BOLIVIA INVESTIGA LA MUERTE DE TRES INDOCUMENTADOS

La Fiscalía de Oruro solicitará a la justicia chilena la entrega de antecedentes respecto del hallazgo de los cadáveres

BOLIVIA INVESTIGA MUERTE DE TRES INDOCUMENTADOS EN FRONTERA CHILENA

Los cuerpos fueron encontrados en el hito 18 vestidos con ropa de buena calidad. Estaban semienterrados, boca abajo, y tapados con paja y piedras. Dos de ellos registran cinco impactos de bala en el tórax y la espalda.

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

La Fiscalía del Ministerio Público de Oruro en Bolivia abrió el sábado una investigación por el hallazgo de tres cadáveres de sexo masculino en Chiriguaya, localidad altiplánica ubicada a la altura del hito 18 en la provincia de Parinacota de la Primera Región. En contacto con La Tercera, el fiscal de Materia de la División de Homicidios de la Policía Técnica Judicial de esa ciudad boliviana, José Calle López, confirmó que dispuso que la policía informe sobre los registros de personas bolivianas desaparecidas en los últimos meses, para determinar si algún caso coincide con la aparición de los tres cuerpos.
Asimismo, el abogado requerirá formalmente a un juez cautelar boliviano que envíe un exhorto al Juzgado de Garantía de Arica, para que gestione la entrega de antecedentes sobre este caso ante el Ministerio Público de esta ciudad. "Existe un convenio entre las dos instituciones homólogas, por lo que esta será la segunda vez que trabajemos juntos. La vez anterior fue el homicidio del agricultor iquiqueño Wilson Mamani, cuyos homicidas están detenidos en el penal de Oruro, a la espera de su extradición", señaló Calle.
El fiscal no descarta trasladarse hasta Arica para sostener un contacto directo con su símil chileno Fernando Pinto, quien está a cargo de esclarecer este triple homicidio.
Delito común
Para Calle este tipo de delitos no resulta un hecho inusual en la frontera con Chile. Según menciona, tiene a su cargo al menos diez casos de personas muertas en similares circunstancias, que ni siquiera han podido ser identificadas. Mencionó que incluso hay algunos que presentan impactos de balas calibre 22, el mismo tipo encontrado en los tres cadáveres en Chiriguaya.
"Hay casos de quitadas de droga, contrabando y asaltos. Estos delitos son más comunes de lo que se piensa en la frontera nuestra. Es por eso que la policía boliviana ha dispuesto patrullajes permanentes, pero muchas veces la falta del elemento humano y de recursos económicos escasean y hacen imposible cubrir todos los sectores", expresó.
A raíz de que existe la posibilidad de que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Arica realice un examen de huellas dactilares a los occisos, el fiscal Calle señaló que esta información también podría ser contrastada con los registros que tiene el Instituto de Investigaciones Forenses en Bolivia.
Bien vestidos
Un hecho que llamó la atención del fiscal Fernando Pinto es la calidad de las vestimentas que tenían los tres cuerpos. "Estaban bastante abrigados, con poleras, polerones y chaquetas de buena calidad. Esta es una materia que investigaremos para saber si es posible determinar los sitios de adquisición de las ropas, lo que podría darnos la pista de su nacionalidad", afirmó.
El informe pericial entregado por la Brigada de Homicidios indica que sólo dos de los occisos estaban juntos. El tercero fue hallado a 12 metros de distancia. Los tres estaban semienterrados, boca abajo, y tapados con paja y piedras. En total, dos de los cuerpos registran cinco impactos de bala en el tórax y la espalda. En los alrededores fue encontrada munición de calibre 22.
Hoy se realizará la autopsia a los tres cadáveres para determinar la causa de muerte y la cantidad de proyectiles que recibieron en sus cuerpos. También se efectuará un peritaje dactiloscópico para establecer si sus huellas corresponden a chilenos.
Indagan nexo con crimen de carabinero
La Fiscalía del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones de Arica, investigarán si existe un nexo entre la aparición de los cuerpos de tres hombres baleados y el crimen del sargento segundo de Carabineros, Edinson Hernández Oñate (40) el 12 de septiembre del año pasado.
Si bien hasta ahora el fiscal Fernando Pinto no tiene una hipótesis clara sobre el caso, existen dos coincidencias entre ambos hechos policiales. La primera de ellas es el sector donde se registraron los crímenes, ya que en los dos casos la zona corresponde al caserío de Chiriguaylla, ubicado 25 kilómetros al suroeste del Complejo Fronterizo Chungará. Además, los sitios donde ocurrieron los hechos sólo distan a 8 kilómetros.
La segunda similitud es que todos los occisos presentan impactos de bala calibre 22 milímetros y que los tiros fueron percutados a larga distancia. Se presume que el armamento podría corresponder a escopetas, las que son utilizadas habitualmente por cazadores furtivos de vicuñas en esa zona altiplánica.
El pastor Eleuterio Mamani, lugareño que encontró el jueves pasado los restos humanos, señaló a Carabineros de la Tenencia Chungará, que primero halló una mochila con ropa de abrigo cerca de los cuerpos. Posteriormente advirtió que en un sitio se asomaban dos cabezas, por lo que huyó corriendo, pensando en que podía ser asaltado. A raíz de que no se registró ningún movimiento, Mamani se acercó al lugar, donde detectó los tres cadáveres.



AUTOPSIA ES CLAVE EN CASO DE TRIPLE MUERTE

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Con la autopsia de rigor a los tres cadáveres encontrados en la frontera con Bolivia se podrá contar hoy con mayores antecedentes para determinar la data de muerte y posibles identidades de los sujetos que fueron encontrados por un pastor en el sector de Chiriguaylla y que se presume serían bolivianos.
El sitio del suceso está ubicado a 25 kilómetros al suroeste del complejo fronterizo Chungará en las inmediaciones de la Quebrada del Muertito.
DILIGENCIAS
Los tres muertos fueron traídos el sábado desde la frontera con Bolivia por los efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Arica.
Luego de los primeros peritajes ellos detectaron que dos de los tres cuerpos presentaban varios impactos de bala, calibre 22 milímetros.
En cuanto a las edades de los sujetos estarían entre los 35 a 40 años con una supuesta data de muerte de cerca de un mes. Los cadáveres estaban semienterrados, acostados boca abajo, uno junto al otro. De ellos, dos estaban con chaquetas azules y el otro usaba pantalón naranja.
Ayer, el fiscal a cargo del caso, Fernando Pinto, señaló escuetamente que no se cuenta todavía con mayores antecedentes para aclarar el puzzle policial.
El fiscal indicó sí que las víctimas no portaban documentación y que los restos estaban en etapa de descomposición.
Sin embargo, la policía hará un peritaje de huellas dactilares a los restos porque los cuerpos presentan piel en sus manos para de esa manera poder chequear si estas huellas figuran en las fichas técnicas de Chile y establecer la posible identidad de los tres sujetos.
El fiscal informó que hoy se realizará la autopsia correspondiente a los cuerpos que fueron traídos la noche del sábado hasta el Servicio Médico Legal de Arica.
HIPOTESIS
Con la revelación que dos de ellos murieron por impactos de bala, se descartó la primera teoría que habrían muerto por hipotermia y ahora se piensa en un ajuste de cuentas entre bandas de narcos o una “mexicana” (quitada de drogas) ya que el sector es propicio para ser usado por los llamados “burreros” que ingresan sus cargamentos de droga por pasos no habilitados.
Sin embargo, Carabineros ha realizado patrullajes por la zona para detectar sustancias ilícitas enterradas o armas, pero nada de eso ha sido reportado.
ASESINATO
Otra de las teorías que se estaba manejando era que estas personas que fueron encontradas semienterradas, habrían tenido participación en la muerte de un efectivo de Carabineros de dotación del Retén del Complejo Fronterizo Chungará, hecho ocurrido el 12 de septiembre del año pasado en el caserío de Chiriguallya, ubicado al suroriente del Lago Chungará y a 220 kilómetros al este de Arica.
El uniformado murió tras enfrentarse a balazos con desconocidos, cazadores furtivos, quienes antes de ello asaltaron a un ciudadano boliviano.
El carabinero era el sargento segundo Edison Hernández Oñate, de 41 años, quien llevaba cerca de 20 años de servicio en la institución, casado, 3 hijos.
En aquella ocasión se informó que un ciudadano boliviano habría sido objeto de un asalto por parte de dos desconocidos quienes en una zona del altiplano chileno lo amenazaron con sendas escopetas.
Tras el atraco, el boliviano se dirigió hacia el Complejo Chungará, donde dio cuenta de los hechos a dos carabineros, uno de ellos era el sargento Hernández. Tras ir en captura de los sujetos, el carabinero que lo acompañaba resolvió ir a buscar refuerzos y dejó sólo a Hernández, quien resultó ultimado.



