El gobierno de Barack Obama negó que haya "algo particular" con la Argentina, a
la que la Casa Blanca ignora en su agenda de viajes y de audiencias formales,
al tiempo que puso al país en la misma línea que a Venezuela, Bolivia y Cuba,
con los que le gustaría "tener relaciones más positivas".
"A nosotros nos gustaría tener relaciones más positivas
con todos los países de la región. Eso incluye a Venezuela, ciertamente incluye
a la Argentina, a Bolivia, y esperamos que en algún punto incluya a Cuba",
dijo la secretaria adjunta para la región, Roberta Jacobson. Junto con el
asesor de la Casa Blanca en materia internacional, Jake Sullivan, la
funcionaria ratificó en rueda de prensa el "interés" y el
"compromiso" del gobierno demócrata por una relación con gobiernos de
la región basada "en el respeto a los valores democráticos y los derechos
humanos".
En esa línea, Jacobson no reveló
expectativas especiales de que el cambio de ministros ocurrido en el gabinete
nacional abra "esperanzas" de un "mejor trabajo conjunto"
en áreas en las que viene clamando mayor entendimiento para abordar desafíos
regionales. "No se trata de que un cambio de ministros mejore o no las cosas.
Siempre buscamos una mayor cooperación con el gobierno argentino más allá de un
ministro u otro en particular. Esto no es cosa de individuos", dijo la
funcionaria.
En un reciente informe, el
Departamento de Estado reiteró que la cooperación en materia de defensa y de
seguridad con la Argentina disminuyó luego del llamado "incidente del
avión", ocurrido en 2011 cuando el canciller Héctor Timerman frenó, tijera
en mano, la carga de un avión militar norteamericano que había sido invitado al
país. "Por supuesto, esperamos poder cooperar con los nuevos
funcionarios", añadió Jacobson, en tácita referencia a los nuevos
responsables de Seguridad, Arturo Puricelli, y de Defensa, Agustín Rossi.
El encuentro fue ocasión para que la
Casa Blanca ratificara su rechazo a todo esfuerzo que signifique avalar las
"acciones desestabilizadoras" del gobierno de Irán. "Hemos sido
muy claros al respecto y lo seguiremos siendo", dijo Sullivan. El
funcionario tuvo esos conceptos al ser consultado sobre el informe del fiscal
Alberto Nisman sobre la participación de Irán en el atentado terrorista contra
la AMIA en nuestro país, como parte de una acción desestabilizadora regional.
Sullivan, sin embargo, no hizo mención de ese texto. En rigor, Estados Unidos
manifestó su preocupación por el informe de Nisman desde su embajada en Buenos
Aires (ver aparte).
Ante una consulta de LA NACION,
Jacobson se esforzó por dejar en claro que "no hay nada particular"
contra la Argentina para que no figure en la agenda oficial de viajes y visitas
de presidentes de la Casa Blanca. "Son un cúmulo de factores los que hacen
que se decida una visita, todos ellos vinculados con el deseo de impulsar la
relación en la región. No es un método científico. Muchas veces no se va a un
país por cuestión de tiempo", afirmó.
La presidenta Cristina Kirchner es
la única líder de un país de peso en la región que no ha visitado formalmente
la Casa Blanca y la Argentina no figura en la agenda de viajes del gobierno
demócrata. (LA NACION DE ARGENTINA)
LOS
ESTADOS UNIDOS PIDEN "RESPETO MUTUO" EN LA RELACIÓN CON LA ARGENTINA
Infobae
de Argentina (www.infobae.com/notas)
La encargada de la diplomacia entre
los Estados Unidos y los países de América Latina, Roberta Jacobson, manifestó ayer la intención de la administración
Obama de mejorar las relaciones incluso con las naciones con las que
actualmente mantiene algunas diferencias.
Para efectivizar esta mejora, la
estrategia norteamericana es coordinar durante los próximos cuatro años
distintos viajes por el continente, y avanzar con agendas basadas en "asociaciones concretas y respeto
mutuo".
Pero hasta el momento, este nuevo
enfoque de la diplomacia de Obama, no incluiría la Argentina en el corto plazo.
“Venezuela, obviamente Argentina y
Bolivia”, dijo Jacobson al ser consultada sobre los países con los
que tiene diferencias e intentará mejorarlas.
Sin embargo y a diferencia de sus
pares de la región, Cristina Kirchner
no fue invitada todavía a la Casa Blanca. Y la Argentina tampoco figura hasta
el momento en el itinerario de los numerosos viajes que los funcionarios de
Obama, incluyendo su vicepresidente Joe
Biden, están realizando a la región.
Jacobson habló ayer junto a Jacob
Sullivan, consejero para la seguridad nacional de Biden. Según indica hoy el
diario Clarín, ninguno de los dos funcionarios pudo confirmar si el
vicepresidente tiene pensado incluir a nuestro país en su próxima gira que
arrancará en septiembre.
“Todavía
no hay un anuncio oficial”, dijo Sullivan. “Las bilaterales de Kerry están
todavía siendo planeadas”,
argumentó Jacobson, según señala el matutino porteño.
Al mismo tiempo, tanto Jacobson como
Sullivan dejaron abierta la posibilidad. "No hay una regla de oro”, admitió Sullivan, quien antes
trabajó para Hillary Clinton y visitó con ella 112 países. "Eso no significa que el 113 no valía la
pena visitar", enfatizó.
Sullivan explicó que los países son
elegidos estratégicamente, “ya sea
que vemos oportunidades para profundizar nuestros lazos o para construir nuevos
caminos para progresar en la relación”.
Por otro lado, y al ser consultada
sobre la designación de los nuevos ministros de Seguridad y Defensa,
Jacobson manifestó su intención de continuar el trabajo “como lo hacían
antes” con sus antecesores.
Bolivia
pide a Unasur convocar reunión urgente
CONTROVERSIA
POR INTERÉS DE COLOMBIA EN LA OTAN
Venezuela,
Bolivia y Nicaragua dicen que intención de Colombia de ingresar a esa
organización es una amenaza para la región. Análisis.
El
Espectador de Colombia (www.elespectador.com/noticias)
El anuncio del presidente Juan Manuel
Santos, el sábado pasado, en el sentido de que el ministerio de Defensa
suscribiría este mes un acuerdo con la Organización del Tratado Atlántico Norte
(OTAN) con miras a su ingreso a esa organización de carácter militar, provocó
ayer un fuerte rechazo por parte de los presidentes de Venezuela, Bolivia y
Nicaragua.
Sin embargo, fuentes de la OTAN
indicaron ayer a la agencia EFE, desde su sede en Bruselas, que Colombia “no
cumple los criterios geográficos” para ser miembro, pero que prepara un acuerdo
que “permitiría el intercambio de información clasificada entre la Alianza y
Colombia“, y “no hay planes inmediatos para establecer una asociación formal”
entre ambas partes, dijeron.
A pesar de estas precisiones el
presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió en que la situación es una
“amenaza” para la región y pidió al secretario general de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), el venezolano Alí Rodríguez, que convoque “de
emergencia” una reunión del Consejo de Seguridad del bloque.
“Cuando internamente EE.UU. ya no
puede dominarnos a países, a Gobiernos, a pueblos antiimperialistas, ¿cómo es
posible que Colombia pida ser parte de la OTAN? ¿Para qué? Para agredir a
Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invada la OTAN como
ha invadido en Europa y África“, insistió.
Mucho más claro fue el mandatario venezolano, Daniel Ortega: “Que un país latinoamericano se quiera incorporar a la OTAN, será instrumento de una política para debilitar y tratar de destruir el proceso de unidad que vive la región”.”
Mucho más claro fue el mandatario venezolano, Daniel Ortega: “Que un país latinoamericano se quiera incorporar a la OTAN, será instrumento de una política para debilitar y tratar de destruir el proceso de unidad que vive la región”.”
La ocasión se prestó para que el
jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, pronunciara una nueva andanada de
críticas contra el gobierno colombiano, y calificara como “aberrante” ,“la
intención de Colombia de integrarse a la OTAN, al tiempo que apoyó la solicitud
de su par boliviano, Evo Morales, de reunir a los miembros de la Unasur para
evaluar las amenazas.”
Las declaraciones de Maduro frenan,
al menos por ahora, a su intención manifestada la noche del pasado viernes,
cuando aseguró que evaluaba cómo configurar las relaciones binacionales,
alteradas tras el encuentro que el líder opositor venezolano, Henrique
Capriles, sostuvo el pasado miércoles en Bogotá con el presidente Manuel
Santos.”
Ante la controversia regional
generada por el capítulo de la OTAN, una vez más el gobierno del presidente
Santos ha decidido acogerse a los canales diplomáticos, tal como lo ha hecho
frente a las críticas generadas por el tema Capriles, y se ha mostrado cauto.
Al cierre de esta edición, la cancillería colombiana no se había pronunciado,
evitando así la llamada diplomacia de micrófono para bajarle la temperatura a
esta tormenta política en la que ahora tiene como antagonistas no solo a
Venezuela, sino a Bolivia y Nicaragua.
Por ahora , la expectativa se centra
en el determinante rol que deberá jugar la canciller María Angela Holguín para
calmar los ánimos y en si en la Unasur acogerán o no la petición del presidente
de Bolivia, Evo Morales.
Cuenta de cobro a una apuesta
diplomática
Los movimientos que ha venido
realizando Colombia en el escenario político internacional, como la solicitud
de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), le pasaron
cuenta de cobro con los aliados políticos de la región, en especial con los
países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Así lo
manifiesta el profesor Enrique Serrano, experto en problemas políticos y
económicos internacionales, quien sostiene que pese a las explosivas reacciones
de algunos mandatarios de la región, se trata de movimientos audaces de la
diplomacia colombiana.
“Más allá de lo que se pueda pensar,
la apuesta de Colombia es de carácter pragmático, que no tiene que ver con
asuntos de seguridad y mucho menos de afectar a la región. Es claro que el
ingreso a cada una de estas organizaciones generaría una serie de beneficios
para el país y si bien éste en los primeros años de gobierno del presidente
Juan Manuel Santos apostó por el restablecimiento de las relaciones, es claro
que somos una especie de bisagra materia diplomática. Históricamente hemos
tenido como aliados a Estados Unidos y ahora las relaciones son sólidas con los
países del hemisferio. A ninguna de las dos se puede renunciar”, explicó Serrano.
Por encima de la reacción de los
mandatarios Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua, y Evo
Morales, de Bolivia, Serrano sostiene que la decisión de Colombia de manejar
todo a través de los canales diplomáticos es acertada y agrega que el país ha
tenido una actitud pasiva en el último siglo en materia de relaciones
internacionales, más allá del liderazgo de Brasil o Venezuela. El nuevo viraje
es algo que puede generar escaramuzas, pero obedece a una política de Estado.
