ARGENTINOS CRUZAN A BOLIVIA PARA COMPRAR PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD MÁS BARATOS

Arroz y azúcar son los productos más requeridos por la población argentina fronteriza en Bolivia. Ante la inflación, la diferencia de precios es importante. 

Frente a la inflación, el ajuste y el congelamiento de salarios del gobierno de Javier Milei, hay argentinos y argentinas que cruzan la frontera en Salvador Mazza a Pocitos y Yacuiba, Bolivia, para comprar productos de primera necesidad a mejor precio.
El representante de la Cámara de Comercio de Salvador Mazza, Manuel Pieve, contó a Salta/12 que el consumo disminuyó al menos un 50% en esa localidad. Según indicó, los argentinos se cruzan a comprar al vecino país sobre todo arroz y azúcar, de producción boliviana, porque la diferencia de precios es bastante importante y oscila entre un 30% y 40%.
"El vecino de la frontera, va a comprar de a kilo", indicó Pieve, para consumo familiar. "Ése es el mercado. No estamos hablando de grandes cantidades", precisó.
Respecto a las ventas en la localidad, "estamos a un 50% de lo que venía siendo en noviembre. Es bastante normal en estas épocas. Nosotros tenemos como parámetro en muchos productos el Carnaval, (cuando) termina, una semana o dos después empezamos a trabajar todos los años, se empieza a nivelar el mercado. A eso tenés que sumarle que en el gobierno nuestro hubo un cambio de timón en la parte económica, con distinta forma de pensar", señaló.
Ante la devaluación del peso argentino, el representante de la Cámara de Comercio mencionó otro factor con incidencia en el comercio de frontera, que es la cotización del dólar en Bolivia a 6.97 el oficial y un dólar blue que hasta el viernes estaba a 8.10. "Se conjugan un montón de cosas", explicó.
Pieve también consideró que las familias priorizan unos consumos sobre otros, "hay una parte del comercio, por ejemplo, los que venden colchones, frazadas o cosas así de una tienda, que venden mucho menos porque la gente está pensando en los chicos de la escuela, estamos atravesando toda esta etapa".
Asimismo, Pieve consideró que el congelamiento de salarios también influye en la disminución de ventas. "Hay cosas que no se pueden consumir, no se pueden comprar. Se tendría que normalizar un poco porque hoy pagar un agua a $1200 pesos, más que un litro de combustible, no es lo que tiene que ser y la comprás en una góndola, si la compramos fría o en algún otro lugar cuesta hasta $1600 y no sólo aquí en la frontera, en Salta (Capital) es exactamente lo mismo", manifestó.
"Está todo muy complicado, por eso es que nosotros le pedimos mayormente a los comerciantes, sobre todo chicos y medianos, un poco de paciencia porque no tenemos otra salida, más que esperar que la gente vuelva a retomar el cauce normal, porque la gente así no va a vivir con estos sueldos, pero todos confiamos que esto se va a ir solucionando", dijo Pieve.
En una nota de El País de Bolivia, Luis Cruz, un vendedor de alimentos en Salvador Mazza, afirmó tener amistades que llevan paquetes de arroz, azúcar y fideo más allá de la zona de frontera, a Aguaray o Tartagal, distantes a 23 y 52 kilómetros de la frontera, respectivamente, poblaciones donde los productos bolivianos están siendo demandados por el costo más barato en relación al argentino.
El paquete de 10 kilos de arroz argentino tiene un costo de $12.000, igual a 86 bolivianos. El arroz boliviano se vende en $7.000, equivalente a 50 bolivianos. Mientras que el paquete de 10 kilos de azúcar tiene un costo de $9.500, es decir, 68,5 bolivianos. Mientras que el kilo de azúcar boliviana al por mayor resulta en menos de 5 bolivianos.
“Otras cosas que están comprando en Bolivia son las bicis y los aires acondicionados. Tengo amigos que traen bicis, de esas montañeras de buena marca y las llevan hasta Salta a vender”, concluyó Cruz.
Pieve dijo que los argentinos también se cruzan a Bolivia y Paraguay para comprar  cubiertas, "a mitad de precio" que en este país.
Cierre de comercios
Según un relevamiento realizado entre la Cámara de Comercio y la municipalidad de Salvador Mazza, en la localidad hay alrededor de 1500 comerciantes, "entre grandes y chicos, ahí están contados desde un kiosko hasta un mayorista", señaló Pieve.
El comerciante señaló que en los últimos tres años se abrieron "muchísimos comercios", algunos "casi informales", por "un auge bárbaro, de una frontera que creció enormemente, ahora se empezaron a retirar algunos comercios que no estaban bien posicionados o con las inscripciones al día, ya no les conviene porque jugaban con el cambio del dólar", explicó.
Añladió que los comercios más "estables" de Salvador Mazza vienen "complicados" pero siguen trabajando.
"Esperando nuevos lineamientos"
"Muchos comerciantes somos exportadores también y resulta que no podemos hacer nada, no hay líneas claras de cómo se van a hacer las exportaciones, qué moneda vamos a manejar, si va a haber libre cambio o no, lo que prometió el gobierno que dicen para junio", manifestó Pieve.
El representante de la Cámara de Comercio de Salvador Mazza dijo que están "esperando nuevos lineamientos" y hay "bastante zozobra" respecto a la nueva reglamentación "para seguir trabajando".
"Teníamos una línea de trabajo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (de la Nación) y hoy no hay quien mande, no se ha nombrado a nadie todavía, desde el 10 de diciembre y ya estamos en febrero, no tenemos con quien hablar", aseveró.
Pieve y otros comerciantes de la zona exportan a Bolivia cereales, como trigo y maíz, harina y arroz.  "Traemos la mercadería del centro y noroeste del país", aclaró. Página 12 de Argentina (https://acortar.link/KsBC6K)
 
 
 
 
 
EL DÍA EN QUE CHILE SE EXPANDIÓ, DEJÓ SIN MAR A BOLIVIA E HIZO PERDER 20.000 KM2 A LA ARGENTINA
 
El 14 de febrero de 1879, 145 años atrás, Chile ocupó Antofagasta iniciando una guerra.
 