GOBIERNO IMPORTARÍA GAS DOMÉSTICO A BAJO PRECIO DE BOLIVIA Y ECUADOR

CONTRASENTIDO • El Perú produce y exporta, sin embargo el Ministerio de Energía y Minas busca importar combustible de países fronterizos. Envasadores venden balones de gas por encima de S/. 27 a distribuidores.

La República de Perú (www.larepublica.com.pe)

Mientras que en el país se busca rebajar el precio del gas doméstico, dada nuestra condición de productor y exportador, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) evalúa importar ese combustible de Bolivia y de Ecuador para obtenerlo más barato.
El titular del MEM, Glodomiro Sánchez, refirió que el gobierno peruano sostuvo conversaciones con las autoridades de Bolivia y Ecuador con la finalidad de evaluar la posibilidad de obtener de ambos países gas licuado de petróleo (GLP) en las zonas de frontera a precios reducidos.
Dijo que se trabaja en esta propuesta y en las próximas semanas habrá reuniones para evaluar este proyecto. Sobre la reducción del balón de gas de 10 kg., dijo que el Ejecutivo eliminó el arancel y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
“Los envasadores manifiestan haber cumplido con rebajar el precio, no así los distribuidores quienes de alguna manera frenan la reducción. Hacemos un llamado para que se pueda cumplir el compromiso que se asumió en el Congreso de la República”, comentó.
De otro lado, reiteró que se coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que se pueda incrementar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles en S/. 40 millones adicionales.
Envasadores venden caro
1. Tanto envasadores como comercializadores se sortean la responsabilidad de que la rebaja del precio del gas doméstico o gas licuado de petróleo (GLP) no se traslade al usuario.
2. En un breve sondeo que realizó La República, pudo notar que las distribuidoras se niegan a revelar el precio al por mayor, como si se tratase de un secreto de Estado.
3. Sin embargo, una vendedora de Vita Gas de un establecimiento ubicado en Chorrillos refirió que paga al envasador S/. 27.50 por un balón de gas. Caso similar es de la Distribuidora Miraflores que reparte Solgas y Limagas que compra el balón de gas a S/. 29.50 para luego venderlo a S/. 31.00
4. Esta cifra difiere de lo que sostienen las empresas envasadoras, que el precio de venta a un distribuidor oscila entre los S/. 24.50 y S/. 25.50, según dijeron en la Comisión de Proinversión del Congreso el pasado viernes 15 de julio.



Los precios de importación serán reducidos
GOBIERNO ANUNCIA POSIBLE COMPRA DE GAS DOMÉSTICO A PAÍSES VECINOS
La polémica sobre los altos costos del Gas Licuado de Petróleo (GLP) continúan. Mientras tanto, el titular del sector anunció una medida que paliaría en algo este inconveniente.

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

Durante las próximas semanas el ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez, se reunirá con sus pares de Ecuador y Bolivia, para evaluar la posibilidad de que el Perú compre Gas Licuado de Petróleo (GLP) de estos dos países en la zona de frontera a precios reducidos.
“Venimos trabajando en este tema y hemos acordado tener reuniones en las próximas semanas”, manifestó. Así mismo, señaló que existe el compromiso de seguir trabajando y coordinando con el país altiplánico la integración gasífera. Sobre este aspecto, el viceministro de Energía, Juan Miguel Cayo, anunció que volverá a reunirse con los viceministros de Energía de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay los próximos 18 y 19 de agosto en Montevideo para continuar trabajando en este tema.
El fondo
De otro lado, el ministro reiteró que se coordina con el Ministerio de Economía para que se pueda incrementar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles en S/. 40 millones.
Además, aseguró que en la eventualidad de que el precio del petróleo llegara a niveles sumamente elevados, se puede en cierto momento estudiar la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).El ministro reiteró la necesidad de orientar el consumo de combustibles hacia el gas natural, ya que éste es 8.4 veces menos contaminante respecto del diesel 2. En ese sentido, consideró positiva la publicación de la Resolución Directoral que autoriza a la Refinería La Pampilla a comercializar diesel 2 con 500 partes por millón de azufre, 10 veces menos que el límite actual de azufre y 20 veces menos que el límite anterior.
El dato
Según el ministro, la refinería de Talara, de Petroperú, para disminuir el contenido de azufre en el diesel necesita una inversión de US$ 250 millones, y en el caso de La Pampilla (Repsol), US$ 350 millones.



EL GOBIERNO SEGUIRÁ ANALIZANDO EL GASODUCTO DEL NORDESTE

Julio De Vido viajará a Santa Cruz de la Sierra,Bolivia, para reunirse con el ministro boliviano, Jorge Dumm. El acuerdo entre ambos países para la industrialización del gas, beneficiaría a varias provincias argentinas, entre ellas, Chaco.

Diario Primer Línea de Argentina (www.diarioprimeralinea.com.ar)

El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ministro de Energía de Bolivia, Jorge Dumm, seguirán analizando el miércoles en Santa Cruz de la Sierra la viabilidad del gasoducto del nordeste (GNEA) y la posibilidad de que Argentina transfiera al país vecino su know-how sobre industrialización de gas.
Ese encuentro que debía realizarse el 21 de julio en Buenos Aires, por razones de agenda y por pedido del ministro Dumm, se realizará esta semana en la mencionada ciudad boliviana.
Argentina importa actualmente desde Bolivia unos 6,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, y busca acordar una ampliación de los despachos del combustible -en unos 20 millones de metros cúbicos diarios- para viabilizar el proyecto del gasoducto del noreste argentino (GNEA).
En esa línea, el pasado jueves en el marco de la Reunión del Grupo Río, realizada en Buenos Aires, el ministro De Vido y el canciller boliviano, Armando Loaiza Mariaca, evaluaron los planes para incrementar esas importaciones, y reimpulsar la construcción del gasoducto demorado a raíz de la crisis política de Bolivia.
"Lo que más le interesó a la delegación boliviana es la posibilidad de que Argentina transfiera su know-how sobre el proceso de industrialización del gas, en ítems como el tendido de ductos y el uso del GNC para autos", apuntaron participantes de ese encuentro.
En esa reunión también "ambas partes expresaron la voluntad de seguir adelante con la construcción del gasoducto del Nordeste", pese a las dificultades políticas que lo vienen demorando, indicaron esos informantes. La reunión entre De Vido y Dumm se producirá tres días después que la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las petroleras que operan en ese país, expresará a la prensa sus dudas respecto de que Bolivia pueda aumentar sus exportaciones de gas.
"Si Bolivia suscribe nuevos contratos, ya sea con Argentina u otro país, la exportación se tendría que dar a costa de las exportaciones ya comprometidas a Brasil o a costa de la provisión de gas natural para el mercado interno", señaló el gerente de comunicaciones de esa institución, Carlos Alberto López.
El dirigente en una entrevista que publicó ayer el diario paceño La Razón responsabiliza a la nueva Ley de Hidrocarburos por la falta de inversiones que experimenta el sector tras su promulgación.
"El problema es la Ley de Hidrocarburos, que es confiscatoria e inviabiliza el desarrollo y futuro de la industria petrolera. Es como querer vender pan cuando no se tiene harina", añadió López.
El diario señala que en 1995 la inversión en exploración apenas llegaba a 69,81 millones de dólares y en tres años alcanzó los 374,56 millones de dólares. En tanto que la inversión en explotación pasó de 43,43 millones a 230,25 millones de dólares.
Las inversiones en 2004 cayeron a 428,53 millones de dólares, es decir, de un 70,85 por ciento, añade la publicación, y siguen en esa tendencia.



El ministro Julio De Vido viaja a Bolivia

APURAN PROYECTO DEL GASODUCTO NORDESTE

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ministro de Energía de Bolivia, Jorge Dumm, seguirán analizando el miércoles en Santa Cruz de la Sierra la viabilidad del gasoducto del nordeste (GNEA) y la posibilidad de que Argentina transfiera al país vecino su know-how sobre industrialización de gas.
Ese encuentro que debía realizarse el 21 de julio en Buenos Aires, por razones de agenda y por pedido del ministro Dumm, se realizará esta semana en la mencionada ciudad boliviana.
Argentina importa actualmente desde Bolivia unos 6,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, y busca acordar una ampliación de los despachos del combustible -en unos 20 millones de metros cúbicos diarios- para viabilizar el proyecto del gasoducto del noreste argentino (GNEA).
En esa línea, el pasado jueves en el marco de la Reunión del Grupo Río, realizada en Buenos Aires, el ministro De Vido y el canciller boliviano, Armando Loaiza Mariaca, evaluaron los planes para incrementar esas importaciones, y reimpulsar la construcción del gasoducto demorado a raíz de la crisis política de Bolivia. "Lo que más le interesó a la delegación boliviana es la posibilidad de que Argentina transfiera su know-how sobre el proceso de industrialización del gas, en ítems como el tendido de ductos y el uso del GNC para autos", apuntaron participantes de ese encuentro.
En esa reunión también "ambas partes expresaron la voluntad de seguir adelante con la construcción del gasoducto del Nordeste", pese a las dificultades políticas que lo vienen demorando, indicaron esos informantes. La reunión entre De Vido y Dumm se producirá después que la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las petroleras que operan en ese país, expresara a la prensa sus dudas respecto de que Bolivia pueda aumentar sus exportaciones de gas.
"Si Bolivia suscribe nuevos contratos, ya sea con Argentina u otro país, la exportación se tendría que dar a costa de las exportaciones ya comprometidas a Brasil o a costa de la provisión de gas natural para el mercado interno", señaló el gerente de comunicaciones de esa institución, Carlos Alberto López.