Además, agregó que el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que redefinió
la frontera con Nicaragua, es un tema que obliga a dejar de lado la pasividad
habitual y explorar otras alternativas.
‘A Santos lo criticarán en bloque’:
Vicente León
En diálogo con El Espectador, Luis
Vicente León, analista político venezolano y presidente de la firma
encuestadora Datanálisis, una de las más acertadas del país vecino, dio sus
impresiones sobre este nuevo episodio de tensión diplomática:
“Creo que la gente había subestimado
los alcances de la discusión provocada por Henrique Capriles en Bogotá.
Mientras que otros países tuvieron impasses con el gobierno de Maduro, ellos
aceleraron la bajada de la tensión y omitieron los comentarios. De otra parte,
Santos, realmente, fue más enfrentador cuando le habló de la posición de su
gobierno a Maduro sobre su declaración. Esta es la misma estrategia de ‘carrito
chocón’ que Hugo Chávez usaba: Él normalmente no era quien iniciaba las peleas,
pero una vez entraba o su adversario callaba, salía del juego o contestaba y la
guerra era abierta. Ahora Maduro se va a un ataque abierto contra Santos y
cualquier cosa que éste haga será tomada como un ejemplo de la razón por la que
Venezuela lo ve como un adversario y no como un amigo. Considero que el tema de
la OTAN no es más que una excusa en ese proceso. La batalla de ellos (Maduro,
Daniel Ortega y Evo Morales) ha sido la de una América Latina unida para luchar
contra un mundo bipolar y las grandes potencias representan para ellos el
enemigo y la OTAN es el máximo representante de eso, una organización
extranjera que interviene militarmente en países. De otra parte, seguramente el
Consejo de Seguridad de Unasur será convocado. No creo que vayan a expulsar a
Colombia ni que se imponga algún tipo de castigo. Creo que simplemente será un
llamado de estos países en contra de la posición del gobierno Santos. Será una
crítica abierta y en bloque.
¿Qué es la OTAN?
La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) está compuesta por las principales potencias del mundo:
Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania y Reino Unido. Fue constituida luego
de la Segunda Guerra Mundial y tenía por objetivo proteger los países miembros
de la inminente amenaza de la Unión Soviética. La OTAN tiene un carácter político-militar
y brinda asesoría a las partes en esta materia. A lo largo de su historia ha
intervenido en conflictos como el de Irlanda del Norte, Kosovo, las Malvinas,
Camboya, Corea del Norte, entre otros. Ha sido fuertemente criticada por su
intervención en Libia. Según la Unesco, allí se ha violentado a periodistas y
medios de comunicación. Por su parte, en su momento, el ahora presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la mediación tenía fines económicos.
Bolivia,
Venezuela y Nicaragua repudiaron la cooperación entre Colombia y la alianza
Atlántica
SANTOS
ACORDÓ CON LA OTAN Y ABRIÓ LA POLÉMICA
“Amenaza”
y “puñalada” fueron los términos que usaron Morales y Ortega para describir
negativamente el acercamiento del gobierno colombiano con la OTAN. Incluso el
mandatario boliviano pidió una reunión del bloque Unasur.
Página
12 de Argentina (www.pagina12.com.ar/diario)
Bolivia, Venezuela y Nicaragua
repudiaron ayer los acuerdos de cooperación entre Colombia y la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El presidente de Bolivia, Evo Morales,
calificó como una amenaza para el continente que el gobierno del presidente
Juan Manuel Santos vaya a iniciar un proceso de acercamiento a la OTAN. Por su
parte, el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, consideró que los planes de
Colombia constituyen una puñalada al proceso de integración latinoamericana.
Morales pidió además al secretario general de la Unasur, el venezolano Alí
Rodríguez, que convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad del
bloque para analizar el anuncio hecho por Santos.
“Este mes que comienza, el mes de
junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el
Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de
cooperación, con miras también a ingresar a esa organización”, había informado
Santos el sábado. Sin embargo, la OTAN aseguró ayer que si bien está interesada
en impulsar la cooperación con Colombia, y que está trabajando para ello, el
país no cumple con los criterios geográficos para ingresar en un futuro en la
Alianza Atlántica. Según establece el Tratado de la OTAN, la adhesión está
abierta sólo a Estados del área del Atlántico Norte. A diferencia de su
antecesor, Alvaro Uribe, Santos es el primer mandatario en celebrar un acuerdo
con la Alianza Atlántica. El tema es de especial sensibilidad si se tiene en
cuenta que la seguridad regional está en la agenda de la Unasur.
En cambio, la OTAN explicó que está
preparando un acuerdo que permitiría el intercambio de información clasificada
entre la Alianza y Colombia, que sería el precursor de cualquier posible futura
cooperación con el país que los aliados desarrollen a través de la OTAN. Pero a
pesar de los impedimentos para convertirse en miembro pleno, Morales recalcó las
consecuencias que podrían tener para la región los vínculos entre la alianza
militar y Bogotá. “Quiero que sepan: es una agresión, una provocación, una
conspiración a gobiernos antiimperialistas, a Venezuela, Nicaragua, Ecuador,
Bolivia, y no lo vamos a permitir”, sostuvo. Además consideró que la OTAN es
utilizada por Estados Unidos y Europa para invadir a otros países y hacerse de
sus recursos naturales.
“Es una puñalada al corazón de los
pueblos de nuestra América, es una decisión a la que no le encontramos ni pies,
ni cabeza”, cuestionó Ortega, durante un acto celebrado en la plaza de la
Revolución en Managua, con motivo de la visita del presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, a Nicaragua. “Es inadmisible que un país como Colombia, que es
una potencia militar, busque un acercamiento con la OTAN, que es conocida por
bombardear, asesinar, destruir a otros pueblos, cuando la región se ha
esforzado por propiciar la paz”, agregó. Destacó también que ningún país en
América latina aplaudió la decisión de Santos. Nicaragua y Colombia mantienen
tensas relaciones luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolviera
el año pasado una disputa limítrofe entre ambos países, en la que reconoció el
dominio de Bogotá sobre el archipiélago de San Andrés e islas adyacentes y
adjudicó a Managua mayor soberanía en el mar Caribe.
Ortega habló sobre el tema tras
suscribir varios acuerdos de cooperación con Maduro, quien por su parte exhortó
durante su intervención a los países latinoamericanos y del Caribe a fortalecer
la unidad y a declarar al continente libre de la intervención de ejércitos
extranjeros, extrarregionales y de armas nucleares. “Hay quienes pretenden
ahora traer a los ejércitos invasores del mundo para América latina; eso
contradice la doctrina y la legalidad internacional sobre la cual se basa la
unión en el hemisferio”, advirtió Maduro. “Los promotores de esa iniciativa
pretenden enrarecer las aguas de las relaciones políticas entre los gobiernos
de la región para emprender una ofensiva feroz e imponer los modelos de
dominación que han sido rechazados durante siglos por nuestros pueblos”,
añadió, además de manifestar que está en juego la defensa estratégica de los
pueblos de América latina y el Caribe.
El ministro colombiano de Defensa,
Juan Carlos Pinzón, ahondó ayer en el asunto al señalar que su país se acercó a
la OTAN porque tiene unas fuerzas militares respetuosas del Derecho
Internacional. “Así como en otros aspectos el país está pensando en grande, en
materia de seguridad también”, señaló.
“Cuando internamente Estados Unidos
ya no puede dominarnos a países, a gobiernos, a pueblos antiimperialistas,
¿cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN? ¿Para qué? Para
agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invada la OTAN
como ha invadido en Europa y Africa”, insistió Morales.
La política de Santos es percibida
como un capítulo más en las provocaciones hacia la región, que incluye el
encuentro con el vicepresidente estadounidense Joe Biden y la reunión que
mantuvo con el líder opositor venezolano Henrique Capriles la semana pasada.
Con Biden acordó el ingreso de Estados Unidos a la Alianza del Pacífico, el
bloque político-comercial que busca hacer contrapeso al Mercosur, como miembro
observador. La visita de Capriles, por otra parte, fue entendida como un
mensaje a Maduro, en momentos en que la oposición venezolana se encuentra
realizando una campaña internacional para desprestigiar al gobierno.
Correo
de Caroni de Venezuela (www.correodelcaroni.com)
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, expresó su oposición a que Colombia pertenezca a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
“Este pedido (de Colombia) de ser
parte de OTAN es una amenaza a nuestro continente, una conspiración a gobiernos
antiimperialistas. Es una provocación a Venezuela, Nicaragua, Ecuador y
Bolivia. No lo vamos a permitir”, expresó Morales en un acto público en la
población minera de Llallagua, sudoeste de Bolivia.
“¿Cómo es posible que Colombia pida
ser parte de OTAN? ¿Para qué? Para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica,
para que nos invadan los de la OTAN, como han invadido en África en especial”,
dijo. El presidente Morales pidió una reunión de urgencia del Consejo de
Seguridad de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para analizar la
posición de Colombia para formar parte de la OTAN.
La OTAN es un organismo de carácter
militar creado después de la Segunda Guerra Mundial e integrado por casi 30
países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Países Bajos,
Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y
Portugal.
El anunciado interés de Colombia de
incorporarse a la OTAN encendió las luces de alerta en Nicaragua, donde
analistas consideran que con esa decisión Bogotá persigue recuperar el control
sobre una vasta zona marítima del Caribe adjudicada a Managua por la Corte de
La Haya.
“No podemos abrirle nuestros
territorios a ejércitos de otros continentes, sería la locura, sería traicionar
a Bolívar”, expresó el mandatario venezolano Nicolás Maduro en visita a Nicaragua
el fin de semana; agregó que Latinoamérica “debe tener proyectos de paz, tiene
que ser un territorio de unión”.
EVO
MORALES SE SUMA A POSICIÓN DE ORTEGA Y DE MADURO
El
Nuevo Diario de Nicaragua (www.elnuevodiario.com.ni/politica)
Mientras la OTAN rechazó ayer la
solicitud de Colombia de ingresar en esa alianza militar, el presidente de
Bolivia, Evo Morales, se sumó ayer a las posiciones de los mandatarios Daniel
Ortega y Nicolás Maduro, de Nicaragua y de Venezuela, respectivamente, de
considerar como una “agresión” dicha pretensión.
La OTAN declaró que está interesada
en impulsar la cooperación con Colombia y que está trabajando para ello, pero
aclaró que el país latinoamericano no cumple con los criterios geográficos para
ingresar en un futuro en la Alianza Atlántica.
