El embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, confirmó que el próximo año la empresa Industrias Quantum Motors producirá en México su modelo de automóvil eléctrico E-2.
En entrevista con El Sol de
México, Crespo Fernández explicó que Industrias Quantum Motors es la primera
empresa boliviana dedicada a la fabricación de automóviles eléctricos con
baterías de litio, y que en 2022 compartirá su tecnología para comenzar a
producir en nuestro país su modelo E-2. Esto forma parte del acercamiento entre
Bolivia y México para que el país asesore al gobierno mexicano en el tema de
explotación de litio.
El embajador Crespo Fernández
aseguró que la cooperación entre México y Bolivia avanza acorde a la
declaración que ambos países firmaron en marzo pasado, la cual incluye promover
proyectos conjuntos en sectores como el litio.
“Esto va más allá de las buenas
intenciones, ya se han celebrado las primeras reuniones oficiales y seguirá
habiendo más para ver hasta dónde se puede mirar este tema”, dijo el embajador.
El diplomático indicó que en una
segunda etapa, su país espera que una comitiva calificada de México visite el
Salar Uyunie, ubicado al sur de Bolivia, para que conozca de primera mano el
trabajo que ha hecho su país para producir a escala industrial más de 50 mil
toneladas de carbonato de litio al año.
En septiembre pasado, el
presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Poder Legislativo su Reforma
Eléctrica, la cual incluye la nacionalización del litio, aunque en la
iniciativa se especifica que se respetarán las ocho concesiones que ya se
dieron siempre y cuando ya estén en el proceso de exploración y por comenzar el
de explotación.
“A la fecha se tiene informes de
que solo uno de esos ocho concesionarios reúne esas características, pero, sin
embargo, si logran acreditar estas ocho, estará vigente la concesión”, dijo el
secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la conferencia
mañanera del pasado 1 de octubre. Dicha concesión es de la empresa Gangfeng
Lithium, el mayor productor de baterías de China, que junto con la firma
Bacanora Minerals explotarán el yacimiento ubicado en Bacadéhuachi, Sonora.
Este diario publicó en septiembre
que la Secretaría de Economía (SE) invertirá 55.2 millones de pesos entre este
año y el próximo para ubicar yacimientos de litio en 82 localidades del país.
Dichas localidades están ubicadas
en Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis
Potosí, Sonora, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo,
Veracruz, Sinaloa y Morelos.
IMPULSAR EL DESARROLLO
La producción de recursos
naturales estratégicos debe abonar al desarrollo de los países y no
exclusivamente a intereses de empresas privadas nacionales o extranjeras,
consideró el embajador de Bolivia en México. “No es sólo cuestión de México o
Bolivia, creo que todos los países de América Latina, incluso los más pobres,
deberían hacerlo (la nacionalización de hidrocarburos) como algo lógico…
Considero que la producción de recursos naturales en América Latina debiera
estar siempre pensada en que si son estratégicos, pueden colaborar al
desarrollo de los países y no exclusivamente a intereses particulares”, afirmó
el embajador en entrevista con este medio.
De acuerdo con el diplomático, la
primera manifestación nacionalista en América Latina se dio precisamente en
México con el movimiento revolucionario de 1910, la cual se fortaleció con la
expropiación petrolera durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. “Los países
latinoamericanos hemos copiado esa lógica de México y no al revés”, dijo.
Sobre la relación entre la nación
sudamericana y México, Crespo Fernández dijo que pasa por uno de los mejores
momentos. “Estamos en uno de los mejores momentos de la relación bilateral,
porque a lo largo de la historia hemos tenido varios mejores momentos”, destacó
el diplomático a dos años de que el derrocamiento del presidente Evo Morales
puso la relación entre ambos países a punto del rompimiento y mantuvo al
diplomático como asilado político en un año.
Subrayó que su país ha sido partícipe
de todo el esfuerzo de México para poner en práctica real el funcionamiento de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), con medidas que tienen que
ver no sólo con Bolivia, sino regionalmente con el tratamiento de lo que ha
sido y será la región tras la pandemia. Diario Querétaro de México
(https://bit.ly/3n36L5Q)
Los primeros peritajes e informes "se orientan
hacia la confirmación de que se trataría de un fragmento meteorítico del tipo
que se encuentra en Campo de Cielo", explicó el titular de la Dirección
General de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero, Alejandro Yocca.
Telam de Argentina (https://bit.ly/3c2TYu0)
Organismos provinciales y
nacionales frenaron una acción de tráfico de partes de un meteorito en la
ciudad salteña de Salvador Mazza, limítrofe con Bolivia, material que se
trasladaba camuflado entre virutas de hierro, explicó este miércoles Alejandro
Yocca, titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Santiago del
Estero, desde donde se sospecha provenía el objeto.
Sobre el operativo, Yocca aseguró
a Télam que personal de Gendarmería Nacional detectó que "un pasador
domiciliado en Salta llevaba en un tarro de leche un objeto pesado, todo
rodeado de virutas de metal", y ante la sospecha de que podría tratarse de
partes "de meteorito de Santiago del Estero o Chaco" se comunicaron
con el organismo.
El funcionario indicó que el
material "iba a ser sacado por un paso internacional a Bolivia".
