REIVINDICACIÓN MARÍTIMA SERÁ EJE CENTRAL DEL NUEVO GOBIERNO DE BOLIVIA

Interinato durará hasta diciembre

REIVINDICACIÓN MARÍTIMA SERÁ EJE CENTRAL DEL NUEVO GOBIERNO DE BOLIVIA

Pese a que algunos analistas piensan que por ser el de Eduardo Rodríguez un mandato breve, de apenas siete meses y medio, no habrá muchas novedades, el nuevo canciller Armando Loayza, quien fue cónsul en nuestro país, en 1993, aseguró que hay una petición muy clara con respecto al tema y que La Paz quiere una salida al Pacífico.

El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)



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EDITORIAL

UN ALIVIO PARA LA CRISIS EN BOLIVIA

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Luego de jornadas de incertidumbre y profundización del desbarajuste político y social, en las que se llegó a temer por la propia integridad territorial del país, Bolivia volvió a una precaria calma tras la renuncia del presidente Carlos Mesa y la asunción en su lugar de quien era titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez.
Con esto se logró salvar los mecanismos constitucionales previstos para la sucesión presidencial, al renunciar quienes seguían en la línea sucesoria, los titulares del Congreso, y eran resistidos por la oposición. El mandato de Rodríguez está ahora atado a la recomposición de un diálogo político y social que permita recuperar la gobernabilidad y consensos fundamentales.
La primera cuestión es la vigencia de las propias reglas de juego del régimen político, la convocatoria a un proceso electoral de renovación de autoridades que debe conducir a la elección de un nuevo gobierno y un Parlamento más representativo. Además, esta fórmula de transición debe encaminar las dos cuestiones que condujeron al colapso político institucional de las últimas semanas: la Ley de Hidrocarburos y el referéndum autonómico impulsado por Santa Cruz de la Sierra.
Detrás del choque entre estas demandas sobre el Estado boliviano existen intereses y sectores sociales contrapuestos. La gigantesca movilización social comprende también a grupos sociales heterogéneos —campesinos, indígenas, trabajadores urbanos, movimientos de mujeres y desocupados— que carecen de una expresión representativa aglutinante. Por eso, además de la destreza que deberá mostrar Rodríguez para conducir esta etapa, se precisará una renovación de la dirigencia política bolviana para liderar la compleja tarea de refundar esa nación. Bolivia logró salvar, una vez más, la estabilidad institucional con la asunción como presidente de quien había quedado en la línea sucesoria tras la renuncia de Carlos Mesa. Pero es sólo un principio para lograr la gobernabilidad democrática.



Opinión:

