Wednesday, April 26, 2023

ADELANTO DE "LA COMUNIDAD ILUSORIA", EL NUEVO LIBRO DE GARCÍA LINERA

Una respuesta esclarecedora a la paradoja de vivir juntos. Un llamado a pensar por qué es tan difícil cambiar el mundo.

En "La comunidad ilusoria" (Sudamericana, 2023), el histórico vicepresidente de Evo Morales explora el verdadero significado de lo común, lo público, la comunidad y el Estado, y aporta una mirada singular para reflexionar acerca de las huelgas, las revueltas y las movilizaciones ciudadanas como excepcionalidades no solo posibles, sino también inevitables, en el mundo de hoy.
¿Por qué es tan difícil cambiar el mundo, que, desde hace décadas, se halla desbordado por crisis económicas y ambientales, explotaciones laborales asfixiantes, abusos desmedidos y un interminable sufrimiento humano? ¿Por qué se vuelve tan dificultoso que las sociedades se transformen radicalmente? ¿Por qué, en momentos en los que se denuncian tantas injusticias, no se implementan las transformaciones que pongan fin a ese sufrimiento?
Nos dicen que el 1% de la población concentra el 22% de la riqueza del planeta, que el 50% más pobre solo tiene el 9% de esa riqueza, y pese a ello en el mundo entero todavía predominan los proyectos elitistas, las formas de organización del trabajo abusivas y denigrantes. Incluso en aquellos países más ricos en los que el porcentaje de la clase media ha retrocedido y se han reducido los derechos de sus clases trabajadoras, aún no existen movimientos sociales duraderos capaces de cambiar radicalmente las circunstancias adversas de la vida.
¿Por qué las clases subalternas, marcadas por el maltrato y la injusticia, no se rebelan permanentemente? ¿Por qué, cuando lo hacen, luego una buena parte vuelve a caer en la elección y la adopción de las políticas conservadoras que restablecen la opresión que habían logrado superar? ¿Qué permite que eso suceda?
Algunas respuestas
Las respuestas dadas desde el ámbito de la ciencia política, la sociología o el pensamiento crítico han tenido distintas orientaciones. Las lecturas conservadoras consideran que no existen motivos para rebelarse, que la sociedad distribuye equilibrada y espontáneamente sus recursos según los méritos y la eficiencia de sus integrantes, etc. En la medida en que se trata de primitivos relatos legitimadores del orden existente, no vale la pena profundizar más en los fundamentos de su mediocridad.
Desde la izquierda política, que busca cambiar el orden de cosas existente, la explicación más fácil y que prevaleció a principios del siglo pasado es que, si bien existen muchas injusticias, muchas desigualdades y una opresión asfixiante, aún no se han generado las "condiciones objetivas" para que la crisis llegue a un punto de estallido final. Esta fue la respuesta que, desde principios del siglo XX, dio la socialdemocracia y, después de mediados de siglo, gran parte de los partidos comunistas del planeta.
Afirmaban que, para que sucedieran los cambios, había que esperar que las "condiciones objetivas" madurasen, que el desarrollo industrial se profundizara a fin de fortalecer al proletariado, que las desigualdades se intensificaran, etc., de tal manera que, sobre esa base "desarrollada", recién podían producirse procesos de sublevación social.
Está claro que se trataba de una mirada pasiva frente a la realidad, pues condenaba la acción de los revolucionarios a una actitud de paciente espera a que esas "condiciones objetivas madurasen", ya fuera a través de mayores procesos de industrialización, de descampesinización de la fuerza de trabajo o de empobrecimiento de más amplias capas de la población, fruto de políticas de ajuste, despido o crisis económicas, etc.
Una versión más sofisticada en su argumentación por su carácter académico es la que hoy se llama "aceleracionismo". Se trata de una nueva corriente filosófica que habla de que se deben acelerar los procesos de tecnologización de la producción social, de globalización de las interdependencias colectivas, de ampliación del "intelecto general", capaces de crear materialmente condiciones de asociatividad planetaria que desborden la limitada forma privada capitalista de apropiación de la riqueza.
En ambos casos, esto se refiere a que las "condiciones objetivas" aceleradas, intensificadas, agudizadas, etc., desaten contradicciones en el interior del capitalismo, así como condiciones de posibilidad de algo distinto a este que lleven a la gente a sublevarse.
Mientras tanto, uno puede quedarse tomando café en su cubículo de la universidad, agenciar ONG ambientalistas o asesorar esquivamente a gobiernos de derecha, sin tener ataques de remordimiento moral porque no hay "condiciones objetivas" para la transformación revolucionaria. Se trata, ciertamente, de una mirada pasiva, y muy propia de toda la filosofía europea resultante de las derrotas de las revoluciones a partir de los años treinta hasta hace poco. Y es que ¿cómo saber cuándo están "maduras" las "condiciones objetivas"? ¿Cómo medir esa madurez?
Podrá tener límites temporales, como lo muestran las crisis económicas cíclicas a lo largo de su historia, pero también estas podrían ser el punto de arranque de un nuevo ciclo de acumulación y dominación.
Y es que las llamadas "condiciones objetivas" de las sociedades, en gran parte, son una manera de cristalizar, de materializar las propias "condiciones subjetivas", por lo que, en la sociedad, lo objetivo y lo subjetivo son dos maneras de enunciar, en tiempos históricos diferentes, dos aspectos de la misma realidad social en movimiento.
Pero, además, ¿es la "inmadurez de las condiciones objetivas" de inicios del siglo XX igual a la de mediados de siglo? Y esa nueva "inmadurez", ¿no ha sido ya superada con creces, incluso con el riesgo de llegar a la putrefacción, en la segunda década del siglo XXI? Tenemos así, más que una explicación de la imposibilidad de cambiar el mundo, una justificación de la abdicación ante las injusticias.
Álvaro Marcelo García Linera nació en Bolivia, en 1962. Estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, militó en la organización guerrillera indígena EGTK y fue profesor de grado y posgrado en ciencias sociales de varias universidades en Bolivia, Argentina, España e Italia, entre otras. Ha recibido diecisiete distinciones honoris causa de diferentes universidades del mundo.
Fue vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, en la gestión de Evo Morales. Es autor de numerosos libros sobre acción colectiva, transformaciones estatales, gestión económica e identidad indígena, muchos de ellos traducidos al inglés, alemán, francés, italiano y griego. El Economista de Argentina (https://bit.ly/3Ngq9tI)
 
 
 
 
 
RICARDO LAGOS PIDE POLÍTICA INTERNACIONAL SOBRE EL LITIO CON PERÚ, ARGENTINA Y BOLIVIA
 
El expresidente pidió un acuerdo en el que se traten las inversiones extranjeras. Expertos advierten que los países vecinos podrían convertirse en fuertes competidores para Chile.
 
Radio Cooperativa de Chile (https://bit.ly/3L8LOBx)
 
El expresidente Ricardo Lagos llamó a fomentar una política internacional en torno al litio entre los países de la región a la vez que comentó los lineamientos de la nueva Política Nacional del Litio, anunciada la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric.
Sobre el anuncio del Mandatario, Lagos manifestó que "el Estado es dueño de decidir si no da una concesión o lo explota directamente. Eso es propiedad del Estado de Chile. Entonces, cuando el Presidente hace este anuncio, lo que hace simplemente es referirse a la Constitución. Y mire el escándalo que se ha armado".
En esa línea, manifestó que sí le "parece importante una política también internacional sobre el litio, en que Perú, Argentina, Bolivia y Chile, al menos nos pongamos de acuerdo cómo queremos tratar y recibir eventuales inversiones extranjeras que en esta área se produzcan".
El académico de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, Juan Nagel, comentó que Bolivia y Argentina han logrado avanzar en materia de la explotación del litio, por lo que podrían convertirse en fuertes competidores para Chile.
Nagel explicó que "tenemos el caso de Bolivia que ha decidido nacionalizar su industria del litio y, por lo tanto, ha rezagado mucho la producción de este. Aunque eso probablemente va a cambiar en los próximos meses y años, debido a que hay varios proyectos que por fin están viendo la luz".
Igualmente para el país trasandino, que ha tomado "una posición mucho más flexible, y eso ha hecho que haya muchos proyectos en vías de ser concretados. Argentina a va a ser un actor relevante y un competidor fuerte en los próximos meses y años", concluyó.
 