Fuentes de la organización
confirmaron a Efe que la OTAN está preparando actualmente un acuerdo con el
país latinoamericano, que “permitiría el intercambio de información clasificada
entre la Alianza y Colombia”.
Ese acuerdo, explicaron, sería el
“precursor de cualquier posible futura cooperación con Colombia que los aliados
desarrollen a través de la OTAN”.
El presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, adelantó el sábado la intención de sellar ese convenio a lo
largo de este mes, y de que este sirva para iniciar un proceso de acercamiento
con miras a ingresar en la organización.
Más reacciones
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, en declaraciones que brindó este lunes, dio por sentado que Colombia
ha pedido “ser parte de la OTAN”, algo que Santos no dijo en su sorpresivo
anuncio de este sábado, y clamó contra lo que calificó como una “amenaza”, una
“provocación” y “una conspiración a gobiernos antiimperialistas” del
continente.
Morales mencionó expresamente como
los amenazados por la decisión colombiana a Bolivia, Nicaragua, Ecuador y
Venezuela, país este último con el que el Gobierno de Colombia acaba de tener
un roce importante, debido a que Santos recibió al líder opositor Henrique
Capriles, quien no reconoce a Nicolás Maduro como presidente por considerar que
hubo fraude en las pasadas elecciones.
Antes que Morales, este domingo, los
presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro,
también habían reaccionado al anuncio de Santos.
“No podemos ligarnos a proyectos de
guerra del mundo, a armas nucleares, tiene que ser un territorio libre de armas
nucleares y de paz”, dijo Maduro en una aparente referencia al anuncio de
Santos.
Mientras tanto, el canciller de
Ecuador, Ricardo Patiño, evitó valorar el anuncio del presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, de un “acercamiento” a la Organización del Tratado
Atlántico Norte (OTAN), con miras a un posible ingreso en ese organismo, pero
afirmó que su país está preocupado.
“Nosotros estamos preocupados por
esas declaraciones, pero las declaraciones finales de nuestro país y de
nuestros países serán dadas en los próximos días”, indicó Patiño en rueda de
prensa junto al ministro de Comercio venezolano, Alejandro Fleming, tras una
reunión bilateral en Caracas transmitida por el canal estatal VTV.
Desde Washington, Estados Unidos
expresó hoy su apoyo al anuncio del presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
y lo consideró un reflejo de la “capacidad” de las Fuerzas Armadas colombianas.
“Nuestro objetivo es, ciertamente,
apoyar a Colombia como miembro capaz y fuerte de muchas organizaciones
multilaterales, y eso puede incluir a la OTAN”, dijo la secretaria de Estado
adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, en conferencia de
prensa.
PRESOS
POLÍTICOS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
La
Prensa de Nicaragua (www.laprensa.com.ni)
La comparecencia del actor Sean Penn
ante el Subcomité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos pidiendo que su gobierno intervenga ante el de Bolivia para
la liberación del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, proponiendo
incluso que el rail Dakar no pase por Bolivia, evidencia la existencia de
presos políticos por decisiones judiciales en los países del socialismo del
siglo XXI.
Sean Penn actor en la película Dead
Man Walking, que ganó un Oscar, es un activista notorio en América Latina
por su amistad con los dictadores Castro y con el fallecido Hugo Chávez, a
través del que hizo amistad con Evo Morales. Evo declaró a Penn “embajador de
buena voluntad de la causa marítima boliviana y por la despenalización de la
coca”.
Penn fue a Bolivia tres veces el año
2012 para pedir a Evo Morales la liberación de Ostreicher, encarcelado 18
meses. Las gestiones permitieron que el juez cambiara la detención por arresto
domiciliario y dieron lugar a un escándalo público derivado en una
investigación que evidenció la red oficial de extorsión que involucra a altos
funcionarios del Gobierno, fiscales y policías, algunos de ellos detenidos
mientras el Gobierno enfría el caso para evitar que llegue al propio Morales.
Constatada que la detención de
Jacobo Ostreicher es una decisión política de Evo y muerto Hugo Chávez, al
parecer Penn no tuvo más opción que reclamar y pedir ayuda a su propio
Congreso, lo que provocó la furia de su amigo el líder cocalero boliviano,
enojo justificado porque expone a los ojos del mundo el caso del preso político
estadounidense en Bolivia.
El tema es que en los países del
socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, (Argentina ha
emprendido el mismo camino), la justicia como instrumento de represión y
persecución política, manipulada desde el gobierno tiene muchas más víctimas.
La lista de presos políticos en Cuba seguramente ocuparía todas las páginas del
diario, siendo notable la del estadounidense Alan Gross ya sentenciado.
En Venezuela presos políticos como
el general Raúl Baduel, el mayor Milton Revilla, los policías Ivan Simonovis y
Lázaro Forero, la juez Afiuni, el empresario Víctor García, decenas de
estudiantes universitarios, el documentalista estadounidense Timothy Tracy,
entre muchos otros.
En Bolivia son presos políticos a
demanda de Evo Morales, los generales Roberto Claros, Juan Veliz, Luis Aranda,
Gonzalo Rocabado y otros que en 2003 cumplieron sus obligaciones
constitucionales, el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, las víctimas de
la masacre de La Calancha, los cívicos acusados en el caso de terrorismo cuyo
montaje gubernamental está demostrado, Juan C. Velarde, Hugo Paz, general Gary
Prado y decenas más, el exministro y senador Guillermo Fortún que murió preso,
los funcionarios de la empresa aérea liquidada por el Gobierno y muchos más
acusados de delitos fraguados por el Gobierno para anularlos como líderes y/o
apropiarse de su patrimonio.
En Ecuador los jueces, a demanda de
Rafael Correa, han condenado a 18 meses de prisión al asambleísta Clever
Jiménez, a Carlos Figueroa y al periodista Fernando Villavicencio por
difamación, acusada de terrorismo la dirigente Mery Zamora ha sido condenada a
12 años de prisión, por haber organizado una marcha de dirigentes y
estudiantes.
Estos casos deben llamar la atención
de las democracias del mundo para recordarles que hay presos políticos en los
países del socialismo del siglo XXI y que, además de abogar por su liberación,
no le sigan llamando a eso democracia. El autor es abogado y politólogo. Fue
ministro y parlamentario en Bolivia.
CHILE
PROPONE A BOLIVIA AVANZAR RELACIONES BILATERALES PESE A DEMANDA
Spanish
People de China (www.spanish.people.com.cn)
Chile propondrá a Bolivia establecer
una relación de "cuerdas separadas", lo cual significa avanzar en
todos los campos posibles de las relaciones bilaterales en lo que dura el
proceso tras la demanda que presentó ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya. Se trata del tipo de relaciones que ha practicado con Perú
desde 2008, cuando esa nación presentó su reclamo marítimo en la CIJ, anunció
hoy el ministro chileno de Defensa, Rodrigo Hinzpeter.
Desde Washington, donde acompaña al
presidente chileno Sebastián Piñera en su visita oficial a Estados Unidos,
Hinzpeter dijo que Chile quiere seguir avanzando, no obstante la demanda de
Bolivia de sentarse a negociar una salida soberana al mar.
Bolivia perdió parte de su
territorio y una salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1883), donde
Chile venció a la alianza peruano-boliviana.
El ministro chileno señaló que la
idea es proponer a Bolivia mantener la relación bilateral por "cuerdas
separadas", dejar el litigio en la CIJ por otro lado, con el fin de
fortalecer el desarrollo conjunto de ambos países. "Queremos con Bolivia
seguir avanzando, no obstante esta demanda. Esta demanda no tiene fundamento y
no fue el camino más correcto, pero ellos están en su derecho de plantearla.
Ojalá los pueblos y los gobiernos puedan seguir integrándose paralelamente pese
a que exista este conflicto", precisó. Respecto a la decisión de La Paz de
intensificar su ofensiva contra Santiago en todos los foros internacionales con
duros mensajes contra Piñera, Hinzpeter destacó la importancia de aplicar el
principio de que aquellos aspectos relacionados con los conflictos con otro
país no deben utilizarse para la política nacional.
INCAUTAN
MILLONARIO CONTRABANDO DE REPUESTOS DE VEHÍCULO DESDE UN CAMIÓN BOLIVIANO EN
ARICA
Aproximadamente
1 millón de pesos en válvulas y pistones tenían como destino la ciudad de Santa
Cruz. La mercancía que fue remitida al Servicio de Aduanas de Arica.
El
Morrocotudo de Chile (www.elmorrocotudo.cl)
Un camión de transporte
internacional de la empresa de carga “Challapa” conducido por un ciudadano
boliviano, fue descubierto por Carabineros de la Tenencia Chungará, con un
contrabando de repuestos para vehículos, especies que traía ocultas en los
compartimentos de la rampla de la máquina, donde tras una exhaustiva revisión,
personal policial descubrió 4 cajas de cartón color café donde venían ocultas
las piezas.
La mercancía avaluada en
aproximadamente un millón de pesos, habían sido adquiridas en la ciudad de
Iquique y tenían como destino la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, sin poseer el
conductor, facturas que le permitieran internarlas al vecino país, razón por la
cual, se procedió a su inmediata detención.
En el lugar, Carabineros incautó un
total de 40 cajas de juegos de válvulas para vehículos con 04 pistones en su
interior y 24 cajas con juegos de anillos, marca Izumi, mercancía que fue
remitida al Servicio de Aduanas de Arica.
PETRÓLEO
COMO EN EL ORIENTE
ABC
de España (www.abc.com.py/edicion-impresa)
El presidente Federico Franco
manifestó ayer a la mañana que en la zona del Chaco paraguayo, específicamente
en San Alfredo (frontera con Bolivia), hay tanta cantidad de petróleo similar a
lo que existe en Medio Oriente. “Yo ya no quiero decir porque me toman del
pelo”, expresó durante su visita a radio Chaco Boreal 1330 AM.
En Paraguay “siempre hubo petróleo,
pero en épocas anteriores” no se pudo explotar porque la gente “quería tocar
(coima)”. Indicó que desde que asumió el cargo el 22 de junio de 2012 la
situación es diferente y se brindan las facilidades legales y técnicas para la
explotación.
Agregó que con la cantidad de
petróleo que se encontrará desde el 1 de marzo de 2014, EE.UU. ya no necesitará
de Medio Oriente o de Venezuela porque –según dijo– la cantidad que se hallará
será importante. Dijo que el Chaco necesita una mejor inversión en vías de
comunicación.
COLÓN
EN SU LUGAR Y AZURDUY EN PALERMO
Página
12 de Argentina (www.pagina12.com.ar/diario)
Conocida este fin de semana la
declaración del Dr. Oscar Parrilli acerca del traslado del monumento a
Cristóbal Colón a Mar del Plata, hay que celebrar que quienes nos oponíamos
ahora contamos con información oficial.