BOLIVIA: SUSPENSO EN LA INGOBERNABILIDAD

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

Bolivia ha sido escenario de una aguda y prolongada crisis de gobernabilidad que terminó por derribar el gobierno de Carlos Mesa. Los conflictos que debió enfrentar su gobierno expresaron una acumulación de tensiones de diversa procedencia. De una parte, los movimientos sociales de El Alto, los sectores del indigenismo radicalizado y el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, de notable arrastre electoral, demandaban una Asamblea Constituyente y una nueva legislación sobre hidrocarburos aún más radical que la recientemente aprobada. De otra parte, los movimientos cívicos de Santa Cruz y Tarija reclamaban un referendo para pronunciarse sobre la autonomía de las regiones con el propósito de administrar los recursos que generan. Las demandas de unos y de otros eran respaldadas por extendidas movilizaciones sociales. Esta vez el clima de ingobernabilidad se tornaba inmanejable. El presidente Mesa perdía progresivamente respaldo popular y sus recursos histriónicos dejaron de serle útiles para retomar la iniciativa e impulsar acuerdos, como aconteció con su renuncia de marzo que fue rechazada tras un acuerdo parcial de gobernabilidad que, por no haber comprometido al MAS, desde sus albores fue precario. Esta vez el gobernante quiso detener las protestas convocando a elecciones de Asamblea Constituyente y al referendo autonómico, es decir, accediendo a las demandas. Pero no fue suficiente, pues los mismos demandantes indicaron que la convocatoria no tenía valor si no era ratificada por el Parlamento y optaron por seguir presionando en las calles en busca de ese pronunciamiento.
Por su parte, la Iglesia Católica, a pedido del gobierno, asumió un rol mediador procurando aproximar a las partes a un diálogo que detuviera o al menos congelara una situación que, cada vez más, tenía los rasgos de una crisis terminal. Los partidos tradicionales aceptaron la mediación, no así los movimientos sociales de El Alto y La Paz para quienes la Iglesia es una entidad “comprometida con el poder económico”. Con esta negativa se diluyó la posibilidad de negociación entre las partes y la crisis se hizo más severa.
En este punto, el presidente Mesa renuncia. Lo normal hubiese sido que su decisión implicase el fin o la disminución sustantiva de las movilizaciones, pues éstas habían logrado el término del gobierno -como ya había ocurrido en octubre de 2003 con la renuncia de Sánchez de Lozada- pero ello no ocurrió. Con Mesa renunciado el clima de agitación siguió tal cual y sus efectos sobre la población: aislamiento de ciudades, desabastecimiento e inseguridad por la violencia callejera, se hicieron más graves. Ahora la movilización era para impedir que se siguiera el orden sucesorio y asumiera la presidencia el senador Hormando Vaca Diez, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, perteneciente al bloque de partidos tradicionales, hoy carentes de representatividad.
La crisis se agravó aún más. Desde el indigenismo radicalizado se planteó la alternativa de una guerra civil. Las Fuerzas Armadas, aunque reiteraron su respeto al orden constitucional, se declararon en estado de alerta. Como respuesta se fue articulando un consenso tácito -que incluía tanto a Mesa como a Evo Morales- para presionar a Vaca Diez que renunciara a sus derechos y nominar como gobernante al presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, con la misión de llamar a elecciones presidenciales y de Congreso Nacional a fines del presente año.
Al asumir Rodríguez con tal mandato la presión social ha bajado. Al menos el MAS reforzará su apuesta a acceder al poder por la vía electoral. Sin embargo, muchos de los factores rupturistas persisten: la demanda de una nueva Constitución y la nacionalización total de los hidrocarburos. Todo ello teniendo como telón de fondo la pretensión del indigenismo radical de “refundar la nación” para incorporar a los indígenas “en la conducción del país”. En otras palabras, la administración interina del juez Rodríguez no es hito hacia la recuperación de la normalidad institucional, sino tan solo la suspensión de un clima de ingobernabilidad que aún puede seguir agudizándose.



PERSPECTIVAS I:

BOLIVIA, UN “ESTADO FALLIDO”

