DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA GENERÓ MÁS DE 28 MILLONES DE ENFERMOS EN 20 AÑOS: PERÚ Y VENEZUELA SON LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS

Según un reciente estudio, la tala indiscriminada y los incendios forestales en el “pulmón del mundo” están asociados a más de 20 enfermedades distintas, como bronquitis, asma, derrames cerebrales y cáncer de pulmón. 

La deforestación en la Amazonía no solo arrasa con miles de hectáreas de bosque cada año, también está vinculada a la propagación de enfermedades que afectan a millones de personas en la región. Entre 2001 y 2019, se registraron más de 28 millones de casos relacionados con males respiratorios, cardiovasculares y zoonóticos en países como Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Surinam y Guyana, de acuerdo con un reciente estudio publicado en Nature Communications Earth & Environment.
Según un reporte de Ojo Público, la fragmentación del bosque por la tala indiscriminada y los incendios forestales ha incrementado la exposición de las comunidades amazónicas a partículas contaminantes (PM2.5) y a vectores como mosquitos y patógenos que migran al perder sus hábitats. En paralelo, la falta de titulación de territorios indígenas limita la capacidad de estas comunidades para proteger sus tierras y evitar la degradación ambiental, lo que incrementa los riesgos sanitarios.
Más de 28 millones de casos de enfermedades vinculadas a la deforestación
La investigación analizó dos décadas de información sanitaria de ocho países amazónicos y encontró que la deforestación está asociada a 21 enfermedades distintas. Venezuela, Surinam y Perú son los más afectados en términos de incidencia. Solo los problemas respiratorios y cardiovasculares ligados al humo de los incendios representaron el 80,3% de los más de 28 millones de casos reportados entre 2001 y 2019.
Los investigadores advirtieron que el material particulado liberado por el fuego se desplaza fácilmente por el viento y puede impactar a poblaciones situadas a más de 500 kilómetros de distancia. Brasil reportó los niveles más altos de PM2.5, con 45 toneladas por año por metro cúbico, seguido de Perú (7,21 toneladas) y Bolivia (6,33 toneladas). Este tipo de contaminación está asociada a bronquitis, asma, derrames cerebrales y cáncer de pulmón.
El estudio también mostró que la deforestación facilita la expansión de enfermedades zoonóticas como la leishmaniasis cutánea. Estos males representaron el 19,7% de los casos en la cuenca amazónica. La pérdida de hábitat obliga a insectos y animales a acercarse más a los asentamientos humanos, lo que incrementa las posibilidades de contagio.
El rol clave de la titulación de territorios indígenas
Otro hallazgo central apunta al impacto positivo del reconocimiento legal de tierras indígenas. Según los resultados, las enfermedades asociadas a incendios disminuyen en municipios donde más del 45% del bosque está protegido dentro de territorios indígenas titulados. En el caso de los males zoonóticos, la reducción de riesgos se observa cuando la cobertura forestal dentro de estas tierras supera el 40%.
Para Filipa Palmeirim, coautora principal de la investigación, “la capacidad de los territorios indígenas para proteger contra enfermedades es mayor cuando están legalmente reconocidos y la cobertura forestal está por encima del 40%”. En esa misma línea, Fany Kuiru, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), subraya a Ojo Público que “cuando hay control territorial, se evita la deforestación, los incendios y se protege el territorio de cualquier forma de degradación”.
Los líderes indígenas insisten en la urgencia de avanzar con la titulación de tierras, ya que actualmente la protección varía ampliamente entre países. Mientras que en Colombia se reconoce la propiedad colectiva de grandes extensiones, en Ecuador se entregan parcelas pequeñas y en Surinam los pueblos originarios ni siquiera están reconocidos en la Constitución. “Seguimos luchando para titular, al menos, 100 millones de hectáreas en toda la Amazonía, para evitar que llegue al punto de no retorno”, enfatiza Kuiru.
En términos globales, los autores del reporte subrayan que la Amazonía no solo afecta a quienes viven en sus márgenes. Su degradación impacta en ciudades enteras por el aumento de temperaturas, la reducción de lluvias y la mayor vulnerabilidad frente a epidemias. Por ello, consideran que la salud humana y la protección del bosque deben verse como dos caras de una misma estrategia: mientras más se fortalezca la gestión territorial indígena, más se reduce el riesgo de que la Amazonía se convierta en una fuente permanente de nuevas crisis sanitarias. Infobae de Argentina (https://n9.cl/mvt6ot)
 
 
 
 
 
TRUMP SEÑALA A NICARAGUA COMO PAÍS CLAVE PARA EL TRÁNSITO DE DROGAS Y REFUTA EL SUPUESTO “MURO DE CONTENCIÓN” DE ORTEGA
 
La designación del Departamento de Estado dinamita la narrativa del Ejército sandinista sobre el control del narcotráfico
 
El País de España (https://n9.cl/d1chpn)
 
