voto popular cada 6 años de los magistrados del órgano Judicial y la figura de la segunda vuelta electoral, además de establecer que el presidente y vicepresidente pueden ser reelectos de manera continua “por una sola vez”.
Fruto de la crisis
La Constitución boliviana fue “fruto de una crisis política y social muy profunda” ocurrida a principios de los años 2000, que incluyó revueltas sociales contra la privatización del agua y la exportación del gas natural, y el reclamo indígena de un mayor protagonismo, dijo el especialista en autonomías Fabián Yaksic.
Esta crisis provocó la debacle del sistema de partidos tradicionales en el país, lo que, a su juicio, fue capitalizado por Morales y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para llegar al poder.
Yaksic, que fue viceministro de Descentralización en la primera gestión de Morales, recordó las dificultades que tuvo la Asamblea Constituyente, instalada en agosto de 2006 en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y que terminó de sesionar en la ciudad andina de Oruro en diciembre de 2007.
El MAS tenía la mayoría en la Constituyente, pero no los 2 tercios de voto para aprobar la nueva carta magna, que finalmente se aprobó en ausencia de la oposición, provocando otro conflicto que se tuvo que resolver en el Parlamento nacional mediante un acuerdo político para corregir un centenar de artículos.
Heridas abiertas
Yaksic identificó 4 “clivajes” o “escisiones” en la sociedad boliviana que surgieron durante el debate constitucional: el institucional democrático, el económico productivo, el cultural y el territorial, que “continúan polarizando” al país.
Para el experto, uno de los grandes problemas fue la consigna “Estado plurinacional versus República”, porque si bien la palabra plurinacional se menciona en 128 acápites de la Constitución, “en ninguna parte define exactamente qué es esto” y lo redujo a ser el apellido de 3 instituciones: El Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral.
“A 15 años, no se ha resuelto este entuerto porque el Estado Plurinacional para algunos no ha terminado, ni iniciado en su construcción” y al enfrentarse a la República, “se ha vaciado de contenido democrático”, afirmó.
También consideró que la Constitución “es buenísima en el texto”, ya que habla de “independencia de los poderes” y de una justicia “no subordinada”, pero desde su vigencia “se fue en contrarruta de todo esto” porque el Gobierno del MAS se dedicó a “violar permanentemente” la carta magna.
Como cuando Evo Morales desconoció los resultados del referéndum que le negó la posibilidad de volver a postular en las elecciones de 2019 y se valió de un fallo constitucional para hacerlo, mencionó.
También cuestionó la sobredimensión de lo indígena en la Constitución “sin sustento o contenido”, lo que hizo que los pueblos indígenas, sobre todo los minoritarios, sean “los menos beneficiados” de su implementación y, además, ahora deban disputar sus propios territorios con los campesinos llamados interculturales que emigran desde otras regiones.
La novedad es que “quien polariza” ahora ya no es sólo la “esmirriada” oposición, sino que “tenemos un fraccionamiento al interior del propio MAS”, añadió.
A su juicio, si bien no hay condiciones para una nueva constituyente, asuntos pendientes como la crisis crónica judicial podrían resolverse con reformas parciales mediante los referéndums.
 
 
 
 
 
LA HAYA, BOLIVIA Y EL PRESIDENTE PIÑERA
 
Radio Bio Bio de Chile (https://acortar.link/0sojuL)
 