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

No hay un desenlace fácil ni rápido para todo el escenario pre-revolucionario vivido por Bolivia las últimas semanas. El nuevo Presidente, Eduardo Rodríguez, ha asumido carente de un amplio consenso social y político para su breve gestión –básicamente restringida a llamar a elecciones generales, conformar una Asamblea Constituyente, llamar a un referendo autonómico y nacionalizar los hidrocarburos.
Pero hacer todo esto en la cuarta parte del tiempo de que dispuso su antecesor parece poco menos que imposible. Más que darle a Rodríguez la paciencia y apoyo que éste demandó, las organizaciones sociales accedieron a darse a sí mismas un respiro, agobiadas por el desabastecimiento y la carestía tras semanas de parálisis productiva. Cuánto dure este período dependerá de la disposición de los bandos en pugna para concordar unos contenidos donde confluyen intereses aparentemente irreconciliables.
Aunque las organizaciones de indígenas, campesinos, mineros, pobladores, grupos de izquierda y estudiantes parecen articuladas por un discurso común -una refundación del poder en manos de una mayoría que se percibe excluida y manipulada-, sus objetivos, tendencias y tiempos son disímiles. Los dirigentes indígenas están más dispuestos al diálogo y a cambios más graduales que la toma total del poder perseguida por los mineros y pobladores urbanos. Pero tampoco la radicalidad verbal de éstos ha cuajado en una acción coordinada que consolidase los gérmenes del poder popular que comenzaron a emerger en algunas ciudades del altiplano.
La crisis pareciera confirmar la tesis del “Estado fallido”, concepto en el cual caben aquellas sociedades cuya institucionalidad ha sido socavada hasta sus cimientos y donde la falta de consensos básicos hace virtualmente ingobernable al país -amenazándolo con su división y su reparto a modo de botín entre una multitud de caudillismos.
Hay un consenso casi generalizado acerca de que el modelo político ha fracasado: dos décadas de reformas de mercado enriquecieron a una pequeña elite, pero postergaron a los pobres del país sudamericano más pauperizado. También hay un vacío casi total de poder y un proceso de fragmentación política y potencialmente territorial. Hay dos Bolivia: la de los llanos, cuya economía -algo más desarrollada e industrializada- está basada en la agroindustria y potencialmente en los hidrocarburos, y la del altiplano, considerablemente más pobre, con una agricultura de subsistencia y una minería decadente. La primera es blanca o mestiza, socialmente más homogénea, con una clase empresarial emergente, “dueña” del gas y cuya visión económica es abiertamente pro-mercado (“neoliberal”, según sus detractores). La segunda es mayoritariamente indígena y más pobre.
El conflicto entre ambas visiones se advierte en las posiciones de las dirigencias de una y otra. La demanda de autonomía de la región de Santa Cruz representa una suerte de reacción anticipatoria a la nacionalización de los hidrocarburos y a una Asamblea Constituyente reclamadas por los sectores radicalizados del altiplano, temerosas por los cambios drásticos al régimen económico apoyada por la primera.
El país se enfrenta así a dos agendas: la que pretende un referendo sobre autonomía regional, impulsada por la región de Santa Cruz, y la que demanda una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.
A esto se suma un componente crecientemente racial. Porque los indígenas han sido excluidos de las estructuras del poder pese a las reformas gradualistas introducidas desde la revolución de 1952, dirigida por grupos mestizos o blancos. Aquéllos continúan ausentes, si bien su participación fue decisiva en las últimas elecciones de 2002, a cambio de lo cual lograron algunos escaños parlamentarios.
El drama boliviano es que la nacionalización de su principal recurso (valorado por los optimistas en 100 mil millones de dólares) no resolverá, sino que agravará sus problemas, muy posiblemente. No tiene más vía para salir de su pobreza como no sea el desarrollo de esta industria. Pero si la española Repsol, la brasileña Petrobras, la francesa Total, la estadounidense Exxon o la británica British Petroleum no reciben de vuelta los 3 mil 500 millones de dólares que afirman han invertido en la exploración y desarrollo de los yacimientos, demandarán ante tribunales internacionales el pago de indemnizaciones muy superiores a ese monto.
Sin embargo, el riesgo es aún mayor: se irán a otro lado y, alertada por la experiencia, difícilmente habrá banca internacional dispuesta a prestar los capitales requeridos. Business are bussiness: Bolivia nada podrá hacer sin capitales que desarrollen la industria ni mercado que compre su gas.




PERSPECTIVAS II:

BOLIVIA: UNA BATALLA INCIERTA

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

La inhabilidad de Carlos Mesa para obtener consensos políticos y sociales y hacer viable las opciones políticas en temas cruciales para el desarrollo del país causaron su salida. A esto, se suma una fragmentación de los partidos políticos (17 son los más relevantes), la deslegitimación de los mecanismos e instituciones tradicionales de representación (Congreso) y la existencia de un conflicto redistributivo serio, con una brecha económica que tiene a 6 de 10 bolivianos viviendo en la pobreza, con un ingreso promedio inferior a dos dólares diarios.
Al no existir consensos nacionales, el Poder Ejecutivo trasladó la resolución de los conflictos al Legislativo. Su rol se limitó a “apagar incendios”, tratando de dialogar con todos los actores y movimientos que protagonizaban huelgas y tomas de carreteras.
De este modo, la tónica de la política boliviana durante el período de Carlos Mesa fue de reacción y contra reacción del Ejecutivo, Legislativo y los partidos políticos a las demandas de los movimientos sociales. En este escenario, la correlación de fuerzas y apoyos se han definido conforme a intereses de corto plazo y la supervivencia de los actores.
¿Qué ha sucedido? El descontento social y la incapacidad de articular consensos han sido políticamente bien canalizadas por Evo Morales. En otras palabras, el tema de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y los movimientos autonómicos ha servido como un catalizador para que dirigentes de la oposición fortalezcan un discurso nacionalista, antiimperialista, y pro campesinos que ha movilizado sectores tradicionalmente postergados de la sociedad.
El panorama es, entonces, claro para el nuevo Presidente, Eduardo Rodríguez: un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, fragilidad político-institucional y una oposición social más que política, bien organizada. En donde las posiciones extremas de los sectores involucrados inhiben cualquier negociación.
La siguiente pregunta es qué sucederá en Bolivia. Por de pronto, el objetivo político de Rodríguez será promover un gobierno de transición que se encargue de implementar y garantizar las próximas elecciones. Que deberá ser conjugada con la agenda política del país y de los candidatos, vale decir, la nacionalización de los hidrocarburos, convocatoria a la Asamblea Constituyente y referéndum autonómico.
La carrera a la Presidencia ha comenzado. Hasta el momento, tres son los candidatos. El ex Presidente Jorge Quiroga ha logrado posicionarse frente a la ciudadanía como una nueva alternativa que modere el debate público, sin embargo su marcado perfil pro libre mercado y estadounidense lo perjudicará electoralmente. Evo Morales, que ha sabido canalizar políticamente el descontento social, aunque sus posiciones extremas le impiden alcanzar mayorías. Surge como tercer candidato, Samuel Doria, que ha intentado reflejar el equilibrio entre ambos candidatos.
Se observa, como ha sido tradicional en la política boliviana, el surgimiento de mayorías que no sobrepasan el 30% de respaldo. Hay que recordar, que tras una disputada elección con Morales, Sánchez de Lozada asumió la Presidencia con apenas 22% de los votos. Sólo las negociaciones y alianzas políticas permitieron, finalmente, su ratificación en el Congreso.
Sin duda que los partidos políticos, especialmente MNR, MIR y NFR, se juegan su supervivencia política en estas elecciones y no entregarán sus cuotas de poder tan fácilmente. El posicionamiento de movimientos regionales y organizaciones indígenas que buscan espacios de representación afectará, principalmente, la votación de Morales.
Mucho dependerá también de la tregua de los movimientos sociales, pero no hasta diciembre, sino de cómo se articule la convocatoria a elecciones, con las demandas a Asamblea Constituyente y referéndum autonómico. Es posible prever un escenario parecido al de 2002, en donde la elección no se definirá con el 50% más uno de los votos. Sino que por medio de negociaciones políticas en el Congreso.
¿La ciudadanía aceptará de nuevo esta fórmula? No. Bolivia necesita un Presidente con respaldo popular y de los partidos, para ello es fundamental un líder político capaz de consensuar y articular el conjunto de las demandas.



Opinión:

CUANDO LA DEMOCRACIA PELIGRA

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com/mld)