PARA DARLE MÁS GAS A ARGENTINA, BOLIVIA DEBERÍA CORTARLE A BRASIL

La Voz de Argentina (www.intervoz.com.ar)

El ministro de Planificación, Julio De Vido, se reunirá con el ministro de Energía de Bolivia, Jorge Dumm, en medio de una amenaza de las empresas petroleras de que enviar más gas a Argentina significaría quitarle a Brasil y al mercado interno. De Vido y Dumm seguirán analizando el miércoles próximo en Santa Cruz de la Sierra la viabilidad del gasoducto del nordeste y la posibilidad de que Argentina transfiera al país vecino su know-how sobre industrialización de gas.
Pero en este tema se mete la dura disputa de las empresas multinacionales con el Estado de Bolivia, que ha contribuido en los últimos meses a empeorar el clima político, al punto tal que ya dos ex presidentes renunciaron jaqueados por el problemas de los hidrocarburos: Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos Meza este año. Argentina importa actualmente desde Bolivia unos 6,5 millones de metros cúbicos diarios de gas y busca acordar una ampliación de esa cuota –en unos 20 millones de metros cúbicos diarios– para viabilizar el proyecto del gasoducto del nordeste argentino, que traerá gas desde Tarija hasta la ciudad de Santa Fe, pasando por Resistencia y aprovisionando a todo el nordeste argentino.
El pasado jueves, en el marco de la Reunión del Grupo Río, realizada en Buenos Aires, De Vido y el canciller boliviano, Armando Loaiza Mariaca, evaluaron los planes para incrementar esas importaciones, y reimpulsar la construcción del gasoducto.
Por su parte, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las multinacionales que operan en ese país, expresara sus dudas respecto de que Bolivia pueda aumentar sus exportaciones de gas.
La cámara agrupa a la española Repsol, la británica British Gas, la francesa Total Gas y la brasileña Petrobras. Su gerente de comunicaciones, Carlos Alberto López, dijo: “Si Bolivia suscribe nuevos contratos, ya sea con Argentina u otro país, la exportación se tendría que dar a costa de las exportaciones ya comprometidas a Brasil o a costa de la provisión de gas natural para el mercado interno”.
Sin embargo, solamente el 0,7 por ciento de la producción de gas boliviano es usado en el mercado interno, y nada más que el uno por ciento de los bolivianos tienen acceso al gas natural.
El dirigente responsabilizó a la nueva Ley de Hidrocarburos por la falta de inversiones que experimenta el sector tras su promulgación. “El problema es la Ley de Hidrocarburos, que es confiscatoria e inviabiliza el desarrollo y futuro de la industria petrolera”, añadió López.
Bolivia tiene la segunda mayor reserva de gas de Sudamérica —luego de Venezuela— y se calcula en 200 mil millones de dólares. La ley en cuestión anula los contratos petroleros firmados por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, recupera la propiedad del gas en boca de pozo para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y eleva los impuestos del 18 al 50 por ciento a las multinacionales. Estas, por su parte, enviaron el 8 de julio una carta al nuevo gobierno de Eduardo Rodríguez en la que manifiestan su deseo de iniciar negociaciones para renovar los contratos. Sin embargo, señalan que de no llegar a una conciliación “amigable” hasta el 8 de enero de 2006, optarán por iniciar procesos de arbitraje internacional invocando no sólo sus contratos iniciales, sino acuerdos de protección de inversiones.



Desde Bolivia
SIMPLE COMO UN ANILLO

Para convertirse en el verdadero diamante energético de Sudamérica, Bolivia necesita venderle gas a Chile. Los especialistas coinciden en que esto sería técnicamente más fácil, inmediato y barato que cualquier propuesta peruana.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

“Simple como un anillo”. Un verso de Neruda que hoy sirve tanto para describir la idea de aprovisionar a Chile con gas peruano, que es una astuta y directa manera de frenar los desplantes de Bolivia y Argentina; como para hacer una paradoja, porque ¿qué puede considerarse “simple” en el anillo energético?
El ex ministro boliviano de Hidrocarburos, Guillermo Torres, declaró al periódico “La Razón”, de La Paz, que la construcción del gasoducto Pisco-Tocopilla, de 2.500 kilómetros, exigía una inversión demasiado alta para el volumen de venta previsto, de 12 millones de metros cúbicos diarios. También dijo que el ex ministro de Energía del Perú, Jaime Quijandría, creía que Camisea no poseía suficientes reservas para abastecer, simultáneamente, al mercado interno, a México y a Chile. Por tanto, en opinión de Torres, dicho anillo es más una idea política que técnica.
El experto se inscribe así en lo que otro ex funcionario boliviano, Francesco Zaratti, colega suyo en el gabinete del derrocado Presidente Mesa, llama “la corriente paranoica” de las reacciones bolivianas frente al anillo. Los “paranoicos” piensan que éste es ilusorio, una estrategia de las empresas petroleras para forzar a Bolivia a vender gas a Chile (a fin de cerrarle el paso al Perú), e incluso una estrategia para moderar la radical reforma boliviana de la industria petrolera, actualmente en plena marcha.
En el extremo opuesto, señala Zaratti, se encuentra la “corriente catastrofista”, compuesta por quienes creen a pie juntillas el anuncio de que la red de gasoductos que partirá de Camisea no sólo le quitará a Bolivia el mercado chileno (que Bolivia no quiere atender), sino también sus actuales ventas en Argentina y Brasil. “Ven, a esto nos han llevado los irresponsables que asedian a las empresas petroleras: lo perderemos todo”, dicen los catastrofistas, en general defensores del anterior y muy abierto modelo de administración del gas. En medio de estas dos corrientes, Zaratti y otros creen que Bolivia debe ser “el diamante del anillo”, e incluso “la señora de los anillos”, en alusión a la saga de Tolkien. Sus reservas de más de 50 trillones de pies cúbicos (tres veces las de Camisea) parecen autorizar este optimismo. O en todo caso, desmentir la posibilidad de que el país andino pierda a Brasil y a la Argentina por culpa del más lejano y escaso gas peruano. Sin embargo, para convertirse en el verdadero diamante energético de Sudamérica, Bolivia necesita venderle gas a Chile. Los especialistas coinciden en que esto sería técnicamente más fácil, inmediato y barato que cualquier propuesta peruana. El gobierno del Presidente Eduardo Rodríguez estuvo haciendo preguntas al respecto, y una de las sugerencias que recibió fue habilitar el oleoducto que comunica a Bolivia con Arica, mediante una inversión de apenas tres millones de dólares, para enviar a Chile suficiente gas para satisfacer las necesidades del norte, y dejar al Perú en la estacada. Tan simple como un anillo. Pero políticamente imposible, como van las cosas hoy en Bolivia.



REESTABLECER LA CONFIANZA CON BOLIVIA

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

DOS HECHOS OCURRIDOS la semana pasada dan cuenta de cómo es posible avanzar en el afianzamiento de los vínculos entre Chile y Bolivia. Con la presencia de los ministros de Defensa y jefes del Ejército de ambos países, comenzó el jueves la desactivación de 4.400 minas en la frontera altiplánica y los ministros de RREE programaron la agenda bilateral que se abordará en una reunión de expertos en La Paz, el 8 y 9 de agosto. Se trata de acciones que hacen efectiva la tarea inexcusable de establecer medidas de confianza mutua, para permitir adentrarse en la enorme agenda común de colaboración de cara al futuro de ambas naciones. Hay que persistir en el avance en materias comerciales, de cooperación técnica, infraestructura, lucha contra el tráfico de estupefacientes y mercancías, diálogo cultural y turismo, entre otras.
En la medida en que ambos pueblos puedan recibir beneficios concretos de progreso en estas áreas se podrá continuar abordando materias de mayor complejidad. Pero en ningún caso debe interrumpirse el diálogo y canalizar siempre los conflictos por los mecanismos establecidos. Es preciso también que los liderazgos de ambos países no permitan que las escaramuzas internas distraigan la tarea principal.
La reunión de expertos, dentro de dos semanas, se verificará justo a un año del encuentro en la capital boliviana de la reunión de los subsecretarios de RREE. Será posible constatar cuánto más se pudo avanzar y la necesidad de remontar en los temas que muestran más rezago.
Una acción realista, sustentada en la buena voluntad, permitirá que chilenos y bolivianos seamos capaces de superar -al inicio del siglo XXI- los factores que entrampan una integración más efectiva.




