TRAS HABLAR DE GRUPOS TERRORISTAS EN CHILE Y BOLIVIA, TUVO QUE SALIR A PEDIR DISCULPAS… OTRO PAPELON DE PATRICIA BULLRICH

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a protagonizar un papelón internacional. En un reportaje aseguró que existe presencia de agentes terroristas iraníes en Bolivia y en el norte de Chile. Recibió una veloz desmentida de los gobiernos de ambos paises. La cancillería boliviana advirtió que está equivocada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, remarcó que el país trasandino "no ampara ningún grupo terrorista". Bullrich tuvo que llamar a la ministra de Interior chilena, Carolina Tohá, para pedirle disculpas y asegurarle que no intentó generar "miedo o alarma en Chile". En cambio, con Bolivia no se comunicó.
La ministra de Seguridad habló en exceso en una entrevista en la que estaba remarcando que la posición argentina ante el conflicto entre Israel e Irán no es de "pedir la paz" sino de apoyar a Israel en todas las represalias bélicas que tome. En el medio de eso, Bullrich sostuvo que la Argentina "está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas, una directa a Irán, que son del Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina". Luego aseguró "también se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, el año pasado en San Pablo, Brasil, y hace unas pocas semanas en Perú y el año pasado se detuvieron a dos personas de Hezbollah en la ciudad de San Pablo".
Y, por último, Bullrich aseguró que en Bolivia “hay presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, una de las ramas armadas” y que el gobierno argentino está viendo en las fronteras si ingresan "personas que no hablan español y que tienen pasaportes bolivianos”.
Después tuvo que aclarar: "No hemos visto entrar a ninguno de ellos pero es una hipótesis que manejamos como una posibilidad”. Si no registraron ningún caso, ¿por qué mencionar pasaportes de Bolivia?
Conflicto diplomático
Lo mismo se deben haber preguntado en la Cancillería boliviana, que emitió un comunicado de repudio a las declaraciones de Bullrich, a las que consideraron “equivocadas y desaprensivas”. La Cancillería del país vecino anunció que le pedirá explicaciones a la embajada argentina. “Desmentimos y rechazamos enfáticamente que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembren el terror, la inseguridad y la zozobra. Estas acusaciones carecen de evidencia o documentación y se realizan sin fundamento alguno”, plantearon. La Cancillería boliviana pidió “no caer en estas provocaciones que solo buscan afectar las relaciones de hermandad entre Estados y pueblos que comparten las mismas raíces y un destino construido de manera colectiva para el Vivir Bien de los pueblos”.
A Bolivia, le siguió Chile. Su presidente, Gabriel Boric, le pidió a Bullrich "que sea responsable y no haga declaraciones al tun tun". De hecho, el gobierno chileno emplazó mediante su representación diplomática a la funcionaria argentina: “Si tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden a la Justicia y que se comunique a través de Cancillería".
"Estas declaraciones por la prensa al ‘tun tun’, a mí por lo menos no me parecen y vamos a hacer llegar una nota de protesta también, mediante Cancillería. Acá yo exijo respeto para con nuestro país", remarcó el presidente chileno. "Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera, y todos quienes comentan actos delictuales, actos ilícitos, en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente", remarcó el presidente Boric.
Disculpas y papelón
Junto con Bolic, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, desmintió lo dicho por la funcionaria argentina. Luego la ministra chilena contó que recibió una llamada de Bullrich para pedirle disculpas por sus palabras que, aseguró, habían sido malinterpretadas.
El Ministerio de Seguridad confirmó esto en un comunicado en el que planteó que la llamada fue para "transmitir las disculpas con respecto a sus recientes declaraciones sobre la presencia de Hezbollah en Iquique, Chile". "La ministra aclaró que dichas declaraciones fueron realizadas en el contexto de un análisis regional, dentro del marco de las responsabilidades inherentes a su cargo, y no con la intención de generar miedo o alarma en Chile", dice el texto del ministerio argentino. Las ministras quedaron en reunirse la semana que viene. Página 12 de Argentina (https://acortar.link/7JfsJr)
 
 
 
 
 
CONFLICTO ISRAEL - IRÁN: SALTA REALIZA UN FUERTE CONTROL EN LAS FRONTERAS CON BOLIVIA, CHILE Y PARAGUAY
 
Marcelo Domínguez, ministro de Seguridad y Justicia de Salta, expuso en Diputados el Plan de Seguridad y Justicia 2024-2027.
 
El Tribuno de Argentina (https://acortar.link/4a3521)
 
El ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Ramón Domínguez, interiorizó a los diputados sobre los lineamientos del Plan de Seguridad y Justicia 2024 – 2027, las acciones que se realizan en provincia por medio del trabajo en red que desarrolla la Policía Comunitaria en todas las jurisdicciones, los recursos con los que se brinda el servicio de seguridad, detalles de la gestión  en los últimos dos años y las acciones conjuntas que se llevan adelante con Nación en la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Dominguez señaló que, por gestiones del Ministerio ante Nación la Provincia obtuvo el proyecto de obra  de la ampliación de la Alcaidía General elaborado por el Plan Federal de Arquitectura Penitenciaria, lo que representó un ahorro de más de un millón de dólares para Salta. La obra se realizaría con capital privado. En igual sentido anticipó que la próxima semana viajará a Buenos Aires para firmar un convenio por medio del cual se obtendrá, sin costo, el proyecto de edificación de moderna cárcel que se construiría en Metán.
El Ministro se refirió también a los avances en materia de ciberseguridad, formación policial y políticas penitenciarias que permitirán aminorar la sobrepoblación carcelaria que registra la provincia.
Medidas adoptadas por Salta ante el contexto internacional entre Irán e Israel
Los legisladores  realizaron diversas consultas en la reunión plenaria y se refirieron a la necesidad de incrementar el parque automotor policial. También plantearon inquietudes sobre las medidas que adoptó Salta ante el contexto internacional entre Irán e Israel. Al respecto, Marcelo Domínguez informó que las acciones  se  coordinan con el Comité Nacional de Crisis, que convocó el Ministerio de Seguridad de Nación con las provincias. Señaló que en Salta hay un intenso trabajo preventivo y de control en la frontera con Bolivia, Chile y Paraguay. También en infraestructuras vinculadas a la comunidad israelita.
“Argentina es tradicionalmente un país que transmite  mensajes de paz mundial, que es un bien preciado, un derecho de tercera generación reconocido en el constitucionalismo moderno” enfatizó.
 
