A
pocas semanas de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, Bolivia vive
una profunda convulsión política. El Movimiento al Socialismo (MAS) —partido de
gobierno— está fracturado entre quienes apoyan al expresidente Evo Morales y
quienes respaldan al actual mandatario, Luis Arce. El clima electoral está
tensionado por las encuestas que muestran un empate técnico entre los
principales candidatos de la oposición, mientras el oficialismo enfrenta el
reto de mantenerse unido. La crisis económica —marcada por la escasez de
combustible, el aumento sostenido de la inflación y la presión sobre las
reservas internacionales— agrava el escenario.
En
medio de esta turbulencia interna, Bolivia mantiene una postura activa en la
política internacional: ha enviado ayuda humanitaria a Palestina y forma parte
del Grupo de La Haya, que impulsa acciones concretas para exigir el fin del genocidio en Gaza. Sobre el peso de estos
factores en la política nacional, la agenda exterior y la pugna interna por el
liderazgo del bloque popular, conversamos con Gabriel Campero, embajador de
Bolivia en Colombia.
RAYA:
En Bolivia, están a días de elecciones
presidenciales. Me llamó la atención, una entrevista del expresidente Evo
Morales que dio a la Radio Nacional de Colombia. En ese espacio hablaba
básicamente de Luis Arce como su enemigo. Apenas si mencionó a la derecha,
¿Cómo llegó Bolivia a este punto de fragmentación?
GABRIEL:
Solamente para recordar dos cosas. La primera, es que el presidente Arce, fue
un presidente que decidió asumir en el peor momento una campaña electoral: en
pandemia y en pleno golpe de Estado. Y pese a eso, el bloque popular decidió
salir adelante y votar por Luis Arce Catacora, no por Evo Morales. Y eso es
algo importante que hay que dejarlo muy claro.
No
podemos permitir que se instale en el imaginario internacional la idea de que
el boliviano no piensa por sí mismo. Al contrario, cada ciudadano razona y sabe
lo que quiere: el retorno de un bloque popular que garantice la redistribución
de la riqueza, los bonos sociales, la nacionalización de los hidrocarburos y
que evite las privatizaciones. Además, es clave otorgar valor agregado a los
recursos bolivianos mediante el programa de industrialización, reducir las
importaciones que tanto nos han perjudicado y buscar mecanismos para disminuir
el subsidio a los combustibles, como las plantas de biodiésel.
El
segundo punto es la renuncia del presidente Arce a su candidatura, un gesto
para unir al bloque popular. Su mensaje fue claro: "Retiro mi postulación
porque necesitamos unirnos para derrotar a la derecha". De hecho, emitió
un comunicado en el que reitera que el gobierno actuará como mediador para
asegurar esa unidad de cara a las elecciones. Aquí cabe destacar el
desprendimiento del presidente Arce.
Hay
poca lectura del momento histórico que se está viviendo por parte de otros
actores políticos que son candidatos a la presidencia. Tristemente debo decir
que el expresidente Morales no está haciendo una lectura de todo lo que se
viene en caso de que retorne la derecha.
Lo
que la gente para afuera no sabe es que efectivamente el proceso de cambio en
Bolivia es el resultado de una acumulación de luchas históricas que viene desde
las dictaduras militares, resistencia al neoliberalismo. Muchos hombres y
mujeres dieron su vida en este periodo para que después esto se conglomere y dé
el resultado de lo que fue la victoria del año 2006. No es el resultado de la
lucha de una persona, como muchos cometieron el error de hacerle creer al
expresidente Morales, incurriendo en un error del culto a la personalidad.
RAYA:
El expresidente Morales habla de que es perseguido por el actual gobierno del
gobierno de su exministro, Luis Arce.
GABRIEL:
A nosotros nos llama seriamente la atención de que el expresidente Morales diga
que hay lawfare, que se manipula la justicia cuando las pruebas están ahí.
Nosotros
decimos: Compañero, tuvimos que haber hecho una lectura autocrítica del periodo
pasado ¿Acaso no hay compañeros que son capaces dentro del instrumento político
para la continuidad? Y eso fue lo interesante que se dio posterior al golpe,
porque cuando Evo nos deja a todos - porque él abandonó, escapó a México - se
quedó un pueblo a hacer resistencia. Y de ahí vienen las masacres de Sacaba, de
Senkata, que suman más de 30 muertos.
Y
luego de eso, la resistencia y la campaña que la asumió Luis Arce de forma muy
valiente en pandemia, con un golpe de estado que lo amenazaba constantemente
para evitar que pudieran postularse. Nosotros continuamos con Luis Arce, con
David Choquehuanca para tratar de llegar nuevamente a recuperar la democracia
que se había perdido.
RAYA:
Pero quisiera preguntarle también por la situación actual, porque claro estamos
en medio de un vecindario que ve surgir figuras como Buekele, Milei, Novoa, y
sería muy triste para las fuerzas soberanas de América Latina que Bolivia
quedara en manos de alguien así. ¿Qué posibilidades de unidad existen?
GABRIEL:
El presidente Arce en los primeros 2 años, después de haber tomado medidas para
luchar contra la pandemia, restablecimiento de la economía y todo, empezó a
subir en encuestas y se acordó entre el presidente Arce y Evo Morales de que no
se hablaba de candidaturas hasta el año 2024.
Evo Morales no cumplió.
Como
lo dice el actual candidato Eduardo, hay dos puntos de inflexión dentro de lo
que es la ruptura con el bloque del Movimiento al Socialismo y el presidente
Arce. Uno, el tema de que el expresidente Morales quería controlar el ejecutivo
pese a que él ya no era presidente. El Presidente Arce no le permitió eso, que
era imponer directores, ministros, cuestionar toda autoridad. Y como no le
gustaban las autoridades que estaban ahí, lógicamente pidió a través de su
bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional interpretar, sancionarlos,
censurarlos, sin permitirles hacer gestión.
El
candidato actual, Eduardo del Castillo, planteó que hubo dos momentos de
ruptura. En una primera reunión de todo el pacto de unidad, que es el Bloque
Popular, que se reunió con sus organizaciones sociales, en el que participó Evo
Morales, dijeron de que habían retornado todos por la democracia. Evo Morales
dijo: "No, que la gente había luchado por él", con una visión sesgada
de lo que era la lucha social que se hizo para recuperar el proceso de cambio,
no a Evo Morales, no a un proyecto individual y ese fue un error.
Por
otro lado, lo que planteó fue el tema de que el señor candidato Eduardo del
Castillo, le pidieron reuniones a solas con directores que dependían del
Ministerio de Gobierno, aspecto que el ministro y actual candidato no accedió.
¿Por qué? Ningún director o autoridad puede reunirse a solas con ningún
director del Ministerio de Gobierno.
Y
el último punto, que es algo que no nos compete a nosotros como gobierno y hay
que dejarlo muy claro, es un tema de la justicia boliviana. Es el tema de que
el expresidente Morales tiene procesos de trata y tráfico por tema de
situaciones con menores de edad.
Por
el caso de trata y tráfico de una menor de edad con la que habría tenido una
niña, cuando la muchacha tenía 15 años, aparte de otra investigación que tiene
y la están llevando en Argentina por convivir con tres menores de edad. El expresidente Morales no asistió a declarar
tres veces y toda la población nos cuestiona a nosotros por qué a Luis Fernando
Camacho (Candidato de la derecha que hizo parte del intento de golpe de estado
en 2019) por no declarar tres veces se lo ha metido a la cárcel y qué pasa con
el expresidente Morales. El expresidente Morales en algún momento tiene que
responder, porque no es que se le está acusando, se le está pidiendo
declaración.
RAYA:
Morales dice que hay un riesgo económico altísimo en Bolivia, una alta
inflación, desabastecimiento y que eso tiene que ver con las malas decisiones
económicas que se han tomado en el actual gobierno y que lo obligan a volver a
la candidatura. ¿Qué responde sobre eso?
GABRIEL:
Sesgado, mal informado y sobre todo muy tendencioso. La situación que se ha
generado dentro de Bolivia, es una corresponsabilidad de él por dos cosas.
La
primera, que no cuidó la nacionalización de los hidrocarburos. Al expresidente
Morales le mintieron desde el año 2014 hasta el año 2019 de que teníamos un mar
de gas que no existía. No se hizo exploración hidrocarburífera. Por tanto, ¿qué
pasó? Las reservas de gas empezaron a disminuir desde el año 2014 y Bolivia
vivía de lo que era el tema de la venta del gas y su exportación. Tuvimos
durante ese periodo una temporada que el barril de petróleo llegó hasta cero.
En la actualidad, lógicamente, dejamos de percibir las mismas remesas sin
disminuir el tema de los bonos sociales, de garantizar todo lo que se había
logrado y avanzado.
Desabastecimiento.
Lo que ha pasado ha sido que como no se cuidó la nacionalización, no se cuidó
la exploración de nuevos pozos, no se garantizó otros mercados y tampoco se
hizo una transición energética, lo que nos tocó a nosotros asumir
circunstancialmente con el presidente Arce con un gobierno que ya no tenía la
misma capacidad de venta y exportación de gas. Nos tocó tener que negociar
nuevos precios y contratos con el tema de la exportación del poco gas que ya
teníamos hacia el Brasil y lamentablemente se perdió el mercado de
Argentina por decisiones políticas que
tenía Javier Milei con el descubrimiento del pozo de Vaca Muerta.
Nosotros
teníamos planificado dos plantas de biodiésel y una planta de diésel renovable
o de HVO. De las cuales estas dos plantas de diésel y de HVO ya están bien
técnicamente acabadas funcionando, funciona una en Santa Cruz, la otra está ya
casi a concluirse en la ciudad de El Alto y la de HVO que sería la que más nos
brindaría, está igual en conclusión.
¿Qué ha sido el problema? Con el bloqueo de acceso a divisas que generó
una iliquidez, por el bloqueo de la
asamblea a causa del expresidente Morales y la derecha, porque esto es lo
triste.
¿Qué
gobierno va a aguantar 3 años con una asfixia de que no te permite tener una
liquidez y un flujo de circulante interno? Ninguno. En el gobierno del
presidente Morales, cuando era el ministro Luis Arce Catacora, su ministro de
economía, siempre se funcionó con créditos. La diferencia es que teníamos una
bonanza gracias al tema de la exportación del gas que hacíamos a Argentina y a
Brasil. Había bonanza, pero ahora estábamos saliendo de una pandemia, de un
golpe de estado, reactivación de la economía y qué le tocó al presidente Arce,
asumirlo circunstancialmente y además de eso buscar soluciones estructurales,
no coyunturales.
RAYA:
Quería insistir en el tema de esas derechas de América Latina, principalmente
la boliviana que es tan racista. Tengo claro la imagen de unos militantes de
derecha pisoteando la wiphala tras el golpe de 2019. ¿Si llegan al gobierno
pierden todos?
GABRIEL:
Sí. Tanto los que estén con Evo como los que estén al otro lado. Imagina que
hay consignas de campaña de la derecha,
y esto no lo entiende el expresidente Morales, consignas de campaña de la
derecha, que si ingresan ellos al poder,
al día siguiente Evo Morales lo apresan.
El
hombre tiene que entender que su situación no es un capricho del gobierno
nacional, es un tema personal y de rendición de cuentas ante la justicia por no
asistir a declarar tres veces. Tiene que resolverlo. Y a toda persona le toca,
no es un tema de lawfare, no es algo que existe en esa dinámica y él no es
consciente de que si retorna la derecha, lo primero que van a hacer va a ser ir
por el expresidente Morales, Luis Arce y toda la izquierda como históricamente
lo hicieron. Van a proscribir a todo el movimiento popular con sus líderes por
los próximos 20 años.
¿Y
qué va a pasar? Vamos a perder todos los bonos, se van a privatizar las
empresas, nos van a cortar cualquier tipo de negociación que podamos tener con
otros bloques que están ahora muy vigentes en este nuevo mundo multipolar con
China, con Rusia. Se va a volver a ideologizar las relaciones exteriores. ¿De
qué sirve eso?
RAYA:
¿Cuál es el llamado a las otras fuerzas de izquierda en Bolivia?
GABRIEL:
Nosotros convocamos a que primero se respete el orden democrático. Hemos
tenido serias amenazas en cuanto al tema
de que no van a permitir que se lleve adelante elecciones en paz, tranquilas y
ya toca hacer un cambio de gobierno. El presidente Arce es muy consciente de
eso, todo se está alistando para entregar al próximo gobierno el 8 de
noviembre, sea para el candidato que sea.
El
llamamiento es a que escuchen al presidente Arce, que se consolide el bloque
popular por más diferencias que hayan tenido. Lamentablemente hay que decirlo,
desde el palco nos mira la derecha, el imperialismo viendo cómo nos estamos
fracturando, claro. Pero acá lo importante es plantear nuevamente que haya
continuidad en el bloque popular porque lo que está en juego no es un tema de
una candidatura de una persona, está en juego todo lo construido durante veinte
años.
RAYA:
Un tema interesante en Bolivia fue la nacionalización de la guerra contra las
drogas, en Colombia se discute la posibilidad de que el país sea descertificado
por Estados Unidos tras el aumento en los cultivos de hoja de coca. ¿Cómo ha
enfrentado Bolivia la guerra contra las drogas?
GABRIEL:
Bolivia no tiene USAID, Bolivia no tiene CIA dentro de su territorio nacional.
Y ojo: nuestros resultados en la lucha contra las drogas han sido muy exitosos.
Hemos nacionalizado la lucha contra las drogas a nivel boliviano, sin necesidad
de mecanismos de injerencia que supediten nuestra soberanía.
Hemos
demostrado, con resultados concretos, que un pueblo soberano y autodeterminado
puede enfrentar este flagelo.
Hay
que diferenciar dos cosas. Número uno: la hoja de coca no es cocaína. Por eso,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos llevando una campaña
—en trabajo conjunto con la Vicepresidencia del Estado— y agradecemos el apoyo
del Gobierno de Colombia en el examen crítico de la hoja de coca para retirarla
de la Lista 1 de la Convención de 1961 sobre estupefacientes.
El
primer gran error es querer afectar algo que, para nuestra cosmovisión andina y
nuestros pueblos ancestrales, es sagrado.
Entonces,
cuando desde fuera —como fue el caso que tuvimos antiguamente— hubo injerencia
de gobiernos que buscaban erradicar totalmente la hoja de coca, se generó un
choque no únicamente de resistencia popular —que ya tiene una larga trayectoria
con los productores de hoja de coca—, sino también por la relocalización de los
mineros. Grupos mineros formados por los antiguos comunistas en las minas de
Potosí, que, con el neoliberalismo, fueron trasladados hacia la zona del
trópico, generaron mecanismos de resistencia.
Por
tanto, era muy difícil que organismos como la DEA o la USAID eliminaran por
completo la erradicación de la hoja de coca. Entonces, ¿qué fue lo primero que
se hizo? La nacionalización de la lucha contra las drogas, sin injerencia
externa.
RAYA:¿Pero
cómo se realiza?
GABRIEL: En primera instancia, es tener un diálogo con
el productor de hoja de coca. Generar, a través de la normativa, que nuestra
Constitución reconozca a la sagrada hoja de coca no únicamente como algo
sagrado y de cohesión social, sino también como un recurso estratégico. Es así
que, en el año 2017, sacamos una Ley de la Coca. Esta ley limita las áreas de
producción a dos territorios en Bolivia: el Trópico de Cochabamba (el Chapare)
y los Yungas, en La Paz.
En
estos dos lugares son los únicos donde se puede producir hoja de coca, hasta un
máximo de 22.000 hectáreas —que es lo que tenemos actualmente—. No más.
Cualquier otra área de producción fuera de estos dos lugares está sujeta a
sanción, para evitar sobreproducción.
Pero hay que hablar con el productor, hay que conversar con él: ¿por qué
produce hoja de coca? ¿Cuál es su dinámica?
Comparado
con otros tipos de cultivo, la hoja de coca la cosechan cada tres, cuatro
meses. En cambio, productos cítricos, frutales, verduras, a veces tienen
producciones anualizadas, las cuales no responden a una dinámica de soberanía
dentro de lo que se refiere a economías sociales comunitarias para garantizar
una subsistencia digna del campesino en esas áreas.
Entonces,
claro, se generó una sobreproducción, pero esto, conversándolo y dialogándolo
con el campesino, ha sido una forma de garantizar, primero, que no existan
espacios de violencia y lucha social entre las fuerzas del orden, el gobierno y
los productores; sino una resignificación de la hoja de coca, respeto al
productor y también mecanismos de control de la misma hoja de coca en
coordinación con ellos. Y ha funcionado, dando resultados más o menos
positivos.
RAYA:
En Colombia, con DEA y CIA en el territorio, aún pende la amenaza de la
descertificación, que implica sanciones por no hacer lo suficiente en ese
frente.
GABRIEL:
¿Cuántas bases militares tiene Bolivia? Ni una sola. Bolivia no tiene DEA, no
tiene CIA, y sin embargo, los resultados que llevan otros países que tienen
estas agencias no han disminuido sus cifras en la lucha contra el narcotráfico.
Entonces, esto debe ser un serio llamado de atención para todas las
instituciones gubernamentales sobre cuánto beneficia realmente tener estas
agencias en los territorios nacionales y cuál es su aporte concreto.
