CHUQUISACA FUE UTILIZADA POR PREFECTOS MEDIA LUNA

El prefecto interino, Ariel Iriarte y los campesinos de Chuquisaca, aseguraron este miércoles, por separado, que fueron utilizados por los prefectos de la denominada "media luna", con el tema de la capitalidad plena, con el único objetivo de hacer fracasar la Asamblea Constituyente.
"Me extraña mucho, en algún momento utilizan un discurso de apoyo a las reinvindicaciones regionales y en otro momento se desvaloriza y, luego hablan de que no hay solidaridad hacia la media luna que hace tiempo atrás apoyaba la capitalidad y ahora es todo lo contrario", dijo Iriarte.
Manifestó su intención de realizar una evaluación de los pactos que inciden en esta actitud. "No quisiera adelantarme en alguna apreciación, porque no se si habrá algún pacto entre nuestro departamento y las otras regiones", mencionó.
Por su parte, el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca, Damián Condori dijo que "eso era sabido".
"Chuquisaca siempre ha sido utilizada, no ha tenido el apoyo verdadero de las prefecturas de la denominada media luna, porque las demandas chuquisaqueñas como la capitalidad la han utilizado como una excusa para hacer fracasar a la Constituyente", expresó.
Informó que como dirigencia campesina anunciaron del engaño en los meses conflictivos, pero que nunca nadie los tomó en cuenta y recién ahora los chuquisaqueños empiezan a darse cuenta de la "triste" verdad.
En ese entendido, señaló que se debería analizar fríamente el papel que tuvieron las organizaciones sociales y el Comité Cívico de ese departamento con las actitudes que están tomando los actuales prefectos."Ya no deberíamos ir adelante con el capricho de estos prefectos, se debe reflexionar y sentarse al dialogo entre chuquisaqueños y tomar un buen camino para llegar a la meta, porque cuando se tiene la visión se tiene el camino por donde llegar al destino deseado, eso es lo que nos está faltando", puntualizó.Por ello, dijo que si se iba a continuar con este camino y que Chuquisaca terminaría sola y con conflictos, en vez de contar con el apoyo del resto de los departamentos.

CRISTINA KIRCHNER Y EVO LANZAN LA LICITACIÓN PARA GASODUCTO

Infobae de Argentina (www.infobae.com)

La mandataria y su par boliviano se encontrarán el 25 de enero en Buenos Aires para lanzar el concurso internacional de tubos para la construcción de la nueva estructura del nordeste.
Así lo afirmó el reveló el ministro de la Presidencia boliviano, Juan Ramón Quintana, quien agregó que el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, y su equivalente argentino, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, "están trabajando para encontrar la ecuación energética que exprese la voluntad política (de Bolivia) con las necesidades del mercado energético (de la Argentina y Brasil)".
En los próximos días ese funcionario llegará a la Argentina ultimar detalles de la licitación.
"Estamos explorando esa licitación pública internacional para el 25 de este mes en Buenos Aires, para destrabar la demora en la construcción del nuevo gasoducto, y es probable que ésa sea la fecha del encuentro de ambos presidentes", afirmó Quintana, en la embajada de Bolivia en Buenos Aires.
El ministro, jefe del gabinete de Morales, precisó que mantuvo un diálogo telefónico con el secretario general de la Presidencia argentina, Oscar Parrilli, "para definir la fecha de la reunión de ambos mandatarios e iniciar la convocatoria pública para la adquisición de los tubos para la construcción del gasoducto"."La Argentina necesita el gas y nosotros tenemos que honrar el compromiso de venderle más gas; hemos logrado, afortunadamente, descubrir nuevas reservas de gas en el pozo de Huacaya y eso facilitaría el envío de un mayor volumen", señaló Quintana.
El ministro precisó que el Gobierno boliviano está "tratando de compatibilizar el tiempo de la parte vinculada a la obtención del gas y la construcción del gasoducto", que demandará "casi tres años".
Además afirmó que el de Huacaya no es el único nuevo pozo de gas, pues "hace 15 días se descubrieron nuevas reservas en la ciudad de Santa Cruz", por lo que Bolivia está "incrementando el potencial gasífero para la exportación".
"Tenemos que trabajar con Brasil para una mejor redistribución de la exportación del gas en la medida que la Argentina exija mayor volumen", dijo.
Quintana afirmó que Brasil "está atravesando una crisis energética, pero también la Argentina está incrementando su crecimiento económico", lo que "obliga a los bolivianos a acelerar la exploración y la explotación del gas".
Por eso el ministro, que el martes estuvo en Buenos Aires con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, como parte de la campaña de su país contra las restricciones impuestas por la FIFA para el fútbol en la altura, reconoció que "es importante despejar rápidamente la situación política en Bolivia para priorizar la agenda energética".