 
 
 
 
Piden un seguro para cubrir su eventual atención médica en Bolivia
 
DOCENTES CRUZAN POR RUTAS EXTRANJERAS PARA LLEGAR A ESCUELAS ARGENTINAS
 
La discusión por el acceso a la salud de migrantes en la Argentina se coló de alguna manera en la solicitud de educadores que dan clases en zonas inhóspitas en la frontera argentino-boliviana.
 
Página 12 de Argentina (https://acortar.link/sg8NtS)
 
Docentes del Colegio Secundario Pluricurso con Itinerancia 5186, de Acambuco, en el extremo norte de la provincia de Salta, se enfrentan a dificultades extremas para llegar al establecimiento, ubicado muy cerca del Estado Plurinacional de Bolivia. Sus opciones son cruzar a pie cuatro kilómetros de ríos y quebradas con víveres y material didáctico a cuestas por la Argentina, o hacerlo por el lecho de un río, con la ayuda del Ejército boliviano, para llegar a un punto a cien metros del paraje donde está el Colegio.
La travesía fue relatada a Salta/12 por el profesor Juan Carlos Aguilar, a propósito de un proyecto de declaración presentado el martes último por el diputado provincial por el departamento San Martín, Santiago Vargas. El Colegio Secundario Pluricurso con Itinerancia 5186 está en este departamento, y el legislador solicitó un seguro médico que cubra la eventual atención médica en suelo boliviano de las y los docentes argentinos que se ven obligados a transitar por el vecino país.
La iniciativa legislativa pide al Ejecutivo provincial que instrumente “un sistema de seguro de salud o cobertura médica (seguro del viajero), a fin de cubrir sanitariamente a los docentes rurales que deben atravesar la ruta Yacuiba - Bermejo para llegar al Colegio Secundario Pluricurso con Itinerancia 5186 Acambuco", y que ante la eventualidad de un siniestro vial "quedan desprotegidos en atención médica". También pide que el gobierno tome medidas para que se acondicionen "los medios de transportes para mayor protección" de estas y estos docentes, y "gestione a través de la Dirección de Vialidad Nacional las medidas necesarias para el acondicionamiento de las rutas”.
“Cuando las inclemencias del tiempo aparecen no tenemos transporte”, contó Aguilar. Detalló que ante las continuas lluvias, el transporte los acerca “hasta un punto estratégico que es El Alto, un camino ancho que usan las empresas”. Desde ese lugar, una escuela dista cuatro kilómetros y otro, en Campo Largo, seis kilómetros.
Ese recorrido se puede hacer por territorio argentino, pero tiene dificultades adicionales. “La particularidad es que se debe atravesar nueve veces una quebrada, y las lluvias generaron un alud dejándola cada vez más ancha y más profunda”, y consecuentemente los riesgos de atravesarla también crecieron, detalló el docente.
Por esta razón profesoras y profesores llegan a las escuelas por Bolivia. Viajan desde Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín) hasta Yacuiba (ciudad del país vecino), y desde esta ciudad toman un transporte que los deja en la costa boliviana del río Itaú (que divide a ambos países), desde donde transitan solo cien metros para llegar al paraje donde se encuentra el Colegio Secundario.
Aguilar indicó que a metros del punto donde se desciende para cruzar a Argentina hay un Regimiento del Ejército de Bolivia. “Un día llegué de noche y por ahí el río trae agua y está medio fuerte. Para evitar pasar riesgo pedí quedarme y me lo permitieron, no sin antes ofrecerme que dos soldados me ayuden a cruzar”, contó el docente.
Indicó que si bien las autoridades educativas y las normativas que los rigen les exigen transitar solo por suelo argentino, si tuvieran que medir las posibles consecuencias deberían pedir permisos particulares y dejar de dar clases, algo que como docentes ven contraproducente para la comunidad educativa. En caso de sufrir aun accidente en Bolivia mientras cruzan, no tienen cobertura.
“Yo cuando salgo de Tartagal hago conocer a los medios de comunicación local (el diputado Vargas dijo que generalmente se usa el servicio de mensajería de Radio Nacional) para avisar a la familia que estoy viajando por si sucede una accidente automovilístico para tener idea de cómo actuar”.
Cuando la reciprocidad es necesaria
Aguilar se cruza constantemente con ciudadanos bolivianos en su traslado al paraje donde lo esperan sus estudiantes argentinos. “Ellos están de acuerdo que tengamos atención por cualquier accidente fortuito, o problema de salud que tengamos, sin poner en discusión la parte económica”, afirmó. Y contó que una de las cuestiones que genera algún resquemor es justamente la nueva condición para la atención médica que el gobierno salteño dispuso por ley, de cobrar las intervenciones programadas a personas extranjeras con residencia precaria o transitoria.
“Hay una unión cultural y tenemos usos y costumbres parecidos” entre Tarija (en Bolivia), Salta y Jujuy, dijo el profesor. Y por ello entendió que es preciso que las autoridades puedan ver el alcance de la solidaridad cuando se toman decisiones políticas.
“Nosotros seguimos atendiéndolos a todos los compatriotas argentinos sin discriminar a nadie”, dijo por su parte Oscar Camacho, director técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES), de Tarija, de donde depende Yacuiba y el sector en el cual debieran atenderse los docentes nacionales ante cualquier eventualidad en materia de salud.
Camacho recordó ante este diario que el “convenio de reciprocidad entre Salta y Tarija existe desde 2018 y no hay notificación de que haya quedado sin efecto”. Añadió que no se cobra por ningún tipo de atención, sean urgencias o emergencias, o sean consultas programadas.
Ante situaciones que fueron ampliamente difundidas tras la muerte de un argentino por falta de atención médica, o denuncias públicas sobre cobros en la atención sanitaria, el director dijo que eso “no es lo que debe suceder”.
Como mensaje final destacó: “Tenemos un dicho y es que para la salud no existen fronteras, colores políticos o barreras, y debiera brindarse a quienes lo necesiten”. En este marco afirmó que es preciso “ratificar una vez más este convenio de reciprocidad entre los gobiernos de Salta y Tarija”.
 
 
 
 

EL OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA LEGISLATIVA EN BOLIVIA ENTREGA EN LA APM UN INFORME SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL PAÍS
 
El estudio recoge ataques físicos y verbales a periodistas, así como medidas judiciales y legislativas que impiden a los medios trabajar libremente.
 
