PARLAMENTARIO PERUANO CUESTIONA AUSENCIA DE BOLIVIA EN "ANILLO ENERGÉTICO" REGIONAL

DETENIDO UN HOMBRE EN EL AEROPUERTO DE EL PRAT (BARCELONA) QUE LLEVABA 103 CÁPSULAS DE COCAÍNA EN EL ESTÓMAGO

Europa Press de España (www.europapress.es)

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvo el viernes en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) a un hombre, de origen boliviano, que llevaba en su estómago 103 cápsulas de cocaína, un total de 1.241 gramos de esta sustancia estupefaciente, según informaron fuentes del Cuerpo.
Las sospechas de que podía llegar un individuo portando droga en su interior al aeropuerto de El Prat, hizo que se detuviera a Rosauro V.J., de 29 años, que llegaba a España en un vuelo procedente de Río de Janeiro que había hecho escala en Lisboa.
En el momento de su detención se le intervinieron 921 dólares americanos en efectivo y billetes de ida y vuelta en avión del trayecto Buenos Aires-Río de Janeiro-Lisboa-Barcelona.
Con autorización judicial se trasladó al detenido a un centro hospitalario donde se le realizó una exploración radiológica dando la misma como resultado que el hombre portaba una cantidad indeterminada de cuerpos extraños en su interior.
El hombre quedó ingresado en el citado centro hospitalario hasta que expulsó las 103 cápsulas de cocaína, que contenían un total de 1.241 gramos de esta sustancia estupefaciente.
El detenido, que pasó hoy a disposición judicial, podía incluso haber muerto si una de las cápsulas hubiera reventado en su estómago, e incluso si tan sólo hubiera habido una pequeña fisura en la cápsula que hubiera hecho llegar su contenido al organismo.



PARLAMENTARIO PERUANO CUESTIONA AUSENCIA DE BOLIVIA EN "ANILLO ENERGÉTICO" REGIONAL

La Nación de Chile (www.lanacion.cl/)

El congresista peruano Javier Díez Canseco criticó hoy al ministro de Economía y Finanzas de su país, Pedro Pablo Kuczynski, por intentar un acuerdo con Chile que excluía a Bolivia del "anillo energético" en el sur del continente. "No creemos que se pueda pensar en un anillo energético en la región sin la presencia boliviana", remarcó.
Díez Canseco, miembro del Partido Democrático Descentralista (PDD), se encuentra de visita oficial en Bolivia, junto a media docena de legisladores de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela para respaldar el consenso logrado por las fuerzas políticas bolivianas que permitió resolver la grave crisis del mes pasado.
El político peruano dijo que el plan del gobierno de Lima de construir un gasoducto desde el sur de Perú hasta el norte de Chile para exportar el gas natural del yacimiento de Camisea a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, no es compartido por muchos sectores de su país.
"El ministro (Kuczynski) tuvo una posición que no compartimos muchos peruanos", afirmó Déz Canseco a los periodistas.Insistió en que un proyecto energético de esta naturaleza "es inviable sin Bolivia", debido a que Camisea no posee la cantidad de gas suficiente para las necesidades de la región y, en cambio, Bolivia tiene "las reservas más importantes y esenciales" de la zona sur del continente.
El parlamentario propuso que Perú y Bolivia aúnen sus potencialidades para transformar el hidrocarburo que poseen en electricidad tanto para favorecer su propio desarrollo, como para vender energía a los demás países sudamericanos.
El congresista peruano instó a los gobiernos de los dos países a no cometer el "absurdo" de vender gas natural y comprar electricidad, como presuntamente ocurrirá si continúa el proyecto de "anillo" energético propuesto por Chile y Argentina.
Agregó que los gobiernos de La Paz y de Lima deberían construir un gasoducto hacia el altiplano de ambos territorios "para dar el salto de desarrollo que se requiere y, al mismo tiempo, colocar el mecanismo de transformación que les permita exportar electricidad".
Según dijo, tras el lanzamiento del proyecto de "anillo energético", un debate técnico y político en Perú ha constatado que esta nación no tiene los recursos de gas que necesitan los países del Mercosur interesados en garantizar su abastecimiento. El próximo lunes 18, en Buenos Aires, autoridades del sector energético de la región se volverán a reunir para continuar el análisis del proyecto.



BOLIVIA Y LA INTEGRACIÓN GASÍFERA SUDAMERICANA: ¿UN PROCESO INCLUYENTE? (PARTE II)