CHILE PRETENDE SUPERAR MILITARMENTE A BOLIVIA, ARGENTINA Y PERÚ JUNTOS AFIRMA EGUREN

CPN de Perú (www.cpnradio.com.pe)

El congresista de Unidad Nacional, Juan Carlos Eguren dijo contar con información que revelaría que la estrategia militar chilena sería contar con una capacidad bélica superior a Bolivia, Argentina y el Perú juntos, lo cual sería “preocupante”.
En diálogo con el programa El Comentario de la Noticia de CPN Radio consideró que el Perú debe incrementar sus recursos militares para proteger la soberanía nacional tanto externa “chilena o no” como interna. El parlamentario, advirtió que esta política de Estado debe darse independientemente de la denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y darse con celeridad en los próximos años.





DEMANDA DE PERÚ PERJUDICA ASPIRACIONES DE BOLIVIA, SEGÚN LEGISLADOR

RPP de Perú (www.rpp.com.pe)

La demanda de Perú ante la Corte de la Haya por los límites con Chile perjudica las reivindicaciones marítimas de Bolivia, dijo hoy a Efe el presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados boliviana, Michiaki Nagatani.
Nagatani, del partido opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, derecha), cree que la reivindicación ante Chile para recuperar el acceso al mar se puede postergar tras la demanda presentada por Perú en la Corte Internacional de La Haya.
El diputado opositor cree que la reclamación de Bolivia se convierte en un asunto "trilateral" y abogó por buscar alternativas y "adelantarse" a la decisión de la Corte Internacional.
Por este motivo, Nagatani estudia invitar al ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, y al vicecanciller, Hugo Fernández, para que informen de la situación ante la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados.
La opinión de Nagatani coincide con la del senador chileno Alejandro Navarro (Partido Socialista), quien ve riesgos en la fórmula de acceso al mar para Bolivia si se alteran las actuales delimitaciones marítimas.
Navarro garantizó que Chile continuará trabajando "firmemente para que este proceso con Perú (…) no afecte ni retarde" las negociaciones con Bolivia y propuso que las cancillerías de ambos países adopten "medidas adicionales" para impedir efectos negativos.
Bolivia reclama a Chile el acceso soberano al mar que perdió a finales del siglo XIX en la Guerra del Pacífico.
Ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 1978, iniciaron a mediados de 2006 un proceso de acercamiento y confianza mutua que incluye estudiar la demanda marítima boliviana.
El norte de Arica, en la zona cuyas aguas disputa Perú, es uno de los lugares que se barajan como posible acceso de Bolivia al mar.





EMISARIO DE MORALES: CONSTITUCIÓN ACABARÁ "CRISIS" EN BOLIVIA

Univisión de Estados Unidos (www.univision.com)

Un enviado del presidente Evo Morales dio seguridades el miércoles a la comunidad interamericana de que la nueva constitución significará "el fin de la palabra crisis" en Bolivia.
"Bolivia ha estado durante muchos años relacionada al tema y la palabra crisis", dijo Jean Paul Guevara Ávila, director general de relaciones bilaterales y cultos de la Cancillería. "Ahora podremos identificar y relacionar a Bolivia con el cambio".
Guevara Avila habló en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para informar a los 34 gobiernos que la conforman los avances en el trabajo de la nueva constitución y lo hecho por Morales, que cumple dos años en el cargo.
"En Bolivia se está viviendo un profundo proceso de cambio pero con un respeto irrestricto y escrupuloso de la institucionalidad democrática del país", dijo. "Se han eliminado muchas condiciones que no podían continuar en un marco democrático, pero se están haciendo con respeto escrupuloso".
Guevara Avila no señaló una fecha para la entrada en vigencia de la nueva constitución. La sesión final de la constituyente se hizo en medio de protestas de la oposición que denunció el bloqueo de su acceso al local por seguidores de Morales. Seis de los nueve prefectos, las principales autoridades regionales del país, han anunciado que se resistirían a su promulgación.
Dijo que la Asamblea Constituyente "ha concluido" su trabajo y el resultado era una nueva constitución que promueve "la profundización de la cultura de los derechos y de la democracia".
"Con esta nueva constitución podemos decir que se transparenta la sociedad boliviana al reconocer y tomar plenamente en cuenta la cultura de institucionalidad de los pueblos indígenas que son mayoritarios en mi país", afirmó. "Bolivia es el primer país que incluye en su constitución la resolución de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas".
Explicó que también reconoce el derecho de autogobierno de esos pueblos; las autonomías departamentales; fortalece la economía con todo tipo de organizaciones empresariales; profundiza la democracia con una forma representativa de gobierno, respeta la jurisdicción de los poderes públicos y redefine los poderes del presidente limitando su reelección a una vez.
Edmund Atkins, miembro de la delegación de Estados Unidos, dijo que su gobierno "aprecia los esfuerzos" para el diálogo que se están realizando en Bolivia en busca de un acuerdo que sea coincidente con la Carta Democrática Interamericana de la organización.
El embajador argentino, Rodolfo Hugo Gil, afirmó que su gobierno "apoya todos los esfuerzos de Bolivia para darse una nueva legislación y organización constitucional".





Embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado
ALBA REPRESENTA UN GRAN IMPULSO EN RELACIONES ENTRE VENEZUELA Y BOLIVIA

El Embajador Alvarado destacó que el acuerdo del ALBA, además de la parte comercial, tiene un carácter que engloba la parte social y cultural de la región.

Radio Nacional de Venezuela (www.rnv.gov.ve)

Las relaciones entre Bolivia y Venezuela se han afianzado desde la llegada a la presidencia de Evo Morales, quien el próximo martes 22 de enero, celebra el segundo aniversario de gobierno, así lo afirmó el Embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado.
Igualmente, el Embajador boliviano indicó que este afianzamiento entre ambas naciones se ha dado en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), organismo en el que Bolivia ingresó en abril del 2006. Agregó que el ALBA es un mecanismo que está permitiendo tener una visión diferente en comparación a otros acuerdos regionales.
El Embajador Jorge Alvarado destacó que el acuerdo del ALBA, además de la parte comercial, tiene un carácter que engloba la parte social y cultural de la región.
Otros de los aspectos que subrayó el Embajador de Bolivia en Venezuela, fue el referente a materia educativa, señalando que en Venezuela hay 600 bolivianos estudiando diferentes especialidades, entre la que destaca la que realiza un grupo de jóvenes becarios que actualmente se forma como médicos comunitarios, siendo éste la primera promoción de doctores que una vez egresados trabajarán en módulos de Barrio Adentro que funcionan en Bolivia.





POCO OPTIMISMO TRAS ACUERDO DE EVO Y PREFECTOS PARA ZANJAR CRISIS POLÍTICA

Se prevén duras dificultades para las comisiones que intentarán superar diferencias en temas como la nueva Constitución, las autonomías y el recorte económico.

El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)