La Administración de Donald Trump continúa cercando, al menos con herramientas diplomáticas y de seguridad regional, al régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta semana ha designado a Nicaragua como “un país clave en el tránsito de drogas hacia Estados Unidos”. Dicha designación, dictada por el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, ocurre en un contexto particular: las operaciones de Washington en el Caribe venezolano, que tiene en la mira al régimen de Nicolás Maduro, un aliado incondicional de Managua.
La designación, además de países como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, India, Laos o Pakistán, alcanza también a otras naciones latinoamericanas, de Venezuela, Colombia a México o El Salvador, entre otras. Sin embargo, las circunstancias de cada territorio son distintas, al igual que el alcance de los señalamientos. En el caso de Nicaragua, dinamita el principal argumento del supuesto “muro de contención” con el que Ortega y Murillo han tratado de congraciarse con Estados Unidos, exhibiendo al Ejército como garante de la lucha antidrogas en en la región en cada ocasión posible.
“La presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente las iniciativas antidrogas de su Gobierno, ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. La inclusión de países en la lista se debe a la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si un Gobierno ha implementado medidas rigurosas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley”, explica la designación del Departamento de Estado.
Las relaciones en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado entre Managua y Washington se encuentran en un punto muerto, después de que Estados Unidos anunció en junio pasado el retiro de la Administración de Control de Drogas, conocida por su siglas en inglés como DEA, de Nicaragua por “falta de cooperación!” del régimen sandinista.
“Las violaciones de los derechos humanos y la corrupción rampante en Nicaragua han llevado a Estados Unidos, la Unión Europea y otros países a imponer sanciones económicas y suspender la asistencia en materia de seguridad. Como resultado, Nicaragua se ha vuelto menos cooperativa en la lucha contra el tráfico de drogas y a menudo ignora las solicitudes de información rutinarias”, indicó en junio el mismo Departamento de Estado, en un informe titulado “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos”.
El discurso del general sancionado
A pesar de ello, el jefe de las fuerzas armadas, el general Julio César Áviles, durante su discurso en el acto de aniversario de la institución el pasado 2 de septiembre, insistió en que sus batallones sí combante el narcotráfico. “Todos los nicaragüenses debemos de tener orgullo de que nuestra amada Nicaragua es la nación más segura de la región y una de las más seguras del continente. Tenemos nuestros puertos y aeropuertos seguros y debidamente certificados por los organismos internacionales y, desde la sólida y efectiva estrategia nacional del ‘muro de contención’, luchamos contra el narcotráfico y el crimen organizado, garantizando contener, desviar y capturar la mayor cantidad de droga que transita de Sur a Norte del continente”, insistió el militar sancionado por Estados Unidos en mayo de 2020 por “su significativo apoyo a la represión y desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte del régimen de Ortega”.
El Ejército de Nicaragua sostiene que, gracias a lo que denomina el “primer anillo estratégico de la seguridad del país”, logra desviar anualmente más de 800 toneladas de droga que no ingresan al territorio nacional. Según sus propios reportes, entre septiembre de 2024 y el 2 de septiembre de este año capturaron a 56 narcotraficantes, incautaron 24 medios de transporte —14 de ellos navales—, destruyeron más de 120.000 plantas de marihuana y retuvieron a 72.000 migrantes que intentaban ingresar por puntos ciegos.
No obstante, las cifras divulgadas por las fuerzas de seguridad del régimen sandinista carecen de validación independiente y no son reconocidas por organismos internacionales ni por centros especializados en el estudio del narcotráfico. Esa ausencia de verificación genera dudas sobre la eficacia real del llamado “muro de contención” que el Gobierno utiliza como carta de presentación ante la comunidad internacional.
De hecho, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado en varias ocasiones a que las agencias de seguridad del régimen de Ortega y Murillo asuman responsabilidades claras en la identificación y captura de quienes participan en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, y ha advertido sobre los vacíos de coordinación bilateral.
En contraste, el mismo Estados Unidos ha destacado la cooperación estrecha que mantiene con Costa Rica en esta materia. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) subraya que existe una coordinación sólida con las instituciones judiciales y de seguridad costarricenses, lo que ha permitido enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales que utilizan el istmo como corredor hacia Estados Unidos.
 
 
 
 
 
ESTADOS UNIDOS SOMETE A MADURO AL PSICOTERROR: “LA IRA DE DIOS CAERÁ SOBRE TI”, ADVIERTE EL RÉGIMEN
 
Las operaciones en el Caribe han venido acompañadas de una estrategia de presión construida a través de mensajes intimidatorios
 
El País de España (https://n9.cl/x6czs3)
 