PREGUNTAS A JORGE QUIROGA RAMÍREZ

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Lanzarse a una candidatura, sobre todo presidencial, significa responder por lo bueno y malo que se hizo en la vida política. No es positivo iniciar una campaña con medias verdades y medias mentiras. En ese contexto, el ex Presidente Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) indicó que él y su ex Partido, Acción Democrática Nacionalista (ADN), fueron opositores a Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), cuando este desmanteló, en su primer mandato (1993-1997), al Estado Nacional, liquidó a las empresas estratégicas y se llevó a un Banco de las Bahamas el 50 % de las acciones de las empresas capitalizadas.
Prominentes 'adenistas', como el ex canciller Ronald Maclean Avaroa, hicieron suya la política 'gonista', de la que se benefició como Director de la Empresa Minera Inti Raymi (International Mining). Altos personeros de ADN integraron e integran los directorios de las 'capitalizadas'. Sin embargo, lo esencial es saber por qué Quiroga Ramírez, si consideraba nefasta a la 'capitalización', no la anuló o modificó durante los cuatro años que acompañó a Hugo Bánzer Suárez como vicepresidente y responsable de la política económica del gobierno , o en el año ocupó la primera magistratura del país. Lo que hizo fue guardar persistente silencio frente a los irregulares manejos de Yolanda Prada de Bánzer y su entorno en la Aduana y en licitaciones de obras públicas.
En diciembre de 1996, Bánzer, Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), y Carlos Palenque Avilés, de Conciencia de Patria (CONDEPA), acordaron públicamente revertir la 'capitalización' e impedir la desaparición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Estas medidas debían ser ejecutadas por el candidato triunfante, con el respaldo de sus dos aliados. Banzer Suárez y Quiroga Ramírez no sólo que no frenaron el proceso neoliberal, sino que lo agravaron con la venta de las refinerías estatales de petróleo, a precios vergonzosos. Esto ocurrió después que CONDEPA salió de la coalición oficialista, en agosto de 1998. Antes convocó a movilizaciones populares en contra de la liquidación de YPFB y de los ferrocarriles estatales.
Entre 1997 y 1998, diputados de CONDEPA, como Eduardo Paz Rada y Andrés Soliz Rada, presentaron un rechazado proyecto de ley a fin de consolidar la propiedad de los bolivianos sobre las acciones de las 'capitalizadas', con el propósito de utilizar sus beneficios en la vertebración caminera del país. El senador Carlos García Suárez, también de CONDEPA, hizo aprobar una resolución camaral a fin de rectificar la desaparición de las empresas públicas. Pero la coalición ADN, MIR y Unión Cívica Solidaridad (UCS), impidió que el modelo fuera tocado en sus mínimos detalles. Los ex ministros Ramiro Cavero, José Luis Lupo, el superintendente de Pensiones, Pablo Gottret, todos de ADN, y el diputado del MIR, Jorge Torres, impusieron, con el apoyo del MNR, y el desacuerdo de CONDEPA, la Ley de Participación y Crédito Popular (PCP), por la cual la transferencia de acciones de los bolivianos a las AFPs se tornaba irreversible. Esa disposición ratificó elcarácter reservado del proceso de capitalización, al elevar a rango de Ley el decreto 'gonista' No. 24504, de 21 de febrero de 1997.
Entre agosto de 2001 y agosto de 2002, Quiroga Ramírez, como Presidente de la República, pudo recuperar las parcelas no perforadas por las petroleras, en cumplimiento de la anterior Ley de Hidrocarburos. En lugar de ello, dictó el decreto 26366, de 4/10/01, ratificando la ilegalidad. Designó como Ministro de Desarrollo Económico a Carlos Kempff Bruno, integrante del Directorio de 'Transredes' (Enron-Shell) , con quien coordinó el seudo proyecto de venta de gas a EEUU, cuando el propósito era venderlo a las transnacionales mineras, asentadas en Chile, como la inglesa Rio Tinto Zinc, socia de GSL. Cuando Kempff Bruno dejó de ser Ministro retornó de inmediato a Transredes.
Sus colaboradores más cercanos se fueron a trabajar a organismos internacionales o en los directorios de AFPs, a la espera de volver, otra vez, a ministerios y cargos claves del aparto estatal. Quiroga Ramírez, socio del Banco Mercantil, propició el ingreso de la transnacional 'Suez' para privatizar la distribución de agua potable en las ciudades de La Paz y El Alto. Dice defender la soberanía nacional cuando ataca al Presidente Hugo Chávez por opinar sobre Bolivia. ¿Alguien escucho al ex Presidente y candidato repudiar la ingerencia de EEUU en los asuntos internos del país? Por: Andrés Soliz Rada.



BOLIVIA Y EL RECURSO DEL GAS: OPORTUNIDAD HISTÓRICA Y DESAFÍO PRESENTE (PARTE I)