Asociación de la Prensa de Madrid, España (https://acortar.link/Emcojs)
 
El presidente del Observatorio de Transparencia Legislativa de Bolivia, Israel Mérida, ha presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) el informe sobre la libertad de prensa en el país andino, en el periodo 2006-2023.
Mérida hizo entrega del informe a la presidenta de la APM, María Rey, quien se encontraba acompañada por el vicepresidente primero, Luis Ayllón, y expuso el preocupante panorama al que se enfrentan los medios de comunicación y los periodistas en Bolivia.
Actuaciones atentatorias contra la libertad de prensa
El informe realiza un recorrido exhaustivo por las actuaciones atentatorias contra la libertad de prensa en Bolivia durante los Gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y el actual de Luis Arce. Esas actuaciones van desde agresiones verbales y ataques físicos a periodistas hasta la adopción de medidas judiciales y legislativas que impiden a los medios de comunicación trabajar libremente y restringen la libertad de expresión de los periodistas.
En la reunión con los directivos de la APM, se acordó facilitar la difusión del informe en España y establecer acuerdos de cooperación para que se conozca la realidad que vive Bolivia en materia de libertad de información.
La precariedad, el sectarismo y la desinformación, principales amenazas a la libertad de prensa
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y dentro del marco de colaboración abierto por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ambas instituciones celebraron el 3 de mayo la Jornada APM-ICAM "Unidos por la libertad de prensa" en el patio de la Biblioteca del ICAM.
El acto se dividió en dos sesiones, una matinal y otra vespertina. Por la tarde se celebró la tercera edición del Coloquio APM “Expresión de Libertad”, moderado por María Rey. La vicepresidenta primera de la APM introdujo el principal tema que se abordó en el debate: el retroceso de la libertad de expresión y de prensa en el mundo y sus posibles causas.
Sobre ello debatieron tres relevantes personalidades del periodismo español: Pedro J. Ramírez, director de El Español; Nativel Preciado, periodista, escritora y analista política en varios programas televisivos y Juan Luis Cebrián, periodista, miembro de la Real Academia Española, expresidente de Prisa y presidente de honor y primer director de El País. Los tres ponentes coincidieron en que la precariedad, el sectarismo y la desinformación se encuentran entre las principales amenazas a la libertad de prensa en España.
Para Nativel Preciado, la precariedad laboral es uno de los principales escollos a la hora de ejercer este derecho. "Es mucho mayor que hace veinte años, sobre todo en los casos de los periodistas que se juegan la vida en guerras y situaciones de conflicto”.
La gran responsabilidad de Google y los retos tecnológicos
El director de El Español se mostró sin embargo más optimista sobre el panorama de la profesión: “Es peor que hace veinte años, pero mejor que hace diez”, afirmó. E introdujo un factor “fundamental” para el futuro del periodismo: Google, del que dijo que tiene una gran responsabilidad en este asunto. “Dependerá de si fomenta el periodismo riguroso, profesional o favorece las noticias extremistas, la polarización y las fake news. Google no debe ser una caja negra con la que nos topamos cada vez que cambia el algoritmo”, señaló.
Cebrián, por su parte, fue más contundente en sus conclusiones: “Desde hace quince años, los periódicos son literalmente zombis, la prensa clásica está muerta”. Abordó el cambio de civilización en el que estamos inmersos: “La democracia liberal está amenazada, hay muchos países sin democracia, y en los que la hay está en peligro, porque no sabemos organizar este caos que ha generado internet”, explicó. Y recalcó las grandes dificultades que conllevan la transformación digital de los medios tradicionales, pues, a su juicio, son dos mundos diversos. “La precariedad va a seguir, porque están arruinados, quebrados y sin perspectivas”, remató.
En lo que sí coincidieron también fue en que siempre serán necesarios periodistas que expliquen la cada vez más compleja realidad. “Tiene que haber una profesión que sea capaz de diferenciar las mentiras de las verdades, la realidad de la ficción -afirmó Nativel Preciado-, pero hay que luchar contra tres elementos: el sectarismo, la precariedad y el desprestigio del periodismo”. “La complejidad de todo lo que está sucediendo hace que nuestro papel sea más necesario que nunca”, corroboró Pedro J. Ramírez.
 
 
 
 
 
ELECCIONES JUDICIALES EN BOLIVIA AL FILO DE LA NAVAJA
 
Prensa Latina de Cuba (https://acortar.link/Cg91cf)
 
El proceso de preselección de postulantes a candidatos en las elecciones judiciales de Bolivia se encuentra hoy en receso (“cuarto intermedio”) hasta que se conozca el fallo sobre recurso de amparo presentados por dos candidatos inhabilitados.
“Declaramos cuarto intermedio hasta nuevo aviso”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas.
El titular brindó esa información al final de una prolongada sesión donde se conoció la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en favor de la candidata inhabilitada Margarita Medrano Mayta.
La decisión judicial paralizó el proceso de preselección en el Legislativo, que se encuentra en la fase de exámenes orales.
Según se informó, la audiencia de Medrano Mayta para resolver el amparo presentado por vulneración de sus derechos, está fijada para el lunes 22 del mes en curso.
Rejas declaró ante la prensa que no lo habían notificado oficialmente y que el trabajo de la Comisión debía continuar.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, informó que Rejas y el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, fueron notificados vía WhatsApp, lo cual en su opinión “es válido en este tipo de procesos”.
Este martes también se conoció de otro recurso presentado por el candidato inhabilitado Herculiano Capusiri Casana.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales René Delgado Ecos y Alexis Angles Mercado ordenó paralizar el proceso hasta tanto se pronuncie sobre la demanda, según reveló la red de televisión DTV.
Igualmente, se determinó que las mil 500 preguntas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por universidades, colegios de abogados y las escuelas de jueces para las pruebas orales a los postulantes sean custodiadas en un salón del antiguo edificio de ese órgano legislativo.
Una notaría de fe pública realizó el registro de la caja con las preguntas y respuestas, según se informó.
De acuerdo con la normativa, todo el proceso de preselección en la ALP será en 80 días como máximo, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene como tope 150 días para realizar todo el proceso eleccionario, o sea, existe un límite de 230 días para tener nuevas autoridades judiciales.
La situación creada con estos amparos recuerda la crisis generada por otro que en septiembre del año pasado fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional, y este demoró 89 días en emitir un fallo, lo cual frustró todo el proceso que debía cumplir en ese plazo la ALP.
Finalmente, el TCP se autoprorrogó mediante una normativa, pese a que su mandato constitucional concluía el 31 de diciembre.
 