Cien Radios de Argentina (https://acortar.link/2m8IX9)
 
El 14 de febrero de 1879, 145 años atrás, Chile ocupó Antofagasta iniciando una guerra en la que la Argentina perdió 20.000 kilómetros cuadrados.
Es harto sabido que como consecuencia de la Segunda Guerra del Pacífico los bolivianos perdieron su salida al mar y quedaron condenados a la mediterraneidad tema sobre el que vienen reclamando sin éxito desde entonces sus diferentes gobiernos pero lo que es conocido por muy pocos es que, como otra consecuencia de la misma la Argentina perdió nada menos que 20.000 kilómetros cuadrados de la Punta de Atacama que ninguna de sus autoridades de turno, desde el en ese momento presidente Alejo Julio Argentino Roca hasta la fecha, reclamó.
El historiador argentino Ricardo Rodolfo Caillet-Bois fue de los pocos que profundizara el tema que se relaciona con el hecho de que Chile por un lado y Bolivia y Perú por el otro se enfrentaron dos veces en el Siglo XIX. Una, entre 1836 y 1839, conocida como “la Guerra de la Confederación” y la segunda, la mencionada, cuatro décadas después, cuando el primero de esos países se quedó con territorios de los otros y de la Argentina, como ya se ha dicho.
Los conflictos se originaron a raíz un decreto de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar del 28 de diciembre de 1825 con motivo de la independencia de Bolivia. “Quedará habitado, desde el primero de enero entrante por puerto mayor de estas provincias, con el nombre de Puerto La Mar, el de Cobija. Se arreglarán allí las oficinas pertenecientes a la hacienda pública”, estableció el Libertador. También Bolívar había solicitado a la Argentina que cediera parte de su territorio sobre el Pacífico para otorgarle una salida al mar a Bolivia cosa que se acordó a cambio de una zona mediterránea que tampoco los gobiernos argentinos ocuparon.
Chile, si bien no enfrentó a Bolívar, siempre mantuvo para sí la teoría del uti possidetis contra la del ius possidetis (posesiones por uso o derecho, según uno y otro caso). Así tras vencer a la Confederación Peruana-Boliviana liderada por el mariscal Andrés de Santa Cruz, en 1842, el presidente chileno Manuel Bulnes comenzó a reclamar como propias las reservas de guano y salitre de Coquimbo, Atacama y adyacencias. Atacama le había sido dada por Bolívar a la Argentina (que aún no la había ocupado) en canje por Tarija, lugar de los grandes yacimientos de gas.
Chile comenzó su avance, sobre todo desde que a mediados de los años 1850 su economía comenzó a sufrir problemas por el agotamiento del yacimiento de plata de Chañarcillo y la pérdida de mercados del Pacifico. Para ello contó con el gobierno corrupto del general boliviano Mariano Melgarejo que cedió la explotación de guano y salitre en las zonas en discusión a una firma chilena. Esta, a su vez, cedió sus derechos a otra británica por lo que no casualmente las bancas Barrington y Lloyds financiaron a Chile en la Guerra del Pacifico.
El gobierno boliviano siguiente se endureció y pareció decidido a ir a la guerra contra Chile para lo que busco una alianza con el Perú. Este país estaba enredado en un conflicto con Chile por la supremacía del comercio del Pacifico entre los puertos de El Callao y Valparaíso. En esas circunstancias España invadió las islas Chinchas, del Perú. Este país se rindió lo que hizo reaccionar a Chile. La escuadra española bombardeó entonces Valparaíso, motivando una guerra en la que participaron contra ella Chile, Perú, Bolivia y Ecuador que vencieron a España.
Así Chile desequilibró en su favor el poder en el Pacifico. Bolivia y Perú buscaron el apoyo argentino que les fue dado por el presidente Domingo Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, pero rechazado por el Senado que respondía mayoritariamente a los sectores probritánicos del anterior presidente Bartolomé Mitre. De esa manera el tratado de alianza militar de la Argentina con Bolivia y Perú firmado por Sarmiento fue rechazado en el Senado a pesar de algunas notables defensas del mismo como las de Dardo Rocha, el luego fundador de la ciudad de La Plata.
Ya Bolivia, con sus zigzagueos, había pactado, vía Melgarejo, con Chile la división de la Puna de Atacama, que Bolívar había entregado a la Argentina. Por ello, tras la guerra, Chile retuvo los 20.000 kilómetros cuadrados argentinos equivalentes a cuatro quintas partes de la Provincia de Tucumán. Una guerra en la que militó entre los combatientes argentinos que se sumaron a las tropas peruano-bolivianas el luego presidente Roque Sáenz Peña, herido en un combate.
Las concesiones incluyeron la explotación por parte de Chile de los territorios guaneros y salitreros de Bolivia. Muchos chilenos se volcaron en masa hacia esa zona al descubrirse el yacimiento de Caracoles lo que provocó la reacción boliviana.
Bolivia subió los impuestos a los chilenos. Chile ofreció devolver territorios a cambio de impuestos y concesiones. Aquella no acepto la propuesta, apoyada a desgano por Perú, por lo que el 14 de febrero Chile ocupo el puerto de Antofagasta, al que anexó. El primero de marzo Bolivia declaro la guerra a Chile y el 5 de abril ese país hizo lo propio con Bolivia y Perú.
Chile, en su victoria, impuso gravosas condiciones a sus vencidos, incluyendo indemnizaciones a ciudadanos particulares. Bolivia quedo condenada a la mediterraneidad y a la pérdida de recursos económicos de gran importancia. Perú, por su parte, perdió una provincia en lo inmediato y de hecho, a la postre, otras dos, y centralmente se quedó sin gran parte del negocio del guano. Aún hoy la cuestión de los límites marítimos chileno-peruanos forma parte de los intríngulis a resolver por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos.
 
 
 
 
 
ANIVERSARIO DE ANTOFAGASTA. 14 DE FEBRERO: EL COMIENZO DE UNA GUERRA ¿A QUIÉNES CONMEMORAR?
 
La clase obrera es una y sin fronteras, y la conmemoración del inicio de un conflicto armado que enfrentó a tres pueblos, por una guerra de rapiña para adueñarse de los bienes comunes naturales en la zona, es una buena ocasión para recordarlo.
 
Izquierda Diario de Chile (https://acortar.link/VD6mk9)
 