Nosotros,
como te decía al inicio, primero: reconocerlo en la Constitución; generar las
leyes; diálogo con los productores; limitación de áreas de cultivo; y ahora la
industrialización, porque hemos catalogado la hoja de coca como recurso
estratégico. Es así que el presidente Arce este año ha lanzado la industria de
Cocabol.
Una
industria que responde a la necesidad de darle resignificación y revalorización
a la hoja de coca a través de su industrialización y comercialización. Estamos
produciendo pastas dentales, analgésicos, pastillas, harinas y una serie de
productos: todo un catálogo de derivados de la hoja de coca, desde harinas,
bebidas energizantes, mates, infusiones... una cantidad de productos que
demuestran que cuando se trabaja coordinadamente sin injerencias, se puede
avanzar en desestigmatizar la hoja de coca.
Y
en eso mismo consiste el examen crítico, porque no podemos abordar una realidad
de 1961 con la coyuntura del 2025. Por tanto, hemos convocado a expertos con
nueva tecnología, que a través de la OMS están llevando este examen crítico
para determinar el grado de beneficios que tiene la hoja de coca en
farmacología, medicina, alimentación y nutrición, y así retirar de esa lista a
la sagrada hoja de coca, donde fue injustamente incluida.
RAYA: ¿ Y no hay problemas graves de violencia en
relación con mafias o narcotráfico? ¿Cómo ha sido ese tema que de todas formas
se mueve por la prohibición?
GABRIEL:
Bueno, el tema de las mafias hay que ver dónde se originan, quiénes las
financian, cómo funcionan estas dinámicas en los países. La redistribución de
la riqueza, una de las políticas implementadas por el gobierno del MAS y
continuada por nuestro presidente Luis Arce, garantiza que el campesino,
productor, obrero, ciudadano de a pie, pueda tener acceso a mejores condiciones
de vida.
Las
personas con condiciones de vida óptimas no necesitan ingresar en situaciones
de riesgo apoyando actividades ilícitas. Ese es un punto. El segundo punto es
el tema de la cooperación entre países para la lucha contra este ilícito.
Hemos
tenido buenos resultados. Nuestro candidato por el Movimiento al Socialismo a
la presidencia, Eduardo del Castillo, cuando fue ministro de Gobierno,
participó en la Cumbre de Drogas de Cali aquí en Colombia hace dos años. Él ya
no solo planteaba la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, sino
su regionalización, proponiendo un mecanismo de cooperación conjunta para
compartir información sobre estos delitos asociados al narcotráfico: bases de
datos, sospechosos... Sabemos que el narcotráfico maneja mucho dinero, muchos
recursos, y lógicamente busca corromper instituciones.
Esto
es muy importante y nosotros mismos estamos en esa lucha. De hecho, la gestión
más efectiva contra el narcotráfico la hemos tenido en estos últimos cinco años
con el presidente Luis Arce: más de 3.000 laboratorios desmantelados, toneladas
de cocaína incautada, avionetas, carros... Se le ha dado un golpe muy duro al
narcotráfico en Bolivia, como nunca antes.
RAYA:
Bolivia acaba de participar activamente en la reunión del Grupo de La Haya en
Bogotá, donde se analizaron medidas concretas de apoyo a Palestina. Durante las
discusiones, se señaló que lo ocurrido en Gaza no es un conflicto aislado, sino
parte de un proyecto colonial expansivo. Embajador Campero, ¿cómo interpreta
esta situación y qué respuesta debería articular América Latina ante este nuevo
orden mundial en transformación?
GABRIEL:
Con unidad de Latinoamérica. Somos parte de la cultura de la paz y de la
integración; siempre hemos visto como hermanos a todos los pueblos
latinoamericanos.
Hoy
se está configurando un nuevo orden mundial. Quienes antes tenían el monopolio
de ese orden —que ya está en debacle— temen perderlo y reaccionan con
mecanismos de coerción contra los Estados que buscan independencia y nuevos
espacios de negociación política, social y económica. Esto nos obliga a mirar
lo que sucede desde una perspectiva más amplia.
El
mundo dejó de ser unipolar: ahora es multipolar. Pero como Estado Plurinacional
vemos que aún persisten declaraciones y acciones que no son amistosas, sino
presiones e injerencias directas. Por eso Bolivia no ha reanudado relaciones
con Estados Unidos a nivel de embajadores. Mientras existan esos mecanismos de
presión, no puede hablarse de una relación amistosa y pacífica.
Desde
hace mucho tiempo mantenemos políticas soberanas, tanto en la lucha contra las
drogas como en la cooperación internacional. Revista Raya de
(https://n9.cl/czr71)
BOLIVIA:
¿RETORNO DE LA DERECHA?
Celag Org. (https://n9.cl/iqlpa)
Este
17 de agosto se llevará adelante la primera vuelta de las elecciones generales
en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se elegirán: presidente y
vicepresidente, 36 Senadores titulares y suplentes, así como 130 Diputados
titulares y suplentes. Están habilitadas para votar 7.937.138 personas, de las
cuales sólo 369.931 (4,6%) se encuentran en 22 países del exterior. Funcionarán
34.026 mesas electorales en el país con un promedio de 240 votantes por cada
una de ellas; fuera del territorio boliviano se establecerán 1.227 mesas, con
un promedio de 360 electores para cada una.
Cada
elector en territorio boliviano recibirá para la votación una papeleta con dos
franjas al momento del sufragio: la franja superior para elegir entre ocho
binomios presidenciales vigentes (Eva Copa aparecerá como candidata, pero sus
votos serán contabilizados como nulos, ya que declinó su participación). Con la
contabilización de votos obtenidos en esta franja por cada partido también se
define la elección de senadores y diputados plurinominales mediante el sistema
D’Hondt. La franja inferior es para elegir diputados uninominales o especiales
indígenas, dependiendo de si se trata de una circunscripción uninominal (63 en
todo el territorio nacional) o circunscripción especial indígena (7 en todo el
país); en ambos casos, gana aquel candidato que obtenga la mayoría de votos. En
el exterior la papeleta tiene sólo la franja de binomios presidenciales.
Según
la Ley del Régimen Electoral se requiere el 50% más uno de votos válidos para
elegir presidente y vicepresidente en primera vuelta, o el 40% de votos con una
diferencia de más de 10% de votos con el segundo. De lo contrario debe llevarse
a cabo una segunda vuelta electoral, que para este proceso fue establecida para
el 19 de octubre.
Contexto
impensado hace algunos años
Este
es uno de los procesos electorales más complejos de las últimas décadas por
varios motivos.
Las
elecciones se llevan adelante en medio de una fuerte crisis democrática,
política, institucional y económica. Existe un gran cuestionamiento de la
población a todos los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
Electoral.
El
Ejecutivo es cuestionado principalmente por su muy mal desempeño en el manejo
de la economía. Bolivia está hoy entre los tres países de la región con mayor
índice de inflación mensual y mayor inflación anualizada; además, hay falta de
dólares y combustibles -como gasolina y diésel-. Por otra parte, el Gobierno de
Luis Arce se derechizó en su acción política, dividiendo al MAS-IPSP (partido
que lo llevó a gobierno en 2020) y ejecutando una persecución judicial contra
el líder histórico del partido y del bloque popular: Evo Morales. Ha
estigmatizado y penalizado de manera sistemática a las organizaciones sociales
y a la protesta social. En resumen, Luis Arce y David Choquehuanca
instrumentalizaron el poder del Estado en contra del bloque popular y el liderazgo
de Evo Morales. Finalmente, las denuncias de corrupción que comprometen a altos
funcionarios del Gobierno y la familia de Luis Arce sellan un rechazo de la
mayoría de la población hacia esta gestión, que partió con un apoyo de más del
55% y que hoy está prácticamente pulverizado.
En
el caso del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, la crisis tiene que
ver con el descrédito generado por decisiones jurisdiccionales que, lejos de
estar guiadas por la Constitución Política del Estado y las leyes, están
guiadas por intereses políticos; en muchos casos, inclusive, corrupción. Por
ejemplo, los fallos que imposibilitaron que se renueve la mayoría de los cargos
de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en las pasadas
elecciones judiciales (realizadas el 01/12/24), o las sentencias
constitucionales emitidas para bloquear la participación de Evo Morales en las
elecciones generales en curso, o los fallos judiciales que limitaron la
participación de aquellos partidos políticos que ofrecieron su sigla al
expresidente, las decisiones jurisdiccionales que enviaron a la cárcel a más de
300 dirigentes sociales acusados de delitos como terrorismo y otros sin pruebas
suficientes. Existen innumerables ejemplos de la instrumentalización de la
Justicia en contra del bloque popular, indígena y trabajador boliviano.
En
el caso del Órgano Legislativo, la población cuestiona su baja productividad.
La fragmentación de todas las bancadas políticas, como MAS-IPSP, Comunidad
Ciudadana y Creemos, redujo drásticamente la posibilidad de avanzar en cambios
normativos. Esto contrasta fuertemente con los anteriores periodos
constitucionales en los que el MAS-IPSP utilizó su mayoría parlamentaria para
hacer avanzar la agenda de transformaciones profundas a favor del pueblo
boliviano. Aunque en estos cinco años existieron diferencias en la gestión de
la Cámara de Diputados y la de Senadores, pues Andrónico Rodríguez lideró la
Cámara de Senadores con mayor capacidad para lograr acuerdos, estos procesos
legislativos quedaron inconclusos y no dieron suficientes resultados tangibles
a la gente. Sólo como ejemplo, en la Legislatura 2018-2019 la Cámara de
Diputados aprobó 124 leyes, mientras que en la Legislatura 2022-2023 se
aprobaron sólo 51 proyectos de ley.
Incertidumbre,
fragmentación y encuestas
Este
proceso electoral ha estado marcado también por la incertidumbre y la
fragmentación. La fragmentación tanto en la derecha como en la izquierda o
bloque popular.
En
el campo de la derecha existen al menos seis binomios en carrera encabezados
por Samuel Doria Medina (UNIDAD), Jorge Tuto Quiroga (Libertad y Democracia),
Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia- SUMATE), Rodrigo Paz (Partido
Demócrata Cristiano), Pavel Aracena (Acción Democrática Nacionalista) y Jhonny
Fernández (Fuerza del Pueblo). Todos ellos anunciaron en la campaña ajustes
económicos de shock (aunque algunos los disfracen de cierta gradualidad), venta
y privatización de las empresas estatales, reducción del Estado, préstamos
internacionales (incluyendo el FMI), pero ninguno le dice al electorado cómo
van a evitar que estas medidas le signifiquen a la población mayor
empobrecimiento y desempleo.
La
candidatura de Eduardo del Castillo con la sigla del MAS-IPSP no representa al
bloque popular y carga con la mala gestión de Luis Arce. Eva Copa, que
inicialmente había lanzado su candidatura con su novísimo partido (MORENA),
declinó su participación. Andrónico Rodríguez quedaría en la papeleta como
representante de una parte menor del bloque popular, sin el respaldo de Evo
Morales a su candidatura, ya que el expresidente está convocando al voto nulo
como respuesta a un proceso electoral que deja fuera a una parte de la
población en el derecho a ser representada. Rodríguez ha desplegado una campaña
electoral en medios de comunicación y redes sociales que apela al voto urbano,
clase media y de centro político, cuando el voto que puede ganar se encuentra mayoritariamente
en área rural y no se deja convencer por los cantos neoliberales de la derecha.
Las
encuestas que se presentaron son escasas en comparación con procesos
electorales de otros países de la región, como Ecuador, Chile, Argentina o
Uruguay. Según las encuestas presentadas públicamente por medios de
comunicación, ninguno de los candidatos obtiene un respaldo superior al 25%.
Los dos candidatos que tienen mayor preferencia electoral son Samuel Doria
Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, en un virtual empate y estancados desde el
inicio del proceso electoral en torno al 20% cada uno. Si se suman los votos
que obtienen los cuatro candidatos de la derecha que sobrepasan el umbral del
3% en las encuestas, tendrían entre 55% y 65%. La candidatura de Andrónico
Rodríguez tiene una tendencia a la disminución desde el 14% (en la primera ola
de encuestas) hasta el 7% (en la cuarta y última ola). La candidatura de
Eduardo del Castillo no supera el 2% en ninguna de las encuestas. Es destacable
también que la sumatoria de votos blancos, nulos e indecisos en estas
mediciones ha oscilado entre el 27% y el 34%. La sumatoria histórica del voto
blanco y nulo en las elecciones desde el 2002 ha estado entre 5% y 7%.
Por
todo lo anterior, es muy probable una segunda vuelta electoral. Difícilmente se
pueda determinar con la información proporcionada por las encuestadoras cómo se
decantaría el voto indeciso y si los votos blanco y nulo son decisiones que no
cambiarán el día de la elección- O, o en su defecto, si existe un voto oculto.
ELECCIONES
EN BOLIVIA: ¿UN CAMBIO DE ERA POLÍTICA CON RUMBO INCIERTO?
A
pocos días de las elecciones presidenciales, el escenario político boliviano
muestra una fragmentación inédita que podría llevar al país a una segunda
vuelta electoral por primera vez en su historia. En exclusivo por la Nueva
Nueve, el periodista Julio Peñaloza detalló los factores que atraviesa esta
contienda y las tensiones entre los principales referentes del Movimiento al
Socialismo (MAS).
LT
9 de Argentina (https://n9.cl/1rixj)
A
una semana de los comicios presidenciales en Bolivia, la incertidumbre política
crece ante la posibilidad de una segunda vuelta electoral inédita en el país
andino. Según explicó en exclusivo por la Nueva Nueve el periodista Julio
Peñaloza, “se han llevado adelante como una docena de encuestas manejadas por
empresas vinculadas a medios de comunicación hegemónicos”, pero “muchos
insisten que son digitadas”, lo que invita a la cautela sobre sus resultados.
Peñaloza
señaló que el actual presidente Luis Arce Catacora, representante del
Movimiento al Socialismo (MAS), enfrenta una crisis interna producto de la
fragmentación de su espacio político. “Evo Morales ha sido el autor de la
autodestrucción del MAS”, afirmó y sostuvo que el exmandatario “jamás aceptó de
manera consciente, madura, serena un sucesor para la candidatura a la
presidencia del MAS”.
Esta
fractura se refleja en la división del voto oficialista, entre las candidaturas
de Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo, y el llamado de Morales al voto
nulo, lo que “puede ayudar enormemente a que un candidato de derecha llegue
finalmente a la presidencia”. En este sentido, Peñaloza advirtió que “por
primera vez en la historia electoral de Bolivia se podría llegar a una segunda
vuelta”, debido a que “la ley electoral dice que debes tener un diez por ciento
de diferencia entre primero y segundo y pasar el 40% para ganar en primera
vuelta, cosas que parecen no va a suceder”.
Contexto
económico y posible desenlace electoral
Esta
crisis se agrava en un contexto económico complejo: “Tenemos dificultades por
escasez de dólares, por un problema serio de canasta de alimentos con
incrementos considerables y por un problema de abastecimiento regular de
carburantes”. Asimismo, señaló que “hubo momentos de desabastecimiento
absoluto, con filas larguísimas en las ciudades y kilómetros en las carreteras
por la falta de gasolina y diésel”.
Para
finalizar, comentó que en caso de que suceda una eventual segunda vuelta, la
misma estaría prevista para la segunda semana de octubre, con el nuevo
presidente asumiendo en noviembre, un proceso que marcará un punto de inflexión
en la política boliviana. “Lo que no tenemos certeza es quiénes van a ser el
primero y el segundo”, concluyó Peñaloza, remarcando la incertidumbre que
atraviesa la contienda electoral.
BOLIVIA
SE ENCAMINA A UN CAMBIO DE SIGNO POLÍTICO
Las
internas del MAS condujeron al país a una grave crisis política y
socioeconómica que propicia el escenario para la vuelta al poder de los
conservadores.
Visión
Desarrollista Org. (https://n9.cl/0de5c)
Hace
más de 19 años que en Bolivia gobierna el Movimiento al Socialismo (MAS). Hubo
una excepción de la interrupción democrática de un año que encabezó Janine Añez
en 2019, actualmente presa. Durante ese período el hombre fuerte del país
andino fue el jefe cocalero Evo Morales del MAS, partido que él mismo fundó en
2006, y ostentó la presidencia de Bolivia en tres ocasiones (2006-2009,
2010-2014 y 2014-2019).
En
vano intentó obtener un cuarto mandato en el 2019. Primero convocó a un
referéndum para poder presentarse a un nuevo período presidencial. Los
bolivianos votaron por el «no». Morales alegó que el resultado representaba una
proscripción política y con el aval del Tribunal Constitucional pudo ser
candidato.
Sin
embargo, los comicios fueron declarados fraudulentos con la alegación de un
intento de «golpe de Estado» por parte de Morales. Nada de eso existió. En
pleno conteo de los votos, el oficialismo detuvo los resultados. Al día
siguiente, de manera mágica Morales tenía los diez puntos necesarios para ganar
en primera vuelta. La reelección era un hecho. Ante la sospecha de fraude, la
reacción de la sociedad fue espontánea. Hubo varias protestas con grados de
violencia en las calles y el descontento social era creciente.
Sin
salida y ante un evidente vacío de poder, entonces la histórica Confederación
Obrera Boliviana pidió la dimisión de Morales. La iniciativa estuvo acompañada
por el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, de buena relación con el
presidente. Acorralado Morales aceptó la sugerencia, dimitió y partió al
autoexilio rumbo a México y luego hacia Argentina. Desde allí, el jefe cocalero
denunció un golpe de Estado a su gobierno.