Es una ironía. En el preciso instante en que la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba discutiendo cómo evitar que los países latinoamericanos dejen de ser democráticos, la democracia en Bolivia se desmoronaba. El presidente Carlos Mesa renunció en medio de una profunda crisis y, otra vez, un mandatario latinoamericano no pudo culminar el término que le tocaba en el poder.
¿Qué está pasando? Dos cosas: una, que los latinoamericanos con inusitada y preocupante frecuencia están haciendo a un lado las reglas de la democracia para quitar y poner presidentes a tu antojo; y dos, que presidentes que fueron elegidos legítimamente en las urnas abusan de su cargo y concentran el poder hasta dejar de ser verdaderamente democráticos.
La democracia en América Latina, hay que reconocerlo, no ha sido efectiva para resolver el problema de la pobreza y para reducir las enormes desigualdades. Y por eso, después de un par de décadas con una mayoría de países democráticos en la región, los más de 400 millones de latinoamericanos están frustrados, desilusionados y dispuestos a un cambio.
Así se explica el resurgimiento de las opciones de izquierda en el continente, desde el presidente Lula da Silva en Brasil hasta el alcalde Andrés Manuel López Obrador en México. La democracia les ha permitido a los latinoamericanos elegir a sus gobernantes, pero no les ha dado de comer ni ha mejorado sus niveles de vida. Más de la mitad de todos los habitantes al sur del río Bravo son pobres.
Pero se equivocan los bolivianos que creen que sacando al presidente Carlos Mesa van a vivir mejor. Eso mismo pensaron cuando sacaron del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003 y ya ven cómo están las cosas en Bolivia. Argentina tuvo a 5 presidentes en 12 días a finales del 2001 y eso no mejoró el nivel de vida de los argentinos. Y los ecuatorianos no viven mejor luego de la salida de la presidencia de Abdalá Bucaram ni tras el derrocamiento el pasado 20 de abril de Lucio Gutiérrez. Presidentes van y presidentes vienen, pero las cosas siguen igual o peor.
Sacar del poder a presidentes legítimamente elegidos no resuelve de inmediato las crisis económicas. El problema, por lo tanto, no es la democracia, sino la acumulación del poder de la clase gobernante y la falta de reformas para que todos puedan beneficiarse del sistema económico.
''En América Latina cada cinco años elegimos a un rey'', me dijo en una entrevista el analista peruano Alvaro Vargas Llosa cuyo último libro, Rumbo a la libertad, trata sobre las razones por las que los países latinoamericanos han fracasado --con la excepción de Chile-- en implementar democracias efectivas. ``Un rey absoluto que hace y deshace, que tiene el control del poder judicial, que tiene el control del poder político, que maneja la burocracia... Todo lo que hacemos en América Latina termina delatando esa incapacidad para superar estos principios de la opresión que están desde la época precolombina''.
Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, los priistas mexicanos, los gobiernos sandinistas y el de Arnoldo Alemán en Nicaragua y Hugo Chávez en Venezuela son algunos claros ejemplos de cómo el poder se acumula y no se comparte en América Latina. La lista es larguísima.
La OEA, hace unos días, se preguntaba qué se puede hacer cuando la democracia en un país corre peligro o cuando un líder, a pesar de ser elegido democráticamente, abusa de su poder. Y, para variar, concluyó su reunión en Fort Lauderdale con los brazos cruzados. No, la OEA no va a hacer nada. Qué sorpresa.
El gobierno de Venezuela, que tiene mucha cola que le pisen, logró evitar que se aprobara una propuesta estadounidense que, según palabras del nuevo secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, permitiría una ''supervisión democrática (para) adelantarnos a las crisis, preverlas de algún modo''. El concepto de ''supervisión democrática'' fue para muchos países un eufemismo; ya se imaginaban a los marines estadounidenses en paracaídas sobre Caracas o misiones internacionales haciendo preguntas incómodas sobre asuntos internos. Intervención, es lo primero que pensaron, y como la historia está repleta de intervenciones del ''policía del mundo'' ahí quedó enterrado el asunto.
La realidad, sin embargo, es que el concepto de soberanía en este mundo globalizado es mucho más flexible y ya no se detiene en las fronteras. Si la democracia se apaga en un país latinoamericano, el resto del continente sufre también las consecuencias. No se trata de intervenir militarmente sino de prevenir que los avances democráticos, que tanto tiempo y sangre nos costaron, desaparezcan con un chasquido de gorila.
Pero ¿qué se puede hacer cuando algo así ocurre? Propiciar el diálogo entre las partes en conflicto en caso de revueltas y antes de un posible derrocamiento --como los que hemos visto recientemente en Sudamérica-- y apoyar a los grupos disidentes cuando sus gobernantes --ya sea en Cuba o Venezuela, por dar dos ejemplos-- abusan de su poder.
Lo más triste y frustrante, no hay duda, fue el ver a los embajadores y cancilleres de los 34 países en la OEA quedarse (una vez más) mudos, ciegos y paralizados cuando otra democracia explotaba frente a sus ojos. Y por eso, aunque duela, hay que preguntarse: ¿para qué sirve la OEA?.