Esto permite mejorar el nivel del
debate acerca de esta decisión que, con oportunismo total, el macrismo porteño
se apresuró a condenar después de que hicieron silencio durante meses. Es
evidente que sólo vieron en el monumento a Colón una nueva oportunidad de hacer
antikirchnerismo barato. Claro que a eso contribuyó el propio gobierno nacional
–todo hay que decirlo–, al regalarles al alegre equipo municipal y a los medios
hegemónicos un traje a medida.
Como sea, la reiterada decisión de
trasladar el monumento sigue siendo, en mi opinión, un error. Las razones ahora
expuestas son débiles e inconsistentes para insistir en semejante movimiento y
gasto.
En primer lugar, porque la cuestión
de la competencia en “el cuidado, mantenimiento y custodia de toda la Plaza
Colón” no es lo que está en juego. Lo que se reclama es que no se traslade el
monumento a Mar del Plata, ni a ningún otro lado. Eso, y no otra cosa, es lo
que hay que debatir. Y si no es demasiado pedir, con grandeza.
Es intrascendente que el monumento a
Colón haya sido, o no, declarado Monumento Histórico Nacional. Como también lo
es la sanción de una ley declarándolo “bien integrante del patrimonio histórico
y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, hace apenas unos días...
Tampoco hacen al caso las “dos violentas agresiones sufridas por el monumento a
Colón a lo largo de su historia”, como destaca la nota del Dr. Parrilli. Ni
tampoco si la gestión macrista aceptó ceder en 2007 “el cuidado, mantenimiento
y custodia de toda la Plaza Colón, incluido su monumento, por razones relativas
a la seguridad de la Casa Rosada”.
Nada de eso hace a la esencia de la
cuestión. Lo que se pide es que se deje el monumento en su lugar, y se lo
repare si está dañado. Eso, y no una disputa político-jurídica más. Quienes
reivindicamos la permanencia del monumento en su sitio original no nos
interesamos por la disputa judicial entre dos administraciones, ni por un nuevo
carnaval de cautelares. Noso-tros simplemente queremos que por respeto a la
Historia, la estética y el cuidado de los monumentos públicos en los sitios
donde originalmente se los instaló, el de Colón continúe donde fue colocado
hace un siglo. Y si en efecto está dañado, queremos que se lo repare.
Y el mismo reclamo vale para todas
las estatuas, esculturas, conjuntos artísticos arquitectónicos y demás
ornamentos urbanos. En todo el territorio nacional.
Por eso sí importa la información
respecto del “grave nivel de deterioro que registraba el monumento a Colón” ya
en 2008, así como “el riesgo estructural” y “la necesidad de su desmontaje a
los efectos de su preservación patrimonial”. Lo cual no aconseja traslado alguno
sino que habla de la urgencia de una refacción integral para la mejor
conservación del monumento. Lo que puede y debería hacerse en el sitio en que
está emplazado.
También hay que subrayar la
debilidad argumental del “pedido de la comunidad italiana de Mar del Plata”,
que se contrapone a decenas de pronunciamientos de asociaciones italianas, y de
la prensa de toda Italia (que se recomienda leer a los responsables de la idea
del traslado).
Y finalmente, respecto de la
donación por el Estado Plurinacional de Bolivia de una escultura de la Generala
del Ejército Argentino Doña Juana Azurduy, reitero lo escrito en este diario el
pasado 20 de abril, y que acaso la Sra. Presidenta y el Dr. Parrilli han leído:
el mejor honor a Azurduy sería erigir ese monumento en el Campo de Polo de
Palermo, que es propiedad del Estado argentino y funciona bajo control del
Ejército.
La Historia de una Nación no es
propiedad de un único conglomerado humano, y sobre todo no se cambia de un día
para otro, ni es bueno que lo haga un solo gobierno, por más legitimidad que
tenga. El debate histórico siempre es necesario y lleva mucho tiempo, y es
bueno que así sea. Es un don magnífico de la democracia.
Por eso es absurdo convertir este
debate, necesario y republicanamente saludable, en una cuestión “K o anti K”.
Como sería absurdo, en mi opinión, el empecinamiento en no dar marcha atrás
cuando se ha tomado una decisión errada. Si una virtud tuvo Colón en vida fue
ser un tano tozudo. Sólo así pudo emprender su alucinada travesía. Pero no por
eso la tozudez es un valor político. Todo lo contrario.
Aunque el traslado parece ya
irreversible, quiero creer que en el gobierno nacional alguien entenderá,
todavía, que es más conveniente, sensato, razonable y respetuoso de la Historia
y de la cultura inmigratoria de nuestro país, dejar al gran navegante genovés
en su emplazamiento original, restaurado y embellecido. Y colocar a la Generala
Azurduy en el sitial de honor de un hermoso predio del Ejército Argentino.
Ojalá en los oídos del poder no impere la sordera.
LAS
PARTICULARIDADES DE LA LUCHA DE CLASES EN LA BOLIVIA REAL
Rebelión
de España (www.rebelion.org/noticia)
Sobre el nuevo Estado boliviano que
no tiene nada de plurinacional, muy poco de nacional y mucho de transnacional,
el Gobierno ha logrado escindir aun mas al país, no solo al dividir a los
sectores populares sino al confrontarlos en aras del nuevo proceso electoral y
defender a las grandes empresas. Ante el crecimiento del movimiento por mejores
pensiones en un exabrupto de Evo y algunos funcionarios convocaron a debelar el
“intento golpista” desatando la polarización y antagonización entre sectores
populares. El día 20 de mayo el Vicepresidente, en manifestación de apoyo de
campesinos y cocaleros cochabambinos, acuso a la dirigencia de la COB de
trotskistas, egoístas, antidemocráticos y golpistas, por lo que había que
derrocarlos y refundar la COB. Algo que no se hizo ni siquiera en los tiempos
del cerco a Santa Cruz frente a la derecha que en ese entonces controlaba gran
parte del país. En ese entonces, mas bien llamaba a la conciliación. Sin
embargo, no debe sorprendernos, no es la primera vez, ya lo hizo antes, el
discurso de “golpe de Estado y la conspiración contra el Gobierno” ya fue
utilizada –no tantas como el complot de USAID- por ejemplo, en la violenta
represión policial en Caranavi en mayo del año 2010, donde dos pobladores
murieron por impactos de bala, en la octava y novena marcha en defensa del
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que derivó en
represiones policiales a los indígenas en Chaparina. Y por último, en el motín
policial de junio de 2012, el cual “concluyó con castigos para quienes
condujeron la revuelta policial”. La política gubernamental ha dejado a un lado
los puntales básicos de lo que pudo ser un proceso de cambio para priorizar la
cultura del enfrentamiento, de la violencia y la división.
Se asemeja cada vez mas al MNR
tradicional, caudillista, prebendalista, patrimonialista (cuya característica
esencial es que terminan transformando a los Estados en propiedad privada de
quienes poseen los recursos de dominación política), bonapartista [1] y
represivo, que con ese llamado a sus bases de apoyo del escuálido e insepulto
CONALCAM a enfrentar a los huelguistas frente a la justa lucha de los
trabajadores por mejores salarios y pensiones, una rebelión mas contra las
políticas neoliberales. El Ministro de la Presidencia, y después Evo Morales
–que ya no podía alejarse del conflicto- lo atribuyen a un presunto intento de
la COB de derrocar al presidente Morales, que como en todo conflicto se
encontraba en las islas Fiji, esperando el acuerdo congresal de su segunda
reelección.
La reforma de pensiones que propone
el Gobierno, tercera en los últimos 20 años, no satisface a los trabajadores,
como lo están demostrando en la ocupación y bloqueo de calles y carreteras del
país, en una convulsión que no se veía en años, desde el levantamiento cívico
del 2008 y ha tomado por sorpresa a todos. El país estaba entrando un conflicto
cuya dinámica fue creciendo día a día. Comenzaron los trabajadores de la COB y
luego se unieron los maestros, trabajadores de salud, universidades. Esta lucha
es una de las mas intensas y prolongadas de los últimos años y lo están
haciendo por que e n el proyecto del Gobierno el subsidio al capital reemplaza
el subsidio al trabajo. El Gobierno retrocede en la protección del derecho a la
pensión. Presionado por el chantaje de los banqueros y empresarios nacionales y
extranjeros, enarbola la equidad y la justicia para seguir desmontando lo poco
que queda del Estado social de derechos. Nunca fue un país de leyes y sigue
igual.
El Gobierno convocó a los
“beneficiarios” populares del proceso: campesinos y bartolinas, a pobladores de
municipios rurales, a cocaleros y sectores de gremiales y transportistas,
cooperativistas y segmentos de bonistas, a enfrentar a los trabajadores y a
pobladores que los apoyan: obreros fabriles, mineros, maestros y estudiantes,
trabajadores de la salud, hasta los policías de a pie. En Potosí los campesinos
enfrentaron a los maestros dejando un muerto y heridos.
En medio de estas luchas los
estrategas gubernamentales decidieron imponer una ilegal reelección y se
pretendió dejar en la penumbra el tema de las extorsiones que lo viene
deslegitimando aceleradamente. Basados en la experiencia y en la desconfianza
frente al Gobierno, algunos analistas consideran que este no resuelve las
demandas para conseguir otros objetivos mas importantes. En este caso lograr la
reelección y frenar la deslegitimación. En el razonamiento electoralista
gubernamental hay un desprecio por las minorías que se van convirtiendo en
mayorías, pues los trabajadores asalariados no son mas del 20%. Según el
Gobierno, hay 1.514.523 millones de asegurados a las dos AFP (Futuro de Bolivia
y Previsión, que dicho sea de paso siguen administrando el fondo con utilidades
de 169 millones de dólares el 2012). L a misma lógica con la que actuaron
frente a los indígenas del TIPNIS, que se calcula en un máximo de 15% pero que
agrupa a mas de 30 diversas comunidades étnicas que supuestamente son parte del
Estado Plurinacional. Matemáticamente, algunos calculan que menos del 40%
aprueban las políticas del Gobierno de Evo Morales.
Es una guerra contra la
naturalización del neoliberalismo y del colonialismo laboral. La lucha por las
pensiones se da en un contexto donde el 40% de los hogares hay un solo ingreso
y que el salario mínimo en 2012 significaba, según el CEDLA, el 52% del costo
de una canasta básica alimentaria, entonces hay situaciones de pobreza extrema,
porque “con este ingreso ni siquiera podrían comprar los alimentos que demanda
su reproducción”. La mitad de todos los trabajadores está recibiendo el 18% de
toda la masa de los ingresos, es decir, que por lo menos la mitad de los trabajadores,
asalariados o no asalariados, está en condiciones de ingresos tan bajos que ni
siquiera puede responder a las exigencias de alimentación que demanda la
reproducción fisiológica de ellos y sus familias”.