La Dirección de Minería de
Santiago del Estero pudo "constatar lo hallado con los restos de
meteoritos de la provincia por su similitud, aspecto y la constitución de los
materiales, entre otros aspectos", añadió el funcionario.
El operativo estuvo dirigido por
el comandante mayor Héctor Gabriel González, jefe de la agrupación 9ª de la
provincia de Jujuy, quien comunicó el hecho a la Justicia Federal, además de
realizar consultas con el Comité Técnico Santiago del Estero "para que se
determine si se trataba de patrimonio meteorítico”.
Yocca dijo que los meteoritos que
se encontraron hasta ahora en la provincia "son muy raros por su contenido
de metales", por lo que no son iguales a los de otros lugares.
"Los primeros peritajes e
informes se orientan hacia la confirmación de que se trataría de un fragmento
meteorítico del tipo que se encuentra en Campo de Cielo", explicó y añadió
que se hará un trabajo para confirmar esa hipótesis.
El fragmento secuestrado en
Salvador Mazza, que pesa 1.400 gramos, seguirá en manos de la Justicia Federal
de Jujuy hasta que se confirme la naturaleza del objeto y su pertenencia al
patrimonio santiagueño.
"Celebramos que las
instituciones de defensa, la justicia y la cultura estén trabajando
mancomunadamente en la protección del patrimonio que suponen los fragmentos de
meteoritos de Campo del Cielo, declarados bien público por Ley provincial Nº
6.828, y la puesta en valor de la significación histórica y cultural de este
evento extraterrestre de gran singularidad en el país y en el mundo",
puntualizó.
En el Gran Chaco, en la zona del
límite sur de Chaco y Santiago del Estero se "encuentra la dispersión
meteórica de Campo del Cielo que se originó por el impacto de un meteoroide
metálico de notables dimensiones, probablemente hace unos 5.800 años",
precisó Yocca.
“Las características peculiares
que presenta (el tamaño y la alineación de los cráteres, la gran masa y el alto
contenido de hierro de los fragmentos encontrados) han llamado la atención
durante mucho tiempo”, sostuvo.
En ese aspecto, indicó que
"desde mediados del siglo XVI y hasta la actualidad los meteoritos del
Campo del Cielo fueron estudiados y numerosas expediciones se propusieron dar
con ellos, no siempre con éxito".
En el Centro Cultural del
Bicentenario (CCB) de Santiago del Estero se encuentra en exposición uno de los
meteoritos desenterrados en Campo de Cielo, que pesa 7.850 kilos.
“En la actualidad, la
administración y protección de este patrimonio cultural es una tarea
mancomunada que involucra a algunos municipios, dos provincias, la de Santiago
del Estero y la de Chaco, a la Nación y a un gran número de instituciones de
los distintos estamentos gubernamentales y no gubernamentales que tienen
responsabilidades e intereses en el asunto”, finalizó Yocca.
IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL
RECIBE ESTRUCTURAS PARA PLANTA DE LITIO EN BOLIVIA
Portal Portuario de Chile (https://bit.ly/3D5mjfa)
Iquique Terminal Internacional
(ITI) concretó una nueva operación tras recibir estructuras que se usarán en la
planta de litio que se levanta en la zona de Uyuni, Bolivia.
Las casi mil piezas fueron
descargadas desde la nave Rui An Cheng, en el sitio 4 del terminal
concesionado, figurando diversos materiales y piezas para la instalación.
El encargado comercial de ITI en
Santa Cruz de la Sierra, Diego Franco, destacó que “el terminal se ha
consolidado en el desarrollo de operaciones con carga de proyectos,
posicionándolo como líder en este tipo de servicios. Agradecemos la confianza
de nuestros clientes y quienes nos prefieren por la calidad del trabajo,
menores distancias y la ubicación estratégica de Iquique, lo que representa una
ventaja para el comercio exterior boliviano”.
En esa misma línea, el gerente
comercial de ITI, Jorge Dumont, subrayó que durante octubre se movilizaron poco
más de 67 mil toneladas de carga boliviana por el puerto de Iquique,
convirtiéndose en un mes récord para las operaciones con el vecino país.
El ejecutivo también expresó que
“en ITI tenemos las capacidades, la logística necesaria y los equipos de
colaboradores para entregar los servicios especializados que importadores y
exportadores bolivianos requieren. Hemos concentrado nuestros esfuerzos y,
principalmente, el de nuestras oficinas comerciales en La Paz y Santa Cruz de
la Sierra, en proporcionar una atención personalizada a clientes y
transformarnos en el principal nodo logístico del norte de Chile, facilitando y
favoreciendo su desarrollo comercial e industrial. La descarga de las
estructuras de la planta de litio, uno de los proyectos más importantes que hoy
se desarrolla en Bolivia, es una demostración de lo que somos capaces de
hacer”.
La planta de litio se encuentra en plena construcción en el
departamento de Potosí y espera alcanzar una producción de 15 mil toneladas de
carbonato de litio a partir del 2022.
FALLECIÓ CIUDADANO EXTRANJERO
CUANDO INTENTABA CRUZAR LA FRONTERA DESDE BOLIVIA
El Mostrador de Chile (https://bit.ly/3kozUHa)
Un hombre de 64 años de
nacionalidad venezolana falleció en la frontera de Chile con Bolivia luego que
intentara pasar a territorio nacional por un paso no habilitado en Tarapacá.