LA CRISIS BOLIVIANA Y SU PELIGROSIDAD GEOPOLÍTICA

Los autores de las protestas en Bolivia y de la renuncia de Carlos Mesa no toman en cuenta que su radicalismo está poniendo en riesgo la integridad territorial de su país, contra los principios bolivarianos de su aliado Hugo Chávez.

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

Escribe Francisco Belaunde Terry
Graves tumultos en El Alto y La Paz obligaron a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia de Bolivia en octubre de 2003, cuando apenas había cumplido un año de su mandato quinquenal. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa, que acaba de dimitir debido a nuevos disturbios. Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, que le seguían en la línea de sucesión, optaron por declinar ante la inminencia de la hostilidad multitudinaria. Ha asumido el mando el presidente de la Corte Suprema.
Si bien se han respetado las formas legales, continúan socavando a una legitimidad democrática iniciada en 1982. En el veintenio que concluyó con la caída del presidente Sánchez de Lozada hubo seis gobiernos constitucionales, se logró poner término a una inflación galopante y el país progresó económicamente.
Esa situación contrastó con la que caracterizó a la pretoriana etapa anterior, que se extendió durante 18 años (1964-82) y en la que se sucedieron los cuartelazos y las dictaduras militares. Desfilaron por el poder nueve generales, además de tres civiles interinos.
Se sabe cómo empieza la demolición de una legimitidad auténtica, pero suelen ser insólitos y alarmantes el desenlace y las consecuencias de tan negativo proceso. En lo que a Bolivia se refiere, incluso se viene pronosticando que el país se partirá en dos.
Como hace 13 años le ocurrió a Checoeslovaquia. Con una diferencia importante, porque Eslovaquia y lo que ahora se llama República Checa estuvieron separados durante un milenio, y recién se unieron en 1918 y hasta 1992 (salvo el sexenio 1939-45). En cambio, la Audiencia o presidencia de Charcas, fundada en 1559 y que duró 266 años, se convirtió en república de Bolivia en 1825, hace 180 años.
Sin duda al régimen democrático le faltó habilidad para acoger y encauzar los reclamos y anhelos de ciertos sectores sociales. En todo caso, los agitadores y revoltosos de El Alto y La Paz están poniendo en peligro la integridad territorial de su patria. Deberían procurar más bien fortalecerla, ya que simpatizan con la “revolución bolivariana” del presidente Hugo Chávez. Han olvidado que Bolivia nació como república soberana bajo la égida del Libertador Bolívar y del también venezolano Antonio José de Sucre, el magnánimo vencedor de Ayacucho.



Armando Loaiza sostuvo ayer que su gestión mantendrá la misma prioridad que su antecesor a la presencia de la demanda marítima en el ámbito internacional

NUEVO CANCILLER BOLIVIANO DIJO EN 1993 QUE LE GUSTARÍA SER PRIMER EMBAJADOR EN CHILE

Ese año, cuando era Subsecretario de Política Bilateral, señaló que "podría hacer una misión útil" en nuestro país si se restablecían las relaciones diplomáticas. Cónsul en Chile en 1994, Loaiza ayer eludió responder si continuará la política de "gas por mar" de Carlos Mesa.