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Este informe fue realizado en Marzo de 2005.
1. Aproximaciones y propuestas para una definición comprensiva de la integración en Sudamérica
La presente sección del trabajo tendrá por objetivo la presentación de un marco conceptual que permita encuadrar y orientar el análisis ulterior al desarrollar algunas definiciones básicas sobre lo que entendemos por integración, en sus dimensiones interna y externa, vistas como procesos orgánica y recíprocamente vinculados. A través de este desarrollo se buscará contribuir a la comprensión de los alcances de un proceso de integración energética regional y la forma que consideramos debe estar vinculado al desarrollo interno de las comunidades políticas involucradas en el mismo, para lo cual se analizará el caso particular de la evolución del sector hidrocarburífero en Bolivia como forma de aproximación a dicho tema de estudio.
A partir de estas definiciones, intentaré formular interrogantes generales y desarrollar aproximaciones alternativas a la realidad objeto de estudio para lo cual me apoyaré en algunos planteos básicos realizados desde los estudios de la economía política internacional y el institucionalismo en relaciones internacionales.
Antes de comenzar a desarrollar este marco conceptual, quisiera tomar algunas reflexiones realizadas por Cox (2) sobre la definición y alcance de las teorías.
En primer lugar, en este trabajo se adopta la idea de que '… no hay teoría independiente de un contexto político concreto' (3) y que la teoría sigue a la realidad en el sentido en que es constituida y cobra sentido cuando se la contrasta con la experiencia, pero que a la vez la precede al orientar el pensamiento. Mi objetivo aquí consistirá, por tanto, en estructurar un conjunto acotado de definiciones y planteos básicos que permitan orientar la forma en que una determinada realidad circunstanciada es registrada, acotada espacio-temporalmente y analizada en sus causalidades y condicionantes (4).
En segundo término, la revisión teórica fue realizada bajo el supuesto de que 'la teoría es siempre para alguien y para algún propósito' (5) y que, en consecuencia, es preciso analizar el contexto en que la misma es generada y posteriormente utilizada.
En tercer lugar, rescato el papel fundamental de la dimensión histórica en el análisis de los temas que atañen a la política internacional y como camino que considero necesario para cualquier tarea de conceptualización. En este trabajo, estimo particularmente relevante destacar la idea de la integración como un concepto y un proceso con variantes regionales históricamente constituidas a partir de la emancipación americana (6).
Al encarar el estudio de las perspectivas de un proceso de integración gasífera regional, nos encontramos ante un escenario heterogéneo, en términos de la estructura de la industria gasífera en cada país, los actores intervinientes y los marcos regulatorios e institucionales.
Surge así la necesidad no sólo de conciliar en un marco de institucionalidad las diferencias entre las respectivas legislaciones y los modelos económicos dominantes, sino también de crear un esquema de asociaciones público-privadas como eje estratégico para impulsar la integración gasífera (7), en vista de la coexistencia de empresas estatales con disímiles funciones y márgenes de acción, y la creciente y extendida participación de actores privados, fundamentalmente extranjeros. Un contrapunto, correlacionado en gran medida con la observación anterior, es el dado por la necesidad de generar y consensuar un proyecto político que sirva de base al proceso de integración, frente a los condicionantes provenientes de un sector económico altamente transnacionalizado, en el que los intercambios y transacciones se producen, en gran medida, no entre actores estatales, sino entre agentes privados.
En este trabajo se entenderá que la integración es un proceso de raíces fundamentalmente políticas y que, por lo tanto, es inseparable de un proyecto que la oriente y en el cual cobre sentido. La integración energética en Sudamérica puede tener alcances muy variables y ser definida de manera más o menos acotada. Parte del análisis y la búsqueda que pretendo realizar aquí está vinculada, precisamente, a la indagación sobre la forma en que se concibe dicho proceso en la región y, en consecuencia, cuál es el proyecto político en el que se encuentra sustentado.
De esta forma, la integración energética podría ser entendida como un proceso en virtud del cual se busca generar un marco institucional-normativo y un esquema de negociación y toma de decisiones, orientado a incrementar los intercambios comerciales en materia energética y la interconexión entre los países y con otras regiones. Tal incremento del comercio puede requerir, a su vez, reformas tributarias, conciliación de los mecanismos de fijación de precios, un plan de promoción de inversiones, garantías a la libre comercialización de combustibles y electricidad, el libre acceso a las redes de transporte y distribución y la no discriminación de compradores y vendedores.
Pero, también puede responder a objetivos políticos más amplios, que sin dejar de incluir los aspectos anteriormente mencionados, procure constituirse en un elemento adicional en la creación de un margen de maniobra (8) para los países de la región. Tal propósito podría ser pensado en términos de la generación de un modelo de producción energética que garantice la autosuficiencia de la región en esta materia, en el mediano y largo plazo, la promoción de un modelo productivo más diversificado, con un creciente peso del sector industrial, la transformación planificada de la matriz de consumo energético hoy dominada por fuentes primarias de energía no renovables que enfrentan perspectivas de agotamiento y una mayor integración a nivel nacional a fin de conectar zonas que en la actualidad se encuentran infraestructuralmente aisladas.
Tentativamente, y pensando desde la situación particular por la que atraviesan los países sudamericanos podría plantearse, siguiendo a la Dra. Seitz, como 'una posibilidad de construir un reaseguro estratégico en términos de Pacto' político (9).
En cualquiera de los casos anteriores, existe una dimensión o perspectiva de análisis de la integración de fundamental importancia que consiste en la vinculación de la misma con el escenario socio-político interno. En este sentido, la integración energética regional puede ser vista no sólo como un proceso que genere reaseguros mínimos para los países de la región y pueda ser utilizada como estrategia que permita construir un espacio efectivo de autonomía, sino también como un esquema de vinculación colectivo que busque reforzar el desarrollo interno como precondición o base concreta de acción de los distintos países, desarrollo manifestado, por ejemplo, en una ampliación del acceso de los ciudadanos a la energía, de la infraestructura que permita conectar a las diferentes regiones o en la promoción de la industrialización.
Considero que lo que podríamos distinguir, sólo a efectos analíticos, como integración regional e interna, constituyen básicamente formas de vinculación orgánica (10) entre distintas comunidades políticas organizadas territorialmente, por una parte, y entre los miembros que componen dichas comunidades, por la otra. En tanto procesos, sus respectivos desarrollos evolutivos se encuentran íntimamente conectados de manera no necesariamente coherente o tendiente a un mutuo reforzamiento, como trataremos de mostrar a lo largo del trabajo.
Para pensar lo que he dado en llamar 'integración interna', debemos comenzar identificando la unidad al interior de la cual refiero el concepto de integración o a la que adjudico dicha condición. En el marco del presente trabajo, propongo hablar de la integración interna de una comunidad política organizada bajo la forma institucional del Estado-Nación.
A fin de llegar a una definición sintética que permita dar cuenta de la complejidad de esta realidad, propongo diferenciar las siguientes dimensiones de la integración interna de una comunidad política, como constitutivas de dicha condición y, a la vez, componentes necesarios de un proceso conducente a la misma:
- Una dimensión territorial
- Una dimensión política, y
- Una dimensión social, que a su vez contempla dos aspectos: uno socio-cultural y otro socio-económico
El espectro de la dimensión territorial de la integración comprende un desarrollo económico de base nacional en el que se integre a las distintas regiones a partir de sus patrones productivos en tanto manifestación o forma de apropiación de un espacio y de sus recursos naturales. También contempla la ocupación estratégica de los espacios físicos y el control sobre los recursos naturales estratégicos, entre los que se encuentran los energéticos, como producto de una planificación estatal. Otro aspecto consiste en la vinculación infraestructural de las regiones como elemento, a la vez, auxiliar y necesario, respecto a los dos procesos anteriores.
La dimensión política de la integración radica en la constitución de un sistema político determinado como centro o ámbito de referencia de los distintos integrantes de la comunidad. Esta identificación no excluye la existencia de posturas y visiones encontradas, pero a la vez se construye sobre la existencia de un consenso implícito sobre las reglas de juego dentro de las cuales se espera que se desenvuelva el juego político. En un contexto democrático, ésto se asocia fundamentalmente a la existencia de mecanismos representativos y consensuales.
La dimensión social de la integración es, tal vez, en la que más claramente se manifiesta lo que veo como 'la integración nacional'. En su aspecto socio-cultural se refiere al desarrollo de un conjunto de valores, intereses y creencias (11) compartidas sobre los que se basa 'el proceso de creación de una identidad común a todos los grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y regionales', o lo que Pasquino denomina la construcción de la Nación (12). La faceta socio-económica está relacionada al esquema real de distribución del ingreso así como a las posibilidades de inclusión o participación en dicha configuración de los ciudadanos que componen la comunidad, así como a la misma estructura productiva que está implícita en la propia organización espacial-territorial del modelo económico.
Podría afirmarse, por otra parte, que la conjugación de todas estas dimensiones se encuentra sintetizada en la forma en que se manifiesta el ejercicio del poder soberano, al incidir sobre la capacidad de la comunidad política en cuestión de ejercer lo que podríamos llamar en términos de Stephen Krasner la soberanía interna (13); o, como sostiene Gianfranco Pasquino, al afectar la capacidad de control de los instrumentos coercitivos y de imposición de la observancia a las normas y los procedimientos que emanan de ellas, así como la de control de las decisiones referentes a la distribución de recursos al interior de la comunidad (14).
De lo anterior, se desprende que el concepto de integración interna se opone fundamentalmente en su acepción de condición de una comunidad política, a la existencia de una dualidad en la estructura social de los países latinoamericanos 'como realidad histórica y desafío presente' (15).
La Dra. Seitz, de quien tomo el concepto, indica con gran claridad que esta dualidad estructural latinoamericana emerge de la gran polarización social que padecen los países de la región, como producto de la peor distribución de ingreso y la mayor concentración de riqueza del mundo. La autora vincula además la idea de la dualidad de las estructuras sociales al concepto de 'Estado anómico', de Peter Waldmann, para designar al Estado que 'pretende regular ámbitos sociales y modos de comportamiento que ocupa ficticiamente y que no está en condiciones de dominar y controlar efectivamente (…) Es decir que estamos hablando de una situación de ilegitimidad estructural en el vínculo estado-ciudadanía que afecta al principal instrumento de ejecución de políticas…' (16).
En esta situación de déficit de institucionalidad y de carencia de capacidades reales en términos de control y autoridad, fundamento la idea de que el bajo nivel de integración interna de una comunidad política genera condiciones de vulnerabilidad estructural que pueden llegar a condicionar, no sólo la viabilidad, sino también el sentido de un proyecto integrador. La noción de vulnerabilidad a la que hago referencia se diferencia en este caso de la tradicional definición realizada por Keohane y Nye (17), para designar más bien una situación de raíz interna relacionada con el nivel de cohesión de la comunidad política, el grado de consenso respecto al rol que le corresponde desempeñar al Estado y el respeto hacia las instituciones públicas y las normativas emanadas de ellas, como portadoras de los intereses de dicha comunidad, elementos que fortalecen internamente la posición negociadora del Estado a partir de la cual se busca establecer y pautar una determinada forma de inserción internacional. En este sentido, la vulnerabilidad también deriva de la fuerte retracción del Estado de los sectores productivos y las repercusiones que ésto tiene en términos del peso del sector inversor privado en actividades económicas estratégicas, en las que por otra parte se basan los más importantes proyectos de integración regional.