"Hemos quedado en todo y hemos quedado en nada. Hasta yo estoy desconcertado". Las palabras del prefecto (gobernador de Santa Cruz) Rubén Costas a la prensa boliviana grafican a la perfección el ambiente de incertidumbre que se vive en el país andino tras el acuerdo preliminar entre gobierno y prefectos para zanjar la crisis política que afecta al país andino.
El pacto de intenciones, alcanzado en la madrugada de ayer tras una maratónica jornada, estipula encomendar a dos comisiones mixtas encontrar fórmulas de solución a los temas más sensibles y que dividen a los bolivianos: la nueva Constitución de corte estatista e indigenista impulsada por el oficialismo, los estatutos de naturaleza liberal y autonomista aprobados por cuatro regiones, que el gobierno considera ilegales, y el recorte económico a las regiones.
Sin embargo, el acuerdo preliminar podría fracasar si no fructifica la iniciativa para compatibilizar las posiciones, que son diametralmente opuestas.
Según informó ayer "La Razón" de La Paz, si bien el Presidente Evo Morales dijo que esta propuesta "sería una base para avanzar", los prefectos explicaron que no podían firmar el documento porque consideraron que estaba incompleto.
"No se menciona nada que garantice que la democracia está a buen recaudo, pero además hay dos temas esenciales que no pueden faltar: la suspensión de la campaña por el 'Sí' al nuevo texto constitucional y la inclusión de los prefectos para renegociar la ampliación de la Ley de Promoción Andina y Erradicación de la Droga con EE.UU.", dijo el prefecto de La Paz, José Luis Paredes. El gobierno reaccionó y dijo ayer que detendrá la difusión de la nueva Constitución.
Costas expresó sus dudas sobre el éxito del trabajo de estas comisiones.
"No es buscar una solución a la problemática", manifestó.
La firma del pacto final quedó pendiente hasta mañana, cuando el gobierno dé una respuesta al plan presentado por los prefectos para evitar el recorte de sus presupuestos regionales.
Manfred Reyes Villa, prefecto de Cochabamba, dijo que lo más importante del pacto es que se buscará llevar a la "legalidad" el nuevo texto constitucional, aprobado por el oficialismo "entre gallos y medianoche" a fines del año pasado en un cuartel militar y sin la presencia de la oposición.
"Esto puede ser el principio de un acuerdo. Nada está dicho, sólo estamos empezando a construir, a tallar una solución en temas tan complicados como las autonomías y los recursos que van a las regiones", manifestó a "El Mercurio".
Reyes Villa dijo que mantiene un cauto optimismo respecto de que se avance en la solución de la crisis política que afecta a Bolivia. "Sin embargo, hay que tener también demasiado cuidado por la seriedad, delicadeza y complejidad de los problemas", enfatizó.
Para el analista paceño Roger Cortés, el diálogo acordado en la madrugada de ayer podría resultar un paso significativo en la medida en que las posiciones más recalcitrantes de los grupos confrontados sean marginadas."El camino que queda por delante es bastante complejo, porque inclusive resolviendo la compatibilidad de Constitución y estatutos autonómicos habrá que hacer revisiones más extensas del texto constitucional, en ámbitos de la representación política, justicia y otros temas", manifestó a este diario.
El experto añadió que los actores políticos bolivianos tienen la responsabilidad ante el país de alcanzar pronto un consenso. "De lo contrario, la nueva Constitución tendrá problemas de aplicación y agravará la crisis política", advirtió.
SucreEl Comité Interinstitucional de la región de Chuquisaca (Comité Cívico), cuya capital es Sucre, presentó ayer a la Corte Electoral miles de firmas que apoyan el camino de la autonomía emprendido ya por otros cuatro departamentos.
Se presentaron 116 libros con 17.400 firmas, cuya autenticidad debe verificar la Corte Electoral.
Con las firmas, el Comité quiere aprobar la celebración de un referéndum sobre un régimen autonómico en la región sureña.
Esta semana, según Jaime Barrón, presidente del Comité, comenzarán a redactar el estatuto autonómico de Chuquisaca, cuyas autoridades mantienen una tensa relación con el Gobierno por su demanda de que Sucre vuelva a albergar los poderes Ejecutivo y Legislativo.





UN VILLAMERCEDINO INTEGRA LA COMISIÓN DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

El Diario de la República de Argentina (www.eldiariodelarepublica.com)

