María Cecilia Chacón Rendón parece condenada a la controversia. Cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, la nombró en abril de este año ministra de Defensa y la convirtió en la primera mujer en ostentar ese cargo, se desató una enorme tormenta.
Y cuando, cinco meses después, presentó su renuncia por no estar de acuerdo con la represión policial a una protesta indígena, marcó el camino de una crisis que hoy tiene contra la pared al primer mandatario indígena del país y que ya les ha costado el cargo a otro ministro y a un viceministro en medio del reclamo nativo por la construcción de una carretera que atraviesa su reserva ancestral.
Aquel 6 de abril, cuando Chacón fue nombrada, la noticia cayó como un baldado de agua fría en un país de marcada tendencia machista y con una vieja tradición de golpes militares. Más por la trascendencia del cargo que por su sexo, ya que en el gabinete de Gobierno las mujeres están al frente de 10 de 21 ministerios.
"El nombramiento de una mujer como ministra solamente tuvo el límite de ser simbólico más allá de ser algo real, sobre todo en este cargo que refleja todo el machismo de Bolivia y sus instituciones", dijo a ELTIEMPO.COM Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios Laboral y Agrario de Bolivia (Cedla).
A partir del nombramiento empezó una relación de amores y odios, de enfrentamientos éticos y morales que tuvo que afrontar Chacón a sus 35 años, en medio de un gobierno de conformación en "su mayoría patriarcal", en opinión de Arze.
Pero Chacón no era una aparecida. Abogada y politóloga de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, venía cosechando una ascendente carrera, pues antes de llegar a ser ministra, entre 2008 y 2011, se había desempeñado como directora general de Relaciones Multilaterales en la Cancillería. Antes, en el 2006, había sido jefe de gabinete del ministerio de Agua.
Durante su participación en el gobierno del presidente Morales, fue una visible defensora de las tradiciones de los pueblos indígenas. En la Cancillería fue una de las autoras de la propuesta ante Naciones Unidas para la aprobación de la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra.
También defendió el masticado de la hoja de coca, pero a pesar de ello, "los sectores más poderosos del país no la veían como una autoridad. Había comentarios de que a ella no le correspondía ocupar ese puesto que históricamente está reservado para un varón; ni el ser mujer ni su edad le sirvieron para soportar el peso del cargo", afirmó Arze.
El mismo Evo Morales no ayudaba a darle confianza a su joven ministra, como cuando pidió "enamorar" a las indígenas yuracarés para que no se opusieran a la construcción de la carretera que parte en dos el Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure.
El comentario suscitó un airado rechazo y Evo tuvo que pedir, una vez más, perdón, no solo por el cariz machista sino porque las asociaciones femeninas dijeron que ese tipo de bromas no hacían más que "ampliar la brecha generacional".
Por esto, la posición de la ministra se hizo insostenible y tuvo que renunciar: "Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el Gobierno y no puedo defender o justificar la misma", escribió en su dimisión. "¡No así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera", reiteró.
Según Arze, "lo que hizo la ex ministra fue adelantarse a una situación que era previsible. Se tuvo que enfrentar a situaciones que se le convirtieron en algo personal".
Tras la renuncia, el presidente Morales prefirió curarse en salud. En el cargo de ministro de Defensa nombró a un hombre, Rubén Saavedra, el mismo al que había remplazado la abogada Chacón en tiempos en que Evo quería ganarse la simpatía de grupos activistas que no formaban parte de su estrecho círculo. El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com/mundo)
INDÍGENAS BOLIVIANOS LOGRAN AVANZAR
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)
La marcha de indígenas contra una carretera que partirá en dos un parque natural boliviano avanzó el jueves otros 30 kilómetros, entre muestras alternas de solidaridad y hostigamiento, según la inclinación política de los pueblos por donde pasa, y se encuentra ya a unos 170 kilómetros de La Paz.
Cerca de mil caminantes, de 1,500 que salieron el 15 de agosto de la ciudad amazónica de Trinidad, avanzan hacia La Paz, sede del Gobierno, para exigir que el presidente Evo Morales frene de forma definitiva esa obra financiada y construida por Brasil, informaron dirigentes de la marcha.
El presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (Tipnis), Fernando Vargas, que encabeza la marcha, dijo que sus compañeros y él tienen ánimo para seguir caminando, aunque van por trochas de tierra sinuosas y malogradas por lluvias, derrumbes y mucho tráfico de camiones y autobuses.
Los nativos, incluidos niños y mujeres, salieron el jueves del pueblo de Entre Ríos y llegaron a Carrasco, a unos 20 kilómetros de Caranavi, el mayor poblado de la zona, dominado por campesinos y cultivadores de coca afines al nacionalista y populista Morales y hostiles a los indígenas.
Morales, que ha visto resquebrajada su imagen de ecologista e indigenista con este conflicto, es líder máximo de sindicatos de cultivadores de coca, base para la fabricación de cocaína.
El mandatario ha prometido a los cocaleros nuevas tierras, una de las bases de los temores de los indígenas de que su reserva sea invadida por cultivos de coca cuando se abra la carretera.
En su travesía de 52 días, los indígenas ya sufrieron agresiones de sectores oficialistas que les bloquearon el paso, apoyados por medio millar de policías que les dispersaron brutalmente el 25 de septiembre, en un hecho que incluso Morales calificó de “imperdonable” y causó la dimisión de dos ministros.
Zenón Condori, dirigente en Caranavi del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), calificó de “traidores” a los indígenas y dijo que los miembros de su partido quieren castigarlos “por hacer quedar mal al presidente Evo Morales”.
“Que se cuiden, no quisiéramos que pasen de frente, puede haber agresiones”, amenazó Condori en declaraciones a medios locales, mientras que otros líderes oficialistas pidieron que la marcha, para evitar conflictos, pase de noche por ese pueblo, situado a 156 kilómetros de La Paz.
El líder indígena Adolfo Chávez replicó que la marcha pedirá ayuda a la Defensoría del Pueblo para visitar Caranavi, porque han sido invitados por sectores distintos a los partidarios de Morales.
Parlamentarios indígenas que se han apartado del MAS por este conflicto plantearon el jueves un proyecto de ley para frenar de forma definitiva que la carretera discurra por mitad de la reserva.
El diputado Bienvenido Zacú dijo que además analizan otro proyecto que preserve también de forma definitiva la condición de territorio indígena de los 1.2 millones de hectáreas del Tipnis.