Durante los mandatos del Presidente Sebastián Piñera, fueron numerosas las actividades internacionales que serán recordadas. Pero hay una en su segundo período, de particular importancia, que quisiera destacar.
El 1º de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dictó sentencia sobre la demanda de Bolivia por un acceso al Océano Pacífico.
La recibimos con alegría y alivio. Alegría, porque 5 años de pleito áspero y de mucha tensión, concluyó con un total triunfo de la posición chilena. Alivio, porque tantas especulaciones sobre el desempeño de la Corte, quedaron desvirtuadas. No es fácil obtener una decisión así de clara, con innegables consecuencias para la relación bilateral. Es definitiva e inapelable, pues emana del órgano judicial principal de Naciones Unidas.
Evo Morales fue particularmente agresivo, demandándonos cuando todavía teníamos el juicio con Perú, realizando giras por varios países, y repartiendo publicaciones ofensivas. En un twitter afirmó: “Antofagasta es de Bolivia. Nuestro deber es recuperarla”. Teníamos un nuevo caso donde no había mayores esperanzas. Se discutía si convenía seguir en el Pacto de Bogotá, que daba competencia a la Corte, y hasta se planteó retirarnos del tribunal, o ni siquiera comparecer, y hasta abandonar la ONU.
El tema se complicó, pues la Corte no aceptó nuestra excepción preliminar de incompetencia, y el juicio siguió. Se presumía que la Corte fallaba políticamente o de manera salomónica. Evo asistió, y por primera vez lo hacía un Presidente en ejercicio. Festejó que la Corte “les había devuelto el mar”, y el jefe de sus abogados, el español Ramiro Bretons, lloró ante la prensa (suele ser teatral), a la salida del tribunal, pues se hacía justicia con la causa de Bolivia.
El Presidente Piñera no se dejó impresionar. Los tres sucesivos agentes de Chile, mantuvieron la misma línea de defensa, afirmándose en lo jurídico y no tentándose por utilizar recursos políticos o publicitarios. Eso sí, ante el desánimo, pocos advirtieron que el juicio principal no era el mismo.
La incompetencia perdida, no obstante, redujo el caso a si “Chile tenía la obligación de negociar un acceso al Pacífico con Bolivia, de buena fe, y si había faltado a esa obligación”. Se eliminaron las urgentes y conminatorias exigencias bolivianas. Además, no se precisó en qué consistía la obligación, y los agentes bolivianos no lo explicaron claramente.
En los alegatos, punto a punto se respondió a la demanda, y por primera vez se utilizó ante la Corte un twitter, el de Evo. Pero faltaba la sentencia. Por supuesto, Evo confiado, volvió a estar presente. Pero esta vez no pudo festejar, y se fue hundiendo en su asiento mientras era leída.
En resumen, la sentencia no acogió ninguno de los argumentos de Bolivia. Un fallo trascendente que se debe recordar.
En términos deportivos, se decía que Chile ganó 8 a 0, y el Presidente Piñera, debió encarar vaticinios agoreros y críticas por no asistir a la sentencia, o ir acompañado por Ex Presidentes que tuvieron previa participación. Hubo prudencia sin estridencias, pues la asistencia de autoridades de las partes, en nada incide. En su caso, Evo lo apostó todo, y perdió.
La Corte aplicó el Derecho Internacional. Los Jueces son elegidos políticamente en votaciones simultáneas de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Hasta ahí llega ese factor. Al asumir, se comprometen a aplicar sólo el Derecho en sus sentencias. Su jurisprudencia es una de sus fuentes auxiliares. El Presidente Piñera confió en ello, y nuestros agentes, abogados y asesores, lo secundaron con enorme eficiencia.
Ha sido uno de los pleitos más difíciles para Chile, por una disputa que duró 130 años. Hoy es un caso definitivamente resuelto, y le correspondió al Presidente Piñera actuar con firmeza y decisión, como era habitual, y nos consta a quienes integramos el Consejo de Política Exterior durante los Cancilleres Ribera y Allamand, que transmitían las instrucciones presidenciales, siempre precisas y fundadas.
 
 
 
 
 
EMPEORAN LAS CONDICIONES LABORALES EN BOLIVIA
 
Los precios de vivienda, alquiler, alimentación y otros elementos de la canasta familiar han incrementado considerablemente
 
Periódico La Esperanza de España (https://acortar.link/3Da2rm)
 
La situación laboral de los bolivianos empeoró durante los últimos años. Existen testimonios de personas que renunciaron a un empleo dependiente en el citado país sudamericano y optaron por uno independiente y les fue mejor.
Uno de los entrevistados en el reportaje aseguró: «Yo debería ganar más de Bs 10.000, pero las empresas solo ofrecen llorando Bs 6.000». Como referencia para nuestros lectores, 1 dólar vale aproximadamente 7 bolivianos al tipo de cambio actual.
Los especialistas argumentan que los incrementos nominales del salario mínimo dictados por el gobierno del Movimiento Al Socialismo solo benefician al 30% de la fuerza laboral. Según señalan datos recopilados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior a partir del Instituto Nacional de Estadísticas, hasta junio de 2023, el salario nominal en el sector privado alcanzó los Bs 5.001, pero el real fue de Bs 1.574. El salario nominal es la cantidad de dinero que se paga a un empleado por realizar sus tareas en un día laboral normal. Ese es el que se registra en la nómina (lista de empleados) de la empresa.
Por otro lado, el salario real se refiere a las necesidades básicas y servicios a los cuales el empleado realmente puede acceder con ese sueldo. De 2005 a 2023, en el sector privado se incrementó el sueldo nominal de Bs 2.333 a Bs 5.001, un 114,36%. No obstante, el sueldo real en 18 años aumentó tan solo en un 1,35%, pues pasó de Bs 1.553 a Bs 1.574. En otras palabras, lo que verdaderamente la gente puede conseguir con el dinero es muy poco, menos de lo que debería.
En 2005, el salario mínimo nacional alcanzó los a Bs 440, mientras que llegó a los Bs 2.362 el año pasado. Del 100% de la fuerza laboral boliviana, más del 80% depende de su propio esfuerzo para generar ingresos.
Los precios de vivienda, alquiler, alimentación y otros elementos de la canasta familiar han incrementado considerablemente. Por si fuera poco, las empresas tratan de camuflar la precariedad laboral mediante contratos por consultoría, lo cual implica trabajos temporales y con ingresos que incluso no llegan al salario mínimo.
 
