LA GENERALA LAURA RICHARDSON Y LA GUERRA HÍBRIDA EN BOLIVIA

Como parte de una autodenominado Plan Simón Bolívar, el Comando Sur utilizará a Argentina, Perú y Ecuador para desencadenar conflictos en Sudamérica
De la mano de la jefa del Comando Sur del Pentágono, generala Laura Richardson, como principal protagonista y ejecutora de la diplomacia de guerra de la Casa Blanca y el Estado profundo (deep state) en Sudamérica, y con eje en la acción desestabilizadora interna de la experimentada encargada de Negocios de Estados Unidos en La Paz, Debra Hevia, ha iniciado una nueva fase de la guerra híbrida que busca consumar la política de “cambio de régimen” en Bolivia en el marco de las elecciones presidenciales de 2025.
Los motivos del renovado esfuerzo por desencadenar una “revolución de colores” en el país sudamericano han sido explicitados públicamente en varias ocasiones por la propia Richardson desde 2022: Bolivia tiene las mayores reservas mundiales de litio, mineral crítico considerado una de las prioridades estratégicas del Departamento de Defensa de EU (al servicio de los intereses de los principales fondos de inversión globales: BlackRock, Vanguard, Fidelity y State Street y las corporaciones del complejo digital financiero) en su guerra geopolítica y geoeconómica por mercados y recursos naturales contra China, y además el presidente boliviano Luis Arce impulsa un proceso soberanista de industrialización de ese metal alcalino, por lo que desde la óptica imperial y en el lenguaje orwelliano de la generala de cuatro estrellas del Comando Sur, se le debe manejar propagandísticamente en los medios hegemónicos como un “gobierno corrupto” al frente de un “narcoEstado”; coartada principal desde el fin de la guerra fría (cuando el enemigo era el “comunismo de Moscú”) para encender un nuevo ciclo de violencia fratricida –como el Plan Colombia de Andrés Pastrana y Bill Clinton y la Iniciativa Mérida en el México de Felipe Calderón−, propiciadora de un golpe blando o una intervención militar directa, en interacción con el comodín de la “lucha contra el terrorismo”.
Un elemento adicional es el probable ingreso este año de Bolivia al BRICS, alianza económica que aglutina a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán; el bloque cuenta con 40 % de las reservas probadas de petróleo, 53.1% de las reservas de gas natural y 40.4% de las de carbón. Asimismo, encabezadas por China y Rusia, las naciones BRICS+ son actores fundamentales en la cadena de suministro de las llamadas tecnologías limpias, y uno de los minerales claves para la transición energética y la industria de las baterías eléctricas, es el litio. Lo que convierte a Bolivia (que también cuenta con tierras raras, agua dulce, uranio y hierro, otros cuatro recursos apetecidos por el Pentágono junto con el petróleo de Venezuela) en un objetivo principal de la “diplomacia militar” del Comando Sur, ya que según el Servicio Geológico de EU, tiene reservas estimadas en 21 millones de toneladas en los salares de Potosí.
La acción injerencista de la generala Richardson y su operadora en Bolivia, Debra Hevia, se incrementó en los últimos meses debido a la firma de sendos convenios entre el gobierno boliviano y los consorcios chinos Catl Brunp & Cmoc y Citic Guoan y la empresa rusa Uranium One Group, de la Corporación Rosatom, para la construcción de plantas piloto para producir litio en el salar de Uyuni.
Debra Hevia en la senda del ex embajador Goldberg
Mientras la inadmisible lucha intestina al interior del oficialista Movimiento al Socialismo empieza a erosionar la relativa estabilidad política y cuando la relación entre el ex presidente Evo Morales y Luis Arce parece llegar a un punto sin retorno, bajo una fachada de funcionaria tecnócrata, la jefa de la misión diplomática de EU en La Paz, la mencionada Debra Hevia, quien domina los códigos de la guerra no convencional asimétrica, las operaciones psicológicas encubiertas y las campañas subliminales, viene desplegando una estrategia de desestabilización política previa a las elecciones de 2025, entre cuyos propósitos principales están la ruptura y/o desaparición del MAS del escenario boliviano, para con ello borrar todo vestigio del proceso de cambio iniciado a nivel gubernamental en enero de 2006, que fue precedido por las llamadas guerra del agua (2000) y del gas (2003), sendos procesos de acumulación de fuerza de un bloque popular indígena, que a la postre llevó a Evo Morales al sillón presidencial del Palacio Quemado.
Desde su llegada al país en septiembre de 2023, Hevia intensificó lo que en diciembre siguiente el presidente Arce denunció como una guerra híbrida, modalidad no convencional definida como una combinación en un campo de batalla de fuerzas regulares y actores no estatales (milicias irregulares de corte paramilitar y desorden criminal), apoyados en una narrativa mediática como arma bélica estratégica, con eje en el azuzamiento del miedo y las emociones, la desinformación y la propaganda negra, el accionar diplomático (incluidas tareas de espionaje), ciberataques, sabotajes y otras herramientas desestabilizadoras.
Para ello, Hevia, quien también pasó por el Centro de Operaciones del Departamento de Estado –grupo de tarea dedicado a las labores de inteligencia y las operaciones especiales de contrainsurgencia activa−, reforzó los programas semiclandestinos de la misión con impacto político, económico y de inmersión social en zonas marginadas de Bolivia dirigidos a generar división interna (el clásico divide y vencerás de las viejas potencias coloniales), entre ellos, formación de liderazgo (adoctrinamiento) y acciones de calle, con financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), vieja tapadera de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, tradicionales fachadas para la subversión y los golpes blandos de los partidos Republicano y Demócrata, que reciben fondos del Departamento de Estado del presupuesto anual destinado a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).
Como antecedente, cabe consignar que tras ser expulsado de Bolivia en 2008, el ex embajador de EU, Philip Golberg, artífice de la balcanización de la ex Yugoeslavia por la OTAN a comienzos de los años 90, siguió conspirando desde ese Centro de Operaciones para respaldar las acciones violentas de la oposición separatista y golpista de la llamada Media Luna boliviana (primordialmente Santa Cruz, junto con Tarija en el Sur y Beni y Pando en el Norte), en base a informes de inteligencia política proporcionados por la Administración de Control de Drogas (DEA), también expulsada ese año bajo acusaciones de espionaje y conspiración. A su vez, el 1 de mayo de 2013, ante una gran concentración de trabajadores y organizaciones sociales, Morales tomó la decisión de expulsar a la USAID, bajo cargos de conspiración e injerencia en sindicatos campesinos y en los asuntos internos del país.
Dado que Bolivia y Estados Unidos interrumpieron relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 2008, los nexos bilaterales se mantienen desde entonces a través de los encargados de Negocios en ambos países. Sin embargo, no es esa la primera tarea de Hevia en La Paz. Ya antes había ocupado cargos “menores” en la Embajada en dos oportunidades, y según Wikileaks su misión consistió en la filtración de denuncias amañadas contra el ex dirigente del sindicato de productores de coca Evo Morales, quien antes de su asunción como mandatario y durante gran parte de su gestión gubernamental se habría convertido en un objetivo de su análisis y acción, pues lo ha estudiado en todas sus aristas.
Los agentes internos y externos de Hevia
Junto con la erosión del MAS, explotando las contradicciones entre Luis Arce y Evo Morales, otro eje prioritario de la campaña de guerra difusa de Hevia, es incrementar la presión sobre el gobierno bajo su denuncia constante como un “narcoEstado” (la antigua matriz de opinión utilizada por el ex jefe del Comando Sur, general James T. Hill, en 2004, contra el movimiento cocalero de Morales, similar a la impulsada en la actual coyuntura por la embajada de EU en México contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata del partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, a través de los partidos de oposición y su candidata, Xochitl Gálvez, de cara a los comicios del 2 de junio próximo).
La estrategia, cuyo objetivo es debilitar al Estado boliviano, también pretende alejar al sector empresarial de las políticas estatales para evitar el reflote de la economía, y desde un poder legislativo fraccionado y en situación de casi ingobernabilidad, buscará evitar el avance de las políticas sociales y entorpecer cualquier proceso de negociación para la industrialización del litio con actores externos (principalmente China y Rusia) así como la aprobación de préstamos externos.
La guerra difusa desestabilizadora de Hevia cuenta, asimismo, con operadores externos e internos, como la conservadora Fundación Libertad y Democracia, fundada en 2023 e integrada, entre otros, por los ex jefes de Gobierno españoles Mariano Rajoy y José María Aznar y los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana e Iván Duque de Colombia, el argentino Mauricio Macri, Guillermo Lasso de Ecuador y los bolivianos Jeanine Áñez (la golpista presa) y el ex delfín del dictador Hugo Banzer, Jorge “Tuto” Quiroga; la Alianza Informativa Latinoamericana, conformada por una red de cadenas públicas y privadas de televisión de EU e Hispanoamérica (CBS, Venevisión, Caracol de Colombia, Unitel de Bolivia y TV Azteca de México, entre otras), clave para la guerra de desinformación y propaganda; el partido derechista Comunidad Ciudadana, liderado por el ex presidente Carlos Mesa, y ONGs bolivianas como Ríos de pie y la Fundación Construir.
Un dato peculiar es el activismo de la organización estadunidense Military Church Support Group (Grupo de Apoyo de la Iglesia Militar) en zonas rurales bolivianas bajo el paraguas de proyectos comunitarios. Remedo de los Cuerpos de Paz de la contrainsurgencia de John F. Kennedy en los años 60 del siglo pasado, y como parte del Centurion Proyect (Proyecto Centurión), esa red de iglesias asociadas mayoritariamente de la Iglesia Bautista, nació en los alrededores de Fort Bragg, hoy rebautizado Fort Liberty (la mayor base castrense de EU y sede del Mando Conjunto de Operaciones Especiales), y considera a los jefes militares “líderes misioneros sacrificados”. El grupo tiene como práctica empoderar a las iglesias alrededor de los cuarteles con los principios bíblicos, para restaurar a “familias de guerreros (sic) afectadas por trauma militar (…) Estamos en una misión para la iglesia.
No esperamos que la iglesia esté en una misión para nosotros”; una forma moderna encubierta de evangelizar con la cruz y los fusiles de asalto.
Asimismo, con vistas a reconstruir el brazo paramilitar de la Juventud Cruceñista para generar episodios violentos de calle, como ocurrió durante el golpe de Estado de 2019 apoyado por la OEA, Debra Hevia viene financiando las actividades de Svonko Matkovik, con antecedentes terroristas por el caso del asalto al Hotel Las Américas en abril de 2009, y actual presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz de la Sierra por el partido Creemos.
EU a la búsqueda de un candidato opositor único
Con una oposición desgastada y sin un candidato natural para las elecciones de 2025 tras la implosión de las logias de Santa Cruz −que terminaron por fagocitarse y autodestruirse entre escándalos de desfalcos y negociados, a lo que se sumó la captura del gobernador electo Luis Fernando Camacho en diciembre del 2022−, la embajada de EU busca aprovechar la autonomía de los gobiernos locales con el fin de encontrar un outsider de la política capaz de representar los intereses estratégicos del imperio.
En ese sentido, funcionarios de la misión en La Paz han venido sosteniendo reuniones con gobernadores derechistas del oriente del país con un claro mensaje: fomentar un candidato único de la oposición. Entre los prospectos figuran el gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, quien podría aliviar la tensión entre la derecha moderada y las posiciones violentas que defienden a Camacho; el ex empresario cervecero Johnny Fernández, alcalde del municipio cruceño, quien reporta a la Embajada, y el dos veces candidato presidencial (2002 y 2009) Manfred Reyes Villa, un capitán egresado de la Escuela de las Américas en Panamá, ex agregado militar de las embajadas de Bolivia en Brasil y Estados Unidos, quien tras un exilio de 10 años en la Unión Americana regresó al país bajo la dictadura de Jeanine Áñez en enero de 2020 y se postuló como alcalde de Cochabamba en las elecciones subnacionales de 2021, triunfando con 55,63% de los sufragios.
El Plan Simón Bolívar
Con sus antecedentes de corte secesionista, la región de Santa Cruz, pero también Tarija, limítrofe con Iquique en Chile, resultan claves para el nuevo plan imperial de recolonización de América Latina, autodenominado Simón Bolívar, que tiene entre los principales objetivos del Comando Sur evitar el empoderamiento económico de la región a través del comercio con potencias asiáticas como China, India y Rusia, y desestabilizar y aislar a países que escapan a su tutelaje, como Bolivia, Venezuela y Colombia, y también a Brasil, como miembro fundador del BRICS. Para ello, según información recopilada por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios (CEGM) y el ex ministro boliviano Hugo Moldiz, Washington ha puesto en marcha una política divisionista en Sudamérica y cuenta para su ejecución con los gobiernos derechistas de Argentina, Perú y Ecuador.
Es en ese contexto que hay que ubicar las declaraciones de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, el pasado15 de abril, al diario conservador La Nación de Buenos Aires, cuando afirmó que existen “células de Hezbolá en la Triple Frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay)”, pero que “es en la frontera con Bolivia donde vemos el máximo nivel de alerta y seguridad (…) porque existe un memorándum firmado por Bolivia e Irán”. Incluso mencionó la posible presencia de fuerzas de élite iraníes conocidas como Quds en esa zona fronteriza. También mencionó la presencia de células de Hezbolá en Iquique, en el norte de Chile, y en zonas de Perú y Brasil.
Los bulos de Patricia Bullrich fueron propalados apenas días después de la visita a Buenos Aires del jefe de la CIA, William Burns, y en el momento de máxima tensión entre Israel e Irán, y fueron secundados por Mark Wells, subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y por el senador republicano Marco Rubio, uno de los principales activos de la industria de la contrarrevolución miamera.
Desempolvar la vieja matriz intervencionista post-Torres Gemelas (2001) de George W. Bush y el Pentágono sobre la existencia de “células dormidas del terrorismo islámico” en la Triple Frontera −área compartida por Ciudad del Este, del lado paraguayo, Puerto Iguazú, en Argentina y su vecina Foz do Iguaçu, en Brasil−, es un indicativo de que el Comando Sur activa una nueva serie de acciones desestabilizadoras en la subregión. Y es evidente que en sus planes de otanización de Sudamérica y guerra híbrida contra Bolivia, Colombia y Venezuela, cuenta con el presidente argentino Javier Milei y su ministra de Seguridad como puntas de lanza. Dos días después de las declaraciones de Bullrich sobre Hezbolá, Argentina pidió su ingreso formal a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Rebelión Org. de España (https://acortar.link/cuyghl)
 
 
 
 
 
EEUU DETRÁS DE LA DIVISIÓN INTERNA EN BOLIVIA
 
Aporrea Org. de Venezuela (https://acortar.link/WYqM6L)
 