Previo
a las elecciones del 2020, desde el autoexilio, Morales actuó como jefe de
campaña de Luis Arce, su ministro de Economía entre el 2006-2019. Con la
victoria presidencial en primera vuelta de su delfín, Luis Arce, el MAS
retornaba al poder. Pero las internas del partido empezaron a florecer un año
antes y fueron una constante durante todo el mandato presidencial de Arce.
La
división del MAS fue total entre Arce y Morales, con altos grados de violencia
a lo largo y ancho del país, que conllevaron a una crisis institucional y
socioeconómica. Arce con la intención de controlar la agenda política del país
puso sus ojos en los opositores a los que persiguió como el caso del férreo
opositor, Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, que fue detenido
ilegalmente en su casa y encarcelado acusado de “terrorismo” por la crisis que
llevó al derrocamiento de Evo Morales en 2019.
Además,
el 26 de junio del 2024, en un episodio que generó varias suspicacias, el jefe
del Ejército Juan José Zúñiga tomó el Palacio Quemado. El militar sublevado fue
detenido, pero manifestó que todo el movimiento efectuado fue obra de Arce.
Rápido de reflejos, Morales acusó a Arce de fingir un «autogolpe».
Candidatura
truncada
Morales
agitó la idea de ser candidato a la presidencia del país. Esta movida acentuó
aún más el enfrentamiento contra Arce. Finalmente, Morales renunció al partido
en febrero de este año, y se disponía a competir con un nuevo partido.
Sin
embargo, sus intentos fueron en vanos porque la justicia lo imposibilitó a
presentarse a las próximas elecciones. La causa es que la reelección
presidencial está limitada a dos mandatos sean consecutivos o discontinuos.
Además,
Morales actualmente se encuentra prófugo tras ser imputado por el delito de
«trata de personas agravado» y pedofilia. Desde su escondite en la provincia
del Chapare, el expresidente calienta el clima con amenazas de posibles actos
de violencia y llamó a votar en blanco y nulo en las elecciones. También,
fogonea el ausentismo. Su postura fue duramente criticada por Arce, que declinó
su candidatura a la reelección en mayo pasado.
Ante
este escenario encarnizado dentro del MAS, el partido llega dividido en tres
facciones a las próximas elecciones presidenciales del próximo domingo 17 de
agosto.
¿Cambio
de signo político?
En
medio de las internas partidarias del oficialismo, el país andino atraviesa una
grave crisis política y socioeconómica principalmente por la falta de divisas,
destinadas en su mayoría a subsidiar combustible y alimentos, lo que ha
afectado al sector productivo sumado a una inflación del casi 25% y una
economía estancada hace años.
El
contexto caótico que se respira en Bolivia abre la posibilidad de un cambio de
signo político. La principal figura de la oposición es Samuel Doria Medina, de
66 años, del Frente de Unidad Nacional (UN), que nuclea a varios partidos de
centro con orientación conservadora. Tanto la izquierda como la derecha llegan
a estos comicios fragmentada.
Doria
Medina, empresario millonario exitoso y exministro de Planificación del
presidente Jaime Paz Zamora, va por su cuarto intento de acceder a la Casa
Grande del Pueblo. Bajo el lema de su campaña ¡100 días carajo!, Doria Medina
propone estabilizar al país en sus primeros cien días de gestión. Sabe de
antemano que deberá aplicar un ajuste necesario para contrarrestar el déficit
fiscal.
Sin
embargo, dentro de su programa apuesta a recuperar los dólares eliminando el
mercado negro de divisas, recortar los subsidios a los combustibles para cerrar
el agujero fiscal, cerrar empresas públicas que solo generan pérdidas, devolver
la autonomía al Banco Central, abrir las puertas al comercio y la inversión
extranjera. Además, aspira a descentralizar la gestión del litio, que podría
ser una gran fuente riqueza para el país, y apostar por sectores como el agro,
el turismo y la tecnología.
Doria
Medina lidera las encuestas con una intención de voto del 21,5% seguido por
Jorge «Tuto» Quiroga , que fue vicepresidente del general Hugo Banzer dos
décadas atrás que lo sucedió en el poder tras su muerte, con el 19,6%. En el
tercer lugar se ubica el exmilitar y empresario neoliberal, Manfred Reyes
(actual alcalde de Cochabamba) con el 8,3%, en cuarta posición aparece el
candidato de Morales, Andrónico Rodríguez con 6,1%, Rodrigo Paz con el 5,8% y
Eduardo del Castillo con el 2,1%, apoyado por Arce.
Lo
insólito que la campaña que promueve Morales del voto nulo y blanco muestra una
intención de voto del 21,7%, que supera a todos los candidatos. Aunque,
también, reina la indecisión entre los votantes. Con estos números seguramente
habrá segunda vuelta que se celebrará el 20 de octubre. El sistema boliviano
exige al menos 50% para ganar en primera vuelta o un mínimo de 40% y una
diferencia de diez o más puntos sobre el segundo.
Además,
se elige la mitad de la Cámara de Diputados (63 bancas) y la totalidad del
Senado compuesto por 36 escaños. Será fundamental ver como queda compuesto el
Poder Legislativo esencial para la gobernabilidad del próximo presidente. Y la
atención girará si Morales y sus militantes acatarán los resultados probables
de una victoria conservadora en paz y sin violencia.
BOLIVIA
SE EMBALA BORDEANDO EL ABISMO HACIA EL BALOTAJE
Tras
casi 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo, en los que
Bolivia vivió un repunte social, económico y democrático sin precedente en su
historia, hoy, una agitación política compleja y una incontrolable crisis
económica exaltan un proceso electoral que posiblemente, lejos de dar paso a
una estabilidad en el país, podría disparar una crisis aun mayor.
Semanario
Universidad de Costa Rica (https://n9.cl/u5p71)
Con
una crisis política y económica profunda de razones multifactoriales, Bolivia
se aboca a un proceso electoral el próximo domingo 17 de agosto donde 7,9
millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir presidente,
vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados.
Los
ciudadanos aún depositan su confianza en que el proceso electoral los va a
salvar, que un cambio de gobierno mejorará las cosas.
La
agencia AFP recoge algunos testimonios en las calles. Carlos Tavera, un
socialista jubilado de 65 años, asegura que apoyará al mejor ubicado de la
oposición, aún si es de derecha. “Cualquiera es mejor que esto”, asegura.
“Ahora no tenemos dólares. Hay filas para la gasolina, para el pan, para todo.
En los hospitales no hay medicamentos”, agrega. Pero esa expectativa puede no
ser satisfecha y Bolivia carga una gran dosis de malestar que ya no está
dispuesta a tragarse.
Tras
el trance de 2019
Desde
diciembre de 2005, cuando Evo Morales, al frente del Movimiento al Socialismo
(MAS), llegó al poder con la mayor votación de la historia y siendo el primer
presidente indígena del país, impulsó un gobierno popular que transformó
estructuralmente a Bolivia.
Gobernó
de forma ininterrumpida, pero tras reiteradas reelecciones hasta 2019, cuando
el 10 de noviembre, en un contexto de protestas, presión social y acusaciones
de fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año decidió
abandonar el poder a pedido de la policía y las fuerzas armadas tras varios
días de sangrientos disturbios.
Morales
denunció que había sido objeto de un golpe de Estado encabezado por Jeanine
Áñez y orquestado por diversos intereses internos y externos.
El
breve gobierno de Áñez estaba lejos de dar respuestas a las demandas sociales y
la Asamblea convocó a nuevas elecciones en las que Morales se abstuvo de
participar en favor de su compañero de partido Luis Arce, quien arrasó en las
urnas con más del 55% de los votos.
“Por
todo lo logrado, por lo que aún falta por construir, los invito a mirar el
futuro con esperanza. Que nadie detenga este proceso. No cambiemos el rumbo.
Hoy más que nunca necesitamos unidad, madurez y compromiso con Bolivia”, decía
el presidente Luis Arce durante la celebración del Bicentenario del país, desde
la Casa de la Libertad, en la capital Sucre, donde se firmó el acta de la
independencia del país el 6 de agosto de 1825.
Quien
ha estado al frente del denominado “milagro económico boliviano” como ministro
en los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) insiste en que los graves problemas
que enfrenta el país son coyunturales.
“El
Estado plurinacional sigue atrapado por un sistema republicano, patriarcal,
ajeno al pensamiento plural y a la realidad plurinacional contemporánea que
esconde la tecnocracia, burocracia, corrupción, modelos extractivistas,
proyectos clientelistas y fórmulas patriarcales”, dijo el vicepresidente, David
Choquehuanca.
El
líder del MAS recordó los procesos de capitalización y privatización, previos a
los gobiernos de su partido los cuales definió como “un gran saqueo y
traición”, y los momentos de luchas como la “guerra del agua (2000)” y la
“guerra del gas (2003)”, que expresaron un descontento popular que cambió el
rumbo del país que demostró su validez en dos décadas de mejoría sin precedente
en Bolivia.
La
pobreza extrema en Bolivia disminuyó del 36,7% al 16,8% entre 2005 y 2015. Del
13,3% de analfabetismo, que indicaba el censo de 2001, al 3,7% en 2008. De 2007
a 2014, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presupuesto
asignado a la salud aumentó en un 173%. Durante el gobierno de Morales, Bolivia
triplicó su producción interna, redujo la pobreza e incluyó a la población
indígena en la redistribución del poder y la riqueza.
Bordeando
el abismo
En
julio la inflación en Bolivia alcanzó un 25,8% interanual, el pico más alto al
menos desde 2008. El gobierno de Arce casi ha agotado sus reservas
internacionales de dólares para sostener sus importaciones de combustibles y
otros productos básicos que vende subvencionado en el mercado interno. El
déficit fiscal es del 10% del producto interno bruto (PIB).
Pero
tanto las divisas como el combustible escasean cada día más provocando un
malestar cada vez más insoportable en los habitantes.
Según
el Gobierno, el año pasado las ventas de hidrocarburos, su principal rubro de
exportación que conforma alrededor del 70% de sus ventas al exterior, solo
representaron $1.600 millones, mientras que los desembolsos que la
administración hizo al exterior, por deuda externa e importaciones, alcanzaron
los $5.000 millones.
Un
estudio de la boliviana Fundación Jubileo advierte que la pobreza actual sería
de 44% si se toma en cuenta la subida del costo de vida, una cifra mucho mayor
a la que reporta el gobierno (36%).
La
deuda externa de Bolivia representa el 37,2% de sus ingresos nacionales brutos,
según el Banco Mundial (BM) y sus principales acreedores son el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y
el Caribe (CAF), el BM y China.
“Yo
diría que estamos al borde de iniciar un proceso hiperinflacionario”, dice a
AFP el economista Napoleón Pacheco, profesor de la estatal Universidad Mayor de
San Andrés, pues el Gobierno busca estabilizar la economía a través de la
emisión de moneda local. Entre 2023 y 2024, la masa de dinero circulante creció
en 20%. La cotización oficial es de 7 pesos bolivianos por dólar, pero en las
casas de cambio informales el precio fluctúa entre 13 y 20 bolivianos. Pero,
además, no es fácil encontrar dólares.
Revertir,
o siquiera contener, la aguda crisis que vive el país sin duda requeriría de
medidas de ajuste extremo, que van en contra de la propuesta política del MAS.
Pedir a los ciudadanos que confíen en el gobierno y sus decisiones demandaría
una cohesión política que nadie tiene en este momento en Bolivia.
Tras
dos importantes décadas alejados del poder, los grupos de derecha ven la
oportunidad de retomar el control del país y echarse abajo algunas de las
reformas profundas del MAS, principalmente con lo que tiene que ver con la
apertura a inversiones y la explotación, hasta ahora incipiente, del preciado
litio, del que Bolivia cuenta con algunas de las mayores reservas mundiales.
Intenciones
de voto
Según
las encuestas publicadas el domingo, última fecha en que el Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE) las permite, la intención de voto la encabezan dos figuras de
la derecha.
El
empresario de centroderecha Samuel Doria Medina, que postula por la Alianza
Unidad, está a la cabeza de los sondeos de Ipsos-Ciesmori, y Captura
Consulting, con un 21,2% y 21,6%, respectivamente. Le sigue de muy cerca el
expresidente de derecha Jorge Quioga, de la coalición Libre, que figura con 20%
en ambos estudios, informa AFP.
La
principal carta de la izquierda es el presidente del Senado, Andrónico
Rodríguez, un sindicalista cocalero alejado del oficialismo. Pero Captura
Consulting lo coloca en el cuarto lugar (7,2%), mientras que Ipsos-Ciesmori en
el quinto (5,5%).
Mientras
una consulta anterior colocaba a Manfred Reyes Villa en cuarto lugar con 8,23
%, en quinto a Rodrigo Paz Pereira (3,23%) y en sexto puesto Eduardo del
Castillo (2,29%).
Según
los sondeos, ni el izquierdista presidente del Senado, ni Eduardo del Castillo,
candidato oficialista, superan los dos dígitos en intención de voto.
Con
al menos 35 por ciento del padrón compuesto por indecisos, votos blancos y
nulos, según las últimas encuestas, los principales candidatos buscan ansiosos
capturar ese segmento.
El
politólogo Carlos Cordero, profesor de la Universidad Católica Boliviana,
afirmó a la agencia Xinhua que el voto indeciso se ha convertido en “el botín
electoral más codiciado” por los aspirantes, con mensajes dirigidos
especialmente al electorado urbano y joven, donde persiste la apatía política y
la desconfianza en las instituciones.
Mientras,
el expresidente Morales llamó a sus seguidores a anular su voto, y hasta un
14,6% de los encuestados por Ipsos-Ciesmori aseguró que planea seguir esa
consigna.
Parece
seguro que los bolivianos tendrán que ir al balotaje, pues ningún candidato
parece con posibilidad de lograr lo que ha hecho el MAS desde 2005 y que la ley
exige para ganar en primera ronda: superar el 50% de los votos, o el 40% con,
al menos, 10 puntos sobre su rival inmediato.
Lo
que sí quedará definido este 17 de agosto es la composición de la Asamblea
Legislativa.
Según
los sondeos el Senado boliviano estaría dominado por la derecha, aunque ninguno
alcance la mayoría por sí solo. De los 36 miembros, el partido de Doria Medina
lograría entre 14 y 17 mientras el de Quiroga entre 13 y 16.
La
favoritos para el cambio
Los
dos candidatos de la derecha, favoritos en las encuestas, suponen un cambio
drástico para Bolivia.
Samuel
Doria Medina, de la Alianza Unidad, empresario paceño de 66 años que se define
como socialdemócrata y participó sin éxito en tres elecciones presidenciales
durante los últimos 20 años, representa a un sector empresarial que ansía
volver al control del país y no oculta que los ajustes serán severos.
Por
décadas hizo fortuna con Soboce, una compañía de cemento que su grupo familiar
vendió en 2014 por $300 millones. Ahora es propietario de la franquicia de
Burger King en Bolivia e invierte en el rubro hotelero.
“Se
va a iniciar una nueva etapa en la que lo más importante va a ser recobrar la
estabilidad económica”, para salir del “estatismo y tener una economía
capitalista”, dijo Doria Medina en una reciente entrevista con la AFP.
“El
subsidio a los combustibles representa alrededor del 4% del PIB, lo cual no es
sostenible”, dice José Gabriel Espinoza, eventual ministro de Economía de Doria
Medina y admirador confeso del presidente argentino Javier Milei.
Por
su parte, Jorge Quiroga propone sin ambages un “un cambio sísmico en Bolivia,
el fin de un ciclo nefasto de lo que ha sido el Movimiento Al Socialismo”.
Consultado por AFP sobre si sus propuestas implicarían medidas de “shock” que
podrían generar conflictos sociales, respondió que Bolivia ya vive una
situación crítica por la crisis económica.
Quiroga
fue vicepresidente de Hugo Banzer, de 1997 a 2001 y lo sustituyó para finalizar
el periodo cuando falleció debido a un cáncer.
Banzer
tiene un nefasto pasado, pues dirigió la dictadura militar de 1971 a 1978, tras
un golpe de Estado, contra el gobierno de izquierda de Juan José Torres, quien
se tuvo que exiliar en Argentina, donde fue asesinado el dos de junio de 1976 .
Esa
dictadura boliviana fue parte del denominado Plan Cóndor, orquestado por los
servicios de inteligencia y militares de EE.UU. y que consistió en doblegar la
historia en Suramérica mediante la instalación de dictaduras militares en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que, tras golpes de
Estado gobernaron aplicando el terrorismo de Estado aplicando represión,
tortura, asesinatos, desapariciones, toques de queda, supresión de garantías,
detenciones arbitrarias, allanamientos y persecución.
Tras
ser derrocado por otro golpe militar, Banzer se mantuvo activo en la política,
fue candidato varias veces hasta que logró la presidencia en 1997, con Quiroga
como compañero de fórmula.
El
pronóstico no pinta bien para Bolivia: un posible congreso muy fragmentado,
ajustes urgentes, crisis en las instituciones políticas más allá de lo
electorero y un malestar popular exacerbado que se irá condensando hacia una
posible segunda ronda entre figuras de la derecha para el 19 de octubre.