Y es que, la sociedad boliviana
actual se agrupa en torno a intereses privados empresariales y grupales, y la
defensa del derecho público y de los intereses populares se califica como un
acto golpista auspiciado por la derecha. En realidad son los empresarios,
quienes están con este gobierno, que les asegura bajos salarios, precariedad,
no aportar a las pensiones mas del 3% y además los subsidia y garantiza
financiamiento. También están los militares que son el único sector que percibe
una pensión del 100% y que han declarado que debelaran cualquier intento
golpista. Para ellos, como siempre, toda movilización colectiva, tiene un tufo
de perturbación del orden público, vandalismo, complot o desencadenamiento de
resentimientos.
Pero, ¿por que la lucha? Los
trabajadores luchan por acabar con la gran brecha entre sus salarios actuales y
las bajas rentas de vejez que percibirán cuando se jubilen. Los mas radicales
pretenden imponer al gobierno y la patronal una ley de seguridad social y
universal para todos los bolivianos que sea financiada por los empleadores, los
empresarios y el Estado. En el caso de los maestros, evocan el sistema de
reparto que les permitía alcanzar el 100% de su total ganado con 25 años de
aporte y cuando sólo necesitaban 15 años para obtener el 70%. Los mineros
exigen al menos el 70% de sus totales ganados en los últimos 24 meses. La
demanda laboral se centra en que el Fondo Solidario (FS) beneficie a más
sectores, lo cual implica incluir a quienes ganan más de 4.500 bolivianos, si
no son mineros, y 5.700, en el caso de los mineros. Sin embargo, el FS, que
tiene una estructura rígida, está diseñado para durar entre 35 a 40 años, pero
se estima que la inclusión de más beneficiarios podría acortar su vida a la
mitad o menos.
Los trabajadores no aceptan una ley
de pensiones donde el financiamiento de la pensión solidaria recae en la masa
laboral. El aporte patronal forma parte del salario diferido de los obreros y
el Estado no pone nada. E l trabajador financia el 97% de su futura renta con
un salario miserable, mientras que la patronal aporta solo 3% y el Estado no
aporta. La actual ley de pensiones 065, tan neoliberal como la anterior, fue
una imposición del gobierno a la clase obrera boliviana gracias a la
colaboración que prestó la burocracia de la COB al aceptar el juego
desmovilizador que propuso el gobierno a través de las mesas de diálogo y
conciliación. De hecho, la aprobación de la ley fue con la anuencia de esta
dirigencia que es parte de una clase obrera dividida. Esta claro que ni esta
clase social ni la COB son las de antes, cuando todos los trabajadores estaban
homogenizados por la miseria y la crisis de los precios de los minerales
determinaban el cierre de minas y relocalizaciones. Hoy, es cierto que ha
aparecido coyunturalmente una capa de “privilegiados” petroleros y mineros
(sectores estratégicos) que se han escindido del resto. Los fabriles continúan
aterrorizados por la vigorosa flexibilidad laboral y los trabajadores estatales
por un Estado cada vez mas represivo. Los trabajadores informales son la
mayoría, donde los de la construcción viven un periodo de auge ocupacional. El
Gobierno, ni la mayoría de los trabajadores, esperaban una convocatoria a esta
lucha que fue creciendo y su dinámica adquirió su propio ritmo.
Los funcionarios y analistas del
Gobierno como el propio García Linera y otros como Canelas o Tejada ocultan que
la división de los mineros y la aparición de “privilegiados” fue obra del
Gobierno. Este maquiavélicamente entrego minas a los cooperativistas ( cuyos
socios pueden acceder -en calidad de trabajadores- a pensiones solidarias con
recursos del FS al que no contribuyen como accionistas de empresas tan
rentables como Huanuni) y Huanuni a los trabajadores con quienes concordó una
escala salarial que hoy por los altos precios de los metales benefició a un sector
por su productividad y ahora los acusan de ganar mucho y constituir una
“aristocracia”. Que los trabajadores mineros gocen hoy de salarios altos se
debe a la forma en que se fija su salario y que fue alentada por los diferentes
gobiernos capitalistas, incluido el actual: el pago a destajo. Forma de pago
hace depender la magnitud del salario del precio y el volumen del producto,
quedando al arbitrio del mercado. [2] Entonces, el que su salario se haya
incrementado extraordinariamente en los últimos años no es fruto de
manipulación, sino de las circunstancias ajena a su voluntad. Como vemos, la
solución de los conflictos mineros se hizo favoreciendo a unos y
desfavoreciendo a otros, los cooperativistas por ahora están con el Gobierno y
también en esta coyuntura los asalariados están en contra. Y eso es lo que
molesta a los estrategas gubernamentales, que algunos de los beneficiados
encabecen las luchas.
Pero hay mas, si COMIBOL es una
empresa estatal, ¿por que el Gobierno no cumplía con la obligación legal de
aprobar la escala salarial o remuneración contractual en una empresa pública,
en la que supuestamente no podían rebasar el salario presidencial de 2 mil
dólares?. Alejandro Almaraz encuentra la respuesta en algo que nunca se dijo:
Huanuni tiene un régimen cooperativo lo que jurídicamente es grave. “En efecto,
si el Gobierno habría nacionalizado Huanuni con tanto alarde, para entregarla
“en los hechos” a la discrecionalidad privada con la que se dispone del
patrimonio cooperativo, habría violado la montaña de disposiciones
constitucionales y legales relativas a la pertenencia patrimonial de la mina a
Comibol y a las múltiples y detalladas responsabilidades del Órgano Ejecutivo
central en la buena administración del patrimonio público expresado en ambas
empresas” [3] .
La pregunta obligada que se hacen
los analistas críticos es, si la minería y los hidrocarburos son tan rentables
¿por qué no se nacionalizan las empresas transnacionales que controlan los
sectores estratégicos del país, por ejemplo, Petrobras y la japonesa Minera San
Cristóbal (MSC)? MSC, la mayor beneficiaria de la minería del país, exportó
entre 2010 y 2012 US$ 541 millones como utilidades netas a su casa matriz
Sumitomo. O, ¿por qué no se controla el gran negocio legal e ilegal del oro en
la Amazonía del país, parte del cual está en manos de las cooperativas mineras
aliadas del Gobierno?
La sumisión de la COB al MAS, en un
sexenio, le hizo perder la independencia y rumbo que la llevó a convertirse en
un simple apéndice sindical del Gobierno que, con un discurso indianista y
plurinacional, se encargó, en la práctica, de reproducir las viejas formas de
hacer política y de engrosar, remozar y reproducir a la clase dominante.
Cientos de mineros de Huanuni protestaron en La Paz, para exigir al Gobierno la
reforma del sistema de pensiones. La decisión de los 4.700 trabajadores de esa
mina de sumarse a la huelga convocada por la COB, convirtió al paro general en
una verdadera amenaza para el Gobierno. A partir de ese momento, desde el
presidente Evo Morales hasta el ministro de Minería, Mario Virreira, pasando
por diputados y senadores del MAS, lanzaron críticas a los huelguistas de
Huanuni. Denunciaron los altos salarios que perciben los trabajadores de
Huanuni, olvidando adrede que se trata de esquemas y niveles salariales que el
propio Gobierno puso en práctica desde 2006, después de la masacre que acabó
con la vida de 18 trabajadores. Morales llegó a decir que esta protesta lo
desalienta para seguir haciendo nacionalizaciones de empresas privadas, porque
él esperaba que los trabajadores se propusieran “mantener alta la tasa de
productividad de la mina”. También hay que recordar a los “analistas” que la
nacionalización del centro minero de Huanuni se hizo en 1952 y que la expulsión
de la trasnacional Allied Deals o RBG fue producto de las luchas
antineoliberales de los trabajadores y el pueblo de Oruro el 2002 para pasar a
la administración de COMIBOL, recuperando además la capacidad de hacer minería
en toda la cadena. Este Gobierno no hizo ninguna nacionalización en minería, ni
en ningún sector. En Colquiri fue una negociación con las trasnacionales para
que los cooperativistas trabajando a destajo les entreguen sus cargas de
mineral. Lo único que hizo el ejecutivo el 31 de octubre de 2006 fue integrar a
4000 cooperativistas como trabajadores, una medida forzada por las
circunstancias y no una decisión planificada por el Gobierno y que este jamás
le prestó el mínimo apoyo económico a operar en toda la cadena su propia
empresa. Para ir los efectos de esa crisis política, el Gobierno elevó la
planilla de trabajadores de Huanuni de 700 a 4.700. De esa manera complació a
los 4.000 cooperativistas que se habían propuesto apoderarse de la mina,
provocando el sangriento enfrentamiento. Oficialmente, aun no se ha
identificado a los responsables de las muertes. Elevar la planilla de
trabajadores en siete veces de la noche a la mañana fue una decisión para
reducir los salarios y sin embargo, con estos esquemas salariales aparentemente
irracionales aun hay quienes ganan mucho y así y todo aportan al Estado. [4] En
realidad, aunque el salario básico es 450 dólares, entre enero y marzo de 2013
solo el 0.13% gano mas de 4 mil dólares y el 6% mas de 3 mil. El 69% percibió
entre 750 dólares y 1,500. Acaso no se merece esto y mas una población que
trabaja en condiciones infrahumanas con 20% de enfermos de silicosis, 1868
accidentes laborales entre 2009 y 2012, que en marzo de 2013 tuvieron 255
accidentes de trabajo y que desde el 2088 ya tuvieron 48 muertos con un promedio
de 49 años por silicosis y enfermedades respiratorias. Solo los funcionarios de
trasnacionales socias como Petrobras, pueden ganar entre 10 y 25 mil dólares
pagados por el Estado boliviano. Para pagar estos salarios obviamente es una
empresa con excedentes tan buenos que aparte de los impuestos, otro monto
millonario es apropiado por el Estado. En este cuadro cerca de 600 trabajadores
son mayores de 60 años y no tiene clara su jubilación. El Gobierno con total
deshonestidad miente cuando dice que el presupuesto y los impuestos los pone el
Estado, pues en verdad lo hace con los recursos de Huanuni y le aun le adeuda
millones de dólares. [5]
Pero volvamos a las pensiones. La
historia de las pensiones aclara el fondo de la cuestión. Primero fue de reparto
simple, luego de capitalización o cuenta individual y finalmente de carácter
mixto o híbrido. La actual ley 065 sigue bajo la modalidad que impuso el
neoliberalismo es la de capitalización individual, un sistema de ahorro de cada
trabajador que debe sacrificar un mínimo 30 años para auto-financiar una renta
miserable (el 70 % de su salario en el mejor de los casos). Pero lo más grave
es para la generación intermedia, que en su momento aportó para el sistema
anterior de reparto y que ahora tributa para el nuevo sistema, porque el
cálculo matemático que ahora se realiza es sobre la base de 25 años, lo cual
hace que muchos trabajadores que terminan con un salario promedio de 3.000 bs
obtengan una renta de 1.000 o incluso menos. Según Bruno Rojas Callejas, investigador
del Cedla, el financiamiento de la pensión solidaria recae exclusivamente en
los trabajadores: 20% de primas de riesgo común, y riesgo profesional con
carácter mensual, son recursos de los trabajadores; 0,5% de aporte mensual
obligatorio de todos los trabajadores dependientes asegurados al sistema; 3% de
aporte patronal sobre el total ganado de sus trabajadores. Los mineros lograron
un aporte de 3% adicional por parte de los empleadores. Otros aportes son 1, 5
y 10% de la diferencia de ingresos de trabajadores y personas naturales que
ganen más de 20 salarios mínimos y otras fuentes establecidas sin comprometer
recursos del Tesoro. Uno de los problemas principales que observa el experto es
la baja rentabilidad que impacta en un mayor tiempo de aporte. Históricamente
los recursos del Fondo Individual manejados por las AFP tenían una rentabilidad
que llego al 15%, hasta que el actual Gobierno les ordenó que debían invertir
esos recursos en bonos del Estado o en empresas estatales, casi todas ellas mal
manejadas. El rendimiento e n los últimos dos años disminuyó a 7,32% y según un
último reporte bajó a un 5,23%. Pero además, l os trabajadores consideran
injusto que el Gobierno conceda jubilaciones con el 100% del salario a los
militares y quiera que los demás sectores se resignen a recibir un 30%. En el
caso de los militares, los aportes que ellos hicieron cuando percibían sus
salarios equivalen a un 67% de la jubilación que van a recibir: el resto lo
pone el TGN.