La marcha tiene previsto llegar a La Paz la próxima semana, días antes de las elecciones por voto popular de los 56 magistrados de los máximos tribunales de Bolivia, el 16 de octubre.
Morales y sus colaboradores insisten en que la carretera se construirá “si o si” por el Tipnis y preparan una “contramarcha” para el próximo miércoles.
Y cuando, cinco meses después, presentó su renuncia por no estar de acuerdo con la represión policial a una protesta indígena, marcó el camino de una crisis que hoy tiene contra la pared al primer mandatario indígena del país y que ya les ha costado el cargo a otro ministro y a un viceministro en medio del reclamo nativo por la construcción de una carretera que atraviesa su reserva ancestral.
Aquel 6 de abril, cuando Chacón fue nombrada, la noticia cayó como un baldado de agua fría en un país de marcada tendencia machista y con una vieja tradición de golpes militares. Más por la trascendencia del cargo que por su sexo, ya que en el gabinete de Gobierno las mujeres están al frente de 10 de 21 ministerios.
"El nombramiento de una mujer como ministra solamente tuvo el límite de ser simbólico más allá de ser algo real, sobre todo en este cargo que refleja todo el machismo de Bolivia y sus instituciones", dijo a ELTIEMPO.COM Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios Laboral y Agrario de Bolivia (Cedla).
A partir del nombramiento empezó una relación de amores y odios, de enfrentamientos éticos y morales que tuvo que afrontar Chacón a sus 35 años, en medio de un gobierno de conformación en "su mayoría patriarcal", en opinión de Arze.
Pero Chacón no era una aparecida. Abogada y politóloga de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, venía cosechando una ascendente carrera, pues antes de llegar a ser ministra, entre 2008 y 2011, se había desempeñado como directora general de Relaciones Multilaterales en la Cancillería. Antes, en el 2006, había sido jefe de gabinete del ministerio de Agua.
Durante su participación en el gobierno del presidente Morales, fue una visible defensora de las tradiciones de los pueblos indígenas. En la Cancillería fue una de las autoras de la propuesta ante Naciones Unidas para la aprobación de la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra.
También defendió el masticado de la hoja de coca, pero a pesar de ello, "los sectores más poderosos del país no la veían como una autoridad. Había comentarios de que a ella no le correspondía ocupar ese puesto que históricamente está reservado para un varón; ni el ser mujer ni su edad le sirvieron para soportar el peso del cargo", afirmó Arze.
El mismo Evo Morales no ayudaba a darle confianza a su joven ministra, como cuando pidió "enamorar" a las indígenas yuracarés para que no se opusieran a la construcción de la carretera que parte en dos el Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure.
El comentario suscitó un airado rechazo y Evo tuvo que pedir, una vez más, perdón, no solo por el cariz machista sino porque las asociaciones femeninas dijeron que ese tipo de bromas no hacían más que "ampliar la brecha generacional".
Por esto, la posición de la ministra se hizo insostenible y tuvo que renunciar: "Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el Gobierno y no puedo defender o justificar la misma", escribió en su dimisión. "¡No así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera", reiteró.
Según Arze, "lo que hizo la ex ministra fue adelantarse a una situación que era previsible. Se tuvo que enfrentar a situaciones que se le convirtieron en algo personal".
Tras la renuncia, el presidente Morales prefirió curarse en salud. En el cargo de ministro de Defensa nombró a un hombre, Rubén Saavedra, el mismo al que había remplazado la abogada Chacón en tiempos en que Evo quería ganarse la simpatía de grupos activistas que no formaban parte de su estrecho círculo. El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com/mundo)
INDÍGENAS BOLIVIANOS LOGRAN AVANZAR
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)
La marcha de indígenas contra una carretera que partirá en dos un parque natural boliviano avanzó el jueves otros 30 kilómetros, entre muestras alternas de solidaridad y hostigamiento, según la inclinación política de los pueblos por donde pasa, y se encuentra ya a unos 170 kilómetros de La Paz.
Cerca de mil caminantes, de 1,500 que salieron el 15 de agosto de la ciudad amazónica de Trinidad, avanzan hacia La Paz, sede del Gobierno, para exigir que el presidente Evo Morales frene de forma definitiva esa obra financiada y construida por Brasil, informaron dirigentes de la marcha.
El presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (Tipnis), Fernando Vargas, que encabeza la marcha, dijo que sus compañeros y él tienen ánimo para seguir caminando, aunque van por trochas de tierra sinuosas y malogradas por lluvias, derrumbes y mucho tráfico de camiones y autobuses.
Los nativos, incluidos niños y mujeres, salieron el jueves del pueblo de Entre Ríos y llegaron a Carrasco, a unos 20 kilómetros de Caranavi, el mayor poblado de la zona, dominado por campesinos y cultivadores de coca afines al nacionalista y populista Morales y hostiles a los indígenas.
Morales, que ha visto resquebrajada su imagen de ecologista e indigenista con este conflicto, es líder máximo de sindicatos de cultivadores de coca, base para la fabricación de cocaína.
El mandatario ha prometido a los cocaleros nuevas tierras, una de las bases de los temores de los indígenas de que su reserva sea invadida por cultivos de coca cuando se abra la carretera.
En su travesía de 52 días, los indígenas ya sufrieron agresiones de sectores oficialistas que les bloquearon el paso, apoyados por medio millar de policías que les dispersaron brutalmente el 25 de septiembre, en un hecho que incluso Morales calificó de “imperdonable” y causó la dimisión de dos ministros.
Zenón Condori, dirigente en Caranavi del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), calificó de “traidores” a los indígenas y dijo que los miembros de su partido quieren castigarlos “por hacer quedar mal al presidente Evo Morales”.
“Que se cuiden, no quisiéramos que pasen de frente, puede haber agresiones”, amenazó Condori en declaraciones a medios locales, mientras que otros líderes oficialistas pidieron que la marcha, para evitar conflictos, pase de noche por ese pueblo, situado a 156 kilómetros de La Paz.
El líder indígena Adolfo Chávez replicó que la marcha pedirá ayuda a la Defensoría del Pueblo para visitar Caranavi, porque han sido invitados por sectores distintos a los partidarios de Morales.
Parlamentarios indígenas que se han apartado del MAS por este conflicto plantearon el jueves un proyecto de ley para frenar de forma definitiva que la carretera discurra por mitad de la reserva.