ELECCIONES
EN BOLIVIA: ENCUESTAS PROYECTAN BALOTAJE E INDECISOS RÉCORD
Sondeos
anticipan segunda vuelta entre Doria Medina y Quiroga, con 30% de indecisos y
un MAS debilitado. El voto rural y el sufragio oculto podrían alterar el
resultado.
La
Voz de Argentina (https://n9.cl/mnewu)
A
cuatro días de las elecciones presidenciales, Bolivia transita el último tramo
de campaña con un panorama electoral dominado por dos certezas y una gran
incógnita. Las tres encuestas publicadas el último fin de semana proyectan una
segunda vuelta entre los opositores Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y
Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre), y reflejan un inusual 30% de indecisos,
votos en blanco y nulos, algo poco habitual a esta altura del empeño de los
candidatos en carrera para alcanzar el despacho mayor del Palacio Grande del
Pueblo, desde donde conducir los destinos del país andino desde el 8 de
noviembre próximo hasta igual fecha de 2030.
De
confirmarse este escenario, los comicios del domingo venidero marcarían la
primera vez que Bolivia dispute un balotaje desde que la figura fue incorporada
a la Constitución en 2009. La eventual segunda vuelta está programada para el
19 de octubre. Paralelamente, las previsiones indican que la Asamblea
Legislativa quedaría configurada con un bloque mayoritario de derecha, algo
inédito en los últimos 20 años.
Sin
embargo, el escepticismo hacia las encuestas sigue presente. El antecedente más
reciente es el de 2020, cuando las mediciones subestimaron en casi 13 puntos el
apoyo a Luis Arce, una de los mayores giros de sufragantes registrado en
Latinoamérica, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
(Celag). Para este instituto dedicado a la investigación, estudio y análisis de
los fenómenos políticos, económicos y sociales de la región, los liderazgos que
encabezan hoy los sondeos podrían no ser un reflejo exacto del voto nacional.
Esta organización integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso) advierte que “todas las encuestas parecen medir el mismo universo
urbano y accesible, dejando fuera corrientes subterráneas que podrían
sorprender el día de la elección”.
Tierra
adentro
El
voto rural, que representa cerca del 30% del padrón, ha sido históricamente la
base de apoyo del Movimiento al Socialismo (MAS).
En
un reciente informe publicado en El País, de España, el Celag advierte que las
metodologías tradicionales, en especial las telefónicas, no logran captar al
15% de la población sin acceso a celular, segmento con inclinación política
definida. Aunque las principales consultoras aseguran haber migrado a
entrevistas presenciales para mejorar la cobertura, persisten problemas
logísticos: reemplazo de localidades de difícil acceso por otras más
convenientes, un ajuste que, según la institución, transforma el error de
diseño en un desafío operativo.
El
otro gran factor que podría alterar las proyecciones es el peso del voto oculto
entre los indecisos y los blancos. Analistas políticos traen a la memoria que
este nicho de electores fue decisivo en la victoria de Arce en 2020.
Andrónico
Rodríguez, considerado hasta hace unos meses el “delfín político” de Evo
Morales, muestra una caída abrupta en las encuestas para determinar la
intención de voto. De ocupar el tercer lugar con comodidad, hoy oscila entre el
cuarto y el quinto puesto.
Encuestadores
atribuyen este declive a dos causas: no haber conseguido unificar a la
izquierda y los movimientos populares, y la dificultad de desprenderse de la
imagen del MAS, partido que muchos responsabilizan de la crisis económica e
institucional actual.
Piedra
de discordia
A
lo antes dicho, se suma el malestar generado por la designación de Mariana
Prado como candidata a la vicepresidencia, por carecer de vínculos con
sindicatos o movimientos sociales. La decisión provocó que la Federación de
Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari retirara su apoyo a Rodríguez.
“Nos alejamos de manera definitiva del pacto popular por no respetar la
resolución que pedía el cambio de las candidatas”, declaró uno de sus máximos
dirigentes, David Mamani.
Por
su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia expresó una
exigencia similar, y el sector minero –clave en el sostén del MAS– parece
haberle dado la espalda. Lo mismo ocurre con los cocaleros, pese a que
Rodríguez es vicepresidente de su federación. Su superior, Evo Morales, no sólo
le negó el respaldo, sino que instó a sus seguidores a anular el voto como
gesto de rechazo a unas elecciones en las que está inhabilitado para competir.
A
pocos días de la cita con las urnas, Bolivia se enfrenta a un escenario
electoral inédito: una oposición fortalecida, un oficialismo fragmentado y una
masa de electores indecisos capaz de definir no solo quiénes pasarán a segunda
vuelta, sino también el rumbo político del país durante los próximos cinco
años.
ELECCIONES
EN BOLIVIA: ¿POR QUÉ EL VOTO INDÍGENA-CAMPESINO SERÍA CLAVE PARA DEFINIR LOS
RESULTADOS?
La
crisis política y económica que enfrenta Bolivia ha llevado a que el voto
indígena y campesino, cerca del 50% de la población, se constituya como clave
para definir el rumbo del país en un contexto global multipolar.
RTR
Global de Rusia (https://n9.cl/8p69m)
Bolivia
llega a sus elecciones presidenciales de este 17 de agosto en medio de una
encrucijada histórica. Mientras en 2025 se conmemoran los 200 años de
independencia, el país atraviesa una crisis política y económica que podría
cambiar su rumbo.
En
sus dos décadas de liderazgo, el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) —partido
encabezado por Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia (2006-2019),
y por Luis Arce desde 2020—, ha impulsado políticas de nacionalización,
programas sociales y de industrialización. Sin embargo, actualmente el país
enfrenta dificultades de acceso a dólares, la falta de combustibles y el
aumento sostenido de los precios, además de un electorado cada vez más dividido
y decepcionado de la cultura política.
En
medio de esta tensión, la población indígena y campesina, históricamente
marginada de la democracia –y que representa cerca de la mitad de Bolivia, e
incluye grupos como los quechuas, aymara y guaraní–, aparece de nuevo bajo el
foco de atención. Hoy se constituye en una fuerza política y cultural crucial
que podría ser clave para definir quién gobernará el país en la próxima década.
Ganar su confianza será un desafío para todos los partidos políticos.
Ante
este contexto de incertidumbre, con nueve candidatos compitiendo por la
presidencia, surge la pregunta: ¿qué opciones electorales tienen los campesinos
e indígenas y cuáles son los escenarios más probables?
Dos
opciones liberales y una popular
Una
de las opciones principales consiste en la continuidad del proceso actual, es
decir, la lenta liberalización de la economía. En este primer escenario, el
gobierno mantendría el discurso progresista y permitiría que la burocracia
profundice su alianza con las clases dominantes —como la minería y la
agroindustria— y con corporaciones nacionales y extranjeras (logias y lobbies
globalistas), con el objeto de desmantelar el modelo económico estatista a
partir de la flexibilización de regulaciones (exportaciones e importaciones,
servicios financieros, inversión extranjera y privada en proyectos estratégicos
de servicios e infraestructura y explotación de materia prima). Esta línea
incluye al MAS-IPSP y grupos cercanos, como el Movimiento de Renovación Nacional
(Morena).
Por
otro lado, existe un escenario alternativo que implicaría un retorno radical a
políticas neoliberales. Esto significa la reducción del tamaño del Estado por
la apertura al protagonismo de capitales privados con sus efectos en la
aceleración del endeudamiento, la privatización de empresas estatales,
servicios y recursos naturales, la flexibilización laboral y el recorte de
programas sociales. Este enfoque está representado por partidos como Alianza
Unidad (AU), Alianza Libertad y Democracia (ALD), Partido Demócrata Cristiano
(PDC), Nueva Generación Patriótica (NGP), Autonomía Para Bolivia-Súmate
(APB-SUMATE), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad
(UCS).
Frente
a las opciones impulsadas por la élite y clase media, existe una tercera
alternativa, la popular. De potencial atención por la clase trabajadora y el
campesinado-indígena, esta opción podría conquistar adeptos entre la población.
Su objetivo es retomar el modelo de desarrollo nacionalista plurinacional de
2006-2016 —estado fuerte, industrialización y economía mixta— sin el liderazgo
de Evo Morales ni del MAS-IPSP, al que algunos sectores de la sociedad
boliviana acusan de haber cooptado a las organizaciones sociales y destruir la
democracia popular. Andrónico Rodríguez, joven líder cocalero y actual
presidente de la Cámara de Senadores, con su Alianza Popular (AP), encabeza
esta opción.
La
posibilidad popular, todavía en incertidumbre
Este
panorama general revela la debilidad política del bloque popular, especialmente
del sector indígena y campesino, ya que carece de un liderazgo con base directa
en estos grupos sociales. Una encuesta realizada en julio por Ipsos CIESMORI, y
citada por la agencia de noticias Reuters, mostró que Rodríguez obtuvo tan solo
un 6% de apoyo a nivel nacional en julio, frente al 19% de principios de este
año. Eva Copa, otra candidata de ascendencia aymara, uno de los mayores pueblos
indígenas en Bolivia, se retiró de la contienda a principios de agosto.
A la vez, este escenario refleja también el
oportunismo de varias agrupaciones de derecha que, coyunturalmente, se acercan
a los sectores indígenas y campesinos, creando alianzas y alquilando partidos
para participar en la distribución de cuotas de poder. Y eso ocurre pese a que
algunos medios revelan la emergencia de una clase media integrada por numerosos
indígenas que ejercen diversas profesiones, y cuyos intereses hoy trascienden
la política de identidad, según expertos en el país.
La
probabilidad electoral de estos tres proyectos de país pasa por superar la
consigna de voto nulo definida por otras facciones –de izquierda anarquista y
Evo Morales– ante su inhabilitación como candidato a la presidencia. Esta
estrategia tiene por objetivo capturar el voto de la clase media, campesina e
indígena simpatizantes de Morales y renegadas del MAS-IPSP, y así neutralizar
el potencial apoyo a Andrónico Rodríguez.
Entre
el ideal constitucional y la realidad estructural
La
victoria de Morales en las elecciones de 2006 marcó un momento histórico para
los pueblos indígenas, tras siglos de racismo estructural. Hasta mediados de la
década de 1950, no podían ingresar a las plazas fuera del Palacio Presidencial.
Luego, la Constitución boliviana de 2009 reconoció los derechos colectivos de
los pueblos indígenas y estableció el Estado Plurinacional, un modelo pionero
en América Latina orientado a reparar desigualdades históricas. Sin embargo, la
realidad actual es muy compleja.
A
pesar de estos avances constitucionales, las políticas públicas implementadas
no han logrado transformar las condiciones de los pueblos indígenas y
campesinos en Bolivia. Un caso emblemático fue la situación en la reserva
Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. En ese
momento, Morales propuso construir una carretera que atravesaría la Amazonía
boliviana y los territorios indígenas para unir los sitios de Beni y
Cochabamba, lo que generó protestas tanto a favor como en contra, según
informaron los medios. En una entrevista con TRT World, Tomasa Yarhui, ministra
y parte de la comunidad quechua, quien luego fue candidata a la
vicepresidencia, explicó que no hubo una consulta previa con los indígenas para
llevar a cabo el proyecto. Y también que Morales vulneró “muchos derechos de
las comunidades indígenas debido a ciertos intereses”.
La
disputa sobre el proyecto dividió a los movimientos sociales que habían
impulsado la presidencia de Morales en 2006, reportaron medios en su momento,
revelando las divisiones entre los distintos grupos. Así, expertos argumentan
que esto impulsó el debate social sobre una agenda más amplia para las
comunidades indígenas, la implementación de la nueva política constitucional y
las tensiones por los territorios del país.
Tensiones
En
la recta final para las elecciones, este tipo de complejidad se refleja en
crecientes tensiones sociales y económicas. La intensificación de la extracción
de materias primas en las zonas rurales, junto con la expansión de la economía
informal en las ciudades, ha subordinado a las comunidades indígenas y
campesinas a la lógica del mercado, la moralidad de la competitividad y la
ética individualista del capital.
Varios
casos recientes ilustran estas dificultades: el asesinato del líder Francisco
Marupa en conflictos por minería ilegal; una explosión mortal en una mina de
Sorata, causada por disputas entre cooperativistas; un contrato irregular de
arrendamiento de tierras indígenas con el ficticio “Estado de Kailasa”; la
popularidad de la vivienda de ricos comerciantes en El Alto, símbolo de éxito
económico y mercantilización de la identidad cultural; el debate sobre la
propiedad privada en Raqaypampa, primer territorio indígena autónomo; y los
incendios forestales en la Chiquitanía, agravados por políticas estatales
favorables al agronegocio.
Participación
indígena-campesina hoy
En
cuanto a la participación política, indígenas y campesinos han logrado avances
importantes. En las últimas dos décadas, su experiencia política ha impulsado
su consolidación como actores activos y formales del desarrollo. Por ejemplo,
en agosto de 2020, en plena pandemia y crisis política por la agitación social
desatada en noviembre de 2019 tras lo que Morales denunció como golpe de
Estado, la movilización de organizaciones indígenas y campesinas obligó a que
el entonces Gobierno de Yanine Áñez convocara a elecciones generales en octubre
del mismo año.
En
esas mismas elecciones, mediante resolución especial del Tribunal Supremo
Electoral, se logró la habilitación de organizaciones de los pueblos indígena
originarios y campesinos a postular candidaturas en las circunscripciones
especiales sin la intermediación de partidos políticos y agrupaciones
ciudadanas.
La
participación de indígenas y campesinos se ha convertido en una fuerza de
cambio, aunque sigue condicionado por luchas internas, intereses sectoriales y
tensiones vinculadas al modelo económico extractivista y comercial.
A
partir de esta experiencia, se observa que la mayoría de este sector acudirá a
votar motivada por la crisis y evitando apoyar a los partidos tradicionales de
derecha. Sin embargo, tampoco hay claridad sobre el respaldo a la opción de
Andrónico Rodríguez y su Alianza Popular, a quienes sus críticos, opositores y
principalmente los medios tradicionales y emergentes que los apoyan, señalan
como un candidato joven e inexperto, sin fuerza política real ni conexión
nacional con las bases indígenas y campesinas.
Sin
una opción política propia ni participación directa en candidaturas populares,
el sector campesino e indígena podría conformar un bloque favorable a la
propuesta desarrollista y plurinacional, especialmente frente a una eventual
segunda vuelta contra la derecha neoliberal. En caso de que esta última gane,
muy factible si logra la unidad de las cuatro candidaturas principales
-–Quiroga, Doria Medina, Paz, Reyes Villa– el sector se mantendría en
resistencia contra las políticas antipopulares del próximo gobierno.
Frente
a la ausencia de alternativas transformadoras en 2025, y con la urgencia de
salvar el proyecto plurinacional y sus conquistas de las últimas décadas, el
sector popular, particularmente indígenas y campesinos, está llamado a renovar
sus programas, partidos y acciones, enfocándose en sus necesidades históricas.
EDUARDO
DEL CASTILLO, LA CARTA DE SALVACIÓN DE LA IZQUIERDA EN BOLIVIA
El
País de Costa Rica (https://n9.cl/ykjmk)
Eduardo
del Castillo, un abogado de 37 años, candidato a la presidencia de Bolivia por
el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), tiene el desafío de salvar a su
partido de la extinción en las elecciones nacionales que se celebran este
domingo.
El
MAS se enfrenta a una prueba de fuego; las encuestas de intención de voto le
dan, en promedio, apenas un dos por ciento, y la normativa boliviana establece
que si un partido no obtiene un mínimo del tres por ciento, perderá su
personería jurídica.
«Estamos
cargando una mochila muy pesada de 20 años de gobierno», admitió Del Castillo,
sobre las críticas al MAS por la difícil situación económica que afecta al
país, producto de la falta de combustibles y divisas y de una inflación que las
autoridades no logran controlar.
Del
Castillo nació en 1988 en Santa Cruz de la Sierra (este), región agroindustrial
del país, se formó como abogado y actualmente está casado y tiene dos hijas.
En
2020 fue designado como ministro de Gobierno (Interior), por el presidente,
Luis Arce, y desde entonces tuvo una activa participación en algunos de los
episodios políticos más relevantes del país.
En
junio de 2023 fue interpelado y censurado por el Congreso, por la denuncia de
una red de robo de vehículos que operaba entre Chile y Bolivia. Pese a las
denuncias, que databan de 2022, la banda no fue desarticulada.
La
censura parlamentaria implicó su destitución inmediata, pero el presidente Arce
lo restituyó en el cargo.
Del
Castillo fue quien hizo cumplir la orden de detención contra la presidenta de
facto Jeanine Añez (2019-2020) y el gobernador de la provincia de Santa Cruz
(este), Luis Fernando Camacho, por el papel que desempeñaron en el golpe de
Estado contra Evo Morales en 2019.
Además,
tuvo que hacer frente al intento de golpe de Estado el 26 de junio de 2024 por
un grupo de militares de alto rango.
Asimismo,
tanto legisladores opositores como afines a Morales lo acusan de proteger al
narcotráfico, en especial tras la huida del narcotraficante uruguayo Sebastian
Marset, en julio de 2023, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en medio de
un operativo de captura de la Policía boliviana.
Morales
lo acusa de ser el responsable del atentado que sufrió en octubre de 2024,
cuando el vehículo que lo trasladaba fue atacado a tiros.
Del
Castillo ha dicho que en dos oportunidades evitó que el exmandatario, acusado
de trata y tráfico de personas, fuera detenido, cancelando los operativos para
su aprehensión.