El Gobierno argumenta que es siendo
el principal empleador ya esta aportando y que los bonos son una forma de
redistribución. En el frente de las pensiones, el Gobierno también incumplió
sus promesas e hizo malos pronósticos. El presidente Morales en este aspecto
también propició las demandas que parecen excesivas, prometió en su campaña
para su primera reelección que iba a bajar la edad de jubilación a 54 años. Y
también erró en los pronósticos, cuando esperaba una alta rentabilidad, esta
por el contrario bajó. Las novedades de la actual ley de pensiones pasan por la
administración estatal de las AFP, ahora Gestora de Seguridad Social de Largo
Plazo, que hasta hoy no ha ocurrido, y la incorporación de la renta solidaria
para que los trabajadores que no llegan a cubrir el monto del mínimo nacional,
se beneficien con un pequeño aumento que es proporcional a los años trabajados.
¿Pero de dónde sale este monto solidario? Sale del bolsillo del trabajador que
gana un poco más. La clase trabajadora financia íntegramente su jubilación.
Pretende resolver el histórico hueco fiscal de las pensiones con una formula
neoliberal que confronta trabajadores formales con trabajadores informales.
Para vender su reforma invoca la igualdad, la justicia y la equidad. Acusa a
los propios asalariados con buenos salarios de ir contra la democracia. Como si
hubiese democracia y el fenómeno de los bajos salarios, el trabajo precario y
el informal fuera consecuencia de los privilegios de pequeño sector de la clase
social asalariada. La reforma pensional neoliberal se construye sobre una
falacia: que el trabajador es responsable de su propio desamparo y del
trabajador informal. Lo justo para el Gobierno es que unos y otros reciban un
ingreso y además que le sirva electoralmente. La solución para ampliar la
cobertura a una mayor población, sería igualar a la baja el subsidio pensional.
La falacia del Gobierno es múltiple y los pretextos un despropósito. ¿No es
acaso causante de los bajos salarios, del escaso trabajo formal una economía
achacosa dedicada al latifundio, a la especulación financiera, al contrabando y
narcotráfico, a la explotación de materias primas, a la construcción y
servicios y otras labores poco intensivas en mano de obra calificada? El
proyecto pensional es descontextualizar el origen y el fundamento del sistema
de la solidaridad. Con la reforma pensional se completa el desmonte del Estado
social ya iniciado con las reformas de flexibilización laboral, sostenibilidad
fiscal y financiera, y exenciones a los dividendos accionarios.
Rafael Puente, ideólogo de este
proceso de cambio y cada vez mas critico del mismo, y muchas personas se hace
muchas preguntas válidas sobre las pensiones, que no se hacen los defensores
del proceso: ¿en la elaboración de la ley 735 se ha cumplido el Artículo 242 de
la Constitución que establece la participación ciudadana en las políticas de
estado así como el manejo transparente y permanente de la información?¿Por qué
no se nos ha explicado el robo de 500 mil dólares que se produjo —con
documentos fraguados— para pagar jubilación a gente que nunca había
aportado?¿Por qué no se nos explica qué pasa con el otro robo de 20 millones de
dólares —si es que no eran 200 millones— de la Renta Dignidad? ¿Es coherente
que este gobierno de cambio se dedique a prestarse dinero del Fondo de Pensiones
—se habla de 4.200 millones de dólares— como ocurría en los gobiernos
anteriores? ¿Cuándo se nos va a informar lo que hicieron las AFPs en los largos
años de beneficio gratuito que les regaló la anterior ley de Pensiones? Y la
última: ¿No se podría pensar en que el Fondo de Pensiones fuera administrado
por los propios trabajadores, tanto activos como pasivos? [6] ,
Y la pregunta crucial: ¿Por qué
entró en crisis el sistema de reparto? Por la ausencia de un desarrollo
vigoroso de la economía nacional que hubiera permitido el necesario crecimiento
del empleo formal. Además, el sistema de reparto sufrió las consecuencias de la
hiperinflación de la década de los años 80 y de la bolivianización de depósitos
que la acompañó. Ambos factores hicieron desaparecer el dinero que los 37
fondos complementarios –del régimen complementario con aportes sólo del
trabajador- tenían en los bancos como depósitos a plazo fijo (DPF) por 500
millones de dólares, que representaban el 50% de las captaciones bancarias.
Esos recursos quedaron reducidos a una décima parte (unos 50 millones de
dólares). También se presentó el problema de la corrupción en la administración
del sistema de pensiones. Es conocido el caso de la gestión del ex director del
fondo de los trabajadores de la administración pública (FOCSSAP), Dante
Escóbar, hoy en la cárcel, y de otro que incluso “invirtió” los recursos de los
afiliados en una casa de lenocinio. A esto se sumó el problema de la
subcotización, que consistía en aportar mensualmente sobre un salario bajo, que
en los dos últimos años previos a la jubilación llegaba no sólo a la cifra real
del sueldo, sino que hasta lo sobrepasaba o inflaba, para obtener así una
abultada pensión. Todos estos factores pusieron al sistema de reparto al borde
del colapso y de la quiebra, por lo cual en 1997 fue sustituido por el sistema
de capitalización o cuenta individual.
La pensión solidaria no es un
invento del Gobierno, de hecho ya en 1996, cerca de 900 mil activos financiaban
a más de 300 mil pasivos. Se dice que el gran cambio de la Ley 065 fue la
creación del Fondo Solidario (FS), que tiene el propósito de solucionar el
problema de las bajas pensiones del sistema de capitalización o cuenta
individual o de elevar esas pensiones de vejez. Pero hay una limitante: el FS otorga
recursos, aumenta o complementa las pensiones de vejez de sólo dos grupos de
beneficiarios; es decir, de aquéllos que no son mineros y que perciben salarios
por debajo de 4.000 bolivianos y de aquellos mineros que ganan sueldos
inferiores a 5.300 bolivianos. Hay un tercer grupo que gana sueldos altos, pero
que obtendrá una pensión de vejez sólo con su esfuerzo de ahorro individual o
fracción de la AFP y la CC, es “generación sándwich”.
A mediano plazo, la jubilación debe
ser financiada por los empresarios y el Estado, así lo plantea la Central
Obrera Boliviana (COB), algunos expertos en pensiones y una investigación del
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Para
garantizar una ley de jubilación digna es fundamental a través de lograr el
aporte tripartito Estado-empresarios y trabajadores y un fuerte sistema de
impuestos que apunte a los ingresos de toda la clase capitalista, es decir,
impuestos a las ganancias y otro a la riqueza. Al sistema financiero privado
que cada año aumenta sus ganancias de manera exponencial y no aporta nada a la
seguridad social. Los trabajadores piden que el Estado aporte más al sistema y
que el monto de las jubilaciones suba a un mínimo de 8.000 bolivianos para los
mineros (con 30 años de aportes) y 5.000 bolivianos para los otros asalariados;
el mínimo para no asalariados sería de 1.200 bolivianos. Los maestros han
calculado que es posible exigir una renta igual al 100% del promedio de los
últimos 24 sueldos para todos los sectores, tanto para aquellos mayoritarios,
con sueldos y salarios miserables como para otros minoritarios que
coyunturalmente tienen sueldos altos. Esto supone exigir que los aportes
patronales suban del 3% a por lo menos 6% y que el Estado como tal contribuya
al menos un 2% adicional. La COB demanda que el Gobierno ponga su cuota parte
de aportes y además exige que tres de los cinco miembros del directorio de la
Gestora Pública de la Seguridad Social, que remplazará a las privadas AFP,
representen al ente matriz de los trabajadores, pues se trata del dinero de los
obreros. Con medidas así podemos hablar de un sistema de pensiones favorable al
trabajador con una cobertura del 100% de su salario y un sistema universal para
todos aquellos que si bien no aportaron al “sistema social”, aportaron a
Bolivia en el campo, en los talleres o en los mercados.
En las dos semanas de huelga, como
en otras ocasiones, ésta no ha sido totalmente acatada, excepto en sectores
como los maestros, los mineros y fabriles; lo que sí ha generado gran tensión
son las protestas, manifestaciones, bloqueos de carreteras y de calles que han
organizado la COB y sus afiliados. De manera paralela, otros sectores se han
sumado a las medidas, pero con demandas distintas. La asociación de policías de
base, por ejemplo, exige que sus miembros obtengan una jubilación equivalente
al 100% de su salario, como ocurre con los militares. Los gremialistas, por su
parte, exigen que el sistema impositivo no los afecte y que se mantenga bajo el
denominado “régimen simplificado”. En todo el país se llegaron a registrar 35
puntos de bloqueo de caminos. Trabajadores fabriles, salubristas,
universitarios, la Central Obrera Departamental de Oruro, universitarios y
maestros, liderados todos por la COB, protagonizaron movilizaciones y amagues
de enfrentamiento con la Policía a su paso por alrededores de plaza Murillo.