Las elecciones generales en Bolivia, se realizarán el próximo año 2025, muy posible en diciembre, los votantes bolivianos/as elegirán en esa ocasión al presidente/a y al vicepresidente/a del país andino, a su vez a, 130 miembros de la Cámara de Diputados y a 36 integrantes de la Cámara de Senadores de Bolivia.
En este marco electoral, desde hace varios años, ya EEUU y sus aliados, han venido llevando a cabo una intervención grosera, para eliminar todo vestigio de lo logrado por Evo Morales desde 2006 en su primera presidencia en Bolivia.
Hay dos personas norteamericanas, que trabajan al interior y al exterior de Bolivia, torpedeando al país, a saber, la encargada de negocios de EEUU en la Paz, desde septiembre 2023, Debra Hevia, y la jefa del Comando Sur del Pentágono, generala Laura Richardson.
Richardson, es la principal protagonista y ejecutora de la diplomacia de guerra de la Casa Blanca y el Estado Profundo en Sur América (el estado profundo en los Estados Unidos, es una teoría de la conspiración que sugiere que el aprovechamiento y el amiguismo, existen dentro del sistema político estadounidense, y constituyen un gobierno oculto dentro del gobierno legítimamente elegido.
La finalidad de propiciar y encender una revolución interna en Bolivia, las ha expresado Richardson al explicitar lo siguiente, "Bolivia tiene las mayores reservas mundiales de litio, considerado una de las prioridades estratégicas del Departamento de Defensa de EEUU (al servicio de los intereses de los principales fondos de inversión globales: BlackRock, Vanguard y otros, así como las corporaciones del complejo digital financiero) en su guerra geopolítica y geoeconómica por recursos naturales y mercados contra China, y además el presidente boliviano Luis Arce, impulsa un proceso soberanista de industrialización de ese metal alcalino", según el escritor uruguayo Carlos Fazio, periodista de investigación y académico universitario.
Utilizando, además, la mentira al expresar: "se le debe manejar propagandísticamente en los medios hegemónicos, como un gobierno corrupto al frente de un "narcoestado"; coartada principal desde el fin de la Guerra Fría (cuando el enemigo era el comunismo de Moscú), para encender un nuevo ciclo de violencia fratricida (como el Plan Colombia de Andrés Pastrana y Bill Clinton y la Iniciativa Mérida en el México de Felipe Calderón), propiciadora de un golpe blando, o una intervención militar directa, en interacción con el comodín de la lucha contra el terrorismo".
Es así que Bolivia se convierte en el objetivo principal de la diplomacia militar guerrerista del Comando Sur, ya que, según el Servicio Geológico de EEUU, tiene reservas estimadas en 21 millones de toneladas en los salares de Potosí.
Por tal razón, la injerencia de la generala, se incrementó recientemente, cuando el gobierno boliviano firmo convenios con los consorcios chinos CATL Brunp & Cmoc y Citic Guoan, y la empresa rusa Uranium One Group, de la corporación Rosatom, para la construcción de plantas piloto con el fin de producir litio en el salar de Uyuni.
Hevia, por otro lado, a lo interno de Bolivia, ejecuta acciones desestabilizadoras internas, con el fin de ejecutar un cambio de gobierno político hacia las elecciones presidenciales de 2025. Dominando los códigos de la guerra no convencional asimétrica, y las operaciones sicológicas encubiertas, desplegando una estrategia de desestabilización, entre cuyos propósitos principales está la desaparición del MAS (el partido político Movimiento al Socialismo) y, con ello, borrar todo vestigio del proceso de cambio que comenzó en 2006, con el gobierno de Evo Morales en el país.
El periodista Fazio enfatiza que, "desde su llegada a Bolivia en septiembre de 2023, Hevia intensificó lo que el presidente Arce denunció como una guerra híbrida, definida como una combinación en un campo de batalla de fuerzas regulares y actores no estatales (bandas irregulares de corte paramilitar y desorden criminal), apoyados en una narrativa mediática con eje en la desinformación y la propaganda negra, el accionar diplomático (incluidas tareas de espionaje), ciberataques, sabotajes y otras herramientas desestabilizadoras".
Hevia, quien se formó en el Centro de Operaciones del Departamento de Estado, que es un grupo de trabajo dedicado a las tareas de inteligencia y las operaciones especiales, ha reforzado los programas semiclandestinos de la misión, con impacto político, económico y de inmersión social en zonas marginadas de Bolivia, dirigidos a generar división interna, entre ellos, formación de liderazgo y acciones de calle, con financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia, el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Demócrata Nacional (tradicionales fachadas para la subversión y los golpes blandos de los partidos Republicano y Demócrata estadounidenses.
A su vez, con el apoyo de La Fundación Libertad y Democracia, fundada en 2023 e integrada, entre otros, por ex primeros ministros y expresidentes como Mariano Rajoy, José María Aznar, Vicente Fox, Felipe Calderón, Andrés Pastrana, Iván Duque y los bolivianos Jeanine Añez y Jorge Quiroga.
La Alianza Informativa Latinoamericana, conformada por una red de cadenas públicas y privadas de televisión de EEUU e Hispanoamérica (CBS, Caracol de Colombia, Unitel de Bolivia y TV Azteca de México, entre otras); ONG bolivianas como Ríos de Pie y la Fundación Construir.
Así como el activismo del Proyecto Centurión, de la organización Grupo de Apoyo de la Iglesia Militar (vinculado con la Iglesia Bautista y Fort Bragg, hoy Fort Liberty), en zonas rurales bajo el paraguas de proyectos comunitarios.
Hevia, aún más al interior de Bolivia, busca reconstruir el brazo armado de la Juventud Cruceñista, para generar episodios violentos de calle, ha financiado las actividades de Svonko Matkovik, con antecedentes de terrorista y actual presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz por el partido Creemos.
Buscando fomentar un candidato único de la derecha para las elecciones de 2025, entre quienes se baraja a dos oriundos de esa entidad: el gobernador interino Mario Aguilera y el alcalde Johnny Fernández; y a Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba.
En fin, el portal de noticias El Radar ha reportado que, el "Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios (CEGM), da cuenta de un nuevo plan de Estados Unidos, para llevar adelante la recolonización de América Latina y que apunta, en el caso de Bolivia, a consolidar la ruptura del MAS (también a los movimientos sociales y sindicatos que forman su base) y crear un candidato desconocido para los comicios de 2025, con el objetivo de adueñarse de los recursos naturales como el litio y las tierras raras.
El plan denominado "Simón Bolívar" fue diseñado como respuesta, al avance de potencias como China y Rusia en Latinoamérica, a través de los BRICS, acrónimo de la asociación de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica".
En el caso puntual de Bolivia, "la estrategia estaría enfocada en sus recursos naturales y en la consolidación de un gobierno servil y de derecha, por esta razón Estados Unidos tiene como prioridad la ruptura del MAS buscando hacer que ese instrumento desaparezca del escenario político".
De acuerdo con los plazos del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), el MAS tiene hasta el 7 de mayo, para renovar su directorio o corre el riesgo de ser amonestado. Según el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas, si esta organización suma tres amonestaciones podría perder la personería jurídica y, por tanto, no podría presentarse a las elecciones primarias y, luego, a las elecciones generales previstas para el año 2025.
En el contexto general, se advierte que, Bolivia se encuentra rodeada de bases militares estadounidenses, las más cercanas en la frontera entre Tarija y Argentina, donde tomó fuerza el Comando Sur estadounidense.
Como vemos, EEUU, sus aliados y personajes siniestros en Bolivia, tienen sus intereses y de allí su intromisión vulgar en el país sudamericano.
 
 
 
 
 
SIN INTERMEDIARIOS Y CON OFERTAS EN TIKTOK: EL MERCADO DE LA NUEVA GENERACIÓN DE AGRICULTORES
 
Alrededor de 2.000 comerciantes venden en Cochabamba (Bolivia) sus productos directamente a los consumidores. “Sabemos cómo han vivido nuestros padres, pero no queremos estar en las mismas condiciones que ellos”, dice uno de los fundadores
 
El País de España (https://acortar.link/v9T1t3)
 
Los martes y jueves, alrededor de las 2 de la mañana, cientos de camiones comienzan a llegar al Mercado Integración del Sur. Cada uno de estos vehículos de carga pesada, con una capacidad de cuatro toneladas, es descargado y la oscuridad de la noche comienza a colorearse por lo que las cajas de madera que transportan contienen: los verdes y rojos brillantes de los morrones y los tomates; los rosáceos y marrones de la papa cubierta de tierra y los morados, naranjas y amarillos de la uva, el durazno y la manzana. Es la paleta de colores de los productos que han viajado cientos de kilómetros para llegar a su destino en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, saltándose intermediarios y revendedores, con el objetivo de ofrecer la cosecha del productor al consumidor.
Desde hace casi dos años, este espacio de 5,5 hectáreas, autogestionado por los productores agrícolas del sur de este departamento de la nación andina-amazónica, se ha convertido en una alternativa de comercio digno y reconocido para al menos 2.000 campesinos. Cada martes y jueves, cientos de ellos llegan desde diferentes zonas con cientos de variedades de frutas, verduras y tubérculos, como papa, oca o papaliza.
El mercado Integración del Sur se conformó pensado como una alternativa para miles de productores que antes hacían llegar sus cosechas a la ciudad a otro espacio, ubicado en una zona periférica y conocida como El Arco, uno de los puntos de venta más importante de trabajadores agrícolas de esta región. Sin embargo, por décadas, en él eran presa de los revendedores e intermediarios que imponían sus condiciones y precios sin valorar el sacrificio que para ellos representa producir, cosechar y llevar alimentos hasta las ciudades.
“Nosotros sabemos cómo han vivido nuestros padres, pero no queremos estar en las mismas condiciones que ellos. Mandábamos la verdura y el minorista nos quería pagar 25 o 20 pesos [un poco más de 3 dólares] por una caja que valía 60 [un poco más de 8 dólares]. Negociaban con el trabajo del pobre agricultor. Por eso yo puse el hombro, la fuerza y la voluntad de querer tener un mercado propio para mi gente. Ahora tenemos un terreno propio en el que podemos sentirnos felices de ser reconocidos por nuestra producción”, afirma Eduardo Nova, representante de los productores de la localidad de Saipina, a casi 300 kilómetros de distancia de donde se encuentra el mercado Integración del Sur.
Negociación conjunta del espacio y los precios
El abandono de El Arco y la autogestión de un mercado nuevo fue emblemático. Según especialistas, desde hace una década en la ciudad hay mercados campesinos, iniciativas que fueron pensadas para que los productores agrícolas puedan comercializar sus productos libremente, pero estos han sido ocupados en su totalidad por revendedores, quienes poco o nada favorecen a los productores. Según Mariana Alem, que estudia las condiciones de los productores en Bolivia, de esta manera los agricultores se vuelven en una suerte de “financiadores”, ya que los precios “arbitrarios” muchas veces van en desmedro de su trabajo, es decir, los precios se mantienen muy bajos a costa de los productores.
Manuel Moreira Rocha, presidente de la Asociación de productores, relata que cuando peregrinaban vendiendo por distintos lugares de la ciudad —debido a la injerencia de los revendedores—, eran víctimas de inseguridad, las inclemencias del tiempo por no tener un lugar con techo, además de aceptar condiciones injustas a la hora de realizar transacciones. Es por esta razón, según cuenta, que el poder de negociación en el precio es muy importante, porque trabajan con productos que se deterioran rápidamente y una gran mayoría de los agricultores debe regresar a cuidar sus parcelas. Además, muchas veces la ciudad no es tan amable con los camiones en los que traen sus productos, sobre todo si la venta congestiona rutas importantes en la ciudad.
Alem considera que este paso hacia adelante “fue muy importante debido a la fuerza que genera no estar solo, ya que juntos pueden tener un espacio seguro y gran empoderamiento para negociar el precio que les corresponde”.
En Bolivia existen más de 850.000 unidades productivas. Más de 700.000 de ellas son pequeños predios que articulan a más de dos millones de agricultores familiares de origen campesino, indígena originario e intercultural, cuya producción es diversificada y abastece a la canasta familiar, según datos de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias.
El chef del Hotel Cochabamba, Miguel Ángel Figueroa, cuenta que cuando estos productores dejaron de estar en El Arco, se dio a la tarea de buscarlos. Hoy continúa siendo un buen cliente de esta feria popular, ya que le abastecen de todo lo que necesita y a veces en muy grandes cantidades. “Tiene más calidad comprar del productor al consumidor”, afirma, y enfatiza en la importancia de tener un contacto directo con los agricultores: “No hay que perder la identidad y hay que apoyar a nuestros productores”.
En el mercado, un solo productor puede traer entre 300 a 400 cajas de tomates, alrededor de unas 15 toneladas de producto, pero al mismo tiempo hay otros que transportan menos para las personas que buscan hacer sus compras en menor cantidad. “Si bien es una inversión de tiempo y dinero desplazarse hasta este lugar, se justifica por la calidad y variedad de los productos. Los precios son más bajos que en el mercado campesino, por eso me gusta venir aquí”, afirma María Perez, una ama de casa que se encuentra en busca de su despensa semanal.
En su apuesta por dar a conocer el espacio, los agricultores del Mercado Integración del Sur están activos en redes sociales como Facebook o, incluso, en TikTok, que la utilizan para dar a conocer las ofertas de la semana, productos de temporada y para que sus asociados también puedan tener voz y contar sus historias, sobre el lugar de su procedencia y el tipo de trabajo agrícola que realizan. Uno de sus videos más vistos, con más de 45.000 reproducciones, tiene como protagonista a Rosa Castro, productora del municipio de Totora, quien en lengua quechua, da a conocer la papa y tubérculos que producen en su región.
El espacio que hoy ocupa el mercado es solo una pequeña parte, ya que tienen tres hectáreas que aún no han utilizado. Ahora están proyectando construir una infraestructura que pueda albergar a más asociados. Sin embargo, a pesar de la pequeña victoria de conseguir el espacio, la sequía y las elevadas temperaturas que se han registrado el pasado año son un factor que preocupa a los agricultores. A pesar la zozobra, por parte de los Gobiernos locales y del Ejecutivo nacional solo obtienen apoyo simbólico y promesas cuando acerca algún periodo electoral.
“Ser agricultor en Bolivia es un trabajo muy duro”, dice Moreira al mencionar el contrabando de productos agrícolas con los que no pueden competir por los precios bajos que los comercializan. De acuerdo con datos de la Aduana Nacional de Cochabamba, solo en dos operativos realizados en el pasado mes de abril, fueron decomisadas más de 28 toneladas de harina y frutas de contrabando. El valor de toda la mercancía superaba los 184.500 bolivianos o 25.000 dólares. Según la Cámara Nacional de Industrias, la afectación de este delito en el país en 2022 alcanzó un valor estimado de 3.331 millones de dólares.
“El productor está maltratado. Las fronteras se han abierto, el tomate y otras frutas y hortalizas entrá sin restricción del Perú. Aquí el productor solo trabaja para el sustento diario y poder costear la educación de sus hijos”, se queja Moreira. Pero eso no le quita la convicción de poder seguir persiguiendo y manteniendo un escenario ideal para los productores, uno que sea justo, sostenible y que no dependa de las promesas o favores condicionados a los políticos de turno.
“Fuimos casa por casa para convencer a los productores. Hoy que todo ya está hecho, mucha gente recién quiere volverse socio, pero no tenemos espacio de momento. Es un sueño que nuestros padres no pudieron cumplir y estamos felices”, concluye Moreira.
 
 
 
 
 
LA AMAZONÍA BOLIVIANA ENFRENTA AMENAZAS DE TODOS LADOS
 
INSIGHTCRIME.ORG (https://acortar.link/C1UqfJ)
 