 
 
 
 
EL ALCALDE DE TORRE PACHECO RECIBE AL VICECÓNSUL DE BOLIVIA
 
Torre de Pacheco, España (https://acortar.link/tvOQXw)
 
El Alcalde de Torre Pacheco recibe en el consistorio al vicecónsul de Bolivia con el objeto de fortalecer vínculos entre ambas administraciones.
El municipio cuenta con una amplia colonia de bolivianos que residen y trabajan en él.
El alcalde Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, recibió en el Ayuntamiento al vicecónsul de Bolivia en Murcia, Christian Álvarez, en un encuentro para fortalecer los vínculos entre ambas administraciones.
Pedro Ángel Roca le dio la bienvenida y recordó que la relación entre los ciudadanos de Torre Pacheco y Bolivia data de muchos años atrás, ya que el municipio cuenta con una amplia colonia de bolivianos que están totalmente integrados, muchos de ellos incluso ya cuentan con la doble nacionalidad.
Por su parte, el vicecónsul de Bolivia se mostró contento de poder mantener este encuentro, que sirve para fortalecer las relaciones y trabajar de una forma conjunta para velar por los compatriotas que residen en el municipio.
Más de un centenar de bolivianos residen en la localidad pachequera, siendo Murcia capital la que mayor cifra alberga.
 
 
 
 
 
ARGENTINA INTENTA NUEVAMENTE LICITAR OBRAS DEL GASODUCTO NORTE
 
Escenario Mundial Org. https://acortar.link/9Cf9Js)
 
Argentina ha puesto en marcha dos nuevas licitaciones dentro del marco del proyecto Gasoducto Norte, con el propósito de fomentar la inversión en infraestructura energética. Esta acción se produce en un contexto en el que las expectativas de concluir la iniciativa de US$710 millones hacia mediados de año, según el plan original, están disminuyendo.
El proyecto Gasoducto Norte, respaldado hasta el momento con hasta US$540 millones del banco de desarrollo regional CAF, reviste una importancia crucial en los planes de Argentina para reducir su dependencia de las cada vez menores importaciones de gas boliviano. Este proyecto apunta a facilitar el transporte de gas desde la cuenca Neuquén hacia el norte del país, donde se encuentra una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales, Vaca Muerta, que impulsa el crecimiento de la producción nacional de gas.
Las nuevas licitaciones fueron lanzadas después de que la empresa estatal Energía Argentina descartara una licitación anterior debido a que las ofertas presentadas excedían significativamente el presupuesto oficial. Una de las licitaciones se refiere a la ingeniería y construcción de ductos, así como al suministro de tuberías, con fecha límite para la presentación de ofertas el 26 de febrero. La otra licitación es para los trabajos de una estación de compresión de gas, con fecha límite para las ofertas el 11 de marzo.
El año pasado, tres empresas fueron calificadas para participar en estas licitaciones: Pumpco, BTU y Techint – Sacde. Recientemente, funcionarios de Energía Argentina firmaron contratos con Techint-Sacde para dos de los lotes ofrecidos.
En otro contexto, ante la posible demora en la finalización de las obras del Gasoducto Norte, la transportadora de gas TGN ha propuesto una solución temporal para facilitar el transporte de gas desde Neuquén hasta la provincia de Salta a partir de julio o agosto. Esta solución implicaría ajustes manuales en la dirección del flujo en dos plantas compresoras y estaría sujeta a la finalización de ciertos enlaces y circuitos planificados.
En cuanto a las importaciones de gas desde Bolivia, el suministro firmado se extiende hasta junio de 2024, después de lo cual se convertiría en interrumpible. Argentina importa gas boliviano principalmente a través del Gasoducto de Integración Juana Azurduy, que abastece a la provincia de Salta. Sin embargo, las importaciones han disminuido debido a la caída en la producción de gas boliviana.
Argentina ha estado trabajando para reducir su dependencia de las importaciones de gas mediante el desarrollo de su producción nacional, especialmente en la región de Vaca Muerta. Además, se están explorando proyectos de gas natural licuado (GNL) en colaboración con empresas locales y extranjeras, como YPF y Petronas, respectivamente, como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la infraestructura energética del país.