El diputado Bienvenido Zacú dijo que además analizan otro proyecto que preserve también de forma definitiva la condición de territorio indígena de los 1.2 millones de hectáreas del Tipnis.
La marcha tiene previsto llegar a La Paz la próxima semana, días antes de las elecciones por voto popular de los 56 magistrados de los máximos tribunales de Bolivia, el 16 de octubre.
Morales y sus colaboradores insisten en que la carretera se construirá “si o si” por el Tipnis y preparan una “contramarcha” para el próximo miércoles.
GOBIERNO BOLIVIANO REITERA QUE MARCHA DEL TIPNIS ESCONDE OBJETIVOS POLÍTICOS
Telesur de Venezuela (www.telesurtv.net/secciones)
El viceministro de Coordinación de los Movimientos Sociales de Bolivia, César Navarro, aseguró este jueves que la marcha de los indígenas del Parque Nacional Isibiro-Sécure (Tipnis) esconde objetivos políticos y no solamente está reclamando al Gobierno de ese país suramericano por la construcción de una carretera interestatal.En una entrevista exclusiva con teleSUR, Navarro insistió en que grupos opositores bolivianos están movilizados detrás de estos indígenas y sólo quieren generar desestabilización.
“Nosotros consideramos que detrás de la movilización y detrás del Tipnis existen otros tipos de intereses políticos que no son precisamente luchas por los indígenas o por el Tipnis, sino básicamente tener otro tipo de objetivos políticos oscuros de adentro y de afuera del país”, aseguró la autoridad.
Con esta afirmación, Navarro coincide con la postura presentada en días previos, cuando hasta el mismo presidente, Evo Morales, cuestionó la negativa de los indígenas a dialogar sobre la carretera incluso después de haber paralizado la construcción de la misma.
Por otro lado, con relación a un paro de 48 horas llamado por la Central Obrera Boliviana (COB), Navarro insistió en que la convocatoria recibió muy poco apoyo.
“Hoy toda Bolivia está comprobando que el paro está acatado de manera parcial por sectores sólo de servicios de educación y salud (...) otros tienen una actividad completamente normal y eso más que alegrar al Gobierno, nos preocupa mucho más porque pierde autoridad y liderazgo una institución tan importante como nuestra Central Obrera Boliviana”, afirmó.
“Carretera legal”
Por su parte, este jueves el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ratificó la legalidad y transparencia del contrato para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y pidió al líder del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, no manchar la marcha indígena, ni "electoralizar" el ambiente con mentiras y falsedades sobre el proyecto.
En una rueda de prensa ofrecida en La Paz (oeste), García ratificó sus observaciones a las denuncias del jefe del MSM, que declaró un supuesto sobreprecio en el contrato y un sometimiento a países extranjeros en caso de controversias legales para la construcción de la vía.
"Este conjunto de mentiras y de falsedades que tienen que ver con apresuramientos políticos forma parte de una campaña electoral adelantada y un intento de aprovechar políticamente un tema, una marcha de compañeros de tierra bajas en beneficio electoral", sostuvo García Linera.
El segundo al mando del Ejecutivo Nacional exhortó a Del Granado a no politizar el tema, ni manchar la marcha. "Faltan todavía tres años para las elecciones generales", remarcó.
Ratificó que Del Granado cometió errores en sus acusaciones referidas a un supuesto sobreprecio en la construcción de la carretera y además puntualizó que la segunda mentira es la extensión irrisoria de 209 kilómetros lineales de puentes, porque un texto de la Contraloría señala que en 209 kilómetros de carretera hay un número de puentes, que abarcan 3 kilómetros.
"El tercer punto es el tema de los contratos, una vez que el suscrito entre la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) y OAS (constructora brasileña) define que los arbitrajes se resuelven bajo leyes bolivianas, el contrato de financiamiento externo es entre el Estado y el financiador, lo que se resuelve bajo leyes internacionales", agregó.
García Linera aseveró que las falsedades de Juan del Granado develan sus aspiraciones políticas, en base a la privatización.
"Le digo con mucho respeto a Juan del Granado que tenga más cuidado, que lea con más cuidado los contratos, no se apresure, haga asesorarse un poco mejor", indicó. A menos de dos semanas de que en Bolivia se realicen las inéditas elecciones judiciales, en Bolivia se están realizando marchas indígenas en contra de la construcción de una carretera. Para resolver el conflicto, el Gobierno paralizó el proyecto y llamó al debate nacional a fin de que el pueblo decida si la vía se concluye o no.
SUSPENDEN AL SUBJEFE DE LA POLICÍA BOLIVIANA POR LA REPRESIÓN A LOS INDÍGENAS
El subcomandante Oscar Muñoz no gozará de su sueldo mientras se investigue el violento operativo. En cambio, su superior Jorge Santiesteban continuará en el cargo
Infobae de Argentina (www.america.infobae.com/notas)
Tras comenzar el pasado 15 de agosto, la marcha indígena hacia La Paz avanzó este jueves otros 30 kilómetros, entre muestras alternas de solidaridad y hostigamiento, según la inclinación política de los pueblos por donde pasa, y se encuentra ya a 170 kilómetros de la capital.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, anunció la suspensión del jefe policial "sin goce de haberes" mientras dure una investigación en contra suyo y de otros policías, a raíz de los excesos cometidos por unos 450 uniformados contra un millar de indígenas, el 25 de septiembre, que el mismo presidente Evo Morales calificó de "imperdonables". No obstante, el ministro desmintió los rumores sobre el supuesto relevo del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban.
La feroz represión ocurrió cuando los nativos descansaban en el marco de una protesta en una propiedad privada cercana a Yucumo, 327 kilómetros al noreste de La Paz, y provocó un fuerte repudio en la población de Bolivia y la dimisión de cuatro autoridades, entre ellas la ministra de Defensa Cecilia Chacón y el ministro de Gobierno (Interior) Sacha Llorenti. El general Muñoz comandaba el contingente policial, que estaba en el lugar hace 15 días para impedir un enfrentamiento entre los indígenas y un grupo de leales al gobierno de Evo Morales que había prometido impedir su movilización.
Los indígenas se oponen a la construcción de una carretera, financiada en su mayoría por una firma brasileña, que se construirá sobre una reserva ecológica habitada por decenas de comunidades nativas, llamada Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure). El Gobierno la defiende, argumentando que beneficiará a miles de agricultores.