En Bolivia, los buscadores de oro cavan cráteres y envenenan los ríos del Parque Nacional Madidi, un tesoro natural que se extiende desde los Andes hasta el Amazonas. La agricultura intensiva, por su parte, está devastando los bosques del país, como la Chiquitania, el mayor bosque seco del mundo. Los incendios provocados, en su mayoría, para desbrozar ilegalmente se convierten a menudo en fuegos incontrolables que dejan detrás desiertos de tierra quemada.
Los 60 millones de hectáreas de la Amazonía boliviana, que abarcan parte de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, concentran algunas de las zonas más biodiversas de la cuenca amazónica. Pero la Amazonía boliviana suele caer en el olvido, ya que otros países reciben la mayor parte de la atención internacional, aunque el país solo es superado por Brasil en términos de pérdida de bosques.
En 2022, Bolivia registró los niveles de deforestación más altos de su historia, con una pérdida total de 245.177 hectáreas de bosque primario, que equivalen al 12,4% de la deforestación de toda la Amazonía para ese año. Para ponerlo en perspectiva, las regiones amazónicas de Colombia y Perú, que juntas forman un territorio de unos 127 millones de hectáreas, es decir, algo más del doble que Bolivia, representaron solo el 12,2%, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una red dedicada al seguimiento de la deforestación en la región.
La mayor parte de la deforestación de la Amazonía boliviana se debe a la extracción de oro y al desmonte generalizado de tierras para la agroindustria.  En otros países amazónicos, estas actividades son ilegales o al menos están reguladas.
Bolivia, en apariencia, tiene leyes destinadas a frenar la destrucción ambiental. Pero la realidad es que los actores implicados en la deforestación no son perseguidos por el gobierno gracias a su poder e influencia. Las cooperativas mineras de oro, los cultivadores de soya y los ganaderos gozan de una indulgencia extraordinaria. Se aprovechan de los vacíos de poder, las lagunas jurídicas, las normativas incoherentes o contradictorias y la escasa aplicación de las leyes, y utilizan medios legales e ilegales para reclamar vastas extensiones de bosque en beneficio de sus intereses económicos.
El ámbito de lo legal “es muy amplio, y la voluntad de hacer cumplir las leyes existentes es mucho menor que en otros países amazónicos”, afirmó Cecilia Requena, senadora del Partido Comunidad Ciudadana de Bolivia y presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. “Al mismo tiempo, la ilegalidad significativa no está clasificada como crimen organizado”, afirmó Requena, quien ha sufrido agresiones físicas y amenazas durante sus viajes de investigación a la región amazónica.
Gran parte del inmenso departamento boliviano de Santa Cruz, que abarca un tercio del país, arde cada año. Los especuladores talan y queman los bosques, a sabiendas de que la agencia gubernamental de titulación de tierras les otorgará más tarde concesiones. Los agricultores producen soya y carne de vacuno en las tierras deforestadas. Venden a comerciantes de materias primas cuya debida diligencia con sus proveedores es, en el mejor de los casos, limitada.  Siempre ávidos de nuevas extensiones de tierra, los agricultores se adentran en la Amazonía de Bolivia, rodeando territorios indígenas e invadiendo reservas. 
Al mismo tiempo, las cooperativas mineras de Bolivia emplean maquinaria pesada y enormes dragas para excavar los cursos de agua del Amazonas en busca de oro.  En algunos casos, las cooperativas, que empezaron como simples sindicatos, pero se han convertido en entidades más poderosas, sirven de cubierta a chinos, colombianos y otros extranjeros que subvencionan ilegalmente las actividades mineras.  Se sabe que los exportadores sacan del país oro de procedencia desconocida, lavándolo en el camino. 
Con el auge de la extracción de oro en Bolivia, también han aumentado las importaciones de mercurio, que se utiliza para separar el oro de los sedimentos.  Bolivia firmó hace una década el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado de Naciones Unidas mediante el cual más de 100 países se comprometieron a reducir su contaminación por mercurio. Pero el gobierno boliviano sigue permitiendo una afluencia desinhibida del metal tóxico, eludiendo incluso normas básicas, como exigir que los importadores estén certificados.
El país es, de lejos, el mayor importador de mercurio de América.  Hasta hace poco, el primer proveedor de Bolivia era México, pero ahora es Rusia, que no ha ratificado el tratado de Minamata.
El aumento de las importaciones ha alimentado un intenso comercio de mercurio de contrabando. Las botellas que contienen mercurio se transportan a través de las fronteras terrestres y fluviales a Perú y Brasil, cuyas regiones amazónicas están experimentando actualmente la fiebre del oro ilegal. El uso generalizado de mercurio por parte de mineros está contaminando ríos y bosques, y significa una amenaza importante para la vida de los pueblos indígenas. 
La tala ilegal, aunque no está extendida a escala industrial como la minería y la agricultura, también ha provocado importantes pérdidas en la selva amazónica de Bolivia. Los parques y reservas nacionales poco vigilados son especialmente vulnerables.  Las redes de traficantes roban madera mara, una especie de caoba valiosa, que luego se envía de contrabando a Perú y Brasil para su exportación. Además, Bolivia tiene un mercado nacional de madera de origen ilegal.
La fauna silvestre de Bolivia también está siendo depredada. Los jaguares en particular son cazados para adquirir sus partes, que son muy apetecidas en Asia.  La construcción de carreteras por empresas chinas a través de la Amazonía boliviana ha abierto el camino a nuevas incursiones de los comerciantes de jaguares. Grupos ambientalistas han documentado incautaciones de cientos de colmillos y garras de estos felinos en cargamentos con destino a China, a través de redes gestionadas desde restaurantes y tiendas de propiedad china.
Canarios, cacatúas, loros y otras aves se venden en los mercados locales y se introducen de contrabando en los países vecinos para el comercio de mascotas. Las tortugas de río están amenazadas por la desenfrenada caza furtiva de sus huevos y su carne. 
Además, el interior amazónico de Bolivia se ha convertido en un corredor de narcotráfico hacia Brasil. En los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz han surgido campamentos primitivos para la producción de cocaína en medio de reservas forestales.  Los residuos del procesamiento, que incluyen gasolina y productos químicos contaminantes, se vierten en los ríos. Pistas de aterrizaje excavadas en los bosques sirven a las avionetas que despegan de Perú.
Aunque el cultivo de coca para consumo es legal en Bolivia, la superficie dedicada a su cultivo ha superado las 22.000 hectáreas permitidas oficialmente por el gobierno, alcanzando unas 29.900 hectáreas en 2022. Casi 500 hectáreas de coca se cultivan en reservas indígenas y naturales. Se calcula que el tráfico ilegal de drogas en Bolivia alcanza los US$2.000 millones anuales.
La intersección entre los delitos ambientales y las organizaciones criminales en Bolivia no está tan firmemente establecida como en lugares como Colombia, donde los grupos armados no estatales están sumando los delitos ambientales a una larga lista de actividades relacionadas con las drogas.  Pero en Bolivia, podrían surgir oportunidades para un nexo de este tipo, por ejemplo, según varios expertos, se sospecha que los beneficios del tráfico de cocaína en Colombia financian las operaciones de extracción de oro en Bolivia.
La lucha contra los delitos ambientales en Bolivia requiere algunas de las mismas medidas que necesitan otros países amazónicos de la región, como mejorar la aplicación de la ley en las zonas protegidas e impedir el tráfico de madera, mercurio, fauna silvestre, oro ilegal y el tráfico de tierras relacionado con la agresiva expansión agrícola a ambos lados de la frontera entre Bolivia y Brasil. También debe combatirse la corrupción que facilita los delitos ambientales.
Pero Bolivia presenta un desafío único. Por diseño, las instituciones destinadas a controlar las actividades mineras y agrícolas son débiles e ineficaces, y las penas por delitos ambientales son en su mayoría teóricas. El país debe abordar pronto esta situación si quiere detener la inminente destrucción de su Amazonía.
 
 
 
 
 
ÁRBOLES Y LAGOS QUE DESAPARECEN: LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA
 
INSIGHTCRIME.ORG (https://acortar.link/wk8595)
 