Cuando al presidente Donald Trump le preguntaron si planeaba lanzar un ataque dentro del territorio venezolano en su lucha contra el narcotráfico, respondió con un “ya verás”, con su enigmático gesto de cejas y boca. Las operaciones de Estados Unidos en el Caribe han generado una guerra psicológica que busca hacer creíble la amenaza contra Nicolás Maduro y ejercer presión dentro de su círculo. Después de tres ataques a embarcaciones, en los que al menos dos fueron destruidas con sus tripulantes adentro, según la versión de la Casa Blanca, y la presencia militar en aguas territoriales frente a las costas venezolanas, la tensión bilateral crece como parte de una guerra de narrativas y discursos intimidatorios de la que el chavismo ha acusado recibo.
“No es tensión, es una agresión militar”, responde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Trump ha mostrado los videos de las lanchas explotadas por sus militares. Desde el chavismo, al menos del primer caso ocurrido a principios de septiembre, aseguran que fue una imagen echa con inteligencia artificial y Maduro ha pedido que se investigue lo ocurrido, pero ha calificado los movimientos de Estados Unidos como una agresión de carácter militar. En el terreno y el discurso el conflicto ha escalado.
Las posibilidades de una invasión o de ataques mayores a los ejecutados contra tres lanchas supuestamente cargadas con droga son difusas, incluso con el despliegue naval que se ha hecho en el Caribe. El exfuncionario de defensa estadounidense Franklin Mora, en entrevista en CNN en español, señalaba esta semana que las capacidades militares que ha mostrado Estados Unidos con un submarino, destructores, cruceros y entre 4.000 y 5.000 infantes de marina, no es suficiente para invadir un país como Venezuela. “No creo que esto se trate de una invasión militar. Se trata más bien de una operación psicológica que trata de intimidar e incentivar a los militares a través del miedo a que saquen a Maduro del poder”.
En opinión de Mora, ex vicesecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, con los equipos desplegados por EE UU en el Caribe se podrían hacer operaciones quirúrgicas para la destrucción de pistas usadas por narcotraficantes, en vez de interceptar barcos, pues la vía área es la principal salida de drogas de Venezuela.
La narrativa intimidatoria se ha construido en coro. El senador republicano Bernie Moreno ha vaticinado que Nicolás Maduro no permanecerá en el poder más allá de 2025. Su compañero de bancada Mario Díaz Belart ha dicho que al líder del chavismo le quedan solo tres opciones: “irse del país, pudrirse en una cárcel o terminar en polvo dentro de una bolsa plástica”. Pero Diosdado Cabello también ha advertido de que si atacan al Gobierno, irán contra la dirigente opositora en la clandestinidad María Corina Machado. “Diosdado Cabello, ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando. Si algo le pasa, tú y tus cómplices no tendrán dónde esconderse y la ira de Dios caerá sobre ti como un trueno”, respondió Díaz Belart en los fogueos de redes sociales de los últimos días.
El propio Cabello ha desvelado la estrategia de intimidación, aunque se mantiene en alerta. “Ellos amenazan y la fase que hay ahorita es el coco [la cabeza]: la guerra psicológica, que casi siempre está basada en mentiras, manipulaciones, en fake news, buscando dividir las fuerzas internas, porque así la cosa es más fácil”, dijo hace unos días en su programa de televisión, Con el Mazo Dando.
El secretario de Estado, Marco Rubio, es el hombre en quien Trump parece haber delegado su lucha contra el narcotráfico en América Latina. Un combate que ya no se centra en las incautaciones de droga y en las actuaciones regulares contra los carteles, sino en “hacerlos volar por los aires”, en referencia a los narcotraficantes, calificados por la Administración republicana como organizaciones terroristas. Rubio también ha sido más directo y amenazante con Maduro, a quien ha acusado de ser un criminal y fugitivo de la justicia estadounidense y señala que no es el presidente legítimo.
El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, también se ha sumado a las campañas de intriga con las que Estados Unidos busca ejercer presión —y sobre todo generar confusión— sobre el chavismo. En los últimos días, los mensajes se han acompasado con los de Machado y los dirigentes opositores en el exilio, que dan por hecho que los días del Gobierno de Maduro están contados. “Esto se acabó. Tú no estás solo. Ellos sí”, advertía la política en un video la semana pasada. El aparato de persecución del chavismo, sin embargo, continúa haciendo detenciones arbitrarias de militantes de su partido.
Respuesta chavista
El Gobierno venezolano también ha salido a exhibir las armas. Las fotografías de civiles empuñando fusiles y recibiendo entrenamiento militar son parte de la ofensiva. También altos jerarcas han exhibido su buena forma y destreza en los polígonos de tiro, como hace unos días mostró Freddy Bernal, gobernador del Estado de Táchira, fronterizo con Colombia, expolicía e incondicional de Maduro, como una manera de hacer ver que están listos para una lucha armada, si la hubiera.
Cada día que pasa, el chavismo se muestra preparado para enfrentar una agresión, aunque en reiteradas oportunidades han dicho que “Venezuela está sometida a una guerra psicológica”. Maduro ha aparecido en medio de una formación de centenas de militares y policías en formación para mostrar su enorme pie de fuerza ante cualquier amenaza. Aseguran haber reclutado a más de 8,2 millones de venezolanos en las jornadas de alistamiento los primeros días de septiembre, que se suman a un cuerpo de 4,5 millones de milicianos ya captados. Es decir, ciudadanos comunes a los que el aparato chavista trata de someter a entrenamiento militar. Su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, también ha aparecido desde un búnker mostrando el despliegue de tropas hacia las principales fronteras del país.
El búnker es en realidad una carpa camuflada. Con un uniforme de campo y horas de desvelo bajo los ojos, el ministro de Defensa también ha acusado recientemente a Estados Unidos de hacer un ejercicio de guerra psicológica contra el país, pero también advirtió de que Venezuela se encuentra en “máxima preparación” y que si deciden agredirlos, el “potencial” del país se convertirá en “poder nacional”. El ministro ha asegurado que tanto la Fuerza Armada Nacional como el pueblo venezolano están dispuestos a “dar la vida”. Este fin de semana, acusó a Washington de intensificar la vigilancia aérea sobre Venezuela, citando un aumento en los vuelos de espionaje. “Ahora pasaron de un patrón diurno a hacerlo de noche y de madrugada, y triplicaron en agosto las operaciones de inteligencia y reconocimiento contra Venezuela”.
 