 
 
 
 
 El 70% de las utilidades se quedaba con las empresas, y sólo el 30% en el país: Echazú
 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO EN BOLIVIA SE DIO A CAUSA DE LOS ESTRAGOS DEL NEOLIBERALISMO
 
La Jornada de México (https://bit.ly/3Laszr0)
 
El proyecto de industrialización del litio en Bolivia, basado en la soberanía de los recursos naturales, surgió como consecuencia de los estragos causados por el neoliberalismo, pues 70 por ciento de las utilidades se quedaba con las empresas y una mínima parte se quedaba en el país, informó Luis Alberto Echazú Alvarado, ministro de Minería y Metalurgia en el gobierno de Evo Morales.
Durante la conferencia “La filosofía de la estrategia nacional de industrialización del litio en Bolivia”, explicó conceptos y fundamentos políticos, ideológicos, económicos y sociales del proyecto de industrialización de los recursos evaporíticos.
Indicó que es necesario usar el término de recursos evaporíticos porque no se trata solamente del litio, ya que esta concepción tiene que ver con una visión más amplia que se distingue de los emprendimientos de las empresas que sólo explotan el litio, por su valor y su influencia en la transición energética, pero que dejan otros valiosos recursos para los países.
Durante su participación en el Seminario latinoamericano “¿Qué hacemos con el litio?”, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), comentó que el neoliberalismo en Bolivia inició en 1985 y se implementó de manera ortodoxa y radical.
En ese momento, comentó que el neoliberalismo planteó el adelgazamiento del Estado, la instauración de la economía de libre mercado, apertura a la invasión extranjera y la privatización de las empresas públicas, los cuales precedieron a una etapa de “capitalización” de la economía.
Como consecuencia, Echazú Alvarado comentó que se privatizó la minería, los hidrocarburos, la electricidad, los ferrocarriles, agua potable, telecomunicaciones, entre otros, pero la entrega de los recursos naturales fue el eje principal, en beneficio de empresas transnacionales.
“En la embestida neoliberal que es realmente una experiencia nefasta, hay que saber, que cuando viene, arrasa con todas las conquistas precedentes. En Bolivia se despidió a 30 mil trabajadores mineros de la empresa estatal; más de 50 mil trabajadores fabriles, de las empresas públicas, y se privatizó la seguridad social a largo plazo”, dijo.
Explicó que la ley minera, en el neoliberalismo boliviano, prohibió la participación de la empresa estatal en la cadena productiva y sólo podía hacerlo a través de terceros, es decir, de otras empresas privadas y extranjeras.
En consecuencia, comentó que se entregaron los yacimientos en pleno funcionamiento, pero también toda la infraestructura productiva y la infraestructura de servicios, incluyendo escuelas y colegios, además de proyectos que habían terminado la etapa de factibilidad y emprendimientos industriales que producían estaño.
De acuerdo con Echazú Alvarado, aunque la Constitución de Bolivia establecía que los recursos naturales pertenecían al Estado, la Ley Minera concedió a operadores mineros la propiedad privada de los yacimientos, lo que contradijo el espíritu de la propia Constitución.
Refirió que los contratos con las empresas contemplaban el extremo de la exportación de todos los minerales y evitar que en el país se produjeran las sales básicas, de manera que 70 por ciento de las ganancias se las quedaban las empresas y para el país solamente quedaba 30 por ciento.
Con el proyecto iniciado, durante el gobierno de Evo Morales, explicó que se firmó un convenio con una empresa para industrializar y darle un valor agregado a las sales básicas que ahora son producidas por la empresa pública.
Para tal efecto, fueron anuladas las concesiones mineras y se plantea que un operador minero debe presentar un proyecto de exploración y eventualmente de explotación, pero debe definir qué mineral va a explotar y cuál es su visión.
Así, Echazú Alvarado indicó que “a partir de entonces el operador minero no es dueño del territorio, simplemente es una empresa que usufructúa, pero con ciertas limitaciones: tiene que hacer minería, ya no puede tener el yacimiento ni puede venderlo o transferirlo; es un yacimiento para producir en beneficio del pueblo boliviano”.
Sobre el convenio firmado con una empresa para la industrialización del litio, detalló que “no puede haber ningún contrato a ninguna empresa nacional, privada o extranjera, que permita el acceso y la explotación. Eso está prohibido y por eso hemos fracasado en explicar al pueblo boliviano que es imposible que nosotros que hicimos la ley podamos entregar eso, ni siquiera en calidad de socios, a una empresa extranjera”.
Es decir, en la actualidad ninguna empresa extranjera, ni siquiera en calidad de socio de una empresa pública, puede intervenir en la fase extractiva y sólo puede hacerlo en la etapa de agregación de valor.
 
 
 
 
 
Debe analizarse la relación del Estado y el sector privado
 
“LA GEOPOLÍTICA DE LAS GOBERNANZAS DE LOS MINERALES DEBE SER EL CENTRO DE ATENCIÓN”
 
La Jornada de México (https://bit.ly/3V7q2Cy)
 
De acuerdo con el sociólogo e investigador boliviano, Eduardo Paz González, lo que merece la atención de los investigadores es la geopolítica de las gobernanzas de los minerales, pues en los distintos países que tienen litio, en América Latina, como lo es Argentina, Bolivia, Chile y México, habrá que valorar la relación que tiene el Estado y el sector privado, “ya que las diferencias entre estas gobernanzas del litio van a facilitar o dificultar la forma en que los países se ensamblen con el mercado mundial”.
Este martes, como parte del Seminario Latinoamericano ¿Qué hacemos con el Litio?, donde uno de los ponentes investigadores trató el tema “El modelo de desarrollo económico. Los gobiernos progresistas se han puesto como objetivo superar el neoliberalismo: ¿En qué medida lo han conseguido? ¿Qué rasgos esenciales hay que lograr en la estructura económica para lograr un desarrollo con igualdad?”, dio a conocer las diferentes tradiciones de gobernanza de minerales en distintos países de Latinoamérica, es decir, la colaboración que tiene el sector público con el sector privado, a fin de llegar a un beneficio mutuo derivado de la extracción de dicho mineral.
Comenzando con Chile, un país que muy tempranamente adoptó una forma de alianzas público-privadas “defendidas por los empresarios en Chile y en las que, en casos como el cobre, el gobierno hace asociaciones con el sector privado para hacer extracciones del mineral”. Dicha relación, de acuerdo con el investigador, está muy “cimentada”, sin embargo, esconde el hecho de que hay una fuerte desviación de recursos públicos para el aprovechamiento del privado.
“Recientemente el presidente de Chile anunció la creación de la empresa nacional del litio porque tiene, entre sus planes, revertir estas relaciones con el sector público-privado y hacer un aprovechamiento más para el beneficio del pueblo chileno”.  
En cuanto a Argentina, se estableció que la propiedad de los recursos de litio pertenecen a las entidades del país, las cuales, posteriormente, buscan hacer alianzas con empresas privadas; en este caso “se ve una asimetría porque las empresas que se acercan a buscar el litio llegan con una gran capacidad de negociación y si alguna de estas empresas se encuentra con un equipo de negociación distraído, mal preparado, y que no tienen una concepción integral de para qué se utilizan los recursos, uno puede predecir que las relaciones, entre los privados y los públicos, acaban siendo desiguales”.
En ese sentido, dirigiéndose a la audiencia, destacó la importancia y el gran trabajo que tiene la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) de “formar a los analistas políticos y económicos, pero también las miradas de negociación que son importantes para trabajar el litio mexicano, en condiciones beneficiosas para este país”.
Por primera vez, en mucho tiempo, finalizó el ponente, es posible pensar en una base de intereses conjuntos y que venga a proyectar una unión regional para que el aprovechamiento del litio sirva a todos los países que están involucrados en esta explotación para lograr un “sueño antiguo, que es el de la integración latinoamericana”.
 