Hace 145 años, el 14 de febrero de 1879, Chile invadió la ciudad, por ese entonces boliviana, de Antofagasta. Fue cuando dio inicio a la llamada Guerra del Pacífico, en que tuvo lugar el conflicto armado entre Chile, Bolivia y Perú. Pero hubo otros dos contendientes en esta guerra: el imperialismo de Estados Unidos e Inglaterra, disputándose una entrada estratégica a nuestro continente.
Historiadores como Luis Vitale, proponen una mejor denominación, como la “Guerra del Salitre”. Pero para llegar a esa conclusión es vital contextualizar sucesos históricos que llevaron la disputa económica al terreno de las armas. En 1873 se iniciaba una gran crisis capitalista, con un crack bancario en Europa que, luego de golpear a EE.UU, estalló a nivel internacional producto del “mercado mundial”. Chile no fue la excepción. La caída abrupta de los precios de las materias primas exportadas por Chile (como cobre, plata y trigo) produjo una gran contracción y recesión económica para 1879.
La historia enseñada en la educación formal aísla del contexto económico global y termina apuntando como causas de la guerra las rupturas del tratado limítrofe de 1874 y de los acuerdos comerciales entre Bolivia y Chile. Estos dos puntos eran garantías para la explotación del salitre, principalmente por las compañías chilenas y británicas como la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta.
Cuando la recesión estalló, la burguesía boliviana impuso un impuesto a la exportación de salitre de territorio boliviano, que la compañía inglesa se negó a pagar y el 14 de febrero el Gobierno Boliviano decidió embargarla. Pero esto no fue más que una excusa para que los capitales británicos, más que burlar un impuesto, se asentara en la zona con su política de control económico. No es sorpresa que mucho antes de la guerra, Gran Bretaña ya era dueña de este norte.
Quedaron entonces, por un lado, los capitales de Chile y Gran bretaña y, por otro, los de Bolivia y Perú (que hicieron una alianza para enfrentar la avanzada de la burguesía chilena), que fueron respaldados por EE.UU, más que por “amor a la democracia y la libertad”, para fraguar su entrada a un nuevo mercado en el continente.
La flota de guerra chilena, financiada por el imperio británico, esperaba en las cercanías la orden de la patronal chilena para la invasión de la actual capital minera, Antofagasta. Según el historiador Robert N. Burr la “Guerra del Pacífico” comenzó décadas antes. Desde 1855, empresarios británicos financiaron las compañías que colonizaron Antofagasta y Tarapacá, entonces regiones bolivianas y peruanas, respectivamente. El denominado “rey del salitre” John Thomas North, que se hizo del monopolio del negocio salitrero posterior a la Guerra también es muestra de esto. Eso fue sencillo, ya que los accionistas de la Compañía de Salitres también eran miembros del Gobierno, las Fuerzas Armadas, el parlamento y la justicia chilenas. Eran sus intereses los que estaban comprometidos de igual forma. Con la avanzada militar hacia el norte, dejaron descubierto el sur y la nación Mapuche arremetió, amenazando el mercado del trigo.
El resto de la historia es conocida y termina con el triunfo del ejército de Chile. Triunfo también de su socio, Gran Bretaña, que no hizo más que imponer un sistema semiesclavo de trabajo, como fueron las oficinas salitreras. Donde se pagaba con fichas, que servían para comprar en pulperías que entregaban apenas lo necesario para sobrevivir a precios exorbitantes.
El valor de esos salitreros, para el gran capital no era más que un número, así lo muestran las muertes atroces que van desde ser aplastado por la chancadora por la falta de seguridad, hasta las matanzas a quienes se pusieron de pie para exigir mejores condiciones de vida como en 1906 a los trabajadores ferroviarios en la Plaza Colón, la tan conocida Escuela Santa María de Iquique en 1907 o una de las últimas de ese periodo en la Oficina San Gregorio, 1921.
Pero no todo es masacre y catástrofe, en ese entonces fue que se avizoró la potencia de la organización y la unidad internacionalista de la clase trabajadora. Las oficinas salitreras llenas de argentinos, bolivianos peruanos y chilenos, se alzaron en múltiples revueltas y lucharon codo a codo para enfrentar la represión. Por ejemplo en 1907 en la Escuela Santa María de Iquique, ante el pedido de los consulados para que los extranjeros abandonaran la huelga los obreros se negaron respondiendo: “Con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos. No somos bolivianos, ni peruanos, somos obreros”.
Pero toda esta historia que parece tan lejana y ajena, en verdad es una batalla que continúa hasta hoy en los vaivenes de las crisis capitalistas. Esta vez, en forma de disputa entre EE.UU y China por el litio en el triángulo entre Chile, Bolivia y Argentina. Y aunque las condiciones de trabajo se han transformado con el paso de luchas obreras y sus triunfos, lo irónico en esta región tan rica, pero históricamente saqueada con palas llenas por el imperialismo y sus multinacionales, es que las condiciones de las grandes mayorías siguen siendo la pobreza, la enfermedad, el despojo, sumándose hoy la devastación ambiental.
145 años después, las crisis económicas y políticas, contrastan con nuevos procesos de revueltas y alzamientos contra las pobres condiciones de vida de las mayorías, por lo mismo es más urgente que nunca pensar en la posibilidad de una sociedad completamente diferente y como conquistarla. Pero esa transformación no es fácil, espontánea, ni inevitable. Es una tarea revolucionaria que solo puede llevar adelante la organización y unión internacional de la clase trabajadora y los pueblos.
Este 14 de febrero, mi conmemoración no es por una guerra de rapiña que aplastó a la clase obrera de una región multinacional. Sino por recordar la historia obrera y apuntar a sus verdaderos enemigos, que no son trabajadores peruanos y bolivianos con quienes convivimos en lo cotidiano. Que esta fecha sea un recordatorio de la lucha por la unidad socialista de Latinoamérica, que es la única posibilidad genuinamente democrática, unitaria y al servicio de las grandes mayorías trabajadoras.
 
 
 
 
 
14 DE FEBRERO: ¿EL VERDADERO ANIVERSARIO DE ANTOFAGASTA?
 
Región-alista de Chile (https://acortar.link/WC4ivx)
 