 
 
 
 
PARAGUAY Y BOLIVIA RESALTAN QUE RUTA BIOCEÁNICA SERÁ UN PUENTE ESTRATÉGICO PARA COMERCIO REGIONAL
 
Portal Portuario de Chile (https://acortar.link/4NOTLO)
 
La Ruta Bioceánica del Eje de Capricornio se perfila como una arteria vital para el comercio sudamericano. Este corredor comercial es el resultado de una alianza estratégica entre los gobiernos departamentales de Santa Cruz, Bolivia, y Alto Paraguay, Paraguay.
La referida ruta promete mover un promedio de 19 millones de toneladas de carga al año mediante 1.2 millones de camiones, generando ingresos estimados en USD 187.756.302 para la región cruceña.
Se trata del resultado de una alianza estratégica entre los gobiernos departamentales de Santa Cruz, Bolivia, y Alto Paraguay, Paraguay, ofreciendo a los productores bolivianos un acceso directo a los mercados internacionales a través de la hidrovía Paraguay-Paraná y la Ruta Bioceánica.
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, destacó la importancia de esta colaboración, que convierte a su región en un socio clave para la exportación de productos cruceños, especialmente soya y minerales. 2Con este convenio, estamos abriendo una ruta de acceso hasta Hito VII y desde allí hasta Alto Paraguay, facilitando así la exportación”, afirmó.
Los proyectos acordados entre las autoridades de Beni y Santa Cruz no solo fortalecerán el comercio, sino que también tendrán un impacto en el empleo, con la creación de 45.000 puestos de trabajo directos e indirectos y la dinamización de 3.8 millones de hectáreas de territorio productivo cruceño.
Mario Aguilera, gobernador en suplencia de Santa Cruz, resaltó que la ruta generará ingresos anuales de sus 186 millones y permitirá a los transportistas ahorrar 17 horas en su camino a los puertos paraguayos, optimizando así los rendimientos económicos.
La ruta paraguaya, que se extiende desde Capitán Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo en la frontera con Argentina, atraviesa el Chaco paraguayo y mide 532 kilómetros de longitud.
La hidrovía, por su parte, es un corredor fluvial natural de más de 3.400 kilómetros, permitiendo la navegación continua entre los puertos de cinco países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ve el acuerdo como un compromiso no solo regional sino paraguayo, facilitando la salida de la carga boliviana a puertos cercanos. “Esto representa un avance significativo para el continente, ya que tanto Bolivia como Paraguay son grandes productores agrícolas”, señaló.
En términos de producción, Santa Cruz reportó el año pasado una cosecha de 5.8 millones de toneladas de granos, un aumento del 29% en comparación con 2022. Sin embargo, la sequía actual ha provocado pérdidas de USD 300 millones en plantaciones de soya, resaltando la urgencia de adoptar biotecnología para mitigar los efectos climáticos adversos.
Este desarrollo promete no solo fortalecer la economía local, sino también consolidar la identidad y cultura compartidas entre las regiones, marcando un nuevo capítulo en la historia del comercio sudamericano.
 
 
 
 
 
A UN AÑO DEL CASO DEL “PADRE PICA”: ¿EN QUÉ QUEDÓ LA CRISIS DE ABUSOS EN BOLIVIA?
 
ACI Prensa (https://acortar.link/0Brzu2)
 