La Agencia Boliviana de Noticias difundió que el pasado 11 de enero en la ciudad de La Paz se llevó a cabo la primera actividad oficial del gobierno boliviano tendiente a reformar el Código Penal de ese país. En el auditorio principal del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz se realizó la Jornada Internacional sobre la Reforma Integral del Código Penal Boliviano, que contó con la presencia de cuatro profesores extranjeros, entre ellos el abogado villamercedino Matías Bailone, y dos nacionales, y en la cual se debatió la importancia de una reforma integral al código punitivo y los lineamientos de la misma.
Bailone se encuentra por algunos días en visita familiar en Villa Mercedes, pero reside en España donde ejerce como profesor en la Universidad de Castilla La Mancha, mientras que desde hace poco es consultor internacional del Comité de Reforma del Código Penal de Bolivia y coordinador de dicha reforma con Europa.
El viceministro de Justicia de Bolivia, Wilfredo Sánchez Serrano, inauguró la jornada académica y aseguró que el proceso de reforma integral al código penal se encuentra en marcha, gracias al apoyo de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales y a la GTZ, la agencia de cooperación alemana. Destacó además en su presentación la importancia de la ayuda que brindarán el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad española de Castilla La Mancha, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Max Planck Institut de Friburgo, Alemania.
Así, en el marco oportuno de esta jornada académica de derecho penal, se anunció la comisión de reforma integral al código penal del Ministerio de Justicia de Bolivia que estará integrada por el los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), Luis Arroyo Zapatero (España), Ulrich Sieber (Alemania), Fernando Villamor Lucía (Bolivia), Elías Carranza (ILANUD, Costa Rica) y Moisés Moreno Hernández (México). La comisión se completa con la presencia de los argentinos José Sáez Capel, como secretario, y Matías Bailone como coordinador de la reforma penal con Europa. Por parte del Ministerio de Justicia participará el viceministro Wilfredo Sánchez Serrano.
La jornada que en La Paz dio inicio a la reforma penal sustantiva de Bolivia, atrajo a cerca de 1.600 personas, entre magistrados, operadores del sistema judicial, legisladores y abogados, y se inició con la conferencia magistral de Zaffaroni, quien habló sobre la importancia de un código penal claro y liberal.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina, afirmó que Bolivia tiene un gran reto, ya que afronta su reforma al Código Penal en el momento más crítico para la legislación penal a nivel regional y mundial. “Están encarando ustedes una reforma penal en un momento muy particular de la región y del mundo, quizá sea éste el peor momento de toda nuestra historia de la legislación penal latinoamericana, desde la independencia hasta hoy”, señaló Zaffaroni.
También explicó que el momento de globalización que atraviesa el planeta sólo se caracterizó hasta hoy por la implementación tecnológica material y que en nada benefició a los países de la periferia, agudizando la estratificación social, una polarización de la distribución de riquezas, además de la crisis de desempleo, represión, entre otros aspectos. Dijo que en la actualidad se fabrican infinidades de delitos a través de leyes penales que proyectan una criminalización infinita que es imposible que una persona no lo hubiera realizado alguna vez en su vida. En ese sentido, la autoridad judicial manifestó que como incidencia hoy se ven cárceles pobladas en su mayoría por gente de bajos recursos y principalmente por delitos de robo y tráfico de drogas, que ni siquiera tienen condena. “Esas es la invención del sistema penal que tenemos en toda la región”, aseveró Zaffaroni.
La siguiente conferencia estuvo a cargo del presidente de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales, Villamor Lucía, quien abordó el tema de la historia de la legislación penal de Bolivia. Lo continuó el coordinador de la reforma con Europa, el argentino Bailone, que habló sobre la armonización de la legislación sustantiva penal en el marco de la unificación europea y latinoamericana. Luego el también argentino Sáez Capel intervino sobre las reformas procesales penales que se han dado en la región, y en especial en Bolivia. Cerrando el día de conferencias magistrales, el director del Instituto de Naciones Unidas para Latinoamérica de lucha contra el delito y tratamiento del delincuente (ILANUD), Carranza, disertó sobre la política criminal de Naciones Unidas sobre la prevención del delito.
Perfil internacional De Villa Mercedes a Europa
Matías Bailone tiene 27 años, es nacido en Villa Mercedes, donde terminó el secundario que cursó en el colegio “San Buenaventura”. Es abogado recibido de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, doctorando en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires y profesor de derecho penal de la Universidad de Morón. Actualmente en España es profesor visitante de derecho penal y profesor de los cursos de postgrado en derecho penal económico en la Universidad de Castilla La Mancha, además de investigador de su Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Ahora es consultor internacional del Comité de Reforma del Código Penal de Bolivia y coordinador de dicha reforma con Europa. Sus últimos libros de derecho penal son “El aborto y la cuestión penal” y “Delitos contra la seguridad pública”, con prólogo de Raúl Zaffaroni y escritos en colaboración con Rubén Figari. Anunció que próximamente saldrá “Anticriminología”.
Entre los abundantes antecedentes de Bailone, se destacan el de ser abogado especialista en derechos humanos y procesos de democratización (Universidad de Chile, profesor invitado de Derecho Penal Parte General (Universidad de Morón) y presidente del Ateneo de Ciencias Penales y Criminológicas de Cuyo (Argentina) e investigador y miembro del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (España).
Miembro Honorífico de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales, miembro del Consejo de Redacción de la Revista General de Derecho Penal IUSTEL (España), del Consejo Editorial de la Revista Especializada en Criminología y Derecho Penal “Criminogénesis” (México, DF). Secretario de Redacción de la Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales “Ley, Razón y Justicia” (Alveroni Ediciones). Redactor del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales, España.
Autor de numerosos trabajos y escritos sobre derecho penal, derechos humanos y derecho constitucional publicados en diversos medios como la revista jurídica argentina “La Ley”, “El Dial”, “Iustel” (España), “NDP Nueva Doctrina Penal” (Editores del Puerto), entre otras