Es recurrente durante estos días que diversas autoridades, medios de comunicación y vecinos se refieran al 14 de febrero como el aniversario de Antofagasta, y a que la ciudad cumple con ello gloriosos 145 años de vida, sintiéndose plenos y orgullosos de ser parte de tan magno evento.
De hecho, se da rienda suelta a un popurrí de festivales y ceremonias que tienen como fin conmemorar tan relevante efeméride, aflorando enormes sentimientos de antofagastinidad que nos motivan a reflexionar en la enorme importancia que tiene para el país nuestra pujante ciudad.
Sin embargo, si de estar orgullosos se trata, debiéramos indagar en las verdaderas razones por las cuales celebramos este día como el Día de Antofagasta, y subimos al cerro y limpiamos las playas, y nos reunimos para compartir con amigos y familiares el espectáculo preparado para esperar la medianoche.
Para ello hay que remontarse a fines de 1866, año en que llegaron los primeros hombres y mujeres que se asentaron en la caleta. Juan López dice en su Memorial que fue el primero en llegar a ella, y que la bautizó como ‘Peñablanca’, seguramente por las rocas de la deshabitada costa que lucirían teñidas del guano dejado por las aves marinas.
Él mismo, en sociedad con el chileno Matías Torres y el francés Juan Garday, había descubierto guano rojo en Mejillones cuatro años antes, pero a los meses de iniciada la explotación, ésta había sido suspendida por el gobierno chileno en 1863, mandando a los socios a la quiebra.
Estos pioneros habían extraído también guano blanco desde mediados de la década de los cuarenta, amparados por la ley que el presidente Bulnes dictó en 1842, y que declaró los minerales y fertilizantes encontrados al sur del paralelo 23, en la bahía de Mejillones, como propiedad de la República.
Esta ley originó numerosos reclamos diplomáticos de Bolivia, que consideraba suyo el territorio hasta el paralelo 26, al sur de Taltal y, durante años, hubo serios incidentes, llegando incluso el congreso boliviano a autorizar una declaración de guerra contra Chile en 1863.
En los meses siguientes llegarían también unos doscientos hombres y mujeres. La gran mayoría eran peones chilenos que vendrían a trabajar en las futuras explotaciones mineras que se asentarían en la zona, pero también había carpinteros, herreros, operarios, empresarios y algunos intelectuales.
La primera fue la del salitre que redescubrieron Ossa, su yerno, Puelma y sus empleados en los calichales de Salar del Carmen, y que en 1857 habían sido reconocidos por don Domingo Latrille, fundador de Tocopilla, en una de sus exploraciones al desierto. Estos mantos, a escasos quince kilómetros de la costa, no eran de tan buena ley como los de Tarapacá, en ese tiempo peruana, pero la escasa distancia a la caleta lo convertía en un atractivo negocio.
Otra buena razón para que los empresarios decidieran avecindarse en la región era el Tratado de Límites firmado en agosto entre el presidente chileno José Joaquín Pérez y el general boliviano Mariano Melgarejo, mediante el cual fijaron la frontera en el paralelo 24, es decir, cediendo Chile los derechos que reclamaba hasta la bahía de Mejillones, pero acordando repartir equitativamente las ganancias deducidas de los impuestos cobrados por las empresas que extrajesen minerales entre los paralelos 23 y 25, de las cuales la gran mayoría serían chilenas o extranjeras, debido al poco interés de Bolivia por la zona, que le daba poca riqueza en comparación con las minas de plata de Oruro y de Potosí.
El procedimiento para exportar el salitre se realizó primero mediante el sistema de paradas, o sea, los trabajadores se establecían en distintos sectores, realizaban la extracción de caliche de manera manual, a golpe de picota, y trasladaban los costrones con mulas y carretas, muchas de las cuales sufrieron terribles accidentes en la cuesta que ahora conduce a Calama, debido a lo inclinado de su pendiente.
Pronto Ossa y Puelma buscan inversionistas para materializar la industria y dotar de un ferrocarril que transportarse los minerales a la costa, asociándose con hombres importantes y acaudalados como Agustín Edwards, y con la poderosa casa inglesa Gibbs & Co., que también poseía negocios en una de las compañías salitreras de Tarapacá, para formar la Milbourne Clark & Co., que heredó de Ossa el terreno donde funcionaría, pero de la que el acaudalado empresario no había querido ser parte, dejando como socios principales a Puelma, Edwards y la casa Gibbs.
Casi al mismo tiempo Bolivia ordena la fundación del puerto, el 22 de octubre de 1868, bautizándolo como La Chimba, y demarcando el terreno de la compañía salitrera, además de las diecisiete manzanas y la plaza principal que lo conforman, de acuerdo al plano diseñado por José Santos Prada.
Sólo al año siguiente Melgarejo rebautizó al pueblo como Antofagasta (que quiere decir “Pueblo del Salar Grande”), en honor a unas estancias de propiedad de su hijo ubicadas en Antofagasta de la Sierra, en la parte de la Puna de Atacama que ahora es argentina, pero que en ese tiempo pertenecía al país altiplánico.
Salar del Carmen fue la primera oficina salitrera fuera del Perú y dio trabajo a algunos pobladores, pero no fue hasta 1870, con el descubrimiento del mineral de plata de Caracoles, por cateadores arriados por José Díaz Gana y el estrafalario barón francés Henri de la Rivière, en las cercanías de la actual Sierra Gorda, que la naciente población experimenta un crecimiento demográfico casi exponencial, aumentando en dos años, de unos trescientos a casi dos mil habitantes.
Empresarios y trabajadores de distintos rincones del planeta se establecieron en la ciudad, pensando que Caracoles duraría mucho tiempo, alcanzando tal fama que comenzó a ser llamada “la California chilena”.
Años más tarde, como los pagos de los impuestos a través de las aduanas de Mejillones y Antofagasta no se realizaban de manera efectiva y, ante los reclamos diplomáticos de Chile y Bolivia, en 1874, decidieron ambos gobiernos firmar un nuevo tratado que sustituyese el anterior.
En este nuevo pacto de límites se conservó la frontera en el paralelo 24, pero se suprimió la zona de medianería, que repartía los impuestos en partes iguales, reemplazándola por una zona de exención de nuevos impuestos para industrias y capitales chilenos asentados entre los paralelos 23 y 24, por tratarse la mayoría de empresas nacionales, de capitales chilenos y también ingleses, y entre cuyos socios se hallaban hombres acaudalados, pero también congresistas e incluso ministros de Estado. Esta disposición perduraría 25 años, a lo largo de los cuales Mejillones y Antofagasta pasarían definitivamente a manos de Bolivia, a perpetuidad.
Por esos años Antofagasta sigue creciendo alcanzando las ocho mil almas hacia el verano de 1878. La municipalidad, creada en 1872, ha impulsado diversas obras emblemáticas, como la habilitación del cementerio (en el lugar que mantiene hasta hoy), la construcción de un hospital, un lazareto y la adquisición de faroles para iluminar las calles, entre otras.
Ese mismo verano, el 14 de febrero, exactamente un año antes de la ocupación, algunos señores importantes de Bolivia y otros parlamentarios de la zona proponen en el congreso gravar a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, heredera de los terrenos y acciones de la Milbourne Clark, con un impuesto de diez centavos por cada saco de salitre exportado, y que era lo que Bolivia consideraba la ratificación de un acuerdo celebrado con la empresa privada en 1873.
A esto se sumó que, durante los meses siguientes la Municipalidad quiso cobrar a la compañía un impuesto de lastre, que es el material empleado para atar la embarcación al muelle y para volverla a poner a flote. También quiso hacerla pagar el impuesto de alumbrado que todos los ciudadanos y demás empresas extranjeras pagaban. Pero lamentablemente el artículo cuarto del Tratado con Chile impedía a Bolivia, o a sus instituciones, crear nuevos impuestos por un cuarto de siglo, por lo que todos estos impuestos eran ilegales.
En julio de 1878 el gobierno chileno interpuso un reclamo diplomático ante Bolivia. Por un tiempo el impuesto fue suspendido o “retrasado”, pero el vecino país continuó arguyendo que éste obedecía a rectificar un contrato privado celebrado cinco años antes con la compañía.
Las distintas interpretaciones que se le daban a un mismo documento agudizaron las relaciones internacionales y, a los meses, Chile debió enviar a Pedro Nolasco Videla a parlamentar con las autoridades de La Paz que representaban al general Hilarión Daza, mandatario de facto del país altiplánico.
Mientras tanto las diferencias personales entre el presidente de la Municipalidad, el chileno Francisco Puelma (efectivamente varias autoridades eran extranjeras), y el administrador de la Compañía, el inglés George Hicks, convulsionaban aún más el delicado y particularmente tenso ambiente que se vivió entonces en la zona.
Incluso en octubre, cuando es ordenada la detención del administrador, por negarse a pagar, un tumulto de unos tres mil trabajadores se dirigió al consulado chileno donde se había refugiado Hicks, para manifestarle su apoyo, provocando gran alboroto.
Este inusual hecho, que ha pasado inadvertido en la historiografía nacional y regional, sería un precedente de lo difícil que sería para los bolivianos oponer alguna resistencia en una ciudad donde contaba con 70 policías, para una población mayoritariamente chilena, que sobrepasaba el 75 por ciento.
A fines de año, el gobierno del presidente Pinto decide enviar al vetusto blindado Blanco Encalada, que llega el 2 de enero de 1879 al puerto al mando del capitán López, quien mantiene suculentas cenas con el prefecto del departamento, el coronel Severino Zapata, y otras autoridades. La situación en la ciudad parece no alterar demasiado la rutina de los antofagastinos, pero a fines de mes, cuando el gobierno boliviano decide rematar las salitreras de la Compañía, es decir Salar del Carmen y unas estacas cerca de Carmen Alto, todo empieza a cambiar.
Al igual que febrero, rápidamente avanza el proceso para tasar los bienes de la Compañía y posteriormente subastarlos. Sin embargo, el once, mientras Videla aún intenta negociar en La Paz, es informado que el gobierno del general Daza ha decidido expropiar las salitreras, decisión que motivaría al presidente Pinto a enviar al blindado gemelo del Blanco, el Cochrane, y la corbeta O’Higgins, a ocupar el puerto y restablecer la soberanía hasta el paralelo 23, por considerarse violado el Tratado de Límites por parte de Bolivia.
Lo que sucedió en realidad la madrugada del 14 de febrero fue el arribo de esas dos naves, en señal de que las Fuerzas Armadas procedían a ocupar militarmente la zona, pero, a diferencia de lo que reza la historiografía nacional, la razón no fue impedir el remate, cuya fecha se ignoraba, y sólo coincidió con el día de la ocupación. Ésta había sido decidida en respuesta a la orden de Daza de expropiar las salitreras que, para el gobierno chileno, atentaba contra los intereses del país.
El periodista Enrique Agullo Bastías así describe la sorpresiva madrugada del 14: “Nadie pegó pestañas aquella noche. Mucha gente del vecindario no apagó velas ni lámparas a la espera de la mañana. Sin embargo, los que salieron a la calle a poco de disiparse las sombras de la noche, y echaron la mirada hacia el mar, cubierto por una leve bruma estival, se alborozaron al ver balancearse plácidamente en las afueras de la poza a dos naves de guerra chilenas, el Cochrane y la corbeta O’Higgins, cuyo arribo al puerto había tenido lugar en la madrugada.”
Cerca de las 6 y media, el Blanco disparó doce salvas de cañón para saludar el arribo de las naves a la Poza.
Entre las 7 y 8 de la mañana los oficiales realizaron diversas maniobras, intercambiaron tropas y armamento previendo futuras operaciones (en realidad preparaban el envío de un buque a Mejillones, para reivindicarlo el mismo día).
Recién cerca de las 8 de la mañana el capitán Borgoño bajó por el extinto muelle fiscal, o de pasajeros, junto a algunos soldados, mientras que casi simultáneamente, unos doscientos hombres de infantería y artillería de marina desembarcaron en la desaparecida caleta contigua al muelle salitrero, por cuyas grúas más tarde “subirían” los fusiles, ametralladoras y cañones.
Al borde de la playa el cónsul chileno Nicanor Zenteno esperaba a Borgoño para acompañarlo hasta la prefectura, donde entregó cerca de las 10 de la mañana el bando de anexión, que también después se publicó en la Plaza Colón, al tiempo que los soldados marchaban por las calles aledañas, bajo los vítores de la mayoría chilena de la población y el rojo, blanco y azul de las banderas nacionales. Y todo esto, sin disparar un tiro.
Al mediodía varios grupos habían improvisado tabladillos en las esquinas de la plaza, desde donde diversos personajes realizaron discursos para arengar a la población.
Uno de ellos, del gerente de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, don Evaristo Soublette, quien había llegado al puerto hacía pocos días con el fin de salvaguardar los intereses de la empresa y presenciar el remate, advertía emocionado sobre un banquillo en una esquina de la plaza: “…que un día tan grande no sea manchado con ningún acto de violencia. Sed generosos hermanos y compatriotas ahora que estáis en vuestra patria, en esta sagrada tierra chilena.”
En resumen, el 14 de febrero fue un evento militar, pero también, para algunos, la finalización de un proceso que habían comenzado diversos pioneros que, de una u otra forma, ayudaron a “colonizar” el desierto atacameño. López, Latrille, Torres, Garday, Ossa, Puelma y muchos más que, previendo la enorme riqueza de esta tierra, serían de los primeros en venir a buscarla.
Este día se consolida un proceso de expansión de la influencia política y económica, pero también cultural. En Antofagasta se celebraban tanto el 6 de agosto, el Día de Bolivia, como el 18 de septiembre, y gran parte de las instituciones eran dirigidas por connacionales que hicieron mucho por la ciudad antes de 1879.
Por eso, no se equivoque, hoy no es el aniversario del puerto, porque antes del 14 de febrero Antofagasta ya existía. Pero sí es el día en que nuestra ciudad volvió a ser chilena…
 