 
 
 
 
LITIO: IMPORTANTE RECURSO NATURAL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
 
Express Zacatecas de México (https://bit.ly/3L3d1FA)
 
En el seminario organizado por la UAZ participaron Eduardo Paz y Luis Alberto Echazú
Zacatecas, Zac.- Al continuar el primer Seminario Latinoamericano: Estatalidad, Modelo Económico, Política Energética y Universidad Pública en América Latina: ¿Qué hacemos con el Litio?, se destacó la importancia de este recurso natural para la generación de energía y se abordó la crisis del petróleo.
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es la primera institución en reunir a especialistas en el tema para crear mecanismos en beneficio no sólo de los pueblos latinoamericanos, sino a nivel mundial, de ahí la importancia de este encuentro de investigadores y conocedores del asunto, se indicó.
El especialista Eduardo Paz González, fue el encargado de iniciar las actividades del martes 25 de abril del año en curso, con la ponencia en donde abordó el tema del modelo de desarrollo económico progresista, mismos que se  han puesto como objetivo superar el neoliberalismo.
Dentro de su intervención, manifestó la importancia del petróleo, de cómo este está llegando a una etapa crítica en donde debe ser sustituido, entrando ahí el litio, que, como recurso natural existente en países latinoamericanos, en más de un 70 por ciento debe protegerse y ser utilizado como una importante fuente de energía.
Explicó, además, la trascendencia de romper con viejos esquemas que han sido preámbulo para que algunos proyectos fallen, “pues la mentalidad ante lo desconocido, orilla al ser humano a no creer en la viabilidad de lograr los resultados planteados, de ahí la importancia de modificar el pensamiento y arriesgar a las multinacionales públicas siendo estas las encargadas de poder explorar, extraer y comercializar el litio sin la necesidad de empresas extranjeras”.
ESTRATEGIA EN BOLIVIA
Por otro lado, el también ponente y especialista , Luis Alberto Echazú Alvarado,  habló sobre la filosofía de la estrategia nacional de industrialización del litio en Bolivia, en donde se rompieron esquemas existentes en la década de los 50, y en donde los gobiernos prácticamente entregaron los yacimientos a empresas particulares, privilegiando a unos cuantos por encima de la población Boliviana, que tras varios años de lucha, cambios gubernamentales y formas de pensar, ha logrado la recuperación de yacimientos para la investigación, exploración, extracción y comercialización de los propios bolivianos a través de la empresa estatal.
Asimismo, enfatizó que la Ley del Litio, prohíbe a las empresas privadas acceder e invertir de manera independiente en el uso y manejo de este recurso natural, “sólo podrán hacerlo a través de la empresa estatal como socios minoritarios, sin beneficiarse como lo hacían anteriormente, pues no puede haber contratos que permitan la exploración y extracción, esto está prohibido, no se puede entregar este derecho a empresa extranjera ni como socios”, enfatizó.
Finalmente, habló de las fases que se desarrollaron los bolivianos en  el tema del litio, que inicia con la investigación, pilotaje y creación de laboratorios, con lo que se logró realizar la ruta de los sulfatos que permitió hacer el carbonato de litio, además de la investigación, se planteó la contratación de los especialistas, y se invirtió en becas académicas pagadas en las principales universidades del mundo en estudios del litio, para poder avanzar y mejorar.
En ese sentido, “la unión de los países latinoamericanos representa un gran avance para la protección y uso adecuado de los recursos naturales como el litio”.
 
 
 
 
 
LATINOAMÉRICA ESTÁ EN EL CENTRO DE LA COMPETENCIA GEOPOLÍTICA POR EL CONTROL DEL LITIO: EXPERTOS
 
El litio, considerado el "oro blanco", es crucial en la actual transición energética global. Su importancia en la industria de autos eléctricos y dispositivos electrónicos lo convierte en un elemento codiciado para gobiernos y compañías.
 
Agencia VOA de EEUU (https://bit.ly/40EadEv)
 
WASHINGTON.- Por sus grandes reservas de litio, América Latina "está en el centro" de la competencia entre China y las potencias occidentales por el control del llamado "oro blanco", pieza clave en la transición energética global, afirmaron este martes expertos en el tema.
Argentina, Bolivia y Chile conforman el Triángulo del Litio, que alberga casi el 60 % de los recursos mundiales de litio (unas 52 millones de toneladas métricas), lo cual pone a estas naciones suramericanas en la mira de naciones que buscan desprenderse de la dependencia china como suministrador de materia prima crítica, sobre todo en las próximas décadas.
"Como facilitador clave de la transición energética, el litio ha ocupado un lugar destacado en la competencia geopolítica entre los países occidentales y China (...) América Latina está en el centro de esa competencia, en la que China ya está muy por delante en la región en comparación con Occidente", dijo la experta independiente en energía, Patricia Vásquez.
Durante un panel auspiciado por el Wilson Center, un think tank con sede Washington, Vásquez indicó que la presencia de China en la región está creciendo en el sector del litio, donde Beijing mantiene considerables proyectos de inversión.
Las baterías de ion-litio (denominadas también Li-Ion o LIBs, por sus siglas en inglés) permiten almacenar energía renovable, ya sea en formato pequeño para dispositivos electrónicos portátiles como laptops y teléfonos móviles, o en mayor tamaño, como las utilizadas en vehículos eléctricos (EV).
Vásquez recordó que en Argentina hay "seis proyectos de litio en construcción que se espera que comiencen a producir en los próximos dos años", de los que cuatro tienen participación china.
Una situación similar se aprecia en Bolivia, donde cuatro de seis licitaciones recientes para desarrollar tecnologías de extracción respetuosas con el medio ambiente fueron ganadas por empresas chinas.
En Chile el fabricante de automóviles BYD se aseguró litio a precios preferenciales a cambio de fabricar lámparas de cátodos, advirtió la investigadora asociada del Wilson Center y moderadora del panel.
Otros países latinoamericanos con gran potencial en la industria del litio son Brasil, Perú y México, este último con grandes probabilidades de convertirse en un productor importante en la región en un futuro cercano, vaticinaron los especialistas.
Cortar la dependencia de China
De acuerdo al analista Henry Sanderson, los futuros escenarios en los que se podría desarrollar la competencia entre China y Occidente en América latina es "muy difícil de predecir".
"Lo que podemos ver que ya está sucediendo es un aumento de la tensión, y esto forma parte de, se podría decir, el deterioro de las relaciones entre EEUU y China", explicó Sanderson, del Benchmark Mineral Intelligence, una agencia de informes de precios y autoridad en la información sobre baterías de iones y litio para vehículos eléctricos.
Según Sanderson, se está viendo "mucha presión" por parte de políticos de EEUU y Europa para "crear cadenas de suministros que dependan menos de China".
En el caso de EEUU, "ya se están dando pasos" afirmó el especialista en referencia a la Ley de Reducción de la Inflación, sancionada por Biden en agosto de 2022, para fortalecer la industria tecnológica y dotar de autonomía al país con la promoción de la fabricación local de microprocesadores, frente al gigante asiático. La legislación lleva incluida una inversión de unos 369.000 millones de dólares.
Aunque ya está la voluntad política, "esto no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana", insistió Sanderson. "Estamos hablando de la construcción de industrias completamente nuevas, (...) que requiere mucha inversión, mucha experiencia. Así que no puede suceder rápidamente".
"A Occidente le gustaría que más empresas occidentales invirtieran en Argentina y Chile, pero no pueden obligar a las empresas a invertir. También hemos visto que las grandes empresas mineras occidentales no se han movido hacia el litio", matizó.
Sanderson vaticinó que en el futuro quizás lo que se vea es un incremento de empresas conjuntas entre Occidente y China, aunque reiteró que aunque exista la voluntad gubernamental, las administraciones no pueden forzar a las compañías que "simplemente no han visto el interés o no tienen el apetito para entrar" al mercado de producción de litio en América Latina.
Eso sí, "necesitamos todo el litio que podamos conseguir", subrayó el analista en referencia a la importancia del elemento para la transición energética y la fabricación de dispositivos electrónicos.
El mundo no se está quedando sin litio
Según estudios recientes, la producción mundial de litio tendrá que multiplicarse casi cuatro veces para 2030 si se desea cumplir con la demanda mundial proyectada de baterías ion-litio.
Sin embargo, "el mundo no se está quedando sin litio, de hecho, hay reservas suficientes para satisfacer absolutamente toda la demanda esperada", precisaron los investigadores John Graham y John Rupp en un informe sobre la situación del elemento en Latinoamérica presentado este martes por el Wilson Center.
"Nuestras investigaciones sugieren que el futuro de la explotación de litio en Sudamérica es incierto, incluso aunque existan las políticas necesarias para impulsarlo", aseguraron los profesores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos.
Para los expertos, sólo se logrará una "expansión significativa de la producción de litio si se incrementan los esfuerzos por entender y minimizar los riesgos económicos y ecológicos de la actividad minera".
"Se necesitan políticas bien diseñadas que aseguren que las comunidades vecinas reciban beneficios tangibles y duraderos de la explotación del litio", destacaron.
 