Cabe, entonces, plantearnos cuál es la relevancia del análisis anterior en el abordaje de la integración energética, pregunta que nos enfrenta a la gran importancia que revisten las políticas energéticas de un país en las distintas dimensiones de su integración interna. La consideración e incorporación de las mismas como elemento necesario, aunque no suficiente, en un proceso de integración nacional constituye, a su vez, una precondición para la integración energética regional entendida como el 'intercambio efectivo y eficiente de energía en beneficio directo del desarrollo económico y social de los pueblos de América Latina (…), que considere aspectos técnicos, legales, económicos, ambientales, políticos y sociales' (18).
Como se verá, las dimensiones de la integración interna identificadas y definidas más arriba pueden ser asociadas en forma coherente y pertinente a las políticas hidrocarburíferas a fin de fundamentar la importancia de las mismas para el desarrollo nacional y como base para la construcción de un proceso de integración regional.
La dimensión territorial se vincularía, en este caso, al desarrollo de políticas concretas de reapropiación estratégica de recursos naturales que tienen una importancia fundamental para el futuro desarrollo económico del país. Esta reapropiación requiere una planificación pública del uso y aprovechamiento que se hará de recursos no renovables a fin de promover su utilización dentro de criterios de desarrollo sostenible.
En segundo lugar, identifico como elemento subyacente a la dimensión política de la integración el debate profundo sobre el rol que le corresponde desempeñar al Estado en la economía nacional, a partir del desguace producido con las reformas neoliberales realizadas durante la década de los noventa, la pérdida de su papel directriz y planificador y la desaparición de las empresas públicas como agentes productivos en los distintos eslabones de la cadena hidrocarburífera.
La dimensión social plantea, por su parte, la cuestión del acceso de los ciudadanos a la energía, la elevada concentración de la propiedad en el sector energético, los patrones básicos de distribución de la renta hidrocarburífera y los mecanismos de apropiación de esa renta por parte del sector público.
El análisis conjunto de los elementos que componen estas distintas dimensiones, nos conduce en última instancia a la consideración del concepto de soberanía energética, pensada como práctica orientada tanto al interior del Estado como al exterior e impulsada por una visión que permita el ejercicio del poder como autoafirmación. En efecto, el debate sobre la validez de la noción tradicional de soberanía y la percepción de la retracción del Estado en términos de sus capacidades de control, autonomía y ejercicio del monopolio de la utilización de la fuerza, afecta claramente a la utilización y control de los recursos naturales estratégicos de un país como manifestación del poder soberano del Estado sobre un territorio determinado (19).
Me interesa plantear, tentativamente, la idea de que el esquema de integración desarrollado en los párrafos anteriores pueda servir como forma de consolidar colectivamente el ejercicio de una soberanía energética, entendida como 'la capacidad de una comunidad política para ejercer el control y la autoridad sobre sus recursos energéticos, así como para regular de manera racional, limitada y sustentable su explotación, conservando un margen de maniobra y una libertad de acción que le permita minimizar los costos asociados a las presiones externas de los actores estratégicos que rivalizan por la obtención de esos recursos' (20), sin por ello delegar dimensiones fundamentales inherentes a su entidad estatal sobre un determinado territorio, y los recursos y población allí situados.
A continuación propongo desarrollar y formular algunas aproximaciones a la vinculación orgánica y recíproca entre la integración hidrocarburífera sudamericana y la integración interna de los países que participarían en tal proyecto, en el contexto de un escenario político preexistente y en el marco de un conjunto de ideas y concepciones construidas y reconstruidas intersubjetiva e históricamente, que sitúan y dan un sentido particular al proyecto integrador.
En este sentido, identificamos, en primer término, un conjunto de países que se encuentran afectados por los siguientes problemas: '1) excesiva dependencia del mercado financiero internacional; 2) deficiente integración social interna; 3) asimetría de las estrategias nacionales; y 4) divergencias en la inserción internacional' (21).
El punto de partida del análisis y del cual se desprenderán todas las líneas de reflexión que se planteen en este trabajo es muy simple y a la vez pretende abarcar la gran complejidad que puede revestir una determinada realidad sociopolítica, consistente en relaciones recíprocas de condicionamiento, influencia y complementación entre las esferas de acción política y económica.
Robert Gilpin formula con gran claridad un interrogante fundamental de los estudios de economía política que considero pertinente para el tipo de análisis que pretendo realizar aquí, al preguntarse 'de qué manera el Estado y los procesos políticos asociados con él afectan la producción y la distribución de los costos y beneficios de tales actividades' y, a la vez, cuál es 'el efecto que tienen los mercados y las fuerzas económicas en la distribución del poder y la riqueza entre los Estados y otros agentes políticos y, especialmente la manera en que dichas fuerzas económicas alteran la distribución internacional del poder político…' (22).
La integración, que en tanto proceso político depende de la acción conjunta, convergente y planificada de un grupo de Estados, se cristaliza en un esquema institucional que procura influir y generar límites a las fuerzas del mercado tal como se han desarrollado hasta ahora en los sectores energéticos de los diferentes países considerados.
A su vez, la mayor intensidad de los intercambios entre los Estados impulsada por este tipo de procesos los sujeta a una pérdida relativa de autonomía, al aumentar lo que podríamos llamar su interdependencia de sensibilidad y de vulnerabilidad (23). En efecto, esta situación nos enfrenta a una necesaria reflexión, y eventualmente a la reconceptualización, de la soberanía al advertir que hoy los Estados nacionales deben convivir con una multiplicidad de fuerzas transnacionales con crecientes capacidades de poder y autonomía, que cuestionan en la práctica las nociones tradicionales de soberanía asociadas a dimensiones de control, autoridad y monopolio del uso legítimo de la fuerza (24).
Las particularidades y dificultades que emergen al intentar crear un marco institucional, que determine ciertas limitaciones para los actores intervinientes, tanto públicos como privados, en un contexto de fuerte transnacionalización de la actividad que se pretende normar, abre interrogantes sobre los resultados concretos de la coexistencia de formas de autoridad estatales y no estatales y sobre la manera en que debe entenderse el principio de autoridad en el marco de una economía mundial (25).
En virtud de las preguntas anteriores, es de mi interés analizar las características y condicionantes de la integración hidrocarburífera, en sus dos escenarios, provenientes de la transnacionalización que han experimentado los sectores energéticos en Sudamérica, y de la cual Bolivia constituye un acabado ejemplo, y en qué medida la misma afecta a la vinculación orgánica entre los procesos de integración regional e interna. Podemos observar inicialmente que una integración regional acotada a un esquema de intercambios económico-comerciales, en el que en definitiva terminan fortaleciéndose los vínculos entre las empresas ubicadas en la región, y que busca generar marcos para el desarrollo de la actividad privada y la libre movilidad de bienes y servicios, puede llegar a confrontar con las perspectivas de superación de la situación de dualidad de las estructuras sociales de los países sudamericanos, como se verá en el caso boliviano.
De esta forma las vinculaciones orgánicas entre los procesos mencionados que deberían reforzarse recíprocamente, en tanto mecanismos para la generación de reaseguros mínimos individuales y colectivos para los países de la región, están cruzadas por una constelación de fuerzas transnacionales y factores de poder, cuya observación es necesaria en un análisis como el que se pretende realizar aquí.
La situación dada por el cuestionamiento a la noción tradicional de la soberanía y, en la práctica, por la percepción de la retracción del Estado en sus dimensiones interna, transnacional y westfaliana, para utilizar la conceptualización de Krasner (26), toca de forma estratégica a los recursos energéticos, cuya posesión, control, acceso y utilización están directamente vinculados al debate sustancial sobre la soberanía estatal. Esta reflexión se plantea en forma simultánea al avance de la integración económica de los países de la región la cual ha privilegiado históricamente un patrón de inserción basado en criterios de especialización productiva que confrontan con las mismas perspectivas de desarrollo de un modelo de utilización racional y sostenible de los recursos estratégicos disponibles. Como afirmaba anteriormente la reflexión y el debate sobre el ejercicio del poder soberano por parte de los países de la región y, en particular el caso boliviano, constituye un abordaje que permite englobar y sintetizar las dimensiones de la integración, pero a la vez posibilita plantear vinculaciones estratégicas entre sus distintos escenarios, como intentaré demostrar en los párrafos siguientes.
El debate acerca de la posibilidad de los Estados nacionales de actualizar su capacidad soberana en términos de control y autoridad sobre los recursos materiales estratégicos, como son en este caso los energéticos, potenciado por los efectos disolventes de los flujos transfronterizos en un contexto de integración, da lugar a que la misma pueda ser pensada como un esquema de conductas cooperativas y recíprocas que genere y garantice reaseguros mínimos en lo que se refiere al control y explotación de los recursos naturales.
El debate sobre el rol del Estado, que subyace a la dimensión política a la que hice referencia antes se manifiesta también en la reflexión sobre el papel que le cabe desempeñar en la creación de infraestructura económica en un sector que - por ser intensivo en capital y altamente dependiente de los avances tecnológicos (en materia de exploración, producción y transporte) -, está caracterizado por barreras de entrada elevadas y una natural tendencia a la formación de oligopolios. Dicha consideración plantea claramente la forma en que un proceso político de integración interestatal puede afectar la producción y alterar la distribución de los beneficios y, a su vez, contribuir a superar situaciones que profundizan y cristalizan la dualidad de la estructura social de los países de la región.
Con las reformas estructurales implementadas durante la década del noventa, el Estado es efectivamente limitado en su rol de agente económico y productivo, viendo reducido su margen de acción a la mínima expresión, es decir, a la capacidad de regular, controlar y garantizar la estabilidad macroeconómica del país. Es así como Susan Strange afirma que, en la actualidad, la intervención del Estado en la creación de infraestructura económica debería limitarse a una acción indirecta, es decir, evitando el uso de instrumentos como el otorgamiento de créditos y subsidios, el control de precios o la protección del comercio (27). A su vez, desde una visión funcional del Estado, puede observarse que a instancias de las políticas impulsadas por el modelo económico neoliberal (28), los gobiernos abandonaron la responsabilidad que les competía en procurar compensar o amortiguar los efectos que la economía internacional de mercado pudiera tener para sus respectivas economías nacionales y sus sociedades, para facilitar la adaptación de estas economías a los requerimientos del desarrollo económico bajo condiciones de neoliberalismo, tal como podrá observarse en los casos de los sectores energéticos argentino y boliviano (29).
Richard Rosencrance afirmaba al caracterizar a los Estados comerciales que 'de alguna manera el mercado funciona mejor cuando existen Estados (…) que actúan como intermediarios, amortiguando las presiones internas y externas - atemperando las fuerzas internacionales para hacerlas más soportables por la economía doméstica, pero fomentando al mismo tiempo un clima favorable en el interior del país para que se acepten las intransigencias que imponen las fuerzas económicas internacionales' (30).