Los trabajadores mineros cedieron y
el secretario ejecutivo de la FSTMB, Miguel Pérez, precisó que los mineros
piden una renta máxima de 4.900 bolivianos y están de acuerdo con la renta
mínima de 1.200 bolivianos, tal como propone el Gobierno. La diferencia entre
la tercera oferta del Gobierno y el pedido de los mineros ahora es de 900
bolivianos, aspecto que deberá ser resuelto en el futuro encuentro de ministros
y sindicalistas.
El programa real: copar el poder
territorial, mantenerlo y extenderlo para las trasnacionales y nuevos ricos
En la lógica del poder
amigo-enemigo, [7] hoy Bolivia se divide entre quienes se oponen o defienden la
vigencia del parágrafo II de la disposición transitoria primera de la
Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los mandatos
anteriores a la CPE “son tomados en cuenta a efectos de cómputo de los nuevos
períodos en funciones”. Los oficialistas acríticos y sumisos, encabezados esta
vez por el el presidente de Comisión de Constitución, Legislación y Sistema
Electoral, Héctor Arce, preconizan la pérdida de vigencia de ese parágrafo por
tratarse justamente de una disposición transitoria, además de referirse a
cargos de funcionarios que no renunciaron antes de entrar en vigencia la nueva
CPE. Los opositores y disidentes pensantes internos al oficialismo, como la
diputada Rebeca Delgado y el ex constituyente Raúl Prada, sostienen
que esto supone violar la misma Constitución generada por el MAS. Lo cierto es
que el diseño constitucional ha sido violado prácticamente desde que era un
feto y ya nacida viva, desde el primer día, por un gobierno que ha aplicado el
texto de la CPE selectivamente, de forma instrumental, como mero mecanismo de
concentración del poder. Gran parte de las “leyes orgánicas” aprobadas para
poner en marcha la Carta Magna contuvieran artículos inconstitucionales. Ni hay
estado plurinacional, ni las autonomías indígenas, como trágicamente quedó
demostrado en el TIPNIS. La Constitución tiene dos contenidos: los centrales,
pensados para facilitarle al partido de gobierno el monopolio institucional, y
los accesorios o propagandísticos, para convocar a los distintos movimientos
sociales y marketing internacional. El Movimiento Al Socialismo se ha encargado
de ir destruyendo su Constitución, algo no tan difícil de hacer, dado su
corrompido origen, producto de irregularidad procedimental y conciliación
política, nunca se intento constituirla en un nuevo Pacto Social que uniera a
los bolivianos. Nació efímera y violando la voluntad constituyente, ahora ya no
extraña que se utilicen subterfugios del poder oficial y el TCP para una ilegal
derogación de disposiciones transitorias.
De la rebelión popular y la agenda
de octubre el Gobierno del MAS se ha ido transformando en conservador. De la
aceptación de las presiones de la derecha y la modificación de la Constitución
y el proyecto político llegó al extremo de adoptar el proyecto económico,
social y cultural de la derecha y de los empresarios con arreglos que tienen
que ver con el monopolio del poder político, el control coercitivo y la
inclusión de algunos sectores. La abierta oposición a la agenda de octubre, lo
llevó también a la exclusión de quienes continuaban defendiéndola.
Copar el poder, mantenerlo y
extenderlo territorial y espacialmente lo llevó a buscar la estabilidad
económica con políticas neoliberales y sacrificar a los trabajadores en la
búsqueda de crecimiento y equilibrio macroeconómico. De esta manera adoptó el
extractivismo como eje de su proyecto, asociado a trasnacionales, a la
oligarquía oriental y a la burguesía plebeya y sus sectores emergentes (cocaleros,
grandes gremiales y transportistas, constructores, lava dólares,
narcotraficantes y contrabandistas, etc.) integrándose ellos mismos a esas
actividades; que además le ofrecía garantía de la política clientelar
territorial y de los bonos electorales, lo mismo que garantizar la demanda
alimenticia. Así fue dejando a un lado la Constitución con la llamada
plurinacionalidad y a sus protagonistas: los pueblos indígenas, el buen vivir,
la defensa de la pachamama y toda la ideología indianista. Pero también a
colocar en la mira la reelección.
Destruir a la oposición política y
copar la institucionalidad lo llevo a tratar de sacar el máximo provecho de la
intentona separatista formando equipos jurídicos para judicializar la política,
lo que trajo como secuela la extorsión convertida en política de Estado, que se
extendió luego a empresarios extranjeros y a empresarios en proceso de
legalizarse o ilegales (menonitas, Ostreicher, casas de juego,
narcotraficantes, etc.). Esta política se diseñó al mas alto nivel de Gobierno
y se defendió a los ejecutores a expensas de la legitimidad gubernamental.
También los llevó a copar el
ejecutivo central y departamental, los municipios, el Congreso, las fuerzas
armadas y policiales, el poder judicial, el electoral y los medios de
comunicación (creando, comprando –literalmente o con negociaciones de
publicidad- o asociándose con la oligarquía). Lo que los llevó a cultivar la
uniformidad y a la destrucción de la conciencia del presente y de la memoria
histórica.
Esta lógica cada vez mas compleja
del control de los poderes llevó en su momento a la dirigencia del instrumento
a formar un sindicato (Rebeca Delgado) bajo conducción de Álvaro García,
convirtiéndose en la garantía de la estabilidad y gobernabilidad. Este es hoy el
verdadero instrumento que fue cooptando a “estrategas”, voceros y mantener a
los levantamanos útiles (muchos ex dirigentes convertidos en empresarios) a
esta reconducción del proceso. Las ONG, que fueron las principales proveedoras
de funcionarios, que mantienen la crítica son objeto de destrucción. De este
modo fueron reemplazando a los políticos e intelectuales honestos por
inescrupulosos y pragmáticos políticos.
El miedo a ser desenmascarados los
llevó a comprar encuestadoras de opinión, a manejar la opinión publica con
cortinas de humo (conflicto con Chile, con el Gobierno norteamericano- USAID,
con los terroristas I-II, etc.) y a silenciar a la oposición acabando con los
“librepensadores” (críticos) y con quien se atreva a cuestionar su nuevo proyecto
o denunciar la inconstitucionalidad de sus actos (Tipnis, reelección, juicios,
etc.)
Así como la búsqueda de estabilidad
económica y los altos precios de los comodities llevo al crecimiento y mayores
reservas, una consecuencia de la política de obras y dadivas, el clientelismo
territorial y grupal, fue la reducción de la pobreza. A la inversa, del mismo
modo el extractivismo rentista llevó a la política antindigena; y la
destrucción del movimiento social llevó al caudillismo patriarcal protegido por
el “sindicato”. Del mismo modo, todas estas políticas anti indígenas y anti
obreras están llevando a la protesta y rebelión de los siempre excluidos lo que
nos lleva a la política de control, vigilancia, represión, cooptación y/o
división de los movimientos, amenazas, miedo, extorsión, violencia.
Desde abajo comienzan a revertirse
las tendencias y la COB, indígenas organizados CIDOB, CONAMAQ, fabriles,
maestros, algunos comités cívicos y juntas vecinales hoy se oponen al Gobierno.
El gobierno se atrinchera en los cocaleros, pueblos rurales, burguesía indígena
y plebeya, bonistas, poderes locales, trabajadores beneficiados por el proceso
como muchos informales, comerciantes y constructores. ¿Qué ocurrirá cuando
pierda este apoyo y se desmoronen las instituciones bajo su control?
No han descuidado la guerra anti
indígena. Ganarse el apoyo de los cocaleros ha llevado al Gobierno, una vez
más, y dando continuidad a la sistemática ofensiva desencadenada con el
propósito de despojar al Parque Nacional Tunari (PNT) de su condición de área
protegida, una alianza de “movimientos sociales”, agrupaciones de loteadores,
abogados legalizadores de lo ilegal y autoridades condescendientes han
intensificado su presión para lograr la regularización de propiedades ubicadas
por encima de la cota 2.750 en el límite del PNT. Por ahora, y pese a los
esfuerzos de autoridades de la Gobernación y de los municipios involucrados
para dar curso a tal despropósito, quienes se niegan a dar paso a la
liquidación del área protegida han logrado imponerse. Frente a esta
resistencia, Álvaro García Linera convoca cínicamente a las trasnacionales y
empresarios a explorar los parques nacionales y áreas protegidas. Cree que las
manifestaciones campesinas de apoyo al Gobierno le dan carta libre a olvidarse
incluso de la consulta y llamar al despojo abierto de los pueblos indígenas.
Si bien en el criterio
amigo-enemigo, la construcción del enemigo es fundamental para la reproducción
histórica, cultural y moral del amigo, esta concepción tiene límites que irán
aumentando como lo demostró la Alemania de Carl Schmitt con su sentido peculiar
del mundo, del centro de la política, del monopolio del conocimiento y del
poder absoluto. La modernidad masista tiene su precio.
Tras casi dos semanas de medición de
fuerzas los protagonistas quedaron en una tregua con aroma a derrota del campo
laboral; no obstante, la resistencia intentó llenar el espacio de la izquierda
y examinar sus contradicciones, fue un conato de independización política por
una demanda justa que presionaba desde abajo. Sin embargo, si la dirigencia
buscaba legitimidad y mantener su hegemonía conciliadora en torno a la
pretensión de crear un partido del trabajo, la práctica futura lo dirá y si
solamente buscaba reconducir las políticas del gobierno, no solo no logró nada
sino que mas bien reforzó la continuidad de orientación neoliberal y de alianza
con la burguesía, la violación constitucional, la judicialización de la
política, la visión amigo-enemigo con la izquierda y la crítica, las tendencias
represivas, divisionistas, la opción por un país sin leyes. Pero, también logró
que mas sectores populares conozcan mejor a los nuevos amos y piensen en
mejores formas de lucha por el poder popular revolucionario.
Y por ultimo, la cereza del pastel.
Evo decreta que los mineros sirven al imperio y la verdadera COB son los
campesinos. Tema estratégico por cierto. Si el Che Guevara viviera tendría
mucho que decir del PC, de los campesinos, de los militares y de muchos otros.