Según información de Emol, el hombre murió en el sector de Pampa Bofedal Caseríos,
a dos kilómetros del complejo fronterizo de Colchane. Con este, ya son 18 las
personas que pierden la vida intentando cruzar la frontera de Chile con
Bolivia, informó el municipio de Colchane.
"Acudimos por un llamado de
carabineros a constatar el fallecimiento de un migrante venezolano", dijo
el doctor de Urgencias del Departamento de Salud de Colchane, Guillermo Tapia.
"Él contaba con enfermedades
de base como hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento, y además
contaba con secuelas del covid-19", dijo Tapia.
El hombre viajaba junto a su
esposa -también de 64 años- y un vecino, pero no tenían la ropa adecuada para
las temperaturas de la alta cordillera andina.
DE TAPICERO A CUSTODIO DE LA
PRIMERA DAMA DE BOLIVIA: QUIÉN ERA EL REFERENTE SOCIAL ASESINADO EN LA MATANZA
Fue policía, pero trabajó como tapicero desde que se
mudó a la Argentina hace 30 años. Cuentan que vino para escapar de la
corrupción de su país. Tenía 8 hijos, 34 nietos y 2 bisnietos.
El Clarín de Argentina (https://bit.ly/3ktQKV4)
“Mi papá nos enseñó a luchar por
nuestros derechos y a ser solidarios. Decía que las cosas se podían cambiar en
la sociedad”. Son las palabras teñidas de dolor de René Mendoza mientras
regresa del entierro. Atiende a Clarín por teléfono y agradece la oportunidad
de poder dar a conocer su legado.
René Mendoza Parra tenía 77 años
y realizaba tareas sociales en el barrio de Fátima y San Cayetano de González
Catán. Lo asesinaron el domingo pasado de 14 balazos en la puerta de su casa,
ubicada en Buenos Aires y Tarija, del partido de La Matanza, donde vivía junto
a su familia.
Los que lo conocían cuentan que
llevaba marcada a fuego su pasión por ayudar a la gente. Y en su lucha contra
la inseguridad se refleja cada una de las peleas que emprendió en un intento
por cambiar la sociedad y mejorar la vida de las personas en quienes detectaba
una necesidad.
En 1994, según refiere uno de sus
hijos, fundó el barrio San Cayetano de González Catán con una junta vecinal que
presidió hasta el día de su muerte. “Cuando llegamos era todo campo. No había
casas en las 15 manzanas. Recorrió el terreno y trabajó para que fuera un lugar
habitable y no una villa. También, participó en el nacimiento del predio donde
funciona la Iglesia San Cayetano.
René le dice a este medio que
“siempre sufrieron la inseguridad en el barrio y que las amenazas eran moneda
corriente”. Cuenta que les pedían dinero para pasar por determinada cuadra, que
los apretaban al bajar del colectivo o les robaban cuando iban trabajar.
“Teníamos que salir de a 5 para evitarlo o estar menos expuestos”.
“Mi papá no le tenía miedo a
nada. Incluso, un par de veces vinieron a matarlo”. Y describe una de las
escenas: Hasta acá llegaste boliviano, le dijeron cuando salió a la puerta de
su vivienda mientras le apuntaban. "Logró torcerle el brazo al
delincuente, forcejearon hasta que arrojó el arma. Pero mi papá se enganchó el
dedo con la reja y el otro aprovechó la situación para tomar la pistola y
dispararle tres veces. Gracias a Dios, no pudieron lastimarlo”.
La odisea del "gato"
A René le decían gato porque sus
ojos verdes cambiaban de color según el temperamento que tenía. “Cuando se
enojaba pasaban a grises y hasta podían ponerse rojos.
Nació en Cochabamba y se crió en
La Paz. Hace 30 años que reside en tierra Argentina adonde se trasladó
acompañado por parte de su familia: su mujer Gloria (72) y 6 de sus 8 hijos
(José, de 55, Ingrid, de 53 se quedaron en Bolivia porque estaban casados): Gonzalo
(51), René (46), Juan (44), Marcos (42), Rocío (37) y Gloria (22) quien
falleció en el 2012 a causa de complicaciones con un problema de salud. Además, tenía 34 nietos y 2 bisnietos.
Trabajó 20 años como policía. Fue
seguridad de la primera dama de Bolivia durante la presidencia de Víctor Ángel
Paz Estenssoro. Después, pasó por varios cargos como control de cocaína en
Migraciones y Aduana.
“La corrupción que descubrió en
su país natal fue el impulso para venir a la Argentina donde creyó que las cosas
irían mejor”, relata René.
No quiso trabajar más en el
servicio policial. Se ganó la vida destapando pozos de baño, sacando tierra de
galpones, pintado, haciendo costura y carteras. Siempre fue tapicero de sillas,
sillones y otros muebles.
“Luchó en todo momento para
mejorar la vida del barrio y de la gente. Decía que no podíamos ser ciudadanos
de segunda clase”, recuerda René entre los intersticios de las enseñanzas que
su padre le dejó.
Papi no hagas más, le pedían en
su casa. Pero, con la misma entereza de siempre respondía: “Hay gente que no
conoce sus derechos y necesita que se los muestre”. Incluso, cada vez que
cobraba su sueldo de policía en Bolivia, corría al banco para cambiarlo por
monedas y repartirlas entre gente de la calle que pedía limosna.