Las
autoridades concluyeron que un despliegue de ese tipo hubiera causado un
enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado y los partidarios del
exmandatario, con varias decenas de muertos.
Organismos
internacionales de derechos humanos también lo cuestionaron porque incurrió en
la práctica de presentar públicamente a los sospechosos de delitos, incluso
antes de que los detenidos llegaran a su audiencia cautelar.
En
cuanto a su propuesta electoral, Del Castillo presentó el plan «Bolivia
Primero», con el que, asegura, se estabilizará la economía del país.
El
candidato explicó a la Agencia Sputnik que su propuesta consta de dos partes,
el Plan Plata y el Plan Vida.
«El
primero significa Programa para tener Liquidez y para la Transformación de la
Arquitectura económica y el segundo, Visión Inteligente de Derechos
Ambientales. Entre ambos planteamos recuperar la economía y también proteger el
medio ambiente de manera eficiente», expresó Del Castillo en respuesta a un
cuestionario de esta agencia.
Además,
propone dar continuidad a los logros del MAS, como la industrialización, el
pago de bonos sociales, la estabilización de la economía y la consolidación del
«proceso de cambio» que se inició en 2006.
El
postulante oficialista considera que el país necesita una nueva generación de
líderes que mantengan las conquistas sociales de las últimas dos décadas.
Del
Castillo se muestra optimista, pese a las encuestas, y cree tener posibilidades
reales de ganar el 17 de agosto, con el apoyo de las organizaciones sociales y
campesinas.
Casi
ocho millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo en las
elecciones generales en Bolivia.
Si
ningún candidato obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, habrá una
segunda vuelta el 19 de octubre.
Dos
candidatos de derecha, Samuel Doria Medina y Jorge «Tuto» Quiroga, se perfilan
como los favoritos para pasar a segunda vuelta, según la mayoría de las
encuestas de opinión.
Quien
resulte electo asumirá el 8 de noviembre, por un periodo de cinco años.
Este
domingo también se eligen los 130 diputados y 36 senadores de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, y nueve representantes ante organismos
supraestatales como el Mercosur y el Parlamento Andino.
MILLONARIO,
SOBREVIVIENTE Y POLÍTICO INSISTENTE: DORIA MEDINA SE ACERCA A LA PRESIDENCIA DE
BOLIVIA EN SU CUARTO INTENTO
CNN
DE EEUU (https://n9.cl/ggaxw)
Samuel
Doria Medina se presenta como un candidato distinto. “Un presidente empresario”
que va a tomar “decisiones rápido sin hacer cálculos políticos”, según dijo él
mismo en un colorido reel de Instagram, a tono con sus redes sociales, que
mantuvo muy activas durante toda la campaña.
Pero,
lejos de ser un outsider, su historia evidencia décadas de trayectoria política
y una ambición sostenida en el tiempo: ser presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia.
Este
domingo competirá por cuarta vez en las urnas en su búsqueda de romper con casi
20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y con un mote que lo
persigue como un hechizo: el “kencha”, término que en Bolivia alude a la mala
suerte. Ninguna candidatura ganada y una vida al límite.
Tras
las derrotas en 2005, 2009 y 2014, y su retiro en 2019 como compañero de
fórmula de Jeanine Áñez después de que renunciara a postularse en 2020, el
empresario llega a estas elecciones como el candidato de centro, en la lista
opositora Alianza Unidad.
En
2014 salió segundo con un 24% de los votos, pero entonces el resultado de Evo
Morales fue arrasador con más del 60%, logrando un triunfo en primera vuelta.
Hoy, Doria Medina mantiene un caudal de votos similar pero en un escenario
completamente distinto.
Doria
Medina está entre los favoritos y esta vez el rival que le pisa los talones es
el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga con quien inició la campaña siendo aliado,
pero finalmente se erige como su principal competidor.
Economista
de formación y arquitecto de las privatizaciones en los 90
Nació
el 4 de diciembre de 1958 en La Paz, pero creció en Oruro, donde su padre
trabajaba como empresario minero. Hoy tiene 66 años, seis hijos y está casado
con Nidia Monje, madre de cinco de ellos.
Estudió
Administración y Economía en la Universidad Católica Boliviana y luego se formó
en el exterior: Economía en la Arizona State University y una maestría en
Finanzas Públicas en la London School of Economics y, según su biografía,
“siempre estuvo interesado en los asuntos públicos”.
A
los 33 años fue nombrado ministro de Planeamiento en el gobierno de Jaime Paz
Zamora, entre 1991 y 1993, cargo por el que se lo señala como uno de los
grandes arquitectos del proceso de privatizaciones de los noventa.
En
2016, fue acusado en la justicia por supuesto daño económico al Estado, pero en
2020, durante el gobierno de Áñez, el proceso fue cerrado por falta de pruebas.
Él sostiene que se trató de una persecución política.
En
2003 fundó su propio partido, el Frente de Unidad Nacional.
Perfil
de empresario, el plato fuerte de su campaña
En
paralelo a su carrera política, Doria Medina construyó un emporio empresarial
que hoy es parte central de su discurso de campaña. En 1987 tomó el control de
la cementera SOBOCE y la convirtió en líder del mercado antes de vender su
participación en 2014 por 300 millones de dólares.
A
través de Bolivian Foods S.A., es dueño de las franquicias de Burger King y
Subway en Bolivia y adquirió el icónico Hotel Los Tajibos en Santa Cruz.
También impulsó proyectos inmobiliarios como las Green Tower en La Paz y Santa
Cruz. “Soy un empresario, no un político profesional”, repite. “Mis obras están
ahí”.
Una
vida al límite devenida en slogan de campaña
Su
eslogan de campaña, “¡100 días, carajo!” -el tiempo en el que promete
soluciones concretas a problemas económicos como la escasez del dólar y de
combustible- es la reformulación de una frase que lo identifica, poniendo en
primer plano su historia personal y dejando, otra vez, fuera de foco su perfil
más político.
“Carajo,
no me puedo morir”, dijo años atrás al contar que en un accidente aéreo casi
pierde la vida y selló su muletilla. Fue en un viaje de La Paz a Sucre en un
avión a hélice, cuando la nave se estrelló en el cerro Huaricollo, en el
departamento de Oruro. Afortunadamente, nadie murió en el hecho.
En
noviembre de 1995, fue secuestrado por el grupo peruano Tupac Amaru, según él
mismo contó en distintas ocasiones. “Me han tenido en un cuarto oscuro de dos
columnas, varias veces me han puesto una pistola en mi cabeza y me han dicho
‘es su última oración’, pero no era mi hora”, narró años después sobre lo
ocurrido. Fueron 45 días de cautiverio y para su liberación se concretó un pago
millonario, según confirmó a CNN su equipo de campaña.
Más
recientemente, compartió públicamente que fue diagnosticado con cáncer de
vejiga, una enfermedad que asegura haber superado.
¿La
cuarta será la vencida?
Doria
Medina se presenta como un candidato de centro que quiere gobernar para todos y
con todos.
Plantea
un esquema de eficiencia del Estado a partir del cierre de empresas estatales
deficitarias, el impulso del desarrollo de emprendedores y la apertura
internacional.
En
política exterior, quiere reorientar las alianzas internacionales, priorizando
la relación con Estados Unidos por encima de China, Rusia o Irán, y potenciar
el litio como recurso clave en la transición energética global.
Después
de décadas de intentos y una vida marcada por contrastes extremos, el
empresario que fue ministro, sobreviviente y rehén vuelve a ponerse a prueba en
las urnas con encuestas a favor y la sombra de un mote difícil de sacudirse.
El
resultado dirá si el “kencha” se convierte, por fin, en ganador.
SIN
CHANCE PARA LA IZQUIERDA EN LAS ELECCIONES DE BOLIVIA, EVO MORALES DICE QUE NO
SE VA 'A ESCAPAR'
Las
encuestas anticipan una segunda vuelta entre los candidatos de oposición Samuel
Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.
El
Diario de Cuba (https://n9.cl/7l7fm)
A
menos de una semana para las elecciones presidenciales en Bolivia, tres
encuestas mostraron que los escenarios posibles no dejan esperanzas a la
izquierda, sino la confirmación de que las dos décadas de hegemonía del poder
por el Movimiento al Socialismo (MAS) están a punto de llegar a su fin.
Una
encuesta citada por el diario El País mostró que podría producirse una segunda
vuelta el 19 de octubre entre los candidatos de oposición Samuel Doria Medina y
Jorge Tuto Quiroga, mientras que otra apunta a hasta un 30% entre indecisos,
votos en blanco y nulos.
Los
sondeos, publicados el fin de semana, apuntan además a una caída en la
intención de voto por Andrónico Rodríguez, candidato de la izquierda, quien
habría pasado del tercer al cuarto o quinto puesto para la contienda electoral.
El
lunes 11 de agosto, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac
Katari retiró su apoyo a Rodríguez.
El
martes 12, el expresidente Evo Morales dijo que Andrónico Rodríguez
supuestamente le ofreció ser su vicepresidente, a lo que habría respondido
"no me insulte".
"No
me insulte mandando ese mensaje que vamos a dar vicepresidencia. No habrá eso,
compañeros, jamás, tengo dignidad", dijo Morales en un mensaje citado por
la agencia de noticias EFE.
Rodríguez,
actual presidente del Senado de Bolivia, era conocido como el heredero de
Morales, ya que ambos son líderes de sindicatos cocaleros en el Trópico de
Cochabamba y eran cercanos. Sin embargo, el actual candidato decidió alejarse
del expresidente y busca la Presidencia de Bolivia con la alianza Popular.
Morales
no pudo inscribirse como candidato para estas elecciones y tiene una
inhabilitación constitucional para buscar un cuarto mandato, tras un fallo del
Tribunal Constitucional Plurinacional que indica que la reelección presidencial
puede ser "por una sola vez de manera continua".
El
exmandatario también perdió recientemente el liderazgo de casi 30 años del
gubernamental MAS y renunció a su afiliación para crear una nueva agrupación
política, denominada Evo Pueblo. Al no tener un partido habilitado para
participar, Morales empezó una campaña para llamar al voto nulo.
"Antes
me ofrecieron senaduría y ahora vicepresidencia. Si son francos con el pueblo,
súmense al voto nulo, si están con el pueblo", añadió Morales en su
mensaje.
El
expresidente también se alejó del mandatario Luis Arce desde 2021, por una
pugna por el control del Gobierno y por la candidatura del MAS.
Arce
renunció a buscar la reelección en medio de una crisis económica marcada por la
escasez de dólares y combustible, así como por una dura inflación.
El
MAS eligió al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo como
candidato. Sin embargo, en las encuestas se encuentra con una intención de voto
menor al 3%, lo que pone en riesgo la personería jurídica de la agrupación
política.
Andrónico
Rodríguez está entre el cuarto y quinto lugar en las últimas encuestas, con
alrededor de un 7% de intención de voto, siendo el candidato de izquierda mejor
posicionado en los sondeos.
Morales
aseguró en entrevista con AFP que seguirá dando "batalla en las calles y
caminos" de Bolivia, ante la probable victoria de sus opositores de
derecha.
El
líder indígena, que gobernó entre 2006 y 2019, desde el año pasado se refugia
en Lauca Eñe, un pequeño poblado del Trópico de Cochabamba, para evadir una
orden de captura por un caso de presunta trata de una menor cuando era
presidente, cargo que él niega.
Según
Morales, no saldrá de Bolivia si gana la derecha. "Me voy a defender, no
me voy a ir. Dicen: 'Se va a escapar a Cuba'. No me voy a escapar",
aseguró.
"Estoy
con mi pueblo, no voy a abandonar al pueblo boliviano", afirmó el
expresidente, que en 2019 se exilió por un año, tras verse forzado a renunciar
en medio de protestas, después de que fuera acusado de cometer un fraude en las
elecciones de ese año.
En
ese sentido, dio a entender que no dará tregua al próximo Gobierno. Morales
encabezó violentas protestas y bloqueos de vías contra Arce, a quien acusó de
excluirlo de la carrera electoral en complot con los jueces.
Los
bolivianos elegirán al presidente, vicepresidente y legisladores para el
próximo quinquenio este domingo.
“EL
VOTO NULO LIDERA LA ELECCIÓN EN BOLIVIA”
Ex
presidenta del Senado e histórica referente joven del MAS-IPSP, Adriana
Salvatierra analizó en una entrevista con El Grito del Sur los comicios
presidenciales del domingo 17 de agosto en Bolivia. "Un triunfo de la
derecha no significa que el electorado esté dispuesto a perder las
conquistas", señaló.
Grito
del Sur de Argentina (https://n9.cl/mp4tm)
Las
elecciones presidenciales del domingo 17 de agosto marcan un escenario complejo
para los movimientos populares en Bolivia. Con Evo Morales proscripto y una
interna destructiva en el MAS-IPSP tras la experiencia fallida del gobierno de
Luis Arce, dos opciones de derecha -lideradas por Samuel Doria Medina y Jorge
«Tuto» Quiroga- serían las más votadas en las urnas y se enfrentarían en una
segunda vuelta. No obstante, tras la caída que sufre Andrónico Rodríguez en las
encuestas, crece muy fuertemente la opción del voto nulo enarbolada por el ex
presidente Evo Morales.
En
una entrevista con El Grito del Sur, la ex presidenta del Senado Adriana
Salvatierra analizó lo que podría suceder en estos comicios y cómo la izquierda
boliviana llegó a esta situación de retroceso inédita en las últimas dos
décadas. «Un triunfo de la derecha no significa que el electorado esté
dispuesto a perder las conquistas», señaló.
¿Qué
características tiene esta elección presidencial?
Yo
creo que tiene dos características. Va a ser la primera vez que Bolivia irá a
una segunda vuelta: nunca habíamos experimentado esto a nivel presidencial, sí
en elecciones a gobernador. Por ello es un escenario nuevo en términos de
construcción de legitimidad. Con la anterior Constitución, ganaba el candidato
presidencial con la mayor votación y punto. Luego tuvimos las victorias de Evo
Morales, todas por encima del 50%, y no conocimos un presidente que gobierne
con un parlamento tan fragmentado. Hay que ver entonces qué legitimidad de
origen tendrá este nuevo gobierno y cómo se sostiene en el tiempo. La otra
cuestión a tener en cuenta es que el electorado boliviano ha volcado su mirada
a posiciones más de derecha, creo que nosotros como proyecto político tenemos
que hacer una fuerte autocrítica por ello.
¿Cómo
llega la izquierda boliviana a estos comicios teniendo en cuenta la
proscripción de Evo Morales?
Dejar
fuera la candidatura de Evo Morales fue una perversión de todo el sistema
político. Nunca van a poder decir que le ganaron a Evo una elección, lo
tuvieron que sacar a él y todo lo que significa como espacio político.
Claramente hay un pacto de proscripción política que se institucionalizó con
los poderes públicos, económicos y la corporación mediática, articulados
también con una decisión del Imperio. Si hubo alguien que tuvo la iniciativa de
retirar al embajador de Estados Unidos, antes que cualquier país del ALBA
incluso, fue Evo. Creo que también hay una factura de todo eso. La factura de
la nacionalización, de quitar los privilegios coloniales y de clase. Ésta es la
respuesta de todo el sistema. Hoy estamos atravesados por una discusión interna
muy fuerte: es muy difícil la transición de liderazgos y la tensión entre un
liderazgo histórico como el de Evo coexistiendo de forma antagónica con el
presidente del Estado. Yo no creo, como dice Álvaro García Linera, en el
liderazgo social y el liderazgo institucional. Pero sí me parece que el
Presidente tenía un conjunto de herramientas políticas, de las cuales hizo uso
para intentar competir en términos políticos con Evo. Pero él ganó con el 55% y
se va con el 1%. El liderazgo histórico de un país no se disputa solamente
desde la presidencia del Estado, sino desde la representación y las ideas que
defiendes.
¿Cuál
es tu mirada sobre la modalidad del voto nulo?
Nosotros
no podemos convocar a la abstención electoral porque en Bolivia el voto es
obligatorio. Siendo obligatorio, si tú no vas a votar tienes una sanción
económica y se le suma que no puedes hacer uso de tus cuentas bancarias.
Entonces hemos llamado a un voto de protesta, que es el voto nulo. Éste expresa
la disconformidad con un proceso electoral amañado, donde fueron los jueces
quienes han determinado cuál es la papeleta electoral y, en última instancia,
eligen al presidente. Frente a tales niveles de condicionamiento, hemos
definido el voto nulo que -tal cual marcan los indicadores- está cobrando mayor
fuerza en la población. Hoy la cantidad de votos blancos, nulos e indecisos
estaría en el orden del 33% y tiene más puntuación que cualquiera de los candidatos
que encabezan la intención de voto. Esta cifra casi duplica lo que se había
relevado antes de las elecciones de 2020.
¿Qué
respondes frente a planteos como el de Andrónico Rodríguez al señalar que el
voto nulo sería funcional a la derecha?