 
 
 
 
ENCUENTRO ENTRE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y CANCILLER DE BOLIVIA
 
TN 8 Tv de Nicaragua (https://acortar.link/MrHwUS)
 
El Presidente de la Asamblea de Nicaragua, doctor Gustavo Porras, junto a miembros de la Junta Directiva y diputados del Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado Plurinacional de Bolivia; recibieron este miércoles 14 de febrero la visita de la canciller del hermano país sudamericano, Celinda Sosa Lunda.
Ella resaltó en este encuentro la importancia de las alianzas para la defensa de los procesos revolucionarios de nuestros pueblos.
«Nicaragua es un pueblo revolucionario, firme, constante, por hacer respetar la autodeterminación de su pueblo. En esta oportunidad con el Presidente de la Asamblea he podido platicar y hemos estrechado lazos de amistad y cooperación en una alianza, en defender los procesos revolucionarios de nuestros pueblos. Sobre estas bases hemos tenido esta reunión con el presidente de la Asamblea»; destacó Celinda Sosa.
En esta fraternal y fructífera reunión se conversó sobre las temáticas a abordarse en la próxima Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, prevista para el 21 de febrero; así como de la constante defensa del pueblo y Gobierno de Nicaragua por su autodeterminación.
Fuertes alianzas entre Bolivia y Nicaragua
Sosa destacó el inmenso orgullo de visitar Nicaragua, la tierra de Augusto C. Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres. «De él nos ha llegado, el legado antiimperialista, la firme decisión de defensa de la soberanía y el derecho libre, el derecho libre a la autodeterminación»; indicó.
Asimismo, reiteró su agradecimiento al presidente de la República, comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo; por el recibimiento cálido y de hermandad en el país.
 