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

IntroducciónPor: Gustavo Lahoud y Felicitas Torrecilla El objeto del presente informe es describir, comprender e interpretar el escenario de crisis político-institucional y económico-social en Bolivia en relación a la intensificación de la puja por la apropiación, manejo, control y acceso a los recursos gasíferos.
En efecto, la llamada cuestión del gas constituye, en la presente coyuntura, no sólo un instrumento de poder en virtud del cual un conjunto de organizaciones políticas y sociales conforman su agenda política, económica y social, sino también, el verdadero eje vertebrador de las disputas socio-políticas que -desde hace por lo menos dos años, después de la caída de Gonzalo Sánchez de Losada- se han intensificado, con el consecuente deterioro de la institucionalidad democrática y la mayor activación y radicalización política de importantes sectores sociales que reclaman participación activa en la definición de intereses que hacen, en sí mismos, al futuro de Bolivia entendida en términos de comunidad incluyente (1).
En tal sentido, a través de una metodología descriptiva-explicativa, intentamos comprender el por qué y el para qué de las acciones y motivaciones de los actores políticos y sociales (2) que, de hecho, son los protagonistas ineludibles del proceso político boliviano, en cuyo centro estratégico está la puja por el gas como recurso natural vital pero, junto a ello, se cruzan una serie de intereses que están vinculados al estado de crisis institucional crónica que el país está sufriendo desde hace décadas, todo lo cual se ha expresado en la emergencia de fuertes fracturas étnico-territoriales que han terminado por exacerbar viejos y no resueltos clivajes en torno a la distribución espacial-territorial del poder, el grado de desarrollo relativo de las distintas regiones geográficas del país, la asignación de recursos financieros y económicos en el marco de una estructura de poder centralista y unitaria y, finalmente, las propias capacidades extractivas y regulativas del Estado como representante, articulador y combinador de las demandas efectivas de las distintas comunidades regionales del país.
Por todo ello, se estima necesario encarar un cuidadoso trabajo de descripción e interpretación que ponga en juego las múltiples dimensiones del problema que es objeto de estudio, lo cual conlleva, en sí mismo, un esfuerzo metodológico y gnoseológico en términos de reconstrucción de sentido (3) del proceso político y social boliviano en torno al acceso, control y explotación del recurso estratégico del gas.
1. Breve resumen descriptivo de la crisis política boliviana
Frente a la creciente complejidad y dinamismo de la situación interna boliviana resulta difícil tener una perspectiva comprensiva del panorama social y político y de la red de intereses, de formas de concepción del poder y de legitimidades cruzadas y superpuestas.
Un breve análisis del cambiante y multifacético momento por el que está transcurriendo Bolivia podría ser enmarcado en el contexto del proceso político que se inició con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Losada en octubre de 2003. El ex presidente había resultado victorioso en las elecciones realizadas en junio de 2002, en las cuales se presentó con un partido histórico de Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuya trayectoria se remonta a la Revolución Boliviana de 1952. Carlos Mesa Gisbert, quien contaba con una larga carrera como periodista, completó la fórmula presidencial en 2002 por fuera del MNR, es decir, sin una estructura partidaria propia.
Antes de las elecciones, Gonzalo Sánchez de Losada se había desempeñado como Ministro de Planeamiento durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, un tradicional líder del MNR, aunque con un perfil diferente al que encarnaría su sucesor. Posteriormente accedió a la presidencia entre 1993 y 1997, período en el que completaría y consolidaría el proceso de profunda liberalización y reestructuración de la economía que tuvo comienzo con el paradigmático Decreto Supremo Nº 21060, emitido por Paz Estenssoro en 1985.
Las políticas que comenzaron a implementarse en 1985 y que terminarían de consolidarse entre 1993 y 1997, entre las cuales se encuentra la privatización de las empresas públicas y la transferencia al sector privado de la gestión de las áreas de servicios públicos, afectarían profundamente los sectores estratégicos de la economía, constituyendo la industria hidrocarburífera uno de los más notables ejemplos. La reestructuración de dicho sector fue articulada a partir de dos importantes leyes: la Ley Nº 1544 de Capitalización, que afectó a las seis principales empresas estatales bolivianas, y la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos. La política gasífera desarrollada desde 1997 al 2003, es decir durante el gobierno de Banzer-Quiroga y el segundo mandato de Sánchez de Losada, se caracterizó por una clara orientación exportadora, reflejada en el paradigmático proyecto de posible exportación de gas natural licuado (GNL) a la Costa del Pacífico de México y los Estados Unidos (Estado de California).
La elección política por la cual el desarrollo del sector gasífero se ha orientado al incremento de las exportaciones en el ámbito regional y extra-regional, ha implicado la postergación de una promoción planificada del consumo interno del gas, por una parte, y de un plan de industrialización del recurso en territorio nacional, por la otra. Esta situación se ve claramente reflejada en el sistema de transporte y distribución de gas natural al interior del país, en comparación con los gasoductos de exportación. Como bien señala el Dr. Andrés Soliz Rada, en 'El Mapa Vacío' (4), mientras el gasoducto al Brasil tiene una capacidad máxima de 30 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), la cual se piensa ampliar a más del doble de su capacidad, el que conecta a las ciudades de La Paz y Oruro, puede transportar un máximo de 0.4 MMm3/d.
Esta política extractiva y exportadora -que se manifestó tan claramente con la promoción del proyecto de exportación de GNL mencionado anteriormente durante la presidencia de Sánchez de Losada en la cual se iniciaron negociaciones con los gobiernos de Chile y Perú por la construcción del gasoducto de exportación y la planta de licuefacción- actuó como desencadenante de una cada vez más deteriorada situación social que en las regiones rurales del departamento de Cochabamba alcanzó su punto de mayor tensión con la campaña de erradicación de los cultivos de coca que constituían la fuente de subsistencia de una gran cantidad de familias campesinas y luego la concesión de los servicios de agua y alcantarillado de la ciudad de Cochabamba a la empresa Aguas del Tunari, cuyos manejos provocaron lo que se conoció como la 'guerra del agua'. Las masivas manifestaciones sociales de septiembre y octubre de 2003, que provocaron la renuncia de Sánchez de Losada el 17 de octubre de ese año, constituyeron el contexto del surgimiento de nuevas 'prioridades políticas', que Carlos Mesa debería atender una vez devenido presidente. Esta agenda incluía una serie de cuestiones que aún permanecen irresueltas, algunas por falta de acciones concretas y otras por la ausencia de un consenso respecto a las resoluciones tomadas. Entre las más importantes podemos mencionar la realización de un referendum vinculante sobre la futura política gasífera (recuperación de los recursos hidrocarburíferos, comercialización interna y externa del gas, industrialización del gas natural en territorio boliviano, abrogación del marco jurídico vigente), la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la demanda por mayor autonomía departamental y la elección directa de prefectos, que se realizará por primera vez el 4 de diciembre de 2005.
Si bien Carlos Mesa pareció demostrar un compromiso con los ejes políticos que surgieron de la crisis de septiembre-octubre de 2003 -posiblemente por la necesidad de generar un consenso mínimo ante la heterogeneidad de las fuerzas sociales interactuantes- con el tiempo las políticas fueron cada vez menos consecuentes con los propósitos y lineamientos establecidos entonces. En línea con ello, los sectores liderados por Evo Morales, así como otras organizaciones más radicales tales como la COB dirigida por Jaime Solares, la CSUTCB (Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia) con Felipe Quispe y la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales), entre otras, acusaron al gobierno de estar dando continuidad a los aspectos fundamentales de la política liberal de Sánchez de Losada y de no manifestar, asimismo, voluntad política de afectar los derechos adquiridos y las condiciones favorables reconocidas a las empresas en los años noventa durante el proceso la reestructuración del sector.
A pesar de la relativa irresolución de las cuestiones planteadas, en lo referido a la política hidrocarburífera se han tomado una serie de decisiones concretas que no cuentan con un consenso interno general. El 18 de julio de 2004, finalmente, se realizó un referendum que ya formaba parte del debate público durante la fallida gestión de Sánchez de Losada.
El referendum incluyó cinco preguntas referidas a la abrogación de la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos, la recuperación de los derechos de propiedad de los hidrocarburos a boca de pozo para el Estado boliviano, la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la recuperación estatal de las acciones de los ciudadanos bolivianos, la utilización del gas como un recurso estratégico para la negociación de una salida al Océano Pacífico -perdida en 1879 en la Guerra del Pacífico-, el apoyo a una política de exportación de gas natural que cubriera el consumo interno, fomentara la industrialización del recurso gasífero en territorio boliviano y cobrara impuestos por un valor no menor al 50% de la producción de los hidrocarburos. El 'Sí' fue mayoritario en cada una de las preguntas, en especial las tres primeras, y si bien es preciso destacar que no existió un consenso general sobre las características y potencial efectividad de esta medida, algunas organizaciones apoyaron el referendum bajo el supuesto de que el resultado favorable conduciría concretamente a la nacionalización de los hidrocarburos.
En mayo de 2005, fue aprobada luego de un largo debate la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, lo que a su vez conllevó la abrogación de la ley anterior cumpliendo así uno de los mandatos del referendum. La extensa discusión en el Congreso en torno al proyecto de ley sumó un elemento de complejidad a la ya difícil situación interna. El surgimiento de una serie de proyectos, entre los cuales se destacaron la propuesta oficial, la del Movimiento al Socialismo y la de la Cámara de Diputados, dieron cuenta de los intereses diversos de sectores en pugna, los cuales fueron además vinculados estratégicamente con la demanda autonomista de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija y los reclamos de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC).