DEMOCRACIA: LATINOAMÉRICA TIENE 1 PAÍS NO LIBRE Y 7 CASI LIBRES

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)

América Latina sigue teniendo como en 2006 un país "no libre" (Cuba) y siete "parcialmente libres" (Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela), según un informe difundido el miércoles sobre tendencias en la democracia en 2007 en el mundo.
El informe, preparado por la organización conservadora Freedom House, analiza el estado de los derechos políticos y libertades civiles en 193 países. Preparado anualmente desde 1972, suele ser citado en los debates del Congreso, particularmente por legisladores republicanos, en temas de política exterior.
Freedom House explicó que el estudio no califica a gobiernos o su rendimiento sino el mundo real de los derechos y las libertades sociales que disfrutan los habitantes de un país. Las libertades pueden verse afectadas por acciones del estado y de actores no estatales como insurgentes y otros grupos armados.
Pero, mientras en Latinoamérica la situación se ha mantenido estable, Arch Puddington, director de Freedom House hizo notar que en una quinta parte de los países estudiados se han producido retrocesos aun cuando no siempre se ha llegado a considerar a esos país como no libres.
Los casos más graves, dijo, ocurrieron en el Sudeste Asiático, pero también llegaron a niveles importantes en la ex Unión Soviética, el Medio Oriente, Africa del Norte y Africa Subsahariana.
En las Américas, el único calificado como "parcialmente libre" entre los países donde no se habla español es Haití.
"Ninguno de los países considerados no libres ha dado muestras de mejoría", dijo Puddington en una rueda de prensa para presentar el informe titulado La Libertad en el Mundo.
El número de países considerados libres por Freedom House en 2007 se mantuvo en 90 o un 46% de la población global total, sin cambio con relación a años previos. El número de "parcialmente libres" fue de 60 o 18% del total global de habitantes, dos más que el año previo; y de países "no libres" se redujo de 45 a 43 o un 36%.
Indicó que en el caso de los derechos políticos se plantean preguntas sobre los procesos electorales, pluralismo y participación, el acceso de los grupos de minoría a las oportunidades públicas y el funcionamiento del gobierno.
En el campo de las libertades civiles, se incluyen preguntas sobre las libertades de expresión y religión, derecho de asociarse y organizarse, respeto a la ley y derechos individuales.
Cada país es medido, según las respuestas, sobre una escala de siete puntos en ambas áreas. Los países libres están en la escala de 1 a 2.5; los parcialmente libres de 3 a 5; y los no libres de 5,5 a 7.



SOBRE LA LEGALIDAD DE LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO APROBADA EN GRANDE Y DETALLE Y LA ILEGALIDAD DE LAS MOVILIZACIONES OPOSITORAS

Rebelión Org. (www.rebelion.org)