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

Los vínculos del nuevo canciller boliviano, Armando Loaiza (61), con Chile van más allá de su paso como cónsul general en 1994. Un año antes, cuando se desempeñaba como Subsecretario de Política Bilateral del gobierno de Jaime Paz Zamora, dijo que le gustaría ser el primer embajador de Bolivia en nuestro país en caso de que se restablecieran las relaciones diplomáticas rotas desde 1978.
Al asumir oficialmente ayer en reemplazo de Juan Ignacio Siles, Loaiza aseguró que su gestión mantendrá la misma prioridad de su antecesor a la presencia de la demanda marítima boliviana en el ámbito internacional. "Se ha explicitado una posición muy clara sobre el tema de la reintegración marítima boliviana. Una política central de nuestro accionar externo es la reivindicación marítima", dijo el nuevo canciller, quien agregó que esta demanda debería ser resuelta pacíficamente de acuerdo con las recomendaciones de la OEA, organismo dirigido actualmente por el chileno José Miguel Insulza. Al dejar su cargo, Siles destacó como un logro en su gestión que el canciller chileno Ignacio Walker haya reconocido que el diálogo con Bolivia debe ser "sin exclusiones y sin condicionamientos".
Consultado por la política propuesta por el ex Presidente Carlos Mesa, de negociar con el gobierno chileno "gas por mar", Loaiza eludió responder directamente, manifestando que deberá ser evaluada conjuntamente con el Presidente Eduardo Rodríguez, para decidir si esta posición se mantiene en la actual administración.
Loaiza empezó a visitar Chile desde que en 1969 se vino a estudiar política comercial en la sede de la Cepal. De esa época le quedaron amigos, algunos familiares e, incluso, su afición por el club de fútbol Colo Colo. Así, en junio de 1993 señaló que le gustaría ser el primer embajador boliviano en caso de que se restablecieran las relaciones diplomáticas. "Creo que podría hacer una misión útil y para mí son más interesantes las misiones cuando uno se siente con el espíritu de promover relaciones", dijo Loaiza a Las Ultimas Noticias.
Cónsul de Sánchez de Lozada
Un año después, en enero 1994, Loaiza llegó a Chile para asumir como cónsul general en reemplazo de Alberto Zelada. Su arribo se produjo en un instante en que había intensa efervescencia en La Paz sobre el tema de la mediterraneidad, ya que el entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada lo definía en su programa de gobierno como una meta prioritaria.
A su llegada a Santiago, Loaiza dijo que en las relaciones chileno-bolivianas existía "un conjunto de signos muy auspiciosos" y que creía que debían seguir cultivándose para "que todo marche adecuadamente" entre los dos países.
En 2004, cuando se desempeñaba como embajador en Uruguay, Loaiza se refirió a la demanda marítima de su país. En una entrevista al diario El Deber de Santa Cruz respondió al ex mandatario argentino y presidente del Comité de Representantes Permanentes del Mercosur, Eduardo Duhalde, quien se había referido al tema como "problemas del siglo XIX (que) atrasan la integración regional". Junto con calificar de "improcedentes y desafortunados" los dichos de Duhalde, Loaiza dijo que la demanda marítima "no es una cuestión del siglo XIX, es una disputa irresuelta".
Sectores sociales y políticos reciben con cautela a nuevo gabinete
Sectores políticos y sociales en Bolivia recibieron ayer con cautela al gabinete del Mandatario Eduardo Rodríguez que tomó juramento y que lo acompañará en los próximos seis meses en su gobierno de transición. El nombramiento de 12 integrantes del gabinete y del delegado de Asuntos Políticos fue visto con expectativa y se destacó el carácter "técnico" y "apolítico" de los nuevos funcionarios, aunque se pidió designar cuanto antes a los encargados del área económica. El jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo esperar que sea "gente con vocación de servicio por el país, por el reencuentro, por la democracia y las elecciones generales", e indicó que son "desconocidos" en círculos políticos.
"La mayoría (de los ministros) son supuestamente personas extrañas y apolíticas, pero vamos a verificar si esto realmente es verdad y que no estén ligados a ningún partido político", aseguró, en tanto, Abel Mamani, de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto.
De otro lado, empresarios y agricultores dejaron entrever su inquietud porque no han sido designados los ministros de las carteras de Desarrollo Sostenible, de Desarrollo Económico, de Trabajo, así como de Asuntos Campesinos y Agropecuario. Mauricio Roca, de la Cámara Agropecuaria del Oriente, estimó que se "prolonga la incertidumbre".
Por otra parte, el Congreso pospuso para la próxima semana el debate sobre un acuerdo para realizar elecciones generales anticipadas a más tardar a fines de año.