Él
(Andrónico) ha permitido que se corra el eje del debate hacia opciones de
derecha. Cuando tú escuchas sus planteamientos, habla de no más Estado
paternalista, mantener las conquistas sociales pero abrirnos al mercado y al
mundo en términos económicos. Cuando le preguntaron sobre la situación jurídica
de Evo, dijo que iba a mantener la norma y no se pronunció sobre el accionar
del Gobierno, que dirigió 13 operaciones judiciales y un intento de aprehensión
violento, que hasta ahora no tiene investigación judicial y pudo haber derivado
en la muerte de Evo. Hasta hace tres meses defendía a nuestro líder político
pero hoy es parte de los que plantean su aprehensión. En términos de cómo
abordar la crisis económica, también hemos tenido diferencias ya que ha planteado
una reestructuración del aparato público cerrando empresas deficitarias. Lo
cierto es que el Andrónico que empezó la campaña no es el mismo que el que la
terminó. Andrónico no puede ser la continuidad de nuestro proyecto político,
por ello viene con un gran declive en las encuestas.
¿Por
qué en Bolivia no emergió una figura nueva de derecha, como es Javier Milei en
Argentina, y los principales candidatos son dos viejos representantes del
establishment?
Porque
así lo decidió el sistema político. Esta papeleta electoral es producto de las
decisiones judiciales. Había un precandidato de apellido (Jaime) Dunn, él
probablemente se habría pinchado muy rápido pero era casi una emulación de
Milei por estas tierras. Que haya una mayor preferencia hacia las opciones de
derecha no quiere decir que el electorado esté dispuesto a destruir las
conquistas políticas, sociales y económicas. Aquí, como en Argentina, hay un
voto que responde a una situación de crisis económica, donde se ha tocado la
fibra más sensible del ser humano: el bolsillo. Tú tienes aquí una inflación
acumulada que tendría que haber sido del 7,5%, pero hasta ahora la inflación ya
fue del 17%. Se calcula que la inflación pueda duplicarse para fin de año.
Nuestra generación no conoce esos niveles altos de inflación, no vivíamos esto
hace 40 años. En 2024 tuvimos un crecimiento económico de 0,73%, el más bajo de
los últimos 25 años.
¿Qué
programa tiene la derecha boliviana o a qué reformas apunta en caso de volver
al Ejecutivo después de 20 años?
Con
este nivel de crisis económica, la derecha ha logrado generar ciertos consensos
en torno a dos temas principales. El primero de ellos es la cuestión del
déficit fiscal, el cual estaría asociado al elevado gasto público y no a la
falta de generación de ingresos por parte del Estado. Hay un repliegue muy
importante del Estado en cuanto a la generación de ingresos: allá por 2014-2015
casi el 50% de las exportaciones eran estatales, pero ahora no llegamos ni al
25%. Eso nos genera un problema de falta de dólares y ha derivado en una crisis
cambiaria e inflacionaria. El nivel de endeudamiento interno se ha multiplicado
seis veces desde el año 2019 hasta la actualidad. El segundo tema es la
subvención de los hidrocarburos, tenemos camiones que se pasan varios días
esperando diesel y eso trajo un consenso casi total de que se tiene que
levantar la subvención. Algunos dicen sólo del diesel, otros dicen del diesel y
la gasolina. Hay una especie de consenso social respecto a que eso va a suceder
tarde o temprano. El tema es que nadie le dice a la gente cuál va a ser el
impacto real de ello, cuando las cosas te cuesten el triple.
En
Argentina, el mal gobierno de Alberto Fernández facilitó el camino a la
ultraderecha. ¿Cuál es la principal frustración que les deja a ustedes como
militantes de las causas populares el gobierno de Luis Arce?
Arce
vació el principal capital político que mantuvo al MAS en el gobierno durante
20 años y nos permitió en tiempo récord recuperar democráticamente el poder del
Estado y la herramienta para transformar. Evo logró sacar a más de tres
millones de bolivianos de la pobreza y ahora Lucho ni siquiera tiene la
fortaleza para informar cuál es el porcentaje de reducción de la pobreza este
año. Nosotros calculamos que, si no lo ha hecho, es porque entre 2023 y 2025 la
pobreza ha tendido a aumentar. Se dilapidó la posibilidad de darle a la gente
un futuro seguro, garantizar la alimentación y la seguridad. También se
destruyó el MAS como instrumento político. En su disputa con Evo, pasó por
encima de las organizaciones sociales y puso policías a resguardar las sedes
sindicales, intervino los congresos para poner gente afín a él. Todo eso para
nada, porque ahora ni siquiera se puede presentar a elecciones. Posiblemente, a
partir de ahora, tengamos que construir un nuevo instrumento político porque
hoy la marca del Movimiento al Socialismo es la crisis. Es probable también que
el MAS pierda la sigla con la candidatura de Eduardo del Castillo. Tenemos
compañeros enfrentados y que se han dicho cosas muy dolorosas, nos va a tomar
mucho tiempo sanar estas heridas.
¿Cuáles
son tus expectativas para el domingo y lo que suceda post-elecciones?
En
este proceso electoral ha existido una construcción para apartar a Evo Morales
no sólo como individuo, sino lo que él representa como líder de un espacio
político. Va a existir una representación de la izquierda muy débil y eso va a
hacer que temas tan importantes como el ajuste fiscal o la subvención de
combustibles, o cómo se aborda la crisis económica, van a ser más discutidas en
las calles que en los espacios institucionales. Eso va a abrir un nuevo tiempo.
Hay que asumir esa conflictividad y encontrar nuevas ideas haciendo un esfuerzo
genuino por construirlas.
DENUNCIAN
EN BOLIVIA PLAN GOLPISTA CON PRETEXTO DE “FRAUDE”
EL
Invasor de Cuba (https://n9.cl/pyu18)
El
politólogo boliviano Hugo Moldiz denunció que está en marcha un plan golpista
de la derecha de cara a las elecciones generales del próximo domingo con el
pretexto de un supuesto fraude.
“Hay
una estrategia imperial de carácter continental, cuya receta la aplican en gran
parte de los países latinoamericanos”, aseguró Moldiz en entrevista concedida a
Prensa Latina.
Describió
que esa fórmula tiene que ver con posicionar a los candidatos afines a los
intereses de Estados Unidos, los de la derecha, como los favoritos, lo cual
tiene un segundo objetivo claro: que, ante un eventual crecimiento o victoria
del campo popular, inmediatamente se saque la bandera del fraude electoral.
“Ambas
tácticas se complementan, advirtió el también exministro de Gobierno (2015), y
tienen por objetivo, ciertamente, conquistar territorios, en este caso países,
en una estrategia de carácter continental”.
Subrayó
que, en el caso de Bolivia, esta plataforma denominada ‘Cuidemos el voto’, que
aparece como iniciativa ciudadana, constituye una clara articulación de la
ultraderecha venezolana, cubana y boliviana, y detrás está el tristemente
célebre ametrallador de El Alto como ministro de Defensa (2003), Carlos Sánchez
Berzaín.
“Ante
esto, en mi opinión, la izquierda debe tener sensación del peligro, percibir la
amenaza, lo cual no está sucediendo, como debemos señalar con absoluta
sinceridad”, sostuvo.
Opinó
Moldiz que, a los candidatos del bloque popular nacional, solos, no les
alcanzan los números.
“Las
encuestas los muestran con una presencia electoral muy baja, comentó, yo creo
que es mayor la intención de voto de lo que aparece en estos sondeos, pero al
mismo tiempo se ve que resulta insuficiente, para tampoco llamarnos al engaño”.
Significó
que es cierto que hay un gran número de indecisos, que por una lectura más o
menos comparada con elecciones del pasado siempre han existido, y que al final
terminaron inclinando su votación a favor del campo popular.
“Cuál
es la diferencia ahora -aclaró Moldiz- que ese ciudadano X o Y, hoy tiene un
dilema muy grande que no existió en comicios pasados: su espíritu es nacional
popular y existen dos fuerzas que tienen su origen en el Movimiento al
Socialismo: Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo”.
Dijo
a esta agencia de noticias que «este es un dilema que los candidatos del
progresismo deben responder con una sola actitud, la unidad”.
Indicó
que, legalmente, son muchas las complicaciones, aunque todavía hay tiempo para
lograr una sola alternativa y después, “como se dice, todo se va resolviendo en
el camino, desde la renuncia de muchos candidatos de X sigla, con la que se
decida a ir, hasta -si se gana-, formar parte del Ejecutivo”.
“Lo
más importante es evitar la llegada de la derecha, la amenaza del fascismo, que
está en cada una de las fórmulas de la derecha y lo que eso implica”, concluyó
el analista político.
Este
lunes, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia Francisco
Vargas rechazó infundadas versiones sobre un presunto fraude electoral con
participación de extranjeros y demandó “responsabilidad” de los actores
políticos y medios de comunicación.
“Ya
nuestro padrón está conformado y las listas impresas hace más de dos semanas.
Son siete millones de bolivianos, con nombre, apellido y cédula de identidad,
que están habilitados para votar. No lo podrán hacer otras personas de otros
países, eso es totalmente falso”, aseguró.
La
publicación boliviana Red Uno publicó el 8 del mes en curso declaraciones del
presidente del comité cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien
denunció la supuesta llegada de al menos 100 ciudadanos venezolanos en vuelos
chárter.
Cochamanidis
anunció consultas con el TSE, el electoral departamental, Migración y la
cartera de Gobierno.
En
igual sentido, se pronunciaron la exdiputada nacional de derecha Jimena Costa y
el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Vicente
Cuéllar, quien anunció un conteo paralelo al del TSE con 500 máquinas, que será
publicado.
LA
PROMESA FALLIDA DEL LITIO EN BOLIVIA Y LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS PARA
REACTIVAR UNA INDUSTRIA ESTANCADA
A
menos de una semana para las elecciones presidenciales en Bolivia, el litio
entró en la agenda de campaña. ¿Por qué el país no logra aprovechar una de las
mayores reservas de litio del mundo? ¿Se terminó el boom de ese mineral? En
diálogo con El Observador USA, los equipos económicos de los principales
candidatos detallan sus proyectos.
El
Observador de Uruguay (https://n9.cl/fgx02)
El
litio reavivó el sueño boliviano de dar finalmente el gran salto económico. El
mineral representa desde hace años la esperanza de que país pase de proveedor
de materias primas a exportador de manufacturas. La actual crisis potencia la
ambición de reactivar la economía y posicionar a Bolivia como un actor clave en
el mercado global del litio.
Sin
embargo, después de casi dos décadas de proyectos, cambios de estrategia y
millones de dólares invertidos sin retorno, el proceso de explotación de este
metal se encuentra completamente estancado. A pocos días de las elecciones
presidenciales del 17 de agosto, el litio ocupa el centro de la agenda
política, con los candidatos presentando sus propuestas para que, finalmente,
ser el país con las mayores reservas de litio rinda sus frutos.
De
cara a las próximas elecciones presidenciales, los dos candidatos de la
oposición lideran las encuestas. Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, y
Jorge "Tuto" Quiroga, de la Alianza Libre, se encuentran codo a codo
en intención de voto. Ambos postulantes ya definieron a sus respectivos equipos
afrontar la agenda más candente del país: la económica.
En
La Paz, El Observador USA conversó con los elegidos para ser ministros de
Economía de los favoritos: Gabriel Espinoza, de Unidad, y Ramiro Cavero, de la
Alianza Libre, sobre sus perspectivas respecto a la promesa del litio
boliviano.
Bolivia
posee una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en alrededor de
23 millones de toneladas, según los últimos datos del Servicio Geológico de
Estados Unidos. La mayor parte de estas reservas se encuentran en Uyuni, en la
región andina de Potosí, y en menor proporción en los salares de Pastos
Grandes, también en Potosí, y Coipasa, que se extiende entre el departamento de
Oruro y Chile.
Pero
son diversos los factores que impidieron que Bolivia se convirtiera en la
"Arabia Saudita del litio": la falta de tecnología y personal
calificado, la polarización política, la falta de transparencia en los
procesos, el aislamiento geográfico del país, que no tiene salida al mar, y el
rechazo del pueblo boliviano, que teme las consecuencias ambientales y la
ausencia de beneficios por la explotación del mineral, entre otros.
El
fallido proyecto de litio soberano
El
interés por la extracción e industrialización del litio en Bolivia se remonta a
casi dos décadas atrás. En el primer gobierno de Evo Morales comenzaron las
primeras conversaciones con empresas y actores interesados en participar del
negocio. Sin embargo, luego de no haber llegado a ningún acuerdo, en 2010 el
mandatario declaró la "soberanía del litio" y apostó por una
explotación completamente estatal.
En
2012 se construyeron las primeras piscinas de evaporación de litio para extraer
la materia prima y, al mismo tiempo, se creó una planta piloto de cátodos para
la producción de baterías. Pero los errores técnicos en el diseño, la
construcción y la implementación resultaron en que la inversión de cerca de
1.100 millones de dólares no generara frutos. Omar Alarcón, el último
presidente de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), aseguró
que el error estuvo en la concepción del proyecto, ya que las condiciones del
salar de Uyuni, que sufre inundaciones durante gran parte del año, no son
adecuadas para el sistema de evaporación.
Después
de millonarias inversiones públicas que no lograron cumplir con los objetivos
establecidos, el gobierno decidió buscar capitales extranjeros, pero los
acuerdos comerciales siguieron estancados. En la actualidad, Bolivia es capaz
de exportar litio, pero no en el grado necesario para la producción de
baterías, y la cantidad que exporta es tan baja que ni siquiera figura en los
registros internacionales.
La
última medida tomada por el gobierno de Luis Arce fue el envío de un proyecto
de ley a la Asamblea Legislativa para que apruebe los acuerdos firmados por YLB
con las compañías chinas CBC y Citic Guoan, y con la empresa rusa Uranium One
Group, para la producción industrial de carbonato de litio utilizando una
tecnología conocida como EDL (Extracción Directa de Litio).
Sin
embargo, el plan encontró una fuerte resistencia en el Congreso, donde los
opositores denuncian graves irregularidades en el proceso, errores técnicos y
falta de transparencia, acusaciones que el gobierno niega. El apuntado es
directamente el presidente, con acusaciones de corrupción que alcanzan al hijo
de Luis Arce.
Marcelo
Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano, llegó a ser blanco de críticas y
acusaciones por parte del sector de Evo Morales. El diputado Héctor Arce, del
MAS, dijo que el hijo del presidente hizo "negociados en la
oscuridad" con el proyecto del litio. Aseguró tener pruebas de que intentó
favorecer a algunas empresas.
Tras
tensas sesiones en la Asamblea y varias manifestaciones de comunidades
indígenas, organizaciones ambientales y habitantes de las zonas donde se
encuentra el litio, el tratamiento del plan se paralizó en la Asamblea y los
contratos quedaron en suspenso.
El
tiempo del litio se escapa
El
economista boliviano Jonathan Fortun, del Instituto de Finanzas Internacionales
(IIF), considera al litio como una más de las muchas potencialidades que
Bolivia ha tenido a lo largo de los años. "El tema con el litio es que
cualquier explotación minera, ya sea como materia prima o en procesos de
manufactura, requiere dos tipos de inversión: la inversión extranjera directa y
los recursos humanos para operar en estas industrias", dijo Fortun en
diálogo con El Observador USA.
"Si
las cosas se hacen bien desde hoy, con una convocatoria clara para la
explotación, un proceso de inversión bien estructurado y con incentivos
fiscales, como fue el caso de Vaca Muerta, podría haber una oportunidad para
aprovechar el litio. Pero no creo que el retorno de este esfuerzo se vea antes
de cuatro o cinco años", afirmó el economista, en referencia al proyecto
para explotar el yacimiento de gas y petróleo argentino.
Fortun
sostiene que el tiempo corre: en la actualidad solo hay un par de piscinas en
funcionamiento, Argentina y Chile avanzan rápidamente en el mercado y el litio
ya no está en su mejor momento tecnológicamente. "Creo que el litio es una
gran oportunidad, pero no considero que estemos en el momento adecuado y la
situación macroeconómica de Bolivia está contra el reloj", explicó.
En
julio, la inflación interanual alcanzó un 25%, un nivel no visto desde mediados
de los años 80, mientras que las arcas fiscales del país se encuentran en su
punto más bajo de la historia y las reservas de dólares casi inexistentes.
La
crisis política del país agrava aún más la situación y, según Fortun, aleja a
los posibles inversores: el Movimiento al Socialismo (MAS) lleva años sumido en
una lucha interna entre Evo Morales y Luis Arce y, luego de casi 20 años de
dominio de la izquierda, Bolivia va a elecciones con el partido fracturado y
Morales corrido del poder. En este escenario de polarización y dificultades,
continúan las protestas y bloqueos de carreteras en regiones clave como el
Chapare, bastión cocalero y feudo de Morales, que generaron pérdidas económicas
millonarias.
"El
tiempo del litio se nos puede escapar de las manos", dijo Arce en febrero.
En poco tiempo terminará su gobierno y las posibilidades de que los
legisladores aprueben la propuesta de asociación con los inversores rusos y
chinos parecen cada vez más escasas. En medio del caos, el sueño de aprovechar
la gigantesca riqueza del litio se convirtió, para muchos bolivianos, en una
fantasía.
"La
única forma de avanzar es con una terapia de choque, algo costoso frente al
juego político de Evo Morales. Cualquiera que asuma el poder, sin ser un
populista, tendrá que tomar decisiones fuertes en el ámbito fiscal, como
reducir el gasto, recortar la burocracia del gobierno, eliminar subsidios a los
hidrocarburos y reducir el pegaje del dólar", sostuvo Fortun.
Y
agregó: "Algunos acuerdos con China, Rusia o Brasil pueden ayudar un poco,
y organizaciones como los BRICS, la CAF y el BID pueden ofrecer algo de apoyo,
pero estos son solo parches, van a estar contra la espada y la pared".