La ministra boliviana de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, reveló la semana pasada que existen sospechas de que la represión a indígenas fuera ordenada por jefes policiales para dañar la imagen del Gobierno. "No queremos decir que fueron los propios uniformados, sino autoridades (quienes ordenaron la represión a indígenas)", denunció.
También Morales sostuvo que "existe una mano negra para hacer quedar mal al presidente y al Gobierno. Es muy raro lo que pasó. Siento que hay algunos policías que se aprovechan de este tipo de situaciones para desacreditarnos". Además, el mandatario volvió a defender el proyecto, argumentando que sólo 180 hectáreas del Tipinis serán afectadas por deforestación.
La respuesta de la policía no se hizo esperar. A través de un comunicado, aseguró que "la intervención (de la marcha indígena) fue para evitar algún posible enfrentamiento entre civiles y la fuerza pública fue desplazada sobre Yucumo y sus alrededores por requerimiento fiscal expedido en La Paz".
La acción policial fue condenada por instituciones como Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Iglesia católica, las asociaciones de prensa y es investigada por la Fiscalía General.
Los nativos de la Amazonía prevén llegar a la sede del Gobierno la próxima semana para exigir a Morales una ley que vete de forma definitiva la construcción de la carretera financiada por Brasil.
ECUADOR Y BOLIVIA FRENTE A LA COLONIALIDAD DEL CAPITALISMO VERDE
Rebelión de España (www.rebelion.org)
En Ecuador y Bolivia, procesos desde donde hablamos y en los que militamos, enfrentamos el complejo reto de cambiar el curso de la historia entre el Norte y el Sur, que nos ha otorgado desde la colonia y el surgimiento de los Estados incompletos y fallidos, el trágico papel de exportadores de materias primas.
Extractivismo y colonialidad
Como sabemos el capitalismo funciona históricamente y de manera diferenciada tanto en lo territorial como en la configuración de relaciones sociales y en la existencia de una exterioridad, que corresponde a lo que Marx denominó una acumulación originaria del capital. Pero esto no estuvo presente solo en una primera fase de constitución del capitalismo, sino que se volvió parte de la expansión y construcción de hegemonía del mismo. El capitalismo por lo tanto coexiste tanto con ciclos de acumulación originaria y producción de exterioridad como con ciclos de acumulación ampliada. La producción de exterioridad significó para nuestros países el anclaje entre capitalismo y/o colonialidad, porque fueron nuestros territorios los que en la división internacional del trabajo constituyeron las colonias de donde se extraían recursos naturales y se transfería valor hacia el Norte. En efecto, el capitalismo construye y agudiza en forma de progreso y desarrollo, la necesidad de una exterioridad, un afuera que se refiere a la formulación de la naturaleza como esfera de explotación que se articula a la lógica de acumulación.
Los actuales procesos por los que atraviesan Ecuador y Bolivia se encuentran marcados por este sentido histórico, cuya matriz extractivista adquiere nuevos revestimientos y matices en un contexto de crisis de los países del Norte y arremetida del capitalismo para mercantilizar lo que queda del mundo de la vida y poder someterlo a los mercados especulativos.
Capitalismo verde
Este nuevo pacto ha significado el regreso a un principio ideológico del capitalismo, la creencia de que es dentro del mismo sistema que se pueden perfeccionar y reducir los costos y la coexistencia con la crisis. El producto más prolífico y perverso de este pacto es sin duda el capitalismo o economía verde que aparece como respuesta a la crisis climática, pero que constituye una nueva estrategia de acumulación y ampliación de mercados esta vez, verdes. El capitalismo verde se asienta sobre un nuevo pacto colonial, que pretende transferir la responsabilidad de la crisis climática a los países del Sur, bajo la intención de imponernos mecanismos como la Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD) y otras estrategias vinculadas con el mercado del carbono, los agrocombustibles y los organismos genéticamente modificados (OGM)1, a la par que las empresas y los países del Norte pagan ínfimas cantidades de dinero para que los países del Sur reduzcan sus emisiones, mientras ellos siguen emitiendo gases de efecto invernadero que contaminan al mundo.
No es sólo que la exterioridad colonial del capitalismo ha significado que sea con nuestros recursos y mano de obra que los países del Norte puedan crecer e industrializarse en un primer momento de acumulación originaria, sino que durante más de 500 años hemos ido actualizando esa injusta división internacional del trabajo. En el actual momento histórico y a nombre de que nuestro camino al desarrollo genera contaminación, el Norte ha decidido negarnos la posibilidad de que soberanamente podamos alcanzar lo que en 200 años de Estados incompletos jamás pudimos, justicia social. Los mecanismos del capitalismo verde niegan derechos legítimos de los sectores subalternos en el Sur, asignando un precio a los servicios del ecosistema y desarrollando mercados para estos servicios, como el agua, las tierras o el carbono de nuestros bosques y tierras comunales, así como iniciando una nueva fase de privatización de la naturaleza que relega al Estado a una función de regulador del mercado y que reduce los problemas de la degradación medioambiental a un plano de soluciones tecnológicas, creando nuevos mercados orientados a vender la tecnología de los países del Norte a nuestros países en el Sur.
La economía verde antepone el principio del negocio y del lucro por encima de cualquier consideración social. No hay más que ver las propuestas sobre agua que propone el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP por sus siglas en inglés,
“(…) además de satisfacer necesidades humanas básicas de agua potable, la inversión en el sector del agua es también un buen negocio. A nivel mundial, el mercado de la eficiencia del suministro de agua y saneamiento se estima en 253 mil millones de dólares y aumentará a 658 mil millones en 2020. La inversión estimada de 15 mil millones de dólares americanos por año para alcanzar la meta de los ODM de reducir a la mitad paria el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y saneamiento básico, podría generar beneficios económicos por un valor de 38 mil millones de dólares al año, en donde los beneficios solamente para el África subsahariana serían de 15 mil millones”2.
Otro argumento para rechazar la economía verde es que reemplaza el concepto de cooperación internacional por el de inversiones, así como el de países donantes por países inversionistas, y promueve la prevalencia de los partnerships basados en criterios de negocios por encima de la cooperación Norte y Sur. Esto tiene una implicación en los recursos para la financiación del desarrollo de los países del Sur, porque los recursos financieros para la economía verde vendrán de mecanismos financieros que movilizarán recursos del mercado de capital internacional emitiendo bonos de largo plazo que serán pagados por los países donantes en 20 o 30 años; recursos destinados ya no a la cooperación sino a inversiones inmediatas en los países en desarrollo en campos como agua “cuyas tasas de retorno son extremadamente favorables y rápidas”3.