 
 
 
 
"BOOM" DEL LITIO: CON CHINA Y JAPÓN A LA CABEZA, SE DISPARÓ LA EXPORTACIÓN Y OTROS ASIÁTICOS VIENEN POR EL MINERAL
 
I Profesional de Argentina (https://bit.ly/3NedS92)
 
El interés extranjero por hacerse con el control de la producción y las exportaciones de litio sigue acelerando el negocio en torno a ese mineral. El primer trimestre del año concluyó con un nuevo récord en términos de ventas del metal al exterior, según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, y los asiáticos marchan a la cabeza de la compra del material. Sólo el mes pasado, el litio representó casi el 30 por ciento de las exportaciones mineras que realizó la Argentina.
De acuerdo a un informe de la dependencia oficial al que accedió iProfesional, en marzo pasado se exportó el mineral por un total de 91 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos obtenidos del 93 por ciento y marcó un récord en cuanto a ventas fronteras hacia afuera.
"En dicho mes el litio, de acuerdo a los minerales más exportados, ocupó la posición número dos mejorando respecto al mes anterior, donde ocupó la posición número tres. Así, el litio explicó el 27 por ciento de las exportaciones mineras totales en el mes bajo análisis. Este incremento interanual del valor exportado fue explicado por una suba en los precios de exportación y también por un aumento en los volúmenes exportados", se informó de manera oficial.
"Dado este último dato, en los primeros 3 meses del 2023 las ventas de litio al exterior alcanzaron los 233 millones de dólares, creciendo un 133 por ciento interanual, representando el 23 por ciento de las exportaciones mineras totales y siendo este dato de exportaciones en términos históricos la mejor posición para los primeros 3 meses de un año", agregó la dependencia.
Según Desarrollo Minero, el período que transcurre acumula una marca histórica en términos de volúmenes de exportación. Sólo en lo que va 2023, las cantidades de litio que salieron de la Argentina exhibieron un incremento de casi el 23 por ciento versus el año pasado.
En cuanto a los destinos del mineral, el informe oficial da cuenta de un pelotón de apenas cinco naciones que concentran la mayoría de las compras.
"China, Japón, Reino Unido, Corea del Sur y España representaron el 88 por ciento de las exportaciones de litio en el mes de marzo, mientras que en el acumulado de los primeros 3 meses de 2023 el porcentaje fue del 86 por ciento (siendo conformado por China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos)", se indicó.
Por último, el monitoreo expone que en esta primera etapa de 2023 tanto Francia como Japón incrementaron su participación en las exportaciones de litio un 299 y un 39 por ciento, respectivamente.
Los proyectos de minería de litio que se vienen
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), Argentina ocupa el cuarto lugar entre los mayores exportadores del metal a nivel mundial. La actividad de explotación que se lleva a cabo en el ámbito doméstico sólo se ubica detrás de Australia, Chile y China.
En simultáneo, la organización señala que, a partir de las reservas constatadas, el país es el tercero –lideran Chile y Australia– con mayor disponibilidad probada del mineral y el segundo –solo detrás de Bolivia– en cantidad de recursos probables.
Al igual que la Secretaría de Minería, el USGS reconoce 38 proyectos de litio distribuidos entre Catamarca, Jujuy y Salta, con dos en producción plena –Fénix y Olaroz son, hasta el momento, los dos únicos emprendimientos en fase de explotación concreta–, seis en etapa de construcción, cinco en las instancias de pre factibilidad y factibilidad, cinco en evaluación preliminar y al menos una veintena en la fase de exploración avanzada.
Hoy por hoy, suman 18 las compañías con potestad sobre espacios con presencia del metal. Las 16 principales son actores privados de capital foráneo.
Ese bloque está integrado por empresas pertenecientes a 8 países diferentes. Australia, a través de 6 megamineras, encabeza la nómina de naciones con mayor posicionamiento sobre los salares de la Puna. Le siguen Canadá, con 3 firmas, China suma 2 y luego le siguen Gran Bretaña, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Japón.
Litio: ¿se suma Vietnam?
Por estos días, otro asiático explicitó su interés por el litio argentino: Vietnam, que envió una comitiva al país con visitas programadas al interior profundo hasta esta semana.
Según se indicó desde Cancillería, empresarios de esa nación siguen de cerca la evolución de los proyectos activos y en carpeta que se desarrollan en el norte de la Argentina.
Una de las interesadas en hacer pie en el negocio que hoy se concentra en Jujuy, Salta y Catamarca es la automotriz vietnamita VinFast, que el año pasado activó la producción de una línea de autos eléctricos con llegada al mercado estadounidense.
 
 
 
 
 
AFÁN POR CONTROLAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS: LA OLA DE NACIONALIZACIONES SACUDE A LOS INVERSORES DE MATERIAS PRIMAS
 
Chile y México nacionalizarán el litio, lo que desplazará la inversión privada. Está surgiendo una nueva ola de nacionalización de los recursos estratégicos. Afectará a la oferta, a los precios y a la configuración actual del mercado.
 