También, montó un comedor en la
casa donde se criaron al menos 3 generaciones de chicos a quienes les daba de
comer, les enseñaba el abecedario y a
decir dos palabras 'mágicas': por favor y gracias.
Contar con un destacamento
policial en el barrio para acceder de inmediato a un patrullero ante un hecho
de inseguridad fue uno de los tantos proyectos que quedaron truncos en el
inventario del referente social.
El crimen
Horas antes de ser asesinado,
René Mendoza Parra había participado de una reunión con los vecinos de los
barrios Fátima y San Cayetano para hablar del tema de inseguridad en la zona y
de la preocupación por la venta de drogas.
El encuentro estaba previsto para
el viernes, pero por cuestiones de asistencia, se llevó a cabo el pasado
domingo. Fue el mismo día en que le arrebataron la vida al vecino Roberto Sabo,
el kiosquero de Ramos Mejía.
“Golpearon la puerta y eran dos
pibes preguntando si estaba mi papá porque querían darle una mano. Le aviso y
cuando sale escucho los tiros. Voy yo también para ayudarlo. Mi papá me salvó
la vida porque se puso delante mío para frenar los balazos. Vi que estaba
vomitando sangre, se estaba muriendo. El forense dijo que tenía 14 tiros en el
cuerpo”, relata entre lágrimas el hijo de la víctima.
Y exige justicia. “Arruinaron a
una familia que siempre estuvo pendiente del resto. Mataron a una persona que
no molestaba a nadie y vivía para la gente. Parece que eso es lo que molestaba.
Quiero que este crimen se investigue y se sepa la verdad porque lo asesinaron
para callarlo”, cierra para abocarse al cuidado de su mamá, que está destruida
y en shock por lo que sucedió.
Una de las hipótesis del crimen
que se maneja en la investigación que lleva adelante el fiscal de Homicidios de
La Matanza, Federico Medone, es que el ataque se produjo en venganza por las
tareas sociales que realizaban y las denuncias por los hechos criminales
cometidos en la zona.
BOLIVIA NEGOCIA EXPORTACIÓN DE
FRUTA LIOFILIZADA
Portal Frutícola de Chile (https://bit.ly/2YCdQkD
El viceministro de Producción
Industrial a Mediana y Gran Escala, Luis Siles, informó que el estado boliviano
negocia la exportación de fruta liofilizada con empresas de España, Rusia,
Corea del Sur y Canadá, que actualmente son procesadas en Palos Blancos, en La
Paz, y de Villa Tunari, en Cochabamba.
La liofilización es un proceso de
deshidratación de los frutos a los que se les extrae los líquidos manteniendo
sus valores nutritivos de inicio, olor y sabor.Y dentro de las frutas que se
trabajan en estas plantas están: banano, piña, mango, papaya y asaí.
“Ya se ha tomado contacto con
empresas de España, Rusia, Canadá y Corea del Sur para poder exportar (fruta
liofilizada). La mayor cantidad de porcentaje de lo que produce esta planta va
a ser destinado a la exportación, claro que se va a quedar un porcentaje en
Bolivia, pero se está pensando en la exportación también”, informó Siles a La
Razón Radio.
Ambas fábricas tienen la
capacidad de producción de 20 toneladas por mes y, para ello, se requiere 200
toneladas de materia prima. En la planta de Palos Blancos ya se procesa piña,
banano y manga. En tanto, en la de Villa Tunari, ya inicio de operaciones.
Cada planta, que son
administradas por la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), genera
100 empleos directos y beneficia a más de 1.200 familias productoras.
Siles anunció la propuesta de
construcción de planta liofilizadora en esa región para el procesamiento de
frutos amazónicos.
Datos de liofilización
El método de liofilización
consiste en congelar la fruta a temperaturas inferiores a 50 grados bajo cero y
una vez en ese estado, se baja bruscamente la presión y se suministra calor,
consiguiendo la sublimación del agua.
Pasa de estado sólido (hielo) a
gaseoso (vapor), sin pasar por el estado líquido. La extracción del agua se
realiza a través de cámaras al vacío y de frío, para que así se obtenga un
producto que conserve sus valores nutricionales.
La técnica de la liofilización
alarga la vida de la fruta hasta un mínimo de dos años y es fácil de
transportar a diferentes lugares porque su peso disminuye.
El fruto liofilizado puede
diversificar su producción para elaborar suplementos alimenticios, barras
energéticas, entre otros.
LAS ADVERTENCIAS DE LOS GENERALES
DEL BARRIO
En Bolivia, comandantes del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea "traicionaron a Morales y respaldaron el complot desatado por un
motín de la Policía Nacional", dice el columnista Moisés Mendes. En
Ecuador, con el pretexto de combatir la trata, Guilhermo Lasso aseguró a las
Fuerzas Armadas "el derecho a actuar con violencia", dice.
"Aquí, lo que espera Lula no es poca cosa"
Brasil 247 (https://bit.ly/3C79lfF)
Bolivia y Perú, ofrece algunos
indicios de lo que podría suceder en Brasil, cuando Lula regrese al poder y
tenga que devolver a los militares a sus tareas, luego de elegir a los
comandantes de las tres armas, así como a las fuerzas armadas. ministro de
defensa.