Cerca de cumplirse un año de la publicación —el 30 de abril de 2023— del reportaje “Diario de un cura pederasta”, por el diario El País de España, que relata los abusos cometidos en Bolivia por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, miembro de la Compañía de Jesús (Jesuitas), repasamos lo sucedido con testimonios de diferentes actores involucrados en el caso y enumeramos los avances de las investigaciones que se llevan en contra de éste y otros sacerdotes.
Para ahondar en el caso Pedrajas, dos periodistas de ACI Prensa viajaron en octubre de 2023 a La Paz, Cochabamba y Sucre, en Bolivia, donde entrevistaron a exalumnos de Pedrajas, así como autoridades civiles, de los Jesuitas y del Episcopado boliviano.
Pedrajas, mejor conocido como “Padre Pica”, llegó a Sudamérica a comienzos de la década de los ‘60 como parte de su proceso de formación en la Compañía de Jesús. Durante 10 años vivió en Perú y Ecuador, donde cometió sus primeros abusos, aún como seminarista. En 1971 se radicó definitivamente en Bolivia.
Allí la Compañía de Jesús lo nombró subdirector del Instituto Juan XXIII, un internado cuya misión era formar a los alumnos más preparados del país, con una predilección especial por aquellos sumidos en realidades de gran pobreza. Tres años más tarde, el Padre Pica se convertiría en el director del colegio, donde habría abusado sexualmente de más de 80 menores de edad durante casi 30 años.
Desde que se suscitó el escándalo, tanto la Compañía de Jesús en Bolivia, como la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), llevaron adelante acciones para colaborar con la justicia y recopilar denuncias. También se impulsaron varias iniciativas para garantizar la escucha y el acompañamiento a las víctimas.
En ese marco, comenzaron a surgir demandas que involucran a varios sacerdotes jesuitas por abusos cometidos décadas atrás, e incluso una denuncia colectiva introducida por un grupo de exalumnos del Instituto Juan XXIII contra el actual provincial de la Compañía de Jesús en el país, el P. Bernardo Mercado.
La Justicia civil puso en marcha una investigación que involucra a varios sacerdotes que se desempeñaban como superiores en el momento en que fueron cometidos los abusos. En ese contexto, varios de ellos fueron separados de sus cargos hasta que se esclarezca la situación.
En marzo de 2024, la Justicia en Bolivia dictó prisión domiciliaria de manera preventiva a los sacerdotes jesuitas españoles Marcos Recolons (81) y Ramón Alaix (83), acusados de presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Pedrajas. Ambos se desempeñaban como supervisores en el Internado Juan XXIII, y aparecen nombrados en el diario del fallecido jesuita.
El dolor de las víctimas
Exalumnos de Alfonso Pedrajas aseguraron a ACI Prensa que “era un sociópata y un muy mal sacerdote”, que abusaba de su posición de poder para cometer atrocidades con total impunidad. En Cochabamba, donde funcionaba el internado, uno de los egresados informó de primera mano sobre el estatus actual de las denuncias.
Wilder Flores, integrante del directorio ampliado de la asociación de antiguos alumnos del Colegio Juan XXIII, donde se habrían producido más de un centenar de abusos cometidos por jesuitas, aseguró que “escuchar los testimonios [de las víctimas] realmente es desgarrador”. 
El exalumno denunció que lo que se vivió en esta institución educativa “ha sido terriblemente criminal; era sistemático: hay casos desde tocamientos y vejaciones, hasta torturas”. Y enfatizó: “No estamos hablando de cualquier cosa”, refiriéndose al dolor y al trauma que quedaron impresos en las vidas de las víctimas.
Flores detalló que sobre el Internado Juan XXIII tienen registrados unos 187 casos de abusos que habrían sido cometidos por cuatro sacerdotes jesuitas: Alfonso Pedrajas, Francesc Peris, Carlos Villamil y Francisco Pifarré. Este último vive todavía y, de acuerdo a un comunicado de la Compañía de Jesús, se presentó a la fiscalía de Santa Cruz alegando su inocencia.
Además, acotó que 31 de las presuntas víctimas “están dispuestas a dar su testimonio y han dado un poder” al abogado de la asociación para el proceso legal. En la actualidad, las instalaciones del antiguo internado funcionan como una obra de la fundación Fe y Alegría, también a cargo de Jesuitas, al que ACI Prensa tuvo acceso.
El representante de los exalumnos aseguró que los Jesuitas no se han acercado a ellos directamente, porque los religiosos han apelado a la opinión pública y han abierto sus canales de escucha para denuncias de abusos. Además, denuncia también que existe mucha gente que ha sido convencida por la Orden con favores y trabajos.
Flores enfatizó que actualmente hacer una denuncia en contra de un sacerdote fallecido “no vale la pena, porque legalmente eso va a quedar en la nada”. “¿A quién van a imputar? No tiene sentido y eso es lo que los Jesuitas han estado impulsando: denuncian al muerto y a los vivos los defienden a capa y espada”, señaló.
En este sentido, precisó que la asociación de exalumnos considera que la Compañía de Jesús debe asumir una responsabilidad institucional, dando a entender que los Jesuitas habrían conocido el proceder del Padre Pica gracias a sus mecanismos de comunicación interna. De acuerdo a Flores, el mismo Pedrajas reconoció que contó varias veces a sus superiores lo que hacía.
“Y ante eso, el no haber hecho nada es negligencia, es un delito por omisión. Estamos hablando de abusos sistemáticos durante muchos años y si en su momento se hubiese parado, se hubiesen evitado un montón de víctimas”, resaltó. 
De acuerdo a los testimonios de exalumnos brindados a ACI Prensa, en la asociación se encuentran divididos en dos facciones: hay quienes desean una reparación económica, y otros que no. Incluso desde un bando acusan al otro de ser personas “fanatizadas”, que sólo buscarían hacerle daño a la Iglesia.
Según Flores, no exigen remuneración económica, pero aseguran que esa debería ser una responsabilidad civil que deben asumir los Jesuitas y la Iglesia Católica. Además, afirma que sólo desean que se esclarezca la verdad.
Por lo tanto, el vocero de los exalumnos reiteró su pedido a la Compañía de Jesús de que asuma su responsabilidad institucional ante los abusos, porque no serían delitos Intuitu personæ (de manera personal). “Todos estos hechos en conjunto constituyen ya no un delito común, estamos hablando de un delito de lesa humanidad y eso no prescribe”, puntualizó.
La respuesta de la Compañía de Jesús
El encargado de comunicaciones de los Jesuitas en Bolivia, P. Sergio Montes Rondón, también se refirió a la situación actual de los casos. Además de las investigaciones que se llevan en contra de los cuatro sacerdotes del instituto Juan XXIII, el P. Montes indicó a ACI Prensa que la Compañía ha recibido denuncias en contra del P. Luis María Roma, el P. Jorge Vila Despujol, el P. Antonio Gausset Capdevila y el P. Antonio Mestre Descals. Todos ellos ya fallecieron.
Además, el P. Montes se pronunció sobre “una nueva acusación” por parte del grupo de exalumnos del colegio Juan XXIII, “en la que usan una figura que no alude tanto al encubrimiento, sino que más bien califica de 'autor por omisión'” al P. Bernardo Mercado, superior de la Compañia de Jesús en Bolivia.
“¿Cómo puede ser autor y cómo puede no haber ofrecido garantías y no haber ayudado a que se evite el hecho, cuando ni era provincial, y en algunos de los casos ni había nacido?”, cuestionó, apuntando  a la complejidad del caso y las responsabilidades.