De esta forma, las limitaciones estructurales que hoy enfrentan los Estados de la región sudamericana no responden únicamente a la red de intereses y presiones internos y externos, sino también a las debilidades generadas como consecuencia de los compromisos que los mismos Estados adquirieron en el proceso de consolidación de su inserción externa y de reestructuración y apertura de sus economías (31).
La premisa de que los mercados son autorregulados y que, en el ámbito de las acciones económicas, el poder estatal está experimentando un proceso de disolución, ha conducido a una situación en la que, como fuera afirmado anteriormente, el debate sobre la generación de un modelo energético sostenible y sustentable ordenado a la autosuficiencia de la región sudamericana, se realiza en forma paralela a la explotación irracional de los recursos hidrocarburíferos. En tal sentido, el caso más ilustrativo es Argentina, que actualmente es el principal productor de la región, lo que la enfrenta a la perspectiva de agotamiento de sus reservas de combustibles fósiles, líquidos y gaseosos en el mediano plazo (32).
En consecuencia, mi argumento gira sobre la necesidad de que los regímenes internacionales (33) que puedan emerger de las negociaciones entre los Estados de la región, en tanto sustrato estructurante del proceso de integración, planteen esquemas de interacción y asociación pública-privada como elemento de dimensión estratégica para el desarrollo de un modelo económico sustentable.
Por último, considero que es de fundamental importancia plantearnos, cuanto menos desde el caso de estudio de la política gasífera boliviana, cómo pueden integrarse visiones diferentes sobre el manejo estratégico de la actividad como lo demuestran, por ejemplo, los casos de Argentina y Venezuela. Con esto me refiero al choque de modelos económicos - al que subyace la pregunta si la integración energética debiera utilizarse como una oportunidad para replantear el modelo productivo -, que en el caso argentino ha llegado a la liberalización total de la actividad y a la transferencia de la propiedad de los combustibles a los operadores privados, mientras que, en el segundo, demuestra un importante esfuerzo desde el Estado para recuperar un control sobre la producción energética. Bolivia podría plantearse tentativamente como un caso intermedio dado que coexisten al interior del país sectores y posturas que se aproximan a cada una de las visiones anteriores. También cabe preguntarse si en temas de importancia estratégica como es el desarrollo de las fuentes energéticas nacionales, es realmente posible reemplazar la visión nacional por una regional como se propone desde la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA).
A dichas visiones subyace el debate profundo sobre la manera en que la política debe conducir a la economía y la forma en que se piensa, desde los diferentes proyectos políticos nacionales, el patrón de desarrollo productivo a desarrollar y la reestructuración interna del cuadro social y económico nacional a partir de una lectura sobre las consecuencias sociales del modelo económico implementado en los noventa. En definitiva, estos planteos nos reconducen a una visión de la integración como un proceso temporal-espacial continuo, situado y referenciado a una determinada constelación de fuerzas y factores de poder que sostienen percepciones diversas sobre cómo hacer operativos el conjunto de valores, creencias e intereses de la comunidad política considerada (34).
Bolivia frente a la integración energética sudamericana
La integración ha ocupado en los últimos años un importante espacio en las consideraciones sobre la política exterior boliviana, al ser el objeto de iniciativas que buscan constituir al país en un centro de vinculación estratégica regional, aprovechando su ubicación geográfica central y sus recursos.
El perfil de vinculación con la realidad internacional de Bolivia en la actualidad contempla la promoción de la integración en sus distintas dimensiones, al margen de las relaciones bilaterales que ha cultivado históricamente. La promoción de la integración económico-comercial ha tenido como resultados más notorios la incorporación de Bolivia a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la integración al bloque del MERCOSUR en tanto miembro asociado y único país andino que comparte una zona de libre comercio con el mismo. La participación en ambos bloques económicos ha dado lugar a la iniciativa de constituir a Bolivia en el nexo entre ambos.
Su posición geográfica, así como los recursos naturales con los que cuenta, también han posibilitado plantear otras formas de integración, tales como la infraestructural, la energética y la hidrográfica. Como ejemplos, podemos mencionar las iniciativas por las cuales se ha buscado convertir al país andino en un nudo neurálgico de la conexión interoceánica del Cono Sur, a través de la articulación de corredores y en un núcleo de la distribución energética y de comunicaciones en la región.
William Torres Arana afirma que 'la política exterior boliviana está cada vez más consciente de que su política de integración tiene una importancia fundamental para lograr una inserción dinámica en la economía internacional (...) Bolivia busca ser el centro de la integración económica, la integración energética y la integración física en Sudamérica' (35).
El análisis de la política externa boliviana en pos de su incorporación en los esquemas de integración regional nos enfrenta a varios cuestionamientos que giran en torno a las posibilidades y limitaciones inherentes al diseño e implementación de políticas de tal naturaleza en un marco de vulnerabilidad interna y externa, en el sentido de las definiciones realizadas anteriormente.
Bajo el impulso de las medidas de estabilización y ajuste estructural implementadas en el país desde 1985, se buscó promover el crecimiento de las inversiones y dar lugar a que el sector privado, tanto nacional como extranjero, se hiciera cargo de la casi totalidad de las inversiones productivas en los sectores más dinámicos de la economía: los hidrocarburos, las empresas de servicios públicos, como el ferrocarril, las telecomunicaciones, la electricidad, entre otras.
El sector doméstico realizó, por su parte, importantes inversiones en las actividades agroindustriales orientadas a la exportación y en las que se destaca la actividad económica del Departamento de Santa Cruz, cuyo PBI constituye actualmente el 30,45% del producto nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. El análisis de la composición de los sectores económicos mencionados en términos de los actores públicos y privados intervinientes y del esquema de distribución del excedente generado por cada uno de los mismos a la luz de la transnacionalización de la economía, la privatización de las empresas públicas y la liberalización comercial, nos enfrenta al interrogante sobre qué clase de integración se piensa desde Bolivia y a qué proyecto político responde la misma.
Asimismo, considero pertinente plantear si este proyecto o esquema subyacente, a partir del cual se piensan y diseñan las líneas direccionales de las políticas de integración responden a un programa globalizador que busque contener e integrar a la realidad interna con el escenario externo. En otras palabras, si las iniciativas en pos de la integración internacional tienen un correlato en una política de integración interna que permita generar espacios de convergencia y complementariedad entre las mismas o, en caso contrario, cómo pueden verse las limitaciones producto de un desarrollo o evolución disociada de estas dos esferas.
La heterogénea realidad interna de Bolivia, en términos sociales, políticos y regionales, nos enfrenta al interrogante sobre el tipo de actores involucrados en un proceso de integración gasífera regional y hasta qué punto el mismo no se convertiría en un patrón de vinculación de centros urbanos dinámicos, desconectados económicamente del resto del país y que, en su interior, también experimentan desigualdades sociales, culturales y económicas.
A la luz de las reformas estructurales aplicadas en el sector energético y de las perspectivas de inserción en un proyecto de integración, también se destaca la relevancia de un planteo que nos permita entender qué se entiende por integración energética desde los círculos responsables de la toma de decisiones en Bolivia, así como desde los sectores que intervienen en la misma no ya desde la formalidad del proceso sino como actores con capacidad de presión e influencia, análisis que por otra parte exige la identificación de los mismos y de los intereses en juego.
Notas:
2) Cox, Robert (1995). 'Critical Political Economy', en Internacional Political Economy: Understanding Global Disorder. Zed Books, Londres.
3) Ibidem. Pág. 31.
4) Panebianco, Angelo (1992). 'Comparación y Explicación', en Sartori, Giovanni y Leonardo Morlino. La comparación en las ciencias sociales. Alianza Editorial.
5) Cox, Robert. Op. cit. Pág. 31.
6) En este sentido, destaco particularmente la obra de Hans Morgenthau y, desde otro lugar, los trabajos de Robert Cox, Samir Amin e Immanuel Wallerstein, en la importancia otorgada a la dimensión histórica del análisis teórico realizada en cada uno de ellos y los confronto con el carácter ahistórico de las formulaciones teóricas de Kenneth Waltz.
7) Kozulj, Roberto (2004). La industria del gas natural en América del Sur: situaciones y posibilidades de la integración de mercados. Consejo Económico para América Latina y el Caribe. División de Recursos Naturales e Infraestructura. Santiago de Chile. Pág. 63.
8) Seitz, Mirka (1983). Realismo penitencial o margen de maniobra. Grupo Editorial Latinoamericano, Buenos Aires.
9) Seitz, Mirka (2004) El MERCOSUR político. Fundamentos federales e internacionales. Fundación Juan Pablo Viscardo, Buenos Aires. Pág. 17
10) Pasquino, Gianfranco, en Bobbio, Norberto, Mateucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco (1994). Diccionario
de Política. Siglo XXI Editores, México D.F. Pág. 814.
11) Friedrich, Karl (1964). El hombre y su gobierno. Ed. Tecnos, Madrid.
12) Op. cit. Pág. 815.
13) Krasner, Stephen (2001). Soberanía, hipocresía organizada. Editorial Paidós, Bs. As.
14) Bobbio, Norberto, Mateucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco (1994). Diccionario de Política. Siglo XXI Editores, México D.F. Pág. 814.
15) Seitz, Mirka. Op. cit. (2004) Pág. 2.
16) Seitz, Mirka. Op. cit. (2004) Pág. 5.
17) Keohane, Robert y Joseph Nye (1988). La interdependencia compleja: la política mundial en transición. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires. Pág. 28.
18) OLADE, en www.olade.org.
19) Lahoud, Gustavo (2005). La soberanía energética y la integración regional sudamericana. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. AREP016, Material del Area de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del IDICSO-USAL. Buenos Aires.
20) Ibidem.
21) Seitz, Mirka.Op. cit. (2004) Pág. 2.
22) Gilpin, Robert (1986). La economía política de las relaciones internacionales. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires. Pág. 20.
23) Gilpin, Robert. Op. cit. Pág. 28; Keohane, Robert y Joseph Nye. Op. cit. Págs. 27 a 30.
24) Lahoud, Gustavo. Op. Cit.
25) Strange, Susan (1996). The retreat of the state: The difussion of Power in the World Economy. Cambridge University Press. Cambridge. Págs. 184 y 185.
26) Krasner, Stephen (2000). Soberanía: una hipocresía organizada. Editorial Paidós, Buenos Aires.
27) Strange, Susan. Op. cit. Pág. 79.
28) Lo que Samir Amin prefiere llamar 'manejo de crisis' en una situación de caos. Amin, Samir. 'Unidad y Mutaciones del Pensamiento Unico en Economía', en López Segrera (1998). Los Retos de la Globalización. Ensayos en Homenaje a Theotonio Dos Santos. UNESCO, Caracas.
29) Polanyi, Carl. Mencionado en Cox, Robert. Op. cit. Pág. 39.
30) Rosencrance, Richard (1986). La expansión del Estado comercial. Comercio y conquista en el mundo moderno. Alianza Editorial, Buenos Aires. Pág. 55.
31) Lahoud, Gustavo. Op. Cit.
32) Ricardo De Dicco (2005) señala que el horizonte de vida de las reservas probadas de gas natural de Argentina disminuyó de 34 años en 1988 (año previo a las reformas estructurales) a 12 años en 2003. En base a estimaciones del autor, las reservas probadas de petróleo y gas natural de Argentina se agotarían al promediar el próximo quinquenio. Sobre extracción irracional de hidrocarburos, véase también Freda (2004)
.33) Entendemos el concepto de régimen internacional como una red de reglas, normas y procedimientos que regulan los comportamientos y controlan sus efectos y que, a su vez, actúan como una instancia intermedia entre la estructura del sistema internacional y la negociación política y económica que se produce dentro del mismo. Keohane, Robert y Joseph Nye. Op. cit. Págs. 37 a 39.
34) Lahoud, Gustavo. Op. cit.
35) Torres Armas, William (2000). 'Bolivia: núcleo de distribución y abastecimiento de energía en el Cono Sur', en Zelada, Alberto (coord.) Bolivia. Temas de la agenda internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (UDAPEX) y PNUD. La Paz, Bolivia. Pág. 318.
* Felicitas Torrecilla es investigadora del Area de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL y del MORENO.