Una preocupación latente y tarea específica de las personas e instituciones que vienen haciendo un seguimiento al proceso constituyente es la socialización del la propuesta del nuevo texto constitucional, pero de manera particular es también la socialización del actual texto constitucional. Las razones son obvias, pero el objeto que busca este escrito es que al calor del debate de la ilegalidad o la legalidad de la nueva propuesta de Constitución Política del Estado, se pueda comprender la legalidad o ilegalidad del accionar institucional, personal o acción de masas desde la actual Constitución Política del Estado.
Empezar por las consignas y debate trillado ayuda, pero para entender tenemos que tener la certeza de que la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, crea una Asamblea Constituyente independiente para ejercer la soberanía del pueblo, sin someterse a ningún poder constituido y con la única misión de redactar la nueva norma constitucional. Esto está en los artículos 2 y 3 de la ley del 6 de marzo del 2006. (Si el lector duda es necesario que corrobore este hecho con una lectura detenida de dicha ley).
En el artículo 2 de la Ley mencionada se caracteriza a un constituyente como la persona natural que ejerce la representación del pueblo en forma democrática establecida en la actual Constitución Políticas del Estado.Desde el párrafo anterior se hace referencia obligada al artículo 4º de la actual CPE donde a letra dice “El pueblo delibera por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum…” Los representantes a los que se refiere en el artículo, y que se resalta en la cita, incluyen a aquellas personas naturales que ejercen la representación del pueblo en forma democrática, en el ejercicio de una democracia representativa adoptada por un gobierno nacional que se someta a la actual Constitución Política del Estado. Bolivia es una organización estatal republicana que “…adopta para su gobierno la forma democráticas representativa…” (Art. 1) y en esos cánones es que las instituciones, los individuos y las masas deben ejercer la democracia o poder del pueblo.
En este entendido es lícito hacer políticas con la certeza de que las personas naturales que ejercen la representación para deliberar en la asamblea constituyente son aun los 255 constituyentes. Bien o mal, el caso es que la democracia representativa empuja a confiar en esa limitada democracia. Lamentaciones sobre el estrecho margen que da la actual constitución no va a resolver los problemas. Adelantamos en este sentido la primera apreciación consistente en la necesidad de ampliar la democracia incorporando a la democracia representativa y participativa, la democracia directa, deliberativa, comunitaria y otras formas de ejercicio democrático que ya se mencionan en la nueva propuesta constitucional.
Introduciendo estas ideas al debate de la legalidad o ilegalidad de la propuesta de la nueva constitución política del estado, lo ilegal no se debe focalizar en el lugar donde se ha terminado de redactar el contenido del nuevo texto constitucional (Liceo Militar y el departamento de Oruro), cuando lo ilegal de este proceso está, en las formas “legítimizadas” con las que se manifestaron las masas, las instituciones y los individuos, ellas, las masas y las instituciones creadas al calor de la demanda política se apegaron al ejerció de una democracia directa en una República Unitaria donde dicha forma democrática no le es reconocida. Esto quiere decir que imponer por la fuerza y la presión callejera el contenido del texto constitucional o los temas a tratarse son en si, formas ilegales del ejercicio democrático bajo el marco jurídico actual.
Las determinaciones de cabildos y asambleas comunarias que se quieran implementar de facto al igual que otras formas de democracia directa o comunitaria son ilegales bajo la supremacía jurídica de la actual CPE más aun si desde la consigna de tomar las armas se autoproclaman pequeños grupos como representantes del soberano. “Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición” (Art. 4º. II).
Repitiendo y reconstruyendo ideas se tiene que entender que lo pactado en el actual texto cosntitucional implica que la soberanía del pueblo se la ejerce a través de sus representantes, eso dice la actual constitución boliviana y eso debe entenderse como legal. Entonces queda claro que desde la estructura y contenido jurídico de la actual constitución política del estado el cerco al Gran Teatro Mariscal, local donde sesionaba la Asamblea, es ilegal, y es también ilegal que el grupo de universitario o el comité interinstitucional departamental o regional se atribuyan la representación del pueblo. Pues nadie se puede atribuir la representación del soberano si no ha sido elegido mediante voto universal y secreto y con un fin concreto Eso está en nuestra constitución actual. Y la representación del soberano, para redactar la nueva constitución política del estado aun está en los 255 representantes y lo que ellos entregaron el diciembre 14 del 2007, bajo esta mirada es legal. (Los prefectos no han sido delegados para redactar el texto constitucional y los consejeros departamentales tampoco han sido elegidos para redactar un estatuto autonómico y los legisladores no redactan las leyes si no es en marco de la Asamblea Legislativa Nacional) La actual constitución política del estado, la ley especial de convocatoria y la ley de ampliación son claras al respecto.