La deforestación ha alcanzado niveles alarmantes en Bolivia. La principal causa de la pérdida de la cubierta arbórea es el aumento de las prácticas de roza, tumba y quema. Los colonos suelen provocar incendios para abrir paso al cultivo de soya y la cría de ganado. Pero estos incendios suelen salirse de control.
La batalla contra la deforestación es compleja. La producción de soya y carne de vacuno para la exportación beneficia a la industria agroalimentaria y a poderosas élites económicas vinculadas al gobierno. Con la agricultura y la ganadería ávidas de nuevas extensiones de tierra, los agricultores y ganaderos se adentran cada vez más en el departamento de Santa Cruz y en la Amazonía boliviana.
Los árboles se vuelven grises de repente en un bosque al que se llega con una camioneta todoterreno. Julio Zebers, un bombero voluntario de unos cuarenta años, señala la devastación causada por los últimos incendios forestales en Bolivia. Caminando entre troncos carbonizados y fumando un cigarrillo para mantener a raya a los mosquitos. 
Combatir un incendio forestal descrito por él es como estar al borde de una tormenta: el “sonido se asemeja al de una descarga eléctrica”. El humo es denso y sofocante.  Sin embargo, el aspecto más desgarrador es presenciar cómo los animales desfallecen entre las llamas. “Veo las especies que mueren: serpientes, monos, lagartos. Por insignificante que parezca, me duele”, dijo Julio.
Los 60 millones de hectáreas de selva de Bolivia albergan algunos de los espacios más biodiversos y singulares de la cuenca amazónica.  Esto incluye la selva tropical y la Chiquitania, el mayor bosque tropical seco del mundo, hogar de especies que no se encuentran en ningún otro lugar. 
Sin embargo, Bolivia suele caer en el olvido en medio de la atención internacional que se presta a la destrucción de la Amazonía, a pesar de que solo es superada por Brasil en pérdida anual de bosques. La pérdida de 245.177 hectáreas de bosque primario en Bolivia en 2022 supuso el 12,4% de la deforestación total de la Amazonía ese año.  La Amazonía de Colombia y Perú, un territorio combinado de unos 127 millones de hectáreas, representó solo el 12,2%, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una red dedicada al seguimiento de la deforestación en la Amazonía. 
Más de la mitad de Bolivia está formada por la selva amazónica. La región se extiende hacia el sur por los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, abarcando gran parte del nororiente del país. Toca la parte norte de La Paz y el extremo oriental de Cochabamba. 
La rápida destrucción de este sector crucial, pero frecuentemente pasado por alto de la Amazonía, ha alcanzado tasas alarmantes. Datos de Global Forest Watch, una plataforma en línea que rastrea la deforestación a nivel mundial, revelan que entre 2002 y 2022, Bolivia experimentó una pérdida de un poco más de 4 millones de hectáreas de bosque primario vital, un área del tamaño de Suiza. Esto representa una reducción del 10% en la cobertura de bosques primarios desde inicios de los 2000.
Gran parte de la reciente deforestación se debe a incendios incontrolados. Los infiernos provocados por los humanos se prenden para despejar tierras para la agricultura en una práctica de “tala y quema” conocida como “chaqueo”.  Miles de incendios, muchos de ellos provocados ilegalmente, se convierten en llamas incontrolables que consumen vastas extensiones de bosque.
Aunque los incendios no son nada nuevo en la Chiquitania boliviana, e incluso cierto grado de fuego natural es necesario para el ecosistema, se han vuelto mucho más frecuentes e intensos, según el biólogo Steffen Reichle.  Durante los periodos de sequía, que se han prolongado en los últimos años, la Chiquitania es un polvorín. “Cuando un bosque como este se incendia, es imposible detenerlo”, afirmó Reichle.
Las llamas también emiten enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Según el investigador boliviano Pablo Villegas, cuando la temporada de incendios alcanza su punto álgido, un mapa de emisiones de carbono muestra que los niveles se disparan en todo el país.  En determinados momentos, según Villegas, Bolivia se convierte en “la zona con mayor concentración de emisiones de carbono del mundo”. 
Ganadería y agricultura en la Amazonía boliviana
A lo largo de la carretera de Santa Cruz a Santiago de Chiquitos, los carteles ofrecen parcelas en venta. Pequeños carteles blancos con letras negras marcan los nombres de las comunidades agrícolas. Los carteles más grandes indican ranchos ganaderos o plantaciones de soya.
Este paisaje llano y amarillo quemado solía estar cubierto por el bosque seco de la Chiquitania en tiempos pasados.
Según Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra de Bolivia, las tierras de la Amazonía boliviana son mucho más valiosas después de haber sido taladas. Esto hace que diversos actores utilicen medios legales, e ilegales, para transformar los bosques en tierras para la agricultura o la ganadería. El gobierno boliviano, por su parte, alimenta la destrucción, debilitando las leyes sobre el uso de la tierra, fomentando los asentamientos y promoviendo la agroindustria en la Amazonía. 
En 2012, el presidente Evo Morales (2006 – 2019) promovió la ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que prohibía ostensiblemente la conversión de bosques a otros usos, y un año después, la Agenda Patriótica 2025, un plan de desarrollo desenfrenado.  El plan preveía la expansión agresiva de la agroindustria, sobre todo de la soya y la carne de vacuno para la exportación.  Para lograrlo, casi seis millones de hectáreas de bosque debían convertirse en nuevas tierras de cultivo para 2025.
El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, exministro de Economía de Morales, ha seguido el mismo guion. La propiedad de la tierra en Bolivia se divide en cinco grandes categorías: propiedad privada, propiedad comunitaria, territorio indígena, controlada por el Estado (tierra fiscal) y protegida.  A nivel nacional, dos organismos gubernamentales administran todas estas tierras. 
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se encarga de la titulación y distribución del territorio. La Autoridad de Auditoría y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) revisa y aprueba los planes medioambientales y concede autorizaciones para la tala de bosques. 
Las aprobaciones de la ABT para la tala de bosques se han disparado en los últimos años. Entre 2016 y 2021, la agencia autorizó la deforestación de 212.000 hectáreas anuales.  Durante este período, Bolivia perdió un promedio de 255.000 hectáreas de bosque por año, lo que significa que el desmonte autorizado representó el 83% de la deforestación total.  Pero en los últimos seis años, de 2010 a 2015, la ABT solo permitió el desmonte de 70.000 hectáreas anuales, según una investigación realizada en 2022 por la Fundación Tierra.  Según la Fundación Tierra, el extraordinario aumento de la deforestación autorizada por la ABT es una de las mayores consecuencias de la Agenda Patriótica 2025.
Entre 2016 y 2021, cerca del 70% de la deforestación en Bolivia se produjo en tierras que antes eran públicas, pero que fueron retituladas como propiedad privada para uso agrícola.  Casi una cuarta parte se produjo en tierras de comunidades agrícolas, y 5% en territorio indígena.
Los cambios legales y la desregulación de los últimos años también han permitido deforestar más tierras. La Ley de Restitución de Bosques de Bolivia de 2013, conocida como el perdonazo, o gran amnistía, permitió a los agricultores legalizar tierras que habían sido taladas ilegalmente. Los especuladores, que invaden los bosques, y los terratenientes, han seguido reclamando y talando ilegalmente bosques bajo el supuesto de que se les concederá la amnistía. 
Ahora se pueden talar hasta 20 hectáreas de bosque sin necesidad de un permiso del gobierno. Las multas por deforestación ilegal se han reducido de US$300 por hectárea a tan solo US$10.  “¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Perdonar y perdonar”, dijo Vadillo.
Las leyes sobre títulos de propiedad promueven activamente la deforestación. Tras la adjudicación de una parcela, el propietario dispone de dos años para demostrar que está produciendo o corre el riesgo de que el Estado se la confisque.  Los propietarios deben declarar a la agencia de titulación la función económica y social de sus tierras, siendo los casos de uso más fácil la agricultura o la ganadería.  Esto ha estimulado a la gente a talar los bosques y destinar sus tierras a estas actividades.  A menudo se deforestan las tierras antes de la demarcación oficial del gobierno, para presionar a la agencia de titulación y mantener alejados a posibles invasores. 
Los propietarios “tienen que desbrozar porque se les quita [la tierra] si no la ponen a producir”, afirmó Marlene Quintanilla, directora de investigación y gestión del conocimiento de la organización boliviana de defensa del medio ambiente, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).  “Se desvirtúa la ley, porque el bosque en pie cumple una función económica y social, pero esto no se entiende técnicamente”. 
Santa Cruz: El corazón de la deforestación amazónica en Bolivia
La mayor parte de la deforestación reciente en Bolivia se ha producido en el departamento de Santa Cruz, la zona agrícola más importante del país. Santa Cruz alberga la mitad de la superficie forestal del país, incluidos bosques tropicales de gran biodiversidad y bosques secos en peligro crítico.
A partir de la década de 1950, los sucesivos gobiernos bolivianos abrieron Santa Cruz a la agricultura. Se construyeron carreteras para conectar la región con las principales ciudades de Cochabamba y La Paz, en el oeste del país.  Se ofrecieron subvenciones para cultivos específicos como el arroz, el algodón y el azúcar.  Se pusieron en marcha programas de reasentamiento de la población del altiplano para impulsar la agricultura. 
En las tres últimas décadas, la agricultura de Santa Cruz se ha expandido exponencialmente. El crecimiento se ha visto impulsado por la producción agrícola mecanizada de productos básicos de exportación, sobre todo la soya.  También ha aumentado la ganadería, particularmente la carne de vacuno para exportación y la creciente demanda local.  
Durante este tiempo, la deforestación se aceleró en un triángulo de 2,7 millones de hectáreas conocido como zona agroindustrial.  De 1990 a 2015, se talaron allí unos 2,2 millones de hectáreas de bosque. La agroindustria fue responsable del 57% de la deforestación, unos 1,3 millones de hectáreas. 
La agricultura a pequeña escala —cultivos de menos de 50 hectáreas o explotaciones ganaderas de hasta 500 hectáreas— representaba el 30%, aunque muchas parcelas solo tenían el título de pequeñas explotaciones, pero formaban parte de entidades más grandes.
Según la Fundación Tierra, al menos 700.000 hectáreas de bosque fueron taladas ilegalmente en Santa Cruz y luego regularizadas mediante leyes de amnistía o tras multas mínimas. 
Con casi la totalidad de la zona agroindustrial de Santa Cruz titulada y deforestada, la agroindustria empezó a extenderse fuera de ella.  Durante la década del 2000, las tierras deforestadas crecieron a lo largo del extremo suroriental de la zona, extendiéndose hasta el límite del Parque Nacional Gran Chaco Kaa-Iya.  Gran parte de los bosques de la zona estaban en un principio bajo control estatal, pero más tarde pasaron a manos de la agroindustria.
Entre 2016 y 2021, casi 1,5 millones de hectáreas de bosque fueron arrasadas en Santa Cruz, según cifras recopiladas por la Fundación Tierra.  Aproximadamente el 90% de la deforestación ocurrió fuera de la zona agroindustrial, según un informe presentado en la V Cumbre Amazónica de los Pueblos Indígenas.  La deforestación se disparó en un extremo nororiental de Santa Cruz, cerca de su frontera con Brasil. Del mismo modo, nuevos desmontes atravesaron el extremo suroriental del departamento. 
Esta expansión agrícola se beneficia de la proximidad de Mato Grosso, el estado brasileño que comparte la mayor parte de la frontera con Santa Cruz. Este estado ha dedicado casi 18 millones de hectáreas a la agroindustria, uniendo las dos industrias agrícolas de ambos países. 
Según una investigación realizada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la invasión y la deforestación en estos dos estados están íntimamente relacionadas. La convergencia de estas economías ha hecho que los empresarios y las empresas no discriminen entre fronteras nacionales y promuevan la tala de tierras en ambos países para ampliar sus negocios y maximizar sus beneficios.
Una combinación de deforestación ilegal y sistemas de retitulación de tierras permite a los infractores medioambientales “lavar” con éxito las tierras protegidas de Bolivia. Este patrón es la causa del aumento de las actividades de deforestación cerca de la Laguna Concepción, un lago protegido por la Convención de Ramsar. Establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1971, este tratado pretende crear una red mundial de humedales designados para su protección y conservación. 
En 2009, el gobierno municipal de la cercana localidad de San José de Chiquitos dio el primer paso para proteger el lago, creando una reserva de 120.000 hectáreas a su alrededor.  Dos años después, el departamento de Santa Cruz realizó un estudio geográfico que informó que la propiedad privada comprendía unas 40.000 hectáreas de la reserva. Para 2021, los títulos de propiedad privada habían aumentado a 74.000 hectáreas, casi el doble de la cantidad contabilizada en el estudio de 2011. 
En 2021, los bosques talados para la agroindustria habían alcanzado las 33.500 hectáreas, más del doble de las 16.000 hectáreas. 
La deforestación, el desvío de agua a la agroindustria y las frecuentes sequías han afectado gravemente al lago, que, en ocasiones, ha desaparecido por completo. En 2020, los peces muertos, incluyendo sábalos, siluros y pirañas, cubrían kilómetros y kilómetros de su orilla. 
“¿Por qué el INRA y la ABT permiten que se cedan tierras en zonas protegidas, en reservas forestales?”, se pregunta un experto agroambiental, que prefiere permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. 
Actores que impulsan la deforestación en la Amazonía boliviana
Los colonos, las comunidades menonitas y la agroindustria han encabezado la reciente deforestación de la Amazonía boliviana. A veces trabajan de forma concertada, obteniendo tierras mediante invasiones, vacíos legales, amnistía por deforestación ilegal, negocios turbios y otros medios.
Los grupos conocidos como comunidades interculturales también están reclamando tierras y asentándose en la región. Las comunidades interculturales son trabajadores agrícolas que, durante los años 60 y 70, participaron en programas de colonización que pretendían poblar la Amazonía boliviana y otras regiones remotas. En la actualidad, siguen expandiéndose por Santa Cruz y el resto de la Amazonía. 
Organizados en 24 federaciones en todo el país y con más de 2,5 millones de personas, los interculturales dicen representar a la clase agraria desfavorecida del país y tienen un enorme poder debido a sus fuertes vínculos con el partido gobernante de Bolivia, el Movimiento Al Socialismo (MAS). 
A lo largo de los años, los interculturales se han opuesto a las élites que poblaron departamentos como Santa Cruz, se apoderaron de las empresas agroindustriales de la zona y provocaron el desplazamiento de las comunidades locales.
La lucha entre ambos grupos se ha equilibrado a favor de los interculturales desde que Evo Morales llegó al poder en 2006. El expresidente, que se consideraba un migrante intercultural de Oruro, implantó un modelo de desarrollo económico que favorece a estos grupos interculturales, pero que contribuye a la deforestación. 
Comprender la responsabilidad de los grupos interculturales exige reconocer el importante papel que desempeñan las élites de Santa Cruz, propietarias de grandes empresas agrícolas. Como se destaca aquí y en nuestro informe regional, la complejidad de este fenómeno no puede atribuirse a una sola entidad. 
Estas comunidades son poderosas. De hecho, su organización principal, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (SCIB), ha conseguido para sus afiliados 25 millones de hectáreas, más de una cuarta parte del total de tierras tituladas por el Gobierno, según un informe de 2022 de la Fundación Tierra. 
Según el Consejo Nacional de Coordinación de Pueblos Indígenas para la Defensa de Territorios y Áreas Protegidas (CONTICAP) de Bolivia, unas 1.500 familias pertenecientes a comunidades interculturales se han asentado en Santa Cruz. 
Varios expertos en delitos ambientales y periodistas consultados por InSight Crime, que han seguido de cerca la deforestación en Bolivia, dijeron que la movilización y traslado de familias a Santa Cruz es una forma de territorialidad política, mediante la cual se pueden controlar regiones.
Allí donde los colonos han ocupado tierras, han surgido disputas con los lugareños y los indígenas: “Esto genera una situación complicada. Los que tienen autorización del INRA creen que ya son propietarios [de la tierra]. Hay resistencia por parte de las poblaciones locales, que dicen que no pueden entrar en la zona”, explicó Vadillo. 
Los colonos también talan árboles con rapidez luego de recibir la autorización del INRA, y a menudo invaden tierras indígenas o protegidas. Por citar un ejemplo, los colonos arrasaron recientemente bosques en el Área Protegida Municipal de Bajo Paraguá, una reserva establecida en 2021 para proteger casi 100.000 hectáreas de bosque tropical y seco que sirve de corredor crítico para la fauna silvestre. Indígenas, funcionarios locales y conservacionistas de la Amazonía dijeron al medio de noticias ambientales Mongabay que los colonos que llegan allí tienen conexiones con el MAS y han proporcionado ilegalmente títulos de propiedad de tierras. 
Cuatro comunidades indígenas que viven dentro de la reserva del Bajo Paragua afirmaron el año pasado en una declaración conjunta que eran víctimas de “traficantes de tierras organizados” que promovían asentamientos ilegales para ampliar la frontera agrícola. 
Vadillo dijo que también se crean “comunidades fantasmas” de 20 a 30 personas para obtener tierras.  Procedentes de ciudades cercanas como Santa Cruz, Montero, Cochabamba y Yapacaní, estas personas no tienen intención de reasentarse ni de cultivar. En su lugar, pagan por arrasar el bosque y más tarde venden sus parcelas. 
“Generan un mercado de tierras oculto”, afirmó Vadillo. Para poseer la tierra, los colonos deben estar presentes durante dos años. “Pero antes de que les den el título, esta gente ya está vendiendo”. 
En algunos casos, los traficantes de tierras han utilizado documentos y nombres falsos para formar comunidades interculturales y solicitar tierras al gobierno, solo para dar media vuelta y venderlas. Las personas dedicadas a la agroindustria que buscan nuevos territorios también han formado comunidades interculturales. Por ejemplo, en la región oriental en torno a San Martín, los lugareños contaron a los investigadores de la Fundación Tierra que soyeros de San Julián, una localidad situada a unos 300 kilómetros al suroeste, habían formado una comunidad intercultural para obtener tierras de cultivo. 
Los investigadores declararon haber visto maquinaria a gran escala, similar a la que se emplea habitualmente en la agricultura industrial, en grandes parcelas de soya y maíz.
Además de los llamados colonos interculturales, las comunidades menonitas han surgido como una fuerza importante detrás de la deforestación de la Amazonía boliviana.
Conservando su vestimenta tradicional, su fuerte fe cristiana y su dialecto alemán, las familias menonitas llegaron a Bolivia en la década de 1950 procedentes de Paraguay y Canadá.  La expansión de sus comunidades comenzó en la década de 1960, cuando se les unieron menonitas de México. Su población volvió a crecer en la década de 1990, cuando más comunidades paraguayas, buscando “un escape de la modernización y la escasez de tierras”, emigraron a Bolivia, según un estudio sobre los menonitas en América Latina.  La mayoría se asentó al oriente de la ciudad de Santa Cruz.
Los menonitas se han extendido hacia el oriente y el sur en los últimos años debido al rápido crecimiento de su población. También se han formado nuevas comunidades en el nororiente del país. Según el estudio de 2021, unas 100 comunidades menonitas cultivan más de 1 millón de hectáreas en las tierras bajas de Bolivia. 
Conocidas por su diligencia y experiencia agrícola, las comunidades menonitas han buscado rápidamente nuevos bosques que arrasar.
“Se les tiene en gran estima por su nivel de producción, por su honradez”, dijo Vadillo, “pero desde el punto de vista ambiental tienen una forma de trabajar y producir muy destructiva”.
Los agricultores menonitas están deforestando rápidamente tierras y talando árboles en áreas no autorizadas. Los desmontes de la comunidad menonita “Chihuahua”, ubicados aproximadamente a cinco horas en carro al nororiente de Santa Cruz, han rodeado el pueblo vecino de San Miguelito, obligando a sus habitantes y a los pequeños agricultores a vender sus tierras.  Además, sus desmontes han cercado el territorio indígena de San Antonio de Lomerío.
Eulogio Núñez, director nacional del INRA, ha acusado a la comunidad menonita “Valle Verde”, en el departamento de Santa Cruz, de extender la deforestación en tierras propiedad del Estado.
Sin embargo, la agencia de tierras también ha permitido la expansión de las granjas menonitas gracias a sus laxas normas. En la región alrededor de la Laguna Concepción, situada a unos 230 kilómetros al este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde los menonitas poseen unas 167.000 hectáreas, las comunidades han obtenido tierras con el pretexto de ser “comunidades agrícolas”, cuando en realidad se dedican a la agricultura comercial.  También se les ha culpado de cavar canales que desvían el agua y vierten agroquímicos al lago. 
Las comunidades menonitas insulares, vinculadas a la creciente deforestación en Perú , también han eludido las leyes cuando les ha convenido. Por ejemplo, un grupo construyó una red de carreteras y un puente tras comprar unas 15.000 hectáreas de tierra cerca del Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco.  Construyeron el puente de 150 toneladas de metal y hormigón sobre el río Paretí, cuyos humedales están protegidos, sin realizar nunca un estudio de impacto ambiental ni consultar al gobierno nacional. 
“Hay una falta de control”, dijo Quintanilla. “Hacen lo que el país les permite”.
Gran parte de la deforestación reciente en Santa Cruz se ha producido en tierras tituladas como medianas agropecuarias, en granjas de 500 a 2.500 hectáreas, y en menor medida en las de menos de 500 hectáreas, según un informe de la Fundación Tierra. 
Estas granjas producen soya, carne de vacuno y otros productos agrícolas en tierras deforestadas. Los compradores son comerciantes de materias primas, que actúan como intermediarios en una cadena de suministro mundial.  
Gran parte de las tierras tituladas como explotaciones más pequeñas se dividen simplemente como “pretexto legal” para blanquear y titular grandes propiedades que, de otro modo, podrían incumplir la ley. El capital para la producción lo aportan prestamistas agrícolas, brasileños, comunidades menonitas y otros, según la Fundación Tierra. 
“Ese agricultor que tiene 50 hectáreas… ¿de dónde va a sacar el dinero para desbrozar? Hay alguien detrás de él”, afirmó el experto agroambiental.
Uno de los principales responsables de la deforestación es el cultivo de la soya, de la que apenas se consume en el país.  La gran mayoría se procesa y exporta a otros países sudamericanos, como Perú, Argentina y Brasil, y el sector agrícola la utiliza como alimento para pollos, cerdos y otros animales. 
La soya es la mayor exportación agrícola de Bolivia. Entre 2006 y 2020, las exportaciones de soya y sus derivados reportaron unos US$11.000 millones.  Según la principal agrupación comercial de oleaginosas y granos de Bolivia, las tierras dedicadas al cultivo de soya se triplicaron entre 2005 y 2019, pasando de 429.000 hectáreas a casi 1,4 millones de hectáreas.
Alrededor de media docena de comerciantes de materias primas compran la mayor parte de la soya. Según Vadillo, “controlan y monopolizan todo el sistema de recolección y comercialización, y son los que financian la producción”. 
Las investigaciones realizadas en 2017 por el grupo ambientalista Mighty Earth, con sede en Washington, D.C., rastrearon cómo las principales empresas estadounidenses de materias primas comercian con soya producida en tierras deforestadas de Bolivia. La organización utilizó imágenes por satélite y drones para encontrar nuevos desmontes para el cultivo de soya y envió investigadores a más de una docena de lugares para identificar a sus compradores.  Según el informe, los trabajadores agrícolas de Santa Cruz citaban habitualmente a las empresas estadounidenses Cargill y Archer Daniels Midland (ADM). 
En un ejemplo, se talaron unas 1.000 hectáreas de bosque en una finca menonita, a una hora de la ciudad de San José, para cultivar soya, según imágenes de satélite y entrevistas. Cargill admitió abastecerse de soya de esta granja, mientras que ADM confirmó abastecerse de soya de otra comunidad menonita presuntamente implicada en la deforestación ilegal. 
A medida que las investigaciones siguen poniendo de relieve cómo el consumo de soya en los países ricos conduce a la destrucción de los bosques amazónicos, los comerciantes internacionales de soya se han comprometido a dejar de comprar a los proveedores que deforestan. 
Sin embargo, estos acuerdos tienen deficiencias. Gran parte de la soya exportada por Bolivia se transforma en el país en torta y aceite de soya.  Las pequeñas explotaciones que cultivan soya en tierras deforestadas la venden a otras más grandes para su procesamiento. 
Pero las cadenas de suministro en Bolivia son opacas. Según Trase, una iniciativa de investigación que rastrea las cadenas de suministro de productos básicos, Bolivia exportó más de 7 millones de toneladas de soya entre 2018 y 2020.  Seis empresas fueron responsables de 6,5 millones de toneladas de esas exportaciones. 
Algunos de los mayores exportadores bolivianos no tienen presencia pública. Gravetal, que exportó 1,3 millones de toneladas de productos de soya en ese periodo, tiene un escaso sitio web. Hugo Spechar Gonzales Granos, que exportó casi un millón de toneladas de soya, no tiene sitio web. Cargill fue el mayor importador de soya, con más de 1,5 millones de toneladas en ese periodo.  Hasta el momento de la publicación de esta investigación, no se ha informado de ninguna medida adoptada por el gobierno boliviano para hacer frente a esta situación.
“Financian la semilla, financian la maquinaria, financian los agroquímicos, incluso dan asistencia técnica”, afirmó un experto agroambiental. “Y con todo eso, luego te dan un precio”. 
La Amazonía boliviana en llamas
En los últimos años, los incendios forestales han calcinado vastas extensiones de la Amazonía boliviana. Los cielos se han llenado de columnas de humo, mientras una neblina de otro mundo cubre Santa Cruz.
Desde 2016, han ardido aproximadamente 16 millones de hectáreas.  Los incendios son un método rápido, pero destructivo para convertir los bosques en tierras aptas para el pastoreo o el cultivo. Los agricultores provocan incendios para quemar árboles y hojas secas de los bosques talados a principios de año. Estos incendios son intensos y persistentes y acaban arrasando grandes extensiones de tierra.
“Donde hay fuego, ya no hay vegetación. Al propietario le resulta fácil talar los árboles grandes que quedan en pie”, explicó Vadillo. 
Un punto de inflexión importante para estos desmontes se produjo en 2019. En julio de ese año, el entonces presidente Morales promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizaba “incendios controlados” en Santa Cruz y Beni, los dos departamentos más boscosos de Bolivia, para dejar espacio a la ganadería e impulsar la producción de carne de vacuno. 
A principios de agosto se registraron unos 560 focos de incendio en Santa Cruz.  Esa cifra aumentó a más de 15.600 en menos de dos semanas.  Los incendios estuvieron fuera de control durante meses. Hubo que esperar a las fuertes lluvias de octubre para extinguir la mayoría de ellos.  
Los incendios provocados por los humanos han continuado todos los años desde entonces. Para Vadillo, los incendios solo pueden significar una cosa: dinero. “Son intereses económicos… donde hubo fuego, quedan negocios”.
En teoría, prender fuego para deforestar sin autorización del organismo forestal boliviano es ilegal. Pero las multas son inferiores a un dólar por hectárea deforestada ilegalmente, oscilando entre 5 y 20 centavos de dólar por hectárea.  Y la imposición de multas es poco frecuente. En 2021, la agencia forestal emitió solo 137 sanciones por deforestación ilegal y 268 por quema ilegal, marcando una disminución con respecto a 2020, cuando la agencia forestal emitió 350 sanciones por deforestación ilegal y casi el mismo número por quema ilegal.  “Es muy barato, rápido y fácil. Por lo tanto, esto significa que muchos inician incendios”, dijo Vadillo. 
Las multas por deforestación ilegal cambiarán cuando entre en vigor una ley aprobada en 2019. Las explotaciones de pequeña y mediana escala, que cometen la mayor parte de la deforestación ilegal a través de la quema, se enfrentan a multas de US$7 y US$19, respectivamente.  A modo de comparación, las multas por deforestación ilegal en Brasil, que ha recibido presiones mundiales para detener la quema de su Amazonía, empiezan en US$970.
“Si no tenemos una forma de regulación con penas severas, ¿qué van a hacer? Van a seguir quemando”, afirmó Daniela Justiniano, que lleva mucho tiempo luchando contra los incendios forestales en Bolivia.
Justiniano creó Alas Chiquitanas, un grupo de voluntarios que utiliza las donaciones para comprar suministros para los bomberos civiles. En octubre del año pasado, regresó a Santiago de Chiquitos, un pueblo fundado en 1700 por misioneros jesuitas que se encuentra en el corazón de la selva de Chiquitania. Justiniano ha convertido el pueblo en un centro de operaciones. Allí, incluso Senia Cabello, una mujer local de cincuenta años, se ha convertido en bombera voluntaria. Cabello mostró varios selfies en el campo, con las llamas consumiendo la maleza detrás de ella.
“Los bosques se pierden por culpa de las quemas. La quema se produce por la tala de árboles, por los desbroces ilegales”, dijo. “Nos sentimos acorralados porque no podemos hacer nada para detener el deterioro de nuestros bosques”.
 