Carlos Del Solar, gerente de Hunt Oil:

''PERÚ NO TIENE SUFICIENTE GAS PARA ABASTECER A TODO EL ANILLO ENERGÉTICO''

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, y participante de la segunda ronda de negociaciones del anillo energético (Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), Del Solar explicó que es un gran avance que Bolivia se haya sumado a la última reunión, y volvió a aclarar que la exportación de gas a Chile no será antes de 2009.

El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)



CONTINÚA LA PREOCUPACIÓN POR LA BASE ESTADOUNIDENSE EN PARAGUAY

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Las preocupaciones por la instalación de una base militar de Estados Unidos en Paraguay persisten hoy en Bolivia, pese a desmentidos de Washington y Asunción. Un diputado y dos militares en retiro coincidieron en esas preocupaciones, no compartidas por el gobierno del presidente Eduardo Rodríguez, que descartó la posibilidad de autorizar una instalación militar estadounidense en suelo boliviano.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Antonio Peredo, Estados Unidos tiene planes estratégicos para controlar y dominar los recursos naturales de América Latina, entre estos los grandes yacimientos de gas natural de Bolivia.
El dirigente Peredo recordó que Washington ha intentado antes establecerse militarmente en el Cono Sur y recordó que en 1986 una fuerza militar norteamericana desembarcó en Bolivia sin permiso y permaneció varios meses en supuesta misión de lucha contra el narcotráfico.
Consideró, al mismo tiempo, que Bolivia, por su ubicación, sobre las cuencas del Amazonas y del Río de la Plata, tiene importancia estratégica para Washington, pero tiene aquí un pueblo que no acepta su dominación. Por esa resistencia ciudadana, apuntó, Bolivia no aplica programas de destrucción química de hoja de coca, como en otras naciones, ni imponer un acuerdo de inmunidad para sus tropas.
Las denuncias de la instalación de una base norteamericana en Paraguay, con capacidad para albergar 16.000 soldados, fueron negadas por el gobierno de Asunción y por la embajada norteamericana en La Paz.
El gobierno boliviano compartió el desmentido y sostuvo que el acuerdo paraguayo-norteamericano prevé el establecimiento de un centro de instrucción y entrenamiento que tiene sin cuidado a Bolivia.
Esa actitud fue criticada por el contralmirante en retiro Gildo Angulo, conocido defensor de la nacionalización de los hidrocarburos, quien dijo que el acuerdo posibilitó la construcción de instalaciones para establecer allí personal militar en forma masiva.
Angulo agregó que Estados Unidos 'utiliza a un país hermano para asediar a Bolivia', pero el gobierno de La Paz argumenta que la instalación se encuentra a casi 300 kilómetros de Bolivia, más bien cerca de la Triple Frontera, supuesto foco terrorista.
El ex mayor del ejército Juan Ramón Quintana, analista de temas de seguridad, apuntó que sería ingenuo pensar que las intervenciones militares norteamericanas tienen como finalidad exclusiva la lucha por el terrorismo o acciones humanitarias.
Advirtió que ese es el maquillaje de una estrategia de una estrategia de ocupación militar orientada a apropiarse de los recursos naturales de los países. Angulo apuntó que el alegato norteamericano de lucha contra el narcotráfico o el terrorismo es en realidad un pretexto para la intervención militar que busca apoderarse, en la región, de las riquezas. La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia calificó como una amenaza para la seguridad regional, la democracia y los derechos humanos, la eventual instalación de una base militar estadounidense en Paraguay.