Una vez acordados los puntos relacionados a la declaración del gas como recurso estratégico, la refundación de YPFB, el fomento de la industrialización en territorio nacional, entre otros, la discusión pública se centró en los aspectos impositivos de la nueva ley y en la forma de imposición a la producción hidrocarburífera en términos del porcentaje de regalías y de impuestos y de la naturaleza de estos gravámenes. Cabe mencionar asimismo que antes que la Cámara de Senadores del Congreso diera por aprobada la mencionada ley, el presidente Mesa dejó sin efecto el Decreto Supremo Nº 24806, emitido en los últimos días de la primera gestión presidencial de Sánchez de Losada, por el cual se transfería la propiedad de los hidrocarburos a boca de pozo a las empresas operadoras. Es preciso destacar, sin embargo, que como indica Andrés Soliz Rada esta medida no tiene efecto retroactivo y no afecta, en consecuencia, a los 78 contratos de riesgo compartido en su período de vigencia de 40 años. En forma paralela a la discusión sobre el proyecto de ley, el Congreso planteó la necesidad de revisar estos 78 contratos suscriptos por decreto del Poder Ejecutivo sin la previa aprobación del Congreso, bajo el marco jurídico de la Ley Nº 1689. El propio proyecto abrió una amplia discusión sobre la conversión obligatoria de los mismos a las nuevas modalidades de contratación, de acuerdo a lo indicado en el artículo 5 de la nueva Ley Nº 3058.
La actual ley de hidrocarburos finalmente aprobada no satisfizo ni las expectativas del gobierno, que se opuso firmemente al proyecto presentado en la Cámara de Diputados, ni las de los distintos grupos sociales. El nuevo sistema impositivo, que -como se comentó anteriormente- fue uno de los temas centrales del debate, finalmente se resolvió estableciendo un 32% de impuestos y un 18% de regalías (contra el 32% propuesto en el proyecto de la Cámara de Diputados). Estas diferencias se vieron reflejadas en el mecanismo de aprobación de esta legislación, la cual luego de ser elevada al Poder Ejecutivo para su ratificación, fue aprobada por la Cámara de Senadores tras mediar un plazo de tiempo en el que el presidente no realizó ninguna clase de observaciones.
Mientras esta discusión se desarrollaba, se perfilaba un panorama socio-político interno de características crecientemente complejas. Por una parte, se reinstaló la demanda planteada por distintos grupos sociales de origen indígena, campesino y obrero relativa a la nacionalización de los hidrocarburos, la expropiación a las empresas extranjeras instaladas en el país y la reformulación de la política de exportaciones. Por otra, un movimiento que tiene su núcleo en los Comités Cívicos de Santa Cruz y Tarija vinculó estratégicamente la discusión sobre el futuro del sector hidrocarburífero en Bolivia y particularmente los lineamientos de la nueva política gasífera en el contexto del renovado marco jurídico, con el reclamo autonómico y la solicitud de un referendum que ya se había planteado con firmeza a fines de 2004.
Las demandas por la autonomía regional y la realización de dicho referendum autonómico realizadas inicialmente por Santa Cruz y Tarija, fueron luego apoyadas por las dirigencias de Beni y Pando, que constituyen la zona más rezagada del país y menos integrada infraestructural y energéticamente. Al tiempo, se comenzaba a manifestar con claridad una falta de consenso interno en cada uno de estos departamentos respecto a los citados reclamos, que surgía en parte de la situación de marginación de las poblaciones indígenas del oriente.
De esta manera podemos observar que mientras el interés de algunos sectores de Tarija y Santa Cruz en las autonomías departamentales no es independiente del hecho de que estas dos circunscripciones concentren en su territorio el 85% de las reservas probadas de gas, el vínculo de este reclamo con los departamentos del norte posiblemente responda a un frente de conflicto interno diferente relacionado con la discusión sobre la propiedad de la tierra y la situación del Movimiento Sin Tierra (MST) y de las comunidades indígenas de origen quechua.
De esta forma, se ve que existe una compleja trama de intereses que parecen estar asociados en la prosecución de objetivos similares. De hecho, los Comités Cívicos están fuertemente vinculados con las federaciones empresarias Santa Cruz y Tarija, y éstas, a su vez, con las empresas petroleras a través de la Cámara de Hidrocarburos (CBH). En tal sentido el Dr. Andrés Soliz Rada también asocia estos intereses con los de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cuyo presidente, José Céspedes, apoyó concretamente la demanda autonómica contra la corrupción y las adquisiciones de tierras (5).
Asimismo, este escenario retroalimenta una de las vertientes más radicalizadas de las propuestas autonómicas que parecen girar, en sus expectativas de máxima, en torno a una posible desmembración del territorio nacional. Aunque también, es importante señalar que no han habido declaraciones que abonaran directamente posturas maximalistas respecto a una cuestión tan estratégica para la soberanía del país como es la preservación de la integridad territorial.
Por otra parte, lo paradójico de esta situación es que sectores políticos y sociales que están diametralmente enfrentados en términos ideológicos, parecen coincidir en la formulación de posturas radicalizadas que atacan por igual la esencia misma de la 'bolivianeidad', entendida como proyecto compartido de Nación y, a la vez, la estabilidad institucional del país en el orden de las garantías que aseguren criterios eficientes y efectivos de gobernabilidad.
En este sentido, puede pensarse en los reclamos de los sectores empresariales cruceños ya concernidos y, por otro lado, en la reivindicación de movimientos como el liderado por Felipe Quispe, quien se ha referido, en no pocas ocasiones, a la 'nación aymara' como una verdadera identidad político-social percibida como ajena y extraña al resto del territorio nacional. Ciertamente, no puede pensarse -racionalmente- en la existencia de una 'alianza pragmática' entre estos sectores radicalizados en términos de distancia e intensidad ideológica, aunque, en los hechos, con sus posiciones maximalistas actúan erosionando el ya delicado equilibrio institucional del país.
En este contexto, las manifestaciones públicas recrudecieron en el mes de mayo, centrando las críticas no sólo en la legislación hidrocarburífera recientemente aprobada, sino también en la política de Mesa y en su forma de conducción. Asimismo, se reavivaron las demandas por una política de nacionalización de los hidrocarburos, mientras, al mismo tiempo, el Movimiento al Socialismo pedía a Mesa que se retirara.
Simultáneamente, dos importantes funcionarios de las Fuerzas Armadas aparecían en un programa televisivo instando al presidente a dar un paso al costado. Estas declaraciones generaron rumores y sospechas sobre la posibilidad de que se estuviera gestando en Bolivia un golpe de Estado, si bien es poco lo que se conoce efectivamente sobre la existencia de supuestas diferencias al interior de las Fuerzas Armadas en relación al modo de gestionar la crisis político-institucional del país. No obstante, podemos afirmar que las fuerzas militares se han pronunciado formalmente a favor de la continuidad democrática instando a la implementación de los mecanismos de sucesión establecidos en la Constitución Política del Estado.
En efecto, el presidente Mesa finalmente presentó su renuncia al Poder Legislativo, y, ante la presión de las organizaciones sociales, hicieron lo propio tanto el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, como el presidente de la de Diputados, Mario Cossío -quienes seguían en la línea de sucesión institucional de acuerdo a la Constitución- a fin de garantizar la gobernabilidad política del Estado. Finalmente, el 09 de junio asumió Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se comprometió a encabezar un gobierno de transición, que tendría como prioridad la convocatoria a elecciones generales en un plazo de seis meses.
El Congreso ha promulgado recientemente dos leyes que definirán el futuro escenario electoral, en las que aprobó la convocatoria a elecciones para el 4 de diciembre de 2005, fecha en la que se unificarán los comicios para presidente, vicepresidente, legisladores y prefectos. Esta convocatoria fue precedida por la promulgación de la ley 3089 de Reforma de la Constitución Política del Estado. La elección de la Asamblea Constituyente se ha fijado para julio de 2006, junto a la realización del referendum autonómico. El Poder Ejecutivo, por su parte, dispuso la creación de dos comisiones pre-constituyente y pre-autonómica.
Actualmente el Congreso está discutiendo el proyecto de ley interpretativa del artículo 93, inciso 3, de la Constitución Política del Estado, a partir del cual se decidirá la duración del mandato de las futuras autoridades ejecutivas y legislativas, las que asumirían en el mes de enero. Es preciso destacar, sin embargo, que la elección de la Asamblea Constituyente en el escenario de fragmentación ya descripto abre un panorama sumamente incierto y genera interrogantes sobre el futuro de las próximas autoridades.
Notas:1) Ver Friedrich, Karl. El hombre y su gobierno. Madrid: Ed. Tecnos. (1968).
2) Ver Weber, Max. Economía y Sociedad. México: Ed. FCE. ( 1999). Adoptamos un enfoque metodológico que, en sí mismo, es tributario de una lógica de comprensión integral del problema en estudio. En efecto, importa ver cómo el mismo fenómeno es interpretado por los distintos actores políticos y sociales en función de su lugar en la comunidad política -en la que desempeñan roles vinculados al ejercicio y a la disputa por el poder-, de sus intereses y de las percepciones que, en torno a ellos, se generan en ese mismo espacio geográficamente compartido.
3) Nuevamente, hacemos referencia ineludible a Weber, ya que estimamos que esa necesaria reconstrucción de sentido está inextricablemente ligada a la comprensión integral de las motivaciones y acciones de los actores políticos y sociales en el contexto de un sistema político en estado de crisis crónica.
4) Soliz Rada, Andrés (2005) El Mapa Vacío. Info-MORENO Nº 106, 22 de junio de 2005.
5) Soliz Rada, Andrés, 'Bolivia: el referendum que falta', Bolpress, 7 de julio de 2005.
* Gustavo Lahoud y Felicitas Torrecilla son investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador y del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).