 
 
 
 
INVESTIGAN IRREGULARIDADES EN EL PADRÓN ELECTORAL DE AGUAS BLANCAS, EN EL LÍMITE CON BOLIVIA: TIENE MÁS ELECTORES QUE HABITANTES
 
Sospechan que es porque habitantes bolivianos cruzan a ese municipio de Salta para hacerse el DNI argentino y acceder a beneficios sociales. El municipio, creado en 2015, es un punto caliente del contrabando. Allí, además, Bullrich inauguró un alambrado fronterizo.
 
El Clarín de Argentina (https://n9.cl/80qcr)
 
Rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el fiscal federal con competencia electoral en Salta, Ricardo Toranzos, detectó que en un municipio hay más electores que habitantes. Se trata de Aguas Blancas, un municipio con apenas diez años de historia en la frontera con Bolivia. La localidad, en la que Patricia Bullrich inauguró un alambrado fronterizo, tiene una población de 3.648 personas, según el censo 2022. En el padrón, sin embargo, hay 5.736 ciudadanos habilitados para votar.
El dato se traduce en un 57,2% más de votantes que de residentes. Frente a esto, la fiscalía dispuso hacer un relevamiento casa por casa y hasta vía aérea con imágenes de un dron para lograr la "verificación domiciliaria" de los electores registrados en esa localidad, ubicada en departamento de Orán.
En el operativo participaron efectivos de la Policía de Salta y de Gendarmería bajo supervisión del Ministerio de Seguridad provincial.
La hipótesis que surge del informe elaborado por la fiscalía apunta a que hubo ciudadanos provenientes de Bolivia que cruzaron a Argentina a tramitar el DNI para luego "acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad".
Además, de la investigación se desprende que hay "más de 3.000 electores en domicilios ambiguos". El reporte detalla que para las últimas elecciones presidenciales de 2023 hubo "entre 300 y 400 personas" que ingresaron desde el país limítrofe "en cada jornada electoral".
En este sentido, sugieren que si bien en los comicios nacionales "el impacto es marginal, en las municipales, puede ser decisivo".
En dos años, el padrón de ese pequeño poblado salteño tuvo una pequeña modificación. De acuerdo con los datos que publica el Tribunal Electoral de Salta, en 2023 había 5.356 empadronados. En 2021, cuando se eligieron autoridades provinciales y municipales, había 4.982 personas empadronadas.
La investigación de Toranzos se inició por una denuncia presentada en 2023 por el dirigente político Santiago Alberdi, quien pidió conocer detalles sobre "el supuesto ingreso irregular de personas provenientes de Bolivia", una situación que presuntamente se repetía en el paso fronterizo internacional de Aguas Blancas los días de elecciones.
La inquietud del denunciante surgió porque,según afirmó, en esas fechas se registraban largas filas para cruzar a Argentina "con el fin de votar a cambio de dinero, lo cual podría tener origen en la obtención irregular de residencia y/o nacionalidad facilitando de esta forma 'votos golondrina'".
Frente a esto, el fiscal federal Ricardo Toranzos ordenó un relevamiento del padrón, una tarea que demandó el cotejo de la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El año pasado, la Cámara de Senadores de Salta sancionó en septiembre del año pasado la intervención al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Aguas Blancas. La decisión de la Cámara alta provincial tuvo que ver con las investigaciones penales contra el exintendente Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, quien fue detenido por una causa en la que se lo acusa de "interferencias" en la investigación del homicidio de su hermano, César "Oreja" Martínez.
Los datos que llamaron la atención, las elecciones anteriores y el alambrado de Patricia Bullrich
Uno de los datos más llamativos al inicio de la causa fue que Aguas Blancas, que forma parte del Departamento de Orán, tenía 2.395 habitantes en el censo de 2010, mientras que, en 2022, ese número aumentó a 3.648, con un total de 1.018 viviendas. En 12 años, el crecimiento fue de 1.253 pobladores, un 52,3%.
El municipio en cuestión fue creado como tal en 2015, tras la aprobación de la Ley 7.739 sancionada tres años antes. En ese momento, aparecían 3.286 electores en el padrón.
En la primera participación que tuvieron los habitantes del municipio participaron 1.572 votantes. En esa oportunidad, el elegido para conducir los destinos locales fue el candidato de "Salta nos une", Sergio Oliva, quien en 2022 fue condenado a seis meses de "prisión condicional e inhabilitación para la función pública" por un año tras ser considerado culpable de la apertura de un paso clandestino entre Argentina y Bolivia en el año 2016.
En ese entones, el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio evaluó que Oliva "sabía que estaba cometiendo un delito" cuando dispuso la apertura de una calle que finalizaba en el río Bermejo, afluente fronterizo y que evadía así el cruce de la zona que tenía los correspondientes controles.
A una década de su fundación, la comuna se encuentra intervenida a raíz del escándalo que dejó en el centro de la escena otro intendente. Carlos Alfredo Martínez está acusado por obstruir en la investigación del crimen de de su hermano, asesinado a disparos en 2023 en una calle de Orán, cuando cumplía prisión domiciliaria por un intento de femicidio. Si bien los vecinos reclamaban que este año convocaran a elecciones, la Legislatura provincial optó por seguir adelante con la intervención.
Este año, además, Aguas Blancas fue el escenario elegido para la colocación de la primera columna del alambrado que se proyectó instalar en la frontera entre Argentina y Bolivia. La encargada fue nada menos que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien llevó adelante la tarea como parte del denominado Plan Güemes que lanzaron con el gobernador Gustavo Sáenz. El objetivo es "frenar el paso ilegal de personas y el contrabando". La situación generó un fuerte rechazo en el país vecino.
 