 
 
 
 
ÁREAS PROTEGIDAS: FORTALEZAS DE MADERA ILEGAL EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA
 
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Durante años, en Bolivia se han talado maderas valiosas, como el cedro y la variedad mara de la caoba, para abastecer los mercados nacionales e internacionales de la construcción y el mobiliario. Sin embargo, estas valiosas maderas han sido taladas casi hasta su extinción. En la actualidad, redes de traficantes y clanes familiares se adentran cada vez más en la Amazonía y las zonas protegidas del país, incluyendo los parques nacionales y las reservas naturales, donde se supone que las especies valiosas deben ser protegidas. Este tráfico desenfrenado de madera está contribuyendo a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación del ambiental.
Julio Zebers, ambientalista y bombero voluntario, examinó los árboles que aún olían a humo. 
Habían pasado dos semanas desde que un incendio arrasó este bosque de la Chiquitania boliviana en el Valle de Tucabaca, una reserva natural de Santa Cruz. Un enorme tronco de Almendro, una madera dura tropical, yacía en el suelo, recién cortado. Su corteza exterior estaba carbonizada. Pero la madera del interior estaba intacta.
“Este bosque se quemó por la madera”, explicó Zebers.
Señaló que los incendios proporcionan a los madereros ilegales acceso a bosques de valiosa madera dura ubicados en lo más profundo de la reserva, zonas que normalmente serían inaccesibles. Aunque estos árboles centenarios pueden sobrevivir a los incendios, están desprotegidos ante el asalto de las motosierras.
La tala ilegal en los bosques bolivianos alimenta la demanda nacional e internacional de madera. El alcance del mercado negro sigue sin estar claro. Sin embargo, la organización estadounidense sin fines de lucro Forest Trends, conocida por sus evaluaciones de la legalidad de los productos madereros país por país, clasificó a Bolivia como país de “alto riesgo” en su estudio de 2021. Esta clasificación se debe a la “tala ilegal generalizada” y a los “informes de tráfico de madera boliviana talada ilegalmente”. 
Las reservas naturales son especialmente susceptibles a las invasiones de madereros ilegales, como ha denunciado Eduardo Franco Berton, un periodista ambiental boliviano que ha investigado el comercio ilícito de madera.  Entre los parques en peligro figuran Madidi, Carrasco, Ambaró e Isiboro-Sécure, todos ellos adyacentes a la región amazónica.
En Madidi y Ambaró ha surgido toda una red de tráfico en torno al robo de la valiosa madera de mara (Swietenia macrophylla), también conocida como caoba de hoja grande.  Esta especie arbórea, utilizada en la fabricación de muebles de lujo, paneles e instrumentos musicales, está clasificada como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
También se le ha concedido la protección del Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que indica que su comercio debe regularse para evitar una explotación que amenace su supervivencia.  “En los años 80 y 90 había una demanda muy alta de extracción legal e ilegal”, afirmó Berton. 
En 2011, el jefe de la agencia forestal de Bolivia advirtió de que la sobreexplotación de la madera de mara había dejado a la especie al borde de la desaparición. Según una investigación de Berton, publicada por primera vez en Mongabay, los traficantes siguen financiando la extracción de madera mara. El hurto requiere cuadrillas organizadas que se adentran en los parques nacionales, cruzando ríos y cañones, para llegar a bosques aislados de árboles de mara.
Los taladores, también conocidos como corteros, derriban árboles que pueden alcanzar hasta 45 metros de altura, para después cortarlos con sierras y convertirlos en tablones de entre tres y cinco metros de largo.  Los transportistas, conocidos como lomeadores, transportan luego estos tablones a sus espaldas durante un trayecto de hasta tres kilómetros por un terreno difícil. 
Una vez que los transportistas llegan a un punto de descenso del río, la madera se ata con cuerdas para formar largas balsas conocidas como callapos.  Estas balsas transportan 150 tablones en peligrosos viajes de hasta tres días por los ríos Yapacani, Ichilo y Mataracu de Amboró. Estos viajes pueden hacer ganar a los marineros callaperos alrededor de US$700. 
Posteriormente, los camiones recogen la madera y la llevan a los almacenes. Según Berton, extraer un cargamento de mara de Amboró puede llevar hasta un mes. 
La mejor madera se selecciona y se trafica a los países vecinos. Desde Madidi, situado al noroccidente de La Paz, la madera se traslada a San Pedro de Putina Punco, Perú, mientras que la madera extraída en Amboró se transporta a través de la larga y porosa frontera entre Bolivia y el estado brasileño de Mato Grosso. La madera suele ser ocultada en otros cargamentos de camiones. 
La madera que llega a Brasil y Perú se exporta a mercados internacionales como China y Estados Unidos.  La madera de menor calidad se destina a los mercados negros nacionales.  “Está completamente estructurado”, afirmó Berton. “Lo gestionan unos pocos clanes familiares”.
Otras especies arbóreas, aunque menos valiosas que la mara, se extraen ilegalmente. Entre ellas se encuentra el morado (Machaerium scleroxylon), el cedrillo (Vochysia viciifolia), el tajibo (Tabebuia impetiginosa) y la quinoa colorada (Myroxylon peruiferum). 
Además del tráfico evidente, los traficantes de madera insertan madera ilegal en la cadena de suministro legal a través de Certificados de Origen Forestal (CFO) adulterados. En 2021, la industria maderera de Bolivia logró exportar 143.000 toneladas de madera, por un valor de unos US$96 millones.
Los planes de desmonte, denominados PDM-20 y que autorizan la tala de hasta 20 hectáreas de bosque, han sido utilizados para encubrir la tala ilegal de árboles en tierras protegidas o administradas por el Estado.  La falta de eficacia y la evidente corrupción en la Agencia Boliviana de Bosques (ABT) facilitan este proceso.
Por citar un ejemplo, René Noel Sivila Céspedes, jefe de una unidad forestal que supervisaba unas 80.000 hectáreas en San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, presuntamente recibió sobornos para permitir la tala de más de una cuarta parte de la reserva cercana a la frontera con Brasil. 
Durante el mandato de Sivila Céspedes, las aprobaciones para el PDM-20 se vendían a US$300 cada una.  Esto condujo a la falsificación de cientos de certificados forestales, facilitando el lavado de madera equivalente a aproximadamente 400 camiones cargados. Entre 2015 y 2018, esta red de tala ilegal generó alrededor de US$6 millones. 
Los aserraderos locales, propiedad de comunidades interculturales y de ciudadanos chinos, también procesan madera talada ilegalmente, según Alex Villca Limaco, secretario de comunicación de CONTIOCAP.
Zebers dijo que los árboles talados en los bosques quemados del Valle de Tucabaca probablemente estaban destinados a la construcción de viviendas locales, señalando que se utiliza para vigas internas y marcos de ventanas.
“Todavía hay buena madera por aquí”, dijo Zebers. “Como no hay control, cogen troncos como estos y empiezan a cortar”.
 
 
 
 
EL NARCOTRÁFICO SE ADENTRA EN LOS PARQUES NACIONALES DE BOLIVIA
 
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Bolivia es el tercer productor mundial de coca, después de Colombia y Perú, y un cruce clave para la cocaína y otras drogas. Los cultivos de coca se extienden legalmente por 22.000 hectáreas en la región de los Yungas y el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, las plantaciones de coca se están extendiendo fuera de estas regiones, a rincones remotos de la Amazonía boliviana, en un intento de los agricultores por satisfacer la demanda internacional de cocaína.
Aunque el cultivo de coca y el narcotráfico no son los principales causantes de la deforestación en Bolivia, siguen contribuyendo a ella. Los narcotraficantes talan bosques en parques nacionales para cultivar coca y construir laboratorios de cocaína y pistas de aterrizaje ilegales.
En medio de la densa selva del Amazonas boliviano se esconde la superestructura de un negocio multimillonario. La coca verde y brillante brota en los claros, los trabajadores sudan en los laboratorios artesanales y los Cessnas sin matrícula aterrizan y despegan de nuevo. Es difícil saberlo por los kilos compactados, pero junto a la carne de vacuno, la soya y el oro, la cocaína contribuye a la destrucción del hábitat y a la pérdida de biodiversidad. 
“La creación de pistas de aterrizaje y senderos, y la plantación de nuevos cultivos de coca son fuerzas motrices que a mediano y largo plazo aumentarán aún más la deforestación”, afirmó Quintanilla, directora de investigación de la FAN.
Todo empieza con la coca. Año tras año, la superficie de cultivo de coca en Bolivia sigue creciendo. Según el informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2023 del Departamento de Estado de EE. UU., el país alcanzó las 39.700 hectáreas de cultivo de coca en 2021. Sin embargo, hay discrepancias significativas entre la cantidad de coca que la Casa Blanca estima que se cultiva en Bolivia y las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Según el monitoreo de la ONUDD, Bolivia cerró 2021 con 30.500 hectáreas de coca.  Alrededor del 62% de la superficie cultivada con coca se encontraba en la región de los Yungas de La Paz, el 36% en el Trópico de Cochabamba y el 2% en el Norte de La Paz. Todas estas zonas colindan con la Amazonía boliviana.
En 2022, el país registró 29.900 hectáreas de coca, una reducción del 1,9% respecto a 2021, según el último informe de la ONUDD. De esas 29.900 hectáreas, más de dos tercios son legales. Unas 22.000 hectáreas de coca permitida se cultivan en la región de los Yungas y el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, el tercio restante es ilícito, y esas 7.900 hectáreas adicionales se han plantado en tierras deforestadas ilegalmente.
La coca barata también llega de Perú para ser procesada en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, según Iván Paredes, periodista ambiental radicado en La Paz.  A menudo, sin embargo, el producto llega ya procesado, ya sea como pasta de coca o base de cocaína, que requiere un mayor refinamiento en laboratorios, o como clorhidrato de cocaína a la espera de ser reexportado.
Ambos escenarios requieren pistas de aterrizaje ilegales. Estos puntos de aterrizaje clandestinos están diseminados por todo el paisaje.
“En esas zonas al norte de La Paz, que ya es la conexión con Beni y Pando, se han identificado varias narcopistas”, dijo Paredes. “Algunas de ellas están en el Parque Madidi, que es un área [protegida] donde se realiza la extracción de oro”.
Otros estarían escondidos en el Parque Nacional Noel Kempff, al nororiente del departamento de Santa Cruz, según Quintanilla. 
Estos parques nacionales son un objetivo para la infraestructura del narcotráfico, no solo porque se encuentran en zonas remotas donde es difícil llevar a cabo operaciones de seguridad, sino también porque están situados en las fronteras con Perú, otro país productor de cocaína, y Brasil, una de las principales puertas de salida de la droga hacia Europa. Las reservas indígenas son un objetivo especialmente atractivo. Quintanilla dijo a InSight Crime que las imágenes de satélite han identificado numerosas pistas de aterrizaje en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Monteverde, un área protegida que alberga a 128 comunidades indígenas.
Si la droga importada se procesa en Bolivia, suele ser dentro o cerca de parques nacionales. En el departamento de Santa Cruz, la droga se procesa en los parques nacionales de Carrasco y Amboró, explicó Saúl Lara, diputado por Cochabamba en la Asamblea Legislativa de Bolivia y miembro de la comisión de seguridad y lucha contra las drogas.
Según Lara, la industria de la cocaína se ha arraigado en los pueblos de los alrededores de estos parques, como San Germán, Bulo Bulo, Yapacaní e Ivigarzama.  Un experto en narcotráfico, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, sugirió que esto muestra un preocupante aumento de la participación boliviana en el tráfico de drogas.
“Las reservas han sido invadidas. Y no solo por plantaciones de coca, sino también por laboratorios de refinación de base de cocaína. Antes no refinaban [en Bolivia]”, dijo. “Ahora con la tecnología y el conocimiento colombiano, que es el mejor del mundo, refinan con microondas, con secadoras… Ahora ponen un millón de dólares para sacar 500 kilos diarios”.
Los laboratorios suelen estar ocultos bajo la cubierta arbórea, por lo que su impacto ambiental no procede de la deforestación, sino del vertido de residuos químicos a los ríos y, en menor medida, a la tierra, explicó el experto en narcotráfico. 
Los contaminantes alteran el PH y los niveles de oxígeno de los ríos y perjudican la fertilidad del suelo, matando animales y plantas.  Ambas cosas repercuten en las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia.
“Los laboratorios están siempre junto a los ríos porque estos actúan como vertederos donde se desechan todos los residuos químicos necesarios para la producción de cocaína”, afirmó el experto.
 
 
 
 
 