Ecuador y Bolivia
El capitalismo verde es parte fundamental del nuevo ciclo del capitalismo, un ciclo en el que se utilizan procesos de acumulación originaria para mantener el sistema capitalista, lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión. Es la forma territorial y espacial que el sistema capitalista desarrolló para volver mercancía toda esfera de la vida, y es el mecanismo para configurar nuevos territorios, procesos de desterritorialización y reterritorialización cuyo objetivo central es la acumulación y la ganancia y no la reproducción de la vida.
En ese contexto, los procesos que se plantean la superación del neoliberalismo como transición hacia el Buen Vivir o Vivir Bien en cuanto a horizonte de descolonización alternativo al capitalismo, están marcados por un enorme reto. Ecuador y Bolivia tienen varias responsabilidades históricas para dar respuesta a este nuevo imperialismo financiero terrorista para con el Sur.
En primer lugar, en el ámbito internacional, y como miembros destacados del ALBA, deben liderar una respuesta en clave de justicia ecológica, social e histórica, ante la cita de la XVII Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Durban (Sudáfrica) del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2011. En Durban debemos ratificarnos en el Acuerdo de los Pueblos de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra de Tiquipaya.
En segundo lugar, y ya en un ámbito nacional y de políticas públicas, se deben adoptar una serie de acciones destinadas a destapar el disfraz verde del capitalismo. Medidas como el fomento de la agroecología a la vez que se destierran las subvenciones al agro negocio, prohibiendo además los organismos genéticamente modificados y los agroquímicos. Se deben impulsar asimismo otras formas de organización económica no capitalista, bajo lógicas comunales y comunitarias, y con el horizonte de la soberanía alimentaria. Todo ello enmarcado en procesos de reforma agraria, que promuevan una redistribución de tierras que beneficie al movimiento campesino y a los pueblos indígenas.
Tampoco podemos olvidarnos de Rio+20, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, a realizarse en Rio de Janeiro entre el 4 y el 6 de junio de 2012. Debemos ir a Rio con el objetivo de superar la pobreza y las desigualdades en clave de justicia social, pero también con el objetivo de restablecer el equilibrio con la Madre Tierra. El capitalismo verde será la apuesta fundamental del Norte en Rio+20, y como respuesta debe haber una articulación Sur Sur que rechace la mercantilización de la naturaleza. Es un error pretender descomponer la naturaleza en servicios ambientales sujetos a valoración monetaria e intercambio mercantil. No se debe poner precio a la función de almacenamiento de carbono que cumplen los bosques y menos promover su mercantilización como sostiene la iniciativa REDD.
En ese sentido debemos ratificar y profundizar la apuesta que hicieron Ecuador y Bolivia por una nueva arquitectura financiera, que desde la soberanía, la solidaridad y la cooperación, haga frente a la mercantilización y privatización. Se vuelve urgente y necesario consolidar un mecanismo tan útil para nuestros procesos como el Banco del Sur. Tampoco debemos olvidarnos de impulsar el Tribunal Internacional de Justicia Ecológica y Climática que persiga las violaciones a los derechos de la naturaleza.
Sabemos que el capitalismo verde nos va a llevar a un nuevo colonialismo moderno bajo la lógica de adaptación capitalista, donde se elimina la lógica de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, buscando traspasar cada vez mayor responsabilidad a los países del Sur, promoviendo la lógica de que las responsabilidades tienen que ser cada vez más comunes y menos diferenciadas. Todo esto nos lleva a pensar que el capitalismo verde es una de las nuevas estrategias que tiene este sistema para construir ideológicamente hegemonía.
Ecuador y Bolivia se encuentran inmersos en procesos constituyentes, de desarrollo legislativo de nuestras Constituciones, que marcan el horizonte del Buen Vivir o Vivir Bien como paradigma alternativo de desarrollo, y en ese sentido oponerse al capitalismo verde supone pequeños pasos, tanto en el camino de la descolonización, como de la construcción de una sociedad postcapitalista.
FRACASA PARO NACIONAL CONVOCADO POR CENTRAL OBRERA DE BOLIVIA
AVN de Venezuela (www.avn.info.ve)
El paro de 48 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) fue calificado de innecesario y sin resultados por el gobierno de ese país.
El Ministro de Trabajo de Bolivia, Daniel Santalla calificó la medida de la COB como "ilegal", por considerar que los reclamos efectuados ya han sido tratados con el gobierno.
En declaraciones a Telesur, el Viceministro de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo de Bolivia, Tiburcio Aguilar, comentó que la lectura que se le da al paro es de "sin resultados" debido a la baja tasa de acatamiento por parte de los sectores obreros del país.
Aguilar informó que solo se cumplió parcialmente en algunas zonas troncales de la Paz, en Oruro y Cochabamba, donde un grupo de trabajadores municipales y algunos pertenecientes a la red nacional de seguro social, acataron el llamado.
Sin embargo,aclaró que la actividad en el resto del país es totalmente normal y que el sector transporte no se hizo eco del paro.
El viceministro añadió que desde el Ministerio y el estado boliviano la disposición al diálogo es permanente y que "jamás" se han retirado del mismo.
Las reivindicaciones salariales que exigen desde la COB son un tema complejo y que requiere mucho tiempo de trabajo, finalizó el funcionario.
El pasado mes de abril, el gobierno y la COB conversaron sobre un acuerdo de ocho puntos, entre los que destacan la reestructuración de la Caja Nacional de Salud y el respeto al fuero sindical, sin llegar a soluciones concretas.
Desde el ejecutivo boliviano desestiman las medidas de la Central obrera por considerar que la protesta viene no de reclamos sindicales legítimos, sino que se afinca en la decisión del gobierno de Evo Morales de someter a consulta la construcción de la carretera Cochabamba - Beni, según informe de Prensa Latina.
La oposición de sectores indígenas a la construcción del segundo tramo de la mencionada vía, provocó una serie de protestas a raíz de las cuales se desató una campaña "de mentiras", de acuerdo con declaraciones del ejecutivo boliviano.