En Bolivia, el presidente Luis
Arce ya cambió tres veces el alto mando de las Fuerzas Armadas. En solo un año
de gobierno. Arce descubrió, poco después de las nominaciones, que los elegidos
no eran de fiar.
El general de confianza de hoy
podría ser golpista mañana, como sucedió cuando se acobardaron ante el motín de
la Policía Nacional y derrocaron a Evo Morales en 2019.
En Perú, la semana pasada, el
presidente Pedro Castillo se deshizo de dos militares, el general José Alberto
Vizcarra Álvarez, comandante del Ejército, y el teniente general Jorge Luis
Chaparro, comandante de la Fuerza Aérea.
Los dos fueron puestos en
reserva. Castillo los había elegido para los puestos de mando en agosto.
Los generales descartados han
reaccionado, junto a otros militares que ya ocuparon puestos de liderazgo en
Perú, y se inicia una investigación en el Congreso.
Castillo y el ministro de
Defensa, Walter Ayala, son acusados por oficiales en pijama y por la oposición
de deshacerse de los dos generales y, al mismo tiempo, de intentar promover
irregularmente al general, fuera de los criterios previstos, como soldados de
confianza del gobierno. .
El personal militar vuelve a ser
protagonista en algunos países vecinos. En Brasil, como admitió Bolsonaro en
Roma, el gobierno pertenece a los militares, que dejaron de sugerir amenazas
golpistas para involucrarse en los rollos de la pandemia.
En Bolivia, los tres comandantes
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea involucrados en el golpe de noviembre de
2019 se encuentran presos en prisión preventiva.
La excepción es el exjefe de las
Fuerzas Armadas del gobierno de Morales, el general Williams Kaliman, quien fue
detenido por los tribunales como uno de los golpistas y está prófugo desde
julio.
Todos traicionaron a Morales y
respaldaron el complot desatado por un motín de la Policía Nacional, fomentado
por líderes civiles de derecha y extrema derecha. El líder del golpe fue el
ahora gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Macho Camacho, el boliviano
Bolsonaro.
También están presos los
comandantes que asumieron sus cargos luego del golpe, en el 'gobierno provisional'
de la entonces senadora Jeanine Añez, quien tomó el relevo de Morales.
Jeanine también se encuentra en
prisión desde marzo, acusada por el Ministerio Público de una decena de
delitos, incluida la corrupción. El único líder suelto es Camacho, el jefe civil
del golpe.
Hay demandas presentadas contra
Jeanine, 17 ex ministros que trabajaron con ella durante un año de golpe, 13 ex
jefes militares y 32 oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, que es su
aparente policía (similar a los PM en Brasil), pero con operaciones en todo el
país y con mando federal. También se procesa a siete exfuncionarios del
gobierno.
En Argentina, el Ministerio
Público investiga la participación de militares en el golpe de Estado en
Bolivia. Por orden de Mauricio Macri, Argentina envió armas y municiones a sus
compañeros golpistas bolivianos en 2019.
Ha habido un clima permanente de
golpe en Bolivia desde la elección de Luis Arce en octubre del año pasado. Hay
manifestaciones y conflictos con la policía en varias regiones, donde la
derecha logra movilizar a los indígenas contra el gobierno.
En Ecuador, con el pretexto de
combatir la violencia y la trata, el presidente Guilhermo Lasso aseguró a la
policía y a las Fuerzas Armadas el derecho a actuar con violencia sin riesgo de
sanción.
Es lo que ellos llaman un estado
de emergencia, que pone a Lasso en el regazo de los militares, incluso si no
todos están de acuerdo.
El almirante Fernando Danoso
renunció poco antes de las decisiones de Lasso, quien cuenta con sus generales
para amenazar con cerrar el Congreso y controlar las manifestaciones callejeras
contra el aumento de la pobreza.
En Paraguay, donde la policía y
el ejército se mezclan, el presidente Mario Abdo Benítez ha fortalecido a las
Fuerzas Armadas para combatir a las guerrillas del Ejército Popular Paraguayo
(EPP) y a las organizaciones separatistas.
MOLDIZ: ESTAMOS ENFRENTANDO UNA
OFENSIVA DE LOS MISMOS ACTORES QUE PROTAGONIZARON EL GOLPE DE 2019 EN BOLIVIA
La Tercera Información de España
(https://bit.ly/308CvO2)
El analista político Hugo Moldiz
sostuvo este miércoles que se está enfrentando una ofensiva de los mismos
actores que protagonizaron el golpe de Estado de 2019, quienes en ese entonces
movilizaron a parte de la población con el relato de fraude electoral y que hoy
el pretexto es la vigencia de la Ley 1386, que busca combatir la legitimación
de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
“Estamos pasando de una
estrategia del desgaste, en la que han entrado apenas fue posesionado el
gobierno del presidente (Luis) Arce, entró en aplicación esa estrategia. Y hoy
van pasando a la estrategia de derrocamiento, es decir, de reeditar el golpe de
Estado de 2019”, indicó.
Dijo que la derecha política en
Bolivia, al haber sido derrotada democráticamente en las elecciones de octubre
de 2020, pretende evitar a través de un nuevo golpe de Estado, que los pobres y
los humildes se gobiernen así mismos.