 
 
 
 
WILIAN HERNÁNDEZ: 1ER CONGRESO DE GAS, PETRÓLEO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN BOLIVIA
 
La Patilla de Colombia (https://n9.cl/h37iy1)
 
Recientemente, Bitácora Energética fue invitada a participar en el 1er Congreso de Gas, Petróleo y Transición Energética «Energía 360», celebrado en Bolivia, un país que posee importantes reservas de petróleo y gas natural. Bolivia se destaca como uno de los principales productores de gas en América del Sur, con exportaciones significativas hacia Brasil y Argentina. Aunque su producción no tiene un impacto considerable en el mercado mundial, es esencial para garantizar el abastecimiento energético de sus vecinos.
En lo que respecta al petróleo, las reservas bolivianas son más limitadas en comparación con las de gas. Históricamente, la producción de petróleo ha sido baja; sin embargo, este recurso sigue siendo un pilar importante para la economía nacional.
En este contexto, el gremio vinculado al sector de los hidrocarburos en Bolivia está impulsando activamente inversiones extranjeras para explorar y desarrollar nuevas reservas. Esta iniciativa es crucial, ya que el país enfrenta una dependencia económica del sector de hidrocarburos y la imperante necesidad de diversificar su economía.
El congreso, organizado por el Colegio de Ingenieros Petroleros de Santa Cruz, bajo la coordinación de Raúl Lizárraga, director del colegio, promovió un valioso intercambio de conocimientos, experiencias y avances tecnológicos entre profesionales, estudiantes, académicos y empresas del sector energético. Este espacio propició encuentros técnicos, académicos y empresariales orientados al análisis de los retos y oportunidades que enfrenta el sector energético y la transición hacia un modelo sostenible.
Durante dos días intensos, los ponentes abordaron temas cruciales para el presente y futuro del sector energético en Bolivia y la Región Americana. Se discutieron desafíos y paradigmas energéticos, así como nuevas metodologías para integrar la respuesta de la roca en los modelos de simulación de reservorios. También se profundizó en el nuevo modelo de negocio GasPower para la transición energética, presentando avances en innovación tecnológica para el control y distribución de combustibles, así como la utilización y almacenamiento de carbono (CCUS 4.0).
Además, se analizó el estado de la industria petroquímica en Bolivia, la importancia de mejorar la imagen sísmica, la exploración de áreas fronterizas y los proyectos de exploración y explotación de YPFB, reafirmando el papel estratégico de esta empresa estatal en el desarrollo energético del país. Se compartieron casos de éxito en el uso de biogás, se discutió la metrología y cuantificación confiable de carburantes, y se presentaron experiencias internacionales en estimulación hidráulica en reservorios no convencionales, como el caso emblemático de Vaca Muerta.
Las ponencias también abordaron el rol del ingeniero en la transición energética, el desarrollo de parques eólicos, la energía solar a gran escala, las plantas de biodiésel, la producción de hidrógeno verde en altitudes elevadas y el potencial del litio boliviano. Asimismo, se exploraron contratos de extracción directa que buscan equilibrar soberanía, tecnología y sostenibilidad.
Todos estos temas resaltan la necesidad de una visión integral sobre la energía y subrayan que la transición energética es un desafío colectivo que exige visión, conocimiento y compromiso.
Para la comunidad vinculada al sector energético en Bolivia y todo el continente Americano, este congreso represento un impulso significativo para que los actores del sector —profesionales, estudiantes, autoridades y empresas— fortalezcan su cooperación y el intercambio de conocimientos. Es un paso hacia la promoción de soluciones técnicas e innovadoras que optimicen la producción y el uso eficiente de los recursos, facilitando así la transición hacia energías más limpias.
 
 
 
 
 
EL MAS DE BOLIVIA Y SU CAÍDA, LECCIONES PARA MORENA
 
MSN de España (https://n9.cl/n63og)
 