Los
proyectos de los candidatos
Cavero,
que de ganar las próximas elecciones se convertiría en el ministro de Economía
del expresidente Quiroga, sostuvo que lo fundamental es "hacer cambios
legislativos, sobre todo en las leyes de hidrocarburos, minería y litio, con el
objetivo de tener un sistema tributario que sea competitivo y
transparente".
El
exministro de Planificación de Quiroga aseguró que además "hay que
recuperar los acuerdos de protección de inversiones, tanto bilaterales como
multilaterales, para atraer inversión extranjera, y poner a funcionar toda
nuestra infraestructura de servicio exterior para que nuestras embajadas se
conviertan en promotores de los productos de exportación, la inversión y el
turismo boliviano".
"Nuestro
objetivo con respecto al litio es que las empresas vendan y compitan con la
mayor transparencia posible, con un sistema impositivo competitivo que también
beneficie a las regiones productoras", dijo Cavero, y agregó: "No
podemos seguir con contratos como los que se discutieron en el Congreso, que
nadie sabe de dónde salieron, no hubo licitación transparente, no se sabe
cuánto se va a pagar. Tiene que ser un proceso claro, con la participación del
pueblo, los comités cívicos y los empresarios".
Sumado
a esto, Cavero habló de la fabricación de baterías de litio en Bolivia:
"Probablemente esto no sea algo inmediato, pero con la enorme cantidad de
litio que tenemos, debemos ser capaces de generar una industria de litio en el
país".
Y
sumó su intención de innovar con un impuesto que varíe en función del precio
internacional del litio. "El objetivo es que el Estado reciba lo que le
corresponde y que las empresas sigan operando de manera rentable. Este es un
sistema más justo y dinámico, que se adapta a las fluctuaciones del mercado, y
permitirá a Bolivia aprovechar realmente su potencial en litio", sostuvo.
Por
su parte, Gabriel Espinoza, el elegido por Doria Medina, ve tres problemas
principales en lo que fue la gestión del litio en Bolivia. Primero, la
implementación del mismo modelo que se usó en los hidrocarburos, con una
presencia mayoritaria del gobierno en toda la cadena de producción y altas
rentas sobre la explotación, con un Government Take cercano al 80%. "A
esto se sumaron decisiones técnicas y económicas equivocadas, que quedaron en
evidencia con la implementación de la tecnología de evaporación para extraer
litio en una región de lluvias intensas, donde todo el proceso que se realizaba
durante meses se perdía con la primera lluvia", explicó.
En
segundo lugar, Espinoza sostiene que gestionar el litio desde el gobierno
central fue un error. "Potosí y Oruro son regiones que, además de ser
relativamente pobres, tienen una gran carga por la explotación de recursos
naturales, pero los beneficios que quedan son muy pocos. Cuando Morales decide
centralizar la explotación del litio y no involucrar a las regiones, surgió una
enorme resistencia política", desarrolló.
"Finalmente,
Luis Arce complementó esta mala sucesión de decisiones con una gestión opaca en
los contratos del litio", dijo.
"Nuestra
lógica es muy simple: transparencia total", dijo el coautor de Un Siglo de
Economía en Bolivia y exdirector del Banco Central, y agregó: "Necesitamos
avanzar con una nueva ley del litio racional, donde se sepan claramente las
condiciones que el gobierno impondrá".
Además,
sostuvo que su deseo es participar en toda la cadena de valor del litio:
"Eso no significa que toda la cadena venga a Bolivia, pero sí podemos
hablar de participaciones del gobierno boliviano o de empresas bolivianas en
distintos puntos de la cadena, en cualquier parte del mundo", dijo.
"Y,
sobre todo, debemos partir de un acuerdo claro con las regiones, con un enfoque
en la sostenibilidad medioambiental. Es crucial encontrar un equilibrio para no
dañar aún más a las comunidades locales", completó.
EL
CONTRATO CON UNA FIRMA RUSA PARA EXPLOTAR LITIO EN BOLIVIA PASA EL PRIMER
FILTRO EN EL LEGISLATIVO
Agencia
EFE de España (https://n9.cl/50kpy)
El
contrato que el Gobierno de Luis Arce firmó con la empresa rusa Uranium One
Group para la explotación del litio en Bolivia fue aprobado este martes en una
comisión de la Cámara de Diputados, en medio de incidentes con parlamentarios
opositores y un grupo ciudadano que rechazan el documento al considerarlo
desfavorable para el país.
La
Comisión de Economía Plural de la Cámara baja aprobó el documento en grande y
en detalle mediante dos votaciones secretas o por escrutinio en las que
participaron quince diputados.
El
presidente de la comisión, el oficialista Hernán Hinojosa, explicó a los medios
que ahora el documento pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su
análisis y si se aprueba en esa instancia, se enviará al Senado.
«No
es que la comisión aprueba y ya está, es un procedimiento legislativo que sigue
su curso», aseguró Hinojosa, que pertenece a la facción del gubernamental
Movimiento al Socialismo (MAS) leal al presidente Arce.
El
tenso debate
La
sesión se desarrolló primero en la sala de la comisión, pero se tuvo que
trasladar al hemiciclo central por una vigilia instalada por dirigentes cívicos
y diputados opositores de la región andina de Potosí, donde se encuentra el
salar de Uyuni, la mayor reserva de litio del país.
El
traslado al hemiciclo también se dio porque hubo incidentes violentos, golpes y
empujones entre parlamentarios, funcionarios y líderes de Potosí, por lo que la
sesión se tuvo que desarrollar con resguardo policial.
El
presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, reclamó que
los contratos del litio los analice el nuevo Parlamento que resulte elegido en
las elecciones generales de este domingo.
La
diputada Lissa Claros, de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC),
protestó porque la aprobación del contrato se hizo «a puertas cerradas» y
denunció que hubo una presunta compra de votos.
Los
contratos para explotar el litio de Bolivia
El
Parlamento está inmerso desde hace meses en una polémica por la aprobación de
dos contratos para la explotación de litio, en medio de denuncias de supuestas
irregularidades por parte de la oposición y del sector oficialista leal al
expresidente Evo Morales (2006-2019), quien está distanciado de Arce.
El
Gobierno boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la
tecnología de extracción directa de litio (EDL) con las compañías chinas CATL
BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan y en 2024 con Uranium One Group para el
diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.
En
2024 se formalizaron los acuerdos con CBC y Uranium One Group mediante la firma
de contratos que se enviaron al Legislativo para su análisis y aprobación,
aunque en febrero se suspendió su tratamiento para socializar el contenido de
los documentos, ante reclamos surgidos en Potosí.
El
Gobierno asegura que Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del
mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal.
La
mayor parte de estas reservas están en el salar de Uyuni, en Potosí, que tiene
una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados.
Arce,
que concluye su gestión a principios de noviembre, presentó la
industrialización del litio como una de las principales apuestas de su
Administración y ha asegurado que estos contratos son «favorables» para
Bolivia.
EL
BICENTENARIO BOLIVIANO Y VIEYTES
Comercio
y Justicia de Argentina (https://n9.cl/82mje)
El
primer grito de independencia de España se dio en Chuquisaca, en el Alto Perú,
en mayo de 1809. Los acontecimientos revolucionarios que prosiguieron
culminaron en la independencia de Bolivia, cuyo bicentenario se celebró.
Ese
aniversario y las próximas elecciones presidenciales bolivianas dan una buena
excusa para celebrar también a uno de los habitantes más ilustres, pero también
muy olvidado, de la historia boliviana. Se trata de Juan Hipólito Vieytes
(1762-1815), escritor y empresario, cuyas ideas avanzadas en su tiempo siguen
siéndolo para la Bolivia y América Latina de hoy.
En
su libro nuevo, “En busca de la libertad: vida y obra de los próceres liberales
de Iberoamérica”, Gabriela Calderón de Burgos felizmente nos resume el
pensamiento de Vieytes. Nació en el Virreinato de La Plata, se educó de niño en
el Real Colegio de San Carlos en Buenos Aires, en el cual también se educaron
varios líderes de la independencia de Argentina, como Manuel Belgrano y
Bernardino Rivadavia.
A
los 17 años Vieytes se mudó al Alto Perú, donde permaneció durante unos 21
años, volviendo luego a Buenos Aires. Parece que vivió en Chuquisaca, Potosí,
Oruro y La Paz, y que su trabajo le involucró en la minería. Esa parte de su
vida no está bien documentada pero probablemente fue entonces que, a diferencia
de sus compatriotas independistas argentinos, se formó sin haber pasado por una
educación formal.
La
experiencia y los libros fueron la escuela de Vieytes. Su biblioteca incluía
obras del economista liberal Adam Smith, Cicerón, Cervantes, el economista Jean
Baptiste Say y la Constitución de Estados Unidos, entre muchos más. Ricardo
Rojas indica que, “desde su posición de diputado y secretario de la Asamblea de
1813, abogaría por la supresión de la encomienda, la mita, el yanaconazgo, y
toda otra forma de servidumbre y sometimiento de los indios”.
Vieytes
fue un creyente firme de los derechos de propiedad como marco institucional,
pues “no sólo estimulaban el empleo y la creación de riqueza”, en las palabras
de Calderón, sino que “también podían servir como un mecanismo para integrar a
las poblaciones indígenas, lo que les garantizaría la igualdad ante la ley y
los introduciría en el mundo del comercio”. Por semejante razonamiento, Vieytes
se oponía a la esclavitud.
Vieytes
creía que el interés personal y el bien público no eran objetivos contrapuestos
sino complementarios, pues, dados los incentivos correctos -“la libertad”- la
búsqueda individual de la felicidad resultaría en mayor riqueza. Advertía que
“la conveniencia general está tan íntimamente unida a la individual que no se
puede jamás desatender ésta sin que aquélla se resienta al punto de una
convulsión mortal”.
Para
Vieytes, el comercio, o lo que hoy llamaríamos la libertad económica, no solo
incrementa la riqueza, sino también transforma la moral, mejorándola. “El
comercio finalmente es la manantial de las riquezas, la escuela en que se
afinan las potencias, y el brete que amenaza la ferocidad, y sujeta a raya el
desenfreno vicioso; en donde no hay comercio no florecen las letras, y en donde
se desconocen impera la barbarie”, dijo.
A
diferencia de otros pensadores de su tiempo, Vieytes también creía en la teoría
subjetiva del valor, la cual es determinada por la utilidad del bien y su
escasez. No se determinaba por la cantidad de mano de obra que requería su
producción, como pensaban muchos, incluso luego los marxistas. El precio de las
cosas se determina en el mercado libre y es subjetivo.
“Una
nación no es poderosa por el espacio que ocupa en el globo, sino por su
población, su trabajo y su industria”, decía Vieytes. La historia económica ha
comprobado que no son los recursos naturales los que enriquecen a los países,
sino los valores y las instituciones que resguardan la libertad.
BREVÍSIMA
HISTORIA REPUBLICANA DE BOLIVIA
Periódico
de La Esperanza de España (https://n9.cl/dn1pjx)
En
un intento por conmemorar el «otro» bicentenario de Bolivia (1825-2025) con
ocasión de este último 6 de agosto, y a fin de resumir la historia del país,
trataremos de sintetizar la evolución de los acontecimientos más importantes en
su vida republicana. Lo haremos en 4 entregas: el primer siglo republicano, el
camino hacia el movimientismo, las dictaduras y la democracia, y el
indigenismo.
Bolivia
se fundó con 5 grandes departamentos, al estilo francés: La Paz, Cochabamba,
Potosí y Chuquisaca en los Andes y valles, y el enorme Santa Cruz en los
llanos. Sus primeros dos presidentes fueron los caudillos revolucionarios Simón
Bolívar y Antonio José de Sucre. Durante el gobierno de este último, se
perjudicó mucho a la Iglesia Católica casi al estilo de la Desamortización de
Mendizábal en España o la disolución de los conventos bajo Enrique VIII en
Inglaterra, todo con hábiles trucos retóricos del mariscal de Ayacucho.
Luego
de algunos caudillajes militares más y tras haberse erigido el nuevo
departamento de Oruro en los Andes e incorporado al país Tarija (disputada con
Argentina), llegaría a gobernar el mariscal Andrés de Santa Cruz, quien en la
década de 1830 trató de estabilizar Bolivia e incluso unirla otra vez con el
vecino país donde se originó el virreinato, logrando la Confederación
Perú-Boliviana. Fue en este mismo periodo que el heroico fraile franciscano
Andrés Herrero viajaría a Europa para traer varios misioneros que se encarguen
de las zonas poco pobladas educando a los indígenas, tras la devastadora guerra
secesionista que devastó al mundo católico.
Derrotado
el mariscal por las fuerzas chilenas en 1839, se seguirían otros caudillajes
militares hasta llegar a José Ballivián, de quien se dice que selló la
«independencia» de Bolivia con la batalla de Ingavi (18/11/1841), expulsando
definitivamente a las tropas peruanas de Agustín Gamarra. Es en este periodo
que se erigió un nuevo departamento: el Beni, cercenándolo del departamento
cruceño.
Luego
de otros caudillajes, llegó en 1848 un agitador de masas indígenas y
despertador de sustos entre los liberales, Manuel Isidoro Belzu, contra quien
se registran al menos 42 levantamientos para intentar derrocarlo. De hecho,
hasta la mitad del siglo, cuando él gobernaba, se registra un total de 80
revueltas contra los gobiernos bolivianos: parece ser que la república no era
la utopía que tanto anhelaban los «padres de la patria».
Tras
otro caudillaje militar, llegaría en 1857 José María Linares, un dictador civil
que intentó poner orden ante tanta corrupción y caos político. Luego de otro
gobierno militar, llegaría en 1864 Mariano Melgarejo, considerado el peor
presidente en la historia de Bolivia, por las precipitadas decisiones políticas
que tomaba. Luego de otro gobierno militar e intentos de estabilidad civil,
llegaría en 1876 Hilarión Daza, bajo cuyo gobierno empezó la Guerra del
Pacífico (1879-1883) contra Chile y en alianza con Perú. Este conflicto
acabaría quitando a la triste Bolivia su único acceso al mar (el departamento
del Litoral).
La
decisión de qué hacer con el Pacífico (la paz oficial no llegaría sino hasta
1904) fue la excusa para la conformación de dos partidos: el Constitucional
(luego Conservador) y el Liberal, siendo el primero partidario de terminar el
conflicto, y el segundo, de continuarlo. Pero además, otro aspecto crucial que
dividía a ambos era su amistad con la Iglesia Católica: mientras que los
primeros se acercaban al ultramontanismo, los segundos lo hacían al
anticlericalismo.
Entre
los presidentes conservadores destacan Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y el
eminente orador y tribuno Mariano Baptista. Fue durante los gobiernos de estos
que floreció la reacción católica contra el positivismo y la masonería, reunida
en torno a los clérigos Miguel de los Santos Taborga, Juan de Dios Bosque y el
venerable Francisco María del Granado. Asimismo, se fomentó la explotación
mineral en el sur, gracias a iniciativas empresariales.
El
siglo XIX finalizaba con la llegada de varias congregaciones religiosas que
harían mucho bien al país, y con un débil presidente conservador cuyo gobierno
fue ocasión para una guerra civil que quitó protagonismo a la ciudad de Sucre
para dárselo a La Paz. Es así que llega al poder en 1899 el liberal José Manuel
Pando.
DESCUBREN
LOGÍSTICA MILLONARIA DEL CONTRABANDO EN LA FRONTERA BOLIVIA-ARGENTINA: COBROS
ILEGALES, GOMONES CARGADOS Y 300 VEHÍCULOS DIARIOS
En
Argentina se desarticuló una red de contrabando que operaba desde la finca
"Karina" en Aguas Blancas, Salta, moviendo cerca de 3.000 millones de
pesos por año.
El
Cronista de Argentina (https://n9.cl/p4g31)
El
Poder Judicial de Argentina desmanteló una organización criminal que operaba
desde la finca "Karina" en Aguas Blancas, Salta, generando ganancias
extraordinarias mediante un sistema de contrabando que funcionaba a plena luz
del día.
Esta
red, que movía cerca de 3,000 millones de pesos (AR) por año, había convertido
una propiedad rural en un verdadero puerto clandestino sobre el río Bermejo,
donde gomones cargados de mercadería cruzaban constantemente entre Bolivia y
Argentina sin control.
La
investigación, que culminó con la detención de once personas incluyendo una
oficial de policía, reveló un esquema criminal de dimensiones impresionantes.
Además,
las imágenes captadas por drones mostraron una realidad sorprendente: decenas
de vehículos estacionados en la ribera del río mientras embarcaciones inflables
transportaban bultos de mercadería en ambas direcciones.
Un
sistema de "peajes" ilegales que generaba millones diarios
La
organización había implementado un sofisticado sistema de cobros que
garantizaba ingresos constantes. En el acceso principal a la finca, ubicada
estratégicamente sobre la ruta nacional 50, cada vehículo debía abonar 2.000
pesos para poder ingresar. Una vez en la playa del río Bermejo, se aplicaba una
segunda tarifa: 1.000 pesos por cada bulto de mercadería que se cargaba o
descargaba de los gomones.
Con
un flujo diario promedio de 300 vehículos, cada uno transportando
aproximadamente diez bultos de mercadería, la recaudación por estos
"peajes" ilegales alcanzaba los 3 millones de pesos argentinos
diarios.