Como parte del proceso, ocho jesuitas que se desempeñaban como provinciales en la época en la que supuestamente se cometieron los abusos fueron separados de sus cargos mientras se desarrolla la investigación. Actualmente, residen en la comunidad Nuestra Señora de la Esperanza, en Cochabamba. “Por cuidado a la imagen de las personas” el P. Montes prefirió no dar sus nombres.
En aras de garantizar la transparencia en los procesos de la investigación, el P. Montes no consideró conveniente, por ahora, que se promueva el diálogo con los exalumnos del colegio Juan XXIII. El sacerdote argumentó que “hay unos procesos de investigación en curso” que “no se pueden contaminar, por ahora, con otro tipo de acciones, mientras no haya un paso más”.
Según el sacerdote, para la Compañía de Jesús “lo más importante de esta situación son las víctimas”, por eso, sobre ellas llevan adelante una línea “de justicia integral”.
“Una cosa son las víctimas y otra cosa es una representación de las víctimas, que puede tener otras motivaciones”, advirtió, considerando que “la situación se ha ido mezclando con otros intereses de otros sectores”, y “se la está utilizando políticamente como bandera para los intereses de sectores o grupos políticos” que actúan en función del gobierno.
El jesuita cuestionó: “¿Qué apoyo están recibiendo las víctimas, además de lo legal, para su situación, desde las instancias que están protagonizando su representación, su defensa, etcétera?”.
Dirigiéndose a las víctimas, garantizó: “Nuestra solidaridad no es una solidaridad teórica; nuestra empatía no es una puesta en escena, ni una forma de quedar bien. Es que nos duele [...] nos duele porque el cuerpo de Cristo ha sido dañado”.
En un contexto de dolor y sin respuestas definitivas para las víctimas de Pedrajas, el P. Montes dijo que para el fallecido abusador sexual se debe tener una mirada “de justicia, pero también una mirada de misericordia”, considerando que “más allá del sacerdocio, la vocación primera es la vocación humana”.
“Es lamentable, triste y la Compañía de Jesús está dolida por lo que hizo uno de sus hijos. Qué pena que no se le pudo ayudar en los momentos en los que tal vez se podía hacer algo”, lamentó. Y aunque la misericordia “en absoluto” supone una disculpa a las acciones del Padre Pica, llamó a rezar incluso por personas como Pedrajas, que han podido hacer mucho mal a mucha gente.
“Lo que pasó no lo vamos a cambiar, pero lastimosamente, cuando no estamos a tono empáticamente con las personas, podemos no ser realmente agentes de reconciliación, de salvación y de bien”.
“Eso no puede mantenernos indiferentes, dejarnos en la indiferencia. Y con la seguridad de que así como estamos actuando para transparentar todo y para que estas cosas se aclaren, queremos comunicarles y decirles que a todas las víctimas la compañía las va a atender en lo que se tenga que hacer para darles justicia integral”, expresó el P. Montes.
La respuesta del Episcopado boliviano a la crisis
Sobre ese pasado convulso también habló con ACI Prensa el P. Diego Plá, Secretario General Adjunto de la CEB, quien recordó que la gran mayoría de los casos de abuso en la Iglesia de los que se habla hoy, se cometieron en el siglo anterior. “La realidad de los abusos [eclesiales] en 2023 es prácticamente insignificante, nosotros estamos tranquilos”, indicó.
El P. Plá fue muy enfático en que “más allá de ese 3% del total [de sacerdotes] que representan los abusos eclesiales”, en Bolivia se vive una situación dramática a nivel social en temas de maltrato y abusos a menores. Afirmó que “eso parece que no nos interesa, siempre nos interesa más el tema eclesial”.
Sin embargo, el sacerdote de origen español indica no querer justificar a los agresores: “Son criminales”, sentenció. También criticó el accionar de la Iglesia en aquellos tiempos cada vez que se recibían denuncias en contra de algún clérigo, señalando que “se ha tenido que aprender de ese mal proceder”.
“Cuando se agarraba a un sacerdote se le movía de un lado a otro pensando que se iba a sanar. Evidentemente no. No fue un proceder adecuado”, y explicó que ahora, cuando se recibe una denuncia en contra de algún clérigo, se formaliza ante la justicia civil y canónica, e incluso los ordinarios se involucran. “Antes, desgraciadamente muchas veces, los Obispos lo ocultaban”, señaló.
De forma similar al P. Sergio Montes, el Secretario General Adjunto de la CEB, considera importante tener gestos de misericordia para con esos “criminales”. Manifiesta que uno de los principios básicos del cristianismo es el de “no juzgar”, que aplica especialmente en estos casos porque se desconoce el sufrimiento particular de los victimarios: “Está demostrado que muchos abusadores han sido abusados también”, puntualizó.
También calificó de “admirable” la respuesta de la Compañía de Jesús al escándalo de los abusos, remarcando que han sido claros y transparentes a lo largo de estos meses. Este sentir es muy poco compartido por gran parte de los exalumnos del internado Juan XXIII. El sacerdote también critica que el tema de los abusos eclesiales en Bolivia se juzgue “desde el lente del 'Caso Pedrajas'”, y hace un llamado a abordar la situación desde la amplitud que amerita.
Aún así, es evidente que el caso del jesuita Pedrajas y todo el vendaval que desató en el país sudamericano también sacudió a la CEB hasta sus cimientos. Desde mayo, la institución se movilizó para crear cinco comisiones nacionales con el objetivo de atender a las víctimas; “pedir perdón como Iglesia”, en palabras del Secretario General Adjunto; e investigar y prevenir los casos de abuso.
Aunque el P. Plá afirma que “están lloviendo denuncias” en el Episcopado, la realidad es que desde que se habilitaron los canales de atención a posibles víctimas (una línea gratuita, una línea de WhatsApp, un correo eléctrico y un formulario digital), la Comisión Nacional de Escucha de la CEB sólo ha recibido 7 casos: 3 de ellos por abuso sexual y los demás por consumo de alcohol y abuso de poder. Todas las denuncias datan de hace más de 20 años.
Desde su creación en junio de 2023, la Comisión Nacional de Escucha de la Conferencia Episcopal Boliviana, cuya tarea es recibir y acompañar a las posibles víctimas de abusos dentro de la Iglesia, realiza reuniones bimestrales de las que participan delegados de las 18 jurisdicciones eclesiásticas del país. Durante su último encuentro, en febrero de 2024, se pudo conocer cómo está implementando cada diócesis los Protocolos de Actuación en lo vinculado a las denuncias.
“El sistema judicial boliviano es francamente deplorable”, dijo a ACI Prensa Susana Inch, abogada titular de la CEB y responsable de la Comisión Nacional de Investigación. Inch hace una diferenciación clara de los tres escenarios en donde se desenvuelven los casos de abuso en el país: el derecho penal, el derecho canónico y el seguimiento legislativo.
Sobre el derecho penal, la abogada señaló que se caracteriza por una “marcada inestabilidad y por modificaciones constantes de la norma, no precisamente basadas en la legalidad”. Inch criticó el proceder del Estado boliviano, que ha respondido a la coyuntura de los abusos “con acciones excesivas, detenciones forzadas y acusaciones sin fundamento”.