LA MINERÍA DE ORO: UN FLAGELO RESPALDADO POR EL GOBIERNO BOLIVIANO
 
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Bolivia está inmersa en una fiebre del oro impulsada por los precios récord del oro y la creciente demanda internacional. Esta situación ha sido facilitada por una regulación minera permisiva que borra los límites entre lo legal y lo ilegal.
En los últimos años, la expansión de la minería por todo el país y particularmente en la Amazonía, ha dejado profundas cicatrices ambientales. La actividad minera se ha convertido en uno de los principales motores de la deforestación, amenazando tanto áreas protegidas como comunidades nativas.
A diferencia de otros países amazónicos, como Perú y Colombia, los principales actores de la minería en Bolivia son las cooperativas mineras. Su poder económico y político, junto con la escasa regulación de la industria, les ha permitido expandir sus operaciones a las regiones más remotas de la Amazonía boliviana, incluyendo áreas protegidas. Sin embargo, sus actividades suelen estar asociadas con actores ilegales, que operan sin licencia ambiental o en alianza con empresas dudosas de China y Colombia.
Los buscadores de oro están devastando el río Tuichi en medio de su búsqueda del metal precioso. Este río fluye hasta el Parque Nacional Madidi, un área natural que alberga más de 1.000 especies de aves y alrededor de 200 de mamíferos.
Conforme los mineros se han aproximado cada vez más a la reserva, las patrullas de los guardaparques se han reducido, según Marcos Uzquiano, exdirector del Madidi.  Incluso cuando los guardaparques realizan inspecciones, se limitan a observar actividades ilegales, como la introducción de barriles de gasolina. Sin embargo, en algunas partes del parque, los mineros “deciden quién entra”, afirmó Uzquiano. 
“Hemos llegado a un punto en el que se ha perdido toda autoridad”, dijo Uzquiano, quien fue trasladado de puesto tras denunciar la situación.
Los mineros utilizan maquinaria pesada como retroexcavadoras, volquetas y cargadoras frontales, para nivelar terraplenes y excavar pozos. Esto deja montones de escombros y contamina el río con residuos mineros, incluyendo mercurio toxico utilizado en la extracción del oro, explicó Uzquiano. 
“Todos los residuos mineros se están vertiendo directamente al río sin ninguna medida paliativa”, afirmó.  Los residuos, también conocidos como relaves, incluyen mercurio tóxico utilizado en la separación del oro. “Está totalmente fuera de control”, afirmó Uzquiano. 
A pesar de esto, el gobierno boliviano no ha detenido el saqueo, a pesar de haber establecido la reserva en 1995 con la intención de proteger una de las áreas con mayor diversidad biológica del mundo. Por lo contrario, ha fomentado la extracción de oro otorgando concesiones dentro de la reserva, que se extiende a lo largo de la cuenca alta del río Amazonas boliviano.
Bolivia está experimentando un auge del oro impulsado por los altos precios del metal. Ocho de los nueve departamentos de Bolivia producen oro. La producción de oro pasó de 6,3 toneladas en 2010 a 42 toneladas, por valor de unos US$1.700 millones en 2019.  Entre 2010 y 2021, Bolivia exportó 240 toneladas de oro. La década anterior exportó solo 70 toneladas.  El secreto a voces es que la fiebre del oro en Bolivia se alimenta por no tener prácticamente ningún control sobre la extracción, venta o exportación del metal precioso.
“No hay seguimiento, desde el operador en el yacimiento hasta la comercialización”, dijo Alfredo Zaconeta, investigador experto en minería del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Excavar en las cooperativas mineras de oro
Casi todo el oro de Bolivia proviene de cooperativas mineras a pequeña escala. A menudo, estas actúan como verdaderas mafias. Las cooperativas, que tienen un gran poder político, son conocidas por tomar como rehén al gobierno, corromper y coaccionar a los funcionarios de las agencias mineras y tener tratos turbios con empresas mineras colombianas y chinas.  Estos mineros ingresan a zonas protegidas y emplean técnicas destructivas, como el uso de equipos salvajes como excavadoras, dragas masivas y mercurio venenoso.  Operan prácticamente en la impunidad debido a las lagunas en la legislación boliviana y a la escasa supervisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
“Hay un nivel de flexibilidad y excepciones… que dan al sector minero cooperativo la posibilidad de comportarse realmente como un minero ilegal”, dijo Oscar Campanini, quien ha investigado la minería como director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), una organización sin fines de lucro que informa sobre temas sociales.
Aunque las cooperativas mineras existían antes, surgieron en la década de 1980 después de la disolución de la empresa minera estatal boliviana, Comibol. Formadas por mineros desempleados, estas cooperativas obtuvieron concesiones mineras en pozos abandonados o en terrenos a cambio de poco dinero. 
El aumento de los precios de los minerales a partir de los años noventa impulsó el crecimiento de las cooperativas mineras en Bolivia. En 2010, había 459 cooperativas auríferas registradas en el departamento de La Paz.  En 2019, este número se duplicó y más, alcanzando las 1.230.  
Según Zaconeta, el sector cooperativo controla el 94% de la producción nacional de oro del país.  El porcentaje restante está en manos de los sectores privado y estatal. A diferencia de Perú, hay pocas grandes empresas mineras de propiedad extranjera en Bolivia.
Aunque se supone que las cooperativas son empresas de colaboración en las que cada miembro es un socio, la realidad es que a menudo son propiedad o están controladas por familias o pequeños grupos. Muchos de sus miembros individuales siguen siendo pobres, mientras que los líderes de las cooperativas consolidan el poder y la riqueza.
A nivel nacional, las cooperativas mineras están organizadas en federaciones más grandes. La mayoría opera en el departamento de La Paz, pero también en la región amazónica de Bolivia. Entre ellas se encuentran la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (FECOMAN), la Federación Regional de Cooperativas Mineras (FERRECO) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FECOMIN). Un documento de 2014 sobre las cooperativas describía a la FECOMIN como una organización que se escuda en “discursos sobre alianzas ideológicas y apoyo mutuo, mientras chantajea y coacciona al Gobierno.”
Las cooperativas apoyaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) cuando llegó al poder. Respaldaron a Morales durante gran parte de su mandato, y él les recompensó con cargos políticos.  Pero también lo presionaron a su favor, a menudo a través de manifestaciones masivas, cada vez que el Gobierno se atrevía a desafiar sus intereses, como aumentar los impuestos o limitar las concesiones mineras. En 2016, los trabajadores mineros que protestaban secuestraron y mataron a golpes al viceministro del Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, en medio de una escalada del conflicto en torno a la legislación minera. 
El gobierno persiguió a los responsables del asesinato de Illanes, pero no hubo fuertes implicaciones para el sector cooperativo. De hecho, en la actualidad, las cooperativas continúan desempeñando un papel importante en el gobierno y en el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), al tiempo que mantienen la capacidad de movilizar a sus miembros en favor de sus intereses. 
“Evidentemente, tienen una presencia política que les ha permitido a lo largo de estos 15 años dirigir y definir parte de las acciones, normas legales y políticas sobre el tema minero”, dijo Zaconeta.   Una medida del poder político de las cooperativas son las regalías excesivamente bajas sobre el oro. El gobierno boliviano solo ha aplicado un 2,5% de regalías por el oro que extraen. Incluso esa cantidad no siempre se ha pagado, dijo Zaconeta.  Las cifras de 2021 indican que las regalías sobre el oro llegaron a solo el 2,2% ese año, según Zaconeta.  Después de una tensa negociación en octubre de 2022, las cooperativas mineras y el Gobierno acordaron pagar un tributo especial del 4,8% sobre la venta bruta de oro. Esta iniciativa aún no ha sido aprobada, pero de aprobarse, las cooperativas tendrían que pagar 2,5% en regalías sumado al 4,8% adicional en impuestos especiales.
Además, el marco legal en torno a la minería, establecido por la Ley 535 en 2014, prácticamente exime a las cooperativas de rendir cuentas. Bajo esta ley, las cooperativas solo necesitan haber solicitado el registro como entidad jurídica para recibir un título minero o un Contrato Administrativo Minero (CAM).  Incluso algunas cooperativas creadas antes de 2014 pueden seguir operando, incluso en áreas protegidas, mientras se tramita una solicitud de contrato.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia, en el mejor de los casos, parece ser deliberadamente ignorante, y en el peor, cómplice al permitir que las cooperativas actúen sin restricciones. Se han otorgado concesiones mineras en zonas protegidas de la Amazonía, sin realizar una inspección para garantizar que las cooperativas limiten la extracción a las áreas asignadas de 25 hectáreas.  Además, alrededor del 85% de las cooperativas operan sin ningún tipo de licencia ambiental. 
Frecuentemente, las operaciones mineras son financiadas por extranjeros. Una cooperativa boliviana recibe el contrato minero, mientras que la maquinaria pesada y la mano de obra son financiadas por extranjeros que se llevan hasta el 80% de las ganancias.  Estas prácticas violan la Constitución y la legislación minera, según Zaconeta.  En muchas ocasiones, las cooperativas mineras no son más que fachadas de operadores extranjeros.
Dragas y retroexcavadoras saquean los ríos amazónicos
Las dragas que operan en las vías fluviales amazónicas de Bolivia aspiran abiertamente el lodo para capturar partículas de oro. Estas barcazas, manejadas en su mayoría por mineros chinos y colombianos, pueden alcanzar dos o tres pisos de altura y están equipadas con enormes bombas y mangueras de alta presión para dragar el lecho del río. Al mismo tiempo, se utilizan retroexcavadoras para excavar las orillas del río en busca de más oro.
Estas dragas ilegales se han infiltrado en el extenso río Beni y sus afluentes en la región de las tierras bajas del Amazonas, incluidos los ríos Challana, Tipuani, Mapiri y Kaka. 
Jimena Mercado fue una de las primeras periodistas bolivianas en informar sobre la presencia de las dragas en la región amazónica. Según ella, ya habían empezado a “asediar” el Madidi en 2018, cuando viajó a la región. 
Las autoridades de los pueblos cercanos se alarmaron, dijo Mercado.  En su libro “Tras el Dorado. Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía”, Mercado cuenta que habló con Edwin Peñaranda, antiguo concejal de la ciudad ribereña de Teponte. Peñaranda estaba tan preocupado por la afluencia de mineros ilegales chinos que dañaban los cursos de agua que se puso en contacto con la AJAM para averiguar si tenía contratos con algún minero chino.   
La AJAM no, pero las cooperativas sí. Mercado vio contratos entre lo que describió como individuos chinos y un rico propietario de una cooperativa con tres dragas atracadas en Mayaya, justo río arriba de Teoponte. 
Aunque las empresas extranjeras tienen prohibido participar en el sector minero en Bolivia, mineros chinos y colombianos se asociaron con cooperativas que ya tienen parcelas mineras legalmente asignadas para extraer oro, según Zaconeta.  Subcontratan las operaciones mineras, proporcionando equipos, combustible y mercurio.  También contratan mano de obra, que las cooperativas, por su propia naturaleza, no deberían necesitar. 
VEA TAMBIÉN: Un comercio tóxico: la minería ilegal en las regiones de triple frontera amazónicas
Algunas empresas chinas y colombianas han creado “milicias armadas” para proteger sus operaciones, mencionó Mercado. Los tiradores controlan unas 50 parcelas mineras alrededor del pueblo de Arcopongo, en el centro de La Paz. 
La fiebre del oro también ha traído la trata de personas a la Amazonía boliviana. En las ciudades de Mapiri, Guanay e Ixiamas, las paredes de las terminales de autobuses están cubiertas de fotografías de mujeres y niñas desaparecidas.  Algunas son atraídas a estas ciudades mineras con falsas promesas de trabajo como cocineras, camareras o niñeras. 
Otras son secuestradas, dijo Mercado, que recientemente habló con una víctima que tenía 8 años cuando fue raptada. Formaba parte de un grupo de 40 niñas que estaban siendo explotadas sexualmente en Mapiri, dijo Mercado.
Los exportadores se llevan el oro
Bolivia lleva mucho tiempo viendo cómo sus riquezas minerales se llevaban a tierras extranjeras. En el siglo XVI, la plata extraída en Bolivia financió a la corona española y llegó a las joyas de los reyes árabes y a los tesoros de los emperadores de la dinastía Ming.
El oro se sigue exportando hoy, pero las cantidades han fluctuado salvajemente en los últimos años, saltando de ocho toneladas en 2013 a 36 toneladas al año siguiente. Aunque no se sabe cuánto oro es de origen ilegal, “las drásticas oscilaciones te dicen que algo va mal”, dijo Zaconeta. 
Las exportaciones también han superado la producción nacional. En 2012, Bolivia exportó unas 27 toneladas de oro, unas 15 toneladas más de las que extrajo oficialmente.  Asimismo, en 2014 se exportaron 10 toneladas más. Zaconeta dijo que las exportaciones de oro infladas sugieren que el oro de origen ilegal, probablemente de la Amazonía peruana, se está lavando en Bolivia. 
El oro extraído por numerosas dragas a lo largo del río brasileño Madeira, que conecta el estado de Rondonia con Beni, también se lava y se comercializa en Bolivia, según una investigación del medio peruano Ojo Público.
El oro pasa por varias manos y las fuentes se mezclan antes de la exportación, lo que ofrece muchas oportunidades para el lavado. Los particulares, incluidos los cooperativistas, venden a las tiendas de oro que han surgido en torno a las explotaciones mineras.  Un solo minero puede vender legalmente hasta dos kilos al mes, por los que puede obtener hasta US$62.000. Los compradores solo necesitan ver un documento de identidad. 
Las empresas exportadoras compran oro a estos compradores, así como a cooperativas. Aproximadamente dos docenas de empresas exportadoras están registradas en el gobierno. La ley exige que estas empresas presenten declaraciones juradas al Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) de Bolivia, en las que se documente la procedencia del oro exportado y el pago de impuestos. 
En teoría, el origen del oro se identifica mediante números de identificación minera, que los buscadores y vendedores de oro deben obtener para operar legalmente.  Pero los números de identificación minera y el origen del oro se declaran en el momento de la venta, y el Senarecom no dispone de ningún medio eficaz para rastrear la información facilitada. 
La falta de supervisión permite tanto a los compradores como a los exportadores de oro documentar falsamente títulos, entidades y fuentes de oro. Esto permite la libre circulación de oro entre cooperativas. La mayoría de las cooperativas auríferas, al estar reguladas como operaciones a pequeña escala, están limitadas a vender 20 kilogramos al mes.  Para evitarlo, una cooperativa que extrae más oro lo transfiere a otra, lavándolo. 
Por ejemplo, se estima que en 2018 se produjeron 31 toneladas de oro en toda Bolivia.  Alrededor de la mitad se extrajo supuestamente en el departamento de Beni, a pesar de que solo hay 20 cooperativas registradas allí, según Zaconeta.  El oro también procede de cooperativas y números mineros falsos.
“No hay seguimiento”, dijo Zaconeta sobre las actividades de inspección del Senarecom. “Lo único que hace el Estado es retener las declaraciones que hacen los operadores”.
Los compradores internacionales sin escrúpulos contribuyen al problema. Desde 2017, los compradores de la India y los Emiratos Árabes Unidos han representado más de tres cuartas partes de las ventas de oro de Bolivia.  Este fue un cambio abrupto desde 2016, cuando las empresas estadounidenses compraron más de la mitad del oro del país. El cambio se produjo poco después de que los comerciantes de metales estadounidenses fueran objeto de escrutinio por comprar oro de origen sospechoso exportado desde Bolivia como residuos metálicos. También se produjo tras una amplia ofensiva de la fiscalía estadounidense contra las importaciones de oro extraído ilegalmente. 
Desde entonces, los exportadores han recurrido a compradores de India y Dubai, que pagan con rapidez y hacen pocas preguntas, según el CEDLA. Los propios exportadores han sido sorprendidos sacando oro del país ilegalmente. En diciembre de 2020, en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, las autoridades incautaron 331 kilogramos de oro, valorados en US$18 millones, que se dirigían a Dubai. 
El exportador, Goldshine SRL, presuntamente falsificó documentos para eludir impuestos. Tras la incautación, los fiscales abrieron una investigación contra el propietario de la empresa, Amit Dixit, acusado de compraventa ilegal de recursos minerales y de hacer declaraciones falsas. 
A pesar de la nube de sospechas que rodeaba a Dixit, los fiscales bolivianos ordenaron que se le devolviera el oro confiscado al año siguiente. También archivaron el caso. En marzo de 2022, el Senado celebró una audiencia en la que el jefe de la agencia minera de Bolivia dijo a los legisladores que Dixit había huido del país llevándose el oro. Mientras se le investigaba, Dixit también consiguió exportar otros 278 kilogramos de oro, según revelaron las autoridades.   
Bolivia ha pedido a INTERPOL que publique una alerta para la detención de Dixit, pero de momento no se ha hecho nada. La senadora de la oposición Cecilia Requena calificó la investigación de desastre.  “Todos hemos perdido”, dijo. “Los corruptos han ganado”. 
Madidi: ¿Un paraíso perdido?
En 2000, la revista National Geographic celebró la creación del Madidi, que calificó de “nuevo parque nacional espectacular” de Bolivia, con una imagen en portada de dos guacamayos rojos en vuelo. Ahora, la reserva sirve de sombría ilustración del poder destructivo de los mineros del oro de Bolivia.
Según los planes de manejo del Madidi, la superficie en la que se permite la extracción de recursos en el parque aumentó casi un 65% de 2006 a 2014.  Marcos Uzquiano, guardaparque de Bolivia, dijo que recordaba unas 53 concesiones mineras dentro del parque en 2013.  En 2021, cuando “volvimos a revisar las cuadrículas”, había “100 concesiones” dentro del parque.  “Eso ha ido aumentando año tras año”, dijo Uzquiano.
A finales del año pasado, los organismos mineros de Bolivia y las federaciones de cooperativas urdieron su último acuerdo, que permite aumentar los derechos mineros en Madidi y otras dos reservas, Cotapata y Apolobamba.
Cuando se conoció el acuerdo por la puerta de atrás, un grupo que representaba los derechos indígenas hizo que personas de 10 territorios indígenas marcharan hasta las oficinas del Madidi y la Biosfera Pilón Lajas y las tomaran. La indignación provocó que el gobierno anulara rápidamente el acuerdo, en octubre de 2022.
Estas raras victorias importan poco cuando no hay nadie que proteja el Madidi de los mineros que entran ilegalmente en sus zonas protegidas. “En estos momentos, los guardaparques del Madidi están completamente solos”, afirmó Uzquiano. 
 