Pero
las ganancias no terminaban ahí. La organización criminal había instalado seis
puestos de comida dentro del predio, cuyos propietarios debían pagar 20.000
pesos argentinos diarios por el permiso de funcionamiento.
Operando
seis días a la semana (los domingos permanecía cerrado), el negocio ilegal
generaba ingresos totales de 3.720.000 pesos argentinos por día.
Según
los cálculos realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
y la Dirección General de Aduanas, el movimiento económico anual de esta
operación ascendía a 2.975.392.851,56 pesos argentinos.
Una
estructura criminal perfectamente organizada
La
red de contrabando funcionaba con una estructura jerárquica bien definida y
roles específicos para cada integrante. La administración estaba encabezada por
José Suárez, quien junto a los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, y
Pedro Rivero, supervisaba todas las operaciones desde el ingreso de vehículos
hasta la coordinación con los operadores bolivianos.
El
cerebro de la operación desde territorio boliviano era Alfredo Salazar, hermano
de Gladis Salazar, quien había adquirido la finca en febrero por 20 millones de
pesos argentinos, una suma que no se correspondía con su perfil patrimonial.
Esta transacción familiar había sido clave para establecer el control
territorial necesario para la operación.
LA
ARQUITECTURA IMPERIALISTA Y EL ATAQUE CONTRA LA SOBERANÍA: LA DIMENSIÓN
GEOPOLÍTICA DE LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”
El
Observatorio Lawfare y el Instituto Tricontinental examinan la política
exterior de Estados Unidos en materia de drogas, la expansión militar y la
dependencia y subordinación a la política de “asistencia antinarcóticos” que
implementa hace 50 años en Nuestra América; y analizan el impacto político,
social y económico del Plan Colombia como máxima expresión de la política de
intervención en la región.
The
Tri continental.org de Argentina (https://n9.cl/pz4sne)
Desde
el inicio de su segundo gobierno, Donald Trump ha insistido en responsabilizar
al gobierno mexicano de Claudia Scheinbaum por la acción de los carteles de la
droga considerados como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En una política que entremezcla el combate al narcotráfico con la
criminalización de los migrantes; la crisis sanitaria del fentanilo con las
disputas con China; la imposición de aranceles con las amenazas de intervención
militar directa sobre el territorio mexicano; Trump enarbola así, como
herramienta de su agresiva política internacional, la guerra contra los
carteles.
Ciertamente,
ello no es ninguna novedad en la historia del imperialismo estadounidense. En
América Latina y el Caribe convivimos desde hace décadas con las consecuencias
concretas de la llamada “Guerra contra las Drogas”, desplegada como política
estratégica del gobierno de EE. UU. para la región.
Los
datos indican que, lejos de solucionar un problema de salud pública en
territorio propio y ajeno, la intervención en el continente por parte de las
agencias estadounidenses —y en especial su abordaje, marcado en gran medida por
la militarización y un enfoque punitivo— ha agravado las situaciones de
violencia y supone una amenaza a la soberanía y a los derechos de la mayoría de
la población.
Para
dar una idea de la magnitud del fenómeno, tras cinco largas décadas de “Guerra
contra las Drogas” la propia DEA informaba a mediados de 2023 que las
principales organizaciones del narcotráfico tienen presencia y vínculos en casi
todo el mundo. Sobre ello, el Administrador Principal Adjunto de la DEA George
Papadopoulos, en una presentación realizada por ante el Congreso de EE. UU., y
solo refiriéndose a los carteles de Sinaloa y Jalisco, reconoció que “estas
organizaciones criminales despiadadas y violentas tienen asociados,
facilitadores e intermediarios en los 50 estados de Estados Unidos”. En este
sentido, en este cuaderno proponemos abordar el examen y debate sobre la
“Guerra contra las Drogas” desde un enfoque geopolítico, desde sus efectos
políticos en Nuestra América. La hipótesis que guía las reflexiones aquí
reunidas es que este proceso de intervención continental en materia de
narcóticos es concebido y ejecutado como parte de un plan integral de
dominación política y militar sobre el territorio de América, desde Alaska
hasta el Cabo de Hornos. A lo que cabría sumar la Antártida, que ya se ha
convertido en un punto central en la agenda de la disputa global.
Es
decir, proponemos analizar las políticas antinarcóticos desplegadas por EE. UU.
en el marco de la trama de su política exterior, signada por la expansión
militar (Luzzani, 2012; Merino, 2021; Transnational Institute, 2009; Verzi
Rangel, 2022) y por su declarado interés en los bienes comunes del continente
(Richardson, 2023). Para ello nos planteamos una serie de momentos y temas de
análisis.
En
primer lugar, nos interesa recuperar la dimensión histórica de la llamada
“Guerra contra las Drogas”, desde la célebre declaración de Richard Nixon en
junio de 1971 hasta la actualidad. Su comprensión como proceso y como política
implica un recorrido cronológico y un mapeo de sus principales hitos y
experiencias, así como el análisis de las diferentes etapas que pueden
identificarse en su desarrollo durante el último medio siglo. Como el resto de
las iniciativas de intervención, la “Guerra contra las Drogas” supone asimismo
la articulación de diferentes tipos de dispositivos de política exterior:
diplomáticos, militares y de seguridad, propagandísticos, de asistencia
económica, entre otros. Nos proponemos también una aproximación al estudio de
algunas de estas dimensiones.
Por
su importancia como caso concreto, la investigación incluye un balance del Plan
Colombia, con su impacto político, social y económico en este país y en la
región. En ese sentido, nos planteamos profundizar en modos de hacer de la
intervención, así como en sus efectos.
Por
último, nos proponemos abordar algunos desafíos para los gobiernos de izquierda
y progresistas de la región, desde los primeros años del siglo XXI hasta la
actualidad. Este último punto cobra relevancia en momentos en que se impulsan
iniciativas trascendentes para debatir las consecuencias del paradigma vigente
y en particular, como elemento novedoso, las posibilidades de su superación.
Este fue el caso por ejemplo, de la Cumbre Latinoamericana y Caribeña sobre
Drogas, desarrollada en Cali en septiembre de 2023, que planteó el inicio de un
proceso de discusión sobre las causas, consecuencias y posibles alternativas de
solución a este problema (García Fernández y Latjman, 2023; Salgado, 2023).
En
síntesis, este cuaderno intenta dialogar con una realidad que atraviesa cada
día más a las sociedades latinoamericanas y caribeñas, marcadas por cinco
décadas de aplicación de las orientaciones militaristas e intervencionistas de
EE. UU. sobre el narcotráfico. Se trata así de promover y aportar al debate
sobre estas políticas y a su reformulación desde la perspectiva del Sur Global
y, en particular, de nuestra América Latina y el Caribe.
En
el presente cuaderno, presentamos una cronología de la denominada política de
“Guerra contra las Drogas” en la región, debatimos sobre el carácter
imperialista de la política de EE. UU. en materia de drogas, analizamos la
arquitectura de dependencia y subordinación de la política de “asistencia
antinarcóticos”, desarrollamos el plan Colombia como máxima expresión de la
política de intervención en la región, y arriesgamos algunos desafíos que
balanceamos para las alternativas populares en el continente respecto el
problemas de las drogas y el narcotráfico.
Este
material forma parte de una investigación en desarrollo, impulsada por varios
institutos y centros de pensamiento, en la cual se abordan diferentes
dimensiones de análisis. Una de ellas es la dimensión geopolítica. En otros
cuadernos se analizan otras dimensiones de similar importancia, como la
situación de las y los productores de cultivos cuyo uso es declarado ilícito y
la problemática de las drogas en los barrios populares de las grandes ciudades.
Arriba
Cronología:
Pasado y presente de la “Guerra contra las Drogas” en América Latina y el
Caribe
17
de junio de 1971: Nixon declara la “Guerra (interna) contra las Drogas”
El
presidente estadounidense Richard Nixon, en conferencia de prensa, declara al
consumo de drogas ilícitas (drug abuse) como “el enemigo público N° 1 del
país”. Con un léxico militar, anunció una ofensiva en el combate contra las
drogas. Dispuso la creación de una oficina dedicada a la prevención y al
combate de las drogas, con un presupuesto inicial de más de 150 millones de
dólares.
Este
es reconocido como el primer paso en la llamada “Guerra contra las Drogas”, que
culminó una serie de medidas que se venían adoptando desde 1968, primero bajo
la presidencia de Lyndon B. Johnson y luego ya bajo la propia Administración
Nixon. Esa política se orientaba a perseguir el uso de drogas recreativas, que
se había extendido en parte de la juventud estadounidense en el contexto de los
movimientos contraculturales desplegados desde fines de la década de 1960,
sectores que fueran además uno de los principales cuestionadores de la Guerra
de Vietnam y de la escalada militar intervencionista impulsada desde Johnson a
Nixon.
1°
de julio de 1973: Se crea la DEA
A
propuesta del presidente Nixon, el Congreso estadounidense aprueba la creación
de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, más
conocida por sus siglas, DEA). Esta nueva entidad reúne a todas las
dependencias antidrogas que ya existían en el Estado nacional y se convierte
entonces en la única agencia federal con competencia en materia del control de
drogas.
9
de agosto de 1974: Nixon renuncia a la presidencia, asediado por el escándalo
del Watergate y las protestas
Finalmente,
Richard Nixon debe abandonar la presidencia, luego de las revelaciones del
llamado “escándalo Watergate”. Una investigación del Congreso demostró una
variedad de actividades ilegales en las que estuvieron involucradas
personalidades del gobierno, entre ellos el propio Nixon. Entre los crímenes se
encuentran el espionaje y acoso a opositores y a funcionarios considerados
sospechosos por intermedio de la acción de los cuerpos de seguridad y los
servicios de inteligencia.
Además,
el gobierno era cuestionado por los movimientos que luchaban contra la Guerra
de Vietnam y en defensa de los derechos civiles (particularmente
afrodescendientes). Meses después, el 30 de abril de 1975, se sellaba el fin de
la guerra de Vietnam con una derrota histórica para EE. UU.
14
de octubre de 1982: Reagan y la segunda “Guerra contra las Drogas”
En
1982, Ronald Reagan dirige un discurso a la nación referido a la Política
Federal sobre Drogas. A través de la radio, el presidente republicano hace
hincapié en la gravedad de la epidemia y la describió como “un virus
especialmente vicioso de la delincuencia”. La política de Reagan incluye la
participación de su esposa Nancy, quien lideró la Campaña Just say no
(“Simplemente di no”).
1986:
Reagan y las drogas como amenaza a la seguridad nacional
En
1986, el presidente Ronald Reagan había declarado que las drogas eran “una
amenaza para la seguridad nacional estadounidense”. Esta definición orientada a
la defensa pronto sería vital para la expansión militar de la “Guerra contra
las Drogas”.
En
1986, Reagan firma un decreto de proyecto de ley llamado Cruzada Nacional para
una América Libre de Drogas, que adquiere un enfoque de “tolerancia cero” en el
uso y distribución de estupefacientes.
1986:
Escándalo Irán – Contras
Estalla
el llamado “escándalo Irán – Contras”, tras el derribo en Nicaragua de un avión
que transportaba armas y drogas para los llamados “Contras”, la organización
militar sostenida por EE. UU. en su guerra de desgaste contra el Frente
Sandinista y el gobierno revolucionario nicaragüense.
A
partir de las declaraciones del piloto del avión y, luego, de la investigación
llevada adelante por el Congreso estadounidense, queda probado que bajo el
gobierno de Ronald Reagan se ejecutó desde 1985 un plan ilegal de venta de
armas a Irán. Además, que la contra nicaragüense se financiaba con parte del
dinero que la CIA obtenía por las ventas de armas a Irán y por los pagos que le
realizaban diferentes cárteles a cambio del permiso de ingresar drogas a EE.
UU.
25
de noviembre al 20 de diciembre de 1988: Conferencia de las Naciones Unidas
para la adopción de una Convención contra el tráfico ilícito de Estupefacientes
y sustancias psicotrópicas
Entre
el 25 de noviembre y el 20 de diciembre de 1988 se desarrolla en Viena la
Conferencia de las Naciones Unidas que resuelve adoptar una Convención contra
el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Este
instrumento se sumó a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961,
enmendada por el protocolo de 1972 y a la Convención de 1971 sobre Sustancias
psicotrópicas. De acuerdo a la ONU, “estos tres tratados de fiscalización
internacional de drogas se refuerzan y complementan entre sí y siguen siendo
tratados de referencia en uso en la actualidad”.
1989:
Bush lanza su “Guerra contra las Drogas”: el narcoterrorismo y las nuevas
amenazas
El
6 de septiembre de 1989, el presidente George Bush realiza un discurso dirigido
al pueblo de EE. UU. en el que califica el problema de la droga como “la más
grave amenaza interior” para su país y anuncia una serie de medidas para
combatir el narcotráfico. Entre ellas, un endurecimiento en la persecución al
tráfico: “más prisiones, más cárceles, más cortes, más fiscales” (Bush, G; 6 de
septiembre de 1989). Pero también, como
parte de una pretendida estrategia integral, una activa política de
“asistencia” en América del Sur. “Nuestra estrategia asigna más de 250 millones
de dólares para el próximo año en ayuda militar y policial a los tres países
andinos de Colombia, Bolivia y Perú. Esta será la primera parte de un programa
quinquenal de 2.000 millones de dólares para contrarrestar a los productores,
los traficantes y los contrabandistas”, aseguró el presidente.
Luego
del mensaje presidencial, en la misma transmisión oficial, el entonces Senador
Joe Biden fue el encargado de la respuesta del Partido Demócrata. Lejos de
plantear una visión alternativa, Biden critica la propuesta de Bush por
considerar que era demasiado débil y propone crear “una fuerza de ataque
internacional” para perseguir a los
narcotraficantes “allí donde viven”. “No debe haber refugio seguro para estos
narcoterroristas y deben saberlo”, enfatizó Biden, mostrando un consenso
bipartidista en la elección de una estrategia de intervención militar en otros
países, bajo el argumento de la persecución a las drogas ilegales.
20
de diciembre de 1989: El gobierno de Bush invade Panamá y apresa a su antiguo
aliado Noriega bajo acusaciones de complicidad con el narcotráfico
Las
fuerzas militares de EE. UU. lanzaron la llamada Operation Just Cause para
derrocar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de lavar dinero del
narcotráfico en vinculación con el cartel de Medellín y Pablo Escobar. Tras
décadas de colaboración con la CIA, Noriega cayó en desgracia y el país fue
sometido a bombardeos e invadido por unos 27 mil marines. Como resultado de la
invasión estadounidense a Panamá, al menos cientos de personas perdieron la
vida, de acuerdo a los cálculos de diferentes instituciones. La Asociación de
Familiares estima en cuatro mil el número de víctimas mortales.
En
el contexto de la invasión a Panamá, los jefes de la DEA y el Comando Sur amenazan públicamente
con realizar operaciones militares “contra las drogas” en Perú y Bolivia.
1994-1999:
Clinton. De los acuerdos de libre comercio a los de seguridad y el Plan
Colombia
En
el contexto del fin de la Guerra Fría y el intento por recolonizar América
Latina y el Caribe a través del ALCA, el gobierno de EE. UU. promueve la
liberalización comercial y al mismo tiempo la remilitarización del continente,
ahora bajo el supuesto de la existencia de “nuevas amenazas”, entre las cuales
el narcotráfico juega un rol central. Esta política alcanza un punto clave con
el Plan Colombia (1999), acuerdo firmado entre Clinton y el presidente
colombiano Andrés Pastrana, por medio del cual se extiende y profundiza la
asistencia económica y la intervención militar en el país sudamericano. Se
trata de un programa clave en la estrategia de intervención de EE. UU. en el
continente. Por su importancia, un apartado de este trabajo se centra en su
abordaje específico.
13
de abril de 1999: Acuerdo entre EE. UU. y Holanda para el uso de bases
militares en las colonias de Aruba y Curazao
Las
instalaciones también son usadas por aviones de Francia, Reino Unido, Canadá y
Holanda con el fin de controlar el Mar Caribe y apoyar a barcos de estos países
en la lucha contra el tráfico marítimo
de drogas.
2001:
Aprobación y despliegue de la Iniciativa Regional Andina
La
Iniciativa Regional Andina es lanzada en mayo de 2001, en los primeros meses de
gobierno de George Bush hijo. En los hechos, implica una ampliación del Plan
Colombia a otros países del continente, que de todos modos ya contaban con
programas similares al menos desde principios de la década de 1990, cuando
gobernaba George Bush padre.
En
una hoja informativa de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado, difundida públicamente el 16 de mayo de 2001 se
explicaba con claridad el análisis de EE. UU. y su orientación general para
abordar el problema y la oportunidad:
La
región andina representa un reto y una oportunidad significativos para la
política exterior de Estados Unidos en los próximos años. En la región están en
juego importantes intereses nacionales de Estados Unidos. La democracia está
bajo presión en todos los países andinos. El desarrollo económico es lento y
los avances hacia la liberalización son inconsistentes. Los Andes siguen
produciendo prácticamente toda la cocaína del mundo y una cantidad cada vez
mayor de heroína, lo que representa una amenaza directa para nuestra salud
pública y nuestra seguridad nacional. Todos estos problemas están
interrelacionados. Los problemas de la región deben abordarse de forma global
para promover los intereses de la política exterior estadounidense en la
región.