El Economista de España (https://bit.ly/3HeN98D)
 
Muchos de los países que cuentan con recursos naturales estratégicos están favoreciendo el control estatal, tal y como acaba de ocurrir con Chile y el litio. Una tendencia, la de la nacionalización de estos 'activos', que está volviendo y que afecta al conocido como "oro blanco" y a otras materias primas. En estos casos, las estrategias públicas redibujan el panorama inversor e inciden en la oferta y en los precios.
Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo y el tercero con más yacimientos a nivel global (11 millones de toneladas o el 11,1% del total), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Pese a ello, ni este país, ni Bolivia, ni Argentina, que acaparan en sus terrenos más de la mitad de la materia prima, son los que más fabrican.
Actualmente, la mayor industria es Australia, pese a que sus reservas son un 39% inferiores a las chilenas. Estas cifras muestran el potencial que tienen otros países para desarrollar un mercado en torno al litio y la ambición de nacionalización de Gabriel Boric, el presidente de Chile.
Sin embargo, las primeras damnificadas por estos planes han sido las empresas privadas chilenas Sociedad Química y Minera (SQM) y Albemarle. En los últimos cinco días, sus acciones han caído un 18% y un 12%, respectivamente, tras el anuncio de Boric. Ambas tienen contratos en curso en Chile.
SQM anunció el proyecto Salar Futuro hace meses, que requiere de una inversión de 2.000 millones de dólares, según sus datos. El Gobierno ha explicado que esperará a que finalicen los acuerdos actuales para nacionalizar el litio, aunque intentará explorar opciones para agilizar el proceso, algo que arroja incertidumbre sobre la inversión privada y el futuro de las compañías y, por tanto, sobre su valor.
No solo en este caso, sino en cualquier proceso de nacionalización de los recursos. De hecho, otra de las incógnitas es hasta qué punto el país contará con la colaboración privada. De momento, sí prioriza lo público y llama al apoyo de otras empresas, aunque es pronto para saber cómo sus planes redibujarán el mercado actual.
Ante esa incertidumbre, la inversión en minería está aumentando en Australia, Canadá y Estados Unidos, en detrimento de los países que intervienen de alguna forma sus recursos, según datos de eToro. Además, el control estatal repercute en la oferta y en los precios y no solo replantea las decisiones de inversión. "El endurecimiento de las normas fiscales y de otro tipo sobre los proyectos de recursos de propiedad extranjera es uno de los ingredientes de la subida de los precios de los metales", señala Ben Laidler, estratega de mercados globales de la firma.
Aunque este 2023 han caído los precios de los metales por el deterioro económico, la tendencia es alcista. Una de las razones es la nacionalización, que favorece el encarecimiento de las materias primas, además de otros factores como una oferta estructuralmente ajustada o la falta de inversión de las últimas décadas. Todo ello contribuirá al incremento de los precios, explica el mismo analista, en un momento en el que la demanda, por ejemplo de litio, también aumenta. En este caso, una de las razones es que los criterios de sostenibilidad son cada vez más exigidos y el litio se usa para las baterías de los coches eléctricos, por lo que favorece la descarbonización y da cuenta del potencial de este recurso.
Otro de los países que quiere controlar su "oro blanco" es México. "Vamos a nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar los extranjeros ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, el petróleo y el litio son de la nación, del pueblo de México", decía hace dos meses el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en unas declaraciones recogidas por Efe tras la firma del decreto de nacionalización. Aunque el país reformó la Ley Minera hace un año, ahora ha entregado oficialmente las reservas a su ministerio de Energía (Sener).
En principio, la estrategia mexicana con el litio será pública a través de la compañía estatal LitioMX, como ha defendido Obrador, que, a la vez, también abre la puerta a buscar recursos privados. Una incertidumbre que tensiona a empresas como la china Ganfeng Lithium o la canadiense Rockland Resources, ya que ambas tienen proyectos en Sonora, la región noroeste que concentra el litio mexicano.
La nacionalización del litio está viendo un impulso por parte de ambos países, como ya ocurrió en su día con otros metales. De hecho, Chile hizo lo propio con el cobre en 1971 y se creó Corporación Nacional del Cobre de Chile (Coldelco), la compañía estatal, cinco años después. Previamente, como explica la chilena, la situación de este mercado cambió a principios del siglo XX, cuando las empresas internacionales pusieron la vista en sus yacimientos. Estos consorcios tenían recursos para explotar esta materia prima, incluso cuando se encontrara en bajas concentraciones, una capacidad que no tenía el país latinoamericano.
Entonces, empresas estadounidenses como Braden Copper Company (integrada en Codelco) o Anaconda Copper fueron desplazadas tras la nacionalización. Entre los grandes inversores del cobre chileno estaban los Rothschild, Rockefeller o la familia Guggenheim. En todo caso, Chile fue el mayor productor de cobre en minas del mundo en 2022 y, China, de su industria de refinería, según el USGS.
Chile pierde el atractivo inversor
Todos estos movimientos, como es lógico, cambian el flujo del dinero. El analista de eToro, Laidler, explica que el Instituto Fraser de Canadá encuesta anualmente a los mineros de todo el mundo sobre el atractivo inversor de los países, en el que se evalúa el potencial minero, la situación fiscal, jurídica y política. Chile ha pasado de ser el sexto país con mejor calificación al trigésimo primero en solo cuatro años. Australia, Canadá y Estados Unidos lideran el ranking.
Otros ejemplos de la nacionalización de los recursos se encuentran en Indonesia, que está reforzando su control sobre el níquel, ya que cuenta con las mayores reservas del mundo. India, por su parte, ha establecido un arancel del 25% a las exportaciones de azúcar. Todo ello, implica una redistribución de estos mercados.
En el lado opuesto está Argentina, que ha apostado por el enfoque de mercado para su industria del litio, ya que considera que los proyectos privados son los que le han ayudado a avanzar en los últimos años. Pese a ello, el país es uno de los que va a contracorriente de la tendencia. Precisamente, los periodos de deterioro económico, como el actual, favorecen que los países miren a sus recursos propios y que intenten capitalizar esa oportunidad.
 
 
 
 
 
 
LICITACIÓN DEL PUENTE BRASIL-BOLIVIA PODRÍA DARSE EN 2024, SEGÚN DNIT
 
Obra debe estar incluida en el paquete de infraestructura del gobierno Lula y tiene un costo estimado de más de R$ 300 millones
 
Cámara Legislativa de Brasil (https://bit.ly/3NbkeWH)
 
El Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (Dnit) estima que en 2024 puede haber una licitación para las obras de un puente entre Guajará-Mirim, en Rondônia, y Guayaramerín, en Bolivia. El tema fue discutido este martes (25) en la Comisión de Carreteras y Transportes de la Cámara de Diputados.
La idea de un vínculo entre las ciudades, separadas en la frontera por el río Mamoré, existe desde el Tratado de Petrópolis, en 1903, que definió los límites territoriales de Brasil y Bolivia. Aunque retomada en el segundo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010), en la práctica la propuesta no despegó.
Según el director general adjunto del Dnit, Fabricio Galvão, un proyecto del puente, realizado en 2014, necesita ser actualizado. El costo, estimado en ese momento en R$ 135 millones, ahora se espera que supere los R$ 300 millones. Dnit espera incluir el proyecto en un paquete de infraestructura planeado por el gobierno actual.
Para el diputado Maurício Carvalho (União-RO), que propuso la audiencia pública con el apoyo del diputado Mauricio Neves (PP-SP), el momento es propicio para la discusión en el puente. Según él, las bancadas parlamentarias de Rondônia en la Cámara y el Senado están unidas y están a favor de la realización de la obra.
“La construcción del puente es fundamental para las exportaciones de las regiones Norte y Sudeste de Brasil a Bolivia, Perú y Chile, y también es fundamental para el acceso al Océano Pacífico”, dijo Maurício Carvalho al sugerir el debate. “El presidente Lula prometió allí que construiría el puente, así que tenemos que aprovecharlo”.
Coincidiendo con el diputado, el vicegobernador de Rondônia, Sérgio Gonçalves da Silva, evaluó que la construcción del puente tendrá impactos positivos en la economía regional y nacional. La concejal de Guayaramerín, Yaneth Méndez, también apeló a Lula: “Brasil y Bolivia necesitan este puente”.
Durante la audiencia pública, los diputados Dr. Fernando Máximo (União-RO), Lebrão (União-RO), Lucio Mosquini (MDB-RO) y Thiago Flores (MDB-RO) también defendieron la obra. El debate en la Comisión de Carreteras y Transportes también reunió a diputados estaduales, autoridades y empresarios de Rondônia.
 