Bolivia insistirá en su demanda

VOCERO DEL NUEVO GOBIERNO DE LA PAZ ESTUVO EN VIÑA PARA CONGRESO DE PERIODISTAS

EL Mercurio de Valparaíso, Chile (www.mercuriovalpo.cl)

Nombrado el 16 de junio como nuevo director general de comunicaciones del gobierno boliviano, lo que lo convierte en vocero de éste, Iván Canelas llegó a Chile en el marco del XII Congreso del Colegio de Periodistas nacional. Él mismo bromeó diciendo que hace 20 días venía a nuestro país como periodista, pero ahora lo hace también como parte del gobierno del presidente Eduardo Rodríguez, quien asumió la conducción de Bolivia en medio de una fuerte agitación social.
Para Canelas, la tranquilidad ha vuelto a las calles de su país, ya que el nuevo mandatario no solamente ha tranquilizado a la población, sino también ha convocado a elecciones generales para el próximo 4 de diciembre. No obstante, independiente de quien resulte elegido Presidente, Canelas asegura que la demanda por una salida al mar seguirá vigente hacia Chile.
"Esto es una política nacional y se seguirá insistiendo como se ha hecho durante todos estos años, pero se lo quiere hacer en el ámbito del diálogo, lo más amigablemente posible, y hacemos votos para que en Chile también se comprenda la necesidad que tiene Bolivia de tener una salida al mar, no para bañarse, sino para salir de la pobreza", argumentó el vocero.



LA LITERATURA INFANTIL EN BOLIVIA

Sé de sobra, atento lector, que apenas lea el título de esta nota dirá: “Esto no me interesa”. Pero deténgase un poquito y siga la lectura al menos por el amor a los niños. Tengo pensado hablarle sobre la situación en la cual se encuentra la Literatura Infantil en Bolivia. ¿Qué le parece?

Diario Liberación de Suecia (www.liberacion.press.se)

Como cualquier ciudadano, con derechos y responsabilidades, pienso que la Literatura Infantil no necesita de una conmemoración específica para ser considerada un elemento indispensable en la formación de la personalidad de los niños y la identidad cultural de un pueblo, puesto que la literatura en general, y la Literatura Infantil en particular, es uno de los pilares sobre los cuales se asientan los valores morales y éticos de una cultura y época determinadas. Sin una literatura es más difícil comprender el proceso histórico de un país, cuyas peculiaridades la diferencian del resto de las naciones del mundo.
La producción y promoción de la literatura escrita para los pequeños lectores debe ser una de las obligaciones del Ministerio de Educación y Cultura, pues se trata de un poderoso instrumento que sirve no sólo para formar la personalidad de los niños, sino también para estimular su fantasía en ciernes y su desarrollo lingüístico e intelectual. Asimismo, para concederle la atención y la seriedad que se merece, es necesario hacer de la Literatura Infantil un eje transversal en los programas de enseñanza, entroncándola como asignatura en los planes de estudio de todas las especialidades del magisterio y convirtiéndola en una cátedra específica en las universidades.
En las escuelas y colegios, por tradición y desidia, se siguen leyendo de manera obligatoria los libros de los clásicos, como Homero o Cervantes, cuando se tienen a mano obras que rescatan los legados de la historia y la cultura bolivianas. Ahí tenemos a una camada de autores nacionales cuyas obras podrían reemplazar a los clásicos de la literatura occidental, y ser mejor aprovechadas en el sistema educativo que, según los preceptos de la pedagogía y la didáctica modernas, debe adaptarse al contexto social y cultural del niño.
Nadie desconoce que los mitos y las leyendas de la tradición oral, en países multiétnicos como el boliviano, son ricos en matices léxicales, normas de conducta y conceptos morales, ya que ellos son los portadores de la sabiduría popular del pasado y del presente. Tampoco es extraño la presencia de escritores ocupados en rescatar los mitos y las leyendas del acervo nativo, con tanta belleza y certeza como lo hicieron los hermanos Grimm en Alemania y Charles Perrault en Francia. Bolivia es un terreno fértil en este contexto y cuenta con varios cultores, tal es el caso de Antonio Díaz Villamil, Oscar Vargas del Carpio, Isabel Mesa de Inchauste, Manuel Vargas y Velia Calvimontes. No son menos los autores que, sobreponiéndose a los escasos incentivos, nos ofrecen hermosas transcripciones de las fábulas de la tradición oral, como Antonio Paredes Candia, César Verduguéz y Liliana De la Quintana
La llamada Reforma Educativa de los años ‘80 y ‘90, aunque avanzó a tropezones por razones burocráticas, reconoció a un grupo de escritores cuyas obras fueron publicadas con fondos del Estado y aprobadas como textos de lectura auxiliar en las escuelas y los colegios. Evidentemente no fue mucho, pero sí un justo reconocimiento a la labor de quienes, además de dedicar su tiempo y su talento a una tarea noble, son los formadores de los valores humanos que los niños adquieren a través de los libros, ya sean éstos didácticos o de recreación lúdica.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las instituciones culturales del Estado, es todavía exigua la existencia de una Literatura Infantil. Es muy poco lo que se ha creado y menos aún lo que se ha difundido. El escaso material que se conoce es gracias al esfuerzo de los propios autores o de algunos periódicos cuyos suplementos literarios cuentan con un rincón destinado a los niños. Por lo demás, para la mayoría de los lectores, la Literatura Infantil sigue siendo un apéndice de la “literatura seria”, una suerte de “hermanita menor” de la “gran literatura”, y los escritores que escriben para niños son considerados escritores mediocres y fracasados, como si escribir para los niños fuese una tarea de aficionados y no un oficio de quienes, a diferencia de los “escritores serios”, deben manejar conocimientos amplios en el campo de la pedagogía y la sicología infantil, sobre todo, si son autores dedicados con profesionalismo a la creación de una Literatura Infantil avalada por los especialistas y los lectores.
La Literatura Infantil boliviana, sin lugar a dudas, está rezagada en el contexto de la cultura en general; por un lado, debido a la crisis económica y estructural del sistema imperante; y, por el otro, debido a la ignorancia de quienes, aun estando en funciones de gobierno, desconocen los valores psicológicos y pedagógicos de esta literatura que contribuye a la formación de los futuros lectores de la gran literatura universal. La prueba está en que no hay una política cultural que la impulse ni editorial que la difunda al margen del interés monetario. Los mínimos avances, por lo tanto, obedecen más a un afán comercial que al sano propósito de fomentar la edición y expansión de la Literatura Infantil a nivel nacional e internacional.
Con todo, los escritores de Literatura Infantil y Juvenil, agrupados en un Comité Nacional desde el 12 de enero de 1964, no han dejado de defender ni difundir la auténtica creación para niños a través de congresos y seminarios. Entre sus miembros, algunos ya fallecidos y otros todavía vivos, se encuentran: Yolanda Bedregal, Beatriz Shulze Arana, Rosa Fernández de Carrasco, Paz Nery Nava, Elda de Cárdenas, Alberto Guerra Gutiérrez, Rosario Quiroga de Urquieta, Gaby Vallejo Canedo, Giancarla de Quiroga, Blanca Elena Paz, Pepa Martínez de López, José Camarlinghi, Fanny de Alfaro, Blanca de Murillo, Hortensia de Aguilar, Elsa Zambrana, Gladys Dávalos, René Villavicencio, María Cruz de Carrasco, Luis Fuentes, Elsa Dorado de Revilla, Rosario Guzmán Soriano, Melita del Carpio y Gigia Talarico, entre otros.
A esta pléyade de escritores, que no cesan de escribir a espaldas de la indiferencia y el analfabetismo, correspondían Hugo Molina Viaña, el maestro que deleitó a sus alumnos con sus cuentos y poemas hasta el día de su muerte, y el célebre Óscar Alfaro -poeta por excelencia de los niños bolivianos-, quien editaba sus libros con dineros de su bolsillo, para luego cargar sus versos, de escuela en escuela, hasta el corazón de los niños. Estos autores, de honda sensibilidad humana y talento creativo, nos han legado pocas pero sustanciosas obras, que hoy lucen como preciosas joyas en el cofre de la Literatura Infantil no sólo de Bolivia, sino también del continente latinoamericano.
Se espera que en el curso de los próximos años se multiplique la producción literaria destinada a los niños y que el gobierno tome conciencia de esta imperiosa necesidad, haciendo que las instituciones pertinentes se dediquen a incentivar el hábito de la lectura en provecho de una sociedad más instruida, equitativa y democrática. Lo contrario, como ya manifesté líneas arriba, implicará repetir la consabida perorata de que la falta de apoyo a las iniciativas orientadas a promover la Literatura Infantil en territorio nacional es el reflejo de la crisis estructural que sacude los cimientos del sistema social boliviano que, lejos del discurso neoliberal y la demagogia de los gobernantes, requiere de profundos cambios infraestructurales para liquidar la pobreza, el analfabetismo y la deserción escolar.