Pero este espectro de hechos ilegales, el de las masas, instituciones e individuos no significa que sean en si mismas prácticas antidemocráticas, de ningún modo podemos decir que sean prácticas que vayan a negar el poder del pueblo en un estado democrático, lo que ocurre en el caso boliviano es que no son reconocidas ni normadas constitucionalmente. Algunas de estas prácticas, como por ejemplo los cabildos y asambleas populares no son reconocidos como una forma constitucional deliberativa y participativa y tampoco las movilizaciones activas y violentas de movimientos sociales son reconocidas constitucionalmente para revocar el mandato de autoridades, sin embargo nuestra historia en los últimos años se ha venido construyendo bajo estás prácticas, al grado que ya nadie se ha puesto ha pensar en la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los mismos.
A manera de aclarar la idea, es prudente resaltar que la normativa boliviana reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus derechos previo cumplimiento de las formalidades legales, (Art. 161. II), pero la huelga para revocar mandatarios no esta constitucionalizada, y estas, las movilizaciones que exigieron la renuncia de Sánchez de Lozada, Carlos Meza, el presidente del senado y de la cámara de diputados para dar cabida a la elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia como presidente de la República de Bolivia, no están constitucionalizados aunque la secuencias de renuncias si lo están. La elección del nuevo poder legislativo en las condiciones en las que se hizo el año 2005 también fueron inconstitucionales, pero nadie hizo el escándalo que ahora hacen, no es una justificación, pero si un antecedente de los focos inconstitucionales que alumbran los cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia. Al seguir leyendo, es probable que gire por la cabeza del lector la pregunta ¿Adonde se quiere llegar con todo esto? Para empezar se intenta demostrar que estos años, y mucho antes la vida políticas se ha movido ligadas a un conjunto de normas inexistentes en nuestra CPE o descontextualzadas dejando a un lado niveles de reflexión y racionalidad, para atacar la inconstitucionalidad solo cuando conviene a fines de mantener o criticar el poder. A estas alturas ya la insconstitucionalidad parece ser el pan de cada día, y de utilidad del ejercicio del poder.
Por poner otro ejemplo del camino de inconstitucionalidad que a diario se transita. Ahora el poder ejecutivo en sus niveles medios pide intervenir la Asamblea Constituyente, piden que se deje en “fojas cero” o que se reforme, y no solo piden, sino que lo instrumentalizan para consolidar otros fines políticos. Y ojo en esta parte no se hace referencia al presidente de la república, sino a los prefectos, por que quieran ellos o no, jurídicamente son parte del poder ejecutivo, y son los prefectos los que con más ahínco dirigen sus objetivos a quitarle la independencia y la no sumisión a ningún poder constituido de la Asamblea Constituyente. Piden a gritos la violación de la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, y la prensa, y los críticos de la democracia, y los intelectuales, y los gobernantes, se tambalean entre espectadores y sujetos dinámicos de estos tiempos donde la inconstitucionalidad ya es la constitucionalidad en construcción.
Por esta última afirmación, se hace necesaria seguir con el proceso constituyente y se hace necesario seguir socializándola, porque es la única forma, por ahora de cualificar la democracia y de universalizarla.
Bolivia nunca ha tenido el comportamiento de una república unitaria, al estilo de la república o en semejanza al ícono universal de ésta construcción estatal. Las modificaciones y reformas constitucionales, golpes de estado y restricciones de derechos, remanentes monárquicos como el de oficializar una religión, exclusiones de sectores mayoritarios, sufragios bajo presión, chantajes, o coerción estatal, patronal o empresarial, etc., y otros elementos de la democracia liberal y Estado Republicano han puesto ahora al frente las grandes contradicciones entre la sociedad y un diseño estatal incoherente y descontextualizado de las necesidades de desarrollo material, espiritual, social y hasta democrático del pueblo boliviano. Hoy, es contextualizado y necesario socializar y potenciar la vida democrática y el desarrollo de los bolivianos y bolivianas con un modelo de estado plurinacional, social de derecho, con autonomías y pluralismo económico, político, jurídico, cultural y lingüístico, tal como se expone en la propuesta de la nueva constitución política del estado.
Si seguimos oponiéndonos, a los cambios constitucionales, lo más probable es que las violaciones a la constitucionalidad se vayan convirtiendo en violaciones a los derechos humanos y al derecho a la vida. Y en esto están metidos los prefectos, los comités cívicos, los medios de comunicación y los sectores que se oponen a seguir con el proceso constituyente.
Entendamos de una vez, Bolivia apenas está empezando a constituirse en un Estado liberal, aunque para fines de definición se crea haber vivido en un estado de derecho los 183 años de la vida republicana. Se está empezando y hay aun quienes se oponen argumentando ilegalidad, como si la historia boliviana no se hubiese construido en base a una ilegalidad positiva (Actitudes críticas y revolucionarias) frente a una ilegalidad negativa. (Corrupción, explotación, violación de los derechos humanos, restricciones al derecho a la vida, etc.)
Reflexivamente se puede decir que, si a la Asamblea Constituyente se la va adjetivando como ilegal, es sencillamente porque la dinámica política de la sociedad y el estado boliviano se muestra contradictorio en la coyunturalmente y porque lo retrógrado y conservador de la relación Estado Sociedad se encarama como legal; sin serlo, jurídicamente hablando.