El Movimiento al Socialismo (MAS) es el partido de izquierda que gobernó Bolivia desde 2006 hasta la profunda crisis política de 2019, para luego otra vez de 2020 a la fecha.
En las elecciones que participó durante dos décadas siempre fue el partido más votado, con un porcentaje superior a 60% del total de los sufragios. Esto hasta el pasado domingo, cuando se fue al sexto lugar en las votaciones, con apenas 3.15% de los votos. Siendo derrotada la izquierda —en un país extremadamente pobre y con una importante población indígena— por dos candidatos de derecha, entre quienes se disputará la presidencia. ¿Qué le pasó al MAS? ¿Qué lecciones hay en esto para Morena?
Hay varias razones para explicar el declive del MAS, entre ellas: i) la insistencia de Evo Morales por mantenerse en el poder y extender sus mandatos por varias vías de facto; ii) una seria crisis económica que provocó un déficit fiscal de 10%; iii) una inflación de 25% y reservas internacionales prácticamente agotadas; iv) el uso de jueces a modo —electos por votación popular desde 2009— para realizar persecuciones políticas y mantener al MAS artificialmente en el poder y sin competencia política.
Pero lo que más hundió al MAS fueron las fracturas internas en el partido. En particular, el choque entre Luis Arce, el actual presidente, y Evo Morales, el líder moral. Entre ellos se dividió el partido. Luego, el partido oficialista del MAS y su candidato, Eduardo Castillo, se hundieron al último lugar. De hecho, Evo Morales ayer reconoció el resultado de la primera vuelta electoral y acusó que el resultado era “un voto de castigo a la traición [interna] a la corrupción”.
¿Qué aprendizaje hay para Morena? Lo primero es que el tener jueces electos por el pueblo no es garantía de que se perciba una justicia honesta y cercana a la gente. Los abusos de la clase política bolivariana, usando a los jueces electos popularmente —por cierto, el primer país que lo hizo en América— acabó afectando y dañando la legitimidad en sus instituciones.
Segundo, programas de apoyo social sin una base económica firme se acaban desgastando y afectando a la población más vulnerable. Tercero y más importante, el hundimiento del MAS y de la izquierda boliviana no se debió a la oposición, sino a los excesos y pleitos internos en el oficialismo.
Para Morena, si hoy posee una intención de voto superior a 50% y la Presidenta de la República tiene una aprobación de 70%, hacer las cosas equivocadamente puede ser costoso en lo electoral. Sin importar la base social que tenga.
Desde luego, el principal activo que tiene hoy Morena es la Presidenta, una mujer que está dando resultados a pesar de las adversidades que heredó y de los vendavales que llegan del extranjero. Pero, sobre todo, es un activo, pues no se le conocen excesos en su vida, negocios empresariales y mucho menos nexos con el crimen organizado.
Sin embargo, muchos de los más relevantes miembros de Morena, incluyendo familiares del expresidente, han estado involucrados en varios chismes-escándalos que dañan la base fundacional del partido. Morena debería aprender de las lecciones que dejó Bolivia el fin de semana: utilizar jueces electos popularmente para ayudar a un partido político acaba afectando la credibilidad con el electorado. Pero, sobre todo, el dividirse en la lucha por el poder es el camino más seguro para perder elecciones. Aunque también, seguir unidos, siendo Morena una mezcla tan amorfa de corrientes y personas, es un reto. Morena no la tiene fácil. En Bolivia hay varias lecciones para ellos.
Cambiando de tema: Según fuentes bien informadas, más instituciones financieras mexicanas —todas pequeñas— estarían por ser investigadas y señaladas por el gobierno de Estados Unidos. Tal y como fue el caso de Vector, CIBanco e Intercam. Esperemos que, con los cambios de directivos en la Unidad de Inteligencia Financiera, Estados Unidos deje el señalamiento unilateral para avanzar en la coordinación binacional y cerrar el sistema financiero al uso de fuentes criminales y terroristas.
 
 
 
 
 
CRISIS EN BOLIVIA: 8 DE CADA 10 CAMIONES ESTÁN PARADOS POR FALTA DE COMBUSTIBLE
 
El transporte y las exportaciones en Bolivia están al borde del colapso por la falta de diésel. El exministro Álvaro Ríos responsabilizó al MAS y advirtió que el Banco Central está quebrado.
 
Perfil de Argentina (https://n9.cl/vd8piz)
 
La crisis de abastecimiento de diésel en Bolivia llevó este lunes al borde del colapso al sector del transporte pesado, según advirtió la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex). El problema, que se arrastra desde 2024 por la falta de dólares para importar combustibles, mantiene a miles de camiones varados en distintas regiones, afectando las exportaciones bolivianas, la producción agrícola y la economía nacional.
De acuerdo con el presidente de Cadex, Oswaldo Barriga, 8 de cada 10 camiones permanecen detenidos en filas de hasta seis días para cargar combustible, lo que genera pérdidas estimadas en dos millones de dólares diarios. En total, más de 11.000 vehículos de carga están inmovilizados en Bolivia, una situación que golpea al comercio exterior y a la cadena productiva.
El déficit de combustible está vinculado con la imposibilidad del Ministerio de Economía de entregar dólares a la petrolera estatal YPFB para importar hidrocarburos. Solo en Santa Cruz se requieren 3,5 millones de litros diarios de diésel y 3 millones de litros de gasolina, siendo el sector agroindustrial el principal demandante en esta época del año. Mientras el precio oficial es de 3,74 bolivianos por litro, en el mercado negro el diésel se llega a pagar hasta 15 bolivianos, multiplicando los costos de operación.
Barriga recordó que hasta julio las exportaciones de Bolivia cayeron en 500 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024, tendencia que podría agudizarse si no se garantiza el suministro de diésel. A su vez, el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, Héctor Mercado, ya había alertado a inicios de septiembre que el 90% de la flota nacional e internacional estaba paralizada.
Las causas estructurales de la crisis energética
En diálogo con Perfil, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos explicó que el origen de la crisis está en la caída sostenida de la producción de gas y petróleo desde 2015, lo que "obligó al país a importar el 90% del diésel, casi el 60% de la gasolina y, más recientemente, gas licuado de petróleo (GLP)". Esa dependencia, señaló, "ha provocado un drenaje de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que se han ido agotando".
“Desde hace dos años comenzaron los desabastecimientos esporádicos, pero hoy se volvieron habituales. Las colas en las estaciones de servicio son muy largas todos los días, y hay camioneros que se pasan jornadas enteras buscando dónde conseguir combustible. Incluso el transporte público enfrenta el mismo problema”, remarcó Ríos, quien además advirtió que el Banco Central está quebrado tras vender todas sus reservas de oro.
Según Ríos, el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) es el responsable directo de la crisis energética: “El próximo gobierno, que asumirá el 8 de noviembre, tendrá que importar de urgencia combustibles, comenzar a levantar los subsidios y conseguir divisas frescas para estabilizar el tipo de cambio”. También criticó la falta de seguridad jurídica, recordando que Bolivia rompió contratos y nacionalizó empresas con presencia militar, lo que ahuyentó inversiones.
El exministro agregó a Perfil que existen 250 industrias financiadas con dinero del Estado que hoy están inactivas. “En 2014 exportábamos 6.100 millones de dólares en gas, y en 2030, con un barril a 75 dólares, la proyección es exportar apenas 6.000 millones de dólares en combustibles. La gestión actual fue muy deficiente y corrupta en los últimos 20 años, y en particular en los cinco años con el presidente Arce”, sentenció. Mientras el precio oficial del combustible se mantiene en 3,70 bolivianos el litro, en el mercado paralelo ya se paga entre 8 y 9 bolivianos, reflejando la magnitud del desabastecimiento.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ACUSA A EEUU DE "QUERER COMPORTARSE COMO UN JUEZ UNILATERAL" EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS
 