 
 
 
 
JUSTICIA PERUANA PODRÍA SOLICITAR EXTRADICIÓN DE EVO MORALES, AFIRMA ABOGADO PENALISTA
 
El expresidente de Bolivia está investigado por la Fiscalía. A Morales Ayma se la atribuye el presunto delito contra la seguridad nacional y traición a la patria en la modalidad de atentado contra la integridad nacional. El político ha mencionado en su cuenta de Twitter que teme ser extraditado y no ha asistido a la audiencia programada por el Ministerio Público.
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3HfrgGg)
 
Desde la llegada de Pedro Castillo al poder, Evo Morales no ha dejado de intervenir en asuntos estatales de Perú. Sobre todo, en períodos de alta conflictividad como las protestas ciudadanas contra el régimen de Dina Boluarte y la encarcelación de Castillo Terrones. Ante ello, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por el presunto delito contra la seguridad nacional y traición a la patria. Para el expresidente, esto representa un complot de los políticos de derecha para extraditarlo. ¿Es posible que Morales Ayma termine en prisión?
Para el abogado penalista Andy Carrión, existen muchas posibilidades de que la justicia peruana solicite un pedido de extradición. Sin embargo, uno de los factores que imposibilitaría esta solicitud es la voluntad de las autoridades bolivanas.
“Es perfectamente posible que se solicite la extradición de Evo Morales. Incluso, hay otros casos, como el de Alejandro Toledo, que en una etapa muy incipiente de investigación fueron motivo de pedidos de extradición. El problema tiene que ver más con la nacionalidad del extraditable. El caso de Toledo era más sencillo porque él es peruano, pero Morales no. Las extradiciones de connacional siempre, y por regla general es mucho más complicado, que la extradición de un extranjero”, explicó a Infobae.
“Un peruano que se aloja en Bolivia es mucho más sencillo de extraditar que a un propio boliviano. Se manejan ese tipo de reglas consitudinarias, pero es perfectamente posible se solicite la extradición más aún cuando él no está participando de las dirigencias. Simplemente no se está presentando a las situaciones que se les está acusando. La Fiscalía, si es que advierte que no asiste, puede también enviar una orden de arresto internacional a la Interpol”, añadió.
Según el docente de la PUCP, las autoridades deben de continuar recaudando toda la evidencia para que la investigación preliminar proceda a una siguiente etapa. “Ahora estamos en la etapa de la imputación fiscal, hay que ver cuáles son los elementos concretos con los cuales cuenta de cara a vincular este delito con el propio Morales”, dijo.
Carrión informó que si se alcanza el grado de sospecha en contra del político, la Fiscalía tiene posibilidad de evaluar un pedido de extradición. Dentro del desarrollo de este proceso es necesario resaltar que el comportamiento del acusado también influye en qué medidas se tomarán en su contra mientras dure la investigación. Hasta el momento, Morales ha faltado a la primera audiencia programada para el día 10 de marzo de este año. Ante ello, se ha reprogramado para el 7 de mayo.
Recursos legales
El especialista en derecho penal que ante la falta de colaboración de Evo Morales se pueden tomar dos medidas. La primera de ella es un pedido de detención de conducción de grado fuerza, la cual es dictada por los fiscales cuando un denunciado no asiste a las declaraciones programadas para que este pueda comparecer ante la Fiscalía. Sin embargo, esta iniciativa tiene una duración de solo 48 horas. Otra medida es la detención preliminar, pero en esta etapa de investigación preliminar aún no se cuenta con los elementos suficientes para recurrir a ella.
“La detención de conducción de grado fuerza diría yo que sería lo que más inmediatamente podría aplicar la Fiscalía. El pedido tendría que estar dirigido primero a la Interpol y la interpóil debería ser tramitado ante las autoridades bolivianas”, sostuvo.
El profesor de la PUCP recalcó que una de las principales barreras para que esta solicitud sea efectiva es el factor internacional. “Estamos hablando de un boliviano que sería extraditado, y eso en el ámbito internacional es usual que no sea concedido porque es un connacional. ¿Quién decide acaso no es la autoridad policial? ¿Y quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía? Siempre es el Presidente de la República. Y el Presidente de la República en este caso es del partido de Evo Morales. Por ello sería muy difícil que cumplan ese tipo de orden”, informó.
Extradición, un largo proceso
El proceso de extradición de Alejandro Toledo duró, al menos, 4 años. Se trata de un procedimiento complejo que requiere tiempo para que sea efectuado. Sin embargo, este dura aún más cuando se trata de ciudadanos extranjeros.
“Conducir medidas como el de la detención preliminar y procesos de extradición toman muchísimo tiempo porque primero hay que estructurarlo en Perú, solicitarlo a la Corte Suprema, la Corte Suprema tiene que evaluarlo, después enviarlo a Bolivia, en Bolivia la Fiscalía tendría que analizar el caso si es procedente o no, y si es procedente postularlo ante el Poder Judicial, el Poder Judicial tendría que hacer un largo proceso y finalmente tendría venir esta decisión de parte de El Ejecutivo”, manifestó Carrión.
“En el caso de Alejandro Toledo vamos tramitando su detención desde el año 2019 hasta el día de hoy. Han sido 4 años siendo él un peruano. Las dificultades propias de su conducción están en relación a la nacionalidad que él tiene. En Bolivia y en el derecho internacional siempre existe la predisposición de proteger a un connnacional hace que las medidas que tome otro país siempre sean muy complejas y difíciles de de materializar”, finalizó.
 
 
 
 
 
LA CRISIS DEL DÓLAR EN BOLIVIA DURA YA DOS MESES SIN PERSPECTIVA ALGUNA DE MEJORA
 
La Gaceta de España (https://bit.ly/3Ltdlin)
 
Los bonos soberanos 2028 llegaron a hundirse hasta los 46 centavos de dólar y el riesgo país subió para ubicarse solamente por detrás de Venezuela y Argentina en la región la anterior semana, pero el régimen de Arce no ha tenido mayor reparo en presumir del minúsculo rebote de los bonos en los últimos días -hasta los 59 centavos de dólar-, en la expectativa de que pueda conseguir dólares para atajar el problema de la insaciable demanda del público.
Sin embargo, los bonos todavía acumulan pérdidas del -40% desde el día de su emisión. Hasta un gato muerto puede rebotar si la altura es suficiente, dicen los entendidos en la materia, pues el Banco Central de Bolivia (BCB) se acerca a cumplir 80 días sin el reporte semanal de sus reservas para respaldar la creciente masa monetaria; el Instituto Nacional de Estadística (INE) tampoco reporta datos sobre el crecimiento del PIB al cuarto trimestre y cierre de 2022; la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) no publica información sobre el portafolio de inversiones desde diciembre de 2022; y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) apenas ha reportado cifras a febrero sin pronunciarse con suficiencia sobre la escasez de dólares en el sistema.
Los ministros de Arce, a pesar de que finalmente han reconocido junto a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) que hay problemas -luego de dos meses de creciente incertidumbre-, no dejan de repetir el mantra de la estabilidad y solidez de la economía y el sistema bancario y financiero, pero si un reportero los aborda a la salida de alguna reunión de gabinete preguntándoles sobre el nivel de reservas en divisas del ente emisor, se mandan a cambiar.
Nada está suficientemente claro. No parece haber salida. La mayor urgencia es financiar la importación y subvención del consumo interno de combustibles y dotar de liquidez al sistema bancario y financiero para atender la creciente demanda del público. Todo depende de la capacidad del gobierno de Arce para administrar la crisis y conseguir financiamiento de corto plazo, pero tampoco parecen haber demasiadas alternativas.
En estos escenarios es típico recurrir a organismos multilaterales para conseguir cuanto financiamiento sea posible, al precio que sea necesario. Se sabe que Arce ha recurrido al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la Corporación Andina de Fomento (CAF), a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) e incluso al Banco Mundial en Washington. Nadie sabe aún cuánto ha conseguido hasta el momento y bajo qué condiciones, pero Arce se mantiene alejado del Fondo Monetario Internacional, no sólo porque la operativa se traduciría en una derrota política e ideológica inasumible, sino porque además precipitaría la ingobernabilidad.
El escenario se presta a todo tipo de rumores, interpretaciones y especulación. Por ejemplo, el salar de Uyuni es un activo sobre el que, aparentemente, la dictadura de China quiere negociar desde hace bastante más que tres meses; los aportes a los fondos de pensión tendrían que ser confiscados hasta mediados de mayo; y la nueva Ley del Oro que permitirá al BCB contraer deuda en dólares para gastar en bolivianos para comprar oro, para que se lo refine y certifique para fortalecer las reservas, para obtener dólares y seguir gastando en bolivianos, reúne más sarcasmo y preguntas que respuestas, sobre todo partiendo de la manera en que pretende ser aprobada en la Asamblea Legislativa, con la anuencia de diputados que se habrían vendido al régimen por apenas una sopa tradicional de fricasé.
Si esto no es una crisis cada vez más compleja, que se lo digan a quienes hacen filas por cuadras e incluso pasan noches en las puertas de los bancos privados del país para retirar sus depósitos o en las propias puertas del Banco Central para comprar dólares desde hace ya más de dos meses.
 