EVO MORALES CONTAGIA CON SU ENTUSIASMO A SELECCIÓN DE BOLIVIA
El País de Costa Rica (www.elpais.cr)
El presidente boliviano Evo Morales es un hombre apasionado del fútbol, y su entusiasmo de ver a Bolivia en el Mundial de 2014 en Brasil contagia al seleccionado que mañana viernes hará su debut ante Uruguay en Montevideo.
"Estamos tan cerca de Brasil que lo ideal es que juguemos en ese Mundial", comentó en varias ocasiones a corresponsales de prensa extranjera.
Morales recuerda a menudo que secretario de deportes fue su primer cargo como sindicalista de los cultivadores de la hoja de coca. "Joven pelotero me decían porque siempre tenía una pelota de fútbol", rememoró.También relató que en sus años juveniles resultó goleador de un torneo en Oruro, ciudad donde vivió después de salir del poblado de Orinoca, sudoeste de Bolivia.
"Hasta llegué a probarme en el club San José (club profesional de Oruro), y de esa época recuerdo al brasileño Santiago Modesto".
Morales después de ocupar la secretaría de deportes saltó a la presidencia de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba, organización que preside hace 25 años.
El futbolista de barrios y comunidades campesinas se hizo presidente de Bolivia al ganar en las elecciones de 2005. Morales posteriormente se convirtió en defensor mundial del fútbol en altura por el veto de FIFA a la práctica en La Paz y otras ciudades de altura.
El mandatario jugó fútbol donde pudo y los sitios más altos fueron Chacaltaya y el nevado Sajama a 6.542 metros de altitud.
El actual director técnico de Bolivia, Gustavo Quinteros, ante escaso apoyo de los clubes profesionales optó por pedir ayuda a Evo Morales, quien logró que se modifique el "fixture" del actual torneo y gestionó un avión militar para el viaje a Montevideo.
El vuelo charter permitirá que el seleccionado boliviano vuelva rápido a La Paz para enfrentar el martes a Colombia en el estadio Hernando Siles.
"Todo mi respaldo al equipo de todos. Bolivia tiene que volver a jugar en un Mundial, y eso se puede lograr ganando todos los partidos en La Paz y conseguir uno que otro punto afuera", comentó.
Su apoyo al seleccionado es permanente, varios ex jugadores suelen jugar fútbol con el mandatario en la inauguración de canchas con césped sintético.
También viajó a Argentina para ver los tres cotejos que Bolivia jugó en la Copa América, ante el anfitrión, Costa Rica y Colombia.
El mandatario es declarado seguidor del club Bolívar, de La Paz, y como orureño de nacimiento es simpatizante de San José.
Además nominó a los ex futbolistas Milton Melgar, Miguel Aguilar, Víctor Barrientos y Miguel Angel Rimba a cargo del Viceministerio de Deportes. También viajó a Sudáfrica para ver el cotejo final España-Holanda.
POR PRIMERA VEZ CITAN A INDAGATORIA AL DUEÑO DE UNA IMPORTANTE FIRMA DE INDUMENTARIA
UNA MARCA IMPUTADA POR TRABAJO ESCLAVO
El dueño de la firma Kosiuko está acusado de “reducción a la servidumbre”. Para el juez federal Julián Ercolini, habría pruebas de que la firma tercerizaba la producción de prendas en talleres clandestinos.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Por primera vez, el dueño de una importante marca de ropa prestará declaración indagatoria ante la Justicia, en una causa en la que se lo investiga por “reducción a la servidumbre” en al menos un taller textil. Se trata de Federico Bonomi, titular de la firma Kosiuko, quien fue citado por el juez federal Julián Ercolini, al igual que dos directivos de la empresa: Aníbal Terra y Marcelo Gallardo. La indagatoria será el próximo 13 de octubre y los empresarios deberán explicar qué relación tenían con el taller en cuestión y otros, donde al parecer se tercerizaba la producción de prendas para esta marca. “El pedido para que declaren fue hecho por la Cámara Federal porteña”, informó una fuente judicial a este diario. La causa comenzó en octubre de 2005 y con los años se le fueron sumando nuevas denuncias.
En un principio, las denuncias contra la empresa Kowsef SA, propietaria de la marca Kosiuko, fueron formuladas por la cooperativa La Alameda y recayeron en el juzgado de Norberto Oyarbide. El magistrado se excusó de atenderla y la derivó a su colega Jorge Urso, quien tomó la misma determinación. Finalmente el expediente, que incluía acusaciones graves como la situación de semiesclavitud y trata de personas, llegó a manos de Ercolini. En el camino, según afirmó Rodolfo Yanzón, abogado querellante, hubo amenazas de muerte contra testigos de identidad reservada.
“Es una decisión afortunada que pedimos desde un principio, cuando denunciamos las condiciones a las que se sometía a los costureros. De todas formas, va a ser difícil avanzar si no se les da una protección a las personas que se animaron a denunciar”, dijo ayer Yanzón, quien junto a La Alameda y la Defensoría del Pueblo porteño fueron sumando denuncias a esta causa. La más fuerte fue en 2009, luego de que el propio Bonomi le pidió a la ONG que hiciera un monitoreo de los talleres que le proveían ropa para detectar si había irregularidades.
En ese contexto, desde La Alameda le presentaron a Bonomi el caso de una pareja de costureros bolivianos que trabajaba en un taller que confeccionaba prendas para Kosiuko y denunciaba las condiciones de insalubridad y explotación en que trabajaban, así como un despido sin indemnización. En esa reunión, en la que también participó Marcelo Gallardo, gerente general de Kowsef SA, los costureros Oscar Mamani y Concepción Pajarita Marca demostraron, con etiquetas de la marca Kosiuko, que el taller trabajaba para la firma. Los empresarios se comprometieron a pagar una indemnización, que nunca se hizo efectiva.
Los costureros volvieron al taller a sacar sus pertenencias y con una cámara oculta lo filmaron. Ahora, ese video es parte probatoria del expediente. ¿Cómo eran las condiciones contractuales? Según los dos costureros, que durante un año trabajaron en el taller de Crisóstomo Alvarez al 3900, en el barrio de Parque Avellaneda, les pagaban entre 600 y 900 pesos al mes; el horario era de 7 a 22 y sólo podían salir los sábados, después del mediodía, y los domingos.