LA LEY LIDERA LA REACTIVACIÓN DE SHOWS EN BOLIVIA POSCRISIS

En el final de su adiós, el trío hará tres conciertos como parte de una campaña para mejorar la imagen artística de ese país.

El Mercurio d Chile (www.emol.com)

Aunque acusan lejanía y escasa convocatoria, La Ley volverá a estar cerca de Chile en los próximos meses. El trío confirmó hace unos días a Bolivia como una de las últimas escalas de su tour "Hasta pronto, La Ley". De hecho, este país podría ser la última plaza que vea en vivo a Beto Cuevas, Pedro Frugone y Mauricio Clavería. Así lo asegura Luciana Jabif, gerente de 49 Producciones, la productora más importante de ese país y la encargada del aterrizaje de la banda en escenarios bolivianos, tras varios años de ausencia.
Para recomponer la deuda, Cuevas y compañía incluso planean hacer tres shows: el primero será el 30 de agosto en el Centro de Convenciones Sonilum de Santa Cruz; los otros se proyectan para los primeros días de septiembre en La Paz y Cochabamba, en recintos por confirmar.
Aún no está definido si éste será uno de sus últimos momentos en vivo, porque la banda también está negociando shows en otros sitios de Latinoamérica, como Perú, Ecuador y Colombia.
Pero el adiós de La Ley no es el único gran motivo. La banda liderará una campaña de 49 Producciones para reactivar la cartelera de eventos en ese país, tras la crisis política y social que estalló en junio pasado, cuando renunció el presidente Carlos Mesa. La caótica situación llevó a cancelar presentaciones de Juan Gabriel y Los Prisioneros, entre otros.
"Ahora hay un miedo grande de algunos artistas por ir a Bolivia, por eso es tan importante reposicionarnos con una banda importante entre los jóvenes como La Ley", reconoce Jabif. Entre otros nombres que llegarán a Santa Cruz en los próximos meses, están Carlos Vives y Luciano Pereyra. En tanto, el trío está en pleno tour de despedida por México, el que se extenderá hasta el 18 de agosto en Monterrey.
Beto cinematográfico
El rumbo solista de Beto Cuevas va también en dirección al cine. A su breve papel de un cura en "La mujer de mi hermano", el artista agregó un nuevo filme: "Borderland", producción estadounidense a cargo de Zev Berman, con estreno para 2006 y que se centra en el viaje de tres universitarios por la frontera de México y Estados Unidos, efectuando asesinatos y sacrificios humanos dictados por el narcotráfico.
El mismo músico confirmó la noticia el pasado jueves 7, antes de su show en Puerto Rico. Además, aseguró que el soundtrack del largometraje incluirá una canción de su autoría, la que también estará en su álbum solista. "Borderland" se filma en Baja California, pero Cuevas rodará sus partes cuando termine la gira.



Pretende “encarnar” al reformismo tecnócrata y postula “reingeniería del Estado”

TUTO QUIROGA “REAPARECE” EN LA RAZÓN

A escasos días de haberse consumado en el Parlamento un inédito adelantamiento de elecciones generales, el “delfín” del neoliberalismo, Jorge Quiroga Ramírez, reapareció públicamente para “celebrar” la modificación del artículo 93 de la Constitución, que le habilitó para ser candidato, e iniciar una sutil estrategia de posicionamiento mediático. Eligió un escenario controlado y afín para verter sus primeras declaraciones e intentar racionalizar los motivos de su ausencia del país: el diario liberal La Razón, de propiedad del consorcio multinacional Prisa-Polanco. A ellos les manifestó su deseo de “encarnar” una visión de país tecnocrática y reformista que es la antítesis de la Constituyente.

Diario Rebelión de Uruguay (www.rebelion.org/noticia.php)

Tuto Quiroga ha vuelto. Aunque formalmente estuvo ausente del escenario político durante los últimos dos años, su presencia se sintió nítidamente durante la crisis de mayo-junio, promoviendo la concreción de la “salida electoralista”. Munido de un arsenal de marketing de escuela liberal norteamericana, de la anuencia de la Embajada de EUU y del respaldo de la derecha boliviana, Quiroga justifica su “ausencia” en los momentos más críticos y conflictivos de la política nacional alegando un “desprendimiento” y “generosidad” de corte franciscano para con quienes gobernaron el país desde 2002, así como un “resarcir a su relegada familia” de drama hollywoodense.
La Razón le dispensa su favor. La entrevista es tan inofensiva como es posible y aún así, se percibe en el ex Presidente ese apego al guión que habla de un producto mediático de manufactura acabada. Quiroga se declara contrario a la demagogia y la labia desmedida de otros políticos y dice “He aprendido en la vida que el silencio constructivo vale más que locuacidades polarizantes y destructivas” y agrega “Creo que lo que le ha hecho daño (al país) es el exceso de locuacidad, radicalidad, posiciones cambiantes, decisiones fluctuantes (…) hubo mucho de posicionamiento político, de locuacidad y, particularmente, yo le puedo decir que en concursos de locuacidad o de hablar no voy”.
Sin embargo, toda la entrevista no deja de ser un compendio de neologismos neoliberales y frases construidas para redefinir con factura propia y tomar crédito personal al explicar aún la más simple realidad nacional, como se ve obligado a conceder el mismo periodista de La Razón en la introducción de la entrevista.
Además, “Tuto” no termina en la incoherencia de predicar virtudes que no practica. Sus declaraciones redundan en clichés y lugares comunes de la jerga tecnocrática cual “reingeniería de Estado”, “válvulas de salida democráticas” o “radicalismos retrógrados” y no ha perdido su estilo de simplificar en oposiciones binarias la realidad (Estado de capricho vs. Estado de derecho, radicalismo vs. Bienestar, elección vs. Presión); en instalar eslóganes a plan de repetición (“Por Bolivia, para Bolivia, con Bolivia”; “la gente quiere votar por gente”); y en acudir a metáforas simplistas para pretender “explicar” sus posiciones (“hacer leña del árbol caído” o “son lo mismo partidos y gremios que equipos de fútbol”, etc.).
CÁLCULO HASTA EL FIN
Pero Quiroga se mantiene fiel a su formación ortodoxa liberal. El cálculo es parte estructural de su vida y su “relanzamiento” electoral es tan espontáneo como las veces que cruza las piernas durante una entrevista o habla de perfil a la cámara.
La intención de fondo de estas precipitadas elecciones fue conjurar la amenaza que para la derecha conservadora y el capital transnacional representaba la Constituyente y Quiroga es coherente con la consigna de sus patrocinadores de proyectar la Asamblea Constituyente como una amenaza.
Lo más claro es su propuesta de eliminar los riesgos sociales de la Constituyente por una “reingeniería de Estado” y en esa lógica, minimiza las demandas sociales a simples “inquietudes”, anteponiendo su proyecto de necesidad de una “reingeniería del Estado” al de refundación del Estado.
QUIROGA APUESTA AL OLVIDO
Pese al enorme esfuerzo que le significó a La Razón y a Quiroga mantener fuera de discusión los temas neurálgicos del país que pudieran hacerle entrar en contradicción, sus declaraciones permiten ver que la imperiosa necesidad de proyectarse como “limpio” y “nuevo” le hacen entrar en contradicción con los hechos.
Quiroga se ufana de no haber formado parte del gobierno de Sánchez de Lozada y socarronamente dice “a diferencia de otros, no fuimos parte del gobierno de derecha de Gonzalo Sánchez de Lozada, no hicimos alianzas” y agrega “la gente no tiene amnesia”, pero olvida (o pretende hacerlo) que en 2002, cuando aún era Jefe Nacional de Acción Democrática Nacionalista (ADN), instruyó que sus cuatro diputados y un senador votaran para hacer a Sánchez de Lozada presidente.
Además, incide en que es un “hombre de estado antes que del mercado”.
“Muchos quieren personificar a Quiroga, y entiendo por qué, como el símbolo del mercado. En época de crisis y de guerra vale más el Estado que el mercado”, dijo. Como prueba de ello refiere que el año que estuvo en la presidencia el Estado creó 60.000 empleos y abrió mercados en EEUU para dos terceras partes de la exportación de La Paz; lo que Quiroga omite es que en vísperas de su despedida presidencial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas informó que Bolivia seguía siendo, un año más, el país más pobre de Sudamérica, con un crecimiento económico de sólo el 1,2% y un PIB por habitante de 1.000 dólares anuales.
SUS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
Tuto es cauto en no personificar al enemigo ni elogiar abiertamente a sus potenciales aliados, pero hace una descalificación estructural de las demandas populares como un “estado de capricho” y una pontificación de quienes allanaron el camino a su repostulación a la Presidencia, imposible de no haberse vulnerado la Constitución.
Por el contrario, no hubo críticas al Parlamento – cómo podría haberlas – ni reproche alguno a Carlos Mesa, ni aún tras la sugestión de que se equivocó en la política marítima de “gas por mar”. A momento de ser consultado sobre el tema de gas por Chile dijo: “Es muy fácil criticar, pero lo que se hizo ya se hizo y hay que mirar al futuro”; y ponderó la modificación del artículo 93 de la CPE como “una salida que respeta la democracia”.
Esta “selección” de amenazas y oportunidades, explica el operar de su bancada durante la aprobación de las elecciones generales y expone a quienes “trabajaron” en consolidar una modificación a la Constitución que es esencia es la Ley 2410 De necesidad de reforma a la Constitución, propuesta por el mismo Quiroga, en agosto de 2002, cuando asumió como Presidente de la República.
Jorge Quiroga Ramírez, Subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional del Ministerio de Planeamiento del MIR (1990); Ministro de Finanzas del MIR (1992); Gobernador del Banco Mundial y el FMI (1992); vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, el “dictador elegido” (1997) y Presidente de la República a su muerte (2001), ha regresado a la política y pretende ser la “tercera vía”. Su objetivo es encarnar “un Estado de Derecho que ayude a los pobres y atienda a los desprotegidos”; su estrategia es apostar a la amnesia y el olvido.