 
 
 
 
BOLIVIA COMPLETA NACIONALIZACIÓN DE PENSIONES TRAS 26 AÑOS DE SISTEMA PRIVADO
 
El gobierno espera mejores rendimientos, tarifas más bajas y, por lo tanto, pensiones más altas. Oposición habla de "apropiación del dinero del pueblo"
 
Amerika 21 (https://bit.ly/3V7gKq9)
 
Bolivia completará la transición de un sistema de pensiones privado a uno público en mayo . La reconversión se remonta a 2006, cuando la central sindical Central Obrera Boliviana planteó la demanda. El proceso de transición comenzó en 2015.
A partir del 2 de mayo, los casi $24 mil millones que los bolivianos han aportado a sus planes de retiro ya no serán administrados por dos empresas privadas de propiedad extranjera , sino por Gestora Pública. El gobierno boliviano ha construido esta institución durante un período de 13 años. En cuanto al sistema de pensiones, el país está superando una estructura económica creada hace 26 años durante el periodo neoliberal de finales del siglo pasado.
Los dos fondos de pensiones privados Fondo de Administración de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión ahora dejarán de operar. Estos fondos habían recaudado y administrado previamente los aportes previsionales individuales.
Las cuentas individuales, que fueron la gran innovación de las reformas de pensiones de la década de 1990 en América Latina, se mantendrán en el nuevo sistema. Un fondo de solidaridad, diseñado para garantizar una pensión mínima para quienes tenían menos capacidad para hacer sus propias contribuciones, complementa las reformas anteriores. Solo el 60 por ciento de los empleados en Bolivia ha cotizado alguna vez a su plan de pensiones, lo que se debe a la alta proporción de empleo informal.
La Constitución boliviana de 2019 y la Ley de Pensiones de 2010 sientan las bases para acabar con el modelo neoliberal y crear el estado Gestora Pública. Según la constitución, "los servicios públicos de seguridad social no pueden ser privatizados ni franquiciados".
Ya en 2010, el gobierno de Evo Morales (2006-2019) argumentó que las AFP nunca habían competido entre sí, que los resultados de su trabajo habían sido mediocres, pero que estas empresas estaban obteniendo enormes ganancias. Según cifras oficiales, las AFP han retirado más de $224 millones de utilidades de Bolivia en los años que llevan administrando los aportes previsionales.
Sin embargo, el cambio en el modelo de pensiones sigue siendo controvertido . Recientemente ha habido protestas contra la administración estatal de pensiones alegando que el gobierno podría malversar estos fondos y poner en peligro el sistema de seguridad social. La oposición política alimenta las sospechas de que el Estado pretende utilizar los fondos para reducir el déficit presupuestario.
Las protestas se concentraron principalmente en las ciudades de Santa Cruz, centro del mayor poder económico y de las viejas élites, La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, y Cochabamba. Los opositores incluyen sobre todo sectores como docentes, estudiantes, policías y militares, pero también partes de los asalariados.
Una hostilidad explícita provocó que consignas como "Muerte a la Gestora Púbica" fueran gritadas por un grupo de manifestantes frente a las puertas del Ministerio de Economía en La Paz. Se realizó una manifestación en Santa Cruz exigiendo que el cambio en la administración de pensiones se decida en referéndum.
El director de Gestora Púbica, Jaime Durán, dijo en rueda de prensa que "no hay que temer" la reorganización porque "se reconocerán y respetarán todos los derechos adquiridos y los contratos celebrados con la AFP". Descartó que los aportes previsionales sean de "libre disposición" para el Estado, ya que esto no es legal.
Durán continuó diciendo que el 3 por ciento de retorno que habría promediado las AFP durante dos décadas y media se elevaría a más del 4 por ciento en el nuevo sistema. Ya no se cobrarán las comisiones que antes descontaban las AFP de las inversiones. La comisión directa que cobran los particulares a cada jubilado también bajaría del 1,81 al 0,5 por ciento. "Lo haremos mejor y más barato", prometió.
El titular de Gestora Púbica descartó un referéndum para decidir quién administra los aportes previsionales porque esa tarea "es competencia exclusiva del nivel central del Estado".
En la reforma, el gobierno se refiere a que el modelo privado tenía establecido un sistema de pensiones desde hace 26 años que, según el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene altos costos administrativos y baja rentabilidad.
Cuando AFP Previsión, filial del español BBVA, y Futuro, con capital mayoritario de la suiza Zurich South America Invest AB, iniciaron sus actividades en Bolivia en 1997, se encontraron con violentas protestas, especialmente de la población asalariada organizada.
En 2015, el gobierno de Morales aprobó el decreto que crea la Gestora Pública y emitió otro decreto en septiembre de 2017 para iniciar los preparativos.
Finalmente, en septiembre de 2022, el presidente Luis Arce anunció la transición al nuevo sistema estatal de pensiones.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este paso se dio en 2002 en Ecuador, en 2005 en Nicaragua y en 2008 en Argentina.
 
 
 
 
 
“NO PUEDEN CONVERTIRSE EN VALIDADORES DE LA TIRANÍA”, EXPRESIDENTES LATINOAMERICANOS POR CONFERENCIA SOBRE VENEZUELA
 
Los exmandatarios aseguran que en el Gobierno Petro hay un “sesgo” a favor de “la dictadura”.
 
Revista Semana de Colombia (https://bit.ly/3Nhe6fS)
 