“Lo que no quieren es que el
pueblo, los pobres, los humildes se gobiernen así mismos, que conduzcan los
destinos de la nación, siempre los han creído o menores de edad, incapaces o
peligrosos. Son ellos los que quieren gobernar este país como lo hicieron
durante parte de su historia”, manifestó.
Señalo que el movimiento social,
campesino, obrero y ciudadano aprendió las lecciones de 2019, que una
interrupción democrática implicó un retroceso mayor para el país.
“La economía se hundió,
prácticamente el país entró al hoyo económico por el desgobierno que en pocos
meses se dedicaron solo a robar y no invertir, que es uno de los ejes centrales
la inversión pública para el movimiento económico”, puntualizó.
“La Ley 1386 es un pretexto y lo
que no quieren es que el presidente Luis Arce gobierne, lo quieren poner en un
estado total de indefensión, quieren paralizar su gestión, ese es el objetivo
de fondo”, complementó.
BOLIVIA SIGUE POLARIZADA DOS AÑOS
DESPUÉS DE LA RENUNCIA DE EVO MORALES
Tras su dimisión, Bolivia vivió momentos de caos esa
misma noche y al día siguiente, con ataques a sedes policiales y domicilios
particulares, además de la quema de la mayor parte de la flota de buses urbanos
de La Paz y grupos de civiles en las calles al grito de “guerra civil” en la
ciudad vecina de El Alto.
Gestión de Perú (https://bit.ly/3FaCcS9)
Los bolivianos recordaron en la
víspera (miércoles) los dos años de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia
del país tras casi 14 años en el poder en medio de una crisis desatada luego de
las fallidas elecciones del 2019, con una polarización persistente desde
entonces.
El 10 de noviembre del 2019,
Morales anunció que renunciaba a la Presidencia en un video difundido por el
canal estatal, luego de la dimisión en cascada de varias altas autoridades y
parlamentarios oficialistas.
La renuncia se dio en un contexto
de protestas que se extendieron en las semanas previas por las denuncias de un
supuesto fraude a su favor en las elecciones del 2019, luego anuladas.
El mismo día, la Organización de
Estados Americanos (OEA) había recomendado la repetición de la primera ronda de
esos comicios con nuevas autoridades electorales, lo que Morales aceptó hacer,
pero aquello no frenó las protestas.
Por ello luego informó sobre su
renuncia asegurando que lo hacía para pacificar al país y dijo ser víctima de
un “golpe cívico, político y policial”, aludiendo al repliegue policial en los
días previos.
Tras su dimisión, Bolivia vivió
momentos de caos esa misma noche y al día siguiente, con ataques a sedes
policiales y domicilios particulares, además de la quema de la mayor parte de
la flota de buses urbanos de La Paz y grupos de civiles en las calles al grito
de “guerra civil” en la ciudad vecina de El Alto.
Durante dos días nadie se hizo
cargo de la Presidencia boliviana, ya que con Morales dimitieron todos los que
constitucionalmente podían sucederlo, hasta que la entonces segunda
vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez, asumió de forma interina
tras activar un mecanismo de sucesión que en su momento contó con el visto
bueno del Tribunal Constitucional.
Ahora la polarización se mantiene
en el país, con un oficialismo que insiste en que en el 2019 hubo un “golpe de
Estado” contra Morales y la oposición que defienden que la crisis fue
consecuencia del fraude electoral.
Posturas
En febrero pasado, Morales
insistió que en el 2019 “no hubo fraude” y que “la mejor prueba” de ello son
los resultados de la elección del 2020, en la que su exministro de Economía
Luis Arce venció con más del 55% de los votos.
Morales reiteró este argumento en
una reciente entrevista que tuvo en Argentina con el uruguayo Víctor Hugo
Morales, quien preguntó al expresidente: “¿quiénes han pedido disculpas
creíbles por lo que le hicieron a usted y a Bolivia?” en el 2019, a lo que el
boliviano respondió: “disculpas, nadie, que yo sepa nadie”.
Esta declaración le valió
críticas de sus detractores, entre ellos la expresidenta interina Áñez,
encarcelada desde marzo por el supuesto “golpe”, y el gobernador de la región
de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
“El 10.11.19 @evoespueblo y
masistas renunciaron y abandonaron Presidencia y Vice de Bolivia, Presi y 1ª
Vice de Senado y Diputados, tras fraude confirmado por OEA. Promovieron caos y
violencia entre bolivianos. Huyeron para evadir la Justicia. Bolivia aún no
recibió sus disculpas”, se lee en las redes sociales de Áñez administradas por
su familia.
Camacho acusó a Morales en
Twitter de “dividir” al país y desconocer los resultados del referendo
constitucional que en el 2016 le negó la posibilidad de volver a postular a la
Presidencia.
“La corrupción fue la marca de
tus gobiernos. Desconociste la Constitución y ante tu tercera reelección
fraudulenta, el pueblo se levantó y huiste como un cobarde. Échate a esperar
Morales, a vos disculpas no te va a pedir NADIE”, acotó.
EN LA PREVIA DEL ANIVERSARIO DEL
GOLPE, DIRIGENTE OPOSITOR HABLAR DE “TUMBAR AL GOBIERNO”
Nodal AM de https://bit.ly/3D8BfJg)
Rómulo Calvo insiste con
polarizar el país y habla de “tumbar al gobierno”
Después de que el paro de Camacho
y Calvo haya cobrado la vida de un joven campesino en Potosí, el Comité Cívico
pro Santa Cruz no reflexiona y ahora amenaza con tumbar al gobierno.