De la declaración de ambos surgió el procesamiento, sin prisión preventiva, de Andrea Reparaz Fiori, responsable de la firma Miyagawa SA, que sería intermediaria entre Kosiuko y una serie de talleres. La mujer declaró en 2010 que sólo pasaba por el taller a dejar “retazos que le sobraban” y fue liberada. Un año después, tras la apelación del fiscal Jorge Di Lello y del abogado Yanzón, la Cámara Federal porteña dispuso su procesamiento. El encargado del taller de Parque Avellaneda, Walter Moya, también fue citado a declarar. “Pero no apareció más, está prófugo”, comentó una fuente judicial.
Con este panorama, al que debe agregarse un allanamiento a la sede central de Kosiuko en 2009, el próximo 13 de octubre deberán declarar los tres empresarios, a quienes se acusa de un delito que prevé de tres a quince años de prisión. Según informó Yanzón, hay fotos, documentos y también material impositivo del que podrían surgir las relaciones entre el taller y la empresa textil. “Es difícil que se les aplique la prisión efectiva, pero es importante que se reconozca la responsabilidad penal a este nivel de gente en el tema textil”, comentó anoche Yanzón.
Por otra parte, según afirmó el abogado, muchos de los posibles testigos se esfumaron a lo largo de los años. Conseguir que declaren será uno de los desafíos de la querella. “Tienen miedo de quedar fuera del mercado y son desconfiados porque no se los asiste como dice la Ley de Trata”, afirmó Yanzón. En un futuro fallo, agregó, sería importante que se les den a los costureros las máquinas secuestradas en los talleres clandestinos y se les brinde el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, como ocurrió en otra sentencia judicial que apuntó a recomponer la situación laboral de los damnificados.
Pajarita Marca está en el país y sigue trabajando en el rubro textil. Su pareja volvió a Bolivia. La presencia de al menos uno de ellos será determinante, reconocieron ayer fuentes judiciales. Los tres empresarios serán indagados porque se considera, entre otras cosas, que la firma tenía la obligación de controlar la situación de trabajo de quienes eran contratados como mano de obra para confeccionar sus prendas en un taller, donde al parecer tercerizaba la producción. Como quedó claro tras las denuncias sobre trabajo semiesclavo en el ámbito rural, deslindar tareas no equivale a deslindar responsabilidades.
LÍDERES COMUNITARIOS EXIGEN SER "TOMADOS EN CUENTA" EN LATINOAMÉRICA
Agencia Efe de España (www.google.com/hostednews/epa)
Más de cien líderes de asentamientos humanos de Latinoamérica exigieron hoy a las autoridades de sus países que los tomen en cuenta en sus políticas de Estado, porque son quienes mejor conocen la realidad "de la miseria, el hambre, el frío, la falta de empleo y de oportunidades" en la región.
Representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití, México, Perú y Uruguay se reunieron en el Primer Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios (ELLC), organizado en Lima por la organización "Un techo para mi país".
"No entendemos por qué no se nos está tomando en cuenta para nada, ni se están formulando políticas directas y enfocadas en los asentamientos precarios, el acceso a la tierra, a los servicios básicos y la vivienda", denunciaron en el manifiesto final de la reunión.
Los líderes remarcaron que no buscan "mendigar", sino cumplir con su deber como ciudadanos, por lo que especificaron los deberes que se comprometen a cumplir y los derechos que exigen "para que la gente viva dignamente y pueda involucrarse".
Se comprometieron, de esa manera, "a trabajar por el bien común: con sacrifico, transparencia y vocación de servicio" y a escuchar a todos con respeto, a trabajar en equipo, resolver conflictos, rendir cuentas, mejorar su comunicación interna y externa e impulsar proyectos comunitarios mediante asambleas y espacios democráticos.
En el manifiesto también ofrecieron "caminar hacia la formalización", aprovechar los recursos y oportunidades públicas y privadas y brindar información sobre su comunidad.
Los líderes comunales dejaron en claro que para cumplir estos deberes tiene que recibir una capacitación adecuada, por lo que exigieron "espacios, oportunidades y herramientas".
"Para cambiar la realidad que vivimos, urge involucrarnos y queremos hacerlo, no podemos seguir con planes que son pensados y ejecutados sin la gente que sobrevive en esta realidad, porque perdemos dinero y tiempo, lujo que no podemos darnos", señalaron.
Al referirse a sus derechos, exigieron que se les capacite "para actuar con mayor fundamento y claridad", se les formalice como organizaciones comunitarias y se les permita acceder a la información pública.
Además, que se les incluya en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas de asistencia social y en las políticas sociales, se les otorgue un "trato decente y respetuoso" y se les brinde un acceso real y formal a la tierra, la vivienda, los servicios básicos y la protección a la integridad física y a la vida de los líderes comunitarios.
"Para concluir con esta propuesta de trabajo, queremos recalcar que la misma nace del espíritu latinoamericano, del encuentro que hemos vivido y que consideramos necesario de repetir, cada vez con más fuerza y asistencia", remarcaron.
El manifiesto fue entregado hoy por los líderes de asentamientos humanos de Perú a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, durante la ceremonia de clausura del encuentro.
El director social para Latinoamérica y el Caribe de Un techo para mi país, Maximiliano Pérez, señaló que la cita ha demostrado "una vez mas, que existe un gran potencial en las comunidades mas excluidas de América Latina".
"Esto nos hace cada vez más responsables como institución y nos reafirma que el trabajo de los jóvenes universitarios juntos a los pobladores se logra a partir del dolor que sentimos como latinoamericanos", remarcó Pérez.
El ELLC se realizó con el apoyo del Fondo Democrático de Naciones Unidas (UNDEF) y del Fondo Multilateral de Inversiones, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que promueve la inclusión social y la superación de la pobreza.
Un techo para mi país, que fue creado en Chile en 1997 y está presente en 19 países latinoamericanos, cuenta con más de 420.000 voluntarios dedicados a la construcción de viviendas de emergencia y a programas de habilitación social, que han beneficiado a más de 80.000 familias en todo el continente.
"DEMOCRACIA Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA", A DEBATE EN MADRID
Atenea Digital de España (www.ateneadigital.es)
El Grupo ATENEA participó en las Jornadas sobre la cultura de Defensa Nacional en la Sociedad española, que bajo el título Democracia y Defensa en América Latina, organizó la Asociación Ideas y Debate.