Infobae de Argentina (https://n9.cl/65gtdg)
 
El Gobierno de Bolivia ha criticado la decisión de Estados Unidos de designar al país sudamericano como un lugar de tránsito o producción de drogas y ha cuestionado que Washington "siga queriendo comportarse como un juez unilateral en la lucha contra el narcotráfico".
El Ministerio de Gobierno boliviano ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que tiene conocimiento de la decisión de Estados Unidos de "descertificar" a varios países, entre ellos Bolivia y Colombia, por supuestamente haber incumplido acuerdos internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico durante el último año.
"Resulta extraño, en el contexto actual, que un país siga queriendo comportarse como un juez unilateral en la lucha contra el narcotráfico y se arrogue el derecho de calificar a otros, cuando este país es uno de los principales centros de consumo, tráfico de drogas ilegales y de armas que sustentan estos delitos", ha manifestado, en referencia a Estados Unidos.
Así, ha afirmado que "el narcotráfico es un problema mundial de responsabilidades compartidas" y ha añadido que la lucha contra estas actividades "debe ser resultado de una cooperación multilateral como lo establecen los organismos internacionales y no de acusaciones unilaterales".
"Bolivia tiene una política de lucha contra el narcotráfico comprometida y con respeto a la soberanía de cada país, con un modelo de enfoque integral que alienta el trabajo conjunto entre países de la región en coordinación con la cooperación internacional", ha subrayado, antes de afirmar que el objetivo es "el fortalecimiento de mecanismos de apoyo en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y delitos conexos".
El Departamento de Estado estadounidense afirmó el lunes al anunciar su decisión que "queda mucho trabajo por delante para que Bolivia cumpla de forma consistente sus compromisos en materia antidroga y garantice que no es un lugar seguro para que los grupos del narcotráfico florezcan".
Sin embargo, Washington reconoció que Bolivia "ha dado algunos pasos positivos para incrementar la incautaciones de cocaína y trabajar con las agencias estadounidenses para llevar a criminales ante la justicia, entre ellos Maximiliano Dávila, el corrupto antiguo jefe de la agencia antidrogas (boliviana)".
 
 
 
 
 
BOLIVIA: ELORO AMPLÍA DIMENSIONES DEL SISTEMA MINERALIZADO EN ISKA ISKA
 
Reporte Minero de Chile (https://n9.cl/rbaau)
 
Los ensayos de cinco sondajes en la zona de Santa Bárbara confirmaron largos tramos de mineralización de estaño, plata y polimetálicos, extendiendo la huella del sistema hidrotermal en Bolivia.
Eloro Resources anunció nuevos resultados de cinco sondajes diamantinos correspondientes a la segunda fase del programa de perforación de definición en el proyecto Iska Iska, ubicado en la Faja Estaño Boliviana.
Cuatro de los pozos se realizaron en el Dominio Polimetálico (DSB-80, DSB-84, DSB-85 y DSB-86), mientras que uno se enfocó en el Dominio del Estaño (DSB-87), todos en el área del potencial tajo de arranque Santa Bárbara.
Los resultados confirmaron la ampliación del sistema hidrotermal multifásico, que ahora alcanza dimensiones aproximadas de 800 m por 500 m por 500 m de profundidad, es decir, 100 m más de largo y ancho que lo reportado previamente. En total, se han completado 6.242 m de perforación en 12 pozos, de los cuales 2.346 m corresponden a los cinco sondajes informados.
Entre los hitos destacados:
•          Interceptos de 213 m con 0,51 % de estaño y 25,46 g/t de plata, en zonas de estaño-plata y polimetálicas.
•          DSB-80, DSB-84 y DSB-85 descubrieron mineralización en áreas antes modeladas como estériles.
•          DSB-86 confirmó mineralización epitermal enriquecida en el sector oriental.
•          DSB-87 intersectó una zona de veta-brecha de intrusión con >0,30 % de estaño en el suroeste.
Tom Larsen, CEO de Eloro, señaló que los resultados son “un paso crucial para el avance del proyecto”, destacando que el sistema en Santa Bárbara permanece abierto lateralmente y en profundidad, lo que abre nuevas oportunidades para la expansión de recursos de cara a la Evaluación Económica Preliminar (PEA).
Por su parte, el Dr. Osvaldo Arce, vicepresidente ejecutivo de operaciones para Latinoamérica, subrayó que la complejidad del sistema hidrotermal observado refuerza el potencial de Iska Iska como un depósito de gran escala, con dotación significativa de estaño, plata y polimetálicos.
 