LA GUERRA ANTIDROGAS DE EU NO LOGRA DETENER EL TRÁFICO

A pesar de los 5 mil 400 mdd que se han gastado desde 2000, el cultivo de coca en los Andes no ha decrecido y los precios en Estados Unidos se mantienen bajos. Hay más dinero sobre la mesa

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

Economist Intelligence Unit /The Economist
WASHINGTON. El gobierno del presidente George Bush y sus aliados en el Congreso se disponen a renovar un plan para la erradicación de droga en Latinoamérica a pesar de algunas noticias tristes: el gasto de 5 mil 400 mdd que se ha venido realizando desde 2000 no ha hecho mella en la venta callejera de cocaína en Estados Unidos, ni en los precios, siempre bajos.
Las cifras publicadas por Naciones Unidas en junio muestran que el cultivo de coca en la región andina se incrementó 2% en 2004, ya que los decrementos en Colombia se empantanaron por el incremento masivo en Perú y Bolivia. El Servicio de Investigación del Congreso dijo la semana pasada que los esfuerzos antidrogas no han tenido ''ningún efecto'' en el precio o pureza de las drogas en Estados Unidos.
Los datos han impulsado el escepticismo del Congreso, donde los grupos conservadores han unido esfuerzos para cabildear contra la continuación del financiamiento. El Sindicato Nacional de Contribuyentes calificó de ''trabajo inútil'' el programa antidroga.
Sin embargo, un comité de la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada los 735 mil 500 mdd que pidió el gobierno para 2006, como parte de un programa de ayuda a otros países. El debate sobre esta iniciativa empezó hace unos días. Con la visita este año del presidente Alvaro Uribe de Colombia, aliado fiel de Estados Unidos, el presidente Bush podría dar a conocer un nuevo compromiso de larga duración hacia los esfuerzos antidrogas de Sudamérica.
''Vamos en la dirección correcta y estamos ganando'', dijo el zar federal antidrogas, John P. Walters, al Congreso el mes pasado.
El Plan Colombia, un esfuerzo de seis años de Washington y Bogotá para eliminar el tráfico de drogas, los más de 40 años de conflicto armado contra los rebeldes, así como la promoción de reformas económicas y legales en dicho país, expira este año. La administración de Bush desea continuarlo, afirmó un funcionario del Departamento de Estado.
''Es cosa de ajustar tácticas y recursos'', afirmó el funcionario. ''De nuestra parte no hay ninguna inclinación a rendirse sólo porque es una tarea difícil." Las negociaciones con Bogotá sobre los detalles de un programa heredero del Plan Colombia empezarán el próximo mes, declaró.
El gobierno y algunos funcionarios del Congreso afirman que el Plan Colombia ha tenido éxito notable. Los asesinatos, las masacres y otros ataques relacionados con el tráfico de drogas han bajado de manera importante desde 2002, y los secuestros se han reducido a la mitad, según cifras del Ministerio de Defensa de Colombia, aun cuando este año se ha visto el resurgimiento de la violencia.
La erradicación de los sembradíos y las prohibiciones de las drogas limitan las ganancias de los paramilitares derechistas y de los rebeldes izquierdistas, informó Walters al Congreso el mes pasado. Añadió que ''la producción de cocaína en los Andes ha bajado 29% desde 2001, y la cosecha de opio de Colombia bajó a la mitad de 2003 a 2004''. Sostuvo que la razón de que el precio y la disponibilidad no se hayan afectado es el retraso de seis meses a un año desde que se cosecha la coca y el tiempo hasta que la cocaína se encuentra disponible en las calles de Estados Unidos.
Los reportes ponen en duda la evaluación del gobierno. Si bien la producción de cocaína cayó 11% en Colombia en 2004, se elevó 23% en Perú y 35% en Bolivia, según el informe de la Oficina de Drogas y Delitos de Naciones Unidas. En total, el cultivo de coca en la región se incrementó 2%, afirma el estudio de la ONU.
''Los números (de Naciones Unidas) son devastadores'', dice Adam Isacson, del Centro de Políticas Internacionales, el cual ha planteado que las campañas de erradicación deben acompañarse de esfuerzos de desarrollo en gran escala, que ofrezcan a los campesinos modos de subsistencia alternativos. ''Rociar las cosechas, cuando no se acompaña de ningún desarrollo alternativo, no parece desanimar (a los que cultivan la coca) de intentarlo de nuevo, porque no hay muchas buenas alternativas allá afuera'', dijo Isacson.
La respuesta de los campesinos ha sido plantar más coca, la cual esconden bajo los árboles y entre otras cosechas. También se han vuelto hacia variedades que producen mayor ganancia, afirma el reporte de las Naciones Unidas.
Sea que los esfuerzos antidroga prosperen o no, el presupuesto de ayuda estadunidense a otros países está bajo nuevo escrutinio, en particular porque la guerra de Irak cuesta más de 4 mil mdd al mes y se perfila ya un défict de 379 mil mdd para 2006. Colombia, quinto receptor de ayuda estadunidense después de Irak, Israel, Egipto y Afganistán, podría convertirse en blanco de recortes.
El Servicio de Investigación del Congreso estima que el Departamento de Estado y el de la Defensa han gastado en la Iniciativa Andina Contra las Drogas 5 mil 400 mdd desde 2000. A pesar de que el programa apoya los esfuerzos de Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Panamá y Venezuela, Colombia ha recibido la mayor parte del dinero, cerca de 4 mil 500 mdd. ''Si bien ha habido progresos perceptibles en la seguridad interna de Colombia, como indica el decremento de la violencia, y en la erradicación de cosechas, no se ha visto ningún efecto en el precio, la pureza y la disponibilidad de cocaína y heroína en Estados Unidos'', afirma el reporte de la agencia. Agrega que Colombia no está cerca de poner punto final a las décadas de conflictos armados.
La semana pasada, el conservador Sindicato Nacional de Contribuyentes exigió que el programa se reduzca o se anule. ''De acuerdo con los resultados comprobables, la efectividad del Plan Colombia es dudosa'', expresó Paul Gessing, director de asuntos gubernamentales de este grupo antimpositivo. ''Es un desperdicio para los contribuyentes."
También los liberales argumentan que el programa es un desperdicio. James P.McGovern, representante demócrata de Massachussetts, planea sugerir una reforma al programa de ayuda a otros países que recortaría 100 millones al apoyo militar y de seguridad que Estados Unidos brinda a Colombia.
Un antiguo consejero de políticas del gobierno estadunidense, el cual habló a condición de conservar el anonimato por miedo a que lo excluyeran de las discusiones sobre políticas, estuvo de acuerdo con muchos de los críticos. ''Es una completa pérdida de dinero'', consideró. ''Nos tendríamos que preguntar, ¿por qué estamos en Colombia?" Y añadió: ''El punto no es cuánto producen ellos o cuánto erradicamos nosotros, el punto es: ¿hay suficiente oferta para satisfacer la demanda? (en Estados Unidos), y siempre hay... Los traficantes siempre están un paso adelante de nosotros."