Rómulo Calvo señaló que “los
hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este gobierno”. En
2019, Fernando Camacho reveló que había acordado con un dirigente minero tumbar
a Evo Morales. En aquel entonces Camacho declaró “Ya tenía 6.000 mineros llenos
de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”.
Finalmente, Calvo levantó una
amenaza: “Quiero pedirle al pueblo cruceño, nos estamos jugando nuestra última
carta, esta última carta no lo vamos a perder, esta carta se llama democracia”.
Central Obrera Boliviana se
pronuncia ante acciones de desestabilización de la derecha
La Central Obrera denuncia un
nuevo intento de golpe de Estado liderado por Luis Fernando Camacho, Romulo
Calvo, Marco Pumari y el Comité Cívico pro Santa Cruz, quienes protagonizaron
el golpe de 2019.
Mediante un pronunciamiento
dirigido al pueblo boliviano, la COB llama a sus organizaciones afiliadas y no
afiliadas a organizarse y no permitir un retorno a la destrucción que causó el
golpe de Estado de 2019,
Asimismo, exige al gobierno
central iniciar procesos contra los actores del golpe de 2019, y exigen al
Ministerio Público la investigación de la muerte del campesino potosino
fallecido ayer.
PROTESTAS EN BOLIVIA: QUÉ ES LA
"LEY MADRE" QUE HA DESATADO MARCHAS MASIVAS (Y POR QUÉ ALGUNOS LAS
COMPARAN CON LAS QUE LLEVARON A LA CAÍDA DE EVO MORALES)
BBC Mundo de Londres (https://bbc.in/3H61d2F)
Este miércoles, el país
sudamericano se sumió en el tercer día consecutivo de protestas
antigubernamentales que, en lo que va de semana, han derivado en
enfrentamientos entre manifestantes, policías y movimientos afines al
gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los mayores choques han ocurrido
en las regiones de Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Tarija y Cochabamba.
También ha habido protestas en La Paz, Oruro y Beni.
La protesta se origina en el
rechazo de la polémica ley 1386, también conocida como "ley madre",
aprobada en agosto y criticada por grupos sociales y opositores que consideran
que otorga al gobierno un poder excesivo y discrecional.
Desde el oficialismo, sin
embargo, la protesta es rechazada y vista como un instrumento con el cual se
busca "desestabilizar" al gobierno del presidente Luis Arce.
La protesta, que ha sido
convocada como un "paro indefinido", ha estado caracterizada por los
numerosos cortes de vías que han realizado los manifestantes y por las
intervenciones de la policía para dispersarles, que han sido criticadas por su
aparente dureza.
BBC Mundo te explica algunas
claves de este conflicto.
¿Qué es la "ley madre"?
La Ley 1386 de Estrategia
Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento
al Terrorismo, conocida también como "ley madre", fue aprobada el
pasado agosto y, como su nombre sugiere, formalmente apunta a combatir el blanqueo
de capitales.
La norma contiene 7 artículos,
entre ellos uno que establece que esta estrategia podrá ser modificada por el
ejecutivo a través de un decreto.
Además incluye anexa la
estrategia en sí, que es un documento técnico de 54 páginas que sienta las
bases para su implementación.
¿Por qué causa protestas?
Los críticos de la "ley
madre" afirman que esta busca imponer un "totalitarismo económico y
financiero".
El Comité Nacional por la Defensa
de la Democracia (Conade), una de las organizaciones que cuestiona la norma,
hizo pública una lista de 11 objeciones a la ley y pidió su derogación alegando
que esta tiene como propósito "generar acciones de inteligencia financiera
contra la población, control de las actividades económicas del pueblo,
persecución y amedrentamiento, eximiendo de todo este proceso a la principal
actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el
narcotráfico".
Por su parte, la Confederación de
Cooperativas de Bolivia (Concobol) propuso modificar el artículo que prevé la
posibilidad del ejecutivo de cambiar la norma por decreto para evitar que sea
usado por los gobiernos "para generar condiciones de persecución
política".
Las movilizaciones contra esta
norma han estado impulsadas principalmente por movimientos gremiales y
sindicales.
"Son los pequeños
comerciantes, la mayor parte de ellos de mercados y calles, los transportistas,
que son chóferes y dueños de los medios de transporte, y ahora están a punto de
sumarse los cooperativistas mineros", señala Roberto Laserna, investigador
social afiliado al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social
(Ceres), a BBC Mundo.
Laserna explica que estos
sectores son amplios desde el punto de vista demográfico e importantes desde el
punto de vista económico, porque manejan gran cantidad de recursos, pero que
mayormente operan en la economía informal, por lo que temen verse afectados por
la nueva legislación.
Laserna afirma que la norma permite
investigar todo tipo de transacciones de cualquier cuenta bancaria que resulte
sospechosa y no como en otras partes del mundo, donde no se puede indagar
cualquier cuenta, sino solamente aquellas cuyas operaciones superan unos montos
específicos.
"Entonces uno podría verse
involucrado en sospechas y, a raíz de estas, un fiscal podría ordenar, por
ejemplo, el congelamiento de cuentas, exista o no razón para hacerlo",
apunta.