BOLIVIA Y EL RECURSO DEL GAS: OPORTUNIDAD HISTÓRICA Y DESAFÍO PRESENTE (PARTE II)

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

2. Algunos ejes de análisis de la crisis boliviana: la necesidad de una visión integral
A partir de la descripción de la crisis boliviana en el contexto del proceso político delimitado anteriormente, nos interesa plantear algunas líneas de reflexión como aproximación a una perspectiva que, sin dejar de considerar los datos coyunturales, permita realizar un análisis 'estructural', históricamente contextualizado.
Podemos hablar de cuatro puntos o aspectos que atraviesan la problemática de crisis político-institucional del país:
- la 'captura' del Estado y las posibilidades de acción colectiva desde la esfera pública;
- el lugar y las características del debate público en Bolivia intentando identificar intereses y percepciones de los actores sociales y políticos involucrados;
- la creación de una alternativa política y económica para contrarrestar el proceso de fragmentación política, social y territorial;
- las características y modalidades que permitan reconceptualizar e implementar un modelo sustentable de gobernabilidad democrática en la actual coyuntura de crisis.
El objetivo de las reflexiones y consideraciones que siguen es, entonces, generar interrogantes y promover un debate constructivo que no se limite a interpretaciones posibles sobre el sentido y características de la actual crisis boliviana, sino que fundamentalmente busque plantear posibilidades concretas de acción.
Antes proponemos considerar brevemente una serie de dimensiones de análisis que, a nuestro entender, cruzan cada uno de los temas planteados más arriba.
En primer lugar, observamos una dimensión política ligada a la capacidad o posibilidad de organizar al conjunto de la población en torno a un programa y una propuesta política alternativa que, aprovechando la importancia nacional de la consigna del gas, no se limite a la misma.
En este nivel es necesario pensar en la influencia de tal consigna en la articulación de una acción colectiva que le dé sentido y cauce a una alternativa política que tenga capacidad alterativa del orden establecido. Así, mientras el Dr. Andrés Soliz Rada considera que el gas es lo único que une a los bolivianos (6), podríamos preguntarnos si en la actualidad no existen en Bolivia múltiples consignas en torno a la cuestión del gas, en comparación con los reclamos en apariencia unívocos, nacionales y populares que permitieron unificar y profundizar la acción de los movimientos sociales en septiembre-octubre de 2003. En efecto, la consigna del gas ha ido evolucionando con el tiempo, desde el reclamo por la defensa soberana de los recursos energéticos nacionales hasta el de nacionalización de los hidrocarburos. De esta forma, la radicalización de la consigna del gas, lejos de ser un factor aglutinante en el actual estadio de la crisis política, ha dado lugar a la fragmentación y dispersión de las adhesiones y, por lo tanto, la ha afectado en tanto elemento unificador en un grado todavía incierto.
En segundo lugar, pensamos en una dimensión institucional que daría cuenta de la capacidad de organizar e instrumentar un proyecto a través de un sector político partidario que reclame para sí una legitimidad de origen que sirva, a su vez, para consolidar una propuesta de gobierno percibida favorablemente en términos de legitimidad de ejercicio, es decir, capacidad efectiva para gobernar. En este sentido, puede observarse que las fracturas étnico-territoriales han dificultado la conformación de un bloque o alianza de estas características cristalizando, más bien, la existencia de distintas perspectivas sobre el uso del poder y de los recursos.
Por otra parte, existe una dimensión simbólica de suma importancia vinculada en gran medida a otra cultural-antropológica. En la misma se inscribe, no sólo el conjunto de representaciones sociales de cada sector, sino también las autopercepciones ligadas a una determinada manera de considerar la legitimidad de los reclamos propios en relación a los de los otros grupos. La dimensión simbólica tal como se manifiesta en Bolivia, nos permite introducir el concepto de projimidad el cual cobra relevancia al momento de plantear la posibilidad de constitución de una comunidad incluyente sobre las bases de una refundación del Estado y del régimen político, entendido éste como una instancia de mediación entre grupos políticos que sostienen posturas y concepciones radicalmente diversas.
Como decíamos antes, Sánchez de Losada articuló y consolidó durante su primera presidencia un proceso de liberalización económica en el contexto de lo que podríamos considerar una transición política que tuvo comienzo en 1982 con el retorno a la democracia. Sin embargo, el proceso de cambio se tradujo en un creciente conservadurismo tanto en las políticas como en las posturas de los partidos, al menos hasta el surgimiento de las nuevas agrupaciones y manifestaciones de los últimos cinco años. Dicho proceso no es, a nuestro entender, independiente del primero, el cual contribuyó, por su parte, a través de la liberalización de la economía, la privatización de los activos estatales y la transferencia al sector privado de la responsabilidad por la gestión de los servicios públicos, a la instalación de un patrón de desarrollo y a un esquema consiguiente de distribución del ingreso que terminó profundizando la dualidad de la estructura social interna en Bolivia.
La relación orgánica entre el liberalismo económico y el conservadurismo político, encarnado en la así llamada 'democracia liberal' -que ha logrado en Bolivia una continuidad de más de veinte años- remite a un planteo que se encuentra en el centro del dilema que enfrenta el sistema político en la actualidad: un cuestionamiento cada vez más profundo del régimen democrático en sus manifestaciones presentes, situación que está acompañada por una deslegitimación de las instituciones públicas. Este proceso ha conducido, a su vez, a la recuperación de antiguas tradiciones políticas que, de alguna forma, han desplazado lo que podríamos llamar el ámbito o lugar característico de la acción política. Asimismo, la dimensión simbólica, que da cuenta de las representaciones sociales y de la percepción de legitimidad de los reclamos propios y las formas de expresarlos en relación a los de otros sectores, constituye un elemento insoslayable del conflicto interno en Bolivia.
En este contexto, pueden observarse posturas disímiles respecto a la reivindicación de la esfera política en dos niveles de acción identificables: uno de decisión política y otro de gestión.
En el nivel de las decisiones podría concluirse que el conservadurismo político -en el marco de la liberalización creciente de la economía- ha sido asociado tradicionalmente a la crítica del rol interventor y dirigista del Estado, reforzando con ello los argumentos eficientistas que sostuvieron la necesidad de reducir sus estructuras burocráticas.
De esta forma, se estructuró un esquema de toma de decisiones sumamente centralizado, personalista y con fuertes sesgos tecnocráticos, que apuntó en el corto plazo al traspaso del nivel de gestión al ámbito privado, especialmente en sectores estratégicos de la economía como las empresas públicas, el transporte, las telecomunicaciones, la industria hidrocarburífera, entre otras. En virtud de la importancia económica y política de las áreas involucradas, este traspaso terminó afectando estructuralmente la toma de decisiones.
Los compromisos políticos de largo plazo adquiridos por el Estado durante todo este período, y en especial en la década del noventa, condicionaron de esta forma su capacidad de acción futura transformándose en una importante limitación que se sumaba a las vulnerabilidades estructurales propias provenientes de la situación de dualidad interna, por una parte, y de su inserción en un sistema de poder también desigual, por la otra. Esta situación que podríamos denominar de 'captura funcional y administrativa' del Estado nos enfrenta en la actualidad a interrogantes relacionados a las capacidades concretas de acción desde el espacio público y al cuestionamiento de la viabilidad política y económica de algunas medidas reclamadas en la actualidad por distintos sectores de la sociedad boliviana.
Por otra parte, estas posibles limitaciones no son independientes de la quiebra jurídica del Estado, que en las relaciones entre los tres Poderes se manifestó en la poca independencia de su accionar y en la cesión de atribuciones del Congreso a favor del Poder Ejecutivo, situación que favoreció el gobierno por decreto y la toma de decisiones discrecional y personalista, sin la mediación de un control público sobre dichos procesos. El Dr. Andrés Soliz Rada indica claramente el trastocamiento del ordenamiento jurídico cuya mayor anomalía estaba en la misma fundamentación legal de las medidas de reforma del Estado y de la economía nacional originadas en un decreto, el DS Nº 21060, ya mencionado.
Es así como el sistema político en la forma de las instituciones públicas que lo componen está actualmente cuestionado como espacio de acción política, de canalización de demandas sociales y de reapropiación popular del poder en términos de acción soberana sobre un espacio y una historia común.
La quiebra jurídica del Estado subvirtió la legitimidad del orden político, junto con la corrupción estructural generada por un entramado de vinculaciones estratégicas, y hasta podría decirse orgánicas, entre los sectores público y privado, en tanto elementos constitutivos del modelo económico y político instalado en los años noventa. Por tal razón, en este trabajo se propone y enfatiza la necesidad de recomponer jurídicamente al Estado, como una de las múltiples formas tendientes a reivindicarlo en tanto espacio legítimo de acción cívica, es decir, destacando la dimensión jurídica de la refundación del Estado boliviano. El fortalecimiento estatal debe estar ligado a una mayor transparencia y capacidad de control público sobre las acciones del gobierno.
Podríamos decir que la captura del Estado tiene una faceta política y una económica. La política ha sido explicada ya y tiene que ver con los compromisos de largo plazo adquiridos por los gobiernos que se sucedieron desde 1985, la quiebra jurídica y la deslegitimación de las instituciones públicas y las relaciones políticas entre el sector público y el privado. La dimensión económica responde, por su parte, a la progresiva transnacionalización de la economía y a la transferencia al ámbito privado de la gestión de las empresas de servicios públicos, lo que favoreció la constitución de una economía de enclave, que ha caracterizado, por otra parte, la historia política y económica de Bolivia. Los balances e indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central indican claramente que los sectores más integrados a la economía internacional actualmente son la actividad energética y la agroindustria, ambas desarrolladas en la región oriente de Bolivia. Esto consolida un modelo de crecimiento y de desarrollo económico desequilibrado en términos territoriales y desigual en la asignación de recursos intrarregionales, como ha ocurrido históricamente con las actividades económicas en torno a las cuales Bolivia articuló su inserción en los mercados internacionales.
Frente a este panorama, resulta interesante reflexionar sobre el comportamiento de los diferentes actores e intentar comprender el entramado de relaciones e intereses con el objeto de analizar las posibilidades de construcción de una alternativa política concreta con capacidad de posicionamiento en el futuro escenario electoral de diciembre y, fundamentalmente, de julio de 2006, con miras a la constitución de la Asamblea Constituyente.
Asimismo, cabe tener en cuenta, en este punto, un interesante planteo realizado por la socióloga argentina Alcira Argumedo sobre las reactualizaciones del liberalismo político referidas a una nueva concepción de lo social que supere el concepto marxista de la sociedad; en efecto, esta reformulación conceptual debe partir de una observación 'de la fragmentación y complejidad crecientes, de la proliferación de las diferencias entre los individuos (…) (E)l interrogante central de un nuevo tipo de sociedad se vincula con el tipo de articulaciones sociales que es posible postular teniendo en cuenta tales diferencias' (7).
En función de esto, cobra relevancia uno de los aspectos considerados inicialmente, vinculado a las características y modalidades de un modelo sustentable de gobernabilidad democrática para el país. Esto es así, ya que la existencia de articulaciones sociales que den cuenta de la dualidad de la sociedad boliviana como un problema estructural a resolver, es en sí misma, condición de posibilidad para que un proyecto político pueda consolidar un modelo de gobernabilidad sostenible.
Un síntoma importante de las dificultades señaladas es el rol mismo del sistema de partidos en Bolivia. En efecto, un sistema que, tradicionalmente había estado caracterizado por una importante fragmentación y dispersión, experimentó en los noventa una relativa concentración en términos ideológicos con la desaparición de un número de partidos de izquierda que, sin embargo, representaban a un porcentaje minoritario del electorado. Por otra parte, el núcleo de partidos entre los cuales se dirimían periódicamente las contiendas electorales compuesto mayormente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y, secundariamente, por la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y por la Nueva Fuerza Revolucionaria (NFR), demostraban posturas crecientemente centristas y convergentes. Esta tendencia ha quedado acabadamente demostrada por la serie de alianzas pre y post electorales que estos partidos conformaron en distintos momentos, en particular a partir de 1985.
Este panorama nos permite observar que, al menos hasta las elecciones de 2002, las opciones partidarias se habían restringido significativamente, con lo cual un importante porcentaje de la población, en especial aquella que más duramente había sufrido el impacto de las políticas de ajuste estructural y liberalización en las áreas tanto urbanas como rurales, no contaba con una expresión política en este ámbito. En la medida en que la situación ha ido agravándose puede notarse que, en contraposición al proceso reseñado anteriormente, la polarización social ha retroalimentado un proceso de radicalización política en términos de la fragmentación de las opciones partidarias, situación que en este momento genera importantes obstáculos para la construcción de una propuesta política con un consenso mínimo que sostenga y se comprometa con un modelo de desarrollo alternativo. Este es, tal vez, el más importante desafío al que deberá enfrentarse Bolivia en el futuro próximo.
Dentro de las manifestaciones políticas que adquirieron relieve en los últimos cinco años y, particularmente, luego de las elecciones de 2002, se destaca el cada vez más importante papel que están desempeñando las organizaciones sindicales y gremiales tanto nacionales como regionales, lo que refleja la fuerte tradición sindical que caracterizó a la historia política boliviana hasta la desmovilización de la Central Obrera Boliviana (COB) a mediados de los años ochenta con la aprobación del ya mencionado Decreto Supremo Nº 21060. En este sentido cabe plantear algunos interrogantes sobre la coherencia y relevancia presente y futura del sindicalismo en la actual crisis boliviana, a la luz de lo que Thomas Kruse observaba en 2001: la falta de un proceso claro de recomposición sindical en el ámbito urbano, la ambigüedad en la relación entre el mundo del trabajo y la acción política, ligada a la precarización e informalización del empleo, y la dispersión de estrategias que tienden a ser, de acuerdo al autor, improvisadas, reactivas y defensivas (8).
Frente a estas consideraciones podemos observar inicialmente que el panorama sindical y gremial se ha diversificado en su composición y en relación al modelo de organización y de acción de la COB que había hegemonizado este espacio. A pesar del debilitamiento de esta institución - en el que influyeron una serie de factores, entre los que se encuentra el despido de miles de trabajadores del Estado y la creciente informalización del empleo - consideramos que la actividad sindical y gremial ha adquirido relevancia y notoriedad. Las movilizaciones sociales del año 2000, por ejemplo, constituyeron una importante manifestación del crecimiento del sindicalismo rural que es pertinente destacar. Por otra parte, en los últimos tiempos ha podido verse que la Central Obrera Boliviana, bajo la dirección de Jaime Solares, ha recuperado un papel político aunque, en el contexto ya delineado, no lo hace como núcleo organizativo del movimiento sindical, sino coexistiendo con otra gran cantidad de agrupaciones a las que se hizo referencia antes. Finalmente, los desafíos político-institucionales que se abren en el futuro inmediato no permiten delinear un diagnóstico medianamente previsible sobre el rol de los actores políticos y sociales, el tipo de articulación y combinación de intereses que pueda generarse a partir de sus percepciones y las características de un modelo de gobernabilidad democrática que dé cuenta de las lógicas en confrontación permanente. Sólo de algo se puede estar seguro hoy: Bolivia es un laboratorio político en continua experimentación.
Notas:6) 'Lo único que une a Bolivia es el gas', entrevista al Dr. Andrés Soliz Rada, Diario Clarín, 6 de julio de 2005.
7) Argumedo, Alcira (2004) Los silencios y las voces en América Latina. Ediciones Colihue, Buenos Aires. Pág. 131.8) Kruse Tom (2001) Transición política y recomposición sindical. Reflexiones sobre Bolivia. En de la Garza Toledo Enrique (comp.) Los sindicatos frente a los procesos de transición política. CLACSO/ASDI/ILAS. Buenos Aires, Argentina. Pág. 155.
* Gustavo Lahoud y Felicitas Torrecilla son investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador y del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).