 
 
 
 
LA TÓXICA PARADOJA DE LA ENERGÍA “VERDE”
 
Frente a un tablero dominado por Estados Unidos, China y Rusia, los gobiernos de varios países latinoamericanos tratan de sacar provecho de la demanda de minerales que no han sido extraídos de forma tradicional en la región. El problema se cierne sobre las comunidades locales, muchas de ellas indígenas, que temen que dañen sus tierras, agoten sus reservas de agua y destruyan montañas que consideran sagradas.
 
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A medida que los países de todo el mundo fijan metas para reducir el uso de combustibles fósiles en un esfuerzo por frenar el calentamiento global, prospera una nueva industria de las energías renovables, impulsada en gran medida por los vehículos eléctricos y los objetivos de sustitución del carbón, el petróleo y el gas por la energía solar y otras fuentes de energía. Pero esta llamada revolución “verde” tiene un costo que recae principalmente en comunidades alejadas de los países que disfrutan de los beneficios del auge de las energías renovables.
Los paneles solares, las baterías de las placas solares y los vehículos eléctricos requieren metales que se encuentran en varios países, no todos ellos tradicionalmente mineros. La minería es un negocio sucio que deja una gran huella medioambiental, y que a menudo tiene lugar en zonas remotas habitadas por pueblos indígenas u otros pueblos tradicionales. Y aunque la energía a la que contribuyen puede ser renovable, los propios minerales no lo son, lo que lleva a algunos críticos a afirmar que el auge de las energías renovables no es más que cambiar una forma de producción insostenible por otra.
Los investigadores y la industria intentan compensar esta situación, abogando por un mayor reciclaje y reutilización de los minerales, así como por tecnologías que dependan de materiales más fáciles de conseguir y que tengan un menor impacto ambiental. Pero estos esfuerzos se ven superados por la demanda de minerales como el litio, considerados “críticos” para la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables.
Los éticos también están divididos: algunos sostienen que la urgencia del riesgo de un calentamiento desbocado exige hacer concesiones mientras la tecnología de energías renovables se pone al día, al tiempo que otros piden una reducción drástica del uso de la energía para disminuir la necesidad de más minería.
En países latinoamericanos como Chile, Argentina, Bolivia, México y Perú, los gobiernos tratan de sacar provecho de la demanda de minerales que no han sido extraídos de forma tradicional en la región. Se mueven en un tablero económico dominado por Estados Unidos y China, que compiten en la carrera por conseguir minerales estratégicos, y Rusia, cuya guerra contra Ucrania ha interrumpido el suministro energético a Europa, ha empujado a la Unión Europea hacia una transición más rápida.
El problema se cierne sobre las comunidades locales, muchas de ellas indígenas, que temen que se dañen sus tierras, se agoten sus reservas de agua y se destruyan montañas que consideran sagradas. Los expertos afirman que los retos que se avecinan exigen una mejor gobernanza, tanto en los países ricos en recursos como en las naciones que se están beneficiando más rápidamente de la transición energética. Pero aún queda mucho por hacer para igualar las condiciones, si es que es posible.
La transición energética, vinculada a la contaminación
Para Marcos Orellana, tanto el cambio climático como la contaminación ambiental son problemas de derechos humanos, y una transición justa de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía exige que se aborden conjuntamente. Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos, planteó la cuestión ante ese organismo multinacional en septiembre, en un informe dirigido al 54º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El argumento de que estamos frente a una crisis climática global y entonces son necesarias tecnologías que permitan abordar esta crisis sin importar el costo ambiental o de contaminación que puedan generar, es una narrativa falsa —dijo Orellana a InquireFirst, — porque no podemos solucionar el problema del cambio climático agravando los problemas tóxicos que ya enfrenta el planeta.
En su informe, Orellana reconoce que “el cambio climático supone una amenaza existencial para la humanidad y el disfrute efectivo de los derechos humanos”. Sin embargo, señala el informe, en la carrera por “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eliminar el carbono de la atmósfera”, los países y las empresas están recurriendo a tecnologías que pueden agravar la contaminación. Algunos ejemplos son los residuos de la extracción de los nuevos minerales “estratégicos”, la producción de baterías de iones de litio sin medios adecuados para reciclarlas y el nuevo énfasis en la energía nuclear, que produce barras de combustible gastado que siguen siendo radiactivas.
La minería, en particular, es “una de las industrias más contaminantes del mundo”, declaró a InquireFirst, y afecta a derechos humanos protegidos por tratados internacionales, como el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano. “Estas afectaciones muchas veces recaen con particular fuerza en grupos y pueblos en situación de vulnerabilidad como son los pueblos indígenas, lo cual agrava las injusticias ambientales y también la violencia ambiental”.
El atractivo del “triángulo del litio”
Un automóvil convencional contiene unos 34 kilogramos de metal, en su mayor parte cobre y manganeso. Un vehículo eléctrico contiene más de seis veces esa cantidad y una mayor variedad: grafito, cobre, níquel, manganeso, litio, cobalto y una pequeña cantidad de minerales conocidos como tierras raras. A medida que aumente la demanda de vehículos eléctricos, se necesitarán más minas, más grandes y profundas, muchas de ellas en países donde la minería ya es fuente de conflictos.
En América Latina, la transición energética ha puesto en la mira al litio, el mineral más ligero y fundamental para la fabricación de baterías recargables que alimentan desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos, y que se utilizan para almacenar la energía producida por los paneles solares. Hasta hace poco, la demanda de litio era escasa. Pero la producción ha aumentado drásticamente en la última década, y el mineral está en el centro de jugadas de poder geopolítico que llegan hasta lo más profundo de Sudamérica.
En 1995, la producción mundial de litio era de 9.500 toneladas, y Estados Unidos era uno de los principales productores del mineral, que se utilizaba principalmente para fortalecer el vidrio y la cerámica. En 2010, sin embargo, la producción mundial se había duplicado, y Chile se había convertido en el primer productor mundial. En la década siguiente, la producción de litio se cuadruplicó, alcanzando las 106.000 toneladas en 2021.
En su informe de 2023 sobre el litio, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que el mundo tiene unos 98 millones de toneladas de recursos de litio —la cantidad de litio que se sabe que existe en la corteza terrestre— y unos 22 millones de toneladas en “reservas”, la cantidad que podría recuperarse económicamente con la tecnología disponible actualmente.
El litio puede encontrarse en la salmuera de los salares, como los de Argentina, Chile o Bolivia, o en roca dura, como los yacimientos de Australia y Perú. China tiene ambos tipos de yacimientos. Las distintas formaciones requieren diferentes métodos de extracción e implican diferentes costes medioambientales.
En los salares, la salmuera se bombea desde el subsuelo a enormes estanques, donde el viento y el sol evaporan el agua, dejando el litio para ser extraído y procesado. Es la forma menos cara de extracción, pero la que más agua consume: alrededor de 2 millones de litros de agua por tonelada métrica de litio. Un proceso conocido como extracción directa de litio podría reducir el consumo de agua, pero aún no se ha probado a escala comercial.
La extracción de litio de yacimientos de roca dura requiere menos agua, pero desplaza a las comunidades, deja gigantescos tajos en la tierra, arrasa montañas que pueden ser sagradas para los pueblos indígenas cercanos y contamina la tierra y el agua. Algunos expertos sugieren que las fuentes geotérmicas podrían producir litio con una menor huella medioambiental y climática, pero hasta ahora esas reservas sólo representan un porcentaje minúsculo de los yacimientos mundiales.
Cerca de la mitad de los yacimientos de litio conocidos en el mundo se encuentran en los salares del “triángulo del litio”, una región alta y árida situada entre las fronteras de Chile, Argentina y Bolivia. Chile lidera las reservas mundiales, con 9,3 millones de toneladas, seguido de Australia, con 6,2 millones; Argentina, con 2,7 millones; y China, con 2 millones, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Bolivia tiene unos 23 millones de toneladas de recursos de litio, pero aún no produce comercialmente.