En el transcurso de la misma, Rafael Moreno, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, analizó la evolución de Colombia desde 1998 hasta nuestros días. Se centró en este país, al ser el único que actualmente tiene un conflicto activo -sólo en septiembre pasado registró casi un centenar de combates-. Consideró que ha recuperado la seguridad gracias al Plan Colombia, a la ayuda de EEUU y al reforzamiento del sistema judicial. Asimismo, destacó la alta tasa de gastos en Defensa, aproximadamente un 5% del PIB.
Por su parte, la profesora Sonia Alda hizo especial hincapié en los problemas que el narcotráfico está generando en los países. Además intervinieron, en la primera mesa redonda, Dionisio García -director de Fuerzas Militares del Mundo- y Edson Masssakuyi -Teniente Coronel de Brasil-.
Populismo, libertad de expresión e inseguridad institucional
La segunda parte de las jornadas se han dedicaron al auge de los regímenes populistas en Iberoamérica, centrándose especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador. La mesa , moderada por Francisco Aldecoa, Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, contó con la participación de Carlos Malamud, Catedrático de Historia de América de la UNED, quien repaso exhaustivamente las características de cualquier tipo de populismo destacando que no es un fenómeno propio del continente sudamericano, "aunque en éste se desarrolle de una forma compleja y más visible que en el resto del mundo". Según Malamud, detrás del populismo enarbolado por algunos dirigentes iberoamericanos, se esconden factores como "el nacionalismo, fuertes liderazgos que dejan de lado la política para centrarse en el culto a la persona, una debilidad institucional que puede desembocar en peligrosas confusiones entre gobierno y Estado, y la construcción de un relato propio consistente en la reescritura constante de la historia por parte de los líderes que los practican".
También participó en la mesa Miguel Ángel Bastenier, periodista del diario El País quien analizó las diferentes amenazas a la libertad de expresión que sufren los periodistas iberoamericanos en el continente. Centrado también en los tres países anteriormente citados, paradigma de los nuevos populismos americanos, Bastenier diferenció los impedimentos coyunturales que el régimen chavista impone en Venezuela al margen de la ley, o con leyes ad hoc, para casos específicos, de los ejemplos ecuatoriano y boliviano, dos regímenes que tratan de encontrar un sustento mucho más legal de sus ataques a la libertad de expresión de los periodista a través "del apoderamiento del poder judicial".
Por otro lado, Bastenier achacó a condicionantes físicos y políticos el bajo nivel de la prensa iberoamericana, sujeta a las grandes urbes y capitales y revestida de un excesivo clientelismo oficialista.
Por último tomó la palabra Williams Cárdenas, abogado y miembro de la Plataforma Democrática de Venezolanos quien dibujó un caótico paisaje de la vida política en Caracas, "bajo el mando de un caudillo que, además de populista, introduce nuevas características en su manera de gobernar que van un paso más allá del tradicional populismo iberoamericano". Para Cárdenas, Venezuela sufre un proceso de dominación con vocación expansiva, pues trata de influir en todos los países que rodean a la conocida como Revolución Bolivariana, con consecuencias aún impredecibles. "Chávez es el compendio o la suma de todos los ensayos populistas que ha vivido en continente sudamericano, basado en el seguimiento ciego a un líder mesiánico que ha conseguido una absurda subordinación de todos los poderes públicos a sus deseos y sumiendo al país en un caos institucional sin precedentes", señalaó. Cárdenas concluyó su intervención solicitando ayuda exterior (de la Unión Europea, concretamente) para apoyar a la oposición venezolana de cara a los comicios que tendrán lugar en su país dentro de un año. "Chávez no es solo un peligro para Venezuela, su red de amigos incluye países como Siria, la Libia de Gadafi, Irán. y organizaciones terroristas como Hamas, Hizbulá, ETA, ELN o las FARC, por lo que, sin apoyo internacional, Chávez puede convertirse en un problema de seguridad para el resto del mundo".
La clausura de las jornadas corrió a cargo del almirante Ángel Tafalla, colaborador habitual de Atenea Digital, quien, a la luz de todas las ideas aportadas a lo largo de la jornada, quiso concluir con un breve alegato a favor de los ejércitos como vertebradores de la joven democracia iberoamericana. "Hemos hablado mucho de populismo, defensa, pueblo, instituciones, inseguridad, gobernantes y bajos niveles democráticos, pero si queremos que dichos niveles se eleven y que las democracias se homogeneícen en Iberoamérica, debemos contar con el ejército, porque son los militares los garantes de los derechos fundamentales del pueblo y han de participar, como los demás, de esa regenaración democrática tan necesaria para la región", concluyó.
¿CUÁL ES LA HUELLA DEL SER HUMANO EN LA MONTAÑA?
Outdoor de España (www.outdooractual.com)
La entidad Mountain Wilderness International (MWI) ha puesto en marcha un proyecto para medir el impacto del ser humano en ambientes alpinos. Bajo el nombre de “Midiendo la huella humana en las montañas”, una expedición viajó a Bolivia, donde ascendió varias montañas y se reunió con asociaciones y agencias de montaña del país.
El objetivo de esta expedición, liderada por el presidente de la asociación, Jordi Quera, era tratar de buscar los peligros de degradación que afectan a la alta montaña y proponer una ficha universal de evaluación del impacto humano, válida para las montañas de todo el mundo.
Durante el mes de agosto, la expedición ascendió la cumbre más alta del país, el Sajama, el Huayna Potosí y el Janko Laia, tres tipos de montaña muy diferentes que sirvieron para evaluar el impacto en diferentes contextos. En el Sajama también visitaron una zona volcánica activa. También ascendieron la cima del Acotango, entre Chile y Bolívia, zona que no recibe la protección de parque nacional por la explotación activa de minas.
Pero además de la expedición a las montañas, los alpinistas de MWI se reunieron con grandes andinistas como el padre Antonio Zavatarelli, así como con representantes de la Asociación Internacional de Guías de Montaña (IMGA) de Bolivía, con guardas de refugios y con diferentes asociaciones y agencias que desarrollan actividades en la montaña.
Mountain Wilderness realizó una valoración positiva del encuentro, en el que se pusieron los primeros cimientos para crear una delegación de la organización en los Andes. En estos momentos se encuentran preparando el informe, por lo que de aquí poco podremos conocer las valoraciones del grupo de trabajo.
Sobre la asociación, MWI nació en 1987, por lo que lleva casi un cuarto de siglo desarrollando campañas de concienciación y estudios de impacto en las montañas del mundo, con el objetivo de preservar su estado original.
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