 
 
 
 
EMPRESARIO PAKISTANÍ VINCULADO AL ESCÁNDALO DE LAS “AMBULANCIAS FANTASMA” CAE EN BRASIL: LA RED OPERABA DESDE IQUIQUE
 
La investigación apunta a que el millonario fraude que golpeó a la Gobernación de Potosí se articuló a través de una empresa instalada en la Zona Franca de Iquique.
 
Vilas Radio de Chile (https://n9.cl/3vcxg)
 
El caso de las llamadas “ambulancias fantasma” que sacudió a Bolivia vuelve a estar en la mira internacional, y esta vez con una conexión directa con Chile. La empresa Estefals Logistics, con sede en Iquique, aparece en el centro de las operaciones que derivaron en el millonario fraude por la compra irregular de 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí.
La reciente captura en Brasil del ciudadano pakistaní Muhammad Kashif Ilyas —señalado como uno de los nexos de la operación— destapó nuevamente la trama de corrupción transnacional que involucra a empresarios extranjeros, autoridades bolivianas y negocios irregulares desde la Zona Franca iquiqueña.
La captura en Brasil
El director de la Interpol en Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, confirmó que Kashif Ilyas fue arrestado en Brasilia bajo una notificación roja internacional solicitada por las autoridades bolivianas. El acusado habría alquilado vehículos de dos empresas cruceñas para luego venderlos de manera ilegal, como si fueran de su propiedad, sumando así otra arista delictiva a su historial.
“En Brasilia, la Interpol aprehendió al señor Kashif Ilyas. La alerta fue emitida porque esta persona había rentado vehículos en Bolivia y luego los vendió sin devolverlos. Tiene el mismo nombre y las mismas características de quien aparece vinculado al caso de las 41 ambulancias de Potosí”, explicó Bazoalto.
El rol de Iquique en la estafa
El nombre de Iquique no es casual en esta historia. Según la investigación del Ministerio Público boliviano, el empresario pakistaní era el contacto en territorio altiplánico del también pakistaní Umar Siyab, dueño de la empresa Estefals Logistics, radicada en la ciudad chilena.
Desde esa compañía se negociaba la internación de motorizados a Bolivia, muchas veces sin cumplir con los requisitos tributarios. Fue precisamente a través de Estefals Logistics que se canalizó el contrato administrativo firmado el 26 de noviembre de 2021, mediante el cual la Gobernación de Potosí comprometió la compra de 41 ambulancias por un monto que superaba los 20 millones de bolivianos.
El 31 de diciembre de ese mismo año, la administración regional firmó un acta de recepción, pese a que los vehículos nunca llegaron físicamente. El fraude se conoció semanas más tarde y derivó en la anulación del contrato.
El derrumbe del negocio
El caso se destapó públicamente en 2022, bajo la gestión del entonces gobernador Jhonny Mamani, quien firmó el contrato con Estefals Logistics. Mamani terminó involucrado en la investigación por presuntas operaciones financieras irregulares y actualmente cumple detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
De acuerdo con la Fiscalía boliviana, los delitos imputados van desde resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes hasta legitimación de ganancias ilícitas, cuyas penas podrían superar los diez años de cárcel, con agravantes por daño económico al Estado.
Una red transnacional bajo investigación
El arresto de Kashif Ilyas en Brasil marca un nuevo capítulo en un caso que se extiende más allá de las fronteras bolivianas. La conexión con la empresa radicada en Iquique abre preguntas sobre los mecanismos de control en la Zona Franca y sobre cómo estas operaciones pudieron ejecutarse sin que los organismos de fiscalización detectaran a tiempo las irregularidades.
“Estamos a la espera de mayor cruce de información con Interpol Brasil. El objetivo es tramitar los pasos de una posible extradición”, señaló el jefe policial boliviano.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y las miradas apuntan a Chile, donde se instaló la empresa que facilitó el millonario engaño.
Una alerta para la región
El caso de las ambulancias fantasma no solo es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Bolivia; también es un recordatorio de cómo redes criminales transnacionales utilizan ciudades estratégicas como Iquique para montar operaciones que combinan negocios logísticos, vacíos legales y corrupción pública.
El desafío ahora es doble: la justicia boliviana deberá asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias, mientras que Chile tendrá que revisar qué rol jugó Iquique como plataforma para un fraude que trascendió fronteras y dejó millonarias pérdidas al Estado boliviano.