Chile supera a Australia en reservas, pero ha descendido al segundo lugar en producción. Varios países han hablado de desarrollar la capacidad de fabricar productos para la industria de las energías renovables, añadiendo así valor a las materias primas que se extraen. Hasta ahora, sin embargo, sólo China ha avanzado en ese ámbito, aunque Estados Unidos está aplicando incentivos destinados a reducir la dependencia de la minería y el procesamiento chinos.
No obstante, los expertos advierten que las proyecciones sobre la futura demanda de minerales de transición energética podrían cambiar drásticamente a medida que evolucione la tecnología. Por ejemplo, según una proyección, la demanda de litio aumentaría 13 veces de aquí a 2040, mientras que según otra la demanda ascendería en un factor de 51. Si otras sustancias sustituyeran al litio, los proyectos mineros actualmente en fase de diseño podrían quedar obsoletos incluso antes de comenzar su producción.
¿Es posible una “transición justa”?
Pero ¿qué se puede hacer para garantizar una “transición justa” en los lugares donde la extracción de litio ya está en marcha o a punto de comenzar?
La mayoría de las regiones de América Latina con las mayores reservas son tierras áridas habitadas principalmente por comunidades indígenas y otras comunidades agrícolas tradicionales que ya están lidiando con el estrés hídrico. En Argentina, las comunidades indígenas de la región minera de litio de Jujuy organizaron en agosto una protesta contra los cambios normativos que, según ellos, facilitarían al gobierno la expropiación de sus tierras, muchas de las cuales carecen de título legal. En Chile, las comunidades están divididas respecto a la extracción de litio en el desierto de Atacama, al norte del país. Lo mismo ocurre en Perú, donde el gobierno ha manifestado su intención de apoyar la extracción de litio en roca dura, pero donde las comunidades disponen de escasa información.
En las últimas décadas, las comunidades latinoamericanas se han opuesto cada vez más a todo tipo de explotación minera, pero las empresas y los gobiernos suelen dividir y conquistar, consiguiendo apoyo con la oferta de puestos de trabajo y enfrentando después a partidarios y detractores en las comunidades.
La legislación destinada a proteger los intereses de las comunidades, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, exige que los pueblos indígenas y tribales den su “consentimiento libre, previo e informado” antes de que los proyectos de desarrollo, incluida la minería, puedan seguir adelante en sus tierras. En la práctica, sin embargo, las comunidades no suelen tener poder de veto, y en algunos países, como Perú, el proceso de consentimiento sólo se produce después de la fase de exploración, cuando es poco probable que los gobiernos detengan un proyecto prometedor que produce ingresos.
El auge del litio hace más urgente la cuestión de si se deben explotar minas y, si los países deciden seguir adelante, cómo hacerlo de forma que las comunidades locales no se encuentren en una situación aún más desventajosa.
Para Lisa Sachs, directora del Columbia Center on Sustainable Investment de la Universidad de Columbia en Nueva York, la contradicción implícita en el uso de la minería “sucia” para proporcionar energía “limpia” implica un acto de equilibrio global.
“Inevitablemente, todo se reduce a compensaciones, porque ahora mismo no hay forma de producir los materiales que necesitamos para nuestra economía sin tener algún impacto en el planeta y [sin] la minería”, afirma Sachs. “Así que incluso en el mejor de los casos, del que estamos lejos, la extracción y el uso de los recursos exigen compensaciones”.
La cuestión es cómo minimizar el coste para las comunidades vulnerables, afirma. Y eso no significa contentarse con lo de siempre, porque el sector cambia rápidamente. “Es intrínsecamente dinámico”, afirma Sachs, “porque las tecnologías de que disponemos y los conocimientos que tenemos sobre cómo hacer mejor las cosas evolucionan constantemente”.
Para “hacer mejor las cosas” es necesario que actúen tanto los países donde la demanda de litio es mayor, entre ellos Estados Unidos, China y la Unión Europea, como las naciones latinoamericanas con reservas de litio, afirma Sachs. Para ella, el plan de la Unión Europea para una economía circular —que hace hincapié en la reducción de residuos— es un paso positivo.
“Deberíamos introducir más circularidad en la economía, tanto en los productos finales como en el propio proceso de extracción, porque genera muchos residuos que aún contienen recursos valiosos”, afirma.
También es probable que se desarrollen sustitutos para algunos de esos materiales, añade: los científicos ya están experimentando con alternativas a la tecnología de iones de litio para las baterías, siendo el sodio el más prometedor hasta el momento.
“Todas estas cuestiones deberían estar sobre la mesa y formar parte de esta agenda, que consiste en cómo reducir la demanda para poder mitigar o reducir la compensación, aunque sea inevitable”, afirma Sachs. Pero esa compensación debe ir acompañada de beneficios para los países productores de minerales esenciales, añade.
La región afronta “nuevos desafíos”
“La transición energética es un programa de gran envergadura que debe ir acompañado de un programa de desarrollo de igual magnitud”, afirma Sachs. “¿Cómo vamos a financiar esto? ¿Cómo vamos a garantizar que las comunidades más pobres se beneficien y no resulten desproporcionadamente perjudicadas?”.
Esta cuestión es especialmente complicada porque muchos países donde hay minerales “estratégicos” ya dependen económicamente de la minería, y muchos tienen una tensa historia de extracción de recursos. Para Anabel Marín, investigadora del Institute of Development Studies de Brighton, Inglaterra, la búsqueda de una transición energética justa ofrece la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente. 
“Tenemos nuevos tipos de retos, pero esperemos que también surjan nuevas oportunidades”, afirma Marín. “Veo la gobernanza como un proceso que [implica] no sólo la acción de los gobiernos, sino una acción coordinada entre empresas, gobiernos y sociedad civil”.
Una mayor participación en la toma de decisiones es crucial, pero no basta con incluir a los grupos marginados, afirma. Las peticiones de las comunidades afectadas por la minería en las últimas décadas deberían conducir a cambios en la política.
La participación es necesaria “no sólo en la toma de decisiones, sino también en el conocimiento y la innovación”, no sólo en la tecnología, sino también en las políticas, afirma. “La clave del cambio son el conocimiento y la innovación: hay que hacer las cosas de otra manera”.
Históricamente en Sudamérica, “la gente que llega al poder se pregunta cómo han hecho estas cosas otros países”, añade Marín, “pero estos son nuevos retos, y necesitamos experimentar.  Necesitamos innovaciones políticas, y no se puede hacer innovación política sin experimentación.”
Para Orellano, relator especial de la ONU, es crucial que los países combinen políticas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con políticas de reducción de la contaminación y restauración de los ecosistemas. Son cuestiones que tiene previsto presentar durante la próxima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Dubai a principios de diciembre.
“Esperamos que eso influya en las políticas nacionales que adopten los gobiernos”, afirma, especialmente en tres ámbitos.
Una política concreta que le gustaría que adoptaran los países es la prohibición de la minería en zonas protegidas. Otra es la ratificación y aplicación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, que obliga a los países a garantizar que las comunidades afectadas por las industrias extractivas tengan acceso oportuno a la información, participen significativamente en las decisiones que les afectan y tengan acceso a la justicia si se vulneran sus derechos, una disposición clave teniendo en cuenta que América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas que defienden el medio ambiente y sus territorios.
Un tercer ámbito es la regulación de los contaminantes y residuos asociados a la transición energética, afirma, y añade que los países no deben relajar las salvaguardias medioambientales y sociales sólo porque los minerales son necesarios para contrarrestar el cambio climático.
“Las industrias extractivas han generado severas afectaciones al medio ambiente y al goce efectivo de los derechos humanos alrededor del mundo”, afirma. “Ciertos minerales, como el litio, son muy importantes para abordar una gran crisis climática, pero eso no justifica repetir los errores del pasado y agravar lo que son los envenenamientos que generan la contaminación por industrias extractivas”.
 