TITICACA, EL MAR DE LOS ANDES

Cinco Días de España (www.cincodias.com)

El lago es la q'uta mama, tan sagrado como la pacha mama o madre tierra. Dice la leyenda que de su seno surgió Manco Cápac, el primer inca, quien llevaría a su pueblo del altiplano a las quebradas del Cuzco. Es grande como el mar, no se le ven las orillas; tiene islas y a veces tormentas y olas enfurecidas.
A pesar de estar a casi 4.000 metros de altura, la vida en su entorno no es desértica; al contrario, sus riberas gozan de un microclima que permite crecer a las rosas y abundantes flores. En la puna que lo circunda hay todo tipo de cultivos (más de ¡2.000 especies! de patata, y quínoa, una especie de sémola). El número de llamas, en la parte peruana, dobla con creces el número de cristianos, que son un millón largo.
Buena parte de ellos se apiñan en Puno, la única ciudad grande. Al menos, eso parece cuando uno llega de noche: miles de luces reflejadas en la bahía crean la ilusión de un gran puerto o metrópoli veraniega. Con el día, el hechizo se rompe, o mejor, se transforma: Puno aparece como un poblado fronterizo y provisorio, con casas siempre inacabadas (para eludir impuestos), con poco que ver (si no es la catedral, malparada por un seísmo) y mucho tabanco urgente donde mercar, como en todo lugar de paso.
Puno es ciudad novicia, de aluvión. La gente viene a buscarse la vida porque el desempleo en la región alcanza el 34% y un salario medio no pasa de 180 euros al mes. Así que el contrabando (con Bolivia) está a la orden del día. Y se espera mucho del turismo.
El alma del turismo es el lago. A tiro casi de piedra de los muelles de Puno se encuentran los uros. Uno de los pueblos más singulares de la tierra, ya que son un pueblo que no vive en la tierra. Viven sobre islas flotantes de totora: 25 islas artificiales que han fabricado a base de juncos cortados y que mantienen ancladas, pero que pueden desplazar.
El suelo cede al pisar, pero no está mojado. Las casas son también de totora, y las barcas; con la totora hacen sus muebles, artesanía, ensaladas, harina, dulces. Sesenta familias (unos 2.000 individuos) viven repartidas por estas plataformas, dedicadas la mayor parte al turismo; sólo unas diez familias se dedican a la pesca o la caza (de chocas o pollas de agua); consiguen lo demás mediante el trueque con los pueblos ribereños, en los cuales hay también uros, los uros chulluni o propietarios de chullu, finca.
Los uros no tienen ladrones ni perros ni guardias. Pero sí paneles solares, televisión en blanco y negro, dos escuelas públicas y una adventista. Si discuten y tienen problemas vecinales, tajan la isla a golpe de machete y se segregan.
Taquile es una isla como Dios manda. Aunque olvidada de la mano de Dios: esta isla de tierra y piedra y aire diáfano es la Siberia de América (que cita Vargas Llosa en algún relato). Un rincón que hasta 1945 sirvió de prisión o destierro. Para sus 400 familias aimaras es, sin embargo, el paraíso. Dividida en seis sullus o sectores, viven de la agricultura y (ahora) del turismo. En el pueblo de Guayano, Isidro enseña a los turistas, junto con sus vecinos, lo que él aprendió de su abuelo, que vivió 118 años.
Otra isla, pegada a la orilla opuesta, es Suasi; isla privada donde funciona un hotel con vocación de exclusividad. En tierra firme, los pueblos de Cambria, Moho, Vilque Chico o Huancane van jalonando una ruta que, precisamente por no estar aún preparada para el turismo, permite descubrir el rostro más auténtico de la vida campesina en torno al lago.
En Taraco sorprenden los patucos, construcciones de adobe con falsa cúpula cilíndrica. Tierra adentro, pero nunca lejos de la orilla, aguardan al turista dos buenas sorpresas: el lugar sagrado de Sillustani, una necrópolis inca con extrañas torres funerarias en un paisaje grandioso junto al lago Umayo, y el pueblo de Juli, antigua capital lumpuca, luego inca, donde hay dos iglesias coloniales, San Pedro y San Juan de Letrán: esta última, convertida en un insospechado museo con espléndidos y enormes lienzos de escuela cuzqueña. Sólo por verlos se da por buena la hora de viaje.