"Además, esto ocurre en un
país en el que una gran parte de la población pertenece al sector informal de
la economía. Es decir, es gente que no tiene papeles al día, que trabaja mucho
sin contratos, entonces les resulta más difícil explicar de dónde o cómo
acumuló dinero para comprarse una casa, un camión o un auto y eso tiene a la gente
también muy molesta y muy suspicaz", agrega.
¿Qué dice el gobierno?
El presidente Luis Arce defendió
este miércoles la vigencia de la ley madre y acusó a la "derecha" de
fomentar las protestas en contra de la norma para evitar que avancen las
investigaciones judiciales y conseguir "la impunidad de lo que pasó el
2019 con el golpe de Estado".
El llamado "caso golpe de
Estado" es una investigación abierta en contra de dirigentes opositores
por la crisis política ocurrida en 2019 que derivó en la renuncia y salida del
poder del entonces presidente Evo Morales.
"Hay que ser loco para
pensar que nuestro gobierno va afectar a los más pobres", dijo Arce, según
reseñaron los medios locales.
La semana pasada, la ministra de
la Presidencia, Maria Nela Prada, negó que la ley 1386 afecte a los
trabajadores gremiales o a los transportistas y aseguró que algunos grupos han
querido interpretarla de esa manera para buscar la desestabilización del
gobierno.
Otros voceros del gobierno, como
el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Vilca, han
dicho expresamente que esta norma "no afecta al sector informal, sino a
quienes se enriquecen de forma ilícita".
Pese a ello, los críticos de la
norma han destacado que uno de los puntos de la estrategia aprobada junto a la
ley menciona la "problemática de la informalidad" y señala
expresamente que "la informalidad genera numerosas oportunidades para que
el delincuente pueda ingresar a la economía el producto del delito y puedan ser
llevadas a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que
permita su detección por las autoridades".
¿Cómo se comparan estas protestas
con las de 2019?
Las protestas contra la ley madre
han sido consideradas desde el gobierno como un "intento de
desestabilización" impulsado por la derecha, a la cual el oficialismo
también le imputa la responsabilidad por la crisis política vivida en 2019.
En un artículo publicado en el
diario La Razón, el periodista Rubén Atahuichi hace algunos paralelismos entre
lo ocurrido en 2019 y lo que pasa ahora.
"En uno de sus discursos, el
presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, invocó a las Fuerzas
Armadas y a la Policía Boliviana a sumarse al pueblo, como lo hiciera el 2 de
noviembre de 2019 su antecesor Luis Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa
Cruz, cuando lideraba las protestas que terminaron con el derrocamiento del
presidente Evo Morales", escribe a modo de ejemplo.
Para concluir más adelante que no
es el rechazo a la ley lo que les impulsa.
"Ya sabemos el libreto. No
es democrático lo que hacen, buscan convulsionar el país para sus fines, con el
pretexto de cualquier cosa", agrega.
El analista Roberto Laserna
coincide en que es posible que entre quienes promueven las manifestaciones
ahora haya "alguna gente" interesada en desestabilizar el gobierno,
pero considera que no hay comparación con lo ocurrido hace dos años.
"La protesta de 2019 fue
mucho más fuerte, era mucho más específica. Había un cansancio muy grande por
un gobierno que había durado 14 años y que no había respetado la Constitución,
no respetó el referéndum. En este momento yo creo que no hay ese riesgo. Quizás
algunos grupos tienen la ilusión de derribar al gobierno de Luis Arce con este
tipo de presiones, pero creo que eso no va a ocurrir y no debería ocurrir tampoco",
señala.
Laserna asegura que el gobierno
tiene legitimidad política y democrática, tras haber ganado las elecciones y
haber obtenido una mayoría en el Parlamento.
El experto tampoco considera que
el problema de fondo sea la ley 1386 y apunta más bien a un problema de
desconfianza generalizada en el gobierno, en la justicia y en las
instituciones.
"La ley es un detonante de
un problema de confianza en la sinceridad democrática del gobierno y de
confianza en los organismos institucionales que protegen los derechos de los de
los ciudadanos", le dice a BBC Mundo.
Asegura que la ley contiene una
cantidad de instrumentos de coerción y de persecución que podrían ser
utilizados de forma abusiva para la persecución política y que fue aprobada en
un contexto en el que los ciudadanos han perdido toda la confianza en el
sistema jurídico.
Laserna dice echar en falta una
disposición más dialogante por parte del gobierno de Arce, que llegó al poder
"ofreciendo reconciliación y ofreciendo una reforma de la justicia, que no
se han visto este año".
El experto considera
"impredecible" cómo puede evolucionar este conflicto, pero destaca
que no es correcto enfocarlo como si se tratara de un choque entre el gobierno
y la oposición política, pues el verdadero motor de las protestas no es la
oposición sino los movimientos de trabajadores de la economía informal.
"Son movimientos de
extracción muy popular, indígena, formados muchas veces por migrantes rurales a
la ciudad, al igual que el sector del transporte y los cooperativistas.
Entonces, no estamos en una pelea de élites contra sectores populares, sino de
sectores populares informales que no dependen del Estado ni de las empresas,
sino de sí mismos y que están sintiéndose amenazados.
"El gobierno debería prestar
mucha atención porque no son minorías, son sectores muy amplios y muy fuertes,
que están muy organizados", advierte.
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