Al menos 10 expresidentes latinoamericanos manifestaron este martes su inconformidad por la denominada Conferencia Internacional sobre Venezuela, organizada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que “puede convertirse en una validación de los intereses de la dictadura venezolana”.
Este es un evento convocado por el presidente Gustavo Petro para abogar por la democracia venezolana y la resolución de los conflictos políticos del vecino país.
Fueron convocados más de 20 países, entre los cuales están Estados Unidos, cuyos delegados son el asesor para Latinoamérica de Joe Biden, Juan González; Chris Dodd, también asesor, y Jon Finer, viceconsejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Además de Reino Unido, Francia, España, Portugal, Italia, Noruega, Alemania, Chile, Canadá, San Vicente y las Granadinas, México, Argentina, Brasil, Barbados, Bolivia, Sudáfrica, Turquía, Honduras y un alto representante de una comisión especial de la Unión Europea.
Pero, ¿qué busca esta reunión? La idea inicial es que esta pueda funcionar como puente entre el oficialismo venezolano y los partidos de oposición. O sea, entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores. Básicamente, la cumbre pretende que ambas partes reanuden los diálogos y negociaciones de la mesa de México que abandonaron en 2021.
No obstante, los expresidentes agrupados en el Grupo Libertad y Democracia lanzaron duras críticas a este encuentro, críticas que quedaron plasmadas en un documento dado a conocer en las últimas horas.
El texto fue firmado por los expresidentes colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, así como Janine Áñez (Bolivia), Felipe Calderón (México), Mauricio Macri (Argentina), Mireya Moscoso (Panamá), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Turo Quiroga (Bolivia), Mariano Rajoy, España y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).
“En todas sus declaraciones sobre Venezuela, el Gobierno colombiano omite mencionar lo más importante: la relación entre la dictadura y el narcotráfico”, indica el documento.
Los exmandatarios también expresan su molestia por el pedido del presidente Petro a Estados Unidos para que contemple la posibilidad de levantar las sanciones contra Venezuela.
“Esto solo beneficiaría a los corruptos y narcotraficantes que se han hecho multimillonarios, mientras el pueblo venezolano se ve obligado a la miseria o a huir del país”, manifiestan los expresidentes.
Los exmandatarios también solicitan que no se pida el levantamiento de sanciones al régimen, sino que se le exija la libertad de presos políticos, garantías a la oposición y se convoque a elecciones libres.
“Exigir que el dictador no sea candidato presidencial y expulsar a los militares rusos e iraníes, así como a los grupos narcoterroristas colombianos que operan libremente en su territorio”, señala el documento.
Los expresidentes también critican la actitud que ha tenido el Gobierno de Gustavo Petro frente a los opositores venezolanos.
“La exclusión de María Corina Machado y la exclusión de Juan Guaidó de territorio colombiano solo evidencia el sesgo a favor de la dictadura”, apuntan los exmandatarios.
Petro pidió cronograma para elecciones
En la apertura de la cumbre sobre Venezuela, el presidente Gustavo Petro fue contundente y señaló que sobre este proceso hay muchas expectativas y que ojalá el rumbo que se está tomando tenga un buen final.
El mandatario de los colombianos señaló que cuando se crean grandes expectativas y esperanzas, también se pueden generar grandes decepciones por lo que señaló que todo este proceso para destrabar las negociaciones entre Maduro y la oposición debe hacerse con responsabilidad.
El presidente Petro dijo que las sanciones que hay contra Venezuela han recaído en el pueblo que “tiene hambre” y que no han tenido efecto en el Ejecutivo. Por esa razón, es partidario de que a través del diálogo se encuentren soluciones para restablecer la democracia e indicó que las “peleas a veces se dan por orgullo”.
En ese sentido, el mandatario indicó que en América del Sur hay dos procesos muy importantes que deben tener un buen fin y son: el proceso de paz en Colombia y el proceso político en Venezuela. “Para bien o para mal, ambos dependemos de la suerte del otro”, dijo Petro.
Por esa razón, durante su discurso, el mandatario señaló que “debe haber un cronograma de elecciones con todas las garantías y que los venezolanos elijan qué quieren y sin presiones”. Para ello, Petro cree que el diálogo es el camino adecuado y que también debe haber un cronograma para el levantamiento de las sanciones contra Venezuela.
 
 
 
 
 
 
 
BOA DE BOLIVIA ESTÁ HACIENDO LOS ARREGLOS PARA INICIAR OPERACIONES EN VENEZUELA, SEGÚN ABOGADO
 
Finanzas Digital de Venezuela (https://bit.ly/3Lt7lWS)
 
Rodolfo Ruiz, abogado especializado en temas aeronáuticos, expresó que ha sido difícil seguirle el ritmo a las aperturas de las rutas domésticas en el país.
En ese sentido, añadió que el destino más conectado hasta el momento es la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.
El experto aeronáutico comentó que en Semana Santa, esa localidad tuvo un pico con 23 vuelos diarios que contrasta con la situación de la isla hace unos años.
Durante entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos, indicó que se siguen inaugurando rutas domésticas en la nación, como la de Caracas-Mérida y añadió que hasta el momento quien operará ese vuelo será Conviasa.
«Venezuela es el país con más aerolíneas en la región, alrededor de 13 incluyendo de las de carga, por eso vemos algunos counters en los aeropuertos que no conocemos», destacó.
Destacó que desde ciudades nacionales como Maracaibo, Valencia, Porlamar, Barcelona y Maiquetía se pueden volar a destinos internacionales.
Igualmente, expresó que a la conexión internacional se suma el nuevo vuelo de la aerolínea Caribbean Airlines entre Puerto España (Trinidad y Tobago) y Venezuela.
«(La aerolínea) BOA de Bolivia está haciendo todos los arreglos para iniciar operaciones en Venezuela, luego de la reunión binacional que llevó a cabo el pasado jueves», dijo.
 
 
 
 
 
LA AUDIENCIA NACIONAL SE SUMA A LAS REBAJAS POR LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ' EN UN CASO DE VIOLACIÓN A UNA MENOR EN BOLIVIA
 
El Periódico de España (https://bit.ly/3n2o2Pz)
 
La práctica totalidad de tribunales españoles han realizado rebajas a raíz de la entrada en vigor desde el pasado mes de octubre de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', que según el último recuento oficial dado a conocer por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 14 de abril ascienden a 978 casos de los que 104 han supuesto la excarcelación antes de lo previsto del agresor condenado.
La Audiencia Nacional no iba a ser una excepción, si bien de los siete asuntos que ha revisado únicamente ha aplicado la rebaja -en un año y medio- a un condenado, castigado por la violación a la hija de su pareja desde que ésta tenía tan solo 7 años de edad. El asunto correspondió a este órgano porque las agresiones, a las que se sumaban malos tratos a la madre, se produjeron tanto en Badalona como en Quillacollo, en Bolivia, donde se trasladó la familia junto con una segunda hija en común.
La rebaja de los 12 años y medio hasta los 11 años de cárcel fue acordada en un auto que tiene fecha del pasado 30 de marzo, del que fue ponente la magistrada Ángela Murillo y al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Al acusado se le había impuesto en diciembre de 2021 una pena de 14 años de cárcel, al sumarse a la agresión a la menor dos delitos de maltrato que elevaban la condena total. Esta conducta no ha sido objeto de ningún cambio, al afectar únicamente la reforma penal a los delitos de violencia sexual.
Aplicación de criterios del Supremo
La rebaja ha contado, no obstante, con el visto bueno de la Fiscalía que entiende, al igual que la Sala, que en este caso es aplicable lo señalado por el Tribunal Supremo en casos similares. Es decir, como en su día el tribunal sentenciador impuso la pena privativa de libertad en el mínimo legal en el momento de producirse los hechos, la comparación normativa se ha de efectuar a partir de ese límite mínimo de la pena. Atendiendo al caso concreto, la condena total para este agresor sexual se fija ahora en 11 años de cárcel.
El acusado, de nacionalidad colombiana, convivía desde 2014 en Badalona con su compañera sentimental y la hija de ésta, con seis años cuando empezó la relación entre ambos, así como con otra niña que tenían en común. En mayo de 2017 la familia se trasladó a Bolivia, donde permaneció diez meses.
Durante todo este periodo, tanto en Badalona como en Bolivia, según el relato de hechos probados por la Audiencia Nacional, la mujer y la hija mayor fueron objeto de golpes por parte del condenado, que utilizaba para ello un cinturón y un palo de madera, y a las que insultaba recurrentemente con expresiones como "hijas de puta".
En cuanto a las violaciones, comenzaron cuando la pequeña se encontraba a unos días de cumplir los 7 años, aprovechando la ausencia de la madre. El padrastro coaccionaba a la niña diciéndole que si le manifestaba algo de lo que le estaba ocurriendo con él a su madre, le infligiría severos castigos.
La condena fue confirmada por la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional hace ahora casi un año, cuando se rechazaron todas las alegaciones del condenado, entre las que figuraba que los hechos estarían ya condenados en Bolivia, por lo que este nuevo castigo supondría una doble punición y por ello debería ser absuelto. La Audiencia desechó este planteamiento y confirmó la condena de 12 años y medio por las agresiones sexuales que ahora se ha visto obligada a rebajar. 

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