En materia de derecho canónico, Inch lamentó la escasez de abogados canonistas en Bolivia, una realidad que considera determinante porque les presenta a los obispos “un desafío enorme a la hora de atender denuncias por temas de abuso sexual, porque no hay gente preparada”.
Desde un punto de vista meramente jurídico, la inmensa mayoría de los casos de abuso sexual en ambientes eclesiales de los que se tiene conocimiento actualmente en Bolivia ya prescribieron por su antigüedad. La abogada explica que el Código Penal boliviano no prevé sanciones para estos casos y que fue apenas en 2021 cuando se aprobó la responsabilidad penal de las instituciones de las personas jurídicas, por lo que organizaciones como la Compañía de Jesús tampoco estarían sujetas a sanciones.
Sin embargo, Inch afirmó que “aunque lo legal no prospere, la Iglesia debe dar una respuesta en lo humano”, poniendo como ejemplo el caso chileno, donde la Orden jesuita ha puesto en marcha varias iniciativas para resarcir a las víctimas de abuso.
En 2019, la Compañía de Jesús en Chile creó el Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) para abordar “profesional e interdisciplinariamente” los casos de abuso cometidos por algunos sacerdotes, acogiendo a las víctimas y “buscando caminos de encuentro y reparación”, para hacer justicia.
El CPR recibió —desde 2005 y hasta el 2021— 17 denuncias en contra de jesuitas, de las cuales 11 fueron consideradas verosímiles. En total, 64 personas fueron víctimas de los sacerdotes de la Orden: 34 menores de edad y 30 adultos al momento de ocurrir los hechos.
Según el sitio web de Presupuesto Abierto del gobierno chileno, entre 2016 y 2022, el Estado ha aportado más de 99 mil millones de pesos a las distintas fundaciones que controla la Compañía de Jesús, un poco más de 100 millones de dólares americanos. El monto oficial que ha repartido la Orden en reparaciones económicas a las víctimas de abuso no se ha hecho público.
El Senado boliviano, la cuestión política y la presión gubernamental
Sobre el seguimiento legislativo de los casos de abuso, que se ha dado desde la Cámara de Senadores boliviana, con la creación de la Comisión Especial de la Verdad, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) denunció que el trabajo del senado “ha sido muy sesgado”, debido a los intentos de instrumentalización política y presiones del partido mayoritario de gobierno.
Una de las senadoras que conforman la comisión, Nelly Gallo Soruco, perteneciente al partido Comunidad Ciudadana (CC) de tendencia opositora al actual gobierno boliviano, conversó con ACI Prensa sobre el trabajo que han llevado adelante estos últimos meses y los pasos a seguir en el futuro.
El objetivo principal de la Comisión Especial de la Verdad es conducir una investigación para luego elevar un informe que será puesto a disposición de la presidencia de la Cámara de Senadores. Gallo fue enfática al señalar que la comisión no tiene potestad alguna de imponer sanciones penales ni de administrar justicia.
“La Comisión Especial se ha conformado a raíz de la preocupación que surgió después de la publicación del reportaje de El País de España”, explica la senadora Gallo. “Empezó a funcionar en junio de este año”, añadió.
La militante del partido Comunidad Ciudadana empezó a formar parte de la comisión debido a los temores que tenía su partido sobre una “posible manipulación para fines políticos” de los casos de abusos eclesiales. En total son seis senadores los que la conforman, de los cuales tres militan en el partido Movimiento al Socialismo (MAS), históricamente afín a Evo Morales.
“Había una susceptibilidad de que la mayoría pudiera hacer un direccionamiento discrecional del objetivo que tiene la comisión. Para el momento en que ingresé ya se habían hecho varias entrevistas a los involucrados, entre ellos los exalumnos del colegio Juan XXIII y el Defensor del Pueblo”, señaló Gallo.
La senadora resaltó que la comisión también entrevistó a Pedro Lima, ya con ella presente, una figura controversial y muy mediática en Bolivia, relacionada con el MAS y que formó parte de la Compañía de Jesús.
Lima ha denunciado en repetidas ocasiones que fue expulsado de la Orden cuando decidió denunciar los casos de abuso. Para Gallo, el exconstituyente es una persona que tiene “un sentimiento muy fuerte en contra de la Iglesia”. ACI Prensa se comunicó con Pedro Lima para conocer su opinión sobre el caso y las afirmaciones de la senadora, pero se negó a dar declaraciones.
Asimismo, Gallo remarcó la importancia de saber entender que el tema de los abusos “es uno delicado y de mucho cuidado”, que “lamentablemente es muy común” en la sociedad boliviana y “que falta mucha atención de parte de las autoridades”. Además, añadió que muchas de las leyes de protección a menores de edad “no se cumplen a cabalidad o no son funcionales”.
“Necesitamos que esta Comisión cumpla con ese rol, el de hacer valer la normativa legislativa y que no se manipule de una forma político-partidaria. Que proceda con el respeto que se merecen las víctimas y la institución religiosa dentro de la cual se suscitaron estas situaciones tan penosas de abuso a los niños”, indicó.
Entre quienes están involucrados en el caso parece un secreto a voces que el gobierno boliviano, de tendencia socialista “tiene en la mira” a la Compañía de Jesús. ACI Prensa consultó a la senadora Gallo sobre la posibilidad de que a los Jesuitas les sean expropiados sus bienes en el país, con el pretexto de ofrecer algún tipo de remuneración a las víctimas.
Sobre esto, la senadora indicó que “no podría dar un criterio de certeza, porque no me consta”, pero que “no sería de extrañar” que el gobierno procediera de esta manera. Gallo y su equipo afirman “estar preparados para hacer frente a una situación así”, e indicó que si el informe final de la comisión está manchado por intenciones políticas ajenas a su naturaleza, presentarían un “informe de minoría” denunciando todas las irregularidades.
La legisladora puntualizó: “Hemos visto que la Iglesia y la Compañía de Jesús han sido muy abiertos y no han tenido intención de ocultar nada, eso ha sido una gran ayuda para poder sacar las ideas de complicidad. Y concluyó afirmando tajantemente que “la Iglesia no es culpable de las acciones individuales de sus miembros”.
“Nosotros somos firmes defensores de las libertades y de los derechos humanos, especialmente de la libertad religiosa. Necesitamos que las iglesias sean un centro de confianza para el ejercicio de la libertad de la fe”, afirmó Gallo.
Lo cierto es que la libertad religiosa en el país sudamericano se ve cada día más amenazada y muchos voceros comienzan a expresar su preocupación. El “Caso Pedrajas” y las diversas denuncias que le siguieron podrían ser la excusa perfecta para que el gobierno ataque abierta y definitivamente a la Iglesia Católica boliviana. “Nos preocupa que estos casos lamentables se instrumentalicen para perseguir políticamente a la Iglesia”, repitió Gallo.
La crisis de abusos en Bolivia sigue proyectando su sombra sobre la Iglesia Católica en el país, especialmente sobre las víctimas, que han parecen buscar respuestas y justicia en vano. A medida que avanzan las investigaciones, y a pesar de los esfuerzos de la Iglesia, todo parece indicar que el camino a recorrer será muy largo.
En un panorama donde la fe se tambalea, Bolivia se enfrenta a una encrucijada dolorosa en la que la búsqueda de soluciones parece estar atrapada en un círculo vicioso de desconfianza, lagunas jurídicas, intereses económicos y presiones políticas.
 