 
 
 
LA BANANA AUMENTÓ CASI UN 100%
 
Uruguay no tiene producción propia y las importa desde Ecuador, Brasil y Paraguay.
 
Ámbito de Argentina (https://acortar.link/awArc3)
 
La banana es una de las frutas más consumidas en el Uruguay pero, debido a las características climáticas del país, no puede producirla y tiene que importarla de Ecuador, Brasil, Paraguay y Bolivia; esto provoca que dependa de las condiciones productivas y comerciales de otros países para la fijación de precios.
El Uruguay no produce banana y aún así es una de las más consumidas a nivel nacional. El año pasado su consumo llegó a 64 millones de kilos, 14 millones más que hace 15 años cuando se consumía un total de 50 millones de kilos de esta fruta.
Según el gerente de desarrollo comercial de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), Alfredo Pérez, el producto proviene de países de Sudamérica. “El 39% procede de Ecuador, luego le sigue Brasil con el 34%, un 24% de Paraguay y esto ha sido significativo en crecimiento en los últimos años, y apenas un 3% proviene de Bolivia”, explicó a Subrayado.
Sin embargo, el aumento de precios provocó que baje el porcentaje de compra a Brasil, que pasó del 60% al 34%. "Hay una coyuntura de numerosos lugares con inundaciones y después con una ola de calor, y eso hizo que muchos cultivos resultaron totalmente perjudicados y los mismos productores brasileños no puedan exportar la calidad de la banana que se consume en Uruguay”, indicó.
Incidencias climáticas
El especialista explicó que el precio de la banana brasileña aumentó un casi un 100% en los últimos días, al igual que la de Paraguay, mientras que en Ecuador se percibió un aumento del 50%. En ese sentido, indicó que el aumento se debe, en parte, a las lluvias disparejas que afectan la producción.
“Han sido muy perjudiciales a fines de la primavera y comienzo del verano, en la zona norte, donde provienen las sandías. Han sido afectadas en forma muy negativa por los excesos de agua y eso hace que tengamos una escasa nivel de oferta y precios relativamente altos por esto”, remarcó.
Por otro lado, aclaró que en el sur del continente se están sintiendo síntomas de sequía, lo que provoca que se atrase la producción de frutas de hoja caduca como la manzana, la pera y los duraznos. “Se han visto retrasados porque tuvimos una primavera relativamente fría y eso hizo que no se desarrollaran numerosos cultivos y se atrasaran un par de semanas”, indicó.
 
 
 
 
CRUZIMEX Y BACARDÍ FIRMAN ACUERDO EXCLUSIVO DE DISTRIBUCIÓN EN BOLIVIA
 
El acuerdo contempló todos los aspectos de exclusividad, propiedad intelectual y métricas comerciales.
 
Lex Latin de México (https://acortar.link/8LW3WE)
 
Cruzimex Comercio Exterior concretó el acuerdo que le permitirá distribuir la marca Bacardí en Bolivia. Esto se hizo mediante un contrato que contempló todos los aspectos de exclusividad, propiedad intelectual y métricas comerciales relacionados con la marca, así como cuestiones fiscales, aduaneras y de distribución. Ferrere fue el asesor legal de la transacción.
Bacardí es una de las marcas de bebidas alcohólicas más importantes del mundo, tan solo en Estados Unidos tiene un reconocimiento de marca de 86 % en el mercado estadounidense, donde 26 % de los consumidores la compran y 69 % de ellos es leal a la marca, de acuerdo con datos provistos por Statista.
Esta es una empresa que maneja un portafolio de más de 200 marcas, entre propias y adquiridas, como Grey Goose, Ron Santa Teresa, Martini & Rossi, Dewar's, Cazadores, Bombay Sapphire, Eristoff, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultomore, Tequila Cazadores, Corzo, Craigellachie, Deveron, Bosford Rosé, Martini, Camino Real, Tequila Patrón y D’Ussé, que vende en 170 países.
Como parte de su estrategia de marca, en 2023, Bacardí lanzó el #MojitoMoment, que se apalancó a través de una plataforma de 80.000 microinfluencers. Con los datos de esta campaña publicitaria social, la empresa aumentó sus ventas en 14 % en los lugares en que fue lanzada la campaña.
Cruzimex es importadora, exportadora y distribuidora de decenas de marcas internacionales, como Avena Quaker, Lay’s, Cheetos, Doritos, Kodak, Tequila Jarana, B&R Foods, Escorihuela Gascón, Sol de Chile, Frutall, Pequeñín y Apego, una startup local de bebidas en jarabe y frías de la que adquirió marca, activos intangibles y know-how en 2022. Tiene presencia en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.