 
 
 
 
EL TÓXICO COMERCIO DEL MERCURIO
 
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El mercurio, utilizado por los mineros para extraer oro del suelo y los sedimentos, se introduce a diario de contrabando en botellas a través de las fronteras de Bolivia con Perú y Brasil, llegando a numerosos puntos de minería ilegal a través de la cuenca amazónica.
El vertido incontrolado de residuos de mercurio, especialmente procedentes de la minería a pequeña escala en toda la Amazonía, contamina el aire, los ríos y el pescado que comen muchas comunidades locales. Las personas que respiran este aire y consumen estos peces se están envenenando gradualmente.
Varios países de la Amazonía han tomado medidas enérgicas contra la importación de metales tóxicos en el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Este tratado internacional, basado en las Naciones Unidas, busca reducir los impactos ambientales y sanitarios del uso del mercurio en la minería. Sin embargo, Bolivia no ha implementado reformas a pesar de haber ratificado el convenio en 2016. Como resultado, el país se ha convertido en el principal punto de entrada de mercurio en América Latina y un centro clave para su comercio.
El mercurio se envasa en pequeñas botellas blancas, estampadas con un torero y etiquetadas como “El Español”. Un kilogramo cuesta unos US$260, y un gramo algo menos de un dólar.  El metal líquido no es difícil de encontrar, vendido por vendedores de oro en la calle de Tarapacá, en el centro de La Paz. Reporteros de La Nube, un medio boliviano de investigación periodística en línea, descubrieron que ciertos locales emitían humo como resultado de la combustión del mercurio durante el proceso de refinado del oro.
Al adherirse al Convenio de Minamata, muchos países amazónicos han intentado frenar el uso del metal venenoso en la minería a pequeña escala.  Bolivia se encuentra entre los más de 100 países que firmaron y ratificaron el convenio en 2016. Sin embargo, al mismo tiempo, su incapacidad para restringir las importaciones de mercurio ha convertido al país en un centro de importación de mercurio para apoyar su floreciente producción de oro y la de Brasil y Perú. 
Desde 2015, el país ocupa el primer o segundo lugar del mundo en importación de este producto químico tóxico, solo por detrás de India en ocasiones.  De 2016 a 2021, las importaciones del país superaron las 1.100 toneladas, en contraste con las aproximadamente 100 toneladas de Brasil durante ese período. Mientras tanto, entre 2013 y 2019, Perú logró una notable reducción del 95% en sus importaciones formales de mercurio.
El sector minero importó alrededor del 84% del mercurio que llegó a Bolivia entre 2014 y 2018. Las industrias química y textil importaron el resto, según un estudio realizado por el director del CEDIB, Oscar Campanini. Esto significa que, en Bolivia, a diferencia de otros países amazónicos, el mercurio se importa directamente para la extracción de oro, sin necesidad de desviarlo ilegalmente de otras industrias como la odontología, la ciencia y la investigación.
El excesivo comercio de este metal tóxico en el país se ha visto facilitado por el hecho de que Bolivia no ha aplicado la mayoría de los controles recomendados por el Convenio de Minamata para regular la importación de mercurio. Dichas recomendaciones incluyen el registro previo de los importadores, las declaraciones de las cantidades que se van a importar y los consentimientos de las aduanas para recibir los envíos. La agencia aduanera de Bolivia no exige una certificación especial para importar mercurio. 
“En Bolivia, es más fácil importar mercurio que libros o medicinas”, dijo Campanini. 
No fue hasta junio de 2023 que el gobierno lanzó el Decreto Supremo 4959 que busca implementar algunos de los controles recomendados por el Convenio de Minamata.  El primero establece que se necesita la autorización previa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para importar y exportar mercurio. El segundo pretende crear el Registro Único de Mercurio (RUME), que busca registrar a todos los importadores, exportadores y comerciantes de mercurio en Bolivia. 
Sin embargo, Campanini y Alfredo Zaconeta, investigador experto en minería del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), dicen que la medida no ataca el problema fundamental: los flujos sin restricciones de mercurio utilizados para la minería dentro del país. Aunque el decreto puede ayudar a hacer más organizado el registro de importadores, la realidad es que la medida no establece límites o prohibiciones a las importaciones de mercurio para la minería, como se ha hecho en otros países amazónicos como Colombia, Perú y Brasil.
“La medida no tiene como objetivo reducir el mercurio para la minería de oro. Ni siquiera busca disminuir las importaciones de mercurio”, dijo Campanini. “No plantea nada sobre topes, metas, cuotas de importación de mercurio”. 
Las importaciones de mercurio de Bolivia comenzaron a aumentar en 2015, cuando el país recibió unas 150 toneladas, un gran salto desde las 12 toneladas que importó el año anterior. Todo el mercurio llegó desde México.
Durante los tres años siguientes, México siguió siendo el principal exportador de mercurio a Bolivia, suministrando cerca de 600 toneladas. El papel de México fue el resultado de dos acciones. La primera fue el acuerdo comercial favorable entre los países, que redujo el impuesto a la importación de mercurio de México a Bolivia del 5% al 3,66%. La segunda fue la prohibición de las importaciones de mercurio por parte de Perú y Brasil, que provocó un aumento de la demanda del metal tóxico en Bolivia. En consecuencia, los mercados peruano y brasileño empezaron a recibir mercurio mexicano que entraba de contrabando a través de la vecina Bolivia.
Sin embargo, en 2019, México suministró solo una cuarta parte de las 216 toneladas de mercurio que recibió Bolivia.  Este cambio se debió probablemente a que México ratificó el Convenio de Minamata y al aumento de la presión sobre México para que controle las exportaciones de mercurio tras los informes sobre su uso generalizado en la minería ilegal en la Amazonía. 
Otros países como India, Vietnam, Turquía y Rusia empezaron a llenar este vacío, enviando grandes volúmenes de mercurio a Bolivia.  Las exportaciones de Rusia han aumentado notablemente en los últimos tres años.  En 2021, el país exportó 65 toneladas, convirtiendo a Rusia, que nunca ratificó el Convenio de Minamata, en el principal proveedor de Bolivia. 
Es difícil determinar la cantidad de mercurio importado que utilizan los mineros del oro de Bolivia. Los mineros intentan recuperar el mercurio usado de los sedimentos para reducir sus costos. Pero también gastan mucho más mercurio del necesario para separar el oro, ya que no emplean las mejores prácticas para evitar fugas. 
Las investigaciones de Zaconeta descubrieron que por cada tonelada de oro extraído se utilizan al menos tres toneladas de mercurio.
Un informe conjunto respaldado por el gobierno de Bolivia y la Iniciativa Better Gold de Suiza estimó que 141 toneladas de mercurio se utilizaron en la producción local de oro en 2019.  Eso representó alrededor del 73% de unas 193 toneladas de mercurio importadas ese año.  Los investigadores reconocieron que, no obstante, las disparidades indican que algo anda mal.
“Considerando esta cantidad, Bolivia debería tener más oro”, dijo Zaconeta.
Al menos el 27% de las importaciones de mercurio de Bolivia se desvían a la minería ilegal. 
Contrabando de mercurio en la cuenca amazónica
Los países vecinos de Bolivia han intentado controlar el uso del mercurio. Perú prohibió su importación en 2015.  Aunque Brasil no tiene una prohibición, el país ha adoptado las normas de Minamata para su control e inspección, lo que ha dado lugar a una reducción de las importaciones.  En 2021, Brasil no importó mercurio en absoluto. 
Sin embargo, la minería ilegal prolifera en los rincones más recónditos de la región amazónica de todos estos países, y parece que a los mineros nunca les falta el metal tóxico. La razón: el rápido contrabando de mercurio.
Desaguadero es una bulliciosa ciudad fronteriza entre Perú y Bolivia. Está situada en la orilla sur del lago Titicaca y la atraviesa el río Desaguadero.  Barcos transportan diversos artículos de contrabando, como aguacates, cocaína y mercurio, a través de una frontera escasamente patrullada.  Una parte significativa del contrabando de mercurio emplea técnicas de “tráfico hormiga”, en las que numerosos correos transportan pequeñas cantidades de la sustancia en lugar de consolidarlas en un gran cargamento. El método del “tráfico hormiga” es el preferido para el contrabando de mercurio en las regiones fronterizas porque reduce el riesgo de pérdidas masivas que se producen cuando se interceptan los envíos. Según las autoridades que hablaron con los reporteros de Ojo Público, un medio de noticias de investigación peruano, las pequeñas botellas de mercurio suelen esconderse en mochilas y cargamentos.  
Sin embargo, también se han realizado algunas incautaciones a gran escala en la región suroriental peruana de Puno, en la frontera con Bolivia. En 2019, los funcionarios de aduanas peruanos confiscaron un cargamento de unos 110 litros de mercurio encontrado en un camión abandonado que había llegado de Bolivia. Las autoridades valoraron el cargamento en US$82.000.
El contrabando también se produce en el lado opuesto del país, a través del río Mamoré, que separa Bolivia de Brasil. En Guayaramerín, localidad boliviana fronteriza, se hacen tratos por grandes cantidades de mercurio. Un solo vendedor puede llegar a vender más de 100 kilos al mes, según una investigación de InfoAmazonia.  También se pueden comprar pequeñas botellas en las tiendas. Este mercurio de contrabando se trafica hasta la ciudad brasileña de Porto Velho, en el estado de Rondônia, desde donde puede transportarse a las explotaciones mineras por río o carretera. 
“Las fronteras de Bolivia están muy dispersas, así que es cuestión de llegar a un punto fronterizo y hacer el intercambio de mercurio por el pago”, dijo Zaconeta.
La cadena de suministro de mercurio en Bolivia comienza con los importadores mayoristas registrados en la capital, La Paz, y en la vecina El Alto. 
Entre 2014 y 2018, 37 empresas importaron oficialmente mercurio al país.  Desde 2018, las autoridades aduaneras bolivianas han restringido la información sobre los importadores de mercurio.  Durante ese período, es revelador que los mayores importadores fueran ciudadanos peruanos vinculados al sector minero de su país, incluidas las empresas Mercurio y Químicos S.R.L (Merquim), Alvior Bolivia S.R.L y Sociedad Química Potosí. Los ciudadanos peruanos Juan Orihuela Mamani y Elisa Huamán Chávez también figuraban como importadores, según una investigación de Ojo Público. 
Campanini afirmó que algunos de los importadores peruanos se asociaron con personas implicadas anteriormente en el contrabando de precursores químicos utilizados para fabricar cocaína.
Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, ha denunciado a Bolivia por no adherirse al Convenio de Minamata. También ha advertido en repetidas ocasiones que la importación y el uso indiscriminado de mercurio en la minería es peligroso no solo para Bolivia, sino para toda la región. 
Cuando los mineros utilizan mercurio para separar el oro de los sedimentos, el mercurio sobrante llega a los ríos y se filtra en el suelo del bosque. Los árboles también absorben vapor de mercurio cuando se quema la amalgama resultante para dejar el oro. Según el CEDIB, la minería del oro causa el 82% de las emisiones de mercurio en Bolivia. 
El mercurio es una neurotoxina peligrosa para el ser humano. Puede perjudicar el desarrollo de los niños y el sistema nervioso central. La exposición prolongada al mercurio en adultos puede causar daños en el cerebro, el corazón, los riñones, los pulmones y el sistema inmunitario, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency – EPA).
Diversos estudios científicos han revelado que los pueblos indígenas de la Amazonía que viven cerca de explotaciones mineras han estado expuestos a elevadas concentraciones de mercurio. Esto incluye a Bolivia. Según un informe de Orellena de la ONU de septiembre de 2021, se detectaron niveles alarmantes de mercurio en mujeres indígenas Ese Ejja que vivían a orillas del río Beni.  En las muestras de cabello de las mujeres analizadas —todas ellas con edades comprendidas entre los 14 y los 44 años— se detectaron niveles de mercurio de entre 4,75 y 7,58 partes por millón (ppm).  El umbral considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud es de 1,6 ppm.
El mercurio que queda en la roca estéril y los residuos de la minería están envenenando los ríos de Bolivia. Según el informe de Orellena, los elevados niveles de mercurio observados en las mujeres embarazadas de Ese Ejja se debieron a que comieron pescado contaminado. 
“Viven de la pesca. Es su fuente de alimentación habitual”, afirmó el periodista ambiental Iván Paredes. “El mercurio ya está dañando vidas”. 
 
 
 
 
 