Señala muy bien Lupe Cajías que el Gobierno “revolucionario” ratifica la
resolución de un exdictador para dar una jubilación de lujo a militares
asesinos como Luis García Meza o Luis Arce Gómez que cobran sus buenas
pensiones. Se pregunta ¿Por qué no se iguala la escala de jubilación de los
uniformados con los mineros? Unos generan riqueza y gracias a ellos es la
bonanza económica de antes y ahora; otros la gastan en salarios y armas. Además
son los que históricamente reprimen a los mineros, sea en Huanuni, Milluni,
Caracoles o en la Chojlla. Los ingresos no corresponden a su sacrificio. “Es
usual que un minero trabaje un turno, la redobla, la re-redobla, para aumentar
su paga. Donan mitas solidarias, como el 67 para los guerrilleros, y no se
limitan a gritar “patria o muerte, venceremos”. Los mineros bolivianos son la
nación, la patria, ningún estudiante debe olvidar eso”. [8] Y tampoco los
periodistas y analistas institucionales convertidos en antiobreros,
antindigenas y anticriticos, defensores de la democracia, del Estado
plurinacional-comunitario.
Otro aspecto también estratégico si
miramos hacia arriba, es la presencia de ocultos defensores del sub
imperialismo brasilero y del propio imperialismo, de los terratenientes,
campesinos ricos y burguesía indígena, son quienes defienden el extractivismo,
los que representan a las trasnacionales del Brasil, los que definieron los
límites a la propiedad terrateniente, los que han convencido a los campesinos
de respetar la propiedad agraria, los que quieren imponer la carretera por el
Tipnis, quienes se opusieron a la devolución de las refinerías en manos de
Petrobras y fueron lobbystas en los petrocontratos, los que promueven el
Complejo rio Madera y la IIRSA, los que invitan a ocupar territorios indígenas,
los que “nacionalizaron” los hidrocarburos dejando el 80% de la producción y
reservas a las trasnacionales, (de estas Brasil con el 60%), que se incentive a
estas grandes empresas con mejores precios (ya tienen el 40% de los ingresos y
no el 82% como se dice) y estímulos, quienes impulsan los medios para que
Brasil controle la política energética, hidroeléctrica, de transportes,
agraria, etc. Pero que además se benefician del narcotráfico y del contrabando.
Llegara el momento en que sepamos
todos quienes son estos, por que tienen nombres y apellidos, y se hará justicia
popular.
Expansión
de España (www.expansion.com.es)
Latinoamérica está emergiendo
fortalecida de la crisis gracias a que el desempleo ha podido mantenerse
estable a nivel regional y ha disminuido en varios países, así como por la
consolidación de su clase media, según ha asegurado hoy la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
"En Latinoamérica ha engordado
el tamaño de la clase media y eso ofrece posibilidades de un desarrollo mucho
más autónomo, que no dependa tanto del comercio internacional, sino de los
recursos internos y del propio crecimiento económico", dijo a Efe el
director del Instituto de Estudios Sociales de la OIT, Raymond Torres. El
experto presentó hoy, en compañía de otros analistas de esa organización, el
Informe Mundial sobre el Trabajo 2013, según el cual la tasa de empleo en la
región es del 57,1%, un punto porcentual por encima de los niveles previos a la
crisis. Según Torres, uno de los avances más significativos que han dado los
países latinoamericanos es "haber conseguido aplicar una estrategia
(económica) adaptada a su propia realidad" y "haber roto con la
tendencia a importar modelos del exterior". Esto explica que el informe
destaque que esta región es una de las tres (entre ocho) donde se ha constatado
una disminución del riesgo de tensión social. La tasa de desempleo regional se
sitúa en torno al 7%, aunque en el caso de los jóvenes prácticamente se
duplica. A este respecto, el analista consideró que "el desempleo juvenil
es uno de los mayores retos que tiene hoy América latina, pues cada vez hay más
jóvenes que acceden a la educación superior y muchos de ellos no consiguen
empleos adaptados a su situación". Por otra parte, Torres destacó que
Latinoamérica ha realizado esfuerzos serios en favor de un "crecimiento
inclusivo", lo que reconoció que es particularmente difícil en países
donde la expansión de la economía se basa en la extracción de recursos
naturales. Este tipo de crecimiento económico genera ingresos que son difíciles
de redistribuir en la sociedad, explicó el experto, quien dijo que Brasil es un
caso de estos. El informe de la OIT enfatiza también que en América Latina se
observa una alentadora disminución de las desigualdades de ingresos, con un
aumento de los salarios que alcanzó el 4% el año pasado en Brasil y Paraguay, y
el 1 por ciento de México y Colombia. Torres mencionó los casos de Argentina,
Uruguay y Perú como los más simbólicos en el esfuerzo por reducir la brecha de
ingresos. En cambio, en El Salvador, Costa Rica, Chile y Honduras se ha observa
"un ligero aumento" de esas desigualdades. Brasil Sobre Brasil,
comentó que "hay una pequeña, pero alentadora, disminución de las
desigualdades de ingresos", un objetivo que es "extremadamente
difícil de alcanzar". Un factor esencial para ello ha sido la extensión de
la protección social en ciertos países, a través de programas de subsidios a la
población como Bolsa Familia en Brasil o Jefes de Hogar en Argentina.
"Hemos visto una proliferación de iniciativas en el ámbito de las
políticas sociales en la región, algo por lo que nadie habría apostado hace
diez años", dijo Torres. Sin embargo, la amplitud del trabajo informal es
una cuestión "sobre la que hay mucho por hacer", reconoció el
representante de la OIT. Según el informe, la incidencia del empleo informal no
agrícola es de cerca del 50% en Latinoamérica, con tasas todavía más elevadas
en países como Bolivia, Honduras y Perú.
LA
ÉLITE POLÍTICA DE PERÚ HACE FRENTE COMÚN POR LA DISPUTA MARÍTIMA CON CHILE
El
País de España (www.elpais.com.es)
Desde febrero, los políticos de los
cuatro partidos más visibles en el Congreso: el oficialismo de Gana Perú, el
fujimorismo, el APRA y Perú Posible -del expresidente Alejandro Toledo- no
cesan de atacarse entre sí por motivos diferentes. Pese al fuerte deterioro del
clima político, el presidente Ollanta
Humala, dos exjefes de Estado, el líder histórico de la democracia
cristiana, las cabezas de tres organizaciones políticas y otros once altos
dirigentes se reunieron una hora en Palacio de Gobierno para renovar una
actitud común anticipándose al fallo de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya sobre la frontera marítima entre Perú y Chile, que debe
conocerse en la primera quincena de julio.
La única política de Estado que ha
atravesado tres gobiernos diferentes desde el 2004 en Perú es precisar ese
límite con Chile en una zona importante de pesca. Luego de haber promulgado en
2005 una ley denominada líneas de base del dominio marítimo, el país
andino determinó su límite marítimo. “Se aprecia la existencia de una
superposición de las zonas marítimas proyectadas desde las costas de Perú y Chile, debido a la
orientación de las costas de ambos países. Dicho espacio constituye el área en
controversia”, indica un documento de la cancillería peruana sobre esta
disputa.
En diciembre de 2012, Perú y Chile
argumentaron sus posiciones en la fase oral de la controversia en La Haya, en
ese momento hubo satisfacción por parte de los políticos peruanos acerca del
desempeño del Estado peruano en la CIJ. Según el agente del estado peruano ante
La Haya,
el embajador Allan Wagner, la reunión multipartidaria del lunes en Palacio de
Gobierno, convocada por el presidente Ollanta Humala, fue útil para “renovar
esa actitud”.
Esta nueva reunión, al más alto
nivel, con dos expresidentes y con líderes de los partidos políticos, ha valido
para reiterar la unidad de Perú y de las fuerzas políticas en torno al tema de
La Haya. Todos los presentes expresaron ese sentido de unidad, el respaldo al
presidente "para cuando el fallo se emita y para la ejecución”, declaró a
EL PAÍS el embajador Wagner minutos después de la cita.
Los expresidentes Alan García y
Alejandro Toledo llegaron de Estados Unidos a esta reunión convocada el último
jueves, con poca antelación. La excandidata presidencial y líder del Partido
Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, y la excandidata presidencial e hija
de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fueron las ausencias más notorias.
Asistieron, además, Luis Bedoya
Reyes, fundador del PPC; el presidente del Congreso, el oficialista Víctor
Isla; el secretario general de Acción Popular, Mesías Guevara; el presidente
del PPC, Raúl Castro; el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga –médico
personal del expresidente–; el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, y el líder de
la Alianza por el Gran Cambio, César Acuña, un líder regional acusado por uso
de fondos públicos para campaña. Otro líder de la derecha, exministro de
Economía y excandidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski, también participó.
Esta cita de unidad ocurre en medio
de un clima enrarecido por las acusaciones del APRA y Perú Posible contra el
Gobierno de Humala por persecución política. Actualmente, el expresidente
García es investigado por una comisión parlamentaria por supuesta corrupción en
su gestión entre 2006-2011, en tanto que el expresidente Toledo es investigado por la Fiscalía, desde la semana pasada,
debido a compras inmobiliarias millonarias a nombre de su suegra. Por otro
lado, Perú Posible ha acusado también al APRA de divulgar la información sobre
esas compras de la suegra, en tanto que el fujimorismo exige del oficialismo
una definición y se declara víctima de la indecisión del presidente acerca del
indulto solicitado para Alberto Fujimori.
El denominado proceso post-Haya
requiere del gobierno peruano prever el escenario de un fallo no favorable -o
el no acatamiento del fallo por parte de Chile-. Ello llevaría a Perú a
plantear el asunto ante la Organización de Estados Americanos.
Pese a la controversia en La Haya, y
a una antigua historia de enemistad bilateral, es novedoso que Chile y Perú
hayan vuelto a sostener, en mayo, reuniones entre ministros de Defensa y de
Relaciones Exteriores, que dejaron de realizarse desde 2006, cuando Perú presentó
la demanda por la frontera marítima. Además, por primera vez los ministros de
ambos países en las áreas de salud, educación, trabajo y de poblaciones
vulnerables se han reunido la semana pasada en Santiago, en el denominado
Consejo de Integración Social.
Al final de la reunión en el Palacio
de Gobierno, la canciller peruana Eda Rivas ha calificado la relación con Chile
de “inmejorable”; además, destacó que ambos países son parte de la Alianza del
Pacífico, junto con Colombia y México, y que ello los impulsa a desarrollar no
solo asuntos de comercio, sino también de personas.
Los presidentes Humala y Sebastián
Piñera han buscado varias oportunidades para declarar en conjunto y por
separado que “respetarán el fallo”. Perú espera que su vecino del sur no solo
lo respete, sino que lo acate. Ambos países tendrán que conformar grupos
técnicos de trabajo, en particular para modificaciones a leyes de pesca,
dependiendo de lo que decidan con independencia los 15 magistrados en el norte
de Europa.
No comments:
Post a Comment