 
 
 
 
COLOMBIANA QUE VIAJÓ A BOLIVIA EN MOTO SE CAYÓ Y NO LA AYUDARON PORQUE "ES MALA SUERTE"
 
Natalia Varela, en su moto y sin compañía alguna, pasó por 6 países de Suramérica en 37 días. En su recorrido por Bolivia sufrió una caída y, por creer que tenía “mala suerte”, ningún lugareño la ayudó.
 
Noticias Caracol de Colombia (https://acortar.link/4nJhxr)
 
Natalia Varela, una valiente colombiana de 31 años, viajó a 6 países de Suramérica en su motocicleta, sola, durante 37 días y con tan solo $5.500.000. En su recorrido pasó por Bolivia, allí tuvo una caída en su vehículo y ningún poblador de esa nación la ayudó por una particular creencia cultural.
A diferencia de los colombianos que se caracterizan por ser personas alegres, espontáneas y por lo general con un sentido de solidaridad aún latente, según Varela, en otros países no se vive lo mismo.
¿Qué le pasó a Natalia Varela en Bolivia?
Dentro de las muchas experiencias que vivió esta joven en su viaje, no olvida una que la marcó mucho en su paso por Bolivia.
“Cuando yo fui al Salar de Uyuni, mientras estuve en la parte de adentro, tomándome fotos, en la parte de la entrada llovió y el terreno en la entrada es en arcilla. Se mojó tanto que cuando salí era greda. No podía andar casi en la moto y el guardabarros delantero se llenó de greda, a tal punto que la llanta ya no giraba. Así yo revolucionara mucho la moto, ya la llanta no me giraba. Se me cayó la moto y pues por el peso no podía levantarla y como estaba tan resbaloso yo intentaba poner los pies firmes para alzar la moto, pero terminaba siempre resbalándome y cayendo”, contó la mujer en diálogo con Noticias Caracol.
En este punto resultó bastante extraño para ella que pasara más de media hora pidiendo ayuda a los bolivianos que transitaban por el sector en carros, camionetas o motos, pero nadie paraba a auxiliarla.
La joven, nacida en Villapinzón (Cundinamarca), narró que “finalmente pasó un señor en un carro y paró a ayudarme, pero no era boliviano, era brasileño. Cuando yo llegué al hotel donde me estaba quedando esa noche le conté a la dueña del hotel y ella me dijo: 'lo que pasa es que nosotros creemos que si a ti te pasa algo malo es porque te lo mereces, porque algo malo hiciste, y es la forma como la naturaleza te lo está cobrando. Si nosotros te ayudamos nos va a pasar lo mismo, entonces si yo veo que tú te caíste y te ayudo, más adelante yo también me voy a caer'”.
En ese momento, Natalia entendió algunas otras cosas que le habían pasado en este país, como cuando se quedó sin gasolina y en ninguna estación le quisieron vender por ser extranjera o cuando buscó un baño en restaurantes y cafeterías durante unos 500 kilómetros y nadie le permitió el ingreso a uno.
“Incluso en el restaurante donde yo almorzaba pedía servicio del baño y no me lo prestaban. Me di cuenta que en Bolivia la gente es muy prevenida con los turistas y con las personas que piden ayuda… porque ellos todavía están muy arraigados a sus costumbres indígenas y creen mucho en la naturaleza”, concluyó Varela.
A pesar de estas experiencias a las que tuvo que sobreponerse para continuar con su viaje, la arriesgada colombiana regresó sana y salva a casa, con muchos aprendizajes y con ganas de volver para terminar su recorrido por Suramérica. Ahora sueña con viajar al lado de su hija durante un año por Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay. No obstante, Varela no descarta ir también a México, Alaska y otros países.
 
 
 
 
 
ENCUENTRAN MÁS DE 3 MILLONES DE SOLES EN CIGARROS ‘BAMBA’ Y ROPA QUE ENTRARON POR LA FRONTERA CON BOLIVIA
 
Diario Correo de Perú (https://acortar.link/HiQ1aG)
 
La Policía continúa imparable en su guerra contra las mafias de contrabandistas y logró incautar mercadería de contrabando consistente en cigarrillos, prendas de vestir de segundo uso, y útiles de aseo que ingresaron ilegalmente al país por un monto superior a los 3 millones de soles.
En una de las intervenciones, personal de la Policía Fiscal intervino el tráiler con placa DMM-905 y DBC-975 que había llegado procedente de Puno. En su interior se encontraron decenas de costales con ropa de segundo uso, así como 63 cajas de cigarrillos de fabricación paraguaya y que no tenían documentos que acrediten su legal procedencia.
De otro lado, cerca de medio millón de cigarrillos, así como gran cantidad de productos de aseo personal fueron incautados como parte del operativo denominado Tornado VII. Los productos eran trasladados en el camión de la empresa de transportes Multiservicios Solano SAC, con placas ATH-916 y A/J-998, que se trasladaba desde Arequipa hacia Lima.
De otro lado, camuflados en un cargamento de frutas, la Policía encontró más de 100 mil cigarrillos que ingresaron ilegalmente al país, para ser distribuidos no solo en negocios de la capital, sino también del interior del país.
Agentes de la Policía Fiscal, producto de un paciente trabajo de inteligencia, intervinieron el camión placa VOR-723 perteneciente a la empresa de transportes de carga Sayaic EIRL, que acababa de llegar al Mercado Mayorista de Frutas trasladando un cargamento de frutas.
Tras revisar su interior se encontró ocultos en una caleta 9 cajas de cartón conteniendo cigarrillos de procedencia extranjera que no tenían documentos de su ingreso legal al país. En total se incautó 90 mil cigarrillos de fabricación paraguaya y fabricados sin ningún control sanitario.Las autoridades comunicaron a la 3ra Fiscalía Penal de Lima para el inicio de las investigaciones.
De la misma forma, la Policía Fiscal decomisó cerca de 200 mil cigarrillos tras intervenir el stand 221 de la galería La Colmena, ubicada en la Av. La Colmena 884, Cercado de Lima. Se trata de uno de los principales puntos, desde donde se distribuye cigarrillos ilegales a mercados de la capital.
Mientras que detectives del Depincri Bellavista, en un operativo por combatir los delitos aduaneros y proteger la salud de los usuarios, incautó miles de cigarrillos vencidos y falsificados en el stand 100 y 110 del mercado Señor de los Milagros, de Ventanilla. Los encargados alegaron que compraron los productos en Mesa Redonda, pero no contaban con documentos que acrediten el ingreso legal de los cigarrillos al país.
Finalmente, en el distrito de Los Olivos, personal de fiscalización de la comuna intervino las bodegas de la calle Los Olivos N° 54, Los Jazmines de Naranjal y la calle Aquia Mz D lote 13. Producto de la operación se encontraron cientos de cigarrillos que en algunos casos estaban vencidos, y en otros sus cajetillas no tenían las advertencias sanitarias ni los documentos que avalen su ingreso legal al país.
Las autoridades informaron que todos los productos incautados fueron fabricados en Paraguay e ingresaron al país a través de la frontera con Bolivia por organizaciones criminales de contrabandistas que utilizan a pequeños negocios para distribuir la mercadería ilícita.