REFUGIO SEGURO PARA LOS FURTIVOS: LA AMAZONÍA BOLIVIANA SAQUEADA EN BUSCA DE FAUNA SILVESTRE
 
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La inmensa biodiversidad de Bolivia lo convierte en un objetivo primordial para los traficantes.  Es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, ya que alberga casi la mitad de las especies de aves de Suramérica, unas 350 especies de mamíferos y 260 especies de reptiles.
Además, las extensas y porosas fronteras de Bolivia ofrecen amplias oportunidades para el tráfico de animales silvestres, tanto grandes como pequeños, incluidos los cazados furtivamente en países vecinos.
Los jaguares que deambulan por los bosques de Bolivia son cazados furtivamente por docenas cada año. Sus garras y colmillos alimentan un mercado ilícito de productos de grandes felinos en Asia, donde estos artículos alcanzan precios altísimos.
Entre 2014 y 2021, las autoridades bolivianas decomisaron al menos 760 dientes de jaguar, la mayoría con destino a China. 
Mientras tanto, las aves capturadas en la naturaleza acaban en los mercados locales para el comercio de mascotas, mientras que otras, incluidas las codiciadas guacamayas, se trafican en los países vecinos. Los huevos de las tortugas del río Amazonas se recogen por centenares para el consumo local, lo que supone una amenaza para estas especies vulnerables.
La demanda en Japón de escarabajos vivos de gran tamaño, para tenerlos como mascotas o utilizarlos en combates de lucha escenificados, está alimentando la recolección de escarabajos rinoceronte en los bosques húmedos. 
“El hecho de que nuestro país esté en el corazón de Suramérica ha facilitado mucho a los traficantes la extracción y el traslado de animales y sus partes a la frontera”, afirmó Eduardo Franco Berton, periodista ambiental radicado en Santa Cruz.
Una cadena criminal de tráfico de dientes de jaguar
Los traficantes de fauna se han aprovechado de la amplia gama de ecosistemas de Bolivia, desde su selva amazónica, bosques nublados y sabanas hasta sus bosques secos y montañas andinas. Su objetivo son muchas especies, en respuesta a la demanda de un mercado globalizado de flora y fauna exóticas.
Para Mariana Da Silva, jefa de investigación sobre tráfico internacional de fauna silvestre de la organización sin fines de lucro Wildlife Conservation Society (WCS), el comercio de jaguares pasó desapercibido en Bolivia durante mucho tiempo.
Comerciantes llegaron desde 2014 a poblaciones como San Borja, Rurrenabaque y Riberalta, todas en el departamento nororiental de Beni, en busca de jaguares y sus partes. 
Uno de los casos más infames ocurrió en 2017, cuando emisoras de radio locales emitieron anuncios de colmillos de jaguar, preferiblemente “largos y limpios”.  Los investigadores de la WCS habían oído la petición de los dientes mientras realizaban un seguimiento con cámaras trampa.
“Obviamente, no era algo habitual. Era la primera vez que ocurría algo así y fue alarmante”, dijo Da Silva.
Las matanzas de jaguares se deben en gran medida a que se alimentan del ganado. Con escopetas, los ganaderos cazan a los felinos en las riberas de los ríos y en los bosques cercanos a las explotaciones ganaderas.
Los cazadores locales que se topan por casualidad con un jaguar mientras acechan a otros animales, como cerdos de monte, también matan a los felinos. En algunos casos, los cazadores reciben encargos de cazadores furtivos por parte de comerciantes que conocen el alto precio que alcanzan sus partes.
Según un estudio realizado en 2021 por investigadores de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de 1.100 personas que viven en zonas rurales del noroeste de Bolivia, el 17% afirmó haber sido contactado para matar un jaguar.  De los entrevistados, muchos dijeron que habían matado jaguares y comerciado con sus partes en nombre de otros.
Las creencias sobre los grandes felinos en los países del este asiático, especialmente China, han alimentado durante mucho tiempo un mercado ilícito de sus partes. Los dientes y las garras son emblemas de estatus y poder. Los huesos y otras partes del jaguar, incluidos los genitales, se utilizan en medicina tradicional.
Según un reportaje publicado por el periodista Roberto Navia en el medio de comunicación El Deber, en China, un colmillo de jaguar puede llegar a venderse por US$2.500.   Los colmillos, garras y genitales de un solo animal pueden generar ganancias de US$20.000.
El jaguar figura en el Apéndice I de la CITES, lo que significa que su comercio está prohibido. La Lista Roja de la UICN clasifica a la especie como “casi vulnerable”, con poblaciones en disminución. Sin embargo, en Bolivia se cazan furtivamente unos 61 jaguares al año, la mayor cantidad de todos los países latinoamericanos, según el informe de CITES de 2021.
Mariana Da Silva, de WCS, dijo que China tiene una gran importancia en el comercio de jaguares de Bolivia.
“De todas las incautaciones [de jaguar] realizadas desde 2010 en adelante, más del 50% están relacionadas con China de alguna manera. O bien se trata de paquetes interceptados de camino a China, o de casos en los que están implicados ciudadanos chinos en algún momento del proceso de incautación”, explicó.
Los traficantes, muchos de ellos chinos, contactan con cazadores experimentados en disparar y matar a los felinos.
Los intermediarios bolivianos han sido eliminados de esta cadena de tráfico para reducir el riesgo de detección, según Berton.
“Cuando viajamos y pudimos seguir entrevistando a la gente, nos dimos cuenta de que ya había un cambio en la modalidad… Ya no había [intermediarios], ya había ciudadanos chinos que contactaban directamente con los cazadores”, dijo.
Hasta hace poco, el tráfico de partes de jaguar en Bolivia se realizaba principalmente por correo. Entre 2014 y 2016, se incautaron 337 colmillos de jaguar en 16 envíos realizados a través del servicio postal de Bolivia, ECOBOL, con destino a China. 
También se ha sorprendido a pasajeros de vuelos comerciales traficando cantidades importantes de dientes de jaguar. En 2015, un empresario chino residente en Bolivia fue detenido en el aeropuerto de Pekín con posesión de 109 colmillos.
Earth League International (ELI), organización no gubernamental que investiga los delitos contra la vida silvestre, ha rastreado las redes de tráfico de jaguares en Bolivia. En un informe de 2020, realizado con la UICN y el gobierno boliviano, los investigadores identificaron a unas 25 personas en Bolivia, y a otras 50 “personas de interés” fuera del país, relacionadas con el comercio. El informe describía tres redes criminales implicadas en el comercio de jaguares como “plenamente operativas”.
Los traficantes llevan a cabo negocios legítimos paralelamente a su implicación en el comercio de jaguares. Utilizan restaurantes o tiendas como centros de recogida y para lavar los beneficios. Por ejemplo, en marzo de 2022, las autoridades incautaron 16 garras en una redada en un restaurante de pollos de Santa Cruz.
Se han descubierto vendedores de objetos artesanales en mercados locales que ofrecían garras y dientes a la venta. Berton se encontró con un vendedor en el mercado de Trinidad, situado en Beni, que le ofreció venderle un colmillo por US$100.
Estos vendedores también aceptan pedidos personalizados. Los vendedores muestran sus productos en sus teléfonos y a través de cuentas en WeChat, una plataforma china de redes sociales de mensajería, donde se pueden negociar los acuerdos de pago y envío.  Los mejores comerciantes mantienen conexiones directas con mayoristas radicados en China. 
Para sacar los artículos del país, los traficantes sobornan a policías y funcionarios de aduanas. Los pasajeros de vuelos comerciales transportan las piezas ocultas en su equipaje o en su cuerpo. Debido al mayor escrutinio, ya no se utilizan las rutas directas a China. En su lugar, los traficantes utilizan puntos de tránsito en Brasil, Vietnam y Hong Kong.  Aunque todavía se utiliza el transporte marítimo internacional y los servicios postales, las incautaciones de partes de jaguar enviadas por correo han disminuido significativamente después de 2019, lo que indica un probable cambio en las tácticas de tráfico.
Algunos conservacionistas han señalado el rápido aumento del tráfico de partes de jaguar de Bolivia a China como señal de que se están utilizando como sustituto de los cada vez más escasos tigres.
Curiosamente, los dientes de jaguar son las partes más incautadas con destino a China, lo que indica que los caninos del felino colman la demanda de los coleccionistas.
Sin embargo, las partes utilizadas en la medicina tradicional china no han sido tan incautadas. Por ejemplo, en Bolivia no se ha detectado el tráfico de una pasta apetecida elaborada hirviendo el cadáver de un gran felino, normalmente un tigre, pero sí se ha identificado en Surinam, otro punto caliente de la caza furtiva de jaguares en América.
Ha surgido un factor común en los países de América Latina y el Caribe en los que se ha capturado un gran número de jaguares: la inversión china.
Según un estudio publicado en 2020 en Conservation Biology, los investigadores descubrieron que en los países de América Central y del Sur con un nivel relativamente alto de corrupción, inversión china y bajos ingresos per cápita se producían entre 10 y 50 veces más incautaciones de jaguar. 
A la caza de pájaros, tortugas y escarabajos
Según Berton, los lugareños también persiguen a las aves, y la caza furtiva es en gran medida oportunista. Los loros, los periquitos y las cacatúas son las principales especies capturadas, apetecidas por su vibrante plumaje amarillo, naranja y verde. Debido a su popularidad, los cazadores tienen como objetivo especies como el loro amazónico de cabeza amarilla y el pinzón azafrán.
Generalmente, las aves se capturan cuando son jóvenes y aún están en sus nidos. Muchas de ellas acaban en los mercados locales. En algunos casos, se ha observado a indígenas vendiendo las aves directamente. Las comunidades indígenas se ven a menudo tentadas a capturar aves para los comerciantes.
Las tortugas de río amazónicas suelen ser objetivo de cazadores furtivos por sus huevos y su carne. Hay dos especies especialmente amenazadas: la arrau o tortuga gigante del Amazonas (podocnemis expansa) y la tortuga de río de manchas amarillas, conocida localmente como mascota del río. La tortuga de río de manchas amarillas está clasificada como “vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Mientras que la tortuga arrau está clasificada actualmente como de menor riesgo, los especialistas en tortugas de la organización han abogado por su reclasificación como “en peligro crítico”. 
Ambas especies de tortugas son consumidas habitualmente por las comunidades que viven en las riberas de los ríos de departamentos como Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.  Ciertos grupos indígenas, como la comunidad indígena Tsimané, están autorizados por razones culturales a recolectar huevos de tortuga para su consumo.
Pero grandes cantidades de huevos suelen acabar a la venta en mercados locales. Por ejemplo, una serie de redadas durante cuatro semanas a mediados de 2017 condujo a la incautación de unos 50.000 huevos. Las tortugas de río bolivianas y sus huevos también se han introducido masivamente en Brasil.
Aunque la mayoría de los productos de aves y tortugas se venden localmente, también existe tráfico transfronterizo. Berton afirmó que las especies de loros y cacatúas de Bolivia se trafican hacia Brasil, Ecuador, Chile y Perú.
A medida que las autoridades se han vuelto más expertas en la identificación del tráfico de grandes loros, o guacamayas, las aves más pequeñas también se han visto amenazadas, debido a su tamaño y coloración distintiva. Por ejemplo, las autoridades incautaron unos 500 pinzones azafranados, conocidos localmente como botones de oro, en la aduana peruana de Cabanillas de Puno, cerca de la frontera con Bolivia. Los pájaros fueron descubiertos en cajas en un autobús.
“Hemos visto migrantes de la parte occidental del país transportando grandes cantidades de aves en camiones y flotas. Hablamos de cantidades que oscilan entre 100, 200 y 500 loros y periquitos”, afirmó Berton.
Los habitantes de la región montañosa de Yungas del Norte se han vuelto expertos en identificar y recolectar dos especies de escarabajos rinoceronte, el dynastes hercules y el dynastes satanas. Mientras muestra una réplica de un escarabajo Hércules, negro y azul, con grandes cuernos de la longitud de su mano, Berton explicó que estos escarabajos se trafican hacia Japón.
“Descubrimos que la cría de estos escarabajos no es ilegal. Hay centros y tiendas de mascotas donde se crían. Sin embargo, esto ha abierto una ventana a un mercado ilegal”, afirmó Berton.
Los cazadores, que recogen los escarabajos por la noche, pueden ganar entre US$10 y US$20  por escarabajo de los contrabandistas. En Japón, el precio de un ejemplar sano de gran tamaño puede alcanzar los US$500.
El Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia clasifica al escarabajo satanás en peligro de extinción, mientras que la CITES lo incluye en el Apéndice II, lo que significa que su comercio está restringido. Según los cazadores de escarabajos que hablaron con Berton, los escarabajos vivos son transportados en autobús en cajas de cartón hasta un recolector en Perú que se encarga de llevarlos en avión hasta Japón.
Los cazadores también han aprendido a recoger larvas de escarabajo, que tienen menos probabilidades de ser detectadas por los funcionarios de aduanas de los aeropuertos.
Tráfico de especies silvestres: una prioridad baja
La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (POFOMA), el organismo encargado de investigar los delitos ambientales en Bolivia, está en los huesos. Sus oficinas principales, en el centro de La Paz, están en una vieja casa cuyo patio se emplea como centro de rescate de animales. Durante una entrevista, un funcionario policial que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar dijo que la falta de recursos les dificulta hacer su trabajo.
Siguen trabajando con registros físicos, según Da Silva, que ha ayudado a crear una base de datos digital que hace un seguimiento de ocho años de incautaciones.  “Gran parte de los esfuerzos que hacemos consisten en ayudar a las autoridades a sistematizar su información”, afirmó.
Según Da Silva, la presencia de POFOMA en departamentos como Beni es muy limitada. Operan con un número escaso de agentes y carecen de los vehículos necesarios para la movilización. En ocasiones, WCS proporciona combustible para apoyar operaciones conjuntas con POFOMA.
Además, una reestructuración de la Fiscalía en 2020 ha relegado los delitos contra la vida silvestre a un segundo plano dentro del sistema jurídico boliviano. Los delitos ambientales quedaron bajo la autoridad del departamento que investiga el narcotráfico y el lavado de dinero. Para Da Silva, esto ha dado lugar a que los delitos contra la vida silvestre sean percibidos como menos críticos.
“El narcotráfico se considera un delito grave, mientras que el tráfico de especies silvestres se ve como un delito menor”, afirmó.
 
 
 
 
 
CRECE LA IDEA DE CREAR UNA OPEP DEL LITIO
 
Los mayores yacimientos de litio del mundo se ubican en los salares del triángulo fronterizo entre Argentina, Bolivia y Chile, con más del 50% de los recursos mundiales del llamado “oro blanco”.
 
El Economista de México (https://acortar.link/lIbrvA)
 
Los mayores yacimientos de litio del mundo se ubican en los salares del triángulo fronterizo entre Argentina, Bolivia y Chile, con más del 50% de los recursos mundiales del llamado “oro blanco”.
“La propuesta de crear una OPEP de litio podría ser estratégicamente positivo para la región, inclusive a los tres países podría sumarse México”, comenta Martin Obaya, director del Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín.
Obaya indica que lo importante es conservar el control de los depósitos de recursos naturales de carácter estratégico.
“Es muy importante crear reglas justas para los interesados y evitar que EU o Canadá obtengan acceso exclusivo”, comentó.
El objetivo es coordinar los niveles de producción de los países con recursos de litio para influir sobre el precio. Esto generaría un ingreso económico mayor para los países productores, precisa el economista argentino.
En este momento existe un inconveniente: la relación entre los presidentes de Argentina y Bolivia no es muy buena, aunque las respectivas cancillerías ya están trabajando para mejorar la relación.
El presidente Alberto Fernández inició a explorarla idea de crear una alianza entre países productores de litio; el gobierno de Javier Milei comienza a desempolvar los archivos heredados.
 
 
 
 
 
BOLIVIA Y CHINA REFUERZAN VÍNCULOS DIPLOMÁTICOS EN UN ENCUENTRO DE ALTO NIVEL
 
Reporte Asia (https://acortar.link/1Fj1VY)
 
En respuesta a una invitación del Canciller de la República Popular China, Wang Yi, la ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Celinda Sosa, participó en un encuentro destinado a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El diálogo, que abordó temas cruciales en áreas como el turismo, la tecnología y la energía, resaltó el compromiso de ambas partes con el avance mutuo.
Durante la reunión, Wang Yi elogió la sólida amistad entre Bolivia y China, destacando el apoyo constante y el entendimiento que han caracterizado las relaciones diplomáticas. Se resaltaron los progresos alcanzados bajo la dirección de los presidentes Luis Arce Catacora y Xi Jinping, los cuales han contribuido al desarrollo y la industrialización de ambos países.
Fortaleciendo vínculos y explorando nuevas fronteras: la celebración por los 40 Años de relaciones diplomáticas
La visita de la Canciller boliviana marca el inicio de las celebraciones por el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El objetivo principal es fortalecer la asociación estratégica a un nivel superior, implementando los acuerdos alcanzados por los mandatarios.
En este contexto, se hizo hincapié en la importancia de enriquecer la confianza política mutua y mejorar los intercambios entre los gobiernos y órganos legislativos. Se destacó la necesidad de explorar nuevos campos de cooperación, como la economía digital y la agricultura.
Durante la visita se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia y la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Este acuerdo histórico refleja el compromiso de ambas naciones en fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito académico y cultural, fomentando una mayor comprensión mutua en un mundo cambiante y desafiante.
 
 
 
 
 
CÓMO ES LA NUEVA CARRETERA QUE UNIRÁ A PERÚ Y BOLIVIA EN TAN SOLO 4 HORAS
 
Miles de peruanos y bolivianos serán beneficiados mediante el turismo y comercio con el proyecto “Integración Vial Tacna - La Paz Tramo II”.
 
El Comercio de Perú (https://acortar.link/n13p6L)
 
Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial, turismo y fortalecer el comercio que existe entre Perú y Bolivia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se encuentra fomentando la obra “Integración Vial Tacna - La Paz Tramo II”. De esta manera, el Gobierno peruano viene evaluando la inversión total para este proyecto, por lo que ya cuenta con una fecha aproximada de inicio. Todos los detalles sobre esta iniciativa en esta nota.
¿CUÁNDO INICIARÍA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PERÚ Y BOLIVIA?
Hace unos días se compartió la Resolución Ministerial N° 1614 en la cual destacan como prioridad para este Gobierno al proyecto “Integración Vial Tacna - La Paz Tramo II”. Esta propuesta, que tiene una extensión que va desde el km 94+000 hasta el km 144+262.38, cuenta con un calculo de S/157 millones 536.069, por lo que se espera también que este finalizada en 2026.
Como se recuerda, en 2016 se dio inicio al proyecto llamado “Integración Vial Tacna - La Paz Tramo II”, que luego de algunos años la empresa Aldesa prescindió de la obra debido a la incompatibilidad de materiales, aunque Provías Nacional contradijo esta afirmación.
¿CUÁLES SON LAS CIUDADES QUE ABARCARÁ LA CARRETERA PERÚ Y BOLIVIA?
Esta gran obra abarcará más de 50 kilómetros que pasará por varias zonas estratégicas ya que se busca simplificar la conexión y mejorar el acceso a todas las regiones con el objetivo de promover la economía y cultura entre ambos países. De esta manera, esta importante infraestructura vial pasará por zonas de Tacna, Palca y Collpa en nuestro país y en Bolivia atravesará Santiago de Machaca, Nazacara, Viacha y La Paz, logrando reducir los tiempos de manera significativa pasando de ocho a cuatro horas y media entre la ciudad heroica y la capital altiplánica.
¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN QUE UNIRÁ LA SELVA CON EL MAGAPUERTO DE CHANCAY?
Este viernes, José Arista, ministro de Economía y Finanzas, se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la cual mencionó que Brasil se encuentra interesado en sacar sus exportaciones de granos y carne desde el megapuerto de Chancay, por lo que se tiene estimado construir un tren que conecte la selva con el mencionado terminal.
“Los países vecinos como Colombia, Ecuador y Chile están viendo la posibilidad de realizar sus grandes exportaciones a través del puerto de Chancay. También Brasil está en conversaciones con las autoridades peruanas para que realicen sus exportaciones de granos y carne mediante el puerto de Chancay. En una primera etapa ellos utilizarían las vías terrestres y, en función a cómo va la demanda, podría construirse un tren que una la selva con la costa, directamente a Chancay”, explicó ante la Comisión.
Asimismo, Arista destacó que el megapuerto de Chancay será un punto de inflexión en la logística peruana. “El uso del puerto de Chancay reducirá significativamente el tiempo de transporte de mercancías desde Perú hacia China, ahorrando hasta dos o tres semanas. Esto posicionaría a Perú como un actor clave en el comercio internacional”, sostuvo.
“Estamos enfocados en desarrollar una zona económica especial para atraer a grandes empresas que no solo generen empleo sino también innovación tecnológica. Afrontar el desarrollo de Chancay es un desafío significativo para el Estado, ya que implica la promoción de instituciones académicas para formar profesionales capacitados para trabajar en la zona, así como la provisión de infraestructura y